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Sentencia CP-54-19 — Registro 17592

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de Violencia Intrafamiliar, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación. La Sala de lo Penal encuentra primero que el Censor identifica como vicio la calificación jurídica pero luego señala que éste se encuentra en la valoración de la prueba; declaraciones en cuanto al motivo que hacen que el recurso pierda claridad. En el desarrollo del argumento el Censor expuso su disconformidad en cuanto a que el tribunal de sentencia declare la falta de acreditación de que el acusado tuvo la intención de privar de la vida a la ofendida (Animus Necandi).- Para el Censor la prueba es suficiente para acreditar este hecho y que por ello es que declara que fue erróneamente valorada. En resumen, el Censor presenta recurso al no estar de acuerdo con la valoración de la prueba hecha por el tribunal de sentencia y es esto lo que identifica como una violación a la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal se encuentra con un nuevo recurso de casación por quebrantamiento interpuesto por el Ministerio Público, en donde denuncia la violación del principio lógico de derivación, que integra la sana critica, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formuladas en la acusación, pues considera que de la valoración de la prueba se desprende la responsabilidad del acusado por un delito distinto por el cual fue condenado.- Como en muchos otros recursos el Agente Fiscal comparte sus conclusiones valorativas de las piezas probatorias y señala que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. Sobre esta deficiente técnica recursiva este Ad-Quem tiene un harto registro de sentencias dando respuesta al Ministerio Público sobre idénticos recursos planteados, por sin que ello haya motivado aun a que los agentes fiscales corrijan el cómo deben de plantear el recurso extraordinario de casación.- Es éste otro caso donde los agentes fiscales, desperdiciando recursos económicos de los contribuyentes, someten a consideración una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permite proceder a un estudio de fondo, con grave daño a la justicia. A lo largo de los últimos once años la Sala de lo Penal ha emitido un mínimo de 48 sentencias mediante las cuales se resuelven múltiples recursos interpuestos por el Ministerio Público, todos ellos usando la misma técnica recursiva ineficaz y como consecuencia obteniendo la misma respuesta de parte de este Ad-Quem; se trata de recursos de casación por quebrantamiento de forma oponiendo como motivo la violación de las reglas a la sana critica, identificando como principio lógico vulnerado el de derivación, pero teniendo como desarrollo argumentativo la protesta por no haberse valorado los medios de prueba por parte del tribunal de sentencia en el mismo sentido pretendido por el Ministerio Público.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (Art. 5 y 15), y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Art. 6,9 y 14), Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer y cumplir la ley (Art. 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta, la llamada prohibición por analogía). Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Casos en que no Procede la Ponderación de Norma Penal más Favorable El nuevo código penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. - Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (art. 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (art. 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (art. 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y d. Responsabilidad civil derivada del delito (art. 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. Ponderación En Procesos Penales Activos Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). La ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar, revisión de medidas cautelares, en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio o en cualquier etapa previa al momento del juzgamiento, salvo los casos de atipicidad como ya se ha apuntado. Reglas Generales de Ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. - Dichas reglas generales son: a. Proceso Contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento esta hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b. Prohibición de Fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); d. Extinción de la Pena por Cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza y/o penas concursadas; e. Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f. Penas Privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); g. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada Salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); e i. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas Particulares de Ponderación: Penas Concursadas y Penas no Concursadas A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite Subjetivo, ii. Limite Objetivo Ordinario y iii. Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera Instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o b. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o ii. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente ademásel resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Concurso Medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Procedimiento de Ponderación de Sentencias Condenatorias en Única Instancia La Sala de lo Penal que conozca del recurso de casación en contra de una sentencia condenatoria dictada por los tribunales de sentencia, procederán primero a resolver el recurso y luego, de persistir el pronunciamiento condenatorio, procederán en todos los casos a realizar la ponderación de la norma penal sustantiva más favorable. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente ninguna de las partes ha presentado petición supletoria sobre la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que la Sala de lo Penal procede a realizar la ponderación de la norma más favorable de manera oficiosa, siguiendo las reglas ya explicadas Ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia y conforme los dictados del artículo 179-B del código penal 144-83, se dispuso condenar al acusado por el delito de violencia intrafamiliar, imponiéndole como consecuencia penal: Pena Principal de reclusión por 2 años con 6 meses; Penas accesorias de Inhabilitación especial e interdicción civil; Consecuencia penal de declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. A la fecha de juzgamiento las normas en que el tribunal de sentencia funda su decisión están derogadas como consecuencia de la puesta en vigencia del código penal 130-2017, mismo que en su Libro II, Título V, regula los delitos en contra de la mujer, entre ellos el delito de Violencia contra la Mujer, tipificado en el artículo 209, relacionado con los artículos 210 y 51 del mismo código.- Normas que deben ser aplicadas a la luz del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para), y 5 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Conforme los hechos probados y de aplicarse la nueva codificación penal para sancionar los hechos realizados por el acusado Hernan Antonio Erazo Alvarez, correspondería a éste imponerle las penas como autor de un delito consumado de violencia contra la mujer agravado (Art. 209 numerales 2 y 3), siendo las mismas: i.- Pena principal de prisión de 04 años a 06 años con 08 meses; ii.- Pena principal de multa de 300 días a 500 días, o de prestación de servicios de utilidad a favor de la víctima o a favor de la comunidad por el mismo tiempo que el señalado para la pena de prisión; iii.- Pena principal consistente en la imposición de una o varias de las prohibiciones previstas en el artículo 51 del código penal, por un plazo de hasta 10 años cuando las demás penas principales individualizadas fuesen graves, o de hasta 05 años cuando las demás penas principales individualizadas fuesen menos graves; iv.- pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, custodia, tutela o curatela si la pena de prisión individualizada fuese menor de cinco años o inhabilitación absoluta si la pena de prisión individualizada fuese igual o mayor a cinco años. La comparativa de las penas señaladas en la codificación vigente al momentos de los hechos y la vigente al momento del juzgamiento, arroja como conclusión que el código penal 144-83, contiene normas más beneficiosas que las que contempla el código penal 130-2017, por lo que en el presente caso no corresponde aplicar este último de forma retroactiva, siendo el principio de identidad el que debe de ser observado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-54-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 54-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Hernán Antonio Erazo Álvarez, por el delito de Violencia Intrafamiliar, en perjuicio de Daniela Julieth Cañada Rodríguez, a la pena de dos años y seis meses de reclusión. Segundo: Condenó al señor Hernán Antonio Erazo Álvarez, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Declaró al señor Hernán Antonio Erazo Álvarez, responsable civilmente. Cuarto: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: Las Abogadas Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente, y, los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores Públicos del señor Hernán Antonio Erazo Álvarez, como parte recurrida. Hechos Probados De La Instancia Primero: El día 3 de mayo del año 2015, siendo aproximadamente la una de la mañana la señora Daniela Julieth Cañada Rodriguez, después de cerrar unos billares ubicados en el barrio Las Arenas de esta ciudad, se trasladó a su vivienda ubicada frente a dicho negocio; percatándose que la puerta de su casa estaba abierta, y en la acera de la misma ingerido de bebidas alcohólicas su pareja Hernan Antonio Erazo. Segundo: De inmediato Daniela Julieth le reclamo a Hernan Antonio por su infidelidad, iniciándose una discusión en presencia de uno de los menores hijos de la señora Cañada, dando provocándole Hernan múltiples agresiones a Daniela en cara, cuello, brazos y manos. Tercero: Encontrándose Daniela debajo de Hernán, en la calle frente a su vivienda sosteniéndola del cuello, pidió auxilio a sus vecinos saliendo en su apoyo el joven Kevin, quien con un foco de mano alumbro el sitio identificado a Hernan y a Daniela, momento en que el señor Erazo se marchó del lugar; posteriormente Daniela interpuso la denuncia ante las autoridades correspondientes en contra de Hernán Antonio Erazo. Cuarto: Según dictamen forense de evaluación de expediente clínico y física practicada a Daniela Julieth Cañada Rodriguez, resultó con heridas modificadas con puntos de sutura y no modificadas, en cara, manos y muslo derecho, compatibles con las producidas por el objeto cortante, excoriaciones en cabeza, cara, cuello, clavícula izquierda y pierna derecha, y equimosis y aumento de volumen alrededor del ojo derecho, compatible con las producidas por cuerpo u objeto romo; no hubo peligro de muerte; con incapacidad temporal de 7 de días a partir de la fecha del hecho. Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Único Motivo: Inobservancia de las reglas de la Sana Critica en la valoración de la prueba. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: En la causa de mérito el Ministerio Público ha venido sosteniendo acusación contra el señor Hernan Antonio Erazo, por considerar que los hechos investigados se enmarcan dentro del tipo penal de Parricidio En Su Grado De Ejecución De Tentativa, y bajo esta pretensión presentó prueba útil, idónea y suficiente en el juicio oral y público llevado a cabo en la causa que nos ocupa. Por su parte, de la valoración de esa prueba, el Juzgador consideró dictar un fallo condenatorio por un delito de Violencia Intrafamiliar e impone una pena de reclusión de dos (2) años, seis (6); al estimar que la prueba aportada por la parte acusadora, no ha sido suficiente para acreditar la existencia de un móvil, razón o motivo de que se pueda inferir la intención de dar muerte a su compañera de hogar Daniela Julieth Cañada Rodriguez. Asimismo, refiere el juzgador que en el presente caso no se puede inferir certeramente que la intención de causar la muerte a la ofendida, pues no se puede acreditar la concurrencia de los requisitos del artículo 15 de Código Penal, es decir se establezca que tenía la intención de cometer un delito determinado (en el presente caso el delito de Parricidio). Sobre esta conclusión respecto a la calificación jurídica del hecho estimada por el Sentenciador, es donde radica nuestro reproche recursivo, por cuanto si bien es cierto que éste coincide con la acusación, en cuanto a· que la prueba evacuada es útil, idónea y suficiente para arribar a la certeza de que la señora Daniela Yuliet Canales Rodriguez fue objeto de una agresión provocada por el encausado mediante la cual utilizo un arma blanca que le provoco 22 heridas en su cuerpo ubicadas en cara, manos y muslo derecho las cuales fueron modificadas mediante sutura y presento múltiples excoriaciones. Considera este ente fiscal que la prueba ofertada fue erróneamente valorada, por cuanto de haberlo sido correctamente, sin duda alguna la sentencia condenatoria hubiese sido dictada por el delito de Parricidio En Su Grado De Ejecución De Tentativa, como en derecho corresponde. Expone el Juzgador en la Sección de valoración de la prueba, que le da credibilidad y valor probatorio de cargo a la declaración de Daniela Julieth Cañada Rodriguez, Kelvin Alfredo Garcia Y Lucia Garcia Sánchez, quedando únicamente no acreditado plenamente el hecho en cuanto a que la Señora Cañada Rodriguez estaba siendo efectivamente estrangulada teniendo en riesgo su vida, pues la víctima no presento hematomas en cuello que fueron descritos en el dictamen -médico forense, igualmente por haberse alejado Hernan Erazo sin intervenir fuerza física, no obstante haber tenido disponibilidad la vida de Daniela Julieth Cañada Rodriguez, pues a lo sumo fue alumbrado por un foco, quedando evidenciado que no existió el "animus necandi" o ánimo de matar. Es precisamente en la apreciación sobre "esas circunstancias particulares del hecho" derivadas de la prueba, que el mismo Juzgador citó, que se apartó de las reglas de la sana crítica al momento de valorar la probanza· supra señalada, pues de haberlas armonizado con el contexto de la prueba, hubiese concluido en el mismo sentido de la acusación, y no se hubiese limitado en la fundamentación jurídica del fallo a referir sin más: "que los hechos realizados por el encausado son constitutivos del delito de Violencia Intrafamiliar, calificado en el artículo 179-b del Código Penal." Fueron esas "circunstancias particulares del hecho" que se infieren de los testimonios de los testigos de cargo que una vez concatenados entre sí, los que no han sido debidamente apreciadas en su contexto de manera armónica por parte del Tribunal de Sentencia en consonancia con el resto de la prueba de cargo, transgrediendo indudablemente el postulado de derivación en su apartado de razón suficiente, concretamente la característica de suficiencia, ya que pese que dice darle credibilidad a la prueba de cargo, no logra extraer de dichas probanzas, que las circunstancias particulares que de ellas se derivan demuestran sin lugar a dudas dos cosas: 1. El elemento subjetivo del delito de Parricidio. La intención del encausado iba más allá de causar heridas, pues se encontraba en posición de ventaja respecto a su víctima y en condiciones aptas para ejecutar una agresión física provocándole 22 herida en su cuerpo. 2. La realización de actos inequívocos de ejecución y que no se realiza por causas ajenas a la voluntad del agente. Dicha ejecución se aprecia al ser encontrado el acusado ahorcando a la ofendida es decir sujetándola con violencia de sus cuello y causándolo múltiples herida por parte del testigo Kelvin Alfredo Garcia, que fue la persona que la auxilio y que al llegar al lugar alumbro con su foco al encausado provocando su aparición que el encausado dejase la acción de dar muerte pues el mismo se encontró sorprendido en plena acción. Por otra parte, la totalidad de la prueba incorporada al proceso resultó ser suficiente para lograr la certeza de que concurrió un hecho antijurídico y del cual el acusado es responsable; y consecuentemente el A quo tenía razones suficientes dictar un fallo condenatorio bajo la calificación jurídica dispuesta en el artículo 118 relacionado con el 15 y 32 del Código Penal, el cual el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a anunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produce en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio. Fundamentación Jurídica Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4)- Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i. Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii. Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii. Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv. Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.

Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en ExP. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en ExP. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el ExP. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en ExP. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en ExP. 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único: Ministerio Público Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; Concepto de la infracción: Quebrantamiento de la regla lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el Censor; Reclamación Ex Ante: El vicio se produjo en el acto de sentenciar, por lo que no se ha podido hacer reclamación previa; y Pretensión: Casar el fallo impugnado y ordenar el reenvío y evacuación de un nuevo juicio. Plantea el Censor que como Ministerio Público han sostenido que el señor Hernan Antonio Erazo, realizo una conducta que se enmarca en el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa, pero que pese a ello el tribunal de sentencia emitió fallo condenatorio por un delito de violencia intrafamiliar, por considerar que no fue posible inferir el animo de causar muerte a la persona ofendida; que es esa conclusión respecto a la calificación jurídica del hecho estimada por el sentenciador es donde radica el reproche recursivo. Argumenta el Censor que la prueba fue erróneamente valorada, pues de haberlo hecho de manera correcta la sentencia hubiese declarado culpable al acusado por el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa; reciente que el a-quo pese a señalar que le da crédito a la prueba, no logra extraer de ésta las circunstancias particulares que demuestran que la intención del encausado iba más allá de causar heridas y que el la aparición de testigo Kelvin Alfredo García provoco que el encausado dejase la acción de dar muerte.- Afirma el Censor que la totalidad de la prueba resultó suficiente para lograr la certeza que concurrió el hecho antijuridico y que el acusado es el responsable. De la Procedencia del Recurso. - El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación. La Sala de lo Penal encuentra primero que el Censor identifica como vicio la calificación jurídica pero luego señala que éste se encuentra en la valoración de la prueba; declaraciones en cuanto al motivo que hacen que el recurso pierda claridad. En el desarrollo del argumento el Censor expuso su disconformidad en cuanto a que el tribunal de sentencia declare la falta de acreditación de que el acusado tuvo la intención de privar de la vida a la ofendida (Animus Necandi).- Para el Censor la prueba es suficiente para acreditar este hecho y que por ello es que declara que fue erróneamente valorada. En resumen, el Censor presenta recurso al no estar de acuerdo con la valoración de la prueba hecha por el tribunal de sentencia y es esto lo que identifica como una violación a la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal se encuentra con un nuevo recurso de casación por quebrantamiento interpuesto por el Ministerio Público, en donde denuncia la violación del principio lógico de derivación, que integra la sana critica, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formuladas en la acusación, pues considera que de la valoración de la prueba se desprende la responsabilidad del acusado por un delito distinto por el cual fue condenado.- Como en muchos otros recursos el Agente Fiscal comparte sus conclusiones valorativas de las piezas probatorias y señala que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. Sobre esta deficiente técnica recursiva este Ad-Quem tiene un harto registro de sentencias dando respuesta al Ministerio Público sobre idénticos recursos planteados, por sin que ello haya motivado aun a que los agentes fiscales corrijan el cómo deben de plantear el recurso extraordinario de casación.- Es éste otro caso donde los agentes fiscales, desperdiciando recursos económicos de los contribuyentes, someten a consideración una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permite proceder a un estudio de fondo, con grave daño a la justicia. A lo largo de los últimos once años la Sala de lo Penal ha emitido un mínimo de 48 sentencias mediante las cuales se resuelven múltiples recursos interpuestos por el Ministerio Público, todos ellos usando la misma técnica recursiva ineficaz y como consecuencia obteniendo la misma respuesta de parte de este Ad-Quem; se trata de recursos de casación por quebrantamiento de forma oponiendo como motivo la violación de las reglas a la sana critica, identificando como principio lógico vulnerado el de derivación, pero teniendo como desarrollo argumentativo la protesta por no haberse valorado los medios de prueba por parte del tribunal de sentencia en el mismo sentido pretendido por el Ministerio Público; dichas sentencias son:

No. Expediente de Casación o Radicado

Fecha de la Sentencia

…

No. Expediente de Casación o Radicado

Fecha de la Sentencia

143-2011

10/05/2011

015-2016

30/05/2019

139-2011

24/01/2013

497-2015

30/05/2019

377-2011

07/08/2013

313-2016

09/09/2019

089-2011

17/09/2013

196-2016

31/10/2019

128-2013

03/06/2014

227-2016

04/12/2019

469-2012

05/08/2014

465-2011

22/01/2020

124-2012

20/10/2015

165-2017

22/01/2020

432-2012

12/01/2016

359-2016

28/04/2020

344-2012

30/01/2017

033-2017

28/04/2020

112-2014

01/02/2018

029-2017

28/04/2020

285-2014

20/03/2018

046-2017

28/04/2020

043-2017

18/09/2018

366-2016

28/04/2020

339-2014

10/10/2018

276-2017

09/06/2020

376-2014

10/10/2018

354-2017

09/06/2020

356-2014

10/10/2018

432-2017

27/01/2021

114-2015

04/12/2018

070-2017

27/01/2021

186-2015

04/12/2018

070-2018

27/01/2021

120-2015

04/12/2018

148-2017

27/01/2021

152-2015

20/02/2019

080-2018

10/03/2021

146-2015

20/02/2019

199-2018

29/04/2021

352-2015

27/03/2019

186-2018

29/04/2021

174-2015

02/04/2019

457-2018

27/09/2021

341-2014

24/04/2019

287-2018

27/09/2021

147-2015

20/02/2019

308-2018

11/11/2021

Decisión: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma presentado por el Ministerio Público. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (Art. 5 y 15), y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Art. 6,9 y 14), Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer y cumplir la ley (Art. 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta, la llamada prohibición por analogía). Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Casos en que no Procede la Ponderación de Norma Penal más Favorable El nuevo código penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. - Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (art. 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (art. 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (art. 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y d. Responsabilidad civil derivada del delito (art. 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. Ponderación En Procesos Penales Activos Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). La ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar, revisión de medidas cautelares, en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio o en cualquier etapa previa al momento del juzgamiento, salvo los casos de atipicidad como ya se ha apuntado. Reglas Generales de Ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. - Dichas reglas generales son: a. Proceso Contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento esta hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b. Prohibición de Fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); d. Extinción de la Pena por Cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza y/o penas concursadas; e. Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f. Penas Privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); g. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada Salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); e i. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas Particulares de Ponderación: Penas Concursadas y Penas no Concursadas A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite Subjetivo, ii. Limite Objetivo Ordinario y iii. Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera Instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o b. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o ii. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Concurso Medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Procedimiento de Ponderación de Sentencias Condenatorias en Única Instancia La Sala de lo Penal que conozca del recurso de casación en contra de una sentencia condenatoria dictada por los tribunales de sentencia, procederán primero a resolver el recurso y luego, de persistir el pronunciamiento condenatorio, procederán en todos los casos a realizar la ponderación de la norma penal sustantiva más favorable. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente ninguna de las partes ha presentado petición supletoria sobre la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que la Sala de lo Penal procede a realizar la ponderación de la norma más favorable de manera oficiosa, siguiendo las reglas ya explicadas Ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia y conforme los dictados del artículo 179-B del código penal 144-83, se dispuso condenar al acusado por el delito de violencia intrafamiliar, imponiéndole como consecuencia penal: Pena Principal de reclusión por 2 años con 6 meses; Penas accesorias de Inhabilitación especial e interdicción civil; Consecuencia penal de declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. A la fecha de juzgamiento las normas en que el tribunal de sentencia funda su decisión están derogadas como consecuencia de la puesta en vigencia del código penal 130-2017, mismo que en su Libro II, Título V, regula los delitos en contra de la mujer, entre ellos el delito de Violencia contra la Mujer, tipificado en el artículo 209, relacionado con los artículos 210 y 51 del mismo código.- Normas que deben ser aplicadas a la luz del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para), y 5 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Conforme los hechos probados y de aplicarse la nueva codificación penal para sancionar los hechos realizados por el acusado Hernan Antonio Erazo Alvarez, correspondería a éste imponerle las penas como autor de un delito consumado de violencia contra la mujer agravado (Art. 209 numerales 2 y 3), siendo las mismas: i.- Pena principal de prisión de 04 años a 06 años con 08 meses; ii.- Pena principal de multa de 300 días a 500 días, o de prestación de servicios de utilidad a favor de la víctima o a favor de la comunidad por el mismo tiempo que el señalado para la pena de prisión; iii.- Pena principal consistente en la imposición de una o varias de las prohibiciones previstas en el artículo 51 del código penal, por un plazo de hasta 10 años cuando las demás penas principales individualizadas fuesen graves, o de hasta 05 años cuando las demás penas principales individualizadas fuesen menos graves; iv.- pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, custodia, tutela o curatela si la pena de prisión individualizada fuese menor de cinco años o inhabilitación absoluta si la pena de prisión individualizada fuese igual o mayor a cinco años. La comparativa de las penas señaladas en la codificación vigente al momentos de los hechos y la vigente al momento del juzgamiento, arroja como conclusión que el código penal 144-83, contiene normas más beneficiosas que las que contempla el código penal 130-2017, por lo que en el presente caso no corresponde aplicar este último de forma retroactiva, siendo el principio de identidad el que debe de ser observado. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 363 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a los hechos por los cuales fue encontrado culpable el Señor Hernan Antonio Erazo Alvares.- Como consecuencia la ejecución de la pena, así como el otorgamiento de cualquier beneficio penitenciario, deberá de realizarse de conformidad con el contenido del código penal 144-83.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. – Firmas y Sello. -José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-54-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL

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