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Sentencia CP-545-19 — Registro 17382

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado como coautor del delito de Asesinato y Asociación Ilícita, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso plantado por la Defensa Pública es en referencia al alegato de violación al Derecho de Defensa y como consecuencia al Estado Material de Inocencia, bajos dos argumentos: 1.- La Defensa Pública, plantea una razón de la interposición del presente recurso, al considerar que se vio limitada a ejercer el contradictorio por la reserva de identidad de los testigos protegidos; La Sala al examen, corrobora que; El proceso penal que nos ocupa dio inicio mediante la presentación del requerimiento fiscal en fecha 22 de diciembre de 2016, imputados los señores Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez por la comisión como autor de dos delitos de asesinato consumado en perjuicio de los Señores German Espinal Duarte y Johon Espinal Pavón.- Al requerimiento fiscal se acompañó la documentación de fundamento, entre ellos la solicitud para que se tomara la declaración del testigo protegido JPTP-C0112, con la formalidades de prueba anticipada, explicando los supuestos legitimadores de dicha solicitud: En la misma fecha se tomó las declaraciones bajo protocolo de prueba anticipada del testigo protegido JPTP-C 0112C (f.27), en presencia de la defensa Publica quien tuvo un turno para interrogar al Testigo: La audiencia inicial fue celebrada en fecha 27 de diciembre de 2016 (F.40), en donde el agente fiscal propuso la declaración del testigo con identidad reservada J-5, quien compareció y declaro en dicha audiencia; (f. 40 v), nuevamente la Defensa Publica pudo ejercer el contradictorio al concedérsele un turno para interrogar al testigo protegido; Finalmente, el proceso penal llegó a la audiencia de debate en fecha 6 de diciembre de 2018, donde ambos testigos y a pesar de haber sido tomado uno de ellos con las formalidades de prueba anticipada ( testigo JPTP-C0112), ambos se hicieron presentes a la audiencia de Juicio oral y público a rendir sus respectivas declaraciones, nuevamente la Defensa Pública, tuvo el uso a la palabra e interrogo a ambos testigos; Por lo que la Defensa Pública, no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad de los testigos, en ninguna etapa del proceso hasta su culminación.- 2.- La Defensa Pública, plantea como otro argumento en la interposición del recurso de casación, la violación al ejercicio de la defensa y al Estado material de Inocencia, como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria en donde los jueces indican que la certeza de culpabilidad descansa en las declaraciones de los testigos protegidos con reserva de identidad JPTP-C0112 y J-5; Por tanto, colige la Sala de lo Penal que el alegato de la violación al derecho de defensa y al Estado Material de Inocencia es improcedente; Primero el argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia., sin embargo La Sala al estudio de la causa, y limitada a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues las declaraciones de los testigos con reserva de identidad JPTP-C0112 y J-5; se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación de los acusados con éste, como ser; i.- las declaraciones testificales de los agentes de policía Cristhian Jonathan Cortes y el agente de investigación Anyelo José Sagastume Euceda. ii.- Prueba documental consistente en acta de levantamiento de cadáver número 1909-2016; acta de registro persona y acta de decomiso y secuestro; iii- Prueba Pericial: Dictámenes de autopsia de ambas víctimas, Dictamen de extracción telefónica número 0501-2017-00252, que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia, respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que las declaraciones de los testigos protegidos sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Razones suficientes para desestimar el presente recurso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez, como autores de dos delitos de asesinato (Art. 117 VP 144-83) en perjuicio de German Espinal Duarte y Johon Espinal Pavón, la pena de 21 años de reclusión por cada delito de asesinato haciendo un total de 42 años de reclusión por cada acusado, más las penas accesorias correspondientes, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y demás consecuencias legales por la condena, como consecuencia de ser responsable de un delito de asesinato consumado. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, las acciones de los ahora acusados deben ser consideradas como un concurso real; El delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193, con una pena principal de 20 a 25 años de prisión; al tratarse de dos delito de asesinatos en concurso real, al realizar la suma de pena abstracta esta oscilaría de 40 a 50 años de prisión; Al hacer el comparativo entre las penas que fueron impuestas a los acusados Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez conforme al Código Penal derogado (144-83) y la que podría imponerse conforme al nuevo Código Penal decreto 130-2017, se concluye que la pena impuesta con la legislación derogada se encuentra dentro del margen de la pena establecida conforme la nueva legislación penal; por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto legislativo 130-2017; además debe considerarse de que conforme al límite objetivo extraordinario, el Código Penal decreto 144-83 contiene un límite de penas acumuladas de 30 años y en el caso de la nueva legislación penal (Decreto 130-2017) las penas acumuladas es de 40 años, por tanto, bajo ninguna perspectiva le beneficia al ahora acusado la aplicación de la nueva legislación penal. No siendo procedente su aplicación retroactiva..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 315 y 316 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-545-2019, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-545-2019 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Delmer Adalid Romero López, del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Absolvió a Nahum Elí Sánchez Márquez, del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. TERCERO: Condenó a Delmer Adalid Romero López, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de German Espinal Duarte, a la pena principal de veintiún (21) años de reclusión. CUARTO: Condenó a Delmer Adalid Romero López, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Johon Espinal Pavón, a la pena principal de veintiún (21) años de reclusión. QUINTO: Condenó a Nahum Elí Sánchez Márquez, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de German Espinal Duarte, a la pena principal de veintiún (21) años de reclusión. SEXTO: Condenó a Nahum Elí Sánchez Márquez, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Johon Espinal Pavón, a la pena principal de veintiún (21) años de reclusión. SEPTIMO: Condenó a Delmer Adalid Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. OCTAVO: Se declaró a Delmer Adalid Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez, civilmente responsables. NOVENO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: Los Abogados Jose Roberto Izaguirre y Arnaldo Alcides Garcia, en su condición de defensores públicos de Delmer Adalid Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO. En fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, a eso de las dos de la madrugada, el señor GERMAN ESPINAL DUARTE y el joven JOHON ESPINAL PAVÓN (padre e hijo), descansaban en su casa de habitación (donde también funcionaba un negocio de ropa y zapatos) ubicada en el lugar conocido como barrio La Curva, la Recta de Yojoa, Cortés, en compañía de otras personas, cuando repentinamente ingresaron violentando una de las puertas de entrada con una almágana, entre siete y diez sujetos vistiendo indumentaria militar, la mayoría con sus rostros cubiertos y fuertemente armados; entre ellos se encontraban los señores DELMER ADALID ROMERO LÓPEZ y NAHUM ELI SANCHEZ MARQUEZ, quienes andaban sus rostros descubiertos. Mediante un plan preconcebido, los sujetos, incluyendo a los señores DELMER ADALID ROMERO LÓPEZ y NAHUM ELI SÁNCHEZ MARQUEZ sacaron al señor GERMAN ESPINAL DUARTE y a JOHON ESPINAL PAVÓN hasta el patio frontal y sin mediar palabra les infirieron múltiples heridas con arma de fuego. Ambos, GERMAN ESPINAL DUARTE y JOHON ESPINAL PAVÓN murieron a causa de herida por proyectil de arma de fuego con traumatismo craneoencefálico abierto y laceración del cerebelo. SEGUNDO. Inmediatamente, el TESTIGO PROTEGIDO CLAVE J5, que se encontraba en el lugar del hecho, llamó al 911 denunciando lo sucedido, fue así que enviaron una patrulla de Policías Militares. Al llegar al lugar, los testigos protegidos presenciales del hecho, les brindaron las características físicas y nombres de los señores DELMER ADALID ROMERO LÓPEZ y NAHUM ELÍ SANCHEZ MARQUEZ, a quienes habían identificado plenamente como partícipes del hecho en que se le dio muerte a los señores GERMAN ESPINAL DUARTE y JOHON ESPINAL PAVÓN, además, que en fechas 19 y 20 de diciembre del mismo año, los habían visto pasar frente a la vivienda en varias ocasiones en una mototaxi. TERCERO. Los agentes de policía militares, entre ellos el agente CRISTHIAN JONATHAN CORTES, se dispusieron a la búsqueda de los sujetos identificados por los testigos protegidos. Alrededor de las diez de la mañana de la misma fecha (21 de diciembre 2016), visualizaron a un grupo de cinco personas que se encontraban en un callejón, y que, al percatarse de la presencia policial, salieron huyendo, logrando dar captura a los señores DELMER ADALID ROMERO LÓPEZ y NAHUM ELÍ SÁNCHEZ MARQUEZ. CUARTO. Al señor NAHUM ELÍ SÁNCHEZ MÁRQUEZ se le decomisaron dos celulares, en uno de ellos aparecen videos e imágenes tomadas en fechas 19 y 20 de diciembre del 2016, es decir horas antes del hecho, de la casa de habitación y negocio en donde se les dio muerte al señor GERMAN ESPINAL DUARTE y al joven JOHN ESPINAL PAVÓN.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Karen Grisel Hernandez, en su condición de defensora publica de Delmer Adalid Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República de Honduras, en relación con el articulo 8 numeral 2 inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVOS Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son primeramente el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras que reza: "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes". El artículo 89 establece: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Lo anterior está relacionado con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2, inciso F de la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone: "Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener-la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos"' El Tribunal establece como hecho probado: " PRIMERO. En fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, a eso de las dos de la madrugada, el señor GERMAN ESPINAL DUARTE y el joven JOHON ESPINAL PAVON (padre e hijo), descansaban en su casa de habitación (donde también funcionaba un negocio de ropa y zapatos) ubicada en el lugar conocido como barrio La Curva, la recta de Yojoa, Cortés, en compañía de otras personas, cuando repentinamente ingresaron violentando una de las puertas de entrada con una almágana, entre siete y diez sujetos vistiendo indumentaria militar, la mayoría con sus rostros cubiertos y fuertemente armados; entre ellos se encontraban los señores DELMER ADALID ROMERO LOPEZ Y NAHUM ELI SÁNCHEZ MARQUEZ, quienes andaban sus rostros descubiertos. Mediante un plan preconcebido, los sujetos, incluyendo a los señores DELMER ADALID ROMERO LOPEZ y NAHUM ELI SÁNCHEZ MARQUEZ sacaron al señor GERMAN ESPINAL DUARTE y a JOHON ESPINAL PAVON hasta el patio frontal y sin mediar palabra les infirieron múltiples heridas con arma de fuego. Ambos, GERMAN ESPINAL y JOHON ESPINAL PAVON murieron a causa de herida por proyectil de arma de fuego con traumatismo craneoencefálico abierto y laceración del cerebelo. SEGUNDO...” El derecho a un proceso con todas las garantías exige, como regla general, que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio oral con plenitud de garantías de publicidad, oralidad, contradicción e inmediación. En nuestra normativa se establece la protección de testigos, el artículo 237 del Código Procesal Penal establece; que el órgano jurisdiccional, de oficio o por manifestación del testigo, aprecie racionalmente existe un peligro grave para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que ha de prestar, adoptará las medidas de protección que estime convenientes, las mismas puede ser que no consten los datos de identificación del testigo o que se utilice cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual ante el imputado y público. En un sistema acusatorio donde rige el principio de inmediación, la exigencia es especialmente imperiosa en materia de práctica de la prueba, la misma implica que los jueces y las partes se relacionen directamente con los medios de prueba, en materia testifical es muy importante, pues se puede observar la seguridad, el comportamiento, la firmeza en sus dichos, la persistencia en la incriminación y sobre todo su plena identificación para un examen de confiabilidad, parcialidad o animadversión. En nuestro caso, la modalidad de anonimato del testigo protegido ha impedido evaluar la fiabilidad de su testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias, que revelaran las posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado, la ocultación de la identidad del testigo es un obstáculo para el ejercicio del derecho a la última palabra, al no poder poner en cuestión de fiabilidad o credibilidad del testimonio, además que su declaración se llevó a cabo sin que la defensa pudiera verlo, lo que se debe garantizar es un juicio equitativo y para erigirse en prueba de cargo susceptible de enervar la presunción de inocencia. Esta modalidad de testigos protegidos o llamados "sin rostro", radica en efecto, el déficit de defensa inherente al testigo anónimo, puesto que si la defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos precisamente que le permitan probar que es parcial, hostil o indigno de crédito. Un testimonio, o de cualquier otra declaración contra un inculpado, pueden muy bien ser falsos o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si no tiene la información que le permita fiscalizar la credibilidad del autor. Con esta modalidad de testigos protegidos queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio directo al testigo, dificulta apreciar su comportamiento durante el examen de preguntas y repreguntas, de modo que la defensa pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. En nuestro caso, en el juicio oral y público se presentó la declaración del testigo protegido identificado con la clave JPTP-C-0112, quien declaró: "Declaró que el día miércoles 21de diciembre de 2016, se encontraba de visita en la casa del señor GERMAN ESPINAL DUARTE y su hijo JOHON ESPINAL. Cuando eran las 2:00 am Entraron sujetos vestidos de militares, rompieron la puerta con almágana, encañonaron a los dos ofendidos, los llevaron hacia afuera y escuchó los disparos; se escondió detrás de la puerta. Escuchó que arrancaron en el carro, salió y ya se encontraban sin vida en la yarda, frente a la casa, el señor GERMAN ESPINAL DUARTE y su hijo JOHON ESPINAL. Los policías llegaron a las cinco de la mañana. Que llegó a la casa del señor GERMAN ESPINAL el día miércoles 21 de diciembre de 2016. La vivienda está ubicada en Aldea Yojoa, barrio La Curva, la recta de Yojoa. El señor GERMAN ESPINAL vivía con su hijo JOHON ESPINAL. Pudo identificar a NAHUN SANCHEZ y DELMER ROMERO, andaban otras personas más, pero solo ellos tenían sus rostros descubiertos, el resto tenían rostros cubiertos...” El testigo protegido J5 declaró: "Que los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2016, días antes había sido invitado por el señor German, a quien conocía mucho tiempo atrás. La casa está ubicada en Aldea Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, frente a la carretera; frente a la casa hay grama. Al estar hospedado vio algunas cosas extrañas, personas vinculadas con la mara MS circulaban repetidas veces frente a la casa. Entre las personas que circulaban, menciona a los jóvenes NAHUM ELI SÁNCHEZ MARQUEZ y DELMER ADALID ROMERO LOPEZ. DELMER ADALID circulaba en una mototaxi junto a otros que eran parte de la misma mara... Los sujetos ingresaron diciendo que eran policías, las primeras personas entraron a la habitación de don GERMAN, a la tercera puerta ingresaron los demás, unos encapuchados y otros no. Cuando ellos pasaron, don GERMAN preguntó "por que a nosotros", pudo ver a Nahum Sánchez y a Delmer Romero, ellos llevaban a GERMAN para el patio, lo tiraron al suelo encañonado. Luego puedo ver que llevaban a JOHON ESPINAL, hijo de DON GERMAS; mientras tanto él pudo abrir la ventana, salió huyendo y se escondió detrás de los apartamentos que también eran de don GERMAN...” De lo manifestado por los testigos protegidos no hay prueba de confirmación, que haga establecer de una manera precisa si realmente ocurrieron los hechos tal como lo manifiestan los deponentes. En cuanto al medio de prueba denominado dictamen de extracción telefónica número 0501-2017-00252. Ratificado por el perito JOSUE RICARDO RUBIO DURON, del teléfono celular marca Bmovile, modelo AX680, color negro, con Imei 352512071037939, chip tigo 8950402502627665422, se extrajeron fotografías, videos, audios; en las fotografías se encontraron fotos de armas de fuego; fotos de una persona realizado señales alusivas a grupos delictivos (Mara Salvatrucha MS 13), esta misma persona aparece en otras fotografías portando indumentaria militar. A preguntas respondió que entre las 11 de la noche del 20 de diciembre hasta las 4 de la mañana del 21 de diciembre se registraron entre 20 a 50 llamadas telefónicas con ese aparato. Se agrega que se pueden observar 9 capturas de imágenes de videos en las que claramente se observa el lugar donde se produjo la muerte de las víctimas. Este medio de prueba no es confirmatorio sobre la muerte violenta de los señores DELMER ADALID ROMERO LOPEZ y NAHUN ELI SANCHEZ MARQUEZ, pues no hay ningún medio probatorio que ratifique donde realmente ocurrieron los hechos, pues no se practicó ninguna inspección judicial al lugar de los mismos, además que las fotografías, videos, audios y demás información encontrada en dichos teléfonos no son vinculantes con el hechos acusado a mis representados. Los hechos establecidos como probados en la sentencia condenatoria deben estar probados mediante prueba, en el presente caso solamente se cuenta con la declaración de testigos protegidos y como es sabido constituye una limitante para ejercer una verdadera defensa material y técnica, es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, de lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en su conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana critica. La determinación de sí este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada...”. Ya en nuestro caso, los testimonios de los testigos protegidos son de valor decisivo, pues si hacemos uso del método conocido como "supresión hipotética' al suprimirlo en mente nos varía la decisión final. Con estas declaraciones el Tribunal Sentenciador llega a la certeza que mis representados son culpables del delito de Asesinato en perjuicio de German Espinal Duarte y Johon Espinal Pavón, medios de prueba que como ya se explicó son desproporcionales, pues fueron obtenidos en menoscabo a los derechos del imputado. De acuerdo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para poder erigirse en prueba de cargo la declaración del testigo anónimo debe reunir tres concretos requisitos: 1. Que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial en una decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en conflicto. 2. Que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio. 3. Que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. Es inevitable hacer mención de que el Ministerio Público no presentó prueba alguna sobre el móvil del delito, pues según lo establecido en el hecho probado, los acusados actuaron mediante un plan preconcebido. Como lo establece la Corte Suprema de Justicia a través de la jurisprudencia en materia penal, Preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas, pues fuera de los casos de testigos falsos, aun cuando el testigo este convencido de que está diciendo la verdad real sino una subjetiva, como producto de muchas variables que hacen al testigo no solo percibir los hechos de una manera errónea, sino entenderlos, memorizarlos y transmitirlos alejándose de lo ocurrido, lo que hace que su valoración sea uno de los procesos más complejos en la tarea de juzgamiento de todo juez; sin embargo, desafortunadamente es el medio al que recurre el Ministerio Público como más frecuencia para sustentar una acusación y pretender una sentencia condenatoria, cayendo incluso en estadios de abuso, como es el caso que hoy nos ocupa donde se presenta una acción penal basado en un único medio de prueba testifical. Tal como sucede en el presente caso que el Ministerio Público con declaración de dos testigos protegidos quiere sostener una acusación, alejándose de los medios científicos incriminatorias para llegar a un fallo de culpabilidad. En nuestro caso la defensa está en total desventaja, pues con esas declaraciones testificales el Tribunal Sentenciador declara culpable a mi defendido. Situación que crea desventaja en la presente causa, ya que los Juzgadores y las partes no puedan observarlo y en consecuencia hacer un verdadero juicio de credibilidad (objetiva y subjetiva) del testigo, además que el testimonio de dichos testigos deben necesariamente estar apoyado en probanza que acredite lo dicho, en el juicio solamente se presentó prueba referencial, por lo tanto, no hay ningún medio periférico de confirmación. Es así que [os acusados tienen derecho a un proceso con todas las garantías y al haber dictado el Juzgador un dicho fallo condenatorio en esas condiciones y basado exclusivamente en los testimonios de los testigos protegidos e identificados con las claves JPTP-C-0112 y J5, mismos que son muy limitados para esta defensa, se vulnera el derecho de defensa a interrogar testigos consagrados en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal, pues es una garantía reconocida a quienes hayan sido acusados, de examinar los testigos en su contra y a su favor bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su derecho ; -y de presunción de inocencia, en definitiva solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria por el delito de secuestro agravado.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian infringidas: • Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; • Artículos 82 y 89 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: • Violación Al Derecho de Defensa; y • Violación al Estado Material de Inocencia. • Motivo: • La reserva de identidad queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio; y • La Sentencia se basa en la declaración de testigo con identidad reservada; • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se declare con lugar el recurso, se case la sentencia impugnada y se dicte una sentencia absolutoria. La defensora pública expone que la sentencia violenta los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República, que contienen los derechos fundamentales de: derecho a la defensa, derecho al estado material de inocencia. Se violentó el estado de inocencia del acusado Álvarez Benítez, como consecuencia de que su condena se apoya, con valor decisivo, en la declaración de los testigos de identidad reservada Clave JPTP-C-0112 Y J5, condición que impidió realizar un verdadero examen del testigo por posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción en claro desequilibrio procesal.- El recurrente cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias Norin Catriman y otros versus Chile, en la que se prevé que una condena no puede estar fundada únicamente, o en grado decisivo, en declaraciones de testigos con identidad reservada. Del Derecho a la Defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del Tribunal de Sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b. Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c. Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d. Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e. Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarará la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. El Testigo Protegido con Identidad Reservada 1.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al código procesal penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP). Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, pues su participación en el proceso judicial no cae en su ámbito discrecional, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad. 2.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindarle la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP). - Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: a. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y b. Ley de Protección a Testigos, a cargo del director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. - Son medidas de protección está la de no hacer constar en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están las medidas de protección en el proceso penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. 3.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber Estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. No esta demás señalar que la figura del testigo protegido debe de ser usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial los jueces deben hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código Procesal Penal; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. 4.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Entonces puede ocurrir que en casos concretos se presente la dicotomía entre la necesidad de protección de un testigo, ordenando el tribunal de justicia que su identidad se mantenga en reserva y el derecho de defensa que tiene la persona acusada, que incluye conocer la identidad de los testigos a efecto de poder formular las observaciones sobre su personalidad. Por ello, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López, al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La práctica forense determina que pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones igualmente distintas al derecho fundamental a la Defensa: a. Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del código procesal penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia: El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: i. La situación ya abordada sobre la restricción que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y; ii. La imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, “que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce.”. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, obtenida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. b. Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada; introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. En estos casos la introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii.Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: • Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; • Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso (cuando se tomó la prueba anticipada), sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y • Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada de la que se derive la participación del acusado. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i.- Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; y ii.- Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo. Ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo; aspectos deben de ser objeto de pronunciamiento obligatorio por parte del tribunal de justicia, porque ambos tienen repercusión en la valoración de la declaración del testigo. c. Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate (Como en el caso que nos ocupa en este recurso de casación). En este caso la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. Persiste entonces la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. d. Consideraciones Comunes Hasta el momento el tema tratado ha sido la admisión como medio de prueba de un testigo protegido con identidad reservada; toca turno referirse a su legitimidad para sustentar una decisión condenatoria. - Ha advertido la Corte IDH que cuando se presenten los supuestos explicados en el segundo o tercer numeral, la sentencia condenatoria no debe de basarse en grado decisivo en la declaración del testigo con identidad reservada: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). En resumen y conforme la Corte IDH, no es posible que un tribunal de justicia condene a una persona teniendo como base únicamente una declaración de testigo con identidad reservada.- Esto es consecuente con lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal. Este criterio ha sido fijado por la Corte IDH en las sentencias: • Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); • Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); • García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y • Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253) Las Sentencias relacionadas permiten determinar las siguientes máximas, que constituyen aspectos del debido proceso penal: a. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; b. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; c. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; d. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; e. Como consecuencia de lo señalado en el numeral c y d, convencionalmente se ha dispuesto que, si bien es lícito el uso de testigos con identidad reservada, un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración dada por un testigo con este tipo de protección, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración (de todo el conjunto probatorio, la declaración sea la que determine la responsabilidad de la persona acusada), siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho a interrogar en igualdad de condiciones a los testigos de cargo en el proceso penal es de carácter renunciable; por tanto, el silencio de la defensa en cuanto al ejercicio de este derecho puede ser considerado una aceptación de dicha circunstancia; criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. No esta demás recordar que conforme el Control de Convencionalidad, lo señalado por la Corte IDH prima por sobre normativa legal interna del Estado de Honduras y doctrina legal proferida por la propia Corte Suprema de Justicia a través de sus distintas Salas.- Recordemos que se debe de entender por control de convencionalidad señalado por la propia Corte IDH, en una sentencia en donde precisamente se condenó al Estado de Honduras por su inobservancia: “307.- … la Corte recuerda que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”. Sobre la obligatoria observancia del control de convencionalidad ha indicado la Corte Suprema de Justicia por conducto de la Sala de lo Constitucional: “…la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catálogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié el catálogo de derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad” de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.”. En conclusión: el criterio fijado por la Corte IDH sobre los testigos con identidad reservada, la participación de la defensa en su examen, su valoración y cuando el pronunciamiento condenatorio es admisible basado únicamente en la declaración de esta clase de testigos, es de obligatoria consideración de la propia Corte Suprema de Justicia y de todo órgano jurisdiccional con competencia en materia penal. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso plantado por la Defensa Pública es en referencia al alegato de violación al Derecho de Defensa y como consecuencia al Estado Material de Inocencia, bajos dos argumentos: 1.- La Defensa Pública, plantea una razón de la interposición del presente recurso, al considerar que se vio limitada a ejercer el contradictorio por la reserva de identidad de los testigos protegidos; La Sala al examen, corrobora que; El proceso penal que nos ocupa dio inicio mediante la presentación del requerimiento fiscal en fecha 22 de diciembre de 2016, imputados los señores Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez por la comisión como autor de dos delitos de asesinato consumado en perjuicio de los Señores German Espinal Duarte y Johon Espinal Pavón.- Al requerimiento fiscal se acompañó la documentación de fundamento, entre ellos la solicitud para que se tomara la declaración del testigo protegido JPTP-C0112, con la formalidades de prueba anticipada, explicando los supuestos legitimadores de dicha solicitud: En la misma fecha se tomó las declaraciones bajo protocolo de prueba anticipada del testigo protegido JPTP-C 0112C (f.27), en presencia de la defensa Publica quien tuvo un turno para interrogar al Testigo: La audiencia inicial fue celebrada en fecha 27 de diciembre de 2016 (F.40), en donde el agente fiscal propuso la declaración del testigo con identidad reservada J-5, quien compareció y declaro en dicha audiencia; (f. 40 v), nuevamente la Defensa Publica pudo ejercer el contradictorio al concedérsele un turno para interrogar al testigo protegido; Finalmente, el proceso penal llegó a la audiencia de debate en fecha 6 de diciembre de 2018, donde ambos testigos y a pesar de haber sido tomado uno de ellos con las formalidades de prueba anticipada ( testigo JPTP-C0112), ambos se hicieron presentes a la audiencia de Juicio oral y público a rendir sus respectivas declaraciones, nuevamente la Defensa Pública, tuvo el uso a la palabra e interrogo a ambos testigos; Por lo que la Defensa Pública, no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad de los testigos, en ninguna etapa del proceso hasta su culminación.- 2.- La Defensa Pública, plantea como otro argumento en la interposición del recurso de casación, la violación al ejercicio de la defensa y al Estado material de Inocencia, como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria en donde los jueces indican que la certeza de culpabilidad descansa en las declaraciones de los testigos protegidos con reserva de identidad JPTP-C0112 y J-5; Por tanto, colige la Sala de lo Penal que el alegato de la violación al derecho de defensa y al Estado Material de Inocencia es improcedente; Primero el argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia., sin embargo La Sala al estudio de la causa, y limitada a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues las declaraciones de los testigos con reserva de identidad JPTP-C0112 y J-5; se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación de los acusados con éste, como ser; i.- las declaraciones testificales de los agentes de policía Cristhian Jonathan Cortes y el agente de investigación Anyelo José Sagastume Euceda. ii.- Prueba documental consistente en acta de levantamiento de cadáver número 1909-2016; acta de registro persona y acta de decomiso y secuestro; iii- Prueba Pericial: Dictámenes de autopsia de ambas víctimas, Dictamen de extracción telefónica número 0501-2017-00252, que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia, respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que las declaraciones de los testigos protegidos sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Razones suficientes para desestimar el presente recurso. Decisión: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal de los acusados Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez, como autores de dos delitos de asesinato (Art. 117 VP 144-83) en perjuicio de German Espinal Duarte y Johon Espinal Pavón, la pena de 21 años de reclusión por cada delito de asesinato haciendo un total de 42 años de reclusión por cada acusado, más las penas accesorias correspondientes, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y demás consecuencias legales por la condena, como consecuencia de ser responsable de un delito de asesinato consumado. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, las acciones de los ahora acusados deben ser consideradas como un concurso real; El delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193, con una pena principal de 20 a 25 años de prisión; al tratarse de dos delito de asesinatos en concurso real, al realizar la suma de pena abstracta esta oscilaría de 40 a 50 años de prisión; Al hacer el comparativo entre las penas que fueron impuestas a los acusados Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez conforme al Código Penal derogado (144-83) y la que podría imponerse conforme al nuevo Código Penal decreto 130-2017, se concluye que la pena impuesta con la legislación derogada se encuentra dentro del margen de la pena establecida conforme la nueva legislación penal; por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto legislativo 130-2017; además debe considerarse de que conforme al límite objetivo extraordinario, el Código Penal decreto 144-83 contiene un límite de penas acumuladas de 30 años y en el caso de la nueva legislación penal (Decreto 130-2017) las penas acumuladas es de 40 años, por tanto, bajo ninguna perspectiva le beneficia al ahora acusado la aplicación de la nueva legislación penal. No siendo procedente su aplicación retroactiva. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el único motivo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez. Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve (f. 300), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiséis días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-545-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-545-2019, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-545-2019 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Delmer Adalid Romero López, del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Absolvió a Nahum Elí Sánchez Márquez, del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. TERCERO: Condenó a Delmer Adalid Romero López, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de German Espinal Duarte, a la pena principal de veintiún (21) años de reclusión. CUARTO: Condenó a Delmer Adalid Romero López, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Johon Espinal Pavón, a la pena principal de veintiún (21) años de reclusión. QUINTO: Condenó a Nahum Elí Sánchez Márquez, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de German Espinal Duarte, a la pena principal de veintiún (21) años de reclusión. SEXTO: Condenó a Nahum Elí Sánchez Márquez, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Johon Espinal Pavón, a la pena principal de veintiún (21) años de reclusión. SEPTIMO: Condenó a Delmer Adalid Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. OCTAVO: Se declaró a Delmer Adalid Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez, civilmente responsables. NOVENO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: Los Abogados Jose Roberto Izaguirre y Arnaldo Alcides Garcia, en su condición de defensores públicos de Delmer Adalid Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO. En fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, a eso de las dos de la madrugada, el señor GERMAN ESPINAL DUARTE y el joven JOHON ESPINAL PAVÓN (padre e hijo), descansaban en su casa de habitación (donde también funcionaba un negocio de ropa y zapatos) ubicada en el lugar conocido como barrio La Curva, la Recta de Yojoa, Cortés, en compañía de otras personas, cuando repentinamente ingresaron violentando una de las puertas de entrada con una almágana, entre siete y diez sujetos vistiendo indumentaria militar, la mayoría con sus rostros cubiertos y fuertemente armados; entre ellos se encontraban los señores DELMER ADALID ROMERO LÓPEZ y NAHUM ELI SANCHEZ MARQUEZ, quienes andaban sus rostros descubiertos. Mediante un plan preconcebido, los sujetos, incluyendo a los señores DELMER ADALID ROMERO LÓPEZ y NAHUM ELI SÁNCHEZ MARQUEZ sacaron al señor GERMAN ESPINAL DUARTE y a JOHON ESPINAL PAVÓN hasta el patio frontal y sin mediar palabra les infirieron múltiples heridas con arma de fuego. Ambos, GERMAN ESPINAL DUARTE y JOHON ESPINAL PAVÓN murieron a causa de herida por proyectil de arma de fuego con traumatismo craneoencefálico abierto y laceración del cerebelo. SEGUNDO. Inmediatamente, el TESTIGO PROTEGIDO CLAVE J5, que se encontraba en el lugar del hecho, llamó al 911 denunciando lo sucedido, fue así que enviaron una patrulla de Policías Militares. Al llegar al lugar, los testigos protegidos presenciales del hecho, les brindaron las características físicas y nombres de los señores DELMER ADALID ROMERO LÓPEZ y NAHUM ELÍ SANCHEZ MARQUEZ, a quienes habían identificado plenamente como partícipes del hecho en que se le dio muerte a los señores GERMAN ESPINAL DUARTE y JOHON ESPINAL PAVÓN, además, que en fechas 19 y 20 de diciembre del mismo año, los habían visto pasar frente a la vivienda en varias ocasiones en una mototaxi. TERCERO. Los agentes de policía militares, entre ellos el agente CRISTHIAN JONATHAN CORTES, se dispusieron a la búsqueda de los sujetos identificados por los testigos protegidos. Alrededor de las diez de la mañana de la misma fecha (21 de diciembre 2016), visualizaron a un grupo de cinco personas que se encontraban en un callejón, y que, al percatarse de la presencia policial, salieron huyendo, logrando dar captura a los señores DELMER ADALID ROMERO LÓPEZ y NAHUM ELÍ SÁNCHEZ MARQUEZ. CUARTO. Al señor NAHUM ELÍ SÁNCHEZ MÁRQUEZ se le decomisaron dos celulares, en uno de ellos aparecen videos e imágenes tomadas en fechas 19 y 20 de diciembre del 2016, es decir horas antes del hecho, de la casa de habitación y negocio en donde se les dio muerte al señor GERMAN ESPINAL DUARTE y al joven JOHN ESPINAL PAVÓN.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Karen Grisel Hernandez, en su condición de defensora publica de Delmer Adalid Romero López y Nahum Elí Sánchez Márquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República de Honduras, en relación con el articulo 8 numeral 2 inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVOS Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son primeramente el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras que reza: "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes". El artículo 89 establece: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Lo anterior está relacionado con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2, inciso F de la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone: "Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener-la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos"' El Tribunal establece como hecho probado: " PRIMERO. En fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, a eso de las dos de la madrugada, el señor GERMAN ESPINAL DUARTE y el joven JOHON ESPINAL PAVON (padre e hijo), descansaban en su casa de habitación (donde también funcionaba un negocio de ropa y zapatos) ubicada en el lugar conocido como barrio La Curva, la recta de Yojoa, Cortés, en compañía de otras personas, cuando repentinamente ingresaron violentando una de las puertas de entrada con una almágana, entre siete y diez sujetos vistiendo indumentaria militar, la mayoría con sus rostros cubiertos y fuertemente armados; entre ellos se encontraban los señores DELMER ADALID ROMERO LOPEZ Y NAHUM ELI SÁNCHEZ MARQUEZ, quienes andaban sus rostros descubiertos. Mediante un plan preconcebido, los sujetos, incluyendo a los señores DELMER ADALID ROMERO LOPEZ y NAHUM ELI SÁNCHEZ MARQUEZ sacaron al señor GERMAN ESPINAL DUARTE y a JOHON ESPINAL PAVON hasta el patio frontal y sin mediar palabra les infirieron múltiples heridas con arma de fuego. Ambos, GERMAN ESPINAL y JOHON ESPINAL PAVON murieron a causa de herida por proyectil de arma de fuego con traumatismo craneoencefálico abierto y laceración del cerebelo. SEGUNDO...” El derecho a un proceso con todas las garantías exige, como regla general, que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio oral con plenitud de garantías de publicidad, oralidad, contradicción e inmediación. En nuestra normativa se establece la protección de testigos, el artículo 237 del Código Procesal Penal establece; que el órgano jurisdiccional, de oficio o por manifestación del testigo, aprecie racionalmente existe un peligro grave para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que ha de prestar, adoptará las medidas de protección que estime convenientes, las mismas puede ser que no consten los datos de identificación del testigo o que se utilice cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual ante el imputado y público. En un sistema acusatorio donde rige el principio de inmediación, la exigencia es especialmente imperiosa en materia de práctica de la prueba, la misma implica que los jueces y las partes se relacionen directamente con los medios de prueba, en materia testifical es muy importante, pues se puede observar la seguridad, el comportamiento, la firmeza en sus dichos, la persistencia en la incriminación y sobre todo su plena identificación para un examen de confiabilidad, parcialidad o animadversión. En nuestro caso, la modalidad de anonimato del testigo protegido ha impedido evaluar la fiabilidad de su testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias, que revelaran las posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado, la ocultación de la identidad del testigo es un obstáculo para el ejercicio del derecho a la última palabra, al no poder poner en cuestión de fiabilidad o credibilidad del testimonio, además que su declaración se llevó a cabo sin que la defensa pudiera verlo, lo que se debe garantizar es un juicio equitativo y para erigirse en prueba de cargo susceptible de enervar la presunción de inocencia. Esta modalidad de testigos protegidos o llamados "sin rostro", radica en efecto, el déficit de defensa inherente al testigo anónimo, puesto que si la defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos precisamente que le permitan probar que es parcial, hostil o indigno de crédito. Un testimonio, o de cualquier otra declaración contra un inculpado, pueden muy bien ser falsos o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si no tiene la información que le permita fiscalizar la credibilidad del autor. Con esta modalidad de testigos protegidos queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio directo al testigo, dificulta apreciar su comportamiento durante el examen de preguntas y repreguntas, de modo que la defensa pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. En nuestro caso, en el juicio oral y público se presentó la declaración del testigo protegido identificado con la clave JPTP-C-0112, quien declaró: "Declaró que el día miércoles 21de diciembre de 2016, se encontraba de visita en la casa del señor GERMAN ESPINAL DUARTE y su hijo JOHON ESPINAL. Cuando eran las 2:00 am Entraron sujetos vestidos de militares, rompieron la puerta con almágana, encañonaron a los dos ofendidos, los llevaron hacia afuera y escuchó los disparos; se escondió detrás de la puerta. Escuchó que arrancaron en el carro, salió y ya se encontraban sin vida en la yarda, frente a la casa, el señor GERMAN ESPINAL DUARTE y su hijo JOHON ESPINAL. Los policías llegaron a las cinco de la mañana. Que llegó a la casa del señor GERMAN ESPINAL el día miércoles 21 de diciembre de 2016. La vivienda está ubicada en Aldea Yojoa, barrio La Curva, la recta de Yojoa. El señor GERMAN ESPINAL vivía con su hijo JOHON ESPINAL. Pudo identificar a NAHUN SANCHEZ y DELMER ROMERO, andaban otras personas más, pero solo ellos tenían sus rostros descubiertos, el resto tenían rostros cubiertos...” El testigo protegido J5 declaró: "Que los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2016, días antes había sido invitado por el señor German, a quien conocía mucho tiempo atrás. La casa está ubicada en Aldea Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, frente a la carretera; frente a la casa hay grama. Al estar hospedado vio algunas cosas extrañas, personas vinculadas con la mara MS circulaban repetidas veces frente a la casa. Entre las personas que circulaban, menciona a los jóvenes NAHUM ELI SÁNCHEZ MARQUEZ y DELMER ADALID ROMERO LOPEZ. DELMER ADALID circulaba en una mototaxi junto a otros que eran parte de la misma mara... Los sujetos ingresaron diciendo que eran policías, las primeras personas entraron a la habitación de don GERMAN, a la tercera puerta ingresaron los demás, unos encapuchados y otros no. Cuando ellos pasaron, don GERMAN preguntó "por que a nosotros", pudo ver a Nahum Sánchez y a Delmer Romero, ellos llevaban a GERMAN para el patio, lo tiraron al suelo encañonado. Luego puedo ver que llevaban a JOHON ESPINAL, hijo de DON GERMAS; mientras tanto él pudo abrir la ventana, salió huyendo y se escondió detrás de los apartamentos que también eran de don GERMAN...” De lo manifestado por los testigos protegidos no hay prueba de confirmación, que haga establecer de una manera precisa si realmente ocurrieron los hechos tal como lo manifiestan los deponentes. En cuanto al medio de prueba denominado dictamen de extracción telefónica número 0501-2017-00252. Ratificado por el perito JOSUE RICARDO RUBIO DURON, del teléfono celular marca Bmovile, modelo AX680, color negro, con Imei 352512071037939, chip tigo 8950402502627665422, se extrajeron fotografías, videos, audios; en las fotografías se encontraron fotos de armas de fuego; fotos de una persona realizado señales alusivas a grupos delictivos (Mara Salvatrucha MS 13), esta misma persona aparece en otras fotografías portando indumentaria militar. A preguntas respondió que entre las 11 de la noche del 20 de diciembre hasta las 4 de la mañana del 21 de diciembre se registraron entre 20 a 50 llamadas telefónicas con ese aparato. Se agrega que se pueden observar 9 capturas de imágenes de videos en las que claramente se observa el lugar donde se produjo la muerte de las víctimas. Este medio de prueba no es confirmatorio sobre la muerte violenta de los señores DELMER ADALID ROMERO LOPEZ y NAHUN ELI SANCHEZ MARQUEZ, pues no hay ningún medio probatorio que ratifique donde realmente ocurrieron los hechos, pues no se practicó ninguna inspección judicial al lugar de los mismos, además que las fotografías, videos, audios y demás información encontrada en dichos teléfonos no son vinculantes con el hechos acusado a mis representados. Los hechos establecidos como probados en la sentencia condenatoria deben estar probados mediante prueba, en el presente caso solamente se cuenta con la declaración de testigos protegidos y como es sabido constituye una limitante para ejercer una verdadera defensa material y técnica, es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, de lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en su conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana critica. La determinación de sí este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada...”. Ya en nuestro caso, los testimonios de los testigos protegidos son de valor decisivo, pues si hacemos uso del método conocido como "supresión hipotética' al suprimirlo en mente nos varía la decisión final. Con estas declaraciones el Tribunal Sentenciador llega a la certeza que mis representados son culpables del delito de Asesinato en perjuicio de German Espinal Duarte y Johon Espinal Pavón, medios de prueba que como ya se explicó son desproporcionales, pues fueron obtenidos en menoscabo a los derechos del imputado. De acuerdo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para poder erigirse en prueba de cargo la declaración del testigo anónimo debe reunir tres concretos requisitos: 1. Que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial en una decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en conflicto. 2. Que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio. 3. Que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. Es inevitable hacer mención de que el Ministerio Público no presentó prueba alguna sobre el móvil del delito, pues según lo establecido en el hecho probado, los acusados actuaron mediante un plan preconcebido. Como lo establece la Corte Suprema de Justicia a través de la jurisprudencia en materia penal, Preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas, pues fuera de los casos de testigos falsos, aun cuando el testigo este convencido de que está diciendo la verdad real sino una subjetiva, como producto de muchas variables que hacen al testigo no solo percibir los hechos de una manera errónea, sino entenderlos, memorizarlos y transmitirlos alejándose de lo ocurrido, lo que hace que su valoración sea uno de los procesos más complejos en la tarea de juzgamiento de todo juez; sin embargo, desafortunadamente es el medio al que recurre el Ministerio Público como más frecuencia para sustentar una acusación y pretender una sentencia condenatoria, cayendo incluso en estadios de abuso, como es el caso que hoy nos ocupa donde se presenta una acción penal basado en un único medio de prueba testifical. Tal como sucede en el presente caso que el Ministerio Público con declaración de dos testigos protegidos quiere sostener una acusación, alejándose de los medios científicos incriminatorias para llegar a un fallo de culpabilidad. En nuestro caso la defensa está en total desventaja, pues con esas declaraciones testificales el Tribunal Sentenciador declara culpable a mi defendido. Situación que crea desventaja en la presente causa, ya que los Juzgadores y las partes no puedan observarlo y en consecuencia hacer un verdadero juicio de credibilidad (objetiva y subjetiva) del testigo, además que el testimonio de dichos testigos deben necesariamente estar apoyado en probanza que acredite lo dicho, en el juicio solamente se presentó prueba referencial, por lo tanto, no hay ningún medio periférico de confirmación. Es así que [os acusados tienen derecho a un proceso con todas las garantías y al haber dictado el Juzgador un dicho fallo condenatorio en esas condiciones y basado exclusivamente en los testimonios de los testigos protegidos e identificados con las claves JPTP-C-0112 y J5, mismos que son muy limitados para esta defensa, se vulnera el derecho de defensa a interrogar testigos consagrados en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal, pues es una garantía reconocida a quienes hayan sido acusados, de examinar los testigos en su contra y a su favor bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su derecho ; -y de presunción de inocencia, en definitiva solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria por el delito de secuestro agravado.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian infringidas: • Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; • Artículos 82 y 89 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: • Violación Al Derecho de Defensa; y • Violación al Estado Material de Inocencia. • Motivo: • La reserva de identidad queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio; y • La Sentencia se basa en la declaración de testigo con identidad reservada; • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se declare con lugar el recurso, se case la sentencia impugnada y se dicte una sentencia absolutoria. La defensora pública expone que la sentencia violenta los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República, que contienen los derechos fundamentales de: derecho a la defensa, derecho al estado material de inocencia. Se violentó el estado de inocencia del acusado Álvarez Benítez, como consecuencia de que su condena se apoya, con valor decisivo, en la declaración de los testigos de identidad reservada Clave JPTP-C-0112 Y J5, condición que impidió realizar un verdadero examen del testigo por posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción en claro desequilibrio procesal.- El recurrente cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias Norin Catriman y otros versus Chile, en la que se prevé que una condena no puede estar fundada únicamente, o en grado decisivo, en declaraciones de testigos con identidad reservada. Del Derecho a la Defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del Tribunal de Sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b. Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c. Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d. Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e. Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarará la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. El Testigo Protegido con Identidad Reservada 1.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al código procesal penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP). Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, pues su participación en el proceso judicial no cae en su ámbito discrecional, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad. 2.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindarle la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP). - Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: a. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y b. Ley de Protección a Testigos, a cargo del director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. - Son medidas de protección está la de no hacer constar en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están las medidas de protección en el proceso penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. 3.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber Estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. No esta demás señalar que la figura del testigo protegido debe de ser usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial los jueces deben hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código Procesal Penal; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. 4.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Entonces puede ocurrir que en casos concretos se presente la dicotomía entre la necesidad de protección de un testigo, ordenando el tribunal de justicia que su identidad se mantenga en reserva y el derecho de defensa que tiene la persona acusada, que incluye conocer la identidad de los testigos a efecto de poder formular las observaciones sobre su personalidad. Por ello, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López, al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La práctica forense determina que pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones igualmente distintas al derecho fundamental a la Defensa: a. Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del código procesal penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia: El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: i. La situación ya abordada sobre la restricción que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y; ii. La imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, “que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce.”. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, obtenida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. b. Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada; introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. En estos casos la introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii.Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: • Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; • Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso (cuando se tomó la prueba anticipada), sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y • Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada de la que se derive la participación del acusado. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i.- Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; y ii.- Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo. Ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo; aspectos deben de ser objeto de pronunciamiento obligatorio por parte del tribunal de justicia, porque ambos tienen repercusión en la valoración de la declaración del testigo. c. Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate (Como en el caso que nos ocupa en este recurso de casación). En este caso la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. Persiste entonces la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. d. Consideraciones Comunes Hasta el momento el tema tratado ha sido la admisión como medio de prueba de un testigo protegido con identidad reservada; toca turno referirse a su legitimidad para sustentar una decisión condenatoria. - Ha advertido la Corte IDH que cuando se presenten los supuestos explicados en el segundo o tercer numeral, la sentencia condenatoria no debe de basarse en grado decisivo en la declaración del testigo con identidad reservada: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). En resumen y conforme la Corte IDH, no es posible que un tribunal de justicia condene a una persona teniendo como base únicamente una declaración de testigo con identidad reservada.- Esto es consecuente con lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal. Este criterio ha sido fijado por la Corte IDH en las sentencias: • Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); • Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); • García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y • Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253) Las Sentencias relacionadas permiten determinar las siguientes máximas, que constituyen aspectos del debido proceso penal: a. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; b. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; c. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; d. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; e. Como consecuencia de lo señalado en el numeral c y d, convencionalmente se ha dispuesto que, si bien es lícito el uso de testigos con identidad reservada, un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración dada por un testigo con este tipo de protección, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración (de todo el conjunto probatorio, la declaración sea la que determine la responsabilidad de la persona acusada), siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho a interrogar en igualdad de condiciones a los testigos de cargo en el proceso penal es de carácter renunciable; por tanto, el silencio de la defensa en cuanto al ejercicio de este derecho puede ser considerado una aceptación de dicha circunstancia; criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. No esta demás recordar que conforme el Control de Convencionalidad, lo señalado por la Corte IDH prima por sobre normativa legal interna del Estado de Honduras y doctrina legal proferida por la propia Corte Suprema de Justicia a través de sus distintas Salas.- Recordemos que se debe de entender por control de convencionalidad señalado por la propia Corte IDH, en una sentencia en donde precisamente se condenó al Estado de Honduras por su inobservancia: “307.- … la Corte recuerda que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”. Sobre la obligatoria observancia del control de convencionalidad ha indicado la Corte Suprema de Justicia por conducto de la Sala de lo Constitucional: “…la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catálogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié el catálogo de derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad” de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.”. En conclusión: el criterio fijado por la Corte IDH sobre los testigos con identidad reservada, la participación de la defensa en su examen, su valoración y cuando el pronunciamiento condenatorio es admisible basado únicamente en la declaración de esta clase de testigos, es de obligatoria consideración de la propia Corte Suprema de Justicia y de todo órgano jurisdiccional con competencia en materia penal. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso plantado por la Defensa Pública es en referencia al alegato de violación al Derecho de Defensa y como consecuencia al Estado Material de Inocencia, bajos dos argumentos: 1.- La Defensa Pública, plantea una razón de la interposición del presente recurso, al considerar que se vio limitada a ejercer el contradictorio por la reserva de identidad de los testigos protegidos; La Sala al examen, corrobora que; El proceso penal que nos ocupa dio inicio mediante la presentación del requerimiento fiscal en fecha 22 de diciembre de 2016, imputados los señores Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez por la comisión como autor de dos delitos de asesinato consumado en perjuicio de los Señores German Espinal Duarte y Johon Espinal Pavón.- Al requerimiento fiscal se acompañó la documentación de fundamento, entre ellos la solicitud para que se tomara la declaración del testigo protegido JPTP-C0112, con la formalidades de prueba anticipada, explicando los supuestos legitimadores de dicha solicitud: En la misma fecha se tomó las declaraciones bajo protocolo de prueba anticipada del testigo protegido JPTP-C 0112C (f.27), en presencia de la defensa Publica quien tuvo un turno para interrogar al Testigo: La audiencia inicial fue celebrada en fecha 27 de diciembre de 2016 (F.40), en donde el agente fiscal propuso la declaración del testigo con identidad reservada J-5, quien compareció y declaro en dicha audiencia; (f. 40 v), nuevamente la Defensa Publica pudo ejercer el contradictorio al concedérsele un turno para interrogar al testigo protegido; Finalmente, el proceso penal llegó a la audiencia de debate en fecha 6 de diciembre de 2018, donde ambos testigos y a pesar de haber sido tomado uno de ellos con las formalidades de prueba anticipada ( testigo JPTP-C0112), ambos se hicieron presentes a la audiencia de Juicio oral y público a rendir sus respectivas declaraciones, nuevamente la Defensa Pública, tuvo el uso a la palabra e interrogo a ambos testigos; Por lo que la Defensa Pública, no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad de los testigos, en ninguna etapa del proceso hasta su culminación.- 2.- La Defensa Pública, plantea como otro argumento en la interposición del recurso de casación, la violación al ejercicio de la defensa y al Estado material de Inocencia, como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria en donde los jueces indican que la certeza de culpabilidad descansa en las declaraciones de los testigos protegidos con reserva de identidad JPTP-C0112 y J-5; Por tanto, colige la Sala de lo Penal que el alegato de la violación al derecho de defensa y al Estado Material de Inocencia es improcedente; Primero el argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia., sin embargo La Sala al estudio de la causa, y limitada a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues las declaraciones de los testigos con reserva de identidad JPTP-C0112 y J-5; se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación de los acusados con éste, como ser; i.- las declaraciones testificales de los agentes de policía Cristhian Jonathan Cortes y el agente de investigación Anyelo José Sagastume Euceda. ii.- Prueba documental consistente en acta de levantamiento de cadáver número 1909-2016; acta de registro persona y acta de decomiso y secuestro; iii- Prueba Pericial: Dictámenes de autopsia de ambas víctimas, Dictamen de extracción telefónica número 0501-2017-00252, que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia, respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que las declaraciones de los testigos protegidos sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Razones suficientes para desestimar el presente recurso. Decisión: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal de los acusados Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez, como autores de dos delitos de asesinato (Art. 117 VP 144-83) en perjuicio de German Espinal Duarte y Johon Espinal Pavón, la pena de 21 años de reclusión por cada delito de asesinato haciendo un total de 42 años de reclusión por cada acusado, más las penas accesorias correspondientes, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y demás consecuencias legales por la condena, como consecuencia de ser responsable de un delito de asesinato consumado. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, las acciones de los ahora acusados deben ser consideradas como un concurso real; El delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193, con una pena principal de 20 a 25 años de prisión; al tratarse de dos delito de asesinatos en concurso real, al realizar la suma de pena abstracta esta oscilaría de 40 a 50 años de prisión; Al hacer el comparativo entre las penas que fueron impuestas a los acusados Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez conforme al Código Penal derogado (144-83) y la que podría imponerse conforme al nuevo Código Penal decreto 130-2017, se concluye que la pena impuesta con la legislación derogada se encuentra dentro del margen de la pena establecida conforme la nueva legislación penal; por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto legislativo 130-2017; además debe considerarse de que conforme al límite objetivo extraordinario, el Código Penal decreto 144-83 contiene un límite de penas acumuladas de 30 años y en el caso de la nueva legislación penal (Decreto 130-2017) las penas acumuladas es de 40 años, por tanto, bajo ninguna perspectiva le beneficia al ahora acusado la aplicación de la nueva legislación penal. No siendo procedente su aplicación retroactiva. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el único motivo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Delmer Adalid Romero López y Nahum Eli Sánchez Márquez. Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve (f. 300), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiséis días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-545-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL.”