Sentencia CP-48-19 — Registro 16039
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de Posesión para el Consumo de Drogas y se absuelve por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación. Encuentra este Ad-Quem en el escrito del Censor expresiones como: “El Ministerio Público no comparte la conclusión a la que ha arribado el tribunal…”; “En el caso de autos con la prueba quedo acreditado…”; “… se ha establecido con las deducciones que pueden ser derivadas…”, “Hector Luis López puntualiza que practico el allanamiento en calidad de juez ejecutor y coincide con lo reportado en las actas…”, “Porque con la vigilancia que se le monto al acusado se pudo corroborar…”, “El allanamiento acreditó….”, etc.- Expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo del Censor de que el tribunal de sentencia emitió una decisión absolutoria cuando su pretensión era un pronunciamiento condenatorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo el Censor y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal se encuentra con un nuevo recurso de casación por quebrantamiento interpuesto por el Ministerio Público, en donde denuncia la violación del principio lógico de derivación, que integra la sana critica, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formuladas en la acusación, pues considera que de la valoración de la prueba se desprende la responsabilidad del acusado por el delito juzgado.- Como en muchos otros recursos el Agente Fiscal hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. Sobre esta deficiente técnica recursiva este Ad-Quem tiene un harto registro de sentencias dando respuesta al Ministerio Público sobre idénticos recursos planteados, por sin que ello haya motivado aun a que los agentes fiscales corrijan el cómo deben de plantear el recurso extraordinario de casación.- Es éste otro caso donde los agentes fiscales, desperdiciando recursos económicos de los contribuyentes, someten a consideración una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permite proceder a un estudio de fondo, con grave daño a la justicia. A lo largo de los últimos once años la Sala de lo Penal ha emitido un mínimo de 48 sentencias mediante las cuales se resuelven múltiples recursos interpuestos por el Ministerio Público, todos ellos usando la misma técnica recursiva ineficaz y como consecuencia obteniendo la misma respuesta de parte de este Ad-Quem; se trata de recursos de casación por quebrantamiento de forma oponiendo como motivo la violación de las reglas a la sana critica, identificando como principio lógico vulnerado el de derivación, pero teniendo como desarrollo argumentativo la protesta por no haberse valorado los medios de prueba por parte del tribunal de sentencia en el mismo sentido pretendido por el Ministerio Público; dichas sentencias son:
No. Expediente de Casación o Radicado
Fecha de la Sentencia
…
No. Expediente de Casación o Radicado
Fecha de la Sentencia
143-2011
10/05/2011
015-2016
30/05/2019
139-2011
24/01/2013
497-2015
30/05/2019
377-2011
07/08/2013
313-2016
09/09/2019
089-2011
17/09/2013
196-2016
31/10/2019
128-2013
03/06/2014
227-2016
04/12/2019
469-2012
05/08/2014
465-2011
22/01/2020
124-2012
20/10/2015
165-2017
22/01/2020
432-2012
12/01/2016
359-2016
28/04/2020
344-2012
30/01/2017
033-2017
28/04/2020
112-2014
01/02/2018
029-2017
28/04/2020
285-2014
20/03/2018
046-2017
28/04/2020
043-2017
18/09/2018
366-2016
28/04/2020
339-2014
10/10/2018
276-2017
09/06/2020
376-2014
10/10/2018
354-2017
09/06/2020
356-2014
10/10/2018
432-2017
27/01/2021
114-2015
04/12/2018
070-2017
27/01/2021
186-2015
04/12/2018
070-2018
27/01/2021
120-2015
04/12/2018
148-2017
27/01/2021
152-2015
20/02/2019
080-2018
10/03/2021
146-2015
20/02/2019
199-2018
29/04/2021
352-2015
27/03/2019
186-2018
29/04/2021
174-2015
02/04/2019
457-2018
27/09/2021
341-2014
24/04/2019
287-2018
27/09/2021
147-2015
20/02/2019
308-2018
11/11/2021
Además del vicio de inobservancia al principio lógico de derivación, el Censor señala la existencia de inobservancia del principio de no contradicción: aduce que el tribunal de sentencia afirma que el acusado es consumidor de droga y al mismo tiempo que no fue probado científicamente que el acusado fuese consumidor de droga.- La supuesta contradicción alegada es inexistente: en el numeral tercero de la fundamentación probatoria los jueces explican en el segundo párrafo que es mediante prueba indirecta (prueba indiciaria) que se llega a la conclusión de que el acusado es consumidor de drogas, entretanto el tercer párrafo refieren a que no es posible presumir que la droga hubiese tenido otro propósito que el consumo, agregando que no existió prueba científica (prueba directa) que el acusado fuese consumidor.- En resumen lo que el tribunal explica es que no existe prueba directa, en específico dictamen toxicológico, de que el Señor Erick Alexander Erazo Pineda fuese consumidor de drogas, lo cual los juzgadores logran determinar por conducto de prueba indirecta, es decir indicios que extrajeron de la prueba evacuada.- Por tanto: el razonamiento judicial no adolece de contradicción..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (Art. 5 y 15), y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Art. 6,9 y 14), Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer y cumplir la ley (Art. 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta, la llamada prohibición por analogía). Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Casos en que no Procede la Ponderación de Norma Penal más Favorable El nuevo código penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. - Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (art. 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (art. 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (art. 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y d. Responsabilidad civil derivada del delito (art. 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. Ponderación En Procesos Penales Activos Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). La ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar, revisión de medidas cautelares, en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio o en cualquier etapa previa al momento del juzgamiento, salvo los casos de atipicidad como ya se ha apuntado. Reglas Generales de Ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. - Dichas reglas generales son: a. Proceso Contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento esta hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b. Prohibición de Fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); d. Extinción de la Pena por Cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza y/o penas concursadas; e. Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f. Penas Privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); g. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada Salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); e i. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas Particulares de Ponderación: Penas Concursadas y Penas no Concursadas A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite Subjetivo, ii. Limite Objetivo Ordinario y iii. Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera Instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o b. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o ii. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Concurso Medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Procedimiento de Ponderación de Sentencias Condenatorias en Única Instancia La Sala de lo Penal que conozca del recurso de casación en contra de una sentencia condenatoria dictada por los tribunales de sentencia, procederán primero a resolver el recurso y luego, de persistir el pronunciamiento condenatorio, procederán en todos los casos a realizar la ponderación de la norma penal sustantiva más favorable. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente ninguna de las partes ha presentado petición supletoria sobre la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que la Sala de lo Penal procede a realizar la ponderación de la norma más favorable de manera oficiosa, siguiendo las reglas ya explicadas. Ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia y conforme los dictados de los artículos 5.34 y 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, se dispuso condenar al acusado por el delito de posesión de drogas (cocaína) para el consumo, imponiéndole como consecuencia penal: Pena Principal de multa por L. 500.00; y Medida de Seguridad de 30 días de internamiento. A la fecha de juzgamiento las normas en que el tribunal de sentencia funda su decisión están derogadas como consecuencia de la puesta en vigencia del código penal 130-2017, mismo que Libro II, Título XIV, Capítulo IV, regula los delitos en contra de la Salud Pública y en específico aquellos que tienen como objeto delictivo drogas controladas, drogas ilícitas y sus precursores. En revisión a dicho apartado la Sala de lo Penal concluye que los hechos declarados probados en la sentencia y que fueron subsumidos en el delito de posesión de droga ilícita para consumo, han dejado de ser delitos pues no se encuentran tipificados en la nueva normativa penal. La despenalización de hechos es una situación prevista en el último párrafo del artículo 615 del CP 130-2017, en donde se dispone que en tales casos se deberá dictar un sobreseimiento definitivo a favor de las personas acusadas sin más trámite..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-48-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-48-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Erick Alexander Erazo Pineda, del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, por el que fue acusado. Segundo: Condenó al señor Erick Alexander Erazo Pineda, como autor, del delito de Posesión para el Consumo de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la medida de seguridad de treinta días de internamiento y a una multa de quinientos lempiras (L. 500.00); la que deberá enterar a favor de la Tesorería General de la República. Tercero: Declaró al señor Erick Alexander Erazo Pineda, responsable civilmente del delito por el que se le condena. Cuarto: No procedió condenar en costas al señor Erick Alexander Erazo Pineda. Quinto: Se declaró el comiso y posterior destrucción de 3 envoltorios de plásticos transparentes, conteniendo 1.0 gramos de cocaína; un envoltorio plástico transparente conteniendo 0.2 gramos de cocaína, 101 envoltorios plásticos transparentes conteniendo 16.0 gramos de cocaína; y, se ordena la devolución de un arma de fuego, tipo pistola, color negro, marca Tangfolio, con serie AB94975 con su respectivo cargador color negro y 16 proyectiles de la misma, sin percutir a quien acredite ser su legítimo propietario y contar con la autorización legal correspondiente para portar la misma; 8 billetes de cien lempiras cada uno, haciendo un total de ochocientos lempiras exactos (L.800.00), al señor Erick Alexander Erazo Pineda; una libreta de ahorro de Banco de Occidente con número de cuenta 21-101-044913-0, con número de registro 2957156 y varios documentos; un celular marca BlackBerry, color negro con gris y dos celulares marca Samsung, uno color gris oscuro y otro color gris, una carátula de Mickey Mouse y una de color negro, de plástico, a quienes acrediten ser sus legítimos propietarios. Son partes en única instancia: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Sergio Antonio Reyes Mejía y Napoleón Cuestas Alvarenga, en su condición de defensores privados del señor Erick Alexander Erazo Pineda, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Uno: En fecha treinta de septiembre del años dos mil dieciséis, cuando eran alrededor de las cuatro y media de la tarde, se realizó un allanamiento por Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, en la vivienda donde residía el señor Erick Alexander Erazo Pineda, la que se ubica en el barrio Dolores, frente a la carretera Internacional, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán; diligencia durante la cual se realizó un registro personal al señor Erick Alexander Erazo Pineda, encontrándole en su billetera, en tres bolsitas transparentes, la cantidad total de uno punto cero (1.0) gramos de cocaína. Dos: El señor Erick Alexander Erazo Pineda, es consumidor de la droga conocida como cocaína. Recurso de CASACIÓN. - Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica.” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: Documental: 1. Un acta de Allanamiento, ratificada en juicio por el detective de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Héctor Luis López Velásquez, la cual establece, entre otros aspectos, que en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las 16:35 horas se realizó allanamiento en la vivienda de los ciudadanos Erick Alexander Erazo Pineda y Victoria Alejandra Lemus Paz, ubicada en el Barrio Dolores de Santa Rosa de Copán, frente a la carretera internacional, la que se detalla como una casa pintada de blanco y salmón con terraza, puertas y ventanas de metal color negro, indicando que a las 17:30 horas se procedió a ingresar a la vivienda, utilizando la llave de la misma, que proporcionó el propio acusado, con el apoyo de efectivos militares, constatando lo siguiente: "A las 19:18 se continúa con el registro del primer cuadrante, terminando a las 19:25 horas. A las 19:27 horas inicia el registro de una habitación, la que se encuentra ubicada en una puerta a la derecha, en la sala de la vivienda, la que se denomina segundo cuadrante; a las 20:10 horas se encuentra un sobre de papel manila, conteniendo en su interior documentación, el que se encontró sobre una cómoda plástica de 4 depósitos, color gris con puertas moradas, consignándolo como indicio número uno. A las 20:35 horas finaliza el registro en el cuarto de habitación denominado segundo cuadrante. A las 20:40 se inicia registro de la cocina y comedor, denominado como tercer cuadrante. A las 20:50 horas se encuentra un sobre en una mesa del comedor, ubicada en la cocina, un envoltorio plástico transparente, conteniendo en su interior varias bolsas plásticas de cuatro por ocho pulgadas, un envoltorio plástico conteniendo en su interior polvo blanco, posiblemente polvo para hornear, un envoltorio sellado color blanco y verde de bicarbonato de sodio y una cuchara plástica pequeña, color rosado, denominados como indicio número dos, fijado y levantado por los detectives de la DLCN, con placas de identificación 100 y 153. A las 21 :25 horas se termina el registro de la cocina, denominado tercer cuadrante. A las 21:28 horas se ingresa a una segunda habitación, la que tiene ubicada la puerta de entrada en la cocina a la que se denominara cuarto cuadrante, se inicia el registro a las 21:35 horas se encuentra en la segunda gaveta de un mueble ubicado en la habitación un cargador de pistola Glock, color negro, conteniendo en su interior siete proyectiles calibre 45 mm y un proyectil calibre 9 mm, en la primer gaveta del lado izquierdo de un tocador blanco y rosado se encuentra una bolsa plástica que tiene impreso en color amarillo 4x8 y en el interior de esta 101 envoltorios plásticos conteniendo en su interior polvo blanco, posible cocaína, indicio encontrado y fijado por los detectives de la DLCN a las 21:45 horas y consignado como indicio número cuatro, en la misma gaveta se encuentra un envoltorio plástico transparente, conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, denominado indicio número cinco…" A preguntas de las partes el policía Héctor Luis López dijo que Erick Erazo estuvo presente todo el tiempo durante la diligencia de allanamiento y que encontró los 101 envoltorios y otro aparte conteniendo cocaína, siendo esa la habitación del mencionado acusado, pues este así lo subrayó. 2. Acta del registro personal y del decomiso practicado a Erick Alexander Erazo Pineda durante la diligencia de allanamiento, documentos ratificados por Enrique Lazo Sánchez, que detallan que al acusado se le halló en la bolsa trasera del pantalón dos bolsas pequeñas transparentes conteniendo cocaína. 3. Dictamen Toxicológico Número 3406-2016 ratificado en Juicio por el Doctor Darlan Wilfredo Membreño Ulloa, en que se establece la sustancia decomisada directamente al acusado es cocaína. 4. Dictamen Toxicológico Número QT 3400-2016 ratificado en Juicio por el doctor Marco Antonio Fuentes, en el que se establece que recibió para análisis un envoltorio plástico transparente conteniendo polvo blanco con un peso total de 0.2 gramos y 101 envoltorios plásticos transparentes, cada uno conteniendo polvo blanco, con un peso total de 16.0 gramos, los que dieron positivo por cocaína/clorhidrato y que ambos indicios no son compatibles con la dosis para consumo inmediato. 5. Acta de Registro de Vehículo y Levantamiento de Indicios en el vehículo y en el allanamiento con sus respectivos álbumes fotográficos, ratificados en juicio por Josías Isaí Aguilar Rodríguez, la cual muestra que en el automóvil Toyota, modelo Tundra, pick up, color gris, placa PCW7375, año 2008, motor ZUZ-5552894, chasis M012232545, Vin 5IFRT54188X017579 a nombre de José Antonio Guillén Rivera se encontró un arma de fuego, marca Tanfoglio, serie AB94975, permiso No. SPS-1431781-168950, con fecha de vencimiento 26 de Junio de 2019, registrada a favor de Erick Alexander Erazo Pineda. También destaca que se hallaron en la vivienda 101 envoltorios con cocaína en una bolsa con la leyenda 4x8. 6. Constancia de Catastro Municipal y Croquis 7. Evidencia consistente en un arma de fuego tipo pistola marca Tanfoglio con serie AB94975, con su respectivo cargador color negro y 16 proyectiles, 8 billetes de 100 Lempiras y una libreta de ahorro de Banco de Occidente con número de cuenta 21-101-044913-0, varios documentos, un celular Blackberry y dos Samsung. 8. Certificación de Acta de Nacimiento de Erick Alexander Erazo Pineda. 9. Copia de Denuncia, Informe de Investigación Preliminar con álbum Fotográfico E informe de resultados de allanamiento con su álbum fotográfico, ratificados por Ruli Antonio Fúnez Herrera. 10. Actas de Vigilancia de fechas 2 y 3 de Agosto y 17, 18 y 24 de Septiembre de 2016: refleja la actividad del acusado donde se refiere que se observó el vehículo utilizado por Erick Alexander Erazo que salió a las 12:40 horas rumbo a una electrónica, luego regresa el imputado a su vivienda y no se baja del automotor, viéndose que aparece una mujer llevando una caja con bolsas pequeñas transparentes y se sube al carro y este arranca hacia La Entrada, Copán. Más tarde el imputado regresa acompañado de un menor de edad y ambos ingresan a la vivienda; a las 14:30 horas nuevamente llega Erick Erazo, llevando consigo una bolsa transparente, lográndose ver en su interior polvo blanco, supuesta droga, la que guarda en su casa de habitación ... se describen las llegadas de varias personas que al salir se guardan droga en los bolsillos o billeteras, las que llegaban con dinero en la mano, tocaban la puerta, abría una mujer, entraban y a los tres minutos sallan guardándose la droga. En os mismos términos se registran las actividades descritas en las actas de vigilancia de fechas 18, 19 y 24 de septiembre de 2016: entradas y salidas de Erick Erazo a su vivienda, una mujer que sale de la vivienda con una bolsa negra en su mano derecha, otra mujer que llega y sale con una bolsa blanca. En la vigilancia de 24 de septiembre de 2016 a las 14:35 horas se determina que llega el acusado en su vehículo y luego dos hombres quienes se dirigen a la casa y el acusado le entrega a uno de ellos una bolsa de color negro y se marchan del lugar, dejándole varias bolsas... en la vigilancia de 17 de septiembre de 2016 se observa que a las 15:30 horas, Erick Erazo llega al parque, conversa con dos mujeres, quienes se van con él a bordo de su vehículo y las deja en casa de la señora Blanca Lidia Paz, llegando a las 17:30 horas una persona de sexo masculino a la vivienda del acusado y se retira con una bolsa plástica de color blanco, en su mano izquierda y se marcha con dirección a la carretera internacional. Diligencias acompañadas de fotografías. 11. Dictamen Toxicológico Número 1201-2017 de Scanner de Iones, incorporado mediante lectura autorizada al debate, en virtud de haberse acreditado la imposibilidad de comparecer la Doctora Kristel A. Milian, la cual detalla que hay trazas de cocaína en el asiento y puerta del conductor y asiento y puerta del pasajero. Pericial: Experticias de los doctores Marco Antonio Fuentes y Darlan Wilfredo Membreño Ulloa. Testifical: 1. Fanny Reyes: dijo que ella realizó vigilancias fijas en la vivienda del acusado y comprobó los diferentes intercambios. 2. Héctor Luis López: expuso que el acusado estuvo presente todo el tiempo durante el allanamiento, que al inicio intentó ingresar a la vivienda por la fuerza y que se encontró en una habitación un cargador de arma de fuego y 101 envoltorios y otro aparte conteniendo droga, apuntando el imputado que era su dormitorio. 3. Ruly Antonio Funes. El Ministerio Público no comparte la conclusión a la que ha arribado el tribunal sentenciador, pues está inobservando las reglas de la sana crítica, por faltar a la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, ya que de manera errónea ha considerado las actas de allanamiento y de vigilancia como no concluyentes, poniendo en duda su fiabilidad con argumentos inadecuados, que contravienen también las máximas de la experiencia. En el caso de autos con la prueba quedó acreditado que el imputado reside en el Barrio Los Dolores, frente a la carretera internacional, y fue detenido en dicha vivienda, destacándose que los intercambios de la droga que almacenaba y procesaba, -la cual decomisó la autoridad policial-, por lo que la finalidad no era de una simple tenencia para consumo personal, sino su entrega a terceros, porque había una intención de colocarla en la ruta del tráfico de estupefacientes. En consecuencia, se sostiene que el propósito del acusado de transmitir droga a terceros no queda en mera suposición, sino que se ha establecido con las deducciones que pueden ser derivadas del enlace lógico de indicios, como son la cantidad de droga, el lugar donde se realiza la incautación, los actos de desplazamientos ejecutados, elementos de juicio que permiten acreditar los hechos acusados como Tráfico Ilícito Las máximas de experiencia consisten en conocimientos generalizados, con base a determinada experiencia, experiencia general de vida, por lo que para cualquier persona con un mínimo de inteligencia será evidente que la presencia de 101 bolsas plásticas conteniendo cocaína, bicarbonato de sodio y una cuchara plástica significa un plan distributivo. Además, todo cierra en el caso, pues al hallazgo de la droga (16 gramos) se suman las vigilancias que plasman los intercambios y la presencia de trazas de cocaína en el carro que conducía el enjuiciado. Se denuncia aquí la inobservancia del principio de razón suficiente en el fallo en cuanto lo tuviera al acusado como autor del hecho calificado como Tráfico de Drogas, ya que la conclusión del A-quo no deriva necesariamente de las probanzas invocadas en su sustento. Luego de analizar la sentencia en crisis se aprecia que en la conclusión del sentenciante se cita el allanamiento, el resultado de las pericias toxicológicas, y las actas de vigilancia y de decomiso, pero ninguna de sus valoraciones se efectúa en relación a tales probanzas, porque asume el camino de la especulación al conjeturar que si el perro rastreador de narcóticos no detectó la cocaína era imposible que se localizara por los agentes, cuando resulta insoslayable que el can es solamente una herramienta del investigador. Asimismo, omite que el hallazgo de los 16 gramos de cocaína se produjo a raíz de un allanamiento con las formalidades de ley. Héctor Luis López puntualiza que practicó el allanamiento en calidad de Juez Ejecutor y coincide con lo reportado en las actas y en los dictámenes toxicológicos. La Sala de Lo Penal, desde tiempos inveterados tiene dicho que la motivación de la sentencia debe ser derivada, es decir, respetuosa del principio de razón suficiente. Ello importa en el caso in examine puesto que el Juzgador decidió resolver apartándose del acervo probatorio, por lo que la sentencia no tiene el menor sustento y, peor aún, exhibe un razonamiento que revela ignorancia pura. En ese sentido, el Principio de Razón Suficiente tiene su origen en la Ley de la Derivación, que postula: todo razonamiento debe ser derivado, es decir, ha de provenir de inferencias o deducciones coherentes. En virtud de este Principio, la validez de cualquier proposición debe de ser producto de suficientes fundamentos que le dan consistencia, a través de los cuales aquella se tiene por verdadera. Porque con la vigilancia que se le montó al acusado se pudo corroborar que este en numerosas ocasiones entregó bolsas conteniendo cocaína a personas que llegaban a satisfacer sus necesidades de droga. Y la diligencia de allanamiento expuso los instrumentos que utilizaba para procesar y cortar la cocaína. El Tribunal de Sentencia incurre en ilogicidad cuando define la conducta de Erick Alexander Erazo Pineda como un simple consumo, pues pone en entredicho todo el operativo, menos lo atinente al registro personal. Cabe preguntarse por qué el juzgador aplica un doble rasero valorativo, dado que el can tampoco detectó la droga en el pantalón del acusado, siendo un policía quien al final la halló. En el principio de no contradicción, "una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo". Es evidentemente la forma contraria al principio de identidad. Podemos decir con esto, que una cosa no puede ser válida e inválida al mismo tiempo. Refiere el sentenciador en el último párrafo del tercer apartado de valoración probatoria que el acusado se encontraba en posesión de la cantidad de droga decomisada a su persona para el consumo personal inmediato, más aún, “considerando que no se probó en el debate de manera científica, si esta persona es consumidora o no de dicha droga". Entonces, de lo expresado por el Tribunal se trasluce una aberración lógica porque si no se probó que fuese consumidor lo pertinente hubiese sido absolverle. El A-quo viola flagrantemente la Ley del Tercero Excluido con lo anterior porque los hechos que el Tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se ejecutó en el juicio oral o debate, de tal manera que es ilógica esta sentencia que afirma que el imputado es culpable de un consumo, cuando los elementos de prueba con que el Juzgador apoyó el aludido fallo reflejan lo contrario de lo que se decidió. El producto de la armónica concatenación de los medios de prueba, arroja que el imputado realizó actos de comercialización de droga al almacenar, procesar y distribuir dosis de cocaína en pequeñas bolsas plásticas. El allanamiento acreditó la presencia de 16 gramos de la referida sustancia, los instrumentos y el tipo de recipiente empleado, lo cual fue confirmado con los testimonios y las actas de vigilancia que retrataron las actividades de intercambio entre Erick Alexander Erazo y diversas personas que visitaron su domicilio. Por haberse producido el vicio in procediendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. Fundamentación Jurídica Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4)- Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i. Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii. Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii. Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv. Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en ExP. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en ExP. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el ExP. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en ExP. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en ExP. 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único: Ministerio Público Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Motivo: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; Concepto de la infracción: Quebrantamiento de la regla lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: El vicio se produjo en el acto de sentenciar, por lo que no se ha podido hacer reclamación previa; y Pretensión: Sin determinar por el Censor. Como presentación de su recurso el Censor señala que la sentencia contiene un vicio grave, al observarse que los juzgadores llegaron a la conclusión de absolver al acusado, lo cual no corresponde a una valoración probatoria respetuosa de las reglas de la sana crítica. A continuación, el Censor se ocupa de transcribir el contenido de piezas probatorias evacuadas en debate: acta de allanamiento, acta de registro personal y de decomiso, dictamen toxicológico 3406-2016, dictamen toxicológico QT 3400-2016, acta de registro de vehículo, levantamiento de indicios, constancia de catastro municipal, certificación de acta de nacimiento, copia de denuncia, informe de investigación preliminar, actas de vigilancias, evidencia física y dictamen toxicológico 1201-2017. Luego el Censor señala que no comparte la conclusión absolutoria a la que arribó el tribunal de sentencia, pues (insiste) se inobservó las reglas de la sana critica, en específico al principio lógico de derivación al haber señalado que las actas de allanamiento y de vigilancia no eran concluyentes, poniendo en duda su fiabilidad.- El Censor afirma que con la prueba quedo acreditado el lugar de residencia del acusado, el lugar en donde se encontraba al momento de ser aprehendido, el intercambio de droga/dinero que éste almacenaba y procesaba con intención de tráfico; alega que la intención del acusado sobre el destino de la droga puede ser derivado del enlace lógico de indicios; que al hallazgo de la droga se suman las vigilancias que documentan intercambios de droga y la presencia de trazas de cocaína en el vehículo donde se conducía en enjuiciado; además los instrumentos para procesar y cortar la droga encontradas en el allanamiento.- El Censor insiste que la conclusión del A-Quo no deriva necesariamente de las pruebas; que es ilógica la aseveración de que el acusado Erick Alexander Erazo Pineda era un simple consumidor, “pues pone en entredicho todo el operativo”. El Censor suma a su argumento la denuncia de la violación del principio de tercero excluido, señalando que los hechos probados de la sentencia no son congruentes con la prueba que se evacuó en debate, la que refleja algo distinto a lo que se decidió. Denuncia el Censor contradicción: cita al A-Quo en su último párrafo del tercer aparado de la valoración de la prueba donde se indica que el acusado se encontraba en posesión de una cantidad de droga para consumo personal, pero que además señala que no se probo en el debate de manera científica que el acusado fuese consumidor de droga; estima el Censor que con tal criterio el tribunal de sentencia debió absolver al acusado. De la Procedencia del Recurso. - El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación. Encuentra este Ad-Quem en el escrito del Censor expresiones como: “El Ministerio Público no comparte la conclusión a la que ha arribado el tribunal…”; “En el caso de autos con la prueba quedo acreditado…”; “… se ha establecido con las deducciones que pueden ser derivadas…”, “Hector Luis López puntualiza que practico el allanamiento en calidad de juez ejecutor y coincide con lo reportado en las actas…”, “Porque con la vigilancia que se le monto al acusado se pudo corroborar…”, “El allanamiento acreditó….”, etc.- Expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo del Censor de que el tribunal de sentencia emitió una decisión absolutoria cuando su pretensión era un pronunciamiento condenatorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo el Censor y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal se encuentra con un nuevo recurso de casación por quebrantamiento interpuesto por el Ministerio Público, en donde denuncia la violación del principio lógico de derivación, que integra la sana critica, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formuladas en la acusación, pues considera que de la valoración de la prueba se desprende la responsabilidad del acusado por el delito juzgado.- Como en muchos otros recursos el Agente Fiscal hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. Sobre esta deficiente técnica recursiva este Ad-Quem tiene un harto registro de sentencias dando respuesta al Ministerio Público sobre idénticos recursos planteados, por sin que ello haya motivado aun a que los agentes fiscales corrijan el cómo deben de plantear el recurso extraordinario de casación.- Es éste otro caso donde los agentes fiscales, desperdiciando recursos económicos de los contribuyentes, someten a consideración una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permite proceder a un estudio de fondo, con grave daño a la justicia. A lo largo de los últimos once años la Sala de lo Penal ha emitido un mínimo de 48 sentencias mediante las cuales se resuelven múltiples recursos interpuestos por el Ministerio Público, todos ellos usando la misma técnica recursiva ineficaz y como consecuencia obteniendo la misma respuesta de parte de este Ad-Quem; se trata de recursos de casación por quebrantamiento de forma oponiendo como motivo la violación de las reglas a la sana critica, identificando como principio lógico vulnerado el de derivación, pero teniendo como desarrollo argumentativo la protesta por no haberse valorado los medios de prueba por parte del tribunal de sentencia en el mismo sentido pretendido por el Ministerio Público; dichas sentencias son:
No. Expediente de Casación o Radicado
Fecha de la Sentencia
…
No. Expediente de Casación o Radicado
Fecha de la Sentencia
143-2011
10/05/2011
015-2016
30/05/2019
139-2011
24/01/2013
497-2015
30/05/2019
377-2011
07/08/2013
313-2016
09/09/2019
089-2011
17/09/2013
196-2016
31/10/2019
128-2013
03/06/2014
227-2016
04/12/2019
469-2012
05/08/2014
465-2011
22/01/2020
124-2012
20/10/2015
165-2017
22/01/2020
432-2012
12/01/2016
359-2016
28/04/2020
344-2012
30/01/2017
033-2017
28/04/2020
112-2014
01/02/2018
029-2017
28/04/2020
285-2014
20/03/2018
046-2017
28/04/2020
043-2017
18/09/2018
366-2016
28/04/2020
339-2014
10/10/2018
276-2017
09/06/2020
376-2014
10/10/2018
354-2017
09/06/2020
356-2014
10/10/2018
432-2017
27/01/2021
114-2015
04/12/2018
070-2017
27/01/2021
186-2015
04/12/2018
070-2018
27/01/2021
120-2015
04/12/2018
148-2017
27/01/2021
152-2015
20/02/2019
080-2018
10/03/2021
146-2015
20/02/2019
199-2018
29/04/2021
352-2015
27/03/2019
186-2018
29/04/2021
174-2015
02/04/2019
457-2018
27/09/2021
341-2014
24/04/2019
287-2018
27/09/2021
147-2015
20/02/2019
308-2018
11/11/2021
Además del vicio de inobservancia al principio lógico de derivación, el Censor señala la existencia de inobservancia del principio de no contradicción: aduce que el tribunal de sentencia afirma que el acusado es consumidor de droga y al mismo tiempo que no fue probado científicamente que el acusado fuese consumidor de droga.- La supuesta contradicción alegada es inexistente: en el numeral tercero de la fundamentación probatoria los jueces explican en el segundo párrafo que es mediante prueba indirecta (prueba indiciaria) que se llega a la conclusión de que el acusado es consumidor de drogas, entretanto el tercer párrafo refieren a que no es posible presumir que la droga hubiese tenido otro propósito que el consumo, agregando que no existió prueba científica (prueba directa) que el acusado fuese consumidor.- En resumen lo que el tribunal explica es que no existe prueba directa, en específico dictamen toxicológico, de que el Señor Erick Alexander Erazo Pineda fuese consumidor de drogas, lo cual los juzgadores logran determinar por conducto de prueba indirecta, es decir indicios que extrajeron de la prueba evacuada.- Por tanto: el razonamiento judicial no adolece de contradicción. Decisión: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma presentado por el Ministerio Público. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (Art. 5 y 15), y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Art. 6,9 y 14), Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer y cumplir la ley (Art. 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta, la llamada prohibición por analogía). Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Casos en que no Procede la Ponderación de Norma Penal más Favorable El nuevo código penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. - Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (art. 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (art. 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (art. 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y d. Responsabilidad civil derivada del delito (art. 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. Ponderación En Procesos Penales Activos Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). La ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar, revisión de medidas cautelares, en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio o en cualquier etapa previa al momento del juzgamiento, salvo los casos de atipicidad como ya se ha apuntado. Reglas Generales de Ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. - Dichas reglas generales son: a. Proceso Contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento esta hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b. Prohibición de Fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); d. Extinción de la Pena por Cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza y/o penas concursadas; e. Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f. Penas Privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); g. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada Salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); e i. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas Particulares de Ponderación: Penas Concursadas y Penas no Concursadas A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite Subjetivo, ii. Limite Objetivo Ordinario y iii. Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera Instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o b. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o ii. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Concurso Medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Procedimiento de Ponderación de Sentencias Condenatorias en Única Instancia La Sala de lo Penal que conozca del recurso de casación en contra de una sentencia condenatoria dictada por los tribunales de sentencia, procederán primero a resolver el recurso y luego, de persistir el pronunciamiento condenatorio, procederán en todos los casos a realizar la ponderación de la norma penal sustantiva más favorable. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente ninguna de las partes ha presentado petición supletoria sobre la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que la Sala de lo Penal procede a realizar la ponderación de la norma más favorable de manera oficiosa, siguiendo las reglas ya explicadas. Ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia y conforme los dictados de los artículos 5.34 y 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, se dispuso condenar al acusado por el delito de posesión de drogas (cocaína) para el consumo, imponiéndole como consecuencia penal: Pena Principal de multa por L. 500.00; y Medida de Seguridad de 30 días de internamiento. A la fecha de juzgamiento las normas en que el tribunal de sentencia funda su decisión están derogadas como consecuencia de la puesta en vigencia del código penal 130-2017, mismo que en su Libro II, Título XIV, Capítulo IV, regula los delitos en contra de la Salud Pública y en específico aquellos que tienen como objeto delictivo drogas controladas, drogas ilícitas y sus precursores. En revisión a dicho apartado la Sala de lo Penal concluye que los hechos declarados probados en la sentencia y que fueron subsumidos en el delito de posesión de droga ilícita para consumo, han dejado de ser delitos pues no se encuentran tipificados en la nueva normativa penal. La despenalización de hechos es una situación prevista en el último párrafo del artículo 615 del CP 130-2017, en donde se dispone que en tales casos se deberá dictar un sobreseimiento definitivo a favor de las personas acusadas sin más trámite. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 363 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a los hechos declarados probados en la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan.- Tercero: Revoca los numerales dos, tres y cuatro de la parte decisoria de la sentencia referida, emitiéndose los siguientes pronunciamientos en su lugar: 1.- Se Sobresee Definitivamente al acusado Erick Alexander Erazo Pineda, por el delito de posesión de droga ilícita para el consumo, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras.- 2.- Se revocan las medidas cautelares impuestas al acusado Erick Alexander Erazo Pineda, con ocasión del presente proceso penal.- Cuarto: Declara Firme y Ejecutables los numerales uno y cinco de la parte decisoria de la sentencia antes individualizada.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. - Firma y Sello. – Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrada - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-48-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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