Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-559-18 — Registro 17574

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. - EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - La Sala de lo Penal encuentra que el recurso defectuoso por ausencia total de debida técnica. En el planteamiento inicial, el Censor señala como los derechos fundamentales violentados, aquellos contenidos en los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, mismas que reconocen el estado material a la inocencia, el debido proceso y el principio de vencimiento, siendo cada uno de ellos bastante amplios, compuestos por entretejidos de sub principios, ello hace que este tribunal de casación reproche que el recurso no haya sido interpuesto haciendo denuncia por separado de cada uno de los derechos fundamentales que se consideran infringidos, y además individualizando los sub principios que supuestamente fueron afectados. Como ejemplo de lo anterior: cuando se alega violación al estado material de la inocencia el Censor deberá señalar que aspecto de ese principio fundamental ha sido quebrantado, pudiendo ser: debido proceso probatorio, debida motivación probatoria, debido razonamiento probatorio, licitud probatoria o suficiencia probatoria; luego de ello el Censor deberá establecer que entiende por el subderecho señalado, identificar cual es el aspecto de la sentencia que le transgrede y, principalmente demostrar que existe la misma.- Proceso que debería haberse hecho también con el derecho fundamental al debido proceso y con el derecho fundamental de vencimiento en juicio.- La mera mención de que se ha violentado una norma constitucional no satisface el artículo 350 del código procesal penal como tema de impugnación, pues además se requiere un debido desarrollo técnico como se ha explicado ut supra. El planteamiento inicial no está vinculado con el contenido: el Censor comparte en el contenido lo que a su parecer fue probado y no fue probado; explica qué es el medio de prueba reconocimiento en rueda de persona y luego reclama que no se haya evacuado en el debate, para luego concluir que existe duda sobre la participación del acusado, por lo que debe ser absuelto.- Nada explica el Censor de cómo se relaciona lo alegado con cada uno de los derechos fundamentales que se denuncian infringidos; de hecho tal reclamo es claramente una manifestación de disconformidad a lo que fue la valoración probatoria de cinco medios de prueba testificales, lo que no es causal de interposición de ninguno de los recursos de casación que contempla el código procesal penal. Tras la lectura de todo el recurso, la Sala de lo Penal no identifica en los argumentos que decisión judicial constituyó quebranto o limitación indebida al derecho al estado material de inocencia, del debido proceso o del principio de vencimiento y en qué sentido; en su lugar encuentra alegatos de instancia, no relacionados con los derechos fundamentales, sino basados en criterios personales sobre la valoración de la prueba, por lo que el recurso debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Edis Mejía Martínez, como autor del delito de homicidio (Art. 116 cp 144-83) en perjuicio del Señor Wilmer Iván Canales, las sanciones siguientes: i.- pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión; iii.- Demás consecuencias legales por la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio (Art. 192 NCP 130-2017), tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión para el autor del delito consumado. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado Edis Mejía Martínez se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal, por lo que el nuevo código penal no representa una norma más favorable al acusado, no siendo procedente su aplicación retroactiva. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-559-2018, que literalmente dice: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-559-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de julio de del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Edis Mejía Martínez, del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Pedro Gustavo Rivera.- Segundo: Condenó al señor Edis Mejía Martínez, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Wilmer Iván Canales, a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Edis Mejía Martínez, del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito.- Cuarto: No procedió condenar en costas al señor Edis Mejía Martínez. Partes en única instancia: Los abogados José Roberto Izaguirre Santos y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Edis Mejía Martínez, como parte recurrente y la abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Único: Entre las nueve y treinta (9:30 a.m.) y diez (10:00 a.m.) de la mañana, del ocho (8) de Junio del año dos mi/l ocho (2008), en el Barrio San Blas del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua el señor Pedro Gustavo Rivera se encontraba fuera de su casa de habitación en compañía de Wilmer Iván Canales, cuando de repente Edis Mejía Martínez, sale de un callejón contiguo a la casa de habitación y con arma de fuego en mano comienza a disparar hiriendo a Wilmer Iván Canales en región de la tetilla derecha y de brazo y antebrazo derecha siendo auxiliado de inmediato por don Pedro Rivera y familiares del mismo, quienes lo trasladaron al Hospital Santa Teresa de dicho sector, perdiendo la vida posteriormente. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Motivo Único: Infracción de los artículos 89, 90 Y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal.- Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89, 90 Y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, articulo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.) Juicio Previo, Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.- Artículo 2.-) Estado De Inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal sentenciador estableció como hecho probado: "Único: Entre las nueve y treinta (9:30 a.m.) y diez (10:00 a.m.) de la mañana, del ocho (8) de junio del año dos mil ocho (2008), en el Barrio San Blas del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, el señor Pedro Gusta Vo Rivera se encontraba fuera de su casa de habitación en compañía de Wilmer Iván Canales, cuando de repente Edis Mejia Martínez sale de un callejón contiguo a la casa de habitación y con arma de fuego en mano comienza a disparar hiriendo a Wilmer Iván Canales en región de la tetilla derecha y de brazo y antebrazo derecho, siendo auxiliado de inmediato por don Pedro Rivera y familiares del mismo, quienes lo trasladaron al Hospital Santa Teresa de dicho sector, perdiendo la vida posteriormente". De lo anterior se plasma que a criterio del Tribunal Sentenciador constituye plena prueba y le da certeza al Juzgador que mi representado es la personas que dio muerte al señor Wilmer Iván Canales, sin embargo dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y de vencimiento en juicio, ya que al juicio oral y público no se presentó un medio de prueba confiable que identifique plenamente al autor del hecho criminal, por lo tanto no se puede establecer que mi defendido es el responsable del mismo. Primeramente compareció el señor Pedro Gustavo Rivera Vásquez, quien manifestó: El día 8 de junio del 2008, entre las nueve y media, diez, yo me encontraba en mi casa, cuando de repente escuchó disparos, cuando escuchó a mama gritándome, miro a mi paya y a Wilmer tirados cuando yo me di la vuelta mire al tipo corriendo y yo salí detrás de él, como a una cuadra iba de espalda cuando él se dio vuelta y nos apuntó con el arma...la estatura de la persona que disparó estatura mediana, sin camisa pelo colocho, persona enferma mental...esa persona que disparó agarró para el norte y se subió a la moto y de allí no supe, Wilmer también lo subieron a un carro con mi papa para llevarlo al Hospital pero luego el falleció, como supo el nombre del atacante lo miramos por los medios de comunicación, la cabeza del imputado dos entradas algo calvo. El testigo protegido denominado con la clave "A" manifestó: "El día 8 de junio del 2008, yo me encontraba compartiendo con unos amigos, luego escuchamos unos disparos, volteamos a ver a la casa de don Tavo, luego otros disparos, salimos corriendo a ver, la persona que andaba el arma salió corriendo salimos detrás de él, una persona estaba en la calle me dijo no lo siga que le pueden disparar, entonces me detuve...la persona que disparó salió corriendo al lado del boulevard, y luego siguió de allí no lo mire porque me detuvieron porque me iba a disparar...físicamente la persona que vio es tamaño mediano usa bigote tiene dos entradas en la cabeza en el pelo... lo detuvieron cuando iba detrás de la persona que disparaba y los otros el hijo del siguió y el otro también, solo yo me quede allí tiempo que transcurrió desde los disparos, al instante vimos que le sacaba el arma a don Gustavo luego salimos corriendo a seguirlo. El testigo protegido con la clave "B" también agregó: "En junio del 2018, a las nueve y media yo estaba en mi casa lavando, escuche la detonación de tiros, me metí para adentro luego salía la sala a sentarme y escuche que decían parte que mataste a mi padre, y salí y vi que iba el hijo del señor que le dispararon, vi que salió la cuadra derecha y a la esquina opuesta del boulevard Romero Larios. La persona que llevaba el arma, una textura clara chaparro con entradas en su cabeza tenía pelo, sin gorra, el arma llevaba a mano derecha, después que pasan los acontecimientos nos dimos cuenta que a don Tavo lo habían llevado al Hospital y que Wilmer ya había muerto, esa persona que llevaba el arma en la mano en las noticias salió que se llama Edis Mejía, cuando lo ví tenía un cambio en su pelo lo tenía trasquilado cuando lo vi tenía más pelo…” El testigo protegido identificado con la clave "C" manifestó: "Era un domingo 8 de junio del 2008, iba yo a la cancha de San Blas a jugar pelota, don Gustavo y Wilmer fuera de su casa, luego escuchamos un disparo, vimos al hijo que lo seguía y tomamos la iniciativa de seguirlo, pero nos apuntó con pistola y dejamos de seguirlo. El señor Gustavo Rivera Morales y Wilmer Iván Canales el falleció. Don tavo lo llevaron al hospital lo operaron, Pedro Gustavo Rivera vive en el Barrio San Blas, eran eso de las nueve y media de la tarde, tiene dos entrada de bigote, la persona que disparó es Edis Mejía, por los medios de comunicación me entere del nombre, la distancia que le llevaba a Edis de 9 a 10 metros... El señor Pedro Gustavo Rivera Morales agrego en el juicio oral y público: El 8 de junio estaba en mi casa, llego un muchacho que le regalara una tortilla estaba frente a la casa cuando pasó un individuo al frente de mi casa entonces lo mire que me voltio a ver pero él se fue, al momento aparecer el otro individuo por otro lado en lo que yo estoy mirando a Wilmer me dan el primer disparo, yo me pare y el salió a la carrera el tipo sabía que yo no tenía arma, yo andaba en camiseta. La hora que pasó fue a las nueve o nueve y veinte de la mañana, yo vivía en el barrio San Blas, esa persona le disparó a Wilmer Canales como a mi persona me disparo cerca como a tres metros, esa persona que disparó es bajito nunca lo había visto a él no lo conocía, tiene la frente pelada para arriba, yo solo lo mire pero no puede ver otras características porque el sopló a la carrera, color de piel la cara un poco blanco ni negro es bajito, el día del disparo solo me acuerdo que andaba una camisa no recuerdo el color…” Al hacer un análisis de las declaraciones vertidas en juicio, nos podemos dar cuenta que los testigos dan diferentes características del hechor, uno dice que es pelo colocho, otro que tiene entradas, que usa bigote, que es algo calvo, otro manifestó que tiene pelo. No hay una plena identificación del autor, pues del mismo relato se desprende que no lo conocían con anterioridad a los hechos. El ente acusador no presentó ningún medio de prueba como ser reconocimiento en rueda, que no deje duda sobre la identidad del hechor. El reconocimiento del investigado en la comisión del hecho ilícito con relevancia penal, es un procedimiento muy fundamental en la etapa de investigación del proceso penal, esta diligencia puede proporcionar la información muy relevante sobre la identidad del presunto autor o participe, con ello va permitir la adecuada línea de investigación que va permitir hallar el autor del hecho delictivo. La realización de esta diligencia, puede ser muy peligroso si no se lleva adecuadamente, que podría ser implicado un inocente y causar daños irreparables; en el mismo sentido ya está establecido en la ley este procedimiento para evitar arbitrariedades por los operadores de justicia. En reconocimiento en rueda de personas en sentido propio es el acto mediante el cual se persigue verificar la identidad física o individualización de una persona atreves de la declaración de un testigo que al observarla entre varias de características externas parecidos que se le enseña. En tanto aporta un elemento encaminado a generar convicción judicial, el reconocimiento en rueda de personas constituye un genuino medio de prueba, criterio preferible a aquel en cuya virtud se lo caracteriza como un elemento tendiente a valorar la credibilidad de un elemento probatorio.[1] El reconocimiento en rueda de personas, es un acto procesal mediante el cual se intenta conocer la identidad, incluso nominal de una persona a través de la intervención de un testigo que identifica, que al observarla entre varias de condiciones exteriores semejantes, afirma o niega conocerla o haberla visto con anterioridad y en determinadas condiciones del hecho. Por dichas consideraciones el juzgador debería valorar este medio probatorio en forma objetiva, también las declaraciones de los testigos prestados antes y durante el procedimiento de reconocimiento, porque es muy fundamental la confianza y la credibilidad de los testigos, de su capacidad de memoria con que podría contar para recordar los hechos suscitados, caso contrario se estaría vulnerando el debido proceso y su derecho constitucional al derecho de defensa, que tiene todo imputado desde el momento del inicio de las investigaciones, como es sabido este tipo de diligencia permite identificar y así individualizar al supuesto autor o participe del hecho delictivo. La coincidencia entre la persona sindicada y aquella sometida al proceso penal, resulta esencial para el progreso y desarrollo de la relación procesal; en ese sentido es muy importante que tener en cuenta la identidad física del imputado sea cierta, resalta irrelevante el error que pueda recaer sobre su identificación nominal, por lo que el imputado podría ser sometido al proceso aun con un nombre imaginario, falso, tomado de otra persona o un homónimo. El fin urgente del descubrimiento de la verdad real respecto del hecho objeto del proceso precisa en la necesidad de particularizar a aquel que aparezca como autor o participe de la comisión del hecho delictivo, tanto para establecer si la persona sometida al proceso es efectivamente aquella contra la cual se dirige la pretensión jurídico penal. Ya nuestra normativa procesal penal en su artículo 253 prevé tal situación al establecer: Para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la siguiente manera: 1.2.3…. En el juicio solamente se evacuo prueba donde se acreditó la muerte violenta que fuera objeto el señor Wilmer Iván Canales, en fecha ocho (08) de junio del dos mil ocho, no así prueba contundente que establezca si realmente mi defendido es la misma persona a la que se refieren los testigos, pues como se detalló anteriormente el Ministerio Público no aportó ningún medio de prueba confiable que demuestre la identificación plena del hechor como ser un reconocimiento en rueda, mucho menos quedó establecido en la vista del juicio oral y público una identificación del acusado, quedando la duda de quién es el autor del hecho criminal donde perdió la vida el señor Wilmer Iván Canales, además que no se presentó otra probanza que vinculara a mi representado con el hecho criminal. En el caso subjudice, el sentenciador con las pruebas presentadas en juicio condena a mi representado en una clara violación a la presunción de inocencia, ya que impone una pena sin que se haya identificado plenamente en el juicio quien es el autor del hecho criminal, pues del relato de los mismos testigos era un desconocido (hechor). El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.-[2] En nuestro caso el Tribunal Sentenciador dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia y de vencimiento en juicio. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor Edis Mejia Martínez. Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.- Se concluye, a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe De los Recursos, clasificándolos en: 1) Recurso de Reposición; 2) Recurso de Apelación; 3) Recurso de Casación; 4) Recurso de Hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando sí lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el Principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido -o no- para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al Censor de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Censor esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Censor debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Censor debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Censor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Censor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Censor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Censor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Censor señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Censor su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El Censor, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Censor que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp. 228-2011, entre otras.). Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el Censor entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Censor debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único del Censor Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República; Motivo alegado: Violación al Estado de Inocencia, violación al debido proceso y violación al principio de legalidad; Concepto de la infracción: Sin determinar por el Censor; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Censor; Pretensión: Se proceda a declarar con lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al acusado Edis Mejía Martínez. Indica el Censor que violenta el principio de inocencia y el de vencimiento de juicio que el tribunal de sentencia señale la existencia de plena prueba y certeza de que el acusado Edis Mejía es una de las personas que dio muerte al señor Wilmer Iván Canales; arguye que no se presentó prueba confiable que identifique plenamente al autor del hecho criminal. El Censor hace relación de las declaraciones de los señores Pedro Gustavo Rivera Vásquez, del testigo protegido A, del testigo protegido B, del testigo protegido C y del señor Pedro Gustavo Rivera Morales, luego de lo cual señala que mediante estas es posible determinar las distintas características del hechor. Seguidamente increpa el Censor que no se haya presentado como medio de prueba el reconocimiento en rueda de personas; explica el Censor qué es el medio de prueba en cuestión y como debe ser ejecutado. Agrega que, si bien se acreditó la muerte violenta del señor Wilmer Iván Canales, no se presentó prueba contundente que establezca que el acusado es una de las personas a las que se refieren los testigos; el Ministerio Público no aportó ningún medio de prueba confiable que demuestre la identificación plena del hechor como ser el reconocimiento en rueda, quedando en duda quien es el autor del delito. Concluye el Censor que al haberse condenado al acusado se cometió una clara violación a la presunción de inocencia y de vencimiento en juicio, pues no se identificó plenamente en el juicio quien es el autor del hecho criminal. De la Procedencia del Recurso. - El Recurso no es de RECIBO. - La Sala de lo Penal encuentra que el recurso defectuoso por ausencia total de debida técnica. En el planteamiento inicial, el Censor señala como los derechos fundamentales violentados, aquellos contenidos en los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, mismas que reconocen el estado material a la inocencia, el debido proceso y el principio de vencimiento, siendo cada uno de ellos bastante amplios, compuestos por entretejidos de sub principios, ello hace que este tribunal de casación reproche que el recurso no haya sido interpuesto haciendo denuncia por separado de cada uno de los derechos fundamentales que se consideran infringidos, y además individualizando los sub principios que supuestamente fueron afectados. Como ejemplo de lo anterior: cuando se alega violación al estado material de la inocencia el Censor deberá señalar que aspecto de ese principio fundamental ha sido quebrantado, pudiendo ser: debido proceso probatorio, debida motivación probatoria, debido razonamiento probatorio, licitud probatoria o suficiencia probatoria; luego de ello el Censor deberá establecer que entiende por el subderecho señalado, identificar cual es el aspecto de la sentencia que le transgrede y, principalmente demostrar que existe la misma.- Proceso que debería haberse hecho también con el derecho fundamental al debido proceso y con el derecho fundamental de vencimiento en juicio.- La mera mención de que se ha violentado una norma constitucional no satisface el artículo 350 del código procesal penal como tema de impugnación, pues además se requiere un debido desarrollo técnico como se ha explicado ut supra. El planteamiento inicial no está vinculado con el contenido: el Censor comparte en el contenido lo que a su parecer fue probado y no fue probado; explica qué es el medio de prueba reconocimiento en rueda de persona y luego reclama que no se haya evacuado en el debate, para luego concluir que existe duda sobre la participación del acusado, por lo que debe ser absuelto.- Nada explica el Censor de cómo se relaciona lo alegado con cada uno de los derechos fundamentales que se denuncian infringidos; de hecho tal reclamo es claramente una manifestación de disconformidad a lo que fue la valoración probatoria de cinco medios de prueba testificales, lo que no es causal de interposición de ninguno de los recursos de casación que contempla el código procesal penal. Tras la lectura de todo el recurso, la Sala de lo Penal no identifica en los argumentos que decisión judicial constituyó quebranto o limitación indebida al derecho al estado material de inocencia, del debido proceso o del principio de vencimiento y en qué sentido; en su lugar encuentra alegatos de instancia, no relacionados con los derechos fundamentales, sino basados en criterios personales sobre la valoración de la prueba, por lo que el recurso debe ser desestimado. Decisión: Desestimar el motivo único del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: 1.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. 2. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. 3. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Edis Mejía Martínez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Edis Mejía Martínez, como autor del delito de homicidio (Art. 116 cp 144-83) en perjuicio del Señor Wilmer Iván Canales, las sanciones siguientes: i.- pena principal de reclusión por 15 años; ii.- Penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión; iii.- Demás consecuencias legales por la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio (Art. 192 NCP 130-2017), tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión para el autor del delito consumado. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena concreta impuesta al acusado Edis Mejía Martínez se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que contempla la nueva legislación penal, por lo que el nuevo código penal no representa una norma más favorable al acusado, no siendo procedente su aplicación retroactiva. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el único motivo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa Pública a favor del acusado Edis Mejía Martínez.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Edis Mejía Martínez; Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (f. 84), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Es Ponente de la presente sentencia el Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-559-2018.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL

Página 1 | 1

[1] Lino Enrique Palacio, La Prueba En El Proceso Penal, Abeledo-Perrot S.A.E E 1. Lavalle. Buenos Aires. Argentina, p. 180.

[2] Sentencia d la Sala de lo Penal, Corte Suprema de Justicia, CP=02-2009 Pág. 9 y 10.

[3] el artículo 8.2 literal h) de la convención americana sobre derechos humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.