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Sentencia CP-462-19 — Registro 17618

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Apropiación Indebida, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...e la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Como se ha explicado el control casacional a través del recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, resultando solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de sus conclusiones. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 N° 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes …3) Que … en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica.”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someter a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Los hechos declarados probados son el resultado del proceso de valoración de los diferentes medios de prueba que son aportados en la audiencia de debate; valoración individual como conjugada, que para poder ser realizada por los Juzgadores hacen mano de cada una de las reglas de la sana critica que componen el recto entendimiento humano y que es el sistema de valoración probatoria que dispone el Código Procesal Penal, el cual debe de ser usado por los Tribunales de Justicia en materia penal. En el presente caso el Pretensor manifiesta que: “la actuación de valoración de la prueba efectuada por el Juzgador es violatoria a las máximas de la experiencia”, también “la Regla de la Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente”, dado que las razones expuestas para dictar el fallo que ahora recurrimos se enfocaron en circunstancias periféricas al asunto tratado y no a la auténtica resulta de las probanzas del juicio como lo ha demostrado. Esta Sala Penal considera que el Tribunal en la redacción de la sentencia en el apartado que se llama “Valoración Conjunta De La Prueba”, en el cual establece: “Comenzaremos valorando los dictámenes calígrafos realizados por un perito oficial del Ministerio Público y el otro por un perito no oficial, los cuales determinan a la firmas de la escritura pública otorgada por el abogado Manuel Octavio Rivas del instrumento número 388 y los medios de prueba utilizados las firmas antes descritas en el material de comparación, tal como los recibos de los testimonios de la escritura y los emitidos por la Empresa Inversiones Rodriguez en cuanto a la calidad de línea proporción, presión de ejecución, angulosidad, relación con la línea base e inclinación visibles en las firmas cuestionadas, no tienen afinidad con olas características escriturales observadas en la firmas utilizadas. Para el Tribunal es muy importante valorar este medio de prueba porque es prueba fundadamente para determinar la participación de la querellada en el tipo penal de Apropiación indebida como lo expresado la parte querellante, no obstante aún y cuando el dictamen determine que las firmas del testimonio otorgado por el abogado Manuel Octavio Rivas y los documentos utilizados como comparación, carecen de confiabilidad porque los documentos que se utilizaron en el testimonio de escritura pública no debió utilizarse una fotocopia de recibo, sino las firmas que se encuentran en el Protocolo del Abogado Marco Antonio Martínez, por lo tanto la fotocopia del recibo no reúne los requisitos de confiabilidad, así mismo la firmas de los recibos de la Empresa Inversiones Rodríguez no son confiables en este caso siendo que la querellada Gloria María Obando ya falleció el querellante debió proponer el mayor número de documentos que contengan la firma así como también de la misma época y con idénticos medios de escritura…” El Tribunal Juzgador hace una valoración después de un estudio intelectivo de los medios probatorios atinentes y concluyentes de manera conjunta que lo lleva a tener la certeza que no ha demostrado la participación de la Querellada y mucho menos se ha quebrantado el estado de inocencia por no reunir los elementos del tipo penal de Apropiación indebida. Esta Sala de lo Penal constata que en efecto el tribunal de sentencia realiza una valoración intelectual de los medios de prueba propuestos por las partes de manera individual y colectiva, y refleja una actividad analítica que demuestra la aplicación correcta en las reglas de la sana critica pues la sentencia que ha emitido devela con claridad un ejercicio de derivación que permita comprender las razones tenidas en cuenta para calificar la prueba y consecuentemente emitir su decisión. En cuanto