Sentencia CP-519-19 — Registro 17095
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Defensa Pública, se aleja de lo anterior al exponer su disconformidad con el fallo condenatorio en contra de su representado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo la recurrente señala; Resulta evidente, que el recurso de la Defensa además de contener alegatos propios de motivos de otra recursos de casación, también contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por derecho a la defensa de su representado al no conocer la identidad y generales del testigo protegido en mención; dejando ver que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta, sino la declaración de del Testigo protegido CS1 y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, al final de sus alegatos hace mención que se ha violentado la regla de la lógica constituida por la ley de la coherencia y de la derivación: sin explicar cómo fue violentado esta regla de la sana critica, y esto es por la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. .."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Penales, art. 362,N3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señor Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, la pena de quince (15) años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Orlin Pascual Ramírez López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal, Decreto 130-2017 en su artículo 192, el delito de Homicidio; se penaliza así Homicidio: Con la pena principal de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Como penas accesorias según el artículo 58 del NCP: Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión. La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. Responsabilidad civil. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que en el caso particular la pena de 15 años de reclusión, impuesta a los señores Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, se encuentra dentro del margen abstracto de pena que establece el NCP 130-2017. Por lo que la aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. .."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 519-2019 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-519-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josue Romero Urquía, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Orlin Pascual Ramírez López, a la pena de quince años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y trabajar en obras públicas y labores dentro de la penitenciaria, por el tiempo que dure de la pena principal. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil de los condenados. CUARTO: No procedió la condena en costas a los condenados, ni ordenó comiso alguno. Son partes en única instancia: Los abogados Giovinezza Dubois Zavala y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de Defensores Públicos de Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, como parte recurrente, y el abogado Salvador Cuesta Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “El Tribunal valorando conjuntamente las pruebas practicadas en el juicio de conformidad a las reglas de la sana crítica declara expresa y terminantemente probados el hecho siguiente: UNICO: El día 26 de septiembre del año 2017, siendo las 11:30 pm en el sector del Barrio El Suich, Aldea de Santa Ana, Municipio de San Francisco Atlántida, el señor Orlin Pascual Ramírez fue interceptado por los señores Luis Alonso Cardona Garay y Bayron Josué Romero Urquia, quienes lo atacaron infringiéndole puntapiés y golpe con un palo en diferentes partes de su cuerpo, provocándole excoriaciones en la cara traumatismo en el Tórax, espalda, antebrazo derecho y a la altura del hombro, hematomas en cráneo, fractura expuesta del cráneo en la región posterior de la cabeza, con exposición del encéfalo, mimas que te provocaron la muerte, al señor Orlin Pascual Ramírez siendo detenidos posteriormente Luis Alonso Cardona y Bayron Josué Romero y puestos a la orden del Ministerio Publico.” II. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Ismael Gomez Delarca, en su condición de Defensor Publico de Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josue Romero Urquía procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Por haberse violentado en la valoración de las Pruebas las reglas de la sana crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se Invoca como norma adjetiva Inobservada la contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica, el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código procesal penal". PRIMERO: En la sentencia recurrida consta un hecho probado, y siendo de pleno conocimiento ser el mismo de gran importancia por vincular a una parte de la teoría general del derecho procesal, en especial del derecho probatorio cuando el juez frente al material de prueba recibido en el expediente debe proceder a valorarlo como un trabajo previo al dictado de la sentencia. Por lo que en el presente caso el Tribunal sentenciador llega al tener como hecho probado, situaciones que no se derivan de la prueba aportada en su conjunto en juicio oral y público, es decir que si bien es cierto que el Juzgador dispone de libertad para extraer de cualquier medio de prueba su propia convicción que lo conduzca a reproducir el hecho objeto del juicio oral al analizar la prueba, pero esa libertad de que dispone el mismo no debe considerarse de un modo absoluto ya que debe explicar las razones que lo conducen a decidirse por la prueba que más le convence, explicaciones tal y como lo dice el Jurista Ángel Llorente Fernández de la Reguera en su libro los recursos página 123 "La valoración de la Prueba" que debe de realizarse de un modo razonable y razonado en el que prime la lógica, la Racionalidad y el sentido común para poder llegar a una conclusión cierta e incuestionable de esta manera es controlable en la casación y el proceso lógico que utilizo el Juzgador en su razonamiento al indicar el porqué se ha decidido por cierta prueba para fundamentar su convicción a fin de verificar la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica y si en la valoración de la prueba se han observado las reglas de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. Es así que del análisis de la sentencia de merito concluimos que el hecho probado no se derivan de elementos probatorios concluyentes evacuados en juicio, habiendo en tal sentido el tribunal declarado como probado los hechos siguientes: "Único: El día 26 de Septiembre del año 2017, siendo las 11:30 pm en el sector del Barrio El Suich, Aldea de Santa Ana, Municipio de San Francisco Atlántida, el señor Orlin pascual Ramírez fue Interceptado por los señores Luis Alonso Cardona Garay y Bayron Josué Romero Urquia, quienes lo atacaron Infringiéndole puntapiés y golpe con un palo en diferentes partes del cuerpo, provocándole excoriaciones en la cara, traumatismo en el Tórax, espalda, antebrazo derecho y a la altura del hombro, hematomas en cráneo, fractura expuesta del cráneo en la región posterior de la cabeza, con exposición del encéfalo, mismas que le provocaron la muerte al señor Orlin Pascual Ramírez, siendo detenidos posteriormente Luis Alonso Cardona y Bayron Josue Romero y puestos a la orden del Ministerio Publico". Esto debido a que un testigo por si solo no puede hacer prueba en un proceso y por ende no puede derivar en una sentencia condenatoria la decisión del Tribunal Sentenciador, y en la presente causa no hay otros elementos de prueba que concatenados le den fuerza para que se adquiera la certeza de la comisión de los hechos y la participación en los mismos por mis patrocinados. SEGUNDO: Después de observar el único hecho probado esta Defensa considera que este hecho fue fundado en la prueba evacuada la cual fue insuficiente, ya que está basado en el testigo protegido CS1, del cual su declaración no es contundente, debido a que no expresa detalles específicos del porqué solo este testigo se encontraba en el lugar, la distancia desde la que supuestamente vio los hechos, no es contundente en el sentido de cómo fue el ataque, su dicho es escueto, no expresa claramente las características físicas de los imputados si los conocía anteriormente a los hechos, aun así se realizó un reconocimiento en rueda en cual fue posterior a la detención de los imputados; aunado a esto desconocemos si este testigo tenía interés manifiesto en querer afectar a mis representados, ya que por la protección que se le otorgó no se puede ahondar en estos detalles, siendo importante para la Defensa, debido a que se limita el accionar defensivo al no poder preguntar estos extremos. Por otra parte, no hubo prueba en el expediente con justificación alguna para el uso de testigo Protegido o de identidad reservada sea debidamente justificada y contrabalanceada adecuadamente para proteger el derecho a la defensa. - Ni la excepcionalidad del uso de la figura de la reserva de identidad de testigos, tampoco la existencia de un peligro real que fuera probado en el curso del proceso. - El literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos consagra la garantía mínima del derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa las principios de contradictorio e igualdad procesal - Ya la corte Interamericana Sobre Derechos Humanos ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa; la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio o confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. En la presente causa se evacuaron dos declaraciones testificales las cuales ha concatenado el Tribunal de Sentencia para que se fundamente su fallo condenatorio pero los testigos Marvin Samuel Medina y Zabdi Eliel Quiroz, son policías que realizaron detención de mis presentados, no aportan mayores elementos para acreditar la participación de mis representados en los hechos imputados. No cabe duda que la persona Orlin Pascual Ramírez López fue muerta el día 26 de Septiembre del 2017, ya que existen el acta de levantamiento de cadáver y dictamen de Autopsia, pero lo que si no está claro es que hayan sido participes de este accionar delictivo los encartados Luis Alonso Cardona y Bayron Josué Romero. Se presentó la testigo de Defensa Kendely Márquez García, la cual declaró que el día de los hechos mis presentados estuvieron Ingiriendo bebidas alcohólicas en su negocio que la acompañaron a su casa, que Luis Cardona vive a la par y que ese día la dejo en su casa y el entró a su casa también, y Bayron Romero se fue solo a la suya. Testigo que no fue valorado por parte del Sentenciador, pero ella acreditó que uno de los imputados estuvo en su casa de habitación a la hora de los hechos y el otro se fue a su casa solo. TERCERO: Por todo lo anterior considero que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del Imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a LUIS ALONSO CARDONA GARAY Y BAYRON JOSUE ROMERO URQUIA, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario, la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad de los imputados como autores del delito de HOMICIDIO en vista que no podemos presumir que ellos fueron porque la única declaración del testigo protegido CS1 como indicio no pudo ser verificado su testimonio con hechos perfectamente acreditados, violentándose así las garantías de mi representado. Por consiguiente, como defensa del imputado consideramos que el pronunciamiento condenatorio del Tribunal Sentenciador se sustentó esencialmente en prueba Indiciaria no sustentada por otra prueba; violentándose así la Regla de la Lógica constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, siendo esta última ignorada por el Tribunal sentenciador, por ello esto propicia el reproche del fallo condenatorio por esta vía impugnativa. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL VICIO El vicio por el cual se reprocha el fallo en el presente recurso se produce con la sentencia misma, por lo que es por esta única vía que se pretende la subsanación del yerro.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República).Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: Articulo 202 del Código Procesal Pena censor. Concepto de la infracción: Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, específicamente la Regla de la Lógica constituida por la ley de la coherencia y de la derivación. Reclamación ex-ante: El vicio por el cual se reprocha el fallo en el presente recurso se produce con la sentencia misma, por lo que es por esta única vía que se pretende la subsanación del yerro.” Pretensión: Sin determinar por el censor. El censor al sustentar su recurso hace los siguientes alegatos: “El testigo por sí solo no puede hacer prueba en un proceso y por ende no puede derivar en una sentencia condenatoria la decisión del Tribunal Sentenciador, y en la presente causa no hay otros elementos de prueba que concatenados le den fuerza para que se adquiera la certeza de la comisión de los hechos y la participación en los mismos por mis patrocinados. Después de observar el único hecho probado esta Defensa considera que este hecho fue fundado en la prueba evacuada la cual fue insuficiente, ya que está basado en el testigo protegido CS1, del cual su declaración no es contundente, debido a que no expresa detalles específicos del porqué solo este testigo se encontraba en el lugar, la distancia desde la que supuestamente vio los hechos, no es contundente en el sentido de cómo fue el ataque, su dicho es escueto, no expresa claramente las características físicas de los imputados si los conocía anteriormente a los hechos, aun así se realizó un reconocimiento en rueda en cual fue posterior a la detención de los imputados; aunado a esto desconocemos si este testigo tenía interés manifiesto en querer afectar a mis representados, ya que por la protección que se le otorgó no se puede ahondar en estos detalles, siendo importante para la Defensa, debido a que se limita el accionar defensivo al no poder preguntar estos extremos. Por otra parte, no hubo prueba en el expediente con justificación alguna para el uso de testigo Protegido o de identidad reservada sea debidamente justificada y contrabalanceada adecuadamente para proteger el derecho a la defensa. - Ni la excepcionalidad del uso de la figura de la reserva de identidad de testigos, tampoco la existencia de un peligro real que fuera probado en el curso del proceso. - El literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos consagra la garantía mínima del derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal – Ya la corte Interamericana Sobre Derechos Humanos ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa; la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio o confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. En la presente causa se evacuaron dos declaraciones testificales las cuales ha concatenado el Tribunal de Sentencia para que se fundamente su fallo condenatorio pero los testigos Marvin Samuel Medina y Zabdi Eliel Quiroz, son policías que realizaron detención de mis presentados, no aportan mayores elementos para acreditar la participación de mis representados en los hechos imputados. No cabe duda que la persona Orlin Pascual Ramírez López fue muerta el día 26 de septiembre del 2017, ya que existen el acta de levantamiento de cadáver y dictamen de Autopsia, pero lo que si no está claro es que hayan sido participes de este accionar delictivo los encartados Luis Alonso Cardona y Bayron Josué Romero. Se presentó la testigo de Defensa Kendely Márquez García, la cual declaró que el día de los hechos mis presentados estuvieron Ingiriendo bebidas alcohólicas en su negocio que la acompañaron a su casa, que Luis Cardona vive a la par y que ese día la dejo en su casa y el entró a su casa también, y Bayron Romero se fue solo a la suya. Testigo que no fue valorado por parte del Sentenciador, pero ella acreditó que uno de los imputados estuvo en su casa de habitación a la hora de los hechos y el otro se fue a su casa solo. Concluyó diciendo, que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del Imputado, porque la conclusión a que arribó el tribunal de sentencia para condenar a Luis Alonso Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario, la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad de los imputados como autores del delito de homicidio en vista que no podemos presumir que ellos fueron porque la única declaración del testigo protegido CS1 como indicio no pudo ser verificado su testimonio con hechos perfectamente acreditados, violentándose así las garantías de mi representado. Por consiguiente, como defensa del imputado consideramos que el pronunciamiento condenatorio del Tribunal Sentenciador se sustentó esencialmente en prueba Indiciaria no sustentada por otra prueba”. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 3. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 4. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal, se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b.Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación, es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. C. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que, los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; Derecho a la Tutela Cautelar; y Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que, aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Defensa Pública, se aleja de lo anterior al exponer su disconformidad con el fallo condenatorio en contra de su representado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo la recurrente señala; Resulta evidente, que el recurso de la Defensa además de contener alegatos propios de motivos de otra recursos de casación, también contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa además aqueja que, la prueba a su criterio, el convencimiento judicial se basa en inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, la condena emitida por el Tribunal de sentencia se basa en la declaración del Testigo Protegido CS1 y el testigo, quien a su criterio no goza de credibilidad, adema s de violentar el derecho a la defensa de su representado al no conocer la identidad y generales del testigo protegido en mención; dejando ver que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta, sino la declaración de del Testigo protegido CS1 y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, al final de sus alegatos hace mención que se ha violentado la regla de la lógica constituida por la ley de la coherencia y de la derivación: sin explicar cómo fue violentado esta regla de la sana critica, y esto es por la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. Decisión: Desestimar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Publica de los acusados Luis Alonso Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señor Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, la pena de quince (15) años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Orlin Pascual Ramírez López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal, Decreto 130-2017 en su artículo 192, el delito de Homicidio; se penaliza así Homicidio: Con la pena principal de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Como penas accesorias según el artículo 58 del NCP: Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión. La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. Responsabilidad civil. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que en el caso particular la pena de 15 años de reclusión, impuesta a los señores Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, se encuentra dentro del margen abstracto de pena que establece el NCP 130-2017. Por lo que la aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; ; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217; 116 del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el abogado Ismael Gómez Delarca, en su condición de Defensor Público de los señores Luis Alonzo Cardona Garay y Bayrón Josué Romero Urquía, a quienes se les condenó por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Orlin Pascual Ramírez López. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal, Decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 519-2019.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL