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Sentencia CP-448-19 — Registro 17090

Resumen

En primer instancia se condena a la imputada por el delito de Posesión para el Consumo Ilícito de drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. Es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, la infracción penal cometida por la acusada se encuentra despenalizada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente al hacer el planteamiento de su recurso de casación por quebrantamiento en la forma, señala la violación de la regla de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente como norma inobservada, también estableció los razonamientos que consideró que el Sentenciador como ser: "... Los mismos no son suficiente para sustentar las pretensiones del ente acusador en lo que respecta a este delito, puesto que no basta el hallazgo de la droga, sino la existencia de otros elementos investigativos que externen la intención de la acusada de comercializarla..." Resulta necesario señalar cuales fueron los juicios de valor que estableció el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate y así determinar si se han violentado o no las reglas señaladas; encontramos en el acápite Valoración de la prueba: …."A la prueba documental anteriormente descrita se le confiere validez probatoria, puesto que tanto el registro como el decomiso, fueron realizadas por personal que posee los conocimientos necesarios para establecer los extremos descritos en ambos medios probatorios, con la cual se tiene por acreditado que efectivamente la imputada se encontraba en posesión de 23 bolsitas de droga (cocaina) y doce mil doscientos lempiras (12,280.00), respecto a este ultimo indicio para estos juzgadores no hay prueba que nos acredite que la cantidad de dinero decomisada haya provenido de la vena o comercialización de droga, aun cuando fueron ratificados en audiencia por las personas que los elaboraron". Del dictamen toxicológico el A-quo infirió: "Dicho dictamen es objetivamente confiable para los juzgadores, pues el mismo fue introducido al debate con las formalidades que establece la ley procesal penal, en el que no encontramos motivo alguno que nos haga dudar del mismo, y por tratarse de una prueba científica válidamente ejecutada, sin que otra de igual o mejor categoria lo contradiga, creemos totalmente su contenido por lo que le damos la credibilidad correspondiente." En cuanto a la declaración del testigo policía Edwin Omar Santos Miranda; la valoración del Sentenciador señala: "Lo manifestado por este testigo, para los juzgadores el testimonio aquí analizado no merece credibilidad alguna ya que no se concibe la idea de que la imputada realizara actos de comercio del estupefaciente ilícito en presencia de los miembros de la policia, de igual manera que este agente se encontrara en dos lugares a la vez, es decir dando seguimiento y brindando seguridad en el salón del Club de Leones, a su vez el policia manifestó que durante su seguimiento se acercaron a la imputada tres personas de ambos sexos sin que se ahondara en el juicio mas detalles de estas personas, así como también resulta ilógico que la cantidad de dinero decomisada sea producto de la venta del alucinógeno siendo que solo se acercaron tres personas." Del acta de decomiso y dictamen Deteci-ex 0401-2018-0003, el Tribunal de Sentencia señala: Los medios de prueba enumerados como 5 y 6 para este Tribunal son creíbles, si bien es cierto a la acusada se le encontró el posesión de un teléfono celular en el que se hallaron dos fotografias, asimismo se aprecian bolsitas conteniendo droga (cocaína), no es menos cierto que este indicio por si solo para la pretensión acusatoria del ministerio publico no es suficiente. Para esta Sala de lo Penal, el Sentenciador ha establecido juicios de valor para razonar los medios de prueba, en cuanto a la inferencia señalada como yerro por el censor se analiza la misma de forma completa y no parcial "... Los mismos no son suficiente para sustentar las pretensiones del ente acusador en lo que respecta a este delito, puesto que no basta el hallazgo de la droga, sino la existencia de otros elementos investigativos que externen la intención de la acusada de comercializarla, ya que el testimonio rendido por el policia Edwin Omar Santos Miranda, este tribunal no le concedió ningún valor probatorio, por ende la prueba declarada creíble nos conduce a condenar por el delito de posesión para el consumo ilícito de droga, aun y cuando no existe prueba cientifica que establezca que la imputada es consumidora, el tipo penal por el cual se condena no exige dicha prueba. La Sala de Penal observa las inferencia que los medios de prueba, han suscitado en el Juzgador, mismos que lo han conducido a efectuar razonamientos coherentes y derivados de sus deposiciones; no le concede valor a la única declaración testifical traída a juicio, es decir no se cuenta con ningún otro medio de prueba que determine la veracidad de este testimonio; los razonamientos del Juzgador son correctos y sus cuestionamientos son certeros; no existe otra prueba, ni testifical ni prueba científica que confirme el testimonio que acredite que la ahora imputada haya tenido participación el delito enjuiciado. El Sentenciador en su fallo efectúa razonamientos suficientes que confirman su posición de que no hay pruebas suficientes para adquirir certeza de que los acontecimientos en realidad pasaron como lo expuso en ente acusatorio en su acusación. Y así encontramos a lo largo de toda la Sentencia los razonamientos lógicos y adecuados que explican de forma detallada las razones de hecho y derecho que consideró el Juzgador para determinar que el caso de autos procedía dictar una sentencia condenatoria por el delito de Posesión para el consumo ilícito de drogas, y no por el gravoso delito de Tráfico ilícito de drogas, considerando que no logro acreditarse ese acto de comercialización que pretendía el ente acusatorio para dictar una sentencia condenatoria. Los razonamientos que fueron conformados en base a las reglas de la sana crítica, razones suficientes para declarar no ha lugar el motivo de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: "Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta." En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); ο 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130- 2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144- 83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. D. Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley, es correcto señalar que se ha impuesto la señora Suyapa Mejia, la medida se seguridad consistente en 30 días de internamiento y una multa de quinientos lempiras, por ser autor de un delito consumado de Posesión para el consumo ilícito de drogas. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por la acusada Suyapa Mejia, se encuentra despenalizada. Acorde al cuadro fáctico; UNICO. En fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce con cuarenta minutos de la mañana, afuera del salón del Club de Leones de esta ciudad de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque fue detenida por agentes de la policia preventiva la señora SUYAPA MEJIA, encontrándole 2.54 gramos de polvo blanco cocaína y la cantidad de doce mil doscientos ochenta lempiras (Ips. 12,280.00)." A partir de lo anterior, es posible determinar que la medida de seguridad impuesta a la acusada Suyapa Mejia, conforme el CP-144-83 al ser de treinta días de internamiento y una multa de quinientos lempiras, se encuentra por encima de una conducta que ha sido despenalizada por el nuevo código penal 130-2017. Por tanto, le corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. En el caso de la señora Suyapa Mejia, corresponde dictar sobreseimiento definitivo por la conducta cometido.