a los medios de prueba testificales, como ser la declaración del Abogado y Notario Octavio Lopez Rivas quien manifesta: “en fecha 15 de julio de 2002, comparecieron a mi oficina la señora Gloria Marina Obando, Blanca Obando y Maria Obando, con sus respectivos documentos personales a otorgar la correspondiente lectura de compraventa cuestionada en la querella, me resulta curioso que aparezca como querellante la señora Esperanza Castro Obando la que compareció según sentencia de los Juzgados de Letras de lo Civil de Comayagua dictada en fecha 9 de Enero del 2009 establece esta sentencia que esta seora Esperanza Obando, en su condición de Tutora Testamentaria comparecieron a dichos Juzgados a solicitar la declaratoria de Heredero Testamentaria de Melissa Sanchez Castro, en dicha se establece también que dicho querellante a Cristian se le dejo un legado entonces a partir de ese momento la señora Esperanza en su condición de Tutora tuvo la administración del inmueble que ahora se cuestionado, percibiendo por algún tiempo la venta había que establecer si esta señora rendía cuentas al Tribunal, en ese momento no se dudó de nada, a aparte de ello quiero establecer que las personas que antes indique se identificaron con dichos documentos, los documentos establecidos para comparación se hace con un recibo registrales, quiero manifestar que los recibos no necesariamente los firman las personas que hacen la transacción cualquier persona los puede firmar, y en cualquier institución financiera antes de efectuarse el pago le piden identificación por lo general en la oficina en donde se hace los documentos de cualquiera por lo general los abogados firman, esa firma no es mía cualquier persona pudo haber firmado eses recibo no necesariamente la señora Marina Obando Lara, si usted puede apreciar utilizaron como documento que dice Gloria Maria Obando Lara, y a mi Oficina compadeció Gloria Marina Obando Lara, por consiguiente se trata de persona diferente y seguramente esa firma no la puso la señora Gloria Marina, además quiero mencionar que en esta querella, los querellantes presentaron documentación falsa me refiero a unos instrumentos públicos que se refiere en la querella número 5 y una escritura pública número 85 y 6 autorizada en la paz donde aparece como supuestamente vendedora la señora Gloria Marina Obando y aparece el otro comparece José Castro Obando esos documentos están revertidos de falsedad y los acompañaron aquí en la querella y ando en este momento copias de esos protocolos donde dice que firmaron y estamparon su huella digital lo que no es cierto a esos bienes que están ubicados en la Paz, si tiene derecho los querellantes porque nunca se concretaron, por el señor Keine Castro y la firma que aparece en ese protocolo es completamente diferente a la firma que ellos han utilizado en los documentos de comparación, para ello basta una inspección a la contraloría del notariado al protocolo del notario Marco Antonio Martínez, donde se puede establecer claramente que esos contratos no se realizaron, porque no hay firma ni huella del supuesto vendedor y la firma del supuesto comprador, y la firma que aparece de la supuesta vendedora es diferente a la que aparece en los documentos de comparación utilizados, además en mi protocolo hay otra firma de la señora Gloria Marina Obando, además esta querella no debió ni si quiera admitirse el artículo 406.2, autoriza a este Tribunal rechazarla porque ha prescrito, en relación con el artículo 96, 97 y 98 del código penal relacionado con el articulado del código procesal penal, nada tiene que ver una declaratoria de herencia, por otro lado esta acción le tuve que corresponder al Ministerio Público, ya que el código menciona claramente que delitos podrán ser perseguidos por acción privada, y establece el listado de delitos, y por ello ya se sabe que dicho delito no encaja.” Por otra parte, se observa que la conclusión se fundamenta en la valoración de los medios de prueba intelectivamente con respecto a toda la prueba, y por ende, una valoración conjunta y armónica del material probatorio ofrecido. En definitiva, la sentencia censurada tiene validez de estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. En el caso examinado, encuentra esta Sala de lo Penal, que el A-quo realizó un estudio intelectivo del acervo probatorio en relación a las reglas de la Sana Crítica, al arribar a una conclusión fundamentado en la valoración de los medios de prueba, dando como resultado un fallo congruente, permitiendo con ello que la sentencia tenga validez y legitimidad al relacionar en el hecho con los medios probatorio (prueba documental y prueba pericial) propuesto y admitido con las formalidades establecidas en la norma adjetiva, siendo valoradas con arreglo a la sana crítica, como se realiza por Tribunal A-quo en la sentencia definitiva dictada en fecha nueve de mayo del año dos mil diecinueve. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 462-2019 que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-462-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a María Teresa Castro Obando, por el delito de Apropiación Indebida, en perjuicio de Cristian Javier Castro Obando, José Kayne Castro Obando, Gloria Esperanza Castro Obando y Lesly Jaqueline Castro Obando. Segundo: No procedió condenar a la parte Querellante.Son partes en única instancia: El abogado Héctor Eduardo Martínez Ríos, en su condición de querellante en representación de Cristian Javier Castro Obando, José Kayne Castro Obando, Gloria Esperanza Castro Obando y Lesly Jaqueline Castro Obando como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Único: En fecha 3 de mayo del año 2010, se realizó Juicio Oral y Público contra la señora María Teresa Castro por un supuesto delito de Apropiación Indebida en perjuicio de Cristian Javier Castro Obando, José Kayne Castro Obando, Gloria Esperanza Castro Obando y Lesly Jaqueline Castro Obando.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes abogados Héctor Eduardo Martínez Ríos y Dora del Carmen Ramos, en su condición de representantes procesales de Cristian Javier Castro Obando, José Kayne Castro Obando, Gloria Esperanza Castro Obando y Lesly Jaqueline Castro Obando, procedieron a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO UNICO: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: "Articulo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". En relación con el párrafo primero del artículo 336 del CPP. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A-quo en cuanto a dictar un fallo absolutorio a favor de MARIA TERESA CASTRO OBANDO Y BLANCA ONDINA CASTRO OBANDO (Q.D.D.G), esto es absolutamente ajeno a la pretensión de la acusación, que en todo momento ha sostenido que la conducta realizada por las Querelladas se subsume en el delito de APROPIACION INDEBIDA, y para ello, se hizo valer de medios de prueba útiles, idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar tanto la participación en los hechos investigados de las Querelladas, como también la calificación jurídica pretendida por el Querellante, pero que dado el erróneo iter lógico de valoración de la prueba realizado por el Juzgador, este ha incurrido en la evidente trasgresión a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, así como las máximas de la experiencia, ya que su decisión carece de fundamento factico proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio. Nuestra posición recursiva se centra en que: El vicio in procedendo invocado se hace manifiesto tal como indicamos, al momento de no apreciar la prueba de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, el Tribunal A quo no logró extraer de ellas las conclusiones que éstas le ofrecían, produciendo consecuentemente una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación. Expuesto lo anterior, veamos en que consiste la prueba de cargo evacuada, así como los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Fueron allegados el Dictamen de GRAFOSCOPIA emitido por el Perito LUIS EFREN TELLES NUÑEZ, de fecha once (11) de enero del dos mil diecisiete (2017) y Dictamen de GRAFOSCOPIA número 2019-0801-0501-2393 realizado por JORGE ARTURO TRIMINIO en su condición de Perito de la Dirección de Medicina Forense, Laboratorios Criminalístico y de Ciencias Forenses, Laboratorio de Documentología Forense. Establece el sentenciador: "En conclusión, tal como lo establece la doctrina la parte querellante propuso un medio de prueba periférico de Grafoscopio realizado por el perito JORGE ARTURO TRIMINIO no merece concederle credibilidad, en virtud no haber utilizado los documentos idóneos para utilizarlos de comparación con las firmas del documento cuestionado otorgado por el abogado MANUEL OCTAVIO RIVAS". Ante esta conclusión es imperioso señalar, que el Sentenciador trasgredió las máximas de la experiencia como regla integrante de la sana crítica, observe esa sala penal que no fue un solo perito quien vino a establecer con claridad meridiana la no autenticidad de la firma plasmada en las escrituras objeto de la presente causa y que si bien es cierto el primer peritaje realizado por el Perito LUIS EFREN TELLES NUÑEZ, fue realizado con la documentación que posee la Contraloría del Notariado como documentos originales tal y como lo establece la ley de la contraloría del notariado y es precisamente por este motivo que se solicita que el Tribunal en base a la objetividad y a petición de parte manda a elaborar un segundo peritaje en el cual por parte de este se le solicitan al Notario MANUEL OCTAVIO RIVAS los protocolos que fueron utilizados así como los documentos comparativos por lo que si dicho tribunal consideraba que los mismos no eran idóneos debió sugerir y ordenar otras fuentes ya que las escrituras y los documentos comparativos fueron elaboradas por el notario MANUEL OCTAVIO RIVAS, el cual en su testimonio establece "quiero manifestar que los recibos no necesariamente los firman las personas que hacen la transacción, sino que cualquier persona los puede firmar, y en cualquier institución financiera antes de efectuarse el pago le piden identificación por lo general en la oficina en donde se hace los documentos de cualquiera por lo general los abogados firman, esa firma no es mía” contradiciendo lo mencionado por el mismo ya que fue la persona que las inscribió en el Instituto de la Propiedad. Refiere el A quo de manera sucinta que la decisión de absolver tuvo su soporte en que la prueba de cargo no resulto confiable específicamente cuestiona que la probanza orientada a los Dictámenes Grafoscopicos emitidos y refrendados por los Peritos Calígrafos LUIS EFREN TELLES NUÑEZ Y JORGE ARTURO TRIMINIO, si bien el Juzgador considero dentro de su iter lógico de ponderación de la prueba; no obstante, estimamos que este fue llevado a cabo apartándose de las reglas de la sana crítica, trasgrediendo de manera concreta las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, específicamente del postulado de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, lo cual conllevo que se afectara su decisión final como resultado de su errónea valoración. Ellos es así puesto que cuestiona el sentenciador respecto de los dictámenes periciales ya que De los hechos estimados probados y valorados de manera conjunta de la sentencia recurrida se establece que "no merece concederle credibilidad, en virtud no haber utilizado los documentos idóneos para utilizarlos de comparación con las firmas del documento cuestionado" y es allí donde radica nuestro reproche recursivo, por cuanto de la prueba de cargo aportada al debate se logró acreditar que la persona procesada MARIA TERESA CASTRO OBANDO Y BLANCA ONDINA CASTRO OBANDO (Q.D.D.G), son efectivamente autoras materiales del injusto penal de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de mis representados, y que si ello no fue estimado así por el Tribunal en el fallo dictado es producto de un indebido íter lógico de valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Contario sensu el Sentenciador manifiesta que, respecto al testimonio brindado por el Abogado Manuel Octavio Rivas, como prueba de descargo cuanto además de esta no se aportó ningún otro medio de prueba que soporte sus dichos a criterio de este merece concederle credibilidad en la valoración conjunta de la prueba y que de manera sucinta refiere que: En la valoración de los medios de prueba testificales, deben considerarse entre otras cosas, información condicional que son el conjunto de condiciones en las que se encontraba el testigo en el momento de adquirir la Información la coherencia intrasujeto e intersijeto, que es el grado de consistencia interna que deberá mantener el testigo a lo largo de su relato asimismo deberá coincidir su información con el resto de la prueba que se evacue en juicio (el testimonio del Abogado MANUEL OCTAVIO RIVAS, es totalmente incoherente como se puede demostrar con la escucha del audio del debate). "...En relación a la prueba de la parte querellada como ser el testimonio del abogado MANUEL OCTAVIO RIVAS quien refiere que los comparecientes, fueron las personas que firmaron el testimonio de la escritura Pública que fue otorgada por él fueron realizadas por la comparecientes GLORIA MARIA OBANDO quien ya falleció y la señora MARIA TERESA CASTRO OBANDO quienes son madre e hija, el tribunal considera que habiéndose valorado el dictamen periférico de la grafoloscopia con los documentos de comparación no son los idóneos para determinar si las firmas cuestionadas no fueron realizadas por la compareciente GLORIA MARIA CASTRO es un hecho que no se logró probar, por lo que consideramos que el testimonio merece concederle credibilidad, porque no se evacuo un medio de prueba que demuestre lo contrario, por lo que consideramos que no se acredito la participación de la señora MARIA TERESA CASTRO por el delito de Apropiación indebida, no lográndose quebrantar su estado de inocencia." Siendo indudablemente absurda esta conclusión, lo cual es producto de la evidente equivoca valoración de la prueba llevada a cabo por parte del Juzgador, vea esa Honorable Sala que, no es cierto lo afirmado por el Sentenciador respecto que la prueba testifical ya que la misma es valorada de manera sesgada o utilizada de manera antojadiza y jamás valorada en su conjunto ya que aparte de la fracción de la declaración atizada por el Juzgador también declaro de viva vos que: "…quiero mencionar que en esta querella, los querellantes presentaron documentación falsa, me refiero a unos instrumentos públicos que se refieren en la querella número 5 y 6 una escritura pública número 85 y 86 autorizadas en La Paz donde aparece como supuestamente vendedora la señora GLORIA MARINA OBANDO y aparece el otro acompañante JOSE CASTRO OBANDO, esos documentos están revertidos de falsedad y los acompañaron aquí en la querella, yo ando en este momento en este momento copias de esos protocolos donde dice que firmaron y estamparon su huella digital lo que no es cierto a esos bienes que están ubicados en La Paz" ACEPTANDO DE VIVA VOS que SON FALSOS LOS INSTRUMENTOS REALIZADOS POR EL a la familia CASTRO OBANDO, siendo de conocimiento de este Tribunal de Sentencias y acreditado en la presente causa que él fue el Notario que realizo los instrumentos 85 Y 86 que fueron utilizados como documentos de comparación por lo que la declaración carecía absolutamente de valor probatorio ya que es una aceptación de culpa por parte del Notario ante Juez competente ya fue el quien realizo los instrumentos controvertidos objetos de la presente querella. Respecto a la insuficiencia probatoria advertida por el Sentenciador, esta es inexistente y lo que, si apreciamos del iter de valoración de la prueba razonado en el fallo, es que el Tribunal no fue capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento el verdadero sentido probatorio de los Dictámenes Periciales incorporados como medios de prueba de cargo. En relación al tipo penal de Apropiación Indebida no se cumplen los elementos de tipo penal, porque no se probó en el presente caso que la querellante haya sido la persona que se haya valido de cualquier artificia, astucia o engaño, porque en ningún momento se propuso la parte querellante que demostrara tal extremo. Ya la doctrina se refiere, específicamente el jurista Francisco Castillo Gonzáles, en el Libro "El Dolo. Su estructura y sus manifestaciones" en la 1ra edición, San José, Costa Rica. JURITEXTO.1999. Páginas 208 y 281, donde dice: "2.- El elemento cognoscitivo y volitivo de la intención.21.- Hemos dicho que la intención tiene como característica un reforzamiento del elemento volitivo del delito. Pero como toda forma de dolo, la intención requiere un elemento cognoscitivo. En la intención basta que el autor crea que el resultado es posible sin que sea necesario que el mismo se produzca y sin que sea necesario que crea que el resultado se producirá con seguridad, en el caso sud judice se puede establecer que las querelladas actuaron mediante un plan preconcebido con dolo ya que se reúnen los dos elementos del tipo para defraudar mediante compraventas falsas a sus hermanos los ahora Querellantes confabuladas para dicho fin con el Notario el Abogado y Notario OCTAVIO LOPEZ RIVAS quien mediante declaración testifical acepta la falsedad de los instrumentos y de esta forma se adueñaron del patrimonio de sus padres tal y como quedo probado en el presente juicio. Con todo ello, no podemos menos que cuestionar que, la actuación de valoración de la prueba efectuada por el Juzgador es violatoria a las máximas de la experiencia por las razones arribas señaladas, pero también, la Regla Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, dado que las razones expuestas para dictar el fallo que ahora recurrimos se enfocaron en circunstancias periféricas al asunto tratado y no a la auténtica resulta de las probanzas del juicio como lo hemos demostrado, en donde con la prueba arriba desarrollada a quedado plenamente demostrados que las señoras MARIA TERESA CASTRO OBANDO Y BLANCA ONDINA CASTRO OBANDO (Q.D.D.G), son efectivamente autoras material del injusto penal de APROPIACION INDEBIDA en perjuicio de CRISTIAN JAVIER CASTRO OBANDO, JOSE KEYNE CASTRO OBAND, GLORIA ESPERANZA CASTRO OBANDO Y LESLY JAQUELINE CASTRO OBANDO. En síntesis, la prueba fue apta y suficiente para enervar el estado de inocencia de las Querelladas en el sentido de la acusación lo cual el tribunal no fue capaz de extraer de dicha fuente el convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, generando el vicio in procedendo susceptible de recurrir vía casación, respecto a los cual hacemos la observación; que procedemos a anunciar este vicio hasta en este momento procesal, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende, no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Violación de la Sana critica en la valoración de la prueba; Reclamación Ex Ante: El defecto se produce en el acto de mismo de sentenciar; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Establece el recurrente que el fallo que hoy se cuestiona por la vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, expone lo siguiente: Refiere el a-quo de manera sucinta que la decisión de absolver tuvo su soporte en que la prueba de cargo no resulto confiable específicamente cuestiona que la probanza orientada a los Dictámenes Grafoscopios emitidos y refrendados por los Peritos Calígrafos Luis Efren Telles Nuñez Y Jorge Arturo Triminio, si bien el Juzgador considero dentro de su iter lógico de ponderación de la prueba, considera que es puesto, que cuestiona el sentenciador respecto de los dictámenes periciales ya que de los hechos estimados probados y valorados de manera conjunta de la sentencia recurrida se establece que "no merece concederle credibilidad, en virtud no haber utilizado los documentos idóneos para utilizarlos de comparación con las firmas del documento cuestionado" y es allí donde radica nuestro reproche recursivo, por cuanto de la prueba de cargo aportada al debate se logró acreditar que la persona procesada Maria Teresa Castro Obando Y Blanca Ondina Castro Obando (Q.D.D.G), son efectivamente autoras materiales del injusto penal de Apropiación Indebida, en perjuicio de mis representados, y que si ello no fue estimado así por el Tribunal en el fallo dictado es producto de un indebido íter lógico de valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Por cuanto la conclusión dispositiva del A-quo en cuanto a dictar un fallo absolutorio a favor de Maria Teresa Castro Obando, esto es absolutamente ajeno a la pretensión de la acusación, que en todo momento ha sostenido que la conducta realizada por la Querellada se subsume en el delito de Apropiación Indebida, y para ello se hizo valer de los medios de prueba útiles, idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar tanto la calificación jurídica pretendida por el Querellante, pero que dado el erróneo iter lógico de valoración de la prueba realizado por el juzgador, este ha incurrido en la evidente trasgresión a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, así como las máximas de la experiencia, ya que su decisión carece de fundamento fáctico proveniente del contenido de la probanza evacuada en juicio. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. •Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o •Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Como se ha explicado el control casacional a través del recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, resultando solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de sus conclusiones. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 N° 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes …3) Que … en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica.”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someter a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Los hechos declarados probados son el resultado del proceso de valoración de los diferentes medios de prueba que son aportados en la audiencia de debate; valoración individual como conjugada, que para poder ser realizada por los Juzgadores hacen mano de cada una de las reglas de la sana critica que componen el recto entendimiento humano y que es el sistema de valoración probatoria que dispone el Código Procesal Penal, el cual debe de ser usado por los Tribunales de Justicia en materia penal. En el presente caso el Pretensor manifiesta que: “la actuación de valoración de la prueba efectuada por el Juzgador es violatoria a las máximas de la experiencia”, también “la Regla de la Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente”, dado que las razones expuestas para dictar el fallo que ahora recurrimos se enfocaron en circunstancias periféricas al asunto tratado y no a la auténtica resulta de las probanzas del juicio como lo ha demostrado. Esta Sala Penal considera que el Tribunal en la redacción de la sentencia en el apartado que se llama “Valoración Conjunta De La Prueba”, en el cual establece: “Comenzaremos valorando los dictámenes calígrafos realizados por un perito oficial del Ministerio Público y el otro por un perito no oficial, los cuales determinan a la firmas de la escritura pública otorgada por el abogado Manuel Octavio Rivas del instrumento número 388 y los medios de prueba utilizados las firmas antes descritas en el material de comparación, tal como los recibos de los testimonios de la escritura y los emitidos por la Empresa Inversiones Rodriguez en cuanto a la calidad de línea proporción, presión de ejecución, angulosidad, relación con la línea base e inclinación visibles en las firmas cuestionadas, no tienen afinidad con olas características escriturales observadas en la firmas utilizadas. Para el Tribunal es muy importante valorar este medio de prueba porque es prueba fundadamente para determinar la participación de la querellada en el tipo penal de Apropiación indebida como lo expresado la parte querellante, no obstante aún y cuando el dictamen determine que las firmas del testimonio otorgado por el abogado Manuel Octavio Rivas y los documentos utilizados como comparación, carecen de confiabilidad porque los documentos que se utilizaron en el testimonio de escritura pública no debió utilizarse una fotocopia de recibo, sino las firmas que se encuentran en el Protocolo del Abogado Marco Antonio Martínez, por lo tanto la fotocopia del recibo no reúne los requisitos de confiabilidad, así mismo la firmas de los recibos de la Empresa Inversiones Rodríguez no son confiables en este caso siendo que la querellada Gloria María Obando ya falleció el querellante debió proponer el mayor número de documentos que contengan la firma así como también de la misma época y con idénticos medios de escritura…” El Tribunal Juzgador hace una valoración después de un estudio intelectivo de los medios probatorios atinentes y concluyentes de manera conjunta que lo lleva a tener la certeza que no ha demostrado la participación de la Querellada y mucho menos se ha quebrantado el estado de inocencia por no reunir los elementos del tipo penal de Apropiación indebida. Esta Sala de lo Penal constata que en efecto el tribunal de sentencia realiza una valoración intelectual de los medios de prueba propuestos por las partes de manera individual y colectiva, y refleja una actividad analítica que demuestra la aplicación correcta en las reglas de la sana critica pues la sentencia que ha emitido devela con claridad un ejercicio de derivación que permita comprender las razones tenidas en cuenta para calificar la prueba y consecuentemente emitir su decisión. En cuanto a los medios de prueba testificales, como ser la declaración del Abogado y Notario Octavio Lopez Rivas quien manifesta: “en fecha 15 de julio de 2002, comparecieron a mi oficina la señora Gloria Marina Obando, Blanca Obando y Maria Obando, con sus respectivos documentos personales a otorgar la correspondiente lectura de compraventa cuestionada en la querella, me resulta curioso que aparezca como querellante la señora Esperanza Castro Obando la que compareció según sentencia de los Juzgados de Letras de lo Civil de Comayagua dictada en fecha 9 de Enero del 2009 establece esta sentencia que esta seora Esperanza Obando, en su condición de Tutora Testamentaria comparecieron a dichos Juzgados a solicitar la declaratoria de Heredero Testamentaria de Melissa Sanchez Castro, en dicha se establece también que dicho querellante a Cristian se le dejo un legado entonces a partir de ese momento la señora Esperanza en su condición de Tutora tuvo la administración del inmueble que ahora se cuestionado, percibiendo por algún tiempo la venta había que establecer si esta señora rendía cuentas al Tribunal, en ese momento no se dudó de nada, a aparte de ello quiero establecer que las personas que antes indique se identificaron con dichos documentos, los documentos establecidos para comparación se hace con un recibo registrales, quiero manifestar que los recibos no necesariamente los firman las personas que hacen la transacción cualquier persona los puede firmar, y en cualquier institución financiera antes de efectuarse el pago le piden identificación por lo general en la oficina en donde se hace los documentos de cualquiera por lo general los abogados firman, esa firma no es mía cualquier persona pudo haber firmado eses recibo no necesariamente la señora Marina Obando Lara, si usted puede apreciar utilizaron como documento que dice Gloria Maria Obando Lara, y a mi Oficina compadeció Gloria Marina Obando Lara, por consiguiente se trata de persona diferente y seguramente esa firma no la puso la señora Gloria Marina, además quiero mencionar que en esta querella, los querellantes presentaron documentación falsa me refiero a unos instrumentos públicos que se refiere en la querella número 5 y una escritura pública número 85 y 6 autorizada en la paz donde aparece como supuestamente vendedora la señora Gloria Marina Obando y aparece el otro comparece José Castro Obando esos documentos están revertidos de falsedad y los acompañaron aquí en la querella y ando en este momento copias de esos protocolos donde dice que firmaron y estamparon su huella digital lo que no es cierto a esos bienes que están ubicados en la Paz, si tiene derecho los querellantes porque nunca se concretaron, por el señor Keine Castro y la firma que aparece en ese protocolo es completamente diferente a la firma que ellos han utilizado en los documentos de comparación, para ello basta una inspección a la contraloría del notariado al protocolo del notario Marco Antonio Martínez, donde se puede establecer claramente que esos contratos no se realizaron, porque no hay firma ni huella del supuesto vendedor y la firma del supuesto comprador, y la firma que aparece de la supuesta vendedora es diferente a la que aparece en los documentos de comparación utilizados, además en mi protocolo hay otra firma de la señora Gloria Marina Obando, además esta querella no debió ni si quiera admitirse el artículo 406.2, autoriza a este Tribunal rechazarla porque ha prescrito, en relación con el artículo 96, 97 y 98 del código penal relacionado con el articulado del código procesal penal, nada tiene que ver una declaratoria de herencia, por otro lado esta acción le tuve que corresponder al Ministerio Público, ya que el código menciona claramente que delitos podrán ser perseguidos por acción privada, y establece el listado de delitos, y por ello ya se sabe que dicho delito no encaja.” Por otra parte, se observa que la conclusión se fundamenta en la valoración de los medios de prueba intelectivamente con respecto a toda la prueba, y por ende, una valoración conjunta y armónica del material probatorio ofrecido. En definitiva, la sentencia censurada tiene validez de estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. En el caso examinado, encuentra esta Sala de lo Penal, que el A-quo realizó un estudio intelectivo del acervo probatorio en relación a las reglas de la Sana Crítica, al arribar a una conclusión fundamentado en la valoración de los medios de prueba, dando como resultado un fallo congruente, permitiendo con ello que la sentencia tenga validez y legitimidad al relacionar en el hecho con los medios probatorio (prueba documental y prueba pericial) propuesto y admitido con las formalidades establecidas en la norma adjetiva, siendo valoradas con arreglo a la sana crítica, como se realiza por Tribunal A-quo en la sentencia definitiva dictada en fecha nueve de mayo del año dos mil diecinueve. DECISION No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por los Abogados Héctor Eduardo Martínez Ríos y Dora del Carmen Ramos, en su condición de Abogados privados de los Señores Cristian Javier Castro Obando, José Keyne Castro Obando, Gloria Esperanza Castro Obando y Lesly Jaqueline Castro Obando, en la Querella instruida contra la señora María Teresa Castro Obando a quien se le Absolvió de toda responsabilidad del delito de Apropiación Indebida.- SEGUNDO: Declara FIRME la sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, proferida por el tribunal de sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. REDACTO EL MAGISTRADO DIAZ FLORES. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los un días del mes de noviembre de dos mil veintitrès, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 462-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL