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Sentencia CP-424-18 — Registro 17739

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en una incorrecta valoración intelectiva de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, sin determinar qué regla de la sana critica consideró violentada; aunado a eso en ese mismo motivo denunció además una motivación contradictoria, desconociendo lo que establece el artículo 363 segundo párrafo que regula deben ser presentados de forma separada. El recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegado, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. La defensa privada, en su escrito de interposición del recurso se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada. Por tanto, no es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano. Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación, por esas razones el motivo debe ser desestimado. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Yanuari Girón Velásquez, la pena de15 años de reclusión por un delito de Homicidio Simple en perjuicio de la Manuel de Jesús Castro García, tal como lo regulaba el derogado Código Penal decreto 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 192, el delito de Homicidio Simple se penaliza de 15 a 20 años de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor Yanuari Girón Velásquez se le considera responsable penalmente del deceso del ahora ofendido, imponiéndosele una pena de 15 años, rango que es el mismo en el nuevo Código Penal. En ese sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017, pues no le acarrea al ahora acusado ningún beneficio porque la pena a imponer con el nuevo código penal sería la misma..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-424-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian: En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 424-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nacaome, departamento de Valle, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Yanuari Girón Velásquez, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Manuel de Jesús Castro García, a la pena de quince años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Yanuari Girón Velásquez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Yanuari Girón Velásquez. Cuarto: No procedió declarar el comiso. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en la única instancia: La Abogada Blanca Argentina Gómez, en su condición de defensora privada del señor Yanuari Girón Velásquez, como parte recurrente y el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: El día sábado 22 y domingo 23 de Mayo del año 2010, a eso de las diez de la noche a dos de la madrugada en la aldea el Tabacal, Municipio de Nacaome, Valle, la señora Mayra Ondina Espinoza, se encontraba en su casa de habitación en compañía de sus dos hijos menores, M. V. y J. B. ambos de apellido C. E., así mismo se encontraba su nueva pareja el señor Yanuari Girón Velásquez, cuando a eso de las dos de la madrugada del día domingo 23 de Mayo del año 2010 llega el señor Manuel de Jesús Castro García, a la vivienda y al entrar se dirigió a la habitación donde se encontraba la señora Mayra Ondina Espinoza, y el señor Yanuari Girón Velásquez, quienes mantenían una relación marital y este “Manuel de Jesús Castro García” se fue a la lucha con el imputado, quien saco un arma de fuego disparándole en el tórax al hoy occiso. SEGUNDO: al momento de disparar el imputado.- el ofendido cayó al suelo boca arriba, después de unos tres minutos la señora Mayra Ondina Espinoza le rogaba al ahora imputado que no lo matara ya que este era el padre de sus hijos y este se dirigió a la víctima, volviendo a sacar su arma de fuego y realizando tres disparos más, de los cuales dos disparos le pegaron uno en la pierna y otro en el tórax causándole posteriormente la muerte dándose a la fuga el imputado del lugar.- TERCERO: Al escuchar el señor Yanuari Girón Velásquez a la señora Mayra Ondina Espinoza que no lo matara este no se detuvo en su acción decidió ejecutar tres disparos en contra de Manuel de Jesús Castro García quien yacía en el suelo, para luego darse a la fuga sin prestar auxilio a la víctima. CUARTO: Al momento del reconocimiento cadavérico del señor Manuel de Jesús Castro García presentó primer orificio: a nivel del cuadrante superior izquierdo, segundo orificio: a nivel de mesogastreo, lado superior izquierdo, tercer orifico: a nivel de región para vertebral derecho región lumbar, cuarto orificio: herida producido a nivel de región interna o brazo derecho todas producidas por arma de fuego, las que le provocaron la muerte.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION 1.- MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY: MOTIVO UNICO: por aplicación Indebida del artículo: 116 del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 360, del Código procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia, de la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, al finalizar el debate de juicio oral y público, emitieron el fallo condenatorio, en contra de YANUARY GIRON VELASQUEZ, por cometer el delito de HOMICIDIO, dicha sentencia se decretó en aplicación de lo dispuesto en lo que establece el artículo 116 del código Penal, artículo que establece lo siguiente; “Articulo 116, Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de Homicidio Simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión., pero que al analizar la tipificación que establece dicho precepto legal y ser comparados con los hechos probados, nos damos cuenta que son contradictorios a lo referido en dicha institución jurídica, para lo cual relaciono lo que establecen dichos hechos probados y de ahí hacer un análisis para determinar porque dichos hechos probados no concuerdan con la norma jurídica ya referida, HECHO PROBADO PRIMERO: El día sábado 22 y domingo 23 de mayo del año 2010, a eso de las diez de la noche a dos de la madrugada, en la aldea el Tabacal, municipio de Nacaome, valle, la señora Mayra Ondina Espinoza, se encontraba en su casa de habitación, en compañía de sus dos hijos menores, M. v. y J. V., ambos de apellido C. E., asimismo se encontraba su nueva pareja el señor Yanuary Girón Velásquez, cuando a eso de las dos de la madrugada del día domingo 23 de mayo de 2010, llega el señor Manuel de Jesús Castro García, a la vivienda y al entrar se dirigió a la habitación donde se encontraba la señora Mayra Ondina Espinoza y el señor Yanuary Girón Velásquez, quienes mantenían una relación marital y este Manuel de Jesús Castro García, se fue a la lucha con el imputado, quien sacó un arma de fuego disparándole en el tórax al hoy occiso. HECHO PROBADO SEGUNDO: Al momento de disparar el imputado, el ofendido cayó al suelo boca arriba, después de unos tres minutos, la señora Mayra Ondina Espinoza, le rogaba al ahora imputado que no lo matara ya que este era el padre de sus hijos y este se dirigió a la víctima, volviendo a sacar su arma de fuego y realizando tres disparos más, de los cuales dos disparos le pegaron, uno en la pierna y otro en el tórax, causándole posteriormente la muerte dándose a la fuga el imputado del lugar. HECHO PROBADO TERCERO: Al escuchar el señor Yanuary Girón Velásquez, a la señora Mayra Ondina Espinoza que no lo matara este no se detuvo en su acción decidió ejecutar tres disparos en contra de Manuel de Jesús Castro García quien yacía en el suelo, para luego darse a la fuga sin prestar auxilio a la víctima. HECHO PROBADO CUARTO: Al momento del Reconocimiento cadavérico, del señor Manuel de Jesús Castro García presento primer orificio, a nivel del cuadrante superior izquierdo, segundo orificio a nivel del mesogatreo, lado superior izquierdo, tercer orificio a nivel de región paravertebral derecho región lumbar, cuarto orificio herida producida a nivel de región interna del brazo derecho todas producidas por arma de fuego, las que provocaron la muerte. Al ser confrontada esta norma penal como ya lo había mencionado con los hechos probados también ya relacionados y además de tomar en consideración los medios de prueba, testifical, documental y pericial, se ve el vicio que se denuncia ya que esos sucesos o acontecimientos no se subsumen en lo que establece dicho artículo, ya que las pruebas evacuadas en la audiencia no resultan suficientes para creer que se produjo el hecho que si bien reúne ciertos requisitos, como por así decirlo de tipicidad, antijuricidad, punibilidad, pero no el de culpabilidad, asimismo no se cumplen con los requisito tanto objetivos como subjetivos, y esto en virtud que con la sola declaración de un testigo, y que dicho sea de paso, se trata de la señora Mayra Ondina Espinoza, quien fue la compañera de hogar del occiso, con la que había procreado dos hijos y que además por las condiciones geográficas y climáticas del lugar donde sucedió el hecho pues se estableció que fue en horas de la madrugada, en la casa en la cual se encontraba durmiendo mi representado en compañía de la señora Mayra Ondina Espinoza, con todas las puertas cerradas y las luces apagadas, cuando de repente el occiso Manuel de Jesús Castro García le cayó encima con pistola en mano a mi representado, se fueron a la riña y fue cuando se escuchó el primer disparo producido por el arma del señor Manuel de Jesús Castro García, produciéndole una herida en la mano izquierda a nivel del dedo pulgar a mi defendido, al sentirse herido y en la misma lucha le dispara tratando de quitárselo de encima y al lograr su objetivo mi representado salió huyendo de la casa instantáneamente, hecho este que se puede comprobar con la declaración del menor J. V. C. E., que dice que cuando escucho los disparos salió de su cuarto que estaba dentro de la misma casa dirigiéndose al cuarto de su mamá y ya el señor Yanuary Girón Velásquez no se encontraba ahí, aun con las luces apagadas y la señora Mayra Ondina Espinoza, falta a la verdad al decir que el señor cayo boca arriba y que le dispararon a la pierna y al tórax, la lógica nos indica que los disparos no se los dio cuando estaba en el piso ya que todos los disparos según autopsia son del lado izquierdo a derecha, incluyendo el disparo que traspaso la caja torácica y volvió a ingresar al brazo derecho por el lado interno del mismo.- Es por eso que según autopsia son cuatro heridas pero solo fueron dos disparos; hay congruencia en la declaración de mi representado con la autopsia ya que si nos paramos uno frente a otro denotaremos que la mano derecha de mi representado queda al lado izquierdo del hoy occiso el señor Manuel de Jesús Castro García y la señora Mayra Ondina Espinoza quien falta a los hechos al decir que trascurrieron tres minutos de los disparos al momento que llego su hijo y un lugar oscuro y sin la presencia de testigos que pudiesen avalar lo manifestado por la testigo y la prueba científica se antepone a la declaración de la señora, ya que si bien compareció a declarar uno de los menores pero este no puede asegurar nada pues no presencio los hechos, creyendo que con esa prueba no fue posible acreditar la comisión de un delito en este caso el delito de homicidio pues como reitero que de no concurrir todos los elementos de su tipificación legal, entonces no estamos ante un delito consumado, Al interponer el presente motivo de Casación, se pretende, que se examinen los hechos probados en el fallo que se recurre, que una vez comprobado que la acción que se le atribuye a mi defendido no resulta ser conducta que pueda ser calificada como Homicidio, en consecuencia sea declarada la aplicación indebida del artículo 116 ya antes relacionado, se anule el fallo y en su lugar ordene o decrete la sentencia absolutoria a favor del acusado.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma MOTIVO UNICO: En la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se enmarca en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: EL Tribunal de Sentencia de la ciudad de Nacaome, al decretar sentencia condenatoria, no hace una valoración de acuerdo a lo que establece la Sana Critica, considerando que se ha infringido el precepto penal que refiere el Código Procesal Penal en el artículo 202,mismo que establece que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica.- El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta armónica toda la prueba producida., en relación con el Artículo 336 de ese mismo cuerpo legal, como este motivo pretende demostrar la inobservancia de las Reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, no está demás explicar en qué consisten dichas reglas, conforme el artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal, es el de la sana crítica y la estructura de la Sentencia es definitiva en el artículo 338 de este mismo código, Es decir que la sentencia es el juicio de valor decretado por el Tribunal, por ende debe tener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, conocida como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo.- ese cuadro factico o narración de hechos se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva., La primera indica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios de prueba recibidos en el debate o juicio oral y público, para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido o más bien el elemento probatorio., Después de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios de prueba o propiamente la fundamentación intelectiva.- y es en este apartado que el sentenciador debe explicar porque un medio de prueba le es creíble y otro no y además decir porque un elemento de prueba le lleva a una conclusión determinada, y es acá en este fundamento intelectivo donde se aprecia el vicio motivo del presente Recurso.- cabe señalar señorías que las reglas que rigen la sana Crítica no son más que; La experiencia, la psicología y la lógica, de la experiencia podemos afirmar que son los conocimientos que se adquieren con el devenir de la vida, teniendo esta limitantes como ser los conocimientos técnicos especializados, es decir el juzgador debería enmarcarse en lo que hace un hombre común, las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia, y las de la Lógica, implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia o concordancia entre sus elementos y derivación, la coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido, en tanto la Derivación, induce a la obligatoriedad, de que la sentencia resulte congruente, las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas, entre otras situaciones.- es así señorías que a continuación se señalan los vicios de valoración de prueba que incurrieron los señores jueces, para lo cual se hace relación a los hechos probados, identificados como hecho primero, segundo, tercero y cuarto, HECHO PROBADO PRIMERO: El día sábado 22 y domingo 23 de mayo del año 2010, a eso de las diez de la noche a dos de la madrugada, en la aldea el Tabacal, municipio de Nacaome, valle, la señora Mayra Ondina Espinoza, se encontraba en su casa de habitación, en compañía de sus dos hijos menores, M. v. y J. V., ambos de apellido C. E., asimismo se encontraba su nueva pareja el señor Yanuary Girón Velásquez, cuando a eso de las dos de la madrugada del día domingo 23 de mayo de 2010, llega el señor Manuel de Jesús Castro García, a la vivienda y al entrar se dirigió a la habitación donde se encontraba la señora Mayra Ondina Espinoza y el señor Yanuary Girón Velásquez, quienes mantenían una relación marital y este Manuel de Jesús Castro García, se fue a la lucha con el imputado, quien sacó un arma de fuego disparándole en el tórax al hoy occiso. HECHO PROBADO SEGUNDO: Al momento de disparar el imputado, el ofendido cayó al suelo boca arriba, después de unos tres minutos, la señora Mayra Ondina Espinoza, le rogaba al ahora imputado que no lo matara ya que este era el padre de sus hijos y este se dirigió a la víctima, volviendo a sacar su arma de fuego y realizando tres disparos más, de los cuales dos disparos le pegaron, uno en la pierna y otro en el tórax, causándole posteriormente la muerte dándose a la fuga el imputado del lugar. HECHO PROBADO TERCERO: Al escuchar el señor Yanuary Girón Velásquez, a la señora Mayra Ondina Espinoza que no lo matara este no se detuvo en su acción decidió ejecutar tres disparos en contra de Manuel de Jesús Castro García quien yacía en el suelo, para luego darse a la fuga sin prestar auxilio a la víctima. HECHO PROBADO CUARTO: Al momento del Reconocimiento cadavérico, del señor Manuel de Jesús Castro García presento primer orificio, a nivel del cuadrante superior izquierdo, segundo orificio a nivel del mesogatreo, lado superior izquierdo, tercer orificio a nivel de región para vertebral derecho región lumbar, cuarto orificio herida producida a nivel de región interna o brazo derecho todas producidas por arma de fuego, las que provocaron la muerte. Los Hechos probados, al ser analizados el Tribunal da por cierto y da toda credibilidad lo manifestado por la señora Mayra Ondina Espinoza, quien en su declaración establece como se produjo la muerte del occiso, sin embargo dicha declaración No es respaldada por otros testigos o por otros medios de prueba, pues si bien compareció a juicio un hijo de la testigo y occiso, sin embargo el testigo manifestó no haber visto nada y que solo escucho y he aquí el problema ya que el Tribunal no valora de forma conjunta y armónica toda la prueba presentada y evacuada en el debate, El vicio de valoración por el tribunal se da propiamente al manifestar que concede credibilidad a lo expuesto por los testigos de cargo sin tener dicha credibilidad, elementos de prueba que reitero no fueron observados de manera conjunta y armónica obviando detalles y particularidades que pueden de manera conjunta crear la convicción en el Tribunal y la certeza de la existencia de un hecho delictivo y la participación del imputado en los hechos., es así señorías que al análisis de la prueba, testifical, documental y pericial evidencial evacuada en el debate al ser esta confrontada con el razonamiento del Tribunal, veremos que es conclusión valorativa, como motivación es invalida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada en cada conclusión, mismas que deben ser constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba.- la motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder que las conclusiones deducidas de la prueba tengan justificación adecuada para ser aceptadas como verdaderas, convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella conclusión., El Tribunal de Sentencia tuvo que realizar un análisis completo y global de toda la prueba para no caer en el error en la valoración de la prueba al observar la misma de manera aislada e individual, en menoscabo de algunos medios de prueba al ver y observar cosas que en realidad no existieron, por lo tanto el razonamiento del Tribunal esta fuera de contexto con relación al órgano de prueba descrito, violando por ende la Regla lógica de la derivación que impone la necesidad que las conclusiones deducidas de la prueba tengan justificación adecuada para ser aceptadas como verdaderas y siempre tomando en cuenta los principios de la psicología y experiencia común. Por lo que el tribunal al emitir el presente fallo contradice el criterio vertido por la Honorable Corte Suprema, a través de la sala de lo penal, que establece “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato factico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en el. En Segundo lugar que las pruebas sean válidas, es decir que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica y En tercer lugar que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es por tanto irracional inconsistente o manifiestamente erróneo.-(Sentencia 177-08, de fecha 16-11-09). Honorables jueces, en el caso de mérito al momento de dictar la Sentencia Condenatoria en perjuicio de mi defendido, han incurrido en violación a las Reglas de la Sana Crítica por considerar que las Conclusiones a que arribaron las Honorables jueces del Tribunal de Sentencia, de que el condenado, es Responsable de cometer el Delito de Homicidio, es producto de la Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, por parte de los Jueces de Sentencia, ya que al momento de Valorar La Prueba, NO HACEN UNA VALORACION DE ACUERDO A LA SANA CRITICA. RECLAMACIONES PRESENTADAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL: El Vicio Procesal que sirve de Fundamento al RECURSO DE CASACION, desarrollado por el Impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora Recurrida, y por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su Subsanación, ya que no era el momento Procesal oportuno, por ello, es que hasta ahora que se Interpone el presente Recurso.” FUNDAMENTACIÓN DEL Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizado por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el Derecho Penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al Derecho Penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad, concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que, citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de homicidio. Pretensión: que se dicte una nueva sentencia en la que se condene a la imputada. Explicó el recurrente que el Tribunal de Sentencia, de la ciudad de Nacaome, al finalizar el debate de juicio oral y público, emitieron el fallo condenatorio, en contra de Yanuary Giron Velasquez, por cometer el delito de Homicidio, dicha sentencia se decretó en aplicación de lo dispuesto en lo que establece el artículo 116 del Código Penal, pero que, al analizar la tipificación que establece dicho precepto legal y ser comparados con los hechos probados, nos damos cuenta que son contradictorios a lo referido en dicha institución jurídica, para lo cual relaciono lo que establecen dichos hechos probados y de ahí hacer un análisis para determinar porque dichos hechos probados no concuerdan con la norma jurídica ya referida. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. La recurrente plantea la aplicación indebida del artículo 116 del código penal decreto 144-83, ya que al ser confrontada esta norma penal, como ya lo había mencionado, con los hechos probados también ya relacionados y además de tomar en consideración los medios de prueba, testifical, documental y pericial, se ve el vicio que se denuncia ya que esos sucesos o acontecimientos no se subsumen en lo que establece dicho artículo, argumentando además insuficiencia de prueba y valoraciones contradictorias de las mismas. Esta Sala de lo Penal, es del parecer que “La Falta de Aplicación de la Ley” como infracción, debe resultar necesariamente a partir de los hechos declarados probados, cuando los jueces omiten la ley aplicable a la causa que se falla, o se pasa por alto la existencia de una ley que regule la cuestión jurídica que se debate, o en forma deliberada se resiste a aplicarla; y “La Aplicación Indebida” es una especie de Casación por Infracción de Ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados. Para esta Sala de lo Penal, los Juzgadores establecieron claramente en los hechos probados, que el acusado Yanuari Girón Velásquez, estaba junto a su pareja la señora Mayra Ondina Espinoza, en su vivienda en horas de la noche, momentos en que llego el señor Manuel de Jesús Castro García, ex pareja de Mayra Ondina, y comenzó una lucha y forcejeo entre Yanuari Girón y Manuel Castro, sacando el primero un arma de fuego disparándole en el tórax al segundo, y luego de unos minutos mientras Manuel Castro estaba en el suelo herido, Yanuari le volvió a disparar varias veces en diferentes partes del cuerpo causándole la muerte. Estos hechos probados son claramente subsumibles en el tipo penal de “Homicidio”, que castiga “el dar muerte a otra persona”, ya que el acusado le dio muerte a la víctima, quienes después de un forcejeo, le dispara en una ocasión, causándole una herida en el tórax, y luego cuando estaba en suelo herido, le dispara varias veces de nuevo en diversas partes del cuerpo hasta ocasionarle la muerte de forma intencional. En consecuencia de lo anterior esta Sala considera que los jueces no han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, y tampoco han invocado leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que no se aprecia la incongruencia entre los hechos probados de la sentencia y la norma penal que se asigna, razón por la cual se declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa en su único motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: motivaciones contradictorias e inobservancia de las reglas de la sana crítica. Norma procesal que se denuncia: Artículo 202 del Código Procesal Penal Reclamación Ex Ante: sin determinar por el censor. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Afirmó el recurrente que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Nacaome, al decretar sentencia condenatoria, no hace una valoración de acuerdo a lo que establece la Sana Critica, considerando que se ha infringido el precepto penal que refiere el Código Procesal Penal en el artículo 202, mismo que establece que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en una incorrecta valoración intelectiva de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, sin determinar qué regla de la sana critica consideró violentada; aunado a eso en ese mismo motivo denunció además una motivación contradictoria, desconociendo lo que establece el artículo 363 segundo párrafo que regula deben ser presentados de forma separada. El recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegado, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. La defensa privada, en su escrito de interposición del recurso se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada. Por tanto, no es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano. Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación, por esas razones el motivo debe ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo y el recurso de casación por quebrantamiento de forma en único motivo, interpuestos por la defensa privada del imputado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Yanuari Girón Velásquez, la pena de15 años de reclusión por un delito de Homicidio Simple en perjuicio de la Manuel de Jesús Castro García, tal como lo regulaba el derogado Código Penal decreto 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 192, el delito de Homicidio Simple se penaliza de 15 a 20 años de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor Yanuari Girón Velásquez se le considera responsable penalmente del deceso del ahora ofendido, imponiéndosele una pena de 15 años, rango que es el mismo en el nuevo Código Penal. En ese sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017, pues no le acarrea al ahora acusado ningún beneficio porque la pena a imponer con el nuevo código penal sería la misma. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez, actuando en su condición de la Defensora Privada del señor Yanuari Girón Velasquez, a quien se le condenó por el delito de Homicidio en perjuicio de Manuel de Jesús Castro Garcia. Segundo: declara no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Blanca Argentina Gómez, actuando en su condición de la Defensora Privada del señor Yanuari Girón Velasquez, a quien se le condenó por el delito de Homicidio en perjuicio de Manuel de Jesús Castro Garcia. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Y Manda: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redactó Magistrado Miranda Sabio. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a siete días del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-424-2018.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL

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