Sentencia CP-496-16 — Registro 17742
Resumen
En primer instancia se abuselve a la acusada por el delito de estafa, se declara sin lugar recurso de casación interpuesto por los recurrentes. Procede la aplicación retroactiva del Código Penal, por la responsabilidad civil reprochada a la acusada y se decreta la no ejecución de la responsablidad civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Conforme al vicio denunciado y al desarrollo que realizó el recurrente, esta Sala de lo Penal considera que el censor no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para conformar y fundamentar su recurso de casación por infracción de ley. Ya esta Sala ha plasmado dentro de su doctrina legal, que los recurrentes deben cumplir con ciertos requisitos para que se proceda a resolver su impugnación, requisitos que han sido plasmados en el apartado anterior. La técnica casacionista no es un invento del Ministerio Público o un capricho antojadizo de esta Suprema Corte, tal como lo refiere el censor en su recurso, quien de forma irrespetuosa considera el impetrante que el pensamiento casacionista en Honduras es áspero, cuadrado y con criterios en exceso desfasados. Ante tan desacertado criterio, es de recordar que el origen de este instituto es en Francia[1], como el desenlace jurídico de las ideas predominantes en la época de la revolución; no obstante, se puede encontrar su simiente en el “Conseil des Parties”, en la época de la monarquía, como una sección del Consejo del Rey, para el control de la legalidad de las decisiones de los jueces. Luego funcionó el Tribunal de Casación, creado por la Asamblea Nacional Francesa, mediante Decreto de 27 de noviembre de 1790. Separado del poder del soberano, aunque dependiente del cuerpo legislativo, tuvo como inspiración el pensamiento de los filósofos enciclopedistas, quienes predicaban la idea de la ley como expresión suprema de la voluntad general, al lado del principio de división de poderes. Con todo y pretenderse que actuara como un órgano legislativo, se fue perfilando como jurisdiccional, encargado de anular los procedimientos en los cuales las formas hubieran sido violadas y los fallos que contuvieran contravención expresa del texto de la ley, esto es, con competencia sólo para anular sentencias no así para juzgar. De lo que se deduce, que esta institución no ha surgido en Honduras de manera caprichosa, sino que ha sido tomada como modelo de países europeos (Francia y España) para tomar como modelo las diferentes instituciones jurídicas que conforman ahora nuestra legislación penal. En ese sentido, el recurso de casación surge en Honduras a raíz del movimiento legislativo germinado en otros países y por tanto se va conformando en base a las características de los países pioneros en dichos recursos, ya lo dice LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA[2], al estudiar el recurso de casación en el Código Procesal Penal hondureño, no duda en «... afirmar que las raíces que sustentan la casación hay que buscarlas hoy día en el ordenamiento constitucional y. más concretamente, en una serie de principios entre los que cabe destacar el sometimiento a la Ley de la actuación de los poderes públicos, de los que forma parte el Judicial [Artículos 303 y siguientes de la Constitución] y los principios de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva. La uniformidad en la aplicación de la ley es consecuencia del principio de seguridad jurídica y del de igualdad en su aplicación, para asegurar que los derechos de los ciudadanos no dependan del criterio subjetivo y menos aún de la arbitrariedad de cada juez o tribunal...». La casación no es una nueva instancia, en la medida en que sólo ejerce una «jurisdicción negativa» (CALAMANDREI); pese a todo, como estudia VAZQUEZ SOTELO, la mayoría de los procesalistas, así italianos (BETTI, CARNELUTI, PAZZALARI, REDENTI, SATTA) como españoles (GOMEZ. ORBANEJA, GUASP, PRIETO-CASTRO), no dudan en calificar la casación como un auténtico y propio recurso, aunque de carácter extraordinario, porque tiene tasadas así las resoluciones recurribles como los fundamentos invocables del recurso; pero se pueden descubrir en ella los dos pilares de la construcción teórica del concepto de recurso: la suspensión de la producción de la firmeza de la resolución combatida, manteniéndose la pendencia del proceso que, por lo mismo, no concluye (GOMEZ ORBANEJA), y la pretensión de sustitución (directa o indirecta) de aquella resolución por otra que, en definitiva, sea más provechosa para los intereses de la parte que la impugna (GUASP). Esta (recurso extraordinario especial, según LLORENTE)- es igualmente la calificación que conviene desde el punto de vista del CPP de Honduras, que incluye la casación entre los recursos. Por otro lado, la resolución que la decide produce efectos limitados al proceso que le sirve de contexto. No obstante, no se puede desconocer que, ostentando el Tribunal o Corte casacionales la cúspide de la pirámide orgánica jurisdiccional, su criterio constituye un precedente que necesariamente habrá de presionar sobre los órganos autores de las resoluciones sometidas a su control. Para esta Sala de lo Penal el recurrente ha utilizado una mala técnica casacionista, pues si bien denuncia la falta de aplicación del artículo 240 del Código Penal 144-83, sus alegaciones y fundamentos se basan en meros alegatos de instancia, pues lo que hace es cuestionar la prueba sobre la cual el Sentenciador basa su sentencia. Ya la Sala ha establecido como criterio jurisprudencial, que, en el recurso de casación por infracción de las normas sustantivas, la tarea del recurrente se puntualiza en los hechos probados, en determinar si en ellos encontramos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y por tanto si esa relación fáctica encuadra o no con la legislación penal utilizada por el Sentenciador. Cuestionar en este tipo de recurso la prueba, hacer una revaloración subjetiva por parte del censor y efectuar sus propias conclusiones, no es la técnica correcta para fundamentar un recurso de casación, pues más bien parece que le censor está interponiendo un recurso de apelación, cuya naturaleza y fundamentación es totalmente distinta. Por todas las razones es procedente desestimar el presente motivo de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo El recurso es defectuoso pues primero se señala que el defecto es que la valoración intelectiva hecha por el tribunal de sentencia, es decir los razonamientos judiciales construidos en torno a la valoración de la prueba, son defectuosos por contrariar el principio lógico de derivación, al carecer de razón suficiente; de igual forma denuncia inobservancia a la regla lógica en su principio de razón suficiente, de igual forma denuncia la inobservancia a la regla de la experiencia común; pero en el desarrollo del recurso el recurrente se ocupó de plasmar meros argumentos de instancia y realizar una revaloración del material probatorio. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en una incorrecta valoración intelectiva de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, al ser colisionante con el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente, así como con el principio de contradicción; de igual forma denuncia la violación a la regla de la experiencia común. El recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe de darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenidos en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i. Identificación del razonamiento judicial vicioso; ii. La identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii. Exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv. la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente el recurrente, aun cuando es ordenado en el planteamiento, se da la tarea en exponer lo que considera fueron contradicciones entre el contenido probatorio, limitándose a increpar que los jueces de sentencia no advirtieron éstas en su valoración, pero no procuró reprender la valoración intelectiva, demostrando porque las conclusiones arribadas fueron erróneamente derivadas, tal y como lo había prometido en el planteamiento hecho en el preámbulo del escrito. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron contradicciones en la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo Conforme lo ha explicado esta Sala de lo Penal, referente a lo que en casación debe considerarse como falta de claridad o terminantes, resulta necesario recordar a los recurrentes el motivo invocado por ellos se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia o oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conllevan a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que sólo sea accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su compresión por personas no conocedoras de la ciencia penal. Con esta pequeña aclaración, resulta evidente para esta Sala de Casación, que los hechos probados que denuncian los recurrentes, no contienen frases vagas, indecisas o indefinidas, de forma tal que no sean comprensibles al lector; los hechos probados son capaces de ubicar al lector en lugar, tiempo, espacio, participantes y acciones cometidas por los mismos, de ahí pues que los hechos probados resultan claros y terminantes en cuanto a la explicación de la dinámica de cómo se suscitaron los mismos. Referente a lo alegado por el recurrente de que las cifras de las cantidades de dinero aportadas por las ofendidas que el Tribunal Sentenciador estableció son incorrectas, dicho yerro judicial debe ser denunciado a través de otro motivo de casación, viéndose limitada esta Sala de lo Penal a poder pronunciarnos acerca de lo alegado, pues la vía recursiva que utilizaron los censores no es la adecuada para resolverlo, recordando que la Sala de lo Penal ve limitado su accionar por los correctos motivos presentados por los recurrentes, siendo imposible resolver alguna situación que no este debidamente presentada y fundamentada por los impetrantes, todo lo cual implica la aplicación del principio de taxatividad del recurso de casación penal. Así las cosas, este máximo Tribunal de la Republica considera que los hechos probados fueron redactados con claridad y son terminantes, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[5] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, el Juzgador falló: 1) Absolvió a la señora Doris Magdalena Galo Martínez, por el delito de Estafa, en perjuicio de los señores María Antonia Sánchez, Petronila Ventura Sierra y Nicardo Florentino Palma Sierra. 2) Se procede a declarar la responsabilidad civil de la señora Doris Magdalena Galo Martínez. El Código Penal vigente decreto 130-2017 establece en su Título X, del Capítulo I la “Responsabilidad Civil Derivada del Delito”, en su artículo 118 refiere: “la realización de un hecho tipificado por la ley como delito o falta obliga a reparar los daños y perjuicios ocasionados”; por su parte el artículo 124 del mismo cuerpo legal establece: “Son responsables civiles directos: 1) Toda persona natural o jurídica que es declarada responsable penalmente de un delito o falta, siempre que del hecho se deriven daños o perjuicios…” Conforme los artículo precitados, la responsabilidad civil deriva directamente de la comisión de un delito doloso o culposo, pero en el caso de la acusada Doris Magdalena Galo Martínez, a pesar que fue absuelta del delito de estafa, el Sentenciador A-quo le declaró responsable civilmente, lo cual es totalmente improcedente conforme a la nueva legislación penal, pues dicha responsabilidad civil viene ligada a un ilícito penal. El artículo 615 del Código Penal decreto 130-2017, establece en su segundo párrafo. “Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. (Lo resaltado en negrita es nuestro)”. En el caso de autos no es posible dictar un sobreseimiento definitivo a favor de la acusada, pues fue absuelta del delito de estafa, pero si es posible ordenar que no se proceda a ejecutar la responsabilidad civil que le fue impuesta por el Tribunal Sentenciador, pues la misma resulta improcedente. Es importante aclarar que, al decretar la no ejecución de la responsabilidad civil impuesta a la acusada, no implica obstáculo alguno para que la víctima o su apoderado legal accedan a la vía civil para hacer los reclamos necesarios y hacer valer sus derechos y obligaciones. Por tanto, corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a favor de la acusada Doris Magdalena Galo Martínez, ordenando al Juez de Ejecución respectivo que no proceda a ejecutar la responsabilidad civil ordenada en la misma. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo y el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, interpuestos por el acusador privado y apoderado legal de los ofendidos María Antonia Sánchez, Petronila Ventura Sierra y Nicardo Florentino Palma Sierra..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-496-2016, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio, Nelson Danilo Mairena Franco y Luis Fernando Padilla quien integra por excusa justificado del Magistrado Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 496-2016 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de agosto del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a la señora Doris Magdalena Galo Martínez, por el delito de Estafa, en perjuicio de los señores María Antonia Sánchez, Petronila Ventura Sierra y Nicardo Florentino Palma Sierra. Segundo: Se procede a declarar la responsabilidad civil de la señora Doris Magdalena Galo Martínez. Tercero: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio; Cuarto: No procede decretar el comiso por no haber sido puesta a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Darwin Lindolfo García y Carlos Humberto Briceño Torres, en su condición de Acusadores Privados representando a los señores Petronila Ventura Sierra, María Antonia Sánchez y Nicardo Florentino Palma Sierra, como parte recurrente y el Abogado Manuel de Jesús Arévalo, en su condición de Defensor Privado de la señora Doris Magdalena Galo Martínez, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que en el año 2004 las señoras Petronila Ventura y María Antonia Sánchez propusieron a la señora Doris Magdalena Galo que las incluyera como socias de la escuela Azziel School que esta había fundado en el año 2002, confiadas en que la Imputada Doris Magdalena Galo, era amigas de ella aportaron cantidades de dinero en diferentes fechas, la señora Petronila Ventura Euceda aporto la cantidad de L.5,551.80 y la señora María Antonia Sánchez aporto la cantidad de L.43,605.21, como resultado de las constantes solicitudes de la Imputada para compras y arreglos de la escuela Aziel School de la cual ambas perjudicadas se consideraban socias propietarias. SEGUNDO: En el mismo año la señora Petronila Ventura propone a su esposo la compra de un autobús para el transporte de los niños de la escuela y cuando las perjudicadas se dan cuenta de que la señora Doris Magdalena Galo se había constituido solamente ella como comerciante individual y no como una empresa, las señoras Petronila Ventura y María Antonia Sánchez deciden romper con la relación con la señora Galo Martínez acordando la devolución de lo que ellas habían aportado quedando un remanente para la señora Petronila Ventura de L.15,822.80 y para la señora María Antonia Sánchez la cantidad de veinticuatro mil quinientos dos lempiras con diez centavos (L.24,502.10). TERCERO: En relación al señor Nicardo Florentino Palma quien puso a la orden un autobús para el transporte de la institución escolar quedo pendiente el pago de la cantidad de setenta y dos mil treinta y dos lempiras con ochenta y siete centavos (L.72,032.87) en concepto de reparación y alquiler de dicha unidad.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO.- Infracción de Ley por inaplicación de los artículos 240, del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE.- El Articulo 360 del Código Procesal Penal es el fundamento legal que nos permite poder alegar el presente Motivo. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo que se considera Infringido del Código Penal, en su parte conducente dice: “Artículo 240.- Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.” En el presente Motivo de Casación desarrollaremos nuestra Tesis para demostrar que el mismo es De Recibo, en el sentido de que necesariamente toda imputación de un delito, debe de demostrarse, esto no se puede hacer más que con las pruebas arribadas en las audiencias de cada debate; las pruebas tienen la finalidad sustantiva de demostrar todos los elementos de configuración de un delito, o sea la Tipificación del mismo, y esto se logra a través de la Teoría del delito. No debemos de dejar de lado que los medios probatorios sirven para esa finalidad; que por cada delito se pueda hacer un análisis al prisma de la teoría del delito, debe de analizarse si dan cada uno de los elementos básicos de cada Ilícito, y en ese análisis se debe estudiar cada una de las características de tales elementos básicos, si no hay una causa que excluya la acción, si en el estudio de la antijuricidad no hay alguna causa de justificación, o causas que excluyan la culpabilidad (Imputación Personal) como una causal de inculpabilidad, o exista una causal de lnimputabilidad o que directamente excluya la punibilidad. Es por tanto obvio que la construcción de los hechos que se consideran probados en todo proceso se hace por medio del elenco probatorio Como ya hemos anunciado en los párrafos anteriores, debemos en consecuencia analizar todo lo que demuestra la Comisión del delito, que no son otra cosa que las pruebas del proceso, porque ellas son las configuran si existen o no todos los elementos de todo Tipo Penal: La Acción [humana], La Tipicidad, La Antijuricidad, La Culpabilidad y La Punibilidad [La aplicación de la Pena Concreta]. Es así que debemos de pasar a señalar que de los hechos señalados como probados se deduce claramente, que para el Tribunal sentenciador no existió el delito acusado, en consecuencia no aplica a sus hechos probados el artículo señalado como infringido en este recurso, cuando en efecto debió de aplicarlo, ya que analizaremos que si se dieron los presupuestos para configurar que existió una acción antijurídica, tipificada como delito por nuestro Código penal, y de la cual es imputable personalmente [La Culpabilidad] la señora imputada y se le debió señalar pena concreta por tal acción. Antes de seguir solo debemos decir que la fiscalía podrá decir que en el recurso de fondo no se puede analizar el detalle de las pruebas, que no se puede referir siquiera a los hechos, en nuestro país se ha hecho tan áspero y cuadrado el pensamiento casasionista, por culpa del Ministerio Público y las mismas Salas de lo Penal han dado pie a ello, que prácticamente interponer una casación es casi igual a un proceso de elevar algún cristiano conocido por su devoción a los altares de la Santidad, en lo referente a la técnica recursiva, que según criterios en exceso desfasados ha logrado tal desaguisado jurídico; es evidente que debemos refrescar nuestras mentes, en lo referente a la casación, es claro que la columna vertebral del juicio es la prueba, ella además de poder ser discutida la valoración que se le da por parte del tribunal conforme a si aplicaron o no las reglas de la Sana Critica; no se puede, ya que es imposible desligar las mismas pruebas, de el análisis que se realice de el fondo de un motivo de casación, ya que lo que sirve para demostrar si se cometió un delito son las pruebas, los tribunales no aplican la teoría del delito al éter que pesa sobre las salas de juicio al momento del debate, la aplica sobre la base la carga probatoria, en consecuencia las partes podemos plantear criticas a las pruebas referentes a si demuestran la teoría del delito en cada caso en particular, esto es demostrar si se dan todos los elementos de la Tipificación legal del hecho acusado como cometido, no la valoración que se le dio a cada prueba esto solo se puede hacer amparados en el alegato de un Motivo de Casación por forma), si no así en “bruto”, que es lo que cada prueba arroja sin someterla a las interpretaciones de la sana Critica, consideramos que esa es la verdadera línea divisoria entre plantear un recurso por el fondo del asunto planteando la inexistencia del delito desde la Teoría del Delito, y uno de forma planteando la inaplicación de un tribunal de las reglas de la Sana Critica en la valoración de la Prueba. Analicemos entonces lo que concretamente arrojan las pruebas, así sin analizar si las mismas se valoraron o no con la sana critica. Tal como referimos en nuestras conclusiones del juicio, el momento culminante o cumbre cuando se constituye el núcleo principal del engaño, fue cuando comparecen nuestras dos clientas PETRONILA Y MARIA ANTONIA ante el desparecido colega ERDULFO DERAS en fecha veintidós de mayo del año dos mil cuatro, en su calidad de Notario Publico, para que según la buena Fe de ambas se elaborara una escritura de Constitución de Sociedad, junto a otras personas dentro de las cuales estaba la imputada, tal comparecencia queda probada por las mismas declaraciones de estas dos perjudicadas y además por el mismo instrumento original inserto en el protocolo del Notario antes mencionado, y que obra a folio nueve (9) de la causa de merito. El engaño opero desde que la señora DORIS GALO hace creer en un primer momento a nuestras representadas PETRONILA Y MARIA ANTONIA, y derivado de ello en un segundo momento a nuestro patrocinado NICARDO, que se va a crear o que se esta formando una sociedad Mercantil en base a la escuela “AZIEL SCHOOL”, el engaño consistió en que la imputada las hizo llegar a la notaria del abogado DERAS, y las hace firmar en el protocolo de ese año, en fecha veintidós de mayo del año dos mil cuatro, la escritura de Sociedad, ese es el momento álgido de la elaboración del engaño, la señora GALO tenia el total dominio del hecho, porque ella era la Gerente de la sociedad, su hija era la Administradora de la escuela y sus Sobrina era la Directora académica; como vemos, toda la parte educativa, mercantil y de administración era controlada por la imputada, a través de sus circulo familiar, todos esto quedo claro de las declaraciones de mis clientas, la testigo de cargo BETSY MONTOYA, y de los mismos dichos de la imputada y la testigo de la defensa ROSAURA MARTINEZ; en consecuencia era la imputada la que manejaba cuestiones de papelería, tramites legales y administrativos, y todas las actividades relacionadas que necesita para su funcionamiento una empresa, de la que dos de mis clientas en ese momento formaron, por lo que la imputada al tener el pleno dominio del hecho, y con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, con clara intención no inscribió la Sociedad, a partir de ahí de ese momento especifico del veintidós de mayo del año dos mil cuatro, es que el engaño va operando, en la mente de mis clientas y ese engaño va teniendo derivaciones, en cuanto a lograr que mis clientas dieran mas aportaciones de dinero, a que dieran dinero para gastos administrativos de la supuesta sociedad, decimos que a partir de ahí opera el engaño, porque cuando comparecen ante la notaria del abogado DERAS ellas van convencidas de que crearan una empresa mercantil, y al salir ese día de esa Notaria y habiendo firmado el protocolo del Notario lo hacen creyendo que en efecto se ha formado la misma, a partir de ahí, ese engaño las hace caer en error [tal como ordena que debe suceder el artículo 240 del Código Penal], que las induce a creer lo ya señalado, y consecuencia de ese error es que se les defrauda, producto de ese mismo engaño, y aprovechándose del error que ya estaban cometiendo, se procede a hacer caer en error a nuestro representado NICARDO PALMA, y creyendo que su esposa (PETRONILA) forma parte de una sociedad mercantil, el compra directamente un Bus, no como aportaciones, si no al contado, lo adquiere ya que la imputada, les había mencionado la necesidad de tal automóvil a la esposa de NICARDO como a la señora MARIA ANTONIA SANCHEZ, y el mencionado autobús seria para transporte de los infantes de la escuela, o sea el beneficio ultimo seria el de la escuela, ya que podría dar ese servicio extra al alumnado, quedando nuestro cliente como dueño del Bus, la sociedad eventualmente compraría el Bus. En este apartado del Bus les llamo la atención a un detalle que salió del proceso probatorio; de las declaraciones de la señora VENTURA y su esposo Don NICARDO, surgió el hecho de que en un momento luego de la compra del referido vehículo, la imputada le hace el comentario a la señora PETRONILA, de ¿Qué porque el Bus había salido a nombre de NICARDO y no de la escuela?, y nos señala en su declaración doña PETRONILA que en ese momento con ingenuidad le plantea a su conyugue ese aspecto, y que don NICARDO un poco molesto le dijo ¿Qué como era posible que le preguntara eso si el había pagado al contado el Bus, y la escuela no le había dado nada?, y que si al final la escuela lo quería en propiedad pues se tenia que firmar algún acuerdo, pero que en ese momento como se iba a traspasar la propiedad del vehículo, versión esta que fue confirmada en su esencia por la declaración de don NICARDO, este detalle no es nada superfluo es otra muestra mas de cual era la finalidad delictiva de la imputada, y podemos ver cual era el plan preconcebido de la misma, lo cual no era otro que sacar el mayor provecho económico por parte de mis clientes, por medio de la serie de engaños, derivados del engaño principal: La supuesta formación de una empresa mercantil. Y si el tribunal de sentencia hubiera tenido alguna duda en lo relativo a las declaraciones puntuales de mis clientes, recordamos que se acompaño al proceso la copia autenticada de la escritura matriz que nunca inscribió la imputada, la cual es la de fecha veintidós de mayo del dos mil cuatro, y que es el instrumento numero 89, del protocolo de ese año del notario ERDULFO DERAS, y las constancias dadas por ese extinto Notario en fechas veintiocho de junio y seis de julio del año dos mil cinco, estas ultimas de su sola lectura se demuestra que en esa fecha tan adelante en el tiempo no se había terminado de realizar el tramite de la formalización de la sociedad, por parte de la imputada, como era su obligación por haber sido nombrada en esa misma escritura gerente de la citada sociedad, vemos como se configuro la voluntad y el conocimiento de los hechos por parte de la imputada, para engañar a nuestros clientes, hacerlos caer en error y defraudarlos; el engaño como vemos se configura por la no elaboración del testimonio de la mencionada sociedad y por lo tanto su no inscripción ante el registro publico respectivo. La ocultación del engaño se perfecciono por el control que ejercían los familiares de la imputada de la escuela, además de ser- a los ojos de nuestros clientes- la imputada la gerente de la sociedad. A través de un perito el cual es oficial, ya que labora para el ministerio publico, esta es la Licenciada ROSA BENITEZ, se demostró además puntualmente, que si existió un perjuicio económico, y además se determino el monto de dicho perjuicio, el cual fue de CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 122, 357.79). La carga probatoria, en general, para este caso, logra demostrar La Parte Objetiva del Tipo Doloso de Acción, por eso es que MIR PUIG habla que lo principal de la teoría del delito es ver si las conductas se enmarcan en un Ilícito especifico, antes siquiera de hablar de si hubo una Acción, ya que si un hecho no es delito, carece de sentido analizar si la acción realizada es antijurídica y además culpable y luego punible, o sea La acción humana es un nexo para las demás partes del delito y no es lo primero que se debe de analizar en la Teoría del delito (El tratadista que citamos así lo expone en la obra que citaremos en este recurso, en el titulo de “La Acción”; o sea que si se prueba La Tipicidad o El Tipo, es porque se demostró que se realizo una determinada conducta descrita en nuestro Código Penal. Como ya señalamos MIR PUIG nos puede orientar, en su obra “DERECHO PENAL.- PARTE GENERAL”, en su sexta Edición en su pagina 254 nos dice: “...Aunque lo característico del tipo doloso de acción es el dolo, que integra necesariamente su parte subjetiva, conviene a efectos analíticos empezar por su parte objetiva, puesto que esta encierra el objeto que ha de ser abarcado por el dolo. Por otra parte antes de preguntar si un hecho se ha realizado con dolo es preciso saber si efectivamente se ha realizado. La parte objetiva del Tipo doloso se refiere al aspecto externo de la conducta requerida por el tipo doloso: p. ej., los actos externos necesarios para «matar» a otro. Cada tipo de delito doloso describe una conducta diferente. Por lo que la precisa determinación de la parte objetiva de cada tipo corresponde a la parte especial del derecho penal. … . Como elementos generales de la parte objetiva del tipo…. haya que señalar por tanto: 1) Un hecho que encaje en la descripción literal del tipo imputable a una conducta peligrosa ex ante; 2) En los tipos que exigen la producción de un resultado separado, ello supone que exista una determinada relación de imputación entre dicho resultado y la conducta peligrosa.” De la lectura de la Doctrina traída a colación, podemos concluir que la carga probatoria logro demostrar tal como lo planteamos en los párrafos anteriores, que existió la literalidad de la norma Penal del artículo 240 del Código penal, o sea esta demostrada la parte objetiva del Tipo, ya que: a) se defraudo a unas personas en beneficio de un tercero, b) se demostró el daño patrimonial, a través de la pericia contable de la perito ROSA BENITEZ, perito oficial del Ministerio Público, lo cual enmarca la estafa en el numeral 3) del artículo 241 del Código penal, y, c) se demostró bajo que conducta se produjo la Estafa, la cual fue la del engaño. Ya que hemos visto que esta configurada la parte Objetiva del Tipo penal [La Tipicidad] debemos pasar a analizar si existe la parte subjetiva del Tipo penal, a la luz de lo desarrollado en el debate y que ya hemos estado refiriendo. La parte subjetiva del tipo es El Dolo; aquí debemos entonces de señalar algunos conceptos de doctrina sobre el derecho penal sustantivo, referida tal doctrina claro esta, a El Dolo, para así ilustrar un poco nuestro motivo de casación. Queremos citar al tratadista Español, SANTIAGO MIR PUIG, el cual en su obra literaria “DERECHO PENAL.- PARTE GENERAL, en su sexta Edición, nos señala estos conceptos sobre el dolo: En su pagina 255 a párrafos numerados 66, 67 y 69 nos dice: “A) Concepto a) Según la doctrina causalista clásica, el dolo se concebía como dolus malus. Contenía como tal, dos aspectos: a) el conocimiento y la voluntad de los hechos, y b) la conciencia de su significación antijurídica (conocimiento del derecho). b) En la actualidad gracias al finalismo se prefiere un concepto mas restringido de dolo, que se entiende como “dolo natural”. Según el finalismo ortodoxo, el dolo incluye únicamente el conocer y querer la realización de la situación objetiva descrita por el tipo del injusto, y no requiere que se advierta que dicha realización es antijurídica (no incluye la conciencia de la antijuricidad). c) A nuestro juicio el dolo completo exige la “conciencia de la antijuricidad”, pero es conveniente distinguir tres grados o niveles de dolo: el dolo típico, que solo exige el conocimiento y la voluntad del hecho típico, el dolo referido al hecho típico sin los presupuestos típicos de una causa de justificación, y el dolo completo que además supone el conocimiento de la antijuricidad de la antijuricidad (dolus malus). Al estudiar el tipo doloso importa únicamente el primer nivel de dolo típico, que se corresponde al concepto de dolo natural usado por el finalismo. En este contexto y por razones de brevedad, en principio utilizaremos el término dolo en el sentido de dolo típico. ….” luego en la página 256, párrafo numerado 73 señala: “d) Desde antiguo se discute si el dolo requiere conocimiento y voluntad (teoría de la voluntad) o solo conocimiento (teoría de la representación). La doctrina dominante se ha inclinado por exigir tanto el conocimiento como la voluntad, aunque últimamente ha ganado terreno la opinión que considera suficiente el conocimiento. Es evidente que el hecho doloso presupone un comportamiento humano que, en cuanto tal, requiere “voluntariedad”. Así mismo es obvio que dicha voluntariedad no es suficiente para el dolo, como lo prueba el hecho de que también la imprudencia presupone un comportamiento humano voluntario pero me parece preferible- y mas conforme [pasa aquí a la pagina 257] con la tradición- entender que el dolo es la voluntad consciente resultante, sin mas, de sumar el conocimiento a la voluntariedad básica de todo comportamiento humano, y que dicho dolo implica “querer” en el sentido, por lo menos de aceptar.” Podemos deducir de la lectura del tratadista traído a colación, que el dolo no seria en consecuencia, mas que el conocimiento que debe tener todo imputado del hecho que va a realizar, o sea “saber” que realmente esta realizando una acción, y realizarla con la debida voluntad, o sea “querer” el resultado del hecho Típico. En este caso en particular, se ha demostrado el conocimiento que tenia la imputada y además la voluntad de cometer el delito de Estafa, ya que quedo establecido que la apertura de la Sociedad Mercantil con nuestras clientas fue una mera “pantalla”, con el fin de beneficiarse ella y su circulo familiar, en forma fraudulenta de lo que le aportaban otras personas, y acepto las consecuencias dañinas que sobrevendrían sobre mis clientes, ahí es que se configura en consecuencia el dolo de la imputada. En su declaración de imputada, ante el Tribunal de Sentencia, la imputada dijo que ella no administraba la sociedad, que no hacia labores en la escuela, pero en realidad siempre tuvo el dominio de los hechos, a través de su firme conocimiento- el “saber” de los hechos-, y su decidida voluntad- el “querer” realizar el hecho- de cometer las acciones constitutivas de delito. Nos dijo la imputada que prácticamente ella se había salido de la escuela, que eran las otras socias las que se encargaban del centro de enseñanza. Pero su misma sobrina la contradijo, en su declaración- que es la única testifical de la defensa- dijo todo lo contrario, resumido en una frase “Doris hacia todo, las socias no hacían nada”, Es que en realidad la imputada y su grupo familiar era quien controlaba todos los aspectos de manejo de la escuela, por ello es que no se puede desentender o decir que la imputada no sabia o no quería lo que hacia. Entonces esta claramente establecido, no un error mercantil, no un mal manejo administrativo, sino que lo que se advierte es una clara voluntariedad de cometer el delito, delito este que nuestro Código Penal establece que es la ESTAFA. Planteamos entonces, que quedo plenamente establecido la voluntariedad consciente de la imputada en sus acciones, por todo el dominio del hecho que siempre tuvo, o sea quedo demostrado también el dolo. Es así que planteamos que para reparar la infracción de derecho positivo, cometida por el Tribunal de sentencia, la interpretación que debe de dar esa Sala de lo Penal, es que en efecto si se configuraron los elementos del delito, que al analizar si existe un delito que perseguir si se dieron sus dos elementos, la parte objetiva y la parte subjetiva del Tipo Penal, al existir realmente la Tipicidad en el presente caso, este es referido a una acción llevada a cabo nada mas y nada menos que la imputada, esa acción es antijurídica ya que no había justificación alguna en sus actos, y la imputación personal [la culpabilidad] se le puede achacar a la procesada ya que no hay ni una sola causal que destruya esa culpabilidad, y por lo tanto se le debe imponer una pena concreta, la establecida en el articulo 241 Nº 3) del Código Penal. Lo que planteamos es que si se demostró la existencia de todos los elementos de configuración de la figura penal acusada, amparándonos en la teoría del delito, y por lo tanto si se debe aplicar el artículo 240 del Código Penal, y declarar culpable a la imputada de la comisión de tal delito. Consideramos que el presente Motivo de Casación es de RECIBO, y el mismo debe de ser declarado HA LUGAR, en consecuencia esa sala debe de CASAR la sentencia, y emitir una nueva condenando a la imputada.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma PRIMER MOTIVO: Quebrantamiento de Forma por no haber aplicado la Sana Critica en la valoración de la Prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 Nº 3) del Código Procesal penal es el fundamento legal que me autoriza a poder alegar este Motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Norma Procesal infringida es la del artículo 338, Regla Cuarta, Numeral 2) del Código Procesal Penal, relacionada con el artículo 202 del Código Procesal Penal, estos artículos nos dicen lo siguiente: Artículo 338, en la parte que nos ocupa: “……CUARTA: Se consignara la fundamentación del Fallo de la manera siguiente: 1)…….. 2) Valoración de la prueba. Seguidamente se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos justificando según las reglas de la sana critica el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Artículo 202: “Valoración de las Pruebas. La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Nuestro Sistema de valoración probatoria se rige por la Sana Critica, y aunque los tribunales muchas veces mencionan que la han aplicado para valorar el elenco probatorio, al examinar las pruebas y los conceptos empleados por los Jueces caemos en la cuenta que todavía muchos tribunales usan conceptos de la prueba tasada o por la arbitrariedad de valoración probatoria; para emplear la Sana Critica es necesario poner en practica sus reglas, las cuales han sido objeto de muchos debates, habiendo colegas que tienen nociones mas dogmáticas, otros mas abiertas. Nosotros consideramos que las nociones de la Sana critica deben ser lo mas practicas posibles y no revestirlas de muchos conceptos enrevesados, es así entonces que recordemos las reglas de la Sana Critica, se acepta unánimemente [recordemos a BACIGALUPO Y CAFERATA NORES, que entre otros autores son los que nos plantean en forma similar cuales son estas reglas] que estas son: a) Los principios de la Lógica [Los principios de la lógica son cuatro: De Identidad, De Contradicción, De Razón suficiente, y De Tercero Excluido]; b) Normas de la Psicología y c) Leyes de la Experiencia Común; en lo que a veces hay dicenso es en como explicarlas o que significado tiene cada una de esas reglas. En esta Casación desarrollaremos los conceptos que creemos fueron infringidos de las reglas de la Sana critica, referidos en especifico a cada prueba individual de las que consideramos que no se les aplico alguna o algunas las reglas de la Sana Critica para valorar las mismas. Veamos, muchas veces los tribunales nos exigen a los litigantes que seamos específicos, que puntualicemos como en este caso en especifico, que normas de la Sana Critica creemos que se han violentado, pero los tribunales, jueces y cortes, muchas veces solo dejan la frase “Valorando las pruebas conforme a la Sana critica” -o similares frases- pero luego en el cuerpo de la sentencia no nos dicen lo que tanto nos exigen: puntualizar que las reglas de la Sana critica usaron para valorar una prueba o todo el bloque de pruebas. El tribunal hace ciertas apreciaciones de las pruebas, pero observemos que en concreto no refieren los jueces sentenciadores, que análisis técnico jurídico aplicaron, para desestimarlas en cuanto a que no les probaron la culpabilidad de la imputada, mas lo que hace el Tribunal inferior, es hacer un apretado resumen lo que contienen las pruebas; y hace escuetos análisis que no pueden en ningún momento considerarse que son argumentaciones logradas utilizando el régimen de la Sana critica, y mas aun las conclusiones en las valoraciones de la prueba son en general difusas, y no plantean concretamente, el porque tal o cual medio de prueba no logro enervar el estado de inocencia de la imputada, o en el caso de pruebas de la defensa, que elementos de tales pruebas de descargo tomaron en cuenta para que las mismas desestimaran lo planteado por la Acusación. El Tribunal der sentencia no aplica el Principio de la Lógica de Contradicción, este principio de La Lógica nos señala que no pueden ser validos dos juicios, e los que uno de ellos señale que alguien o algo son de una forma, y el otro juicio diga que ese alguien o ese algo no son de la forma como se describieron en un primer momento. Este principio no lo aplica el tribunal inferior respecto a la valoración de las pruebas testificales, sobre todo de las de los tres ofendidos, y respecto al medio de prueba documental referido a la escritura que solamente se plasmo en el protocolo, instrumento, el cual es de fecha veintidós de mayo del año dos mil cuatro. Se rompe el principio referido en el sentido que si analizamos las declaraciones de PETRONILA VENTURA Y MARIA ANTONIA SANCHEZ, quedo plasmado de las mismas que ellas en un periodo que va desde finales del dos mil tres hasta marzo y abril y abril del dos mi cuatro, fueron abordadas por la señora DORIS GALO, por medio de familiares de la misma, o de compañeros de trabajo de ambas que se relacionaban con la imputada también, o por combinaciones de tales circunstancias; pero para formalizar la relación de negocios que según mis dientas estaban formando con la imputada (y otras socias), en mayo del dos mil cuatro procedieron a comparecer ante un notario, el extinto ERDULFO DERAS, para formalizar la sociedad mercantil. El tribunal de sentencia rompe el principio de contradicción, ya que si observamos en la valoración de la prueba que hacen los señores jueces, ellos dicen en la parte que valoran las pruebas testificales, que mis representadas llegaron a un “acuerdo verbal” con la imputada. Luego en la valoración de la prueba al analizar en su conjunto la prueba documental, y ya que era evidente que existía en el protocolo del año dos mil cuatro del Notario a que nos hemos referido, una escritura matriz de fecha veintidós de mayo del año dos mil cuatro, este hecho demostrado porque nosotros presentamos tal matriz en fotocopia debidamente autenticada, el tribunal de sentencia ya no dice que hay un “acuerdo verbal”, si no que considera en su valoración como legitimo el medio de prueba documental referido a esa matriz, o sea en la valoración de los testigos establece que lo que hubo es un acuerdo verbal, y en la valoración de la prueba documental y refiriéndose al instrumento Nº 89, del veintidós de mayo del año dos mil cuatro, le da a ese medio de prueba eficacia probatoria, ya que aunque el tribunal no lo dice directamente - porque desfavorece a la imputada- pero no le da un juicio de desvalor a ese documento tampoco, ya que acepta como validas las declaraciones que señalan que comparecieron ante el notario realizar la escritura de la sociedad, y si las declaraciones todas se refieren- incluso la de la imputada- a que se realizo la matriz y se firmo la misma, en consecuencia el tribunal deja establecido que el documento es una prueba real y verdadera. Y aquí vemos en consecuencia que se rompe en la valoración de la prueba el principio de contradicción, ya que el tribunal valora unos medios de prueba señalando que le demuestran un acuerdo verbal, pero valora otros medios de prueba donde lo que se demuestra es que el acuerdo fue mas haya de lo verbal, ya que de hecho si se hizo la escritura, lo que no sucedió es el resto del tramite para que se registrara, al romperse el principio de contradicción, se genera una falta de coherencia en el razonamiento, el cual debe ser lógico, esto lo que da como resultado es que se demuestra que el tribual inferior comenzó valorando las pruebas en separado, o sea no como un todo armónico, tal como se lo ordena el sistema de la Sana Critica, sino que comenzó con la prueba testifical y puso sus valoraciones de esa prueba sin antes haber analizado las documentales, y una vez que valoro las documentales contradijo su primera valoración, en cuanto a lo ya referido de la existencia de una escritura matriz, también el tribunal hace tal valoración, para minimizar el nivel de compromiso legal que tenia la imputada para con mis dientas. Si no rompemos el principio de contradicción como debió ser en un principio, se nos aclara el panorama de los hechos, ya que quedaría demostrado que lo que ocurre es una serie de actos concatenados, que van desde la propuesta de sociedad por parte de DORIS GALO- no de mis clientas hacia ella- , pasando por las platicas previas, los primeros acuerdos entre ellas y, que llegan hasta el momento de comparecer ante un ministro de Fe publica como es el Notario para en efecto realizar en un protocolo una escritura, y tal escritura es el nexo para el engaño, ya que una vez hecha la matriz, la imputada procedió a no registrar la escritura, esto ultimo lo analizaremos, la valoración sobre los medios de prueba que demuestran esa parte del engaño, referida a la no inscripción de la sociedad en otros apartados de este mismo motivo. Vemos en consecuencia que al romper el principio de contradicción, el tribunal sentenciador en este aspecto de la valoración de las pruebas referidas en este segmento de este motivo, llega a conclusiones erróneas que fueron conformando la no aplicación de las normas de la Sana Critica, en general a todo el elenco probatorio. El tribunal sentenciador no aplica la regla de la Sana Critica referida a los principios de la lógica, y aquí referiremos que no aplica el Principio de Razón Suficiente, este principio se refiere a que todas las pruebas que se aportan en un proceso deber ser evaluadas al tenor de las demás, o sea el elenco probatorio es una cadena en donde cada medio probatorio es eslabón de una misma cadena, cada prueba es prueba de las otras por así decirlo, este principio implica que no se puede valorar los medios de prueba en forma aislada, aunque cada prueba aislada por si sola cada una de ellas goce supuestamente de la confianza del Juzgador, ya que no acreditaran nada si no se valoran en conjunto; no aplica el Tribunal de Sentencia este principio de la lógica porque si evaluamos en conjunto las pruebas que señalaremos, se podrá observar que analizadas en su conjunto las pruebas demuestran la configuración del delito, y a la vez cada prueba fue comprobando a las otras. Aplicando el principio de razón suficiente ya referido; si analizamos la prueba testifical de la acusación en un solo bloque, o sea las declaraciones de los tres ofendidos y la testigo BETSY MONTOYA, podemos observar que los ofendidos cada uno de ellos nos arroja de sus declaraciones las circunstancias de que ellos ya eran personas o terminando ya su vida laboral y esperando y buscando su jubilación o bien ya retirados (ese es el caso de NICARDO PALMA), que quien busca tener o acceder a socios- y como fin primordial a el dinero que le puedan generar- es DORIS GALO, las tres declaraciones testificales si las analizamos en forma armónica, no aislada sino como eslabones de una misma cadena, nos señalan el hecho de que es la imputada por medio de familiares de ella misma y que conocían tanto a MARIA SANCHEZ o a PETRONILA VENTURA, o aprovechando previas relaciones laborales con PETRONILA VENTURA, o amistades en común, o relaciones por el ejercicio del magisterio, logro la imputada tener acceso a conversar con mis dientas y plantearles la conformación de una sociedad mercantil basada en una Escuela, que la imputada ya había formado en el ultimo tercio del año dos mil dos, y que comenzó sus funciones en enero del año dos mil tres; pero el tribunal sentenciador cuando valoro la prueba- y por ende lo coloco así en los hechos probados- nos dice que concluyen que fueron nuestras clientas las que le proponen ingresar a la empresa; el tribunal rompe el principio de razón suficiente al no evaluar el bloque de declaraciones de los tres ofendidos, los que palmariamente dicen que es la imputada la que les genera la platica de ingresar a dos de mis clientas a la sociedad, el tribunal consideramos que no valora en conjunto la prueba, por la sencilla razón de que abona mas a la tesis de que la voluntad y conocimiento [El Dolo] de la imputada iban dirigidos a utilizar el elemento engaño, elemento conductual, que es uno, de los varios, con que se puede cometer el delito de ESTAFA, el hecho de que haya sido ella la verdadera proponente de que ingresaran mis dos clientas a la sociedad. Siempre en este apartado, vemos que además de las que fueron socias el testimonio de don NICARDO también es conteste con las declaraciones de las dos testigos ofendidas, ya que el confirma que es la imputada la que le propuso a su esposa ingresar a la sociedad, siempre con el análisis de la prueba al tenor de el principio de razón suficiente vemos que NICARDO confirma ese aspecto de las declaraciones, y continuando con nuestro análisis, la testigo BETSY MONTOYA, aunque ella dice que recuerda muy poco sobre los inicios de la escuela y la formación de la sociedad, si confirma datos tales como que la escuela ya estaba formada, que la imputada era la que siempre dirigió las acciones de formación y administración de la escuela y que hubo un desastre de administración, si lo analizamos este testimonio, con la parte que discutimos en este momento, vemos que esta testigo sirve en general para dar credibilidad a las declaraciones de mis clientes, ya que confirma datos accesorios que mis clientes señalaron en el total de sus declaraciones. Vemos entonces que al no aplicar el principio de Razón suficiente el tribunal sentenciador dejo de lado un dato importante: Que es la imputada la que propone a mis clientas ingresar a una sociedad, este hecho no demostraría que la imputada siempre tuvo el dominio del hecho, y demuestra la premeditación de ir formando el engaño con que defraudo en su provecho a mis clientes, al descubrir tal elemento de los hechos, por medio de este análisis hecho utilizando el principio de razón suficiente, parte integrante de las normas de la lógica, que son a su vez parte del sistema de la Sana Critica, vemos que si el tribunal lo hubiera utilizado hubiera valorado tal elemento factico, y hubiera ido arribando a la conclusión de condenar y no de absolver a la acusada. Vuelve a romperse el principio de razón suficiente por parte del tribunal, ya que cuando valora las pruebas, no lo hace en su conjunto, para el caso si se analiza toda la prueba documental junto a los testimonios, incluido el de la única testigo de descargo, que era la directora de la escuela y es sobrina de la imputada, podemos concatenar cada prueba con el plan preconcebido que tenia la imputada, en primer termino abordar a alguien incauto, o sea mis dientas PTRONILA Y MARIA ANTONIA, luego de auscultarlas, pasar a la siguiente fase, hablarles maravillas de su escuela, y colocar la institución como una que daba frutos económicos, estos dos aspectos saltan a la luz de las declaraciones de mis dos clientas, y las confirma nuestro cliente NICARDO, luego continua en la elaboración de su engaño, llevándolas a realizar una escritura que nunca registra, esto quedo evidenciado si se analiza en conjunto las declaraciones de PETRONILA Y MARIA ANTONIA, en cuanto al momento que comparecen ante el notario publico, junto a la copia autenticada de los folios de el Protocolo del notario ERDULFO DERAS, correspondientes al instrumento numero 89 del veintidós de mayo de año dos mil cuatro, la imputada ya tenia registrada y en funciones su escuela desde mas de un año antes de comparecer ante el Abogado DERAS, ella ya sabia que no ocupaba la escritura de Sociedad, para fines administrativos, el hecho de hacer que vayan mis clientas al despacho Notarial, es para que las mismas entren en confianza y engañarlas de que forman parte de una sociedad. El engaño continua y se configura ya que las constancias que obraron como medios de prueba documentales, elaboradas por el Notario DERAS, de fechas 28 de junio y seis de julio del años dos mil cinco, si las analizamos a la luz de lo que nos arrojan los testimonios de mies clientas y don NICARDO, que no es que “quiso” formar la imputada una sociedad, y que no lo logro, y que por eso en el año dos mil seis se constituye comerciante individual, que es lo que el tribunal valora que las pruebas le arrojan, ese análisis es erróneo ya que rompe el principio de razón suficiente, porque el tribunal no valora las pruebas como una sola cadena, la empresa no se inscribe PORQUE LA IMPUTADA ASI QUIZO QUE PASARA. Y LO HACE CON LA VOLUNTAD QUE EN UN FUTURO NO HUBIERA SEGÚN ELLA, OBLIGACIONES LEGALES DE ELLA PARA CON SUS SOCIAS, de las declaraciones de la única testigo de la defensa y las declaraciones de mis clientes, si las analizamos en forma armónica y no aisladas surgió la evidencia que la imputada controlaba cada aspecto de la vida de la escuela y de la sociedad mercantil, y mis clientas el conocimiento que tenían, era que según ellas había una escritura en donde se constituyo una sociedad y ellas eran socias de la misma, ya tanto PETRONILA Y MARIA ANTONIA, como NICARDO sabían que en esa escritura se había nombrado como gerente a la imputada, lo que tenían que saber mis clientes era que la imputada al ser la gerente de la supuesta sociedad, era la encargada de la administración de la misma, o sea de todo el papeleo y era la representante legal de la sociedad, o sea que la imputada según mis clientes tenia la obligación de realizar algo como lo de inscribir la sociedad, las pruebas testificales demostraron junto a la pericia contable, cuales fueron las cantidades dadas por mis clientas en general, pero en particular al momento de la constitución de la Sociedad, que por cada una fue de treinta mil lempiras, y si sumamos que habían otras dos socias mas, diferentes a la misma imputada, solo sume esa sala, lo que le entro de inicio a los bolsillos de la imputada, con esa cantidad del orden de mas de cien mil lempiras a la imputada le bastaba y le sobraba, para realizar todos los pagos que el Notario DERAS establece que no se cancelaron para terminar el tramite de la constitución de la sociedad; no es como dice el Tribunal inferior “que no se pudo” formar una sociedad, sino que no quizo hacerlo la imputada ¿Por qué no lo hizo?, la respuesta salta a la vista si se analizan las pruebas con el principio de razón suficiente; no hace el tramite de registro ya que no quiere la imputada, ya que lo que esta realizando es un engaño, en contra de nuestros clientes, con el fin de logarle sacar lo mas que pudiera a los mismos; se refuerza aun mas esta tesis con el hecho que de las declaraciones de PETRONILA Y NICARDO, ambos marido y mujer se estableció que la imputada hasta se molesto y pregunto que porque no salía a nombre de la escuela un autobús adquirido por mi cliente, y la ofendida PETRONILA VENTURA, le transmitió semejante desfachatez a su marido, y este hasta le dijo frases cuestionando la inteligencia de su esposa, que como iba a salir a nombre de la escuela el automóvil si el mismo lo compro mi cliente al contado y no se había acordado ningún convenio todavía con la escuela para que se lo pagaran, vea esa Sala, si era algo lógico que la imputada hiciera esos reclamos, si no hubiera sido su fin continuar con su defraudación en ese momento ya no solo contra mis clientas mujeres, sino contra el señor NICARDO PALMA también. Creemos honorable Sala, que al no aplicar el principio de razón suficiente, el tribunal inferior privo a su sentencia de haber analizado estos aspectos señalados por nosotros en este apartado, de este Motivo de Casación, con la Sana Critica que le ordena el Código procesal Penal, si lo hubiera hecho hubiera descubierto por las mismas normas de la lógica, que las pruebas en su conjunto les demostraban un fino engaño de la imputada hacia mis representados, engaño puesto a buen recaudo que se le descubriera ya que ella era la gerente de la Sociedad, su sobrina la Directora Académica de la escuela y su hija (y a veces su yerno) la administradora de la Escuela, este engaño no es mas que parte de la Literalidad de la Norma Penal de Estafa, y las acciones de la imputada se demostró que fueron con dolo, o sea si hubiera aplicado el tribunal de sentencia el principio de la Lógica de razón suficiente, hubiera arribado a la conclusión de que la imputada es culpable y no inocente. El Tribunal Sentenciador rompe también Las Leyes de la Experiencia Común en la valoración de la prueba, Las Leyes de la experiencia Común son aquellas que nos señalan Juicios o definiciones hipotéticas de contenido general independientes de cada caso concreto sometido a juicio que nos señalan vivencias del común devenir de la existencia que nos señalan que en ciertos casos ocurren los mismos fenómenos que en otros casos similares y surgen de la observación de esas situaciones para aplicarlas a la vida diaria, son nociones de dominio Público que toda la sociedad acepta como válidas, también formadas estas máximas de la experiencia por situaciones de la vida diaria actual que la mayoría del conglomerado nacional conoce [o incluso pueden ser nociones de dominio universal]. Aquí entonces debemos de señalar que el tribunal obvio circunstancias que son del uso común, o que son acciones que el común de las personas lo saben: La forma de actuar de todo estafador; el estafador es un delincuente que si bien no usa la violencia directa o el descuido de un propietario, pero su forma de ser insidiosa es casi un “estándar”, y en el caso de autos se configuro esa forma de ser insidiosa, lo primero dar esa imagen lastimera, que le dio al tribunal, lean la declaración de la imputada y verán sus continuas referencias a sus salud, que ha estado agobiada por mas de diez años con este caso, lo segundo el estafador es de los delincuentes que nunca acepta su culpa, es mas probable que un asesino, o un simple ratero la acepte y se someta a algún proceso desjudicializador, vean como la imputada trato de evadir el juicio por espacio de siete años, lo que se haya dilatado el juicio fue por obra de la imputada mayormente, esto es así de los estafadores, ya que cuentan que su “honra” quede incólume, claro, para seguir buscando victimas, y lo ultimo observen los cantos de sirenas que les dijo a mis clientes para continuamente y por mas de un año defraudarlos, es típico del estafador presentar una buena carnada, para vivir a costillas de otro, no le importa si es por solo unos días, unas semanas o en este caso por periodos mas largos de tiempo, todo indica que lo que les dice a mis clientes la imputada fue eso una carnada; es obvio el engaño y la configuración de la personalidad Típica del estafador, presente en la imputada, demostrada por medio de las pruebas. Rompió el tribunal también las normas de la experiencia común, en el detalle del análisis de la no inscripción de la sociedad, la experiencia nos señala que alguien responsable hará este tramite quizá en un par de meses, a lo sumo en unos cuatro meses, un buen administrador o gerente no obviaría algo tan sustancial como no inscribir la sociedad, creeríamos algo como que la llevaron al registro y no haberla retirado del Instituto de la Propiedad, el testimonio, u otros descuidos como no pagar la energía eléctrica, o similares, pero no terminar el tramite de inscripción de una escritura, y en este caso, y analizando el resto de las pruebas y con lógica común este detalle de la no inscripción nos lleva a la conclusión que en realidad, no hay un “olvido” en este caso, si no una clara intención de engañar, para por medio de ese engaño defraudar y recibir una ganancia indebida de recursos ajenos, o sea de mis patrocinados; lo toral es que el tribunal no acudió a las Máximas de la experiencia, para analizar los aspectos señalados, esta falta de aplicación conllevo a que el tribunal pareciera que se “cegó” ante la evidencia de la existencia de un plan de engaño, que no podía traer otro resultado entonces que el de condenar y no de absolver a la imputada. Por todo lo dicho en este Motivo de casación Consideramos que el mismo es De Recibo, y que por lo tanto el mismo debe ser declarado Con Lugar, y siendo que por la naturaleza del mismo se tendría que anular la sentencia, pedimos que así sea vuestra decisión y en consecuencia se vuelva a reproducir el juicio en su totalidad, pero con un tribunal diferente. Señalamos que siendo que la Valoración de la Prueba es un acto procesal que se desarrolla hasta el momento de la redacción de la sentencia no se pudo impulsar recurso alguno contra las violaciones indicadas, si no solo hasta este momento que lo hacemos por medio del presente recurso en general y este motivo en particular.” “SEGUNDO MOTIVO: Ser contradictorios algunos aspectos de la Fundamentación Jurídica de la Sentencia, relacionada esa contradicción con lo que ordena el artículo 105 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El articulo 362 Nº 3) del Código procesal Penal es el que me autoriza a invocar este motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: La norma procesal penal que se considera infringida dice en su parte conducente: “Artículo 338. Requisitos de la Sentencia. Las Sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: PRIMERA:… SEGUNDA:.... TERCERA:.... CUARTA: Se consignara la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. … 2 . … 3. Fundamentación Jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignaran, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados, de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad Civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados…”. El precepto autorizante, que nos sirve para este motivo de casación nos dice que se puede invocar el mismo si en la fundamentación jurídica de la sentencia existieren contradicciones, pues bien, en la sentencia que estamos recurriendo por este recurso en su apartado de Fundamentación jurídica, tal fundamentación adolece de una contradicción garrafal, las cual puntualizaremos en este motivo de casación. La contradicción se encuentra en el segmento de la sentencia titulado “Fundamentos Jurídicos”, en su acápite que el Tribunal de sentencia señala como “TERCERO”, el cual en su segundo párrafo dice: “…..Procede entonces a dictar un fallo absolutorio a favor de la señora DORIS MAGDALENA GALO MARTINEZ, por el delito de ESTAFA, no obstante considerar el tribunal que conforme a los hechos probados no se ha acreditado la existencia del delito de estafa atribuido a la señora Doris Magdalena Galo Martínez, pero si existe la responsabilidad civil que implica la devolución de las cantidades adeudadas a los señores MARIA ANTONIA SANCHEZ, PETRONILA VENTURA SIERRA Y NICARDO FLORENTINO PALMA SIERRA, mismo que deberá ser ejecutado en la instancia que corresponda…..”; esta aseveración del Tribunal de sentencia contradice palmariamente lo establecido por ellos mismos en la declaración de hechos probados, en el sentido de que recordemos que en nuestro sistema de enjuiciamiento, y que es similar a casi toda américa latina, ya que sigue el sistema llamado Latino-Francés, el que es declarado absuelto de un delito, NO TIENE RESPONSABILIDAD CIVIL ALGUNA, no nos explicamos porque el tribunal sentenciador pretende en su sentencia declarar una responsabilidad, que puede ser declarada en contradicción de una sentencia absolutoria, solo en otro tipo de sistema legal, y en especifico en el sistema conocido como Anglo-Sajón. Veamos, en ese sistema, que además es de la “Ley no escrita”, y que se falla en base a antecedentes legales, una persona puede ser declarada Absuelta en una causa penal, pero por los mismos hechos, de que fue declarada inocente, puede ser declarada responsable en vía Civil, y condenado a una compensación económica, a pesar de la absolución, y solo cito un caso famoso: La absolución del famoso jugador de Football americano, en un proceso judicial que se realizo en un largo periodo de tiempo entre 1992 y 1993, para luego este Jugador ser condenado civilmente por los mismos hechos por los que había sido absuelto. Esto para un abogado que ejerce y fue educado en el sistema Latino-Francés, creemos que nos chocaría, y es uno de los grandes contrasentidos de un sistema de Justicia, como es de los Estados Unidos de América, que año a año parece resquebrajarse cada vez mas. En nuestro sistema legal, es contundente el principio de Absolución total, el que es absuelto de un delito no puede ser declarado civilmente responsable por esos hechos por los que fue absuelto. Aquí nos conviene citar el articulo 106 del Código Penal que nos dice: “Artículo 105.- Todo aquel que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente.” Podrían preguntarse de porque los mismos acusadores plantean este motivo. Basado en tal circunstancia, es simple, si nuestros clientes realmente quisieren hacer vales sus derechos en la vía civil, no puede haber una dicotomía, en cuanto a dos fallos que declaren la responsabilidad civil, estaríamos protegiendo los intereses de nuestros clientes, ya que no puede haber dos fallos en un mismo asunto, la responsabilidad Civil solo puede ser declarada una vez, si nuestros clientes lograren un fallo civil a su favor por sus justos reclamos de resarcir sus bienes, no podemos arriesgarlos a que después el apoderado o apoderados de la imputada procedieran a interponer alguna incidencia o excepción amparándose en un evidente yerro jurídico realizado por el tribunal de sentencia. Lo contradictorio aquí de esa parte de la fundamentación jurídica es que, ese segmento de la sentencia entra en conflicto con una norma jurídica- El artículo 105 del Código penal-, que es de carácter sustantivo y que regula cuando se declarará en un proceso penal, la responsabilidad civil de una persona; y será declarada dicha responsabilidad Civil cuando el resultado de su juicio penal sea una sentencia condenatoria; si no ocurre este ultimo evento ningún tribunal puede declarar que hay responsabilidad Civil. Aquí también debemos de señalar la evidente invasión de competencia y de jurisdicción que realizo el tribunal sentenciador al realizar tal declaración dentro de la sentencia que estamos impugnado, ya que una vez declarada absuelta la acusada, ya no le compete, una vez firme la sentencia, al tribunal de sentencia discernir, ni siquiera opinar sobre una eventual responsabilidad Civil. Por todo lo dicho en este motivo de casación consideramos que el mismo es DE RECIBO, y pedimos sea declarado HA LUGAR, en consecuencia que se anule todo el juicio desde su inicio y que se vuelva a practicar por tribunal distinto al que conoció este caso, ya que el tribunal actual ya tiene viciado su convicción por haber conocido las pruebas del mismo y tendría un alto grado de prejuzgamiento en contra de mi representado, y estar la nulidad en una parte de la sentencia que es no de formalidad sino de fondo de la misma. Por estar en la misma sentencia, no pudimos recurrir esta violación procesal más que por el presente recurso que estamos interponiendo.” “SEGUNDO MOTIVO: La declaración de hechos Probados carece de precisión y claridad. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 Nº 1) del Código Procesal Penal es el que nos da la autorización para invocar este Motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Norma procesal que se considera infringida en su parte conducente dice: “Artículo 338. Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: CUARTA: Se consignara la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico predetermine el fallo que haya de dictarse. …….” La sentencia en la declaración de Hechos Probado carece de claridad, ya que de Inicio en su hecho probado PRIMERO coloca que la cifra que aporto al inicio de la relación mercantil fue de solo LPS. 5,551.80 por parte de PETRONILA VENTURA, cuando eso no fue lo que se demostró en juicio, sino que las socias dieron un aporte inicial de treinta mil lempiras, luego pierde precisión la sentencia cuando se refiere a las aportaciones de MARIA ANTONIA, el tribunal que esta hablando del inicio de las aportaciones, nos coloca en la cantidad que termino dando en toda la relación esta perjudicada o sea la de 43.605.21 Lempiras, sin pasar por la explicación previa de cuanto fue el aporte inicial, que supuestamente es lo que esta queriendo plasmar el tribunal de sentencia en ese acápite de sus hechos probados. Luego en los hechos probados en su acápite SEGUNDO establecen una cifra para PETRONILA VENTURA y otra para MARIA SANCHEZ, diferentes a las dos primeras cifras del acápite primero, pero no expone como fue que surgieron esas cifras finales generando imprecisión en la sentencia. Esta falta de precisión y claridad, denota en la sentencia del tribunal una falta de profundidad en el conocimiento de las diversas cifras y por ende de las pruebas, que se vio reflejado en estas mismas apreciaciones de la declaración de hechos probados, que no nos dan la precisión de cuanto fue el aporte inicial de las perjudicadas, no nos deja claro como es que de unas cifras iníciales las perjudicadas, pasaron a unas subsiguientes diferentes, esta falta de precisión y claridad influye en el razonamiento de la sentencia, y pierde la lógica que debe revestir todo fallo judicial en general y en particular los hechos probados. Consideramos en consecuencia que tal violación al proceso evita que los hechos probados, sean precisos y coherentes, y por lo tanto la misma sentencia tendría una causal de nulidad clara y precisa. Consideramos que la norma procesal debió ser aplicada correctamente y la sentencia debió contener en su declaración de hechos probados todos los elementos de los que hemos señalado de que carece, y por lo tanto estas carencias darían pie a una nulidad de toda la sentencia recurrida, ya que los hechos probados se colocan en toda sentencia basados en las pruebas del mismo, y el tribunal sentenciador ya tiene una valoración preconcebida de esas pruebas y unos hechos ya fijados en su mente tal como los redactaron. Por lo dicho con anterioridad consideramos que es DE RECIBO el presente motivo de casación y por lo tanto el mismo debe ser declarado HA LUGAR, en consecuencia esa sala debe anular la sentencia venida en casación, y siendo que la naturaleza de la infracción conlleva una parte de la sentencia que se basa en lo observado en la valoración dada por los jueces a la prueba, consideramos que se debe repetir el juicio y que otro Tribunal observe el mismo. No nos fue posible recurrir las violaciones procesales alegadas, ya que las mismas las supimos hasta la emisión de la sentencia, y las estamos recurriendo por este recurso de Casación” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizado por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el Derecho Penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al Derecho Penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad, concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que, citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 240 del Código Penal decreto 144-83. Concepto de la infracción: inaplicación del delito de estafa. Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: que se dicte una nueva sentencia en la que se condene a la imputada. Explicó el recurrente que toda imputación de un delito debe de demostrarse, esto no se puede hacer mas que con las pruebas arribadas en las audiencias de cada debate, la prueba tiene como finalidad sustantiva demostrar todos los elementos de configuración de un delito. De los hechos probados se deduce claramente que para el Tribunal Sentenciador no existió el delito acusado, en consecuencia, no aplicó a sus hechos probados el artículo señalado como infringido, cuando en efecto si debió aplicarlo, ya que analizaremos los presupuestos para configurar que existió una acción antijuridica, típica, imputable a la acusada. Se debe analizar concretamente el resultado de lo que arrojan las pruebas, ya que lo que sirve para demostrar si se cometió un delito son las pruebas. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley.
La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme al vicio denunciado y al desarrollo que realizó el recurrente, esta Sala de lo Penal considera que el censor no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para conformar y fundamentar su recurso de casación por infracción de ley. Ya esta Sala ha plasmado dentro de su doctrina legal, que los recurrentes deben cumplir con ciertos requisitos para que se proceda a resolver su impugnación, requisitos que han sido plasmados en el apartado anterior. La técnica casacionista no es un invento del Ministerio Público o un capricho antojadizo de esta Suprema Corte, tal como lo refiere el censor en su recurso, quien de forma irrespetuosa considera el impetrante que el pensamiento casacionista en Honduras es áspero, cuadrado y con criterios en exceso desfasados. Ante tan desacertado criterio, es de recordar que el origen de este instituto es en Francia[1], como el desenlace jurídico de las ideas predominantes en la época de la revolución; no obstante, se puede encontrar su simiente en el “Conseil des Parties”, en la época de la monarquía, como una sección del Consejo del Rey, para el control de la legalidad de las decisiones de los jueces. Luego funcionó el Tribunal de Casación, creado por la Asamblea Nacional Francesa, mediante Decreto de 27 de noviembre de 1790. Separado del poder del soberano, aunque dependiente del cuerpo legislativo, tuvo como inspiración el pensamiento de los filósofos enciclopedistas, quienes predicaban la idea de la ley como expresión suprema de la voluntad general, al lado del principio de división de poderes. Con todo y pretenderse que actuara como un órgano legislativo, se fue perfilando como jurisdiccional, encargado de anular los procedimientos en los cuales las formas hubieran sido violadas y los fallos que contuvieran contravención expresa del texto de la ley, esto es, con competencia sólo para anular sentencias no así para juzgar. De lo que se deduce, que esta institución no ha surgido en Honduras de manera caprichosa, sino que ha sido tomada como modelo de países europeos (Francia y España) para tomar como modelo las diferentes instituciones jurídicas que conforman ahora nuestra legislación penal. En ese sentido, el recurso de casación surge en Honduras a raíz del movimiento legislativo germinado en otros países y por tanto se va conformando en base a las características de los países pioneros en dichos recursos, ya lo dice LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA[2], al estudiar el recurso de casación en el Código Procesal Penal hondureño, no duda en «... afirmar que las raíces que sustentan la casación hay que buscarlas hoy día en el ordenamiento constitucional y. más concretamente, en una serie de principios entre los que cabe destacar el sometimiento a la Ley de la actuación de los poderes públicos, de los que forma parte el Judicial [Artículos 303 y siguientes de la Constitución] y los principios de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva. La uniformidad en la aplicación de la ley es consecuencia del principio de seguridad jurídica y del de igualdad en su aplicación, para asegurar que los derechos de los ciudadanos no dependan del criterio subjetivo y menos aún de la arbitrariedad de cada juez o tribunal...». La casación no es una nueva instancia, en la medida en que sólo ejerce una «jurisdicción negativa» (CALAMANDREI); pese a todo, como estudia VAZQUEZ SOTELO, la mayoría de los procesalistas, así italianos (BETTI, CARNELUTI, PAZZALARI, REDENTI, SATTA) como españoles (GOMEZ. ORBANEJA, GUASP, PRIETO-CASTRO), no dudan en calificar la casación como un auténtico y propio recurso, aunque de carácter extraordinario, porque tiene tasadas así las resoluciones recurribles como los fundamentos invocables del recurso; pero se pueden descubrir en ella los dos pilares de la construcción teórica del concepto de recurso: la suspensión de la producción de la firmeza de la resolución combatida, manteniéndose la pendencia del proceso que, por lo mismo, no concluye (GOMEZ ORBANEJA), y la pretensión de sustitución (directa o indirecta) de aquella resolución por otra que, en definitiva, sea más provechosa para los intereses de la parte que la impugna (GUASP). Esta (recurso extraordinario especial, según LLORENTE)- es igualmente la calificación que conviene desde el punto de vista del CPP de Honduras, que incluye la casación entre los recursos. Por otro lado, la resolución que la decide produce efectos limitados al proceso que le sirve de contexto. No obstante, no se puede desconocer que, ostentando el Tribunal o Corte casacionales la cúspide de la pirámide orgánica jurisdiccional, su criterio constituye un precedente que necesariamente habrá de presionar sobre los órganos autores de las resoluciones sometidas a su control. Para esta Sala de lo Penal el recurrente ha utilizado una mala técnica casacionista, pues si bien denuncia la falta de aplicación del artículo 240 del Código Penal 144-83, sus alegaciones y fundamentos se basan en meros alegatos de instancia, pues lo que hace es cuestionar la prueba sobre la cual el Sentenciador basa su sentencia. Ya la Sala ha establecido como criterio jurisprudencial, que, en el recurso de casación por infracción de las normas sustantivas, la tarea del recurrente se puntualiza en los hechos probados, en determinar si en ellos encontramos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y por tanto si esa relación fáctica encuadra o no con la legislación penal utilizada por el Sentenciador. Cuestionar en este tipo de recurso la prueba, hacer una revaloración subjetiva por parte del censor y efectuar sus propias conclusiones, no es la técnica correcta para fundamentar un recurso de casación, pues más bien parece que le censor está interponiendo un recurso de apelación, cuya naturaleza y fundamentación es totalmente distinta. Por todas las razones es procedente desestimar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando:
a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: no haber aplicado las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: ya que la valoración de la prueba se realiza. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmaron los recurrentes que el tribunal de sentenciar no aplica el principio de la lógica de contradicción respecto a la valoración de las pruebas testificales, sobre todo de los tres ofendidos. Para el censor se rompe el principio referido en el sentido de que, si analizamos las declaraciones de Petronila Ventura y Maria Antonio Sánchez, quedo plasmado que ellas fueron abordadas por la señora Doris galo por medio de familiares y que según las ofendidas estaban conformando una relación de negocios que se formalizó ante el extinto notario Erdulfo Deras en mayo de 2004 con una sociedad mercantil. De igual forma el recurrente afirma que se ha violentado el principio de razón suficiente en la regla de la lógica, así como la experiencia común. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo El recurso es defectuoso pues primero se señala que el defecto es que la valoración intelectiva hecha por el tribunal de sentencia, es decir los razonamientos judiciales construidos en torno a la valoración de la prueba, son defectuosos por contrariar el principio lógico de derivación, al carecer de razón suficiente; de igual forma denuncia inobservancia a la regla lógica en su principio de razón suficiente, de igual forma denuncia la inobservancia a la regla de la experiencia común; pero en el desarrollo del recurso el recurrente se ocupó de plasmar meros argumentos de instancia y realizar una revaloración del material probatorio. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en una incorrecta valoración intelectiva de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, al ser colisionante con el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente, así como con el principio de contradicción; de igual forma denuncia la violación a la regla de la experiencia común. El recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe de darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenidos en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i. Identificación del razonamiento judicial vicioso; ii. La identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii. Exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv. la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente el recurrente, aun cuando es ordenado en el planteamiento, se da la tarea en exponer lo que considera fueron contradicciones entre el contenido probatorio, limitándose a increpar que los jueces de sentencia no advirtieron éstas en su valoración, pero no procuró reprender la valoración intelectiva, demostrando porque las conclusiones arribadas fueron erróneamente derivadas, tal y como lo había prometido en el planteamiento hecho en el preámbulo del escrito. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron contradicciones en la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado. Segundo Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: que la fundamentación jurídica es contradictoria. Reclamación Ex Ante: Por estar el vicio en la misma sentencia, no fue posible recurrir esta violación procesal más que a través del presente recurso. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmaron los recurrentes que la contradicción se encuentra en el segmento “Fundamentación Jurídica” en el acápite “tercero” que dice: “Procede entonces a dictar un fallo absolutorio a favor de la señora DORIS MAGDALENA GALO MARTINEZ, por el delito de ESTAFA, no obstante considerar el tribunal que conforme a los hechos probados no se ha acreditado la existencia del delito de estafa atribuido a la señora Doris Magdalena Galo Martínez, pero si existe la responsabilidad civil que implica la devolución de las cantidades adeudadas a los señores MARIA ANTONIA SANCHEZ, PETRONILA VENTURA SIERRA Y NICARDO FLORENTINO PALMA SIERRA, mismo que deberá ser ejecutado en la instancia que corresponda esta aseveración del Tribunal de sentencia contradice palmariamente lo establecido por ello mismos en la declaración de hechos probados, en el sentido de que recordemos que en nuestro sistema de enjuiciamiento, y que es similar a casi toda américa latina, ya que sigue el sistema llamado Latino-Francés, el que es declarado absuelto de un delito, NO TIENE RESPONSABILIDAD CIVIL ALGUNA. De la Responsabilidad Civil derivada de un Delito[3]El concepto de infracción penal («delito», en su acepción amplia) se construye sobre la base de la descripción abstracta de una conducta humana que se prohíbe, conminando con una pena su realización. El comportamiento prohibido (en principio, y a menos que, excepcionalmente, concurra alguna causa de justificación que lo legitime) constituye un ilícito. De ese ilícito -doloso o culposo- puede nacer un crédito (y la correspondiente deuda) por la reparación (en sentido amplio) de los daños y perjuicios producidos. Como ese crédito y esa deuda no tienen su origen en un contrato (en cuanto convenio entre las partes) o en un hecho asimilable (cuasicontrato), la responsabilidad civil derivada de ese hecho ilícito se denomina «extracontractual». En el Artículo 1346 del Código Civil, al enumerar las fuentes de las obligaciones, se incluyen, junto a la ley, al contrato y al cuasicontrato, «... los actos u omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia...» Una lectura apresurada de este precepto conduciría a identificar los primeros (actos u omisiones ilícitos) con las conductas intencionadamente causantes del daño, frente a aquellas que lo producen sólo por imprudencia o negligencia. Esta conclusión queda desmentida al interpretar el Artículo 1346 en relación con los I349 y 1350. Esta interpretación sistemática revela que el hecho ilícito extracontractual puede consistir en: 1. Un acto (doloso o culposo) constitutivo de delito o falta; 0, 2.Un acto penalmente irrelevante, pero ilícito. Al primero se refiere el Artículo 1349, reenviando -en cuanto a su regulación-a lo establecido en el Código Penal. En cambio, la responsabilidad civil derivada de «... actos u omisiones en que intervengan culpa o negligencia no penadas por la Ley.», se regirá -de acuerdo con el Artículo 1350 del Código Civil. Aún y cuando el tenor literal del precepto sólo se refiera a conductas culposas, habrá que entender, a mayor abundamiento, extensivas las normas que imponen la responsabilidad civil por reparación de daños injustificados a los causados intencionadamente, cuando no constituyan infracción penal. La responsabilidad civil extracontractual se rige por un principio general proclamado por el Artículo 2236 Código Civil de Honduras: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La responsabilidad civil extracontractual se rige por un principio general proclamado por el artículo 2256 del Código Civil: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado». Establece, el Articulo 105 Código Penal decreto 144-83, que «... (todo] aquel que incurre en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente.» Los términos radicales del precepto transcrito han de matizarse en un doble sentido: En primer lugar, reduciendo su alcance en la medida en que la responsabilidad civil sólo nace cuando la conducta penalmente típica y no justificada ha causado daños o perjuicios a personas físicas o jurídicas (públicas o privadas). Por otro lado, personas no responsables penalmente pueden serlo civilmente, de forma directa o subsidiaria. El responsable civil Lo es la persona -física o jurídica- legalmente deudora de la indemnización o resarcimiento. En este sentido y de conformidad al artículo 433 Código Procesal Penal: "La demanda por responsabilidad civil debe dirigirse contra los condenados, contra los responsables civilmente según lo que disponen los códigos penal y procesal penal, o contra los terceros que por previsión legal o relación contractual, son responsables civilmente como consecuencia de la conducta que se conoció en el proceso". La responsabilidad puede ser directa o principal, o subsidiaria, para el caso de insolvencia total o parcial del responsable directo. El título justificativo de esa responsabilidad puede estar constituido por: 1. La responsabilidad penal derivada de la participación culpable en la infracción penal; 2. La falta de diligencia («culpa in vigilando») en el cuidado de una persona inimputable, autora del hecho lesivo, tipificado como infracción penal; y, 3. El restablecimiento de un equilibrio patrimonial roto por la infracción: El procedimiento para deducir la responsabilidad civil Como regla general, de todo acto constitutivo de infracción penal, se deriva una doble responsabilidad a ser deducida a su autor. Por una parte, la responsabilidad penal, derivada de la inobservancia de la norma sustantiva; y, por otra, y ciertamente no menos importante, la responsabilidad civil, traducida en la obligación de restitución, reparación o indemnización, a favor de la víctima u ofendido quien se ve directamente afectado en su interés patrimonial o moral, por la comisión del hecho delictivo propiciado por el condenado. Los sistemas adoptados para la declaración de esa responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito, varían según el ordenamiento jurídico en Derecho comparado que se estudie; no obstante, los más generalizadamente utilizados se reducen básicamente a dos: La declaración de la responsabilidad civil, tanto en su aspecto de reconocer judicialmente su existencia, como la cuantificación de la misma, dentro del mismo proceso penal; o, la regulación de un procedimiento especial, separado y distinto del propiamente penal, para esos efectos. En el caso concreto de nuestro ordenamiento jurídico, una de las innovaciones contempladas por el Código Procesal Penal, es la separación del objeto penal y civil del proceso. En este sentido, si con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1984, ambas responsabilidades eran dilucidadas en un mismo procedimiento, con el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, se regula un procedimiento especial para deducir la correspondiente responsabilidad civil. El procedimiento para deducir la responsabilidad civil, procederá en toda causa penal en la que recaiga sentencia condenatoria, así como en aquéllas en las cuales a pesar de no haberse decretado la misma, se haya apreciado y declarado judicialmente la existencia de una condición de inimputabilidad, fuerza irresistible, miedo insuperable o un estado de necesidad (Art 432 del Código Procesal Penal) y en las que los daños ocasionados pueden ser objeto de valoración cuantificable. El derogado Código Penal, decreto 144-83 establecía que todo aquel que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente. La exención de responsabilidad penal declarada en el numeral 2 del artículo 23, en el numeral 2 del artículo 24 y en el numeral 1 del artículo 25, no comprende la de la responsabilidad civil, la cual se hará efectiva con sujeción a las reglas siguientes: en los casos de inimputabilidad mencionados en el párrafo precedente, son responsables con sus bienes los enfermos y deficientes mentales o sordomudos por los daños que causaren. Si fueren insolvente, responderán subsidiariamente quienes lo tengan bajo su potestad o guarda legal, a no ser que demuestren su inculpabilidad. La responsabilidad civil comprende: la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios. (Artículos 105 y 106) Por su parte el actual Código Penal decreto 130-2017, es más específico en cuanto a la responsabilidad civil derivada de un delito y afirma que, la realización de un hecho tipificado por la ley como delito o falta obliga a reparar los daños y perjuicios causados. Cualquier perjudicado por la comisión de un delito o falta puede exigir la satisfacción de la responsabilidad civil en el mismo proceso penal, de conformidad con lo previsto en la legislación procesal penal y las disposiciones del presente Código. El perjudicado puede optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación integral de los daños materiales y morales, la indemnización de perjuicios. Son responsables civiles directos: 1. Toda persona natural o jurídica que es declarada responsable penalmente de un delito o falta, siempre que del hecho se deriven daños o perjuicios. Si son dos (2) o más los penalmente responsables, el Órgano Jurisdiccional competente señalará la cuota de responsabilidad civil que debe satisfacer cada uno; 2. Las aseguradoras que han asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de cualquier servicio, actividad, uso o explotación de bien, industria o empresa, hasta el límite legal o contractualmente fijado, cuando como consecuencia de una conducta prevista como delito o falta se produzca el evento que determine el riesgo asegurado; y, 3. Quienes se han beneficiado de cualquier modo del delito o falta, sin haber participado en los hechos, los cuales están obligados a restituir, reparar o indemnizar por una cantidad equivalente a la del enriquecimiento injustamente obtenido. Al respecto el Código Procesal Penal refiere que, firme que sea la sentencia condenatoria o excluida la responsabilidad penal en los casos de inimputabilidad, fuerza irresistible, miedo insuperable y estado de necesidad, a que se refiere el Código Penal, la víctima o sus herederos o la Procuraduría General de la República, en su caso, podrá solicitar al Juez de Ejecución por la vía de apremio ordene la restitución, la reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios, en los casos en que proceda. La víctima que no haya intervenido en el procedimiento, podrá optar por esta vía dentro de los tres (3) meses de informada de la sentencia firme. La demanda deberá ser dirigida contra los condenados, contra los responsables civilmente. La acción para deducir la responsabilidad civil proveniente de un hecho punible, sólo podrá ser ejercitada por el perjudicado o sus herederos. La acción se ejercitará contra los partícipes en la comisión del delito o contra sus herederos y, en su caso, contra los terceros que resulten civilmente responsables. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo Conforme lo ha denunciado el recurrente, esta Sala de lo Penal ha podido confirmar que el Tribunal Sentenciador, aun y cuando declara la absolución de la acusada Doris Magdalena Galo Martínez, al considerar que no se acreditaron todos los elementos objetivos del tipo penal de Estafa, impone a la imputada la obligación de resarcir civilmente a las ofendidas Maria Antonia Sánchez, Petronila Ventura Sierra y Nicardo Florentino Palma, la devolución de las cantidades adeudadas. Tal como se explicó en el apartado anterior, la responsabilidad a la cual hace referencia nuestra Legislación Penal y Procesal Penal, es producto de una acción y omisión, dolosa o culposa que haya cometido un ciudadano, es decir dicha responsabilidad civil es consecuencia de haberse acreditado y decretado una responsabilidad penal; sin duda alguna resulta contradictorio por parte del Tribunal Sentenciador, que en su fundamentación jurídica desarrolle todos sus argumentos por los cuales consideró no se comprobaron los elementos objetivos, refiere además al principio de presunción de inocencia como fundamento para su decisión, concluye absolviendo de toda responsabilidad penal a la señora Doris Magdalena Galo Martínez, pero considera que si tiene responsabilidad civil, resultando a todas luces un contrasentido. Es de hacer notar que, aunque en la vía penal las ofendidas no lograron probar la responsabilidad penal de la acusada, tenían acceso libre para presentar una demanda civil ante los Juzgados correspondientes, de forma tal de exigir la devolución del dinero entregado, siempre y cuando acredite mediante pruebas la pretensión de su demanda. Esta Sala de lo Penal advierte que, si bien existe un error judicial, pues se ha decretado una responsabilidad civil sin determinarse la penal, no es posible conceder el motivo invocado pues el recurrente carece de Legitimidad Subjetiva, es decir no está legitimado para impugnar la resolución porque la misma no le causa agravio alguno, recordemos que todo motivo de casación debe contener un agravio para la persona que lo alega, en el caso de marras, el hecho de que se le haya decretado erróneamente responsabilidad civil a la imputada no le causa agravios a las ofendidas, todo lo contrario ese hecho les beneficia, por tanto fue la defensa de la acusada Doris Magdalena Galo Martínez quien debió denunciar ese error judicial y esta Sala de Casación devenía en la obligación de observar el mismo, pero en el presente caso quien denuncia el vicio no está legitimado subjetivamente para hacerlo pues el mismo no le causa daño o agravio alguna. Por todas estas razones es procedente desestimar el presente motivo de casación. Tercer Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: los hechos probados carecen de precisión y claridad. Reclamación Ex Ante: Por estar el vicio en la misma sentencia, no fue posible recurrir esta violación procesal más que a través del presente recurso. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmaron los censores que la sentencia carece de claridad, ya que en el hecho probado primero colocó las cifras que aportó cada socia al inicio de la relación mercantil por un valor de 5,551.80 pero las socias dieron un aporte distinto de más de treinta mil lempiras. En el segundo hecho probado el sentenciador refiere cifras distintas para cada ofendida, que no concuerda con el hecho primero. De los hechos probados[4]. El numeral 1 del artículo 362 del CPP, contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “Que en la sentencia falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados; que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. Ello incluye también el caso en que el tribunal señale como hechos probados actuaciones procesales (como referir el contenido de la acusación) o que haga una transcripción del contenido de la prueba (Como consignar lo dicho por alguno de los testigos), o que señale como hechos probados la transcripción del tipo penal por el que condena. Tan importante es la declaración de hechos probados en la sentencia, que sin ellos la resolución carece de base, al ser esos acontecimientos narrados el fundamento del fallo que ésta contiene. Así ha sido determinado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al decir en su sentencia de 18 de marzo de 2003 (en el recurso de casación registrado bajo el número 2618-02), que “una sentencia no puede tener el carácter de tal, sino está respaldada por Hechos Probados estimados por el juzgador, cualquier que sea su última razón… Que, al no realizarse la calidad jurídica reservada para toda sentencia por carecer el fallo impugnado de la congruencia, precisión y claridad, sobre todo al carecer de hechos estimados como probados y siendo esta circunstancia causal de casación en la forma, impera la necesidad de que este Tribunal proceda a anular el sobreseimiento definitivo dictado en fecha diez de septiembre de dos mil dos. En síntesis, al ser los hechos probados el apartado fundamental de la sentencia penal, su omisión produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia o oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conllevan a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que sólo se accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su compresión por personas no conocedoras de la ciencia penal (como ser alevosía, ensañamiento, etc.) ya que el incurrir en esta circunstancia incidiría en una falta de claridad del relato fáctico. Ello no incluye la consignación de palabras empleadas por el legislador que por su general comprensión esté al alcance de todos (como intimidación, violencia, etc.). c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir in términis, y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo Conforme lo ha explicado esta Sala de lo Penal, referente a lo que en casación debe considerarse como falta de claridad o terminantes, resulta necesario recordar a los recurrentes el motivo invocado por ellos se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia o oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conllevan a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que sólo sea accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su compresión por personas no conocedoras de la ciencia penal. Con esta pequeña aclaración, resulta evidente para esta Sala de Casación, que los hechos probados que denuncian los recurrentes, no contienen frases vagas, indecisas o indefinidas, de forma tal que no sean comprensibles al lector; los hechos probados son capaces de ubicar al lector en lugar, tiempo, espacio, participantes y acciones cometidas por los mismos, de ahí pues que los hechos probados resultan claros y terminantes en cuanto a la explicación de la dinámica de cómo se suscitaron los mismos. Referente a lo alegado por el recurrente de que las cifras de las cantidades de dinero aportadas por las ofendidas que el Tribunal Sentenciador estableció son incorrectas, dicho yerro judicial debe ser denunciado a través de otro motivo de casación, viéndose limitada esta Sala de lo Penal a poder pronunciarnos acerca de lo alegado, pues la vía recursiva que utilizaron los censores no es la adecuada para resolverlo, recordando que la Sala de lo Penal ve limitado su accionar por los correctos motivos presentados por los recurrentes, siendo imposible resolver alguna situación que no este debidamente presentada y fundamentada por los impetrantes, todo lo cual implica la aplicación del principio de taxatividad del recurso de casación penal. Así las cosas, este máximo Tribunal de la Republica considera que los hechos probados fueron redactados con claridad y son terminantes, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[5] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, el Juzgador falló: 1) Absolvió a la señora Doris Magdalena Galo Martínez, por el delito de Estafa, en perjuicio de los señores María Antonia Sánchez, Petronila Ventura Sierra y Nicardo Florentino Palma Sierra. 2) Se procede a declarar la responsabilidad civil de la señora Doris Magdalena Galo Martínez. El Código Penal vigente decreto 130-2017 establece en su Título X, del Capítulo I la “Responsabilidad Civil Derivada del Delito”, en su artículo 118 refiere: “la realización de un hecho tipificado por la ley como delito o falta obliga a reparar los daños y perjuicios ocasionados”; por su parte el artículo 124 del mismo cuerpo legal establece: “Son responsables civiles directos: 1) Toda persona natural o jurídica que es declarada responsable penalmente de un delito o falta, siempre que del hecho se deriven daños o perjuicios…” Conforme los artículo precitados, la responsabilidad civil deriva directamente de la comisión de un delito doloso o culposo, pero en el caso de la acusada Doris Magdalena Galo Martínez, a pesar que fue absuelta del delito de estafa, el Sentenciador A-quo le declaró responsable civilmente, lo cual es totalmente improcedente conforme a la nueva legislación penal, pues dicha responsabilidad civil viene ligada a un ilícito penal. El artículo 615 del Código Penal decreto 130-2017, establece en su segundo párrafo. “Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. (Lo resaltado en negrita es nuestro)”. En el caso de autos no es posible dictar un sobreseimiento definitivo a favor de la acusada, pues fue absuelta del delito de estafa, pero si es posible ordenar que no se proceda a ejecutar la responsabilidad civil que le fue impuesta por el Tribunal Sentenciador, pues la misma resulta improcedente. Es importante aclarar que, al decretar la no ejecución de la responsabilidad civil impuesta a la acusada, no implica obstáculo alguno para que la víctima o su apoderado legal accedan a la vía civil para hacer los reclamos necesarios y hacer valer sus derechos y obligaciones. Por tanto, corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a favor de la acusada Doris Magdalena Galo Martínez, ordenando al Juez de Ejecución respectivo que no proceda a ejecutar la responsabilidad civil ordenada en la misma. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo y el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, interpuestos por el acusador privado y apoderado legal de los ofendidos María Antonia Sánchez, Petronila Ventura Sierra y Nicardo Florentino Palma Sierra. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y Quebrantamiento en sus tres motivos, interpuestos por los Abogados Darwin Lindolfo García y Carlos Humberto Briceño Torres, en su condición de Acusadores Privados, en la causa instruida contra la señora Doris Magdalena Galo Martínez, a quien se le absolvió por el delito de Estafa, en perjuicio de los señores María Antonia Sánchez, Petronila Ventura Sierra y Nicardo Florentino Palma Sierra. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por la responsabilidad civil reprochada a la acusada Doris Magdalena Galo Martínez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha cuatro de agosto del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, específicamente el numeral segundo en los siguientes términos: 1) Decreta la no ejecución de la responsabilidad civil. 2) Se mantienen incólumes los pronunciamientos primero, tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de fecha cuatro de agosto del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Tercero: Declara Firme la sentencia de fecha cuatro de agosto del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Luis Fernando Padilla. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los ocho días del mes mayo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-496-2016.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] Chinchilla Roldan, Jose Fabio. Fundamento y Desarrollo Histórico del Recurso de Casación. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial, República de Costa Rica.
[2] Cuellar Cruz, Rigoberto y otros; Fernández Entralgo, Jesús; Gomez Colomer, Juan Luis; Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación. Año 2004. Página 580 y 581.
[3] Cuellar Cruz, Rigoberto y otros; Fernández Entralgo, Jesús; Gomez Colomer, Juan Luis; Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación. Año 2004. Páginas 193-203; 728-730.
[4] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial. Tegucigalpa, Honduras. Año: 2004. Página 595
[5] Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España. pág. 141.