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Sentencia CP-54-20 — Registro 16041
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia que lo condena por los delitos de Corte o Aprovechamiento Ilegal de Productos Forestales o Sub-Productos Forestales no Comerciales y por el delito de daños
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal ha establecido que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso presente, conforme se describe en el apartado de los hechos probados de la sentencia impugnada, cabe apreciar que el bien inmueble cuya afectación fue causada por el señor Juan Ramón Rodríguez Gómez, estaba bajo su posesión, no acredita el fáctum de la sentencia que dicho bien pertenecía a otra persona sea natural o jurídica, que permitiese realizar el ejercicio de subsunción respecto del elemento típico del delito de daños que establece que el bien inmueble sea de ajena pertenencia. Es de tener presente que, según la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (artículo 1), la propiedad forestal puede ser estatal o privada, por ello es necesario definir si los bienes que reciben fuerza física del sujeto activo y que implican su deterioro, son del Estado, de un particular o del propio sujeto activo. Este último supuesto es el aplicable en el presente caso, lo que como bien arguye el recurrente, implica la insuficiencia fáctica para reconducir razonablemente al delito de daños por no concurrir el elemento típico de ajenidad que exige el tipo penal imputado. El hecho probado único de la sentencia no establece que en dicha quebrada se formara un nacimiento de agua como para considerar que el Estado de Honduras goza del dominio de treinta (30) metros de terreno alrededor de dicho nacimiento, de conformidad con la ley general de aguas; tampoco nos dice el fáctum si hubo un tercero afectado por la acción que realizó el acusado, como para considerar la aplicación del delito de daños o de usurpación de aguas contenidos respectivamente en los artículos 254 y 230 del Código Penal. Asimismo, el hecho probado de la sentencia no es suficiente para mantener el pronunciamiento condenatorio por el tipo penal de corte o aprovechamiento ilegal de productos o sub productos forestales no comerciales, pues si bien establece que el acusado no tenía los permisos correspondientes otorgados por el Estado de Honduras para llevar a cabo el corte de los productos forestales, no establece que los cortes se hayan realizado con la finalidad de obtener un lucro comercial como exige la construcción del tipo penal contenido en el artículo 172de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Medio ambiente. Es por ello que, al faltar la conformación de este elemento objetivo del tipo penal reprochado en la base fáctica de la sentencia, corresponde declara el pronunciamiento absolutorio total de la acusación y no parcial como lo estableció la mayorí...."
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-54-2020 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 54-2020 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Juan Ramón Rodríguez Gómez, por los delitos de Corte o Aprovechamiento Ilegal de Productos Forestales o Sub-Productos Forestales no Comerciales, a una pena de tres (03) años de reclusión; y por el delito de daños, a una pena de tres (03) años de reclusión, en concurso real de delitos, en perjuicio del Medio Ambiente en General y de la Sub cuenca de Tatumbla, a las que se le ha de computar el tiempo en que el imputado ha estado en efectiva prisión por el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, y la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el juez de ejecución determine. Segundo: Condenó al señor Juan Ramón Rodríguez Gómez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Juan Ramón Rodríguez Gómez. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, al señor Juan Ramón Rodríguez Gómez. Quinto: No decretó comiso alguno. Son partes en única instancia: El Abogado Carlos René Reyes Saa, defensor privado de Juan Ramón Rodríguez Gómez, como recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Esta Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, valorando las pruebas practicadas en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana critica, declara probado el siguiente hecho: UNICO: En fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil catorce (2014), en una propiedad que estaba en posesión el señor JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ, ubicada en el lugar conocido como Ocote Arrancado, carretera que conduce a la aldea La Lima, del Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, de aproximadamente dos manzanas de extensión, este procedió con el uso de un tractor que era conducido por una persona que el señor JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ, había contratado, a derribar un aproximado de quine arboles entre pinos y eucaliptos, en diferentes periodos de tiempo; asimismo removió el suelo de dicho sitio para nivelarlo ya que este tenía una pendiente de 32 grados, posteriormente con el mismo equipo pesado lanzó toda la tierra removida, rocas, arboles, raíces al caudal de una quebrada de invierno que pasa dentro de dicho terreno; lo que obstruyó el caudal de esta y produjo la perdida de la capacidad de almacenamiento de agua, todo esto sin contar el señor JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ, con los permisos correspondientes de ninguna autoridad del Estado de Hondura para este fin.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOSY ARGUMENTOS. La parte recurrente, Abogado Carlos René Reyes Saa, defensor privado de Juan Ramón Rodríguez Gómez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 254 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código procesal Penal La honorable Sala de lo Penal, cuando se interpone esta clase de recursos por Infracción de Ley, ha establecido lo siguiente: “Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de ley o Doctrina Legal. 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado los hechos siguientes: UNICO: En fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil catorce (2014), en una propiedad que estaba en posesión el señor JUAN RAMON RODRIGUEZ GOMEZ, ubicada en el lugar conocido como Ocote Arrancado, carretera que conduce a la aldea La Lima, del Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, de aproximadamente dos manzanas de extensión, éste procedió con el uso de un tractos, que era conducido por una persona que el señor JUAN RAMON RODRIGUEZ GOMEZ, había contratado, a derribar aproximadamente de quiné Árboles entre pinos y eucaliptos, en diferentes periodos de tiempo; así mismo removió el suelo de dicho sitio para nivelarlo, ya que ese tenía un pendiente de 32 grados; posteriormente con el mismo equipo pesado lanzó toda la tierra removida, rocas, árboles, raíces al caudal de una quebrada de invierno que pasa dentro de dicho terreno, lo que obstruyó el caudal de esta y produjo la pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua, todo esto sin contar el señor JUAN RAMON RODRIGUEZ GOMEZ, con el permiso correspondiente de ninguna autoridad del Estado de Honduras para este fin. El Artículo 254 del Código Penal dice lo siguiente: "se impondrá reclusión de tres (3) a cinco (5) años a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo deteriore cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, siempre que el hecho no constituya un delito de los previstos en el capítulo siguiente... En el Hecho declarado como probado resalta el Hecho "en una propiedad que estaba en posesión del señor Juan Ramón Rodríguez Gómez," sobre este aspecto no quedó duda alguna pues se acreditó en juicio mediante escritura pública número 298, que mi defendido es el dueño de dicho terreno, por lo tanto si hacemos una revisión a los elementos del tipo penal de Daños, este es claro en establecer que para que se el mismo, la condición sine qua non, es que el bien que se afecte "sea de Ajena Pertenencia" y en este caso el bien inmueble donde supuestamente se causó el supuesto daño, es propiedad de mi defendido, por lo tanto existe una aplicación indebida del artículo 254 del Código penal. Se pide que se declare con lugar este motivo de casación y se absuelva a mi defendido del supuesto delito de Daños, por no darse los elementos del Tipo Penal. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: “Adolecer la sentencia proferida de motivación fáctica insuficiente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que establece: "Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Critica. Tal y como lo referimos en el primer motivo del presente recurso, el Artículo 141 del Código Procesal Penal establece que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. De igual forma, El artículo 338, regla cuarta, numeral 3), del Código Procesal Penal, establece: "Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: ... CUARTA: '... 3. Fundamentación Jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas y otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados...", partiendo de esta disposición legal, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a darle respuesta a todas las cuestiones debatidas en el juicio, debiendo motivar su decisión, por ende su fallo debe ser congruente con la acusación, pues al no pronunciarse respecto a una de esas cuestiones estaríamos ante una incongruencia omisiva, que consiste en la ausencia de pronunciamiento, en el fallo de alguna de las cuestiones que constituyeron objeto de debate. De conformidad a lo que prescribe el articulo 141 párrafos segundo y tercero del Código Procesal Penal, las sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; y que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución: y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; todo ello en relación con lo prescrito en los numerales 2 y 3 regla cuarta del artículo 338 de la misma Ley Adjetiva. En el artículo 338 del Código Procesal Penal, se establecen los requisitos de la sentencia; entre ellos lo que consigna la regla cuarta numerales 2 y 3, que establecen: 2) Valoración de la Prueba: Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. 3) Fundamentación jurídica: En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubieren tenido para cada uno de los procesados, de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal. En relación a la obligatoriedad que tienen los Jueces de motivar adecuadamente sus fallos y de valorar como corresponde la prueba, es imprescindible para el juzgador, que las conclusiones a las que arribe, sea el fruto racional del conjunto de las pruebas que se hayan incorporado al proceso, sin afectar en cada razonamiento, el principio lógico de razón suficiente o de la derivación, el cual le exige al sentenciador que la prueba en que funde la decisión, solo permita llegar a una única conclusión y no a otra distinta, lo anterior significa que el Juzgador en el momento de fallar y establecer su cuadro fáctico, debe hacerlo de tal forma que su decisión sea concordante su cuadro fáctico con la prueba ejecutada, para sustentar adecuadamente el fundamento de su fallo o sentencia y no en su convencimiento personal, debiendo hacerlo en una forma razonada o motivada aplicando por supuesto las normas que rectoran la Sana Crítica Racional; es decir, su convencimiento debe ser el fruto extraído del conjunto de pruebas aportadas y debatidas en juicio, analizadas en forma armónica, objetiva y científicamente de conformidad a derecho, sin dejar por fuera o sin dejar de considerar la totalidad de las pruebas allegadas al proceso, dándole el valor que le corresponde a cada medio o elemento, explicando porque un medio de prueba le merece fe y porque a otro le resta credibilidad; estándole prohibido hacer razonamientos a su arbitrio sin apoyarse o sustentarse en la prueba que justifique su decisión, tal ocurre en la causa que nos ocupa, en donde el sentenciador a declarado culpable del delito de Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos. En el caso sub judice el Tribunal de Sentencia se limitó a describir que el Ministerio Público, ofertó como pruebas Documentales los siguientes; 2.1 Acta de Inspección Ocular; 2.2 Informe UTISA-14-PGR-de la Unidad Técnica de la Dirección del medio Ambiente, 2.3 Oficio No. SG-508-2016 (folio 453); 2.4 Nota emitida por la Alcaldía del Municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, 2.5 Certificación de la cámara de Comercio; sigue describiendo el Tribunal que el Ministerio Público, ofertó como medios periciales los siguientes: 4.1 Dictamen UTA-FEMA-1123-2014; 4.2 Dictamen STA-FEMA-127-2016, 4.3 Peritaje STA-FEMA número 129-2016, 4.4 Dictamen STA-FEMA-003-2017, 4.4 Dictamen Técnico del ICF, y de igual manera sigue manifestando que la defensa presentó una serie de medios de prueba documentales y testificales, donde hace una fundamentación descriptiva de la prueba, sin embargo no hace la fundamentación intelectiva de la misma, ya que solo describe los medios de prueba documentales que se presentaron al debate, pero no establece que valor le merecen los mismos, (la fundamentación intelectiva de la misma) incurriendo en un falta de motivación que invalida el fallo por ellos dado. Sin embargo, en ningún apartado de la sentencia manifiesta que valor le otorga al mismo, incurriendo en una falta de motivación, pues no realiza la motivación intelectiva de la prueba, solo la descriptiva. Los argumentos antes señalados nos conducen a afirmar que en el caso subjudice, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el juzgador y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al haber omitido señalar cuál es la apreciación de las mismas, el por qué considera que la defensa no aportó suficiente prueba, porque dice que no es suficiente, las razones o motivos que lo llevaron a esa errada conclusión sobre cada una de las pruebas introducidas al debate, así como si las mismas lo conducen al hecho investigado, ya sea estableciendo una conclusión afirmativa o negativa, limitándose a realizar un resumen meramente descriptivo de la probanza incorporada… En lo que respecta a la motivación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido: "Que en el ámbito del Derecho Procesal la motivación puede ser definida como: "la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión." Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de «racionalización» de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a fa evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. Una motivación lógica de la sentencia debe responder entre otras características a las que demanda la coherencia, de ahí que la motivación deberá estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, y para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas, b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contradictorios que se anulen entre sí, y c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones respectivas” De lo antes expresado, es evidente que el sentenciador ha incurrido en el vicio in procedendo que se alega, por lo que el presente motivo del recurso de casación debe ser declarado admisible. Hacemos la aclaración que no habíamos hecho el reclamo previo porque el mismo se da en la redacción de la sentencia.” “SEGUNDO MOTIVO: "Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica Contradictoria". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso subjudice, se hace patente la motivación Jurídica Contradictoria en la que incurrió el juzgador, la cual se ve reflejada en la fundamentación jurídica del presente fallo, al entrar en contradicciones irreconciliables, que llevan consigo la anulación del fallo, al determinar por qué nuestro representado es culpable de los delitos de Daños, estableciendo lo siguiente en la sentencia impugnada, en el acápite de Fundamentación Jurídica, en su página 22, " En cuanto al delito de Daños los mismos están regulados en el capítulo X de los delitos Contra la Propiedad, del Código Penal, en los articulo siguientes: Articulo 254.-se impondrá reclusión de tres (3) a cinco (5) años a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo deteriore cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, siempre que el hecho no constituya un delito de los previstos en el capítulo siguiente .... Artículo 255.-Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años quien cause alguno de los daños a que se refiere de los daños del artículo anterior: 1.-, 2.- 3.- 4.- 5, 6, 7 8.- ... En este caso también se conocerá en su tipo básico y no agravado, siendo que la acusación pública, buscó indexar las agravantes de una ley especial como es la Ley Forestal, al articulado del Código Penal, es decir de una Ley especial a una general, situación que los miembros del Tribunal de Sentencia, por unanimidad estimaron que no era procedente" Se deriva de dicha Fundamentación Jurídica, que el Tribunal dice que no puede aplicar las agravantes del artículo 25 del Código Penal, ley General, por existir una Ley Especial como lo es la Ley Forestal, que no se puede indexar la Ley Especial a la ley General, sin embargo el Tribunal si hace la indexación de la Ley Especial, Ley Forestal a la General, Código Penal, al aplicar el artículo 254 del Código Penal, que regula el delito de daño, en otras palabras el Tribunal si puede aplicar el artículo 254 de daños pero no puede aplicar el artículo 255, que contiene las agravantes, lo que implica una clara y abierta contradicción en su fundamentación Jurídica, pues no debió aplicar tampoco el artículo 254 del Código Penal, por estar en las mismas condiciones del artículo 255. Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas - condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes o contradictorias. En virtud de lo anterior solicitamos se declare procedente el presente motivo anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado Carlos René Reyes Saa, defensor privado de Juan Ramón Rodríguez Gómez. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: artículo 254 del Código Penal. Concepto de la infracción: aplicación indebida del tipo penal de daños. Pretensión: declarar con lugar el motivo de casación y absolver al acusado del delito de daños. Arguye el recurrente que el señor Juan Ramón Rodríguez Gómez, es el dueño del terreno sobre el cual el sentenciador consideró recayó el daño, razón por la cual, no se cumple con el elemento objetivo de que “el bien inmueble sea de ajena pertenencia”. Por ello concluye que existe aplicación indebida del artículo 254 del Código Penal. Del delito de daños. El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: Ius Utendi (posesión), Ius Fruendi (usufructo) y, Ius Abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de daños, definido en los artículos 254 y 255 del Código Penal, los cuales indican que “Se impondrá reclusión de tres (3) a cinco (5) años a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o, de cualquier modo, deteriore cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, siempre que el hecho no constituya un delito de los previstos en el capítulo siguiente. La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.”. “Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años quien cause alguno de los daños a que se refiere el artículo anterior: 1) Con el propósito del libre ejercicio de la autoridad o en venganza por sus determinaciones, bien sea que el delito se cometa contra funcionarios o empleados públicos o bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la aplicación de las leyes; 2) Por cualquier medio que produzca infección o contagio en animales o plantas; 3) Empleando sustancias venenosas, corrosivas, explosivas o inflamables; 4) En cuadrilla o en despoblado; 5) Sobre objeto de interés científico, histórico, asistencial, educativo, cultural o artístico, o en laboratorios, archivos, bibliotecas, museos, monumentos o sobre bien de utilidad social; 6) Sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, en puentes, canales, parques, paseos u otros bienes del Estado o bienes nacionales de uso público; 7) Mediante la destrucción de bienes en perjuicio de un acreedor; y, 8) Destruyendo bosques o grandes plantaciones. Los daños culposos se sancionarán con una pena igual a la mitad de la correspondiente al daño doloso. Si el autor hubiese cometido el hecho como consecuencia de haber consumido alcohol o drogas, se castigará con las dos terceras (2/3) partes de la pena aplicable al correspondiente daño doloso.” Así las cosas, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto activo: cualquier persona a excepción del titular del derecho real; 2. Sujeto pasivo: cualquier persona que esté en el uso, goce o dominio del objeto del delito; 3. Objeto material del delito: es el “cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia”, entendiéndose por “ajeno” que ese bien mueble o animal no le es propio al sujeto activo, ni tampoco es objeto de accesión u ocupación en los términos de los artículos 634 y 660 del Código Civil respectivamente; 4. Conducta criminosa: es la de destruir, inutilizar, desaparecer o, de cualquier modo, deteriorar cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, ya sea directamente o a través de un tercero que cumple la función de instrumento; 5. Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, está prevista de infinidad de formas por las cuales el sujeto activo ejerce fuerza física sobre la cosa que tiene por efecto el daño. Por otra parte, constituye el elemento subjetivo del tipo el dolo, conformado por el conocimiento del autor de que la cosa objeto de su acción, es total o parcialmente ajena, y de que su actividad la destruye, la inutiliza, la hace desaparecer o la dañar (animus nocendi); Entonces son las características del tipo penal de daños: 1. Según su estructura: i) Tipo penal complejo al describir varios modelos de comportamiento (destruir, inutilizar, desaparecer o dañar); 2. Según su contenido: i) Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante la acción del sujeto activo que recae sobre el bien mueble o inmueble; ii) Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; 3. Según el sujeto activo: i) Unisubjetivo, al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo penal común, ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; y, 4. Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo Penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la propiedad de los bienes; ii) Tipo penal de lesión, al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. La Sala de lo Penal ha establecido que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso presente, conforme se describe en el apartado de los hechos probados de la sentencia impugnada, cabe apreciar que el bien inmueble cuya afectación fue causada por el señor Juan Ramón Rodríguez Gómez, estaba bajo su posesión, no acredita el fáctum de la sentencia que dicho bien pertenecía a otra persona sea natural o jurídica, que permitiese realizar el ejercicio de subsunción respecto del elemento típico del delito de daños que establece que el bien inmueble sea de ajena pertenencia. Es de tener presente que, según la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (artículo 1), la propiedad forestal puede ser estatal o privada, por ello es necesario definir si los bienes que reciben fuerza física del sujeto activo y que implican su deterioro, son del Estado, de un particular o del propio sujeto activo. Este último supuesto es el aplicable en el presente caso, lo que como bien arguye el recurrente, implica la insuficiencia fáctica para reconducir razonablemente al delito de daños por no concurrir el elemento típico de ajenidad que exige el tipo penal imputado. El hecho probado único de la sentencia no establece que en dicha quebrada se formara un nacimiento de agua como para considerar que el Estado de Honduras goza del dominio de treinta (30) metros de terreno alrededor de dicho nacimiento, de conformidad con la ley general de aguas; tampoco nos dice el fáctum si hubo un tercero afectado por la acción que realizó el acusado, como para considerar la aplicación del delito de daños o de usurpación de aguas contenidos respectivamente en los artículos 254 y 230 del Código Penal. Asimismo, el hecho probado de la sentencia no es suficiente para mantener el pronunciamiento condenatorio por el tipo penal de corte o aprovechamiento ilegal de productos o sub productos forestales no comerciales, pues si bien establece que el acusado no tenía los permisos correspondientes otorgados por el Estado de Honduras para llevar a cabo el corte de los productos forestales, no establece que los cortes se hayan realizado con la finalidad de obtener un lucro comercial como exige la construcción del tipo penal contenido en el artículo 172de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Medio ambiente. Es por ello que, al faltar la conformación de este elemento objetivo del tipo penal reprochado en la base fáctica de la sentencia, corresponde declara el pronunciamiento absolutorio total de la acusación y no parcial como lo estableció la mayoría. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del CPP), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de CPP); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado Carlos René Reyes Saa, defensor privado de Juan Ramón Rodríguez Gómez. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 141 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: motivación fáctica insuficiente. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto de la sentencia. Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. El recurrente arguye que en el caso sub judice el tribunal de sentencia se limitó a describir la prueba ofertada por el Ministerio Público y la defensa, sin embargo, solo hace fundamentación descriptiva de la prueba y no hace ninguna fundamentación intelectiva, incurriendo en falta de motivación que invalida el fallo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado Carlos René Reyes Saa, defensor privado de Juan Ramón Rodríguez Gómez. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. Concepto de la infracción: adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica contradictoria. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en la sentencia. Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. Arguye el recurrente el vicio de motivación jurídica contradictoria porque el sentenciador expresó en su sentencia que no podía aplicar las agravantes del artículo 25 del Código Penal al tipo penal contemplado en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, por considerar que no se puede indexar la ley especial a la ley general; sin embargo, considera el recurrente que sí hace la indexación del artículo 254 del Código Penal, que regula el delito de daños, pero no aplica las agravantes contempladas en el artículo 255 del Código Penal, lo que implica una clara y abierta contradicción en la fundamentación jurídica. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMEINTO DE FORMA. EL RECURSO NO ES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO EN SUS DOS MOTIVOS. Al haber prosperado el recurso de casación por infracción de ley, y por los efectos jurídicos que conlleva, se exime el pronunciamiento del recurso de casación por quebrantamiento de forma. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Carlos Rene Reyes Saa, defensor privado de Juan Ramon Rodriguez Gomez. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal; 616 del Código Penal 130-2017; FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Carlos René Reyes Saa, en su condición de defensor privado del señor Juan Ramón Rodríguez Gómez; en consecuencia, casa la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019), revocando la misma, el cual deberá leerse en los siguientes términos: “PRIMERO: Que debemos absolver y absolvemos al señor Juan Ramon Rodriguez Gomez, por suponerlo responsable a título de autor de un delito de daños, en perjuicio de la Subcuenca de Tatumbla, por el que venia siendo acusado; así mismo, que debemos absolver y absolvemos al señor Juan Ramon Rodriguez Gomez, por el delito de Corte o Aprovechamiento Ilegal de Productos Forestales no Comerciales, en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras, por el que venía siendo acusado; revocando en consecuencia todas las medidas cautelares impuestas al señor Juan Ramon Rodriguez Gomez, con ocasión del presente proceso. SEGUNDO: Sin costas. TERCERO: No se decreta comiso.”. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaria del Despacho, después de notificar en legal y debido forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimento. NOTIFÍQUESE. - Firma y Sello. - Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrada. - Firma y Sello. - JOSE RAMON CRUZ FERRERA. SECRETARIO. SALA DE LO PENAL”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el siete de marzo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-54-2020.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO
SALA DE LO PENAL
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