Sentencia CP-411-17 — Registro 17735
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Lavado de Activos, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...En vista de lo anterior, en el cual en un proceso primigenio ya se juzgó el hecho sólo por una de las varias figuras punibles en las que encuadra el evento, no puede -luego- el Estado pretender motorizar nuevamente el “ius puniendi” a los fines de enjuiciar a esa misma persona por la otra u otras figuras punibles en las que también se subsume ese hecho, y que quedan por fuera en el primer proceso. c) Identidad de causa: Se alude a ella cuando la pretensión ha sido también aducida en otro juicio. Lo relacionado determina que el caso examine, existe violación al principio de doble juzgamiento o “ne bis in ídem”; bastando para considerar infringido el derecho, con la nueva apertura de la causa penal por el mismo hecho, al pretender con ello, según el ente fiscal, subsanar su error de no haber calificado en el primer requerimiento fiscal la imputación delictiva de Lavado de Activos; pues, los cargos en el segundo requerimiento fiscal refieren al mismo asunto o al mismo conjunto de hechos y que se describe a continuación: “…Con el objeto de darle continuidad a la diligencia agentes policiales se trasladaron a los Hoteles CROWNE PLAZA y METROTEL de esta ciudad a corroborar si allí estaban hospedados los sospechosos, dando resultado positivo, procediendo así a solicitar ante el Órgano Jurisdiccional Allanamientos de Morada con orden Judicial; dando como resultado de los mismos que en las habitaciones de Hotel se encontraron indicios de los delitos imputados como ser varias maletas dentro de las cuales se encontraron tarjetas de débito y crédito (Visa y Master Card), también equipo de oficina como ser computadoras y SKIMMER, documentación correspondiente a cálculos y códigos; Esto en las habitaciones 120 donde se hospedaba JOHN JAVIER BARAJAS PINEDA; En el mismo Metrotel Express en la habitación numero 122, donde se hospedaba de MARIO ALBERTO ROA GÓMEZ; Asimismo en el Hotel Crowne Plaza, de esta ciudad de San Pedro Sula, en la habitación 605 donde se hospedaba JAIRO ANDRÉS RANGEL NAVARRO; Cabe mencionar que en el hotel Crowne Plaza en la habitación 604 donde se hospedaba NETZER ARMANDO SALINAS SÁNCHEZ se encontraron dentro de una caja de seguridad la cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (S 19,200.00) y TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00). Indicios relacionados con los delitos imputados en este Requerimiento Fiscal.” En consecuencia, no queda ninguna duda respecto a que la prohibición de doble juzgamiento recae sobre los hechos sometidos a juicio y no sobre la calificación jurídica que se les haya atribuido en su enjuiciamiento, con lo cual la norma constitucional y procesal, aludidas como infringidas, se ajustan perfectamente a las exigencias establecidas en el artículo 8.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos de referencia. En el presente caso, esta Sala observa que los hechos declarados probados de la sentencia recurrida establecen: “…PRIMERO: En fecha veintisiete de Julio de 2012, los señores Netzer Armando Salinas, Jhon Javier Barajas, Mario Alberto Roa, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio Cesar Cruz Gonzales, fueron capturados a raíz de un operativo realizado en dos puntos de la ciudad de San Pedro Sula, por haber realizado actos típicos de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamiento de Datos, tal como refiere la sentencia emitida mediante Procedimiento Abreviado del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula; en esa misma fecha a raíz de la detención de los señores antes indicados, se realizó inspección a uno de los vehículos en los que ellos se transportaban donde se obtuvo información acerca del hotel Crown Plaza de San Pedro Sula, lugar donde después de confirmar que ellos habían estado en dicho hotel, se allanó al día siguiente de la detención, las habitaciones números 604 y 605, en la primera de las cuales se encontró en una caja de seguridad, una cantidad de dinero consistente en $19,200.00 Dólares Americanos y 300,000.00 lempiras en billetes de diferentes denominación, cuyo origen lícito es desconocido y sobre el cual todos habían tenido disposición…” De la simple lectura al hecho declarado probado por los juzgadores, resulta que se trata de los mismos hechos que los acusados Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, había sido sometido a juicio y condenado con anterioridad en la sentencia de fecha 05 de septiembre de 2013, a través de la aplicación del procedimiento abreviado, dictada en fecha cuatro de abril del año dos mil trece, donde el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, resolvió condenar a los mencionados como autores de un delito de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamientos de Datos, en perjuicio de Bac-Honduras, imponiéndoles una pena principal de 04 años 06 meses de reclusión y multa de L.1,356,506.40 (F.79 al 81). Esta Sala considera que aún y cuando sean personas distintas los ofendidos por los que se condenó a los acusados, lo cierto es que existe identidad en los aspectos esenciales del hecho sometido a juzgamiento, con lo cual esta Sala concluye que efectivamente con el segundo juzgamiento contenido en la sentencia recurrida en que condena a los acusados por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, el tribunal de juicio ha vulnerado el precepto constitucional de prohibición de doble juzgamiento o principio de ne bis in ídem, establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 11 del Código Procesal Penal y 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tal defecto no solo se aprecia en perjuicio de los acusados Jhon Javier Barajas Pineda, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, de los cuales se interpuso el recurso de Casación, sino también en perjuicio de los acusados Netzer Armando Salinas Sánchez y Mario Alberto Roa Gómez. Siendo ser de recibo el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo con efecto extensivo; y a efecto de mantener la coherencia en el pronunciamiento judicial de esta Única Instancia, resulta no oportuno hacer un análisis en cuanto a la denuncia hecha por los motivos de los Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-411-2017, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 411-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a los señores Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz, como autores del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, a la pena de seis años con seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; SEGUNDO: Declaró a los condenados responsables civilmente; TERCERO: Declaró el comiso de la cantidad de diecinueve mil doscientos dólares ($19,200.00) y la cantidad de trescientos mil lempiras (L.300,000.00); CUARTO: No se condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Quinto: Declaró la expulsión del Territorio Nacional a los señores Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz, una vez que hayan cumplido la condena impuesta. Interpuso Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quezada y Miryan Ivone Palomo Nuñez, defensoras privadas de los encausados Jhon Javier Barajas Pineda, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales Son partes en única instancia: Las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quezada y Miryan Ivone Palomo Nuñez, defensoras privadas, en su condición de recurrentes; la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha veintisiete de Julio de 2012, los señores Netzer Armando Salinas, Jhon Javier Barajas, Mario Alberto Roa, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio Cesar Cruz Gonzales, fueron capturados a raíz de un operativo realizado en dos puntos de la ciudad de San Pedro Sula, por haber realizado actos típicos de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamiento de Datos, tal como refiere la sentencia emitida mediante Procedimiento Abreviado del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula; en esa misma fecha a raíz de la detención de los señores antes indicados, se realizó inspección a uno de los vehículos en los que ellos se transportaban donde se obtuvo información acerca del hotel Crown Plaza de San Pedro Sula, lugar donde después de confirmar que ellos habían estado en dicho hotel, se allanó al día siguiente de la detención, las habitaciones números 604 y 605, en la primera de las cuales se encontró en una caja de seguridad, una cantidad de dinero consistente en $19,200.00 Dólares Americanos y 300,000.00 lempiras en billetes de diferentes denominación, cuyo origen lícito es desconocido y sobre el cual todos habían tenido disposición. Se encontró además 61 tarjetas de Crédito a nombre de Jairo Andrés Rangel Navarro, en el interior de una maleta, 20 tarjetas de crédito a nombre de Netzer Armando Salinas y 30 tarjetas de crédito a nombre de Mario Alberto Roa.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Las recurrentes Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quezada y Miryan Ivone Palomo Nuñez, defensoras privadas de los imputados Jhon Javier Barajas Pineda, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente:“MOTIVO PRIMERO: RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, QUEBRANTAMIENTO AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM:. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 361 Código Procesal Penal. Planteo el agravio bajo un fundamento, la letra del artículo 95 de la Constitución de la República, “Ni podrá ser juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos ” Como se podrá denotar en el apartado “Hechos Probados” de la sentencia que hoy se recurre, al igual que en un juicio previo al sub iudizzie, el número 749-12, se reprochó a los mismos imputados la siguiente conducta: “Cabe mencionar que en el Hotel Crown Plaza en la habitación 604 donde se hospedaba NETZER ARMANDO SALINAS SANCHEZ, se encontraron dentro de una caja de seguridad la cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($19,200.00) Y TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS.” En este caso (749-12) existe SENTENCIA FIRME, dictada por la Juez Cinthya Velázquez, en la cual condena a mis representados a CUATRO AÑOS Y SEIS MESES por el delito de UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO INFORMATICO.[1] En el caso sub iudizze, la conducta reprochada es igual, como muestra el propio requerimiento fiscal, que en lo conducente dicta: “Se trasladaron a los hoteles CROWN PLAZA y METROTEL de esta ciudad a corroborar si allí estaban hospedados los sospechosos, dando resultado positivo, dando el hallazgo en el HOTEL CROWNE PLAZA en la habitación 604; donde se hospedaba NETZER ARMANDO SANLINAS SANCEHEZ, dentro de una caja de seguridad la cantidad de de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($19,200.00) Y TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS” Así podemos establecer que el caso sub iudizze, el no. 1091-13 (nomenclatura inicial, hoy numero (8)462015) enjuicia la misma conducta que había sido objeto de reproche penal en el expediente, 794-12. Por tanto, se incurre en la prohibición citada del art. 95 de la Constitución, que impera no permitir dos juicios sobre la misma conducta a los mismos imputados. Sin embargo, el juzgador A QUO no lo apreció. Según los fundamentos de la resolución apelada, en el proceso anterior citando su argumento: “Conocido es que los hechos punibles que enmarcan el cuadro fáctico del requerimiento fiscal registrado bajo el expediente no. 749-12, son los mismos hechos punibles, y base de este exp. Procesal número (8)462015), pero considerando que el derecho penal evoluciona de acuerdo a la evolución del sujeto activo para poder traspasar el ordenamiento jurídicos, como ser el caso que nos ocupa la ley de lavado de activos, en esta ley especial el legislador ha dejado muy claro que el delito de lavado de activos es un delito autónomo e independiente de cualquier otro ilícito penal y ya hemos determinado en base de la valoración que los ahora imputados no fueron procesados por el delito de lavado de activos, ya que el ad quem declaró sin lugar la petición del ministerio público realizada en su intervención en audiencia inicial, y que este delito no fue sobreseído, por tanto no hubo doble juzgamiento…” Existen dos argumentos que aduce la juez, que los extraigo para luego dirimirlos de forma precisa: Primero que el delito de lavado de activos es autónomo de los demás delitos que lo preceden. Segundo, que en el proceso anterior, no hubo sobreseimiento por el delito de lavado de activos, sino que se dictó sin lugar la petición que había interpuesto el acusador en audiencia inicial, y de ello a criterio del Tribunal A Quo resulta que no existió juzgamiento previo por este delito. A.- Sobre el argumento que el delito de Lavado de Activos es autónomo.- Goza razón el A QUO, el delito de lavado de activos es una figura penal autónoma, sin embargo su subsiguiente conclusión es errada, que entonces cabe un segundo juicio ahora por éste delito. Ello ya que la condición que exige el LEGISLADOR CONSTITUYENTE, máxima autoridad legitimadora, es que constituyan los mismos hechos, para que entre en efecto la prohibición de un segundo juicio. La circunstancia que sobre esa misma conducta reprochada y enjuiciada puede existir uno, dos o cinco tipos penales en concurso real o medial y si en efecto fueron acusados todos, no son condiciones que enerven la prohibición de un segundo juicio. Por ejemplo: En caso de despojos de bienes ajenos mediante intimidación con armas no registradas, los acusadores tienden a calificar la conducta en robo agravado y continuado, portación ilegal de armas, encubrimiento y hasta privación de libertad si el imputado amarró a las víctimas para neutralizarlas. Todas estos tipos penales sobre una misma conducta reprochada. Cada uno de dichos delitos son autónomos de los demás (robo, portación, encubrimiento y privación de libertad), sin embargo ello no significa que el acusado puede ser sujeto a CINCO procesos sucesivos, uno por cada delito. A manera que si fracasa el primer proceso por robo, procede el siguiente por portación ilegal, y sino entonces pasa al de encubrimiento y sucesivamente. Ello porque aun cuando todos son delitos distintos, cada proceso reprocharía el mismo acontecer conductual, por tanto no procede tal segundo proceso. Lo que cabe es destacar que en el mismo proceso único, el acusador interponga debidamente cuanto delito crea haber lugar, y esperar las resultas según el juzgador. Por ello la razón que el delito de lavado de activos sea autónomo, es irrelevante para decidir si procede un nuevo proceso penal o no, dado que lo único que incide en tal decisión es sí se trata de la misma conducta, cuestión que la misma juzgadora afirma. B.- El segundo motivo que aduce el juzgador es que en el proceso previo, 749-12, no existió pronunciamiento de sobreseimiento por el delito de lavado de activos, por tanto no hubo enjuiciamiento. Lo pertinente consiste en que LA CONDUCTA haya sido enjuiciada dentro de un proceso jurisdiccional anterior. En tanto, si ya hubo resolución de fondo sobre la conducta, queda proscrito un nuevo juicio. El argumento del juzgador es ilusorio, en tanto opone que debió existir pronunciamiento de fondo, es decir sobreseimiento o sentencia, sobre el delito de lavado de activos, para que exista la prohibición del doble juicio. El yerro de tal opinión se debe al subyacente criterio que todo delito debe ser objeto de pronunciamiento judicial para que impere la prohibición de un segundo juicio. Ya explicado fue, tal condición no está impuesta en la constitución. Así, en un proceso en el cual se reprocha alguna conducta, se acciono por un tipo penal, pero otra figura penal subsumible pudo haber faltado por no haber sido incluida en la formalización del acusador, o fue formalizada de manera indebida y el juez rechazó tal petición, como fue el caso sub iudizzie. Sin embargo, dichas circunstancias no desvirtúan que la conducta en si ya fue objeto de enjuiciamiento, y el efecto que ello genera a favor del ciudadano: Que no será sujeto a futuros juicios por la misma conducta. Y rescato que es prohibido en vía jurisdiccional oponer condiciones adicionales, no contempladas en la misma Constitución, que restrinjan los derechos constitucionales individuales. Sobre ello, el art. 64 de la Constitución manifiesta, “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías de esta constitución si los disminuyen, restringen o tergiversan” A mera ilustración, recalco que en el primer juicio, la petición por el delito de lavado de activos quedo frustrada por haberse interpuesto fuera de tiempo, es decir mediante ampliación en audiencia inicial. Con claridad en su momento, la Corte de Apelación apunto el remedio procesal: Ampliando la acusación en la audiencia preliminar, que sí resulta admisible. Sin embargo el acusador no adoptó tal medida, y más bien permitió que se llegara a sentencia final del proceso, sin hacer más mención del delito de lavado de activos. La consecuencia de permitir que el primer caso llegue a sentencia firme, es que se acabó la posibilidad de hacer ulteriores reproches a esa conducta. Es una consecuencia que el acusador permitió materializar por su propia decisión y por tanto debe sujetarse a ella. Es cierto que ministerio público se puede separar de la opinión de cualquiera al ser una institución autónoma, más no está por sobre la ley, menos la constitución. Si no quiso el Ministerio Público cumplir con el debido proceso, aun cuando se le indicó con claridad, debe soportar la inadmisión de su pretensión acusatoria. AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS.- El vicio aquí denunciado aparece desde el inicio de este proceso, agotando esta defensa el recurso bajo amparo Constitucional (ver folio 129), lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente de casación.SEGUNDO MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. LA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CÓDIGO PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.5 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL en relación con los art. 101 .10, 166.3.,.6,.7, 320, del Código Procesal Penal. El marco del presente recurso es que el órgano jurisdiccional ha causado efectiva indefensión con su manejo del proceso, en perjuicio de la defensa de mis representados. Ello en virtud del siguiente contexto procesal: No fue sino hasta la evacuación de los medios de prueba documentales consistentes en dos actas de allanamiento de fecha 28 de julio del año 2012, (ver folios 345, 347) realizados entre otros por el testigo de cargo JAVIER EDUARDO MURILLO MADRID, y al escuchar el testimonio del precitado Testigo, quien a su vez fuera nombrado juez ejecutor en los dos allanamientos realizados en el Hotel Crowne Plaza, donde se estableció, que no existió notificación a la defensa de los imputados y por ende es notorio el desconocimiento que los imputados tenían de que se estaban realizando actos que constituirían medios de prueba en su contra aun y cuando los imputados ya tenían la condición de imputados valga la redundancia, pues ya habían sido leídos sus derechos desde el día anterior a la realización de estos allanamientos, sin que tuvieran conocimiento ni los imputados ni su defensa de la realización de estos actos; tal desconocimiento quedo evidenciado en el acto del Juicio, al exponer el citado testigo su testimonio y responder al interrogatorio, que no hubo presencia de la defensa o de los acusados en los allanamientos ejecutados, lo que constituye una violación a los derechos y garantías procesales y Constitucionales. Lo anterior se consumó sin convocatoria a las partes, ni la asistencia debida. Lo anterior coartó toda posibilidad de participación, contradicción o petición de la defensa. Y ello aun cuando el art. 101.10 del código procesal penal dicta de forma manifiesta, que el imputado tiene el derecho a estar presente o su defensa en cualquier acto que implique medio de prueba en su contra, resultando que estos medios de prueba fueron ejecutados y realizados un día después de ser detenidos nuestros representados.- resulta necesario para el juzgador poner en conocimiento de las partes el momento en que se realizará una diligencia investigativa que dirima en un medio probatorio, con el expreso propósito de garantizarles a las partes sus derechos. Sin embargo, la manera irregular en que se realizaron tales allanamientos, impidió el derecho de asistencia por parte de la defensa y ello resulta que la defensa se percató de éste detalle hasta en la evacuación de los medios de prueba en debate, al emitir su testimonio el testigo de cargo JAVIER MURILLO. La actividad procesal defectuosa anterior genera indefensión, la cual se define como cuando una irregularidad procesal que impide o disminuye una oportunidad de defensa o intervención a la parte, cuando está oportunidad ha sido reconocida por la ley. En el presente caso es patentado, ya que se consuma una irregularidad procesal, ya que se juramentó un Juez Ejecutor, se realizó un allanamiento por el secretario judicial, sin brindar ningún aviso a esta parte. Y a causa de tal yerro, la defensa queda impedida de su derecho de presenciar la pericia o diligencia. Dicha cuestión de relevancia para determinar el método y resultados, observaciones que luego serían manifestados en su planteamiento del caso. Es por tal motivo que la ley Procesal Penal es enfática, débase comunicar a las partes el momento de la pericia, para efectos de posibilitar su asistencia. Ello no es una disposición hueca, sino que salvaguarda una posibilidad de contradicción de la defensa, que puede surgir a partir de observar la pericia realizada. Por tanto, la actividad procesal defectuosa objeto del presente motivo de recurso, no fue un yerro procesal sin incidencia material, sino que más bien impidió el ejercicio de una verdadera facultad de la defensa técnica, otorgada por imperativo legal. La interpretación anterior ha sido reflejada en vuestra Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, según el precedente infra citado: “Y cuanto a que el A QUO, dejó de considerar al dictamen pericial del doctor JL EY, forense del ministerio público, dicha decisión se encuentra amparada en lo qu establece la normativa procesal penal en cuanto a la forma en que deben de practicarse las pericias una vez judicializadas las causas, que deben hacerse con conocimiento de las partes” [2] Por tanto, se patenta que la actividad procesal denunciada violenta el debido proceso, y en específico priva un ejercicio de defensa reconocido a la defensa técnica del imputado, como es presenciar las pericias. Por tanto, genera una indefensión en relación a la prueba y disminuye una oportunidad de contradicción, que podría surgir de su observación. Ello genera el vicio aquí denunciado. AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS: La juramentación irregular del Juez Ejecutor, al no haber sido comunicado a la defensa de los acusados, antes ni luego de haberse realizado los allanamientos, impidió conocer de lo ocurrido, cuya exclusión como medio de prueba fuera solicitado por esta defensa; En ese mismo momento, interpusimos recurso de exclusión de medios de prueba ante el Tribunal Recurrido, en el que expusimos los motivos alegados en el presente segundo motivo de recurso de casación por quebranto de forma. Este recurso fue declarado sin lugar. Lo anterior consta en el acta de Juicio. Y en la redacción de la sentencia que hoy se recurre.” “TERCER MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. VIOLACIÓN A LA SANA CRITICA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.3 del Código Procesal Penal. Se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción, en la valoración de la prueba toral del presente juicio. Ello se cerciora en los próximos tramos de la sentencia recurrida: En el EPIGRAFE, del título “Valoración de Prueba”, de la sentencia recurrida, se hubo apreciado la declaración testifical de los testigos: ETHEL YAQUELIN MARADIAGA VEGA Y JAVIER EDUARDO MURILLO MADRID quienes en sus deposiciones no realizaron reconocimiento alguno de los imputados, pues no establecieron los nombres de las personas detenidas ni las razones explicitas de su detención, así como no pudieron individualizar la participación de cada uno de los acusados en los hechos imputados, limitándose su testimonio a establecer en forma generalizada, la realización de dos allanamientos realizados a dos habitaciones de un Hotel, donde no lograron determinar quiénes eran sus ocupantes al mencionar la existencia, registro o presencia de otras personas adultas en las habitaciones de Hotel allanadas, así como no pudieron establecer a quien de los acusados en particular pertenecía o estuvo en posesión de las cantidades de dinero objeto de comiso.- Pese a que en dichas declaraciones fueron apreciados vacíos el tribunal les otorgó plena credibilidad y veracidad, tal y como lo discursa en el tramo de la sentencia aquí señalado. “Para los juzgadores, la presente declaración resulta congruente entre sí, dando una serie de detalles en las cuales coinciden ambos sujetos en su relato, sin encontrar, mediante la inmediatez que rige las audiencias, signo de falsedad, por el contrario, la mayoría considera encontrar en ambos credibilidad. Por tanto, la sentencia incurre en una contradicción inconciliable. Pues al no expresar los testigos, datos de las personas y su participación en los hechos, Debió ser firme en una de dos posturas: O los testigos de cargo son creíbles, o a contrario sensu, los testigos dejan dudas. Pero ambas posturas no pueden estar reflejadas en la redacción de la sentencia, porque ello incurre en la causal de nulidad de sentencia, vía casación, por quebranto del principio de contradicción, de la sana critica en la valoración de la prueba. AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS.- El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente de casación. CUARTO MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. DADOS LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS, SE INFRINGE LA NORMA JURÍDICA POR “INDEBIDA CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 360 del Código Procesal Penal. A criterio de esta defensa, en sí mismo, la conducta no es bajo concepto alguno lavado de activos. En el intercriminis, expuesto por el ente acusatorio que relaciona a los imputados en el presente caso, se establece que La conducta de mis representados, consiste en la mera detentación del dinero proveniente de un delito económico. Como bien tiene claro la jurisprudencia, la detentación es la efectiva disposición del bien ajeno, la última etapa de la consumación del delito contra el patrimonio. Así, quien roba una pulpería consuma el delito cuando logra disponer del dinero, sea mediante su conservación en lugar privado o su despilfarro. En ese momento, perfecciona el delito (ya que si no llega a disponer de él por intervención de la ley o la propia víctima, el delito queda en tentativa). Y esta última etapa, de ningún modo constituye lavado de activos. Este concepto a la vez no es privativo de ésta defensa, ha sido publicado por el fiscal contra el crimen organizado, ORLAN ARTURO CHAVEZ, en opinión de muchos representó en vida la élite del ministerio público en ésta materia. Su doctrina versa: No todos son legalizados, ya que gran parte de estos son derrochados, gastados, utilizados en informantes, jueces, fiscales, defensores. Cuando se realiza la actividad de lavar dinero, se pretende limpiar el dinero para ser nuevamente incorporado a la economía ocultando su origen ilícito.[3] En el mismo hilo conductor se pronuncia en su tesis doctoral el ahora Magistrado de La Sala Penal de la CSJ de Honduras, Dr. Jacobo Cálix Vallecillo, al acotar que el lavado de activos es el proceso mediante el cual le da apariencia de legalidad al beneficio proveniente del delito.[4] El explica que para lavar el dinero, pasan tres fases, colocación, que es la primera custodia del dinero. Ocultación es cuando se aplica el artificio para ocultar el origen, como ser reportar el dinero como ingreso por ventas en una discoteca. E integración, que es cuando se invierte el dinero ya blanqueado, en rubros de la economía licita, como ser una tienda de ropa. De una mera observación de la conducta de mis representados, no existe acto de lavado en el sentido de conversión del dinero de origen ilícito, sucio, en bienes lícitos. La conducta del requerimiento no conlleva, ni siquiera un acercamiento, a una conversión del dinero mal habido en inversiones licitas. La conducta precedente de mis representados era conducir vehículos alquilados y dirigirse a un supermercado a adquirir bienes para su consumo. Es decir, era un efectivo derroche del dinero mal habido, por tanto, cabe con precisión en lo que Orlan Chávez describe como conductas que no conllevan lavado de dinero. existió pretensión alguna de legalizar dinero. Dicha conducta la acredito con los documentos del proceso anterior, que se encuentran agregados al expediente de merito y que fuera evacuado como medio de prueba documental. La fiscalía opone el concepto de RIGOBERTO CUELLAR, que el delito de lