Sentencia CP-57-19 — Registro 17699
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación a las reglas de la sana crítica como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación a las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, el Ministerio Público arguye que el juzgador llega a la errónea conclusión de dictar sentencia absolutoria a consecuencia de tener duda sobre quién hirió al imputado Francisco Martínez Domínguez y si la misma persona que lo hirió, fue quien asesinó a Ángel Adalid Gómez García. Considera que las respuestas a estas dudas se encuentran en la misma prueba, pero valorada conforme a las reglas de la sana crítica; y que el imputado se auto infligió la herida para simular una coartada que inicialmente iba encaminada a alegar una legítima defensa, y que nunca existió una tercera persona en el lugar de los hechos, sino más bien las demás personas llegaron al llamado del imputado para arreglar la escena. Concluye que el sentenciador ha omitido que la escena del crimen fue modificada, la prueba fue contundente en establecer que la herida del imputado fue producida por arma blanca no penetrante y que ninguna de las armas sometidas a pericia de ADN, se encontró perfil genético del imputado. De lo anterior considera la infracción a las reglas de coherencia y derivación, este último en su principio de razón suficiente Al respecto, es menester de este Tribunal de Casación poner énfasis en que las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de transgresión a las reglas de la sana crítica en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No tiene duda la Sala de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el Ministerio Público, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-57-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 57-2019 por Quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Francisco Martínez Domínguez, del delito de asesinato en perjuicio de Ángel Adalid Gómez. Segundo: Ordenó la revocación de las medidas cautelares impuestas a Francisco Martínez Domínguez, así como la excarcelación y entrega de la carta de libertad a su favor. Tercero: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. No declaró la responsabilidad civil. Decretó el comiso de un par de sandalias de hule color negro y amarillo, siete casquillos color amarillo calibre desconocido, un arma de fuego tipo revolver, calibre desconocido, marca 32 Winchester con serie 29877, sin proyectiles. Son partes en única instancia: La Abogada Mercedes Dubón, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, el Abogado Dennis Joel Quintero, defensor privado de Francisco Martínez Domínguez, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este Tribunal de Sentencia declara, expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Que ha eso de las 12:40 am (madrugada) del día 3 de agosto del año 2015, agentes de la policía nacional preventiva asignados a la jefatura policial del municipio de San isidro, Departamento de Intibucá, fueron informados vía teléfono que en el interior de una casa, ubicada en el barrio El centro de dicho municipio se encontraba un cadáver, y que la casa pertenecía al señor Francisco Martínez Domínguez, quien en ese momento se desempeñaba como alcalde municipal, razón por la cual se desplazó un patrulla para verificar dicho extremo. SEGUNDO: momentos después y al llegar a la vivienda de Francisco Martínez, se pudo confirmar que en patio junto a un fogón de la mencionada vivienda, se encontraba el cuerpo sin vida de un joven, siendo identificado como Ángel Adalid Gomez García, el cual presentaba varias heridas y que según la prueba científica fueron producidas por unas balas de arma de fuego y otras por objeto romo, siendo la causa de muerte un traumatismo craneoencefálico producido por un objeto romo en el lado izquierdo de la cabeza; siendo también que en este mismo hecho resultó herido Francisco Martínez Domínguez, quien presentaba un traumatismo craneal leve, producido por un objeto contuso cortante, según dictamen médico. Posteriormente se iniciaron las investigaciones de rigor correspondientes.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOSY ARGUMENTOS. La parte recurrente, Abogado Óscar Meléndez, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION I.- INFRACCION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Carencia de motivaciones fácticas y Jurídicas, siendo estas motivaciones insuficientes y contradictorias, no observando las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El precepto penal objetivo que se muestra infringido prescribe, en su artículo 202 CPP: Valoración de las Pruebas. La Sana Critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Asimismo, se muestra vulnerada la norma procedimental establecida para la deliberación y votación, determinada en el artículo 336 del CPP: "El tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica..." De igual forma el artículo 338 del CPP establece: 2. Valoración de la Prueba. Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados..." EXPLICACIÓN DEL VICIO. A. Identificación de las principales personas relacionadas con los hechos. Previo a desarrollar esta sección del recurso y con el propósito de facilitar la lectura del mismo, resulta adecuado hacer una identificación de los principales actores de los hechos sometidos a juicio. Francisco Martínez Domínguez, Alcalde Municipal de San Isidro, Intibucá, imputado del proceso. Ángel Adalid Gómez García, víctima del proceso. B. Síntesis del hecho por el cual se acusó al señor FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ. En fecha tres (3) de agosto del año 2015, en el Municipio de San Isidro, Intibucá, el joven Ángel Adalid Gómez García, ingreso en horas de la noche a la casa de habitación del señor Francisco Martínez García, quien fungía como alcalde Municipal, con miras de encontrarse con la menor de nombre “K.”, quien es hija del imputado, con quien Ángel Adalid Gómez García sostenía una relación, y por lo cual había sido amenazado por el Alcalde dos semanas antes del hecho. A eso de las doce (12:00) de la noche, fue sorprendido por el señor Francisco Martínez Domínguez, mientras intentaba salir de su casa de habitación por el sector del patio, por lo que cegado por su ira disparo infiriéndole a la víctima cinco heridas por arma de fuego de alta velocidad, con trayectoria extracorpórea de atrás hacia delante, y además lo golpeo con objeto romo hasta causarle la muerte. C. Contenido de los hechos probados en la sentencia recurrida. La sentencia que hoy se recurre, irrespetando la valoración conjunta y armónica que el CPP le exige, y violando las reglas de. la sana crítica, en cuanto a los principios lógicos apuntados, se ha apartado de la dirección probatoria y como consecuencia de ello se ha establecido como hechos probados los siguientes: PRIMERO.- Que ha eso de las 12:40 am (madrugada) del día 3 de agosto del año 2015, agentes de la policía nacional preventiva asignados a la jefatura policial del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá, fueron informados vía teléfono que en el interior de una casa, ubicada en el barrio El Centro de dicho municipio, se encontraba un cadáver, y que la casa pertenecía al señor Francisco Martínez Domínguez, quien en ese momento se desempeñaba como alcalde municipal, razón por la cual se desplazó una patrulla para verificar dicho extremo. SEGUNDO: Momentos después y al llegar a la vivienda de Francisco Martínez, se pudo confirmar que en el patio junto a un fogón de la mencionada vivienda, se encontraba el Cuerpo sin vida de un joven, siendo identificado como Ángel Adalid Gómez García, el cual presentaba varias heridas y que según la prueba científica fueron producidas unas por balas de arma de fuego, y otras por objetos romo, siendo la causa de muerte un traumatismo craneoencefálico producido por un objeto romo en el lado izquierdo de la cabeza. Siendo también que en este mismo hecho resulto herido Francisco Martínez Domínguez, quien presentaba un traumatismo craneal leve, producido por un objeto contuso cortante, según dictamen médico, posteriormente se iniciaron las investigaciones de rigor correspondientes. Los preceptos Penales adjetivos que se invocan como infringidos, rezan en el artículo 203 del Código Procesal Penal "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida", y en consonancia con el artículo 198 del Código Procesal Penal que establece "La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el cumplimiento de las disposiciones de este código" y para lo cual debe reunir los requisitos establecidos en artículo 199 del mismo cuerpo legal; debiendo de ser estos medios de prueba útiles, proporcionales y pertinentes con el resultado que se pretende conseguir. Pero resulta importante establecer que una vez que se haya realizado el análisis de legalidad sobre los medios de prueba y sean estos introducidos al Debate, se debe garantizar para una protección efectiva del debido proceso, que el órgano Juzgador realice una valoración armónica y objetiva de todo el universo probatorio presentado por las partes, sin parcializar sus convicciones entrelazando únicamente las pruebas que estime puedan sustentar el fallo dictado, y consecuentemente omitir la correlación probatoria que refuta la tesis adoptada, como se suscitó en la causa de marras. El órgano Juzgador llega a la errada convicción de dictar sentencia absolutoria en la presente causa a consecuencia del principio in dubio pro reo, al tener una duda razonable de cómo se suscitaron los hechos y la persona que participo en el mismo. Todo ello, a consecuencia de dos preguntas que meditan al redactar su sentencia ¿Quién hirió al imputado Francisco Martínez Domínguez? ¿Fue esa misma persona quien asesino al joven Ángel Adalid Gómez García?, lo cierto es que la respuesta a ambas interrogantes pudo ser obtenida de manera clara al realizar una correcta valoración de la prueba desarrollada en juicio. Y podremos referir luego de realizar el análisis intelectivo correspondiente que el imputado Francisco Martínez Domínguez se auto infringió la herida para simular una coartada que inicialmente iba encaminada a alegar una legítima defensa, y pues la segunda respuesta fácilmente puede ser contestada al establecer que nunca existió una tercera persona en el lugar al momento que se suscitaron los hechos, sino más bien llegaron al llamado del imputado para arreglar la escena. Pues bien como antecedente de hecho se debe establecer, que el día tres (3) de agosto del año dos mil quince (2015), en horas de la madrugada se realizó un levantamiento cadavérico en la casa de habitación del Alcalde Municipal de San Isidro, Intibucá, casa completamente amurallada con muros de bloque y portones de hierro, encontrándose en la parte baja del patio a la par de un fogón en una zanja el cadáver del señor Ángel Adalid Gómez García, quien presentaba cinco (5) heridas por proyectil percutido por arma de fuego, todas por la espalda, tres (3) heridas contusas, y diez (10) escoriaciones. En la escena se encontró un arma de fuego tipo revolver sobre la mano de la víctima, y bajo su cuerpo un arma tipo machete, también se recolectaron casquillos y un hacha. La victima vestía calzoneta deportiva color azul, sin camisa, sin zapatos, solo calcetines. Y que en el mismo hecho criminal "resulto herido" el imputado Francisco Martínez Domínguez, quien fue trasladado por los elementos policiales que arribaron a la escena para que se les brindara asistencia médica, donde se refirió como antecedente de ingreso que había sido herido por arma de fuego. En las audiencias de debate depuso el testigo protegido quien fue claro al manifestar que vive cerca del lugar del hecho, y ese día como a eso de las doce (12) de la media noche, escucho disparos de arma de alto calibre, leñazos, y gritos que pedían auxilio, todo esto provenía de la casa del alcalde Francisco Martínez Domínguez. Así también indica que vio salir al alcalde Domínguez, completamente sano en un vehículo color blanco, y que solía ver a la víctima por la casa del alcalde con su hija de nombre K. Aunado a esta deposición el joven N. G. G., manifestó que su tío Ángel Adalid Gómez García, le había comentado dos semanas antes del hecho, que había sido amenazado a muerte por el alcalde Francisco Martínez Domínguez, porque él estaba teniendo una relación amorosa con una hija del alcalde de nombre K., y que el día domingo (2) de agosto del año dos mil quince (2015), su tío se bañó y se puso una calzoneta anayada color azul, calcetines blancos y se acostó mientras mensajeaba por medio de su celular; Posteriormente como a las 2:40 de la madrugada, el testigo recibe una llamada del señor Justo Enrique Rodríguez, diciéndole que a su tío Ángel lo tenían bien golpeado en la casa del alcalde, por lo que se fue para el lugar y observo a varias personas, y que el acalde salía del lugar en un vehículo blanco conducido por Adalid Paz, el tesorero municipal. Del análisis de las deposiciones de los policías José Leónidas Lara Rodríguez, Pedro Díaz, y Marlon Adalid Velásquez Colindres, se desprende que estos venían llegando de un patrullaje de rutina de una aldea de Pueblo Viejo pasada la media noche, y recibieron comunicación a eso de las doce y diez (12:10) de la madrugada del día tres (3) de agosto del año dos mil quince (2015), de un incidente en la casa de habitación del Alcalde Francisco Martínez Domínguez, y que al arribar al lugar a eso de las (12:30) según refiere Pedro Díaz, solamente estaba la esposa, unos niños y un familiar (Declaración José Leónidas Lara Rodríguez), quienes refirieron que habían sido tres personas que habían intentado meterse a la casa a robar, así también se establece que los policías observaron un arma de fuego tipo revolver a un costado cerca del cuerpo de la víctima. Posteriormente quedaron custodiando la escena y el Policía José Leónidas Lara Rodríguez, realizo el traslado del señor alcalde Martínez Domínguez, en un vehículo color rojo, Nissan Frontier, a un centro de asistencia médica en la ciudad de La Esperanza, y posteriormente hasta la Clínica del Valle, en Comayagua. La verdad que el tribunal ha querido omitir para fundamentar su fallo, es que la escena del crimen resulto ser modificada para favorecer la coartada fabricada por el imputado desde el momento mismo de la comisión de los hechos. Tal como se observa de la ratificación del acta de inspección ocular, realizada por Maximiliano Gómez Aguirre, quien establece que se decomisó un revolver 22 en la mano derecha de la víctima, y no a un costado de su cuerpo como se había observado en primera instancia por los policías que arribaron a la escena, así también como se encuentran manchas de sangre desde un palo de mango (donde se encontraba el cadáver), hasta el interior de la casa y cortinas, indicativo de los movimientos que se realizaron a fo interno de la casa para desaparecer evidencia. Surge entonces la siguiente interrogante ¿por qué colocar un arma de fuego en la mano derecha de la víctima? indiscutiblemente, fue para forzar la coartada que sería adoptada por el imputado para justificar su herida y consecuentemente su acto criminal. Pues tal como lo refiere la Dra. Kenia María Saravia Maradiaga, este manifestó en entrevista para determinar los antecedentes de su herida, que había sido provocada por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, el dictamen 2015-301-0700-0380, es claro al establecer mediante evaluación clínica forense que dicha lesión fue producida por arma blanca no penetrante. Y llama poderosamente la atención de este Ministerio Publico, el singular hecho que ambas armas blancas que fueron encontradas en la escena del crimen, (Hacha, Machete), fueron sometidos a pericia de ADN, concluyendo que no se encontró el perfil genético del imputado en las mismas, por lo que se descarta que su lesión hubiera sido producida utilizando dichos objetos. ¿Dónde se produjo entonces la lesión el imputado? ¿por qué fue visto saliendo de su casa de habitación en perfecto estado? ¿Qué paso en esos treinta minutos que tardo la policía en llegar a la escena del crimen?, lo cierto es que las respuestas a estas interrogantes desvirtúan la inocencia del imputado, pues bien resulta acreditado que luego del hecho criminal, este salió de su casa de habitación sin ninguna lesión, y se auto infringió la misma para asumir una coartada. En todo caso, es una circunstancia que bien pudo haber aclarado el mismo en el ejercicio de su legítimo derecho de defensa material. Es en dicho sentido que devenimos en la obligación de analizar las condiciones en que ingreso la victima Ángel Adalid Gómez García a la casa de habitación del imputado, Francisco Martínez Domínguez. Pues resulta contradictorio establecer que un ladrón, ingrese a una casa dejando sus sandalias bien alineadas bajo el muro perimetral de la misma, sin tener el mínimo cuidado de cubrirse el cuerpo o el rostro, y además con vestimenta que complique la posibilidad de portar y manipular un arma. A contrario sensu, su vestimenta se muestra más acorde a la de un encuentro furtivo, que había pactado con una de las personas que se encontraba en la casa de habitación (K. hija del imputado), pero que fue sorprendido por el señor Francisco Martínez Domínguez, quien se oponía a dicha relación e inclusive había amenazado con matarlo de persistir con sus intenciones, lo que desato un ataque desenfrenado de extrema violencia y saña con la que se ejecutó la muerte del ofendido Ángel Adalid Gómez García, conclusión que bien se concatena con la pericia de Autopsia Psicológica ratificada por el Licenciado Jefferson Valladares. En atención a lo antes desarrollado estima este Ministerio Publico, que al realizar la triple verificación a la presunción de inocencia consistente en: a) Juicio sobre la prueba, consistente en determinar la existencia de prueba de carao; b) Juicio sobre la suficiencia, encaminada a establecer la consistencia de la prueba de cargo presentada para generar una convicción de culpabilidad; c) Juicio sobre la motivación razonabilidad, el deber de motivación con razonamientos lógicos, coherentes y razonables con las máximas de la experiencia, reglas de la lógica, y principios científicos; Acreditamos la suficiencia probatoria para generar una convicción de culpabilidad, pues a contrario sensu, de lo referido por el Tribunal sobre las preguntas sin resolver, ¿Qué valoración dieron a las preguntas resueltas?, ¿por qué no valoraron el móvil del hecho, v la amenaza previa del imputado a la víctima? ¿por qué no valoraron lo dicho por los policías que al llegar a la escena las únicas personas en la casa eran el imputado, la víctima, y la familia del imputado (esposa, menores)? ¿por qué no valoraron la hipótesis inicial que los mismos familiares del imputado dieron a los investigadores, que por legítima defensa el imputado disparo a la víctima que intentaba robar en su casa (introducido por ratificación en informe de investigación)? ¡Por qué desacreditan las declaraciones testificales de cargo por situaciones periféricas e inconsistencias mínimas o inexistentes? Ha quedado en evidencia la reiterada violación a las reglas de la sana crítica como ser las reglas lógicas de la COHERENCIA y DERIVACION, así como el adecuado empleo de la experiencia común, y el postulado de la razón suficiente, pues -el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando-, y de la regla lógica de la COHERENCIA referida a que la motivación debe estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para lo cual debe ser Congruente, No contradictoria e Inequívoca, no es posible asociar una sentencia absolutoria ante la evidente carencia de valoración a la prueba de cargo desarrollada en el proceso. D. Perjuicio del vicio del que adolece la sentencia. El perjuicio producido por la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, se constituye en el hecho de repercutir el esfuerzo probatorio del Tribunal de Sentencia en una deficiente e incompleta determinación de hechos probados, que ante la flagrante violación de los principios de la Sana Critica, según las reglas de la lógica, en su postulado de derivación, informado por el principio de razón suficiente, no puede sostener razonablemente una sentencia absolutoria del señor Francisco Martínez Domínguez, cuando del acervo probatorio se genera una convicción razonada de las acciones que motivaron su acto criminal, así como la respuesta a las preguntas que sustentan la referida duda razonable que el Tribunal estimo concurrente para su fallo. E. Forma de corrección del vicio. Como el vicio descrito ha ocurrido en la aplicación del intelecto del Tribunal en la valoración de la prueba, con sujeción a los principios lógicos apuntados, de conformidad al Art. 369 del Código Procesal Penal, debe procederse a la casarse la sentencia de mérito, ordenándose el juicio de reenvío correspondiente, con la integración de nuevos jueces. Como dicho vicio se ha presentado en el acto de la sentencia definitiva, no pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo.”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia Pretensión: declarar ha lugar el recurso interpuesto. Arguye el recurrente que el juzgador llega a la errónea conclusión de dictar sentencia absolutoria a consecuencia de tener duda sobre quién hirió al imputado Francisco Martínez Domínguez y si la misma persona que lo hirió, fue quien asesinó a Ángel Adalid Gómez García. Considera que las respuestas a estas dudas se encuentran en la misma prueba, pero en una correcta valoración de la prueba y que el imputado se auto infligió la herida en la cabeza para simular una coartada que inicialmente iba encaminada a alegar una legítima defensa, y que nunca existió una tercera persona en el lugar de los hechos, sino más bien las demás personas llegaron al llamado del imputado para arreglar la escena. Seguidamente, luego de relacionar algunos de los medios de prueba evacuados en juicio, expresa que el sentenciador ha omitido que la escena del crimen fue modificada, considera que la prueba fue contundente en establecer que la herida del imputado fue producida por arma blanca no penetrante y que ninguna de las armas sometidas a pericia de ADN, se encontró perfil genético del imputado. Por lo anteriormente expuesto, considera la infracción a las reglas de coherencia y derivación, este último en su principio de razón suficiente. De la debida técnica recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación a las reglas de la sana crítica como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación a las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, el Ministerio Público arguye que el juzgador llega a la errónea conclusión de dictar sentencia absolutoria a consecuencia de tener duda sobre quién hirió al imputado Francisco Martínez Domínguez y si la misma persona que lo hirió, fue quien asesinó a Ángel Adalid Gómez García. Considera que las respuestas a estas dudas se encuentran en la misma prueba, pero valorada conforme a las reglas de la sana crítica; y que el imputado se auto infligió la herida para simular una coartada que inicialmente iba encaminada a alegar una legítima defensa, y que nunca existió una tercera persona en el lugar de los hechos, sino más bien las demás personas llegaron al llamado del imputado para arreglar la escena. Concluye que el sentenciador ha omitido que la escena del crimen fue modificada, la prueba fue contundente en establecer que la herida del imputado fue producida por arma blanca no penetrante y que ninguna de las armas sometidas a pericia de ADN, se encontró perfil genético del imputado. De lo anterior considera la infracción a las reglas de coherencia y derivación, este último en su principio de razón suficiente Al respecto, es menester de este Tribunal de Casación poner énfasis en que las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de transgresión a las reglas de la sana crítica en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No tiene duda la Sala de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el Ministerio Público, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Óscar Meléndez, fiscal del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar, el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Óscar Meléndez, fiscal del Ministerio Público. Segundo: Se declara firme la sentencia absolutoria dictada a favor de Francisco Martínez Domínguez, por suponerlo responsable del delito de asesinato, en perjuicio de Ángel Adalid Gómez, de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. – Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-57-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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