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-448-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-448-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a la señora Suyapa Mejía, por el delito de Posesión para el Consumo Ilícito de drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de Internamiento por treinta días y una multa de quinientos lempiras, como pena principal. SEGUNDO: Se Declaró el comiso de la droga decomisada a la señora Suyapa Mejía y se ordenó su destrucción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. TERCERO: No Procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: La Abogada Mercedes Dubón, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS UNICO. En fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce con cuarenta minutos de la mañana, afuera del salón del Club de Leones de esta ciudad de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque fue detenida por agentes de la policia preventiva la señora SUYAPA MEJIA, encontrándole 2.54 gramos de polvo blanco cocaína y la cantidad de doce mil doscientos ochenta lempiras (Ips. 12,280.00)." RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Nery Armando Betancourt Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: "EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como sabemos, el sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta. autonomia en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento, sin embargo, en dicha apreciación, debe observar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común, asegurando el más certero juicio en su decisión. Voluntad del legislador establecida en los articulos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. En el caso sub judice, es evidente que el A quo efectúa una valoración intelectiva ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legalmente al debate, no fue considerada de forma integral o conjunta, en desapego a los principios básicos de la Regla de la Lógica, como el de la razón suficiente, lo que lo llevó a concluir erróneamente, en un fallo condenatorio por Posesión para el Consumo Ilicito de Estupefaciente, y no, por el tipo penal de Tráfico Ilícito de Droga, como se deriva de estas pruebas y que ha constituido la pretensión acusatoria; defecto de apreciación que se hace patente, a partir de las consideraciones que se exponen a continuación: El testimonio de Edwin Omar Santos Miranda, quien es miembro de la Policía Nacional, entonces asignado a la Jefatura Policial de Ocotepeque, fue allegado a la vista pública y en síntesis señaló: "el martes 20 de marzo del año 2018 siendo las 12:20 horas nos encontrábamos realizando una seguridad en el Club de Leones, ubicado en el barrio San José de Ocotepeque, en ese momento vimos cuando unas personas se acercaban a la señora, ella metia su mano en el bolso, sacaba bolsitas transparentes, que eran intercambiadas por dinero; se le dio seguimiento por hora y media, le solicitamos un registro personal. Ella se identificó como Suyapa Mejía, al momento de registrarle el bolso, en su interior se encontró una bolsa de nylon transparente conteniendo en su interior 23 bolsitas de polvo blanco supuesta cocaina, también se le encontraron Doce Mil Doscientos Ochenta Lempiras en diferentes denominaciones, ella responde, que ese dinero es de un negocio de venta de bebidas alcohólicas, nos dio la dirección, hicimos las investigaciones y no está en el Registro Tributario, nos dijo que trabaja con un ciudadano de nacionalidad mexicana y que no puede dar el nombre porque teme por su vida y la de su familia.- ante interrogantes de las partes en la audiencia de debate explicó: los hechos ocurrieron afuera del salón en el Barrio San José, había una fiesta bailable; estábamos aproximadamente a cinco metros, ella se notaba nerviosa; siempre se mantuvo afuera de donde se estaba realizando la fiesta; estaba sola, únicamente las personas que se le acercaban; cuando se acercaban ella sacaba del bolso las bolsitas transparentes, habia un intercambio de dinero cuando ella entregaba las bolsitas; la persona que requeri en ese momento es la señora(refiriéndose a la acusada).- ahi en el lugar estaban Danilo Sarmiento, Karina Aguilar y al mando estaba el Sub Inspector de Policia Garcia Ordoñez..."(Acta de Debate Oral y Público) Por su parte, Keilin Karina Aguilar Cáceres, policia preventiva que realiza el registro personal a la procesada Suyapa Mejia y ratifica el Acta de Registro Personal, que fue incorporada al juicio como prueba documental, respondió ante interrogatorio: "la señora Suyapa Mejia fue requerida en el Barrio San José, en el Club de Leones, Salón de Fiestas; cuando fue detenida se encontraba afuera de esas instalaciones, las que mencioné, estableciendo en dicha acta: "A los veinte dias del mes de Marzo de Dos Mil Dieciocho, siendo las 00:40 horas, se procedió al registro personal de la señora Suyapa Mejia con identidad 0411-1975-00125, la cual llevaba un bolso color beige marca Mike cruzado sobre su hombro derecho, encontrándole lo siguiente: una bolsa plástica transparente conteniendo en su interior 23 bolsitas transparentes y en su interior polvo blanco supuesta cocaina, también se le encontró, la cantidad de Doce Mil Doscientos Ochenta Lempiras (LPS 12, 280.00) en diferentes denominaciones." Además, se allegaron dos Actas de Decomiso, la primera de 23 Bolsitas transparentes supuesta cocaina y la otra, del decomiso de LPS 12, 280 lempiras, ratificadas durante el debate por el policia preventivo Donaldo Bù Mejia. Como Prueba Pericial se desarrolló A.- DICTAMEN DETECI-EX 0401-2018-0003 ratificado en juicio por el experto José Antonio Mendoza Rodriguez, quien estableció en las conclusiones: 1. 2. 3. 4. De las imágenes, extraídas al celular Samsung, se encontraron dos imágenes, en las que se observa polvo blanco supuesta droga. B. DICTAMEN TOXICOLÓGICO N.- 2018-0501-0506-1879 realizado por el Perito Forense Dr. Marco Antonio Fuentes e introducido a juicio mediante Lectura Autorizada, que refiere entre otros aspectos: RESULTADOS. Cocaína/ clorhidrato. Positivo, determinación de peso 2.54 gramos, CONCLUSIONES: 1. De acuerdo a los análisis realizados a los polvos blancos decomisados se concluye, que se trata de cocaina Clorhidrato. 2.-. Desde el punto de vista toxicológico la cantidad total decomisada si es compatible con la dosis considera como consumo personal inmediato. 3.- Esta consideración toxicológica en cuanto a la dosis, no afirma, ni excluye la posibilidad del uso de la droga para tráfico u otras actividades, dado que, el propósito para el que se destina el material decomisado, está fuera del conocimiento y el alcance del Laboratorio Químico Toxicológico. El dictamen Toxicológico debe ser complementado de una evaluación médico legal y/o de otros elementos de Investigación. El juzgador no aprecia correctamente el contenido de estas probanzas, lo cual se ve evidenciado cuando establece en su fallo, que la acción ilícita perpetrada por la procesada es propia de un delito de Posesión para el Consumo de Drogas, arguyendo que: "los mismos no son suficientes para sustentar las pretensiones del ente acusador en lo que respecta a este delito, puesto que no basta con el hallazgo de la droga, sino la existencia de otros elementos investigativos que externen la intención de la acusada de comercializarla;conclusión a la que ha arribado el Tribunal, faltando a la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente, en virtud que efectúa un análisis sesgado de la prueba que se evacuó en el debate, al no haber considerado, que de esta si se logra determinar, que la finalidad inmediata de posesión y tenencia de 23 bolsitas conteniendo cocaína por parte de la acusada, está dirigida inequívocamente a las actividades de tráfico: esto, a partir de las circunstancias en las que se desarrolló el hecho, que se establecen con la declaración del policia Edwin Omar Santos Miranda, el cual ha relatado, que encontrándose a una distancia aproximada de cinco metros, él y sus compañeros observaron al menos a tres personas acercarse a la procesada Suyapa Mejia, a lo cual ella metia su mano en el bolso, sacaba bolsitas transparentes, que eran intercambiadas por dinero, ante este comportamiento estiman que es sospechosa y proceden a practicarle una requisa personal, encontrándole dentro de ese bolso, 23 bolsitas transparentes, que en su interior contenian polvo blanco, que posteriormente, mediante experticia toxicológica número 2018-0501-0506-1879, fue determinada su naturaleza de droga, especificamente Cocaina con un peso total de 2.54 gramos; aunado al hecho, que el Tribunal no ha estimado, que a la enjuiciada se le detiene afuera de las Instalaciones del Club de Leones, donde se desarrollaba una fiesta, lo que vuelve ese lugar propicio al comercio y distribución de droga, y refleja además, su intención de comercializarla, sobre todo cuando el policía Edwin Omar Santos Miranda ha explicado que ella "se notaba nerviosa, siempre se mantuvo sola y afuera de donde se estaba realizando la fiesta". En la misma línea de razonamiento, si bien, la cantidad de droga que le es incautada a la enjuiciada, corresponde de acuerdo a la prueba pericial Toxicológica, con la dosis para consumo personal inmediato, este resultado, no puede tomarse como limite rígido para concluir que estaba destinado al consumo de Suyapa Mejia, como equívocamente parece entenderlo el juzgador, ello, porque el dictamen en mención, no puede considerarse de manera aislada, sino en el contexto del hallazgo, como es, que esos 2.54 gramos de cocaina se encontraban empaquetados dentro de 23 bolsitas transparentes, listas para su comercialización. Otro dato objetivo acreditado en juicio, que refleja destino y voluntad de tráfico, y, ha sido valorado inadecuadamente por el juzgador en desapego de las reglas lógicas; lo constituye la tenencia por parte de la acusada al momento de ser detenida, de una cantidad relevante de dinero (12, 280.00 LPS.) cuya procedencia y justificación licita para poseerlo no pudo corroborarse, según lo expuso el Agente Omar Santos Miranda, al señalar: "también se le encontró Doce Mil Doscientos Ochenta Lempiras en diferentes denominaciones, ella responde que ese dinero es de un negocio de venta de bebidas alcohólicas, nos dio la dirección, hicimos las investigaciones y no está en el Registro Tributario, nos dijo que trabaja con un ciudadano de nacionalidad mexicana y que no puede dar el nombre porque teme por su vida y la de su familia". Refiriéndose al delito de Tráfico de Drogas, la Honorable Sala de lo Penal ha fijado su postura Jurisprudencial al establecer mediante Fallo 224-2013: "El juzgador, al momento de hacer el examen de la prueba, deberá establecer cuál era la intención del sujeto activo en relación a la droga incautada, hacer el examen del dolo con que actuó, esencia del elemento subjetivo del tipo penal. Será a través de indicadores externos como ser cantidad de droga, disposición (empaque) de la droga. situación económica del acusado, adicción del acusado a sustancias controladas, elementos para el comercio como dispositivos para despacho, seguimiento de la actividad delictiva por parte de la policía y demás que hagan exteriorizar un ánimo de comercio con la droga, de modo que exista certeza de que se trata de un comercio con la droga V descartar que la posesión sea para otros fines: facilitación de local, transporte, consumo personal, etc. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico de la misma La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, "cortado", adulteración o empaquetado de la droga, etc.), teniendo siempre en cuenta en primer lugar, que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo, debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico. Para estimar un delito de tráfico ilicito de drogas, no sólo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal en Exp. 2392009 del 10 de mayo del 2012). En resumen, frente a un análisis lógico y conjunto de las pruebas introducidas al Debate, al ser valoradas bajo las reglas de la sana critica, se hace manifiesto el ánimo de comercio de la acusada, respecto de los 2.54 gramos de droga, que le fueron encontrados, pero el Tribunal se abstrae de ver esos indicadores externos de voluntad de tráfico, derivados de los testimonios de Edwin Omar Santos Miranda y Keilin Karina Aguilar Cáceres, cuyos relatos encuentran respaldo en la prueba documental y pericial evacuada en la Vista Pública; y en su lugar, realiza juicios de valor que vulneran la regla lógica de la razón suficiente en su caracteristica de veracidad, al contener premisas falaces derivadas de estimaciones meramente subjetivas, tal es el caso, que desacertadamente concluye, que el testimonio de Edwin Omar Santos Miranda no es creible, en virtud que en su opinión "no es posible se encontrara en dos lugares a la vez, es decir, dando seguimiento y brindando seguridad en el salón del Club de Leones, cuestionamiento del Tribunal, que no se desprende del testimonio de este agente de policia, ya que si bien, en algún momento dijo que "se le dio seguimiento por hora y media", tal afirmación no implica necesariamente, como ha querido entender el ente jurisdiccional, que para darle seguimiento se movilizaron hacia otro lugar, sobre todo cuando él y la policia preventiva Keilin Karina Aguilar, quien realiza el registro personal, han explicado ante interrogatorio que les hiciera las partes: " fue requerida y detenida en el Barrio San José, afuera de las instalaciones del Club de Leones, donde habia una fiesta", siendo este el mismo lugar, en donde Edwin Santos estableció que vieron a la enjuiciada Suyapa Mejia, realizar la transferencia de bolsitas plásticas, por dinero, con personas que se acercaban al lugar donde ella permaneció, durante todo el tiempo que ellos la observaron. Continuando con su errada apreciación, ha sostenido además el juzgador, que este testimonio no merece credibilidad alguna, ya que no se concibe la idea de que la imputada realizara actos de comercio del estupefaciente ilícito, en presencia de los miembros de la policía (véase Valoración Probatoria Testimonio Edwin Omar Santos Miranda, Pág. 6 vuelto), tal aseveración carece de soporte, por cuanto, en su relato, este deponente únicamente ha referido, que se encontraban a cinco metros del lugar donde la procesada se hallaba; pero no ha dicho, que ella se percató de su presencia, antes de ser requerida para realizarle un registro. Más adelante señala el A Quo: "Asi como también resulta ilógico, que la cantidad del dinero que le fue decomisada, sea producto de la venta de alucinógeno, siendo que sólo se acercaron tres personas". Entonces, cuando el Sentenciador le resta fiabilidad a este testimonio bajo esos razonamientos, demuestra que no lo ha valorado en todo el contexto de la prueba, ya que de la simple lectura de la versión de Edwin Omar Santos Miranda se desprende, que él y el resto de policías que le acompañaban, únicamente dieron seguimiento (vigilancia) a la procesada por un lapso de hora y media, de lo cual debe comprenderse, que es únicamente durante ese tiempo, que presenciaron a tres personas acercarse a Suyapa Mejia y observar el intercambio de dinero por bolsitas transparentes que ella sacaba de su bolso. Aquí debemos resaltar, la certera apreciación de la Honorable Sala de lo Penal, mediante fallo CP 198-2008, donde expuso: "Resulta oportuno señalar que para restar credibilidad a la versión de testigos oculares, el Juzgador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en los testigos presenciales, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad, extremo que no se produjo en el caso de autos." Vemos entonces, que las censuras esgrimidas por el Tribunal, no resultan relevantes, para contrarrestar la existencia del elemento tendencial de comercio de cocaina, en la procesada; esto como derivación del testimonio del policia Edwin Omar Santos Miranda más la prueba documental y pericial, que al haberse introducido legalmente al juicio, merecen ser valoradas certeramente, de manera conjunta y armónica. Es por ello, que el Ministerio Público reitera, que el juzgador de primera instancia ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y no en respeto al sistema de valoración de la sana crítica, lo que lo lleva a pronunciar erróneamente un fallo condenatorio por el delito de Posesión para el Consumo de Droga y no de Tráfico Ilícito de Drogas. Solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sancarlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo ➤ Normas autorizantes: Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; ➤ Concepto de la infracción: Violación a la regla lógica de derivación, integrado por el ➤Normas procesales que se denuncian infringidas: Articulo 202, numeral 2 de la regla Principio de razón suficiente; cuarta del articulo 338 Procesal Penal. ➤ Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al haberse producido el vicio en la emisión de la sentencia; ➤Pretensión: Se declare procedente el motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al tribunal de sentencia. El Ministerio Público denuncia que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana critica. Reflexiona el recurrente que el Tribunal de Sentencia efectuó una valoración intelectiva. ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legamente al debate, no fue considera de forma integral o conjunta en desapego a los principios básicos de la lógica, como el de razón suficiente. DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que "el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.". Al respecto, se ha señalado que: "... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva...". (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297- 09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo "... las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza..." (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la "Lógica no formal", llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser "Y" ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones "A" es igual que "B", y "A" no es igual de "B", se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia: ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente al hacer el planteamiento de su recurso de casación por quebrantamiento en la forma, señala la violación de la regla de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente como norma inobservada, también estableció los razonamientos que consideró que el Sentenciador como ser: "... Los mismos no son suficiente para sustentar las pretensiones del ente acusador en lo que respecta a este delito, puesto que no basta el hallazgo de la droga, sino la existencia de otros elementos investigativos que externen la intención de la acusada de comercializarla..." Resulta necesario señalar cuales fueron los juicios de valor que estableció el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate y así determinar si se han violentado o no las reglas señaladas; encontramos en el acápite Valoración de la prueba: …."A la prueba documental anteriormente descrita se le confiere validez probatoria, puesto que tanto el registro como el decomiso, fueron realizadas por personal que posee los conocimientos necesarios para establecer los extremos descritos en ambos medios probatorios, con la cual se tiene por acreditado que efectivamente la imputada se encontraba en posesión de 23 bolsitas de droga (cocaina) y doce mil doscientos lempiras (12,280.00), respecto a este ultimo indicio para estos juzgadores no hay prueba que nos acredite que la cantidad de dinero decomisada haya provenido de la vena o comercialización de droga, aun cuando fueron ratificados en audiencia por las personas que los elaboraron". Del dictamen toxicológico el A-quo infirió: "Dicho dictamen es objetivamente confiable para los juzgadores, pues el mismo fue introducido al debate con las formalidades que establece la ley procesal penal, en el que no encontramos motivo alguno que nos haga dudar del mismo, y por tratarse de una prueba científica válidamente ejecutada, sin que otra de igual o mejor categoria lo contradiga, creemos totalmente su contenido por lo que le damos la credibilidad correspondiente." En cuanto a la declaración del testigo policía Edwin Omar Santos Miranda; la valoración del Sentenciador señala: "Lo manifestado por este testigo, para los juzgadores el testimonio aquí analizado no merece credibilidad alguna ya que no se concibe la idea de que la imputada realizara actos de comercio del estupefaciente ilícito en presencia de los miembros de la policia, de igual manera que este agente se encontrara en dos lugares a la vez, es decir dando seguimiento y brindando seguridad en el salón del Club de Leones, a su vez el policia manifestó que durante su seguimiento se acercaron a la imputada tres personas de ambos sexos sin que se ahondara en el juicio mas detalles de estas personas, así como también resulta ilógico que la cantidad de dinero decomisada sea producto de la venta del alucinógeno siendo que solo se acercaron tres personas." Del acta de decomiso y dictamen Deteci-ex 0401-2018-0003, el Tribunal de Sentencia señala: Los medios de prueba enumerados como 5 y 6 para este Tribunal son creíbles, si bien es cierto a la acusada se le encontró el posesión de un teléfono celular en el que se hallaron dos fotografias, asimismo se aprecian bolsitas conteniendo droga (cocaína), no es menos cierto que este indicio por si solo para la pretensión acusatoria del ministerio publico no es suficiente. Para esta Sala de lo Penal, el Sentenciador ha establecido juicios de valor para razonar los medios de prueba, en cuanto a la inferencia señalada como yerro por el censor se analiza la misma de forma completa y no parcial "... Los mismos no son suficiente para sustentar las pretensiones del ente acusador en lo que respecta a este delito, puesto que no basta el hallazgo de la droga, sino la existencia de otros elementos investigativos que externen la intención de la acusada de comercializarla, ya que el testimonio rendido por el policia Edwin Omar Santos Miranda, este tribunal no le concedió ningún valor probatorio, por ende la prueba declarada creíble nos conduce a condenar por el delito de posesión para el consumo ilícito de droga, aun y cuando no existe prueba cientifica que establezca que la imputada es consumidora, el tipo penal por el cual se condena no exige dicha prueba. La Sala de Penal observa las inferencia que los medios de prueba, han suscitado en el Juzgador, mismos que lo han conducido a efectuar razonamientos coherentes y derivados de sus deposiciones; no le concede valor a la única declaración testifical traída a juicio, es decir no se cuenta con ningún otro medio de prueba que determine la veracidad de este testimonio; los razonamientos del Juzgador son correctos y sus cuestionamientos son certeros; no existe otra prueba, ni testifical ni prueba científica que confirme el testimonio que acredite que la ahora imputada haya tenido participación el delito enjuiciado. El Sentenciador en su fallo efectúa razonamientos suficientes que confirman su posición de que no hay pruebas suficientes para adquirir certeza de que los acontecimientos en realidad pasaron como lo expuso en ente acusatorio en su acusación. Y así encontramos a lo largo de toda la Sentencia los razonamientos lógicos y adecuados que explican de forma detallada las razones de hecho y derecho que consideró el Juzgador para determinar que el caso de autos procedía dictar una sentencia condenatoria por el delito de Posesión para el consumo ilícito de drogas, y no por el gravoso delito de Tráfico ilícito de drogas, considerando que no logro acreditarse ese acto de comercialización que pretendía el ente acusatorio para dictar una sentencia condenatoria. Los razonamientos que fueron conformados en base a las reglas de la sana crítica, razones suficientes para declarar no ha lugar el motivo de casación. DECISIÓN: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único. motivo, interpuesto por el Ministerio Publico. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130- 2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: "Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta." En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); ο 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130- 2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144- 83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. D. Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley, es correcto señalar que se ha impuesto la señora Suyapa Mejia, la medida se seguridad consistente en 30 días de internamiento y una multa de quinientos lempiras, por ser autor de un delito consumado de Posesión para el consumo ilícito de drogas. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por la acusada Suyapa Mejia, se encuentra despenalizada. Acorde al cuadro fáctico; UNICO. En fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce con cuarenta minutos de la mañana, afuera del salón del Club de Leones de esta ciudad de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque fue detenida por agentes de la policia preventiva la señora SUYAPA MEJIA, encontrándole 2.54 gramos de polvo blanco cocaína y la cantidad de doce mil doscientos ochenta lempiras (Ips. 12,280.00)." A partir de lo anterior, es posible determinar que la medida de seguridad impuesta a la acusada Suyapa Mejia, conforme el CP-144-83 al ser de treinta días de internamiento y una multa de quinientos lempiras, se encuentra por encima de una conducta que ha sido despenalizada por el nuevo código penal 130-2017. Por tanto, le corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. En el caso de la señora Suyapa Mejia, corresponde dictar sobreseimiento definitivo por la conducta cometida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por el Abogado Nery Armando Betancourt Rodriguez. SEGUNDO: Declara HA LUGAR LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL COGIDO PENAL 130-2017, por la conducta reprochada a SUYAPA MEJIA. TERCERO: Dicta Sobreseimiento Definitivo a favor de la señora SUYAPA MEJIA, por el delito de POSESIÓN PARA EL CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. REDACTÓ EL MAGISTRADO MIRANDA SABIO. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a siete días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada el uno de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-448-2019. WILY ALEXANDER MEDINA PEREZRECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-448-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-448-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a la señora Suyapa Mejía, por el delito de Posesión para el Consumo Ilícito de drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de Internamiento por treinta días y una multa de quinientos lempiras, como pena principal. SEGUNDO: Se Declaró el comiso de la droga decomisada a la señora Suyapa Mejía y se ordenó su destrucción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. TERCERO: No Procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: La Abogada Mercedes Dubón, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS UNICO. En fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce con cuarenta minutos de la mañana, afuera del salón del Club de Leones de esta ciudad de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque fue detenida por agentes de la policia preventiva la señora SUYAPA MEJIA, encontrándole 2.54 gramos de polvo blanco cocaína y la cantidad de doce mil doscientos ochenta lempiras (Ips. 12,280.00)." RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Nery Armando Betancourt Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: "EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como sabemos, el sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta. autonomia en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento, sin embargo, en dicha apreciación, debe observar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común, asegurando el más certero juicio en su decisión. Voluntad del legislador establecida en los articulos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. En el caso sub judice, es evidente que el A quo efectúa una valoración intelectiva ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legalmente al debate, no fue considerada de forma integral o conjunta, en desapego a los principios básicos de la Regla de la Lógica, como el de la razón suficiente, lo que lo llevó a concluir erróneamente, en un fallo condenatorio por Posesión para el Consumo Ilicito de Estupefaciente, y no, por el tipo penal de Tráfico Ilícito de Droga, como se deriva de estas pruebas y que ha constituido la pretensión acusatoria; defecto de apreciación que se hace patente, a partir de las consideraciones que se exponen a continuación: El testimonio de Edwin Omar Santos Miranda, quien es miembro de la Policía Nacional, entonces asignado a la Jefatura Policial de Ocotepeque, fue allegado a la vista pública y en síntesis señaló: "el martes 20 de marzo del año 2018 siendo las 12:20 horas nos encontrábamos realizando una seguridad en el Club de Leones, ubicado en el barrio San José de Ocotepeque, en ese momento vimos cuando unas personas se acercaban a la señora, ella metia su mano en el bolso, sacaba bolsitas transparentes, que eran intercambiadas por dinero; se le dio seguimiento por hora y media, le solicitamos un registro personal. Ella se identificó como Suyapa Mejía, al momento de registrarle el bolso, en su interior se encontró una bolsa de nylon transparente conteniendo en su interior 23 bolsitas de polvo blanco supuesta cocaina, también se le encontraron Doce Mil Doscientos Ochenta Lempiras en diferentes denominaciones, ella responde, que ese dinero es de un negocio de venta de bebidas alcohólicas, nos dio la dirección, hicimos las investigaciones y no está en el Registro Tributario, nos dijo que trabaja con un ciudadano de nacionalidad mexicana y que no puede dar el nombre porque teme por su vida y la de su familia.- ante interrogantes de las partes en la audiencia de debate explicó: los hechos ocurrieron afuera del salón en el Barrio San José, había una fiesta bailable; estábamos aproximadamente a cinco metros, ella se notaba nerviosa; siempre se mantuvo afuera de donde se estaba realizando la fiesta; estaba sola, únicamente las personas que se le acercaban; cuando se acercaban ella sacaba del bolso las bolsitas transparentes, habia un intercambio de dinero cuando ella entregaba las bolsitas; la persona que requeri en ese momento es la señora(refiriéndose a la acusada).- ahi en el lugar estaban Danilo Sarmiento, Karina Aguilar y al mando estaba el Sub Inspector de Policia Garcia Ordoñez..."(Acta de Debate Oral y Público) Por su parte, Keilin Karina Aguilar Cáceres, policia preventiva que realiza el registro personal a la procesada Suyapa Mejia y ratifica el Acta de Registro Personal, que fue incorporada al juicio como prueba documental, respondió ante interrogatorio: "la señora Suyapa Mejia fue requerida en el Barrio San José, en el Club de Leones, Salón de Fiestas; cuando fue detenida se encontraba afuera de esas instalaciones, las que mencioné, estableciendo en dicha acta: "A los veinte dias del mes de Marzo de Dos Mil Dieciocho, siendo las 00:40 horas, se procedió al registro personal de la señora Suyapa Mejia con identidad 0411-1975-00125, la cual llevaba un bolso color beige marca Mike cruzado sobre su hombro derecho, encontrándole lo siguiente: una bolsa plástica transparente conteniendo en su interior 23 bolsitas transparentes y en su interior polvo blanco supuesta cocaina, también se le encontró, la cantidad de Doce Mil Doscientos Ochenta Lempiras (LPS 12, 280.00) en diferentes denominaciones." Además, se allegaron dos Actas de Decomiso, la primera de 23 Bolsitas transparentes supuesta cocaina y la otra, del decomiso de LPS 12, 280 lempiras, ratificadas durante el debate por el policia preventivo Donaldo Bù Mejia. Como Prueba Pericial se desarrolló A.- DICTAMEN DETECI-EX 0401-2018-0003 ratificado en juicio por el experto José Antonio Mendoza Rodriguez, quien estableció en las conclusiones: 1. 2. 3. 4. De las imágenes, extraídas al celular Samsung, se encontraron dos imágenes, en las que se observa polvo blanco supuesta droga. B. DICTAMEN TOXICOLÓGICO N.- 2018-0501-0506-1879 realizado por el Perito Forense Dr. Marco Antonio Fuentes e introducido a juicio mediante Lectura Autorizada, que refiere entre otros aspectos: RESULTADOS. Cocaína/ clorhidrato. Positivo, determinación de peso 2.54 gramos, CONCLUSIONES: 1. De acuerdo a los análisis realizados a los polvos blancos decomisados se concluye, que se trata de cocaina Clorhidrato. 2.-. Desde el punto de vista toxicológico la cantidad total decomisada si es compatible con la dosis considera como consumo personal inmediato. 3.- Esta consideración toxicológica en cuanto a la dosis, no afirma, ni excluye la posibilidad del uso de la droga para tráfico u otras actividades, dado que, el propósito para el que se destina el material decomisado, está fuera del conocimiento y el alcance del Laboratorio Químico Toxicológico. El dictamen Toxicológico debe ser complementado de una evaluación médico legal y/o de otros elementos de Investigación. El juzgador no aprecia correctamente el contenido de estas probanzas, lo cual se ve evidenciado cuando establece en su fallo, que la acción ilícita perpetrada por la procesada es propia de un delito de Posesión para el Consumo de Drogas, arguyendo que: "los mismos no son suficientes para sustentar las pretensiones del ente acusador en lo que respecta a este delito, puesto que no basta con el hallazgo de la droga, sino la existencia de otros elementos investigativos que externen la intención de la acusada de comercializarla;conclusión a la que ha arribado el Tribunal, faltando a la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente, en virtud que efectúa un análisis sesgado de la prueba que se evacuó en el debate, al no haber considerado, que de esta si se logra determinar, que la finalidad inmediata de posesión y tenencia de 23 bolsitas conteniendo cocaína por parte de la acusada, está dirigida inequívocamente a las actividades de tráfico: esto, a partir de las circunstancias en las que se desarrolló el hecho, que se establecen con la declaración del policia Edwin Omar Santos Miranda, el cual ha relatado, que encontrándose a una distancia aproximada de cinco metros, él y sus compañeros observaron al menos a tres personas acercarse a la procesada Suyapa Mejia, a lo cual ella metia su mano en el bolso, sacaba bolsitas transparentes, que eran intercambiadas por dinero, ante este comportamiento estiman que es sospechosa y proceden a practicarle una requisa personal, encontrándole dentro de ese bolso, 23 bolsitas transparentes, que en su interior contenian polvo blanco, que posteriormente, mediante experticia toxicológica número 2018-0501-0506-1879, fue determinada su naturaleza de droga, especificamente Cocaina con un peso total de 2.54 gramos; aunado al hecho, que el Tribunal no ha estimado, que a la enjuiciada se le detiene afuera de las Instalaciones del Club de Leones, donde se desarrollaba una fiesta, lo que vuelve ese lugar propicio al comercio y distribución de droga, y refleja además, su intención de comercializarla, sobre todo cuando el policía Edwin Omar Santos Miranda ha explicado que ella "se notaba nerviosa, siempre se mantuvo sola y afuera de donde se estaba realizando la fiesta". En la misma línea de razonamiento, si bien, la cantidad de droga que le es incautada a la enjuiciada, corresponde de acuerdo a la prueba pericial Toxicológica, con la dosis para consumo personal inmediato, este resultado, no puede tomarse como limite rígido para concluir que estaba destinado al consumo de Suyapa Mejia, como equívocamente parece entenderlo el juzgador, ello, porque el dictamen en mención, no puede considerarse de manera aislada, sino en el contexto del hallazgo, como es, que esos 2.54 gramos de cocaina se encontraban empaquetados dentro de 23 bolsitas transparentes, listas para su comercialización. Otro dato objetivo acreditado en juicio, que refleja destino y voluntad de tráfico, y, ha sido valorado inadecuadamente por el juzgador en desapego de las reglas lógicas; lo constituye la tenencia por parte de la acusada al momento de ser detenida, de una cantidad relevante de dinero (12, 280.00 LPS.) cuya procedencia y justificación licita para poseerlo no pudo corroborarse, según lo expuso el Agente Omar Santos Miranda, al señalar: "también se le encontró Doce Mil Doscientos Ochenta Lempiras en diferentes denominaciones, ella responde que ese dinero es de un negocio de venta de bebidas alcohólicas, nos dio la dirección, hicimos las investigaciones y no está en el Registro Tributario, nos dijo que trabaja con un ciudadano de nacionalidad mexicana y que no puede dar el nombre porque teme por su vida y la de su familia". Refiriéndose al delito de Tráfico de Drogas, la Honorable Sala de lo Penal ha fijado su postura Jurisprudencial al establecer mediante Fallo 224-2013: "El juzgador, al momento de hacer el examen de la prueba, deberá establecer cuál era la intención del sujeto activo en relación a la droga incautada, hacer el examen del dolo con que actuó, esencia del elemento subjetivo del tipo penal. Será a través de indicadores externos como ser cantidad de droga, disposición (empaque) de la droga. situación económica del acusado, adicción del acusado a sustancias controladas, elementos para el comercio como dispositivos para despacho, seguimiento de la actividad delictiva por parte de la policía y demás que hagan exteriorizar un ánimo de comercio con la droga, de modo que exista certeza de que se trata de un comercio con la droga V descartar que la posesión sea para otros fines: facilitación de local, transporte, consumo personal, etc. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico de la misma La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, "cortado", adulteración o empaquetado de la droga, etc.), teniendo siempre en cuenta en primer lugar, que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo, debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico. Para estimar un delito de tráfico ilicito de drogas, no sólo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal en Exp. 2392009 del 10 de mayo del 2012). En resumen, frente a un análisis lógico y conjunto de las pruebas introducidas al Debate, al ser valoradas bajo las reglas de la sana critica, se hace manifiesto el ánimo de comercio de la acusada, respecto de los 2.54 gramos de droga, que le fueron encontrados, pero el Tribunal se abstrae de ver esos indicadores externos de voluntad de tráfico, derivados de los testimonios de Edwin Omar Santos Miranda y Keilin Karina Aguilar Cáceres, cuyos relatos encuentran respaldo en la prueba documental y pericial evacuada en la Vista Pública; y en su lugar, realiza juicios de valor que vulneran la regla lógica de la razón suficiente en su caracteristica de veracidad, al contener premisas falaces derivadas de estimaciones meramente subjetivas, tal es el caso, que desacertadamente concluye, que el testimonio de Edwin Omar Santos Miranda no es creible, en virtud que en su opinión "no es posible se encontrara en dos lugares a la vez, es decir, dando seguimiento y brindando seguridad en el salón del Club de Leones, cuestionamiento del Tribunal, que no se desprende del testimonio de este agente de policia, ya que si bien, en algún momento dijo que "se le dio seguimiento por hora y media", tal afirmación no implica necesariamente, como ha querido entender el ente jurisdiccional, que para darle seguimiento se movilizaron hacia otro lugar, sobre todo cuando él y la policia preventiva Keilin Karina Aguilar, quien realiza el registro personal, han explicado ante interrogatorio que les hiciera las partes: " fue requerida y detenida en el Barrio San José, afuera de las instalaciones del Club de Leones, donde habia una fiesta", siendo este el mismo lugar, en donde Edwin Santos estableció que vieron a la enjuiciada Suyapa Mejia, realizar la transferencia de bolsitas plásticas, por dinero, con personas que se acercaban al lugar donde ella permaneció, durante todo el tiempo que ellos la observaron. Continuando con su errada apreciación, ha sostenido además el juzgador, que este testimonio no merece credibilidad alguna, ya que no se concibe la idea de que la imputada realizara actos de comercio del estupefaciente ilícito, en presencia de los miembros de la policía (véase Valoración Probatoria Testimonio Edwin Omar Santos Miranda, Pág. 6 vuelto), tal aseveración carece de soporte, por cuanto, en su relato, este deponente únicamente ha referido, que se encontraban a cinco metros del lugar donde la procesada se hallaba; pero no ha dicho, que ella se percató de su presencia, antes de ser requerida para realizarle un registro. Más adelante señala el A Quo: "Asi como también resulta ilógico, que la cantidad del dinero que le fue decomisada, sea producto de la venta de alucinógeno, siendo que sólo se acercaron tres personas". Entonces, cuando el Sentenciador le resta fiabilidad a este testimonio bajo esos razonamientos, demuestra que no lo ha valorado en todo el contexto de la prueba, ya que de la simple lectura de la versión de Edwin Omar Santos Miranda se desprende, que él y el resto de policías que le acompañaban, únicamente dieron seguimiento (vigilancia) a la procesada por un lapso de hora y media, de lo cual debe comprenderse, que es únicamente durante ese tiempo, que presenciaron a tres personas acercarse a Suyapa Mejia y observar el intercambio de dinero por bolsitas transparentes que ella sacaba de su bolso. Aquí debemos resaltar, la certera apreciación de la Honorable Sala de lo Penal, mediante fallo CP 198-2008, donde expuso: "Resulta oportuno señalar que para restar credibilidad a la versión de testigos oculares, el Juzgador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en los testigos presenciales, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad, extremo que no se produjo en el caso de autos." Vemos entonces, que las censuras esgrimidas por el Tribunal, no resultan relevantes, para contrarrestar la existencia del elemento tendencial de comercio de cocaina, en la procesada; esto como derivación del testimonio del policia Edwin Omar Santos Miranda más la prueba documental y pericial, que al haberse introducido legalmente al juicio, merecen ser valoradas certeramente, de manera conjunta y armónica. Es por ello, que el Ministerio Público reitera, que el juzgador de primera instancia ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y no en respeto al sistema de valoración de la sana crítica, lo que lo lleva a pronunciar erróneamente un fallo condenatorio por el delito de Posesión para el Consumo de Droga y no de Tráfico Ilícito de Drogas. Solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sancarlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo ➤ Normas autorizantes: Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; ➤ Concepto de la infracción: Violación a la regla lógica de derivación, integrado por el ➤Normas procesales que se denuncian infringidas: Articulo 202, numeral 2 de la regla Principio de razón suficiente; cuarta del articulo 338 Procesal Penal. ➤ Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al haberse producido el vicio en la emisión de la sentencia; ➤Pretensión: Se declare procedente el motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al tribunal de sentencia. El Ministerio Público denuncia que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana critica. Reflexiona el recurrente que el Tribunal de Sentencia efectuó una valoración intelectiva. ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legamente al debate, no fue considera de forma integral o conjunta en desapego a los principios básicos de la lógica, como el de razón suficiente. DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que "el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.". Al respecto, se ha señalado que: "... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva...". (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297- 09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo "... las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza..." (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la "Lógica no formal", llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser "Y" ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones "A" es igual que "B", y "A" no es igual de "B", se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia: ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente al hacer el planteamiento de su recurso de casación por quebrantamiento en la forma, señala la violación de la regla de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente como norma inobservada, también estableció los razonamientos que consideró que el Sentenciador como ser: "... Los mismos no son suficiente para sustentar las pretensiones del ente acusador en lo que respecta a este delito, puesto que no basta el hallazgo de la droga, sino la existencia de otros elementos investigativos que externen la intención de la acusada de comercializarla..." Resulta necesario señalar cuales fueron los juicios de valor que estableció el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate y así determinar si se han violentado o no las reglas señaladas; encontramos en el acápite Valoración de la prueba: …."A la prueba documental anteriormente descrita se le confiere validez probatoria, puesto que tanto el registro como el decomiso, fueron realizadas por personal que posee los conocimientos necesarios para establecer los extremos descritos en ambos medios probatorios, con la cual se tiene por acreditado que efectivamente la imputada se encontraba en posesión de 23 bolsitas de droga (cocaina) y doce mil doscientos lempiras (12,280.00), respecto a este ultimo indicio para estos juzgadores no hay prueba que nos acredite que la cantidad de dinero decomisada haya provenido de la vena o comercialización de droga, aun cuando fueron ratificados en audiencia por las personas que los elaboraron". Del dictamen toxicológico el A-quo infirió: "Dicho dictamen es objetivamente confiable para los juzgadores, pues el mismo fue introducido al debate con las formalidades que establece la ley procesal penal, en el que no encontramos motivo alguno que nos haga dudar del mismo, y por tratarse de una prueba científica válidamente ejecutada, sin que otra de igual o mejor categoria lo contradiga, creemos totalmente su contenido por lo que le damos la credibilidad correspondiente." En cuanto a la declaración del testigo policía Edwin Omar Santos Miranda; la valoración del Sentenciador señala: "Lo manifestado por este testigo, para los juzgadores el testimonio aquí analizado no merece credibilidad alguna ya que no se concibe la idea de que la imputada realizara actos de comercio del estupefaciente ilícito en presencia de los miembros de la policia, de igual manera que este agente se encontrara en dos lugares a la vez, es decir dando seguimiento y brindando seguridad en el salón del Club de Leones, a su vez el policia manifestó que durante su seguimiento se acercaron a la imputada tres personas de ambos sexos sin que se ahondara en el juicio mas detalles de estas personas, así como también resulta ilógico que la cantidad de dinero decomisada sea producto de la venta del alucinógeno siendo que solo se acercaron tres personas." Del acta de decomiso y dictamen Deteci-ex 0401-2018-0003, el Tribunal de Sentencia señala: Los medios de prueba enumerados como 5 y 6 para este Tribunal son creíbles, si bien es cierto a la acusada se le encontró el posesión de un teléfono celular en el que se hallaron dos fotografias, asimismo se aprecian bolsitas conteniendo droga (cocaína), no es menos cierto que este indicio por si solo para la pretensión acusatoria del ministerio publico no es suficiente. Para esta Sala de lo Penal, el Sentenciador ha establecido juicios de valor para razonar los medios de prueba, en cuanto a la inferencia señalada como yerro por el censor se analiza la misma de forma completa y no parcial "... Los mismos no son suficiente para sustentar las pretensiones del ente acusador en lo que respecta a este delito, puesto que no basta el hallazgo de la droga, sino la existencia de otros elementos investigativos que externen la intención de la acusada de comercializarla, ya que el testimonio rendido por el policia Edwin Omar Santos Miranda, este tribunal no le concedió ningún valor probatorio, por ende la prueba declarada creíble nos conduce a condenar por el delito de posesión para el consumo ilícito de droga, aun y cuando no existe prueba cientifica que establezca que la imputada es consumidora, el tipo penal por el cual se condena no exige dicha prueba. La Sala de Penal observa las inferencia que los medios de prueba, han suscitado en el Juzgador, mismos que lo han conducido a efectuar razonamientos coherentes y derivados de sus deposiciones; no le concede valor a la única declaración testifical traída a juicio, es decir no se cuenta con ningún otro medio de prueba que determine la veracidad de este testimonio; los razonamientos del Juzgador son correctos y sus cuestionamientos son certeros; no existe otra prueba, ni testifical ni prueba científica que confirme el testimonio que acredite que la ahora imputada haya tenido participación el delito enjuiciado. El Sentenciador en su fallo efectúa razonamientos suficientes que confirman su posición de que no hay pruebas suficientes para adquirir certeza de que los acontecimientos en realidad pasaron como lo expuso en ente acusatorio en su acusación. Y así encontramos a lo largo de toda la Sentencia los razonamientos lógicos y adecuados que explican de forma detallada las razones de hecho y derecho que consideró el Juzgador para determinar que el caso de autos procedía dictar una sentencia condenatoria por el delito de Posesión para el consumo ilícito de drogas, y no por el gravoso delito de Tráfico ilícito de drogas, considerando que no logro acreditarse ese acto de comercialización que pretendía el ente acusatorio para dictar una sentencia condenatoria. Los razonamientos que fueron conformados en base a las reglas de la sana crítica, razones suficientes para declarar no ha lugar el motivo de casación. DECISIÓN: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único. motivo, interpuesto por el Ministerio Publico. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130- 2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: "Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta." En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); ο 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130- 2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144- 83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. D. Ponderación en el caso concreto Tomando en consideración lo resuelto como consecuencia del recurso de casación por infracción de ley, es correcto señalar que se ha impuesto la señora Suyapa Mejia, la medida se seguridad consistente en 30 días de internamiento y una multa de quinientos lempiras, por ser autor de un delito consumado de Posesión para el consumo ilícito de drogas. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por la acusada Suyapa Mejia, se encuentra despenalizada. Acorde al cuadro fáctico; UNICO. En fecha veinte de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce con cuarenta minutos de la mañana, afuera del salón del Club de Leones de esta ciudad de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque fue detenida por agentes de la policia preventiva la señora SUYAPA MEJIA, encontrándole 2.54 gramos de polvo blanco cocaína y la cantidad de doce mil doscientos ochenta lempiras (Ips. 12,280.00)." A partir de lo anterior, es posible determinar que la medida de seguridad impuesta a la acusada Suyapa Mejia, conforme el CP-144-83 al ser de treinta días de internamiento y una multa de quinientos lempiras, se encuentra por encima de una conducta que ha sido despenalizada por el nuevo código penal 130-2017. Por tanto, le corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. En el caso de la señora Suyapa Mejia, corresponde dictar sobreseimiento definitivo por la conducta cometida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por el Abogado Nery Armando Betancourt Rodriguez. SEGUNDO: Declara HA LUGAR LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL COGIDO PENAL 130-2017, por la conducta reprochada a SUYAPA MEJIA. TERCERO: Dicta Sobreseimiento Definitivo a favor de la señora SUYAPA MEJIA, por el delito de POSESIÓN PARA EL CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. REDACTÓ EL MAGISTRADO MIRANDA SABIO. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a siete días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada el uno de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-448-2019. Wily Alexander Medina PerezRECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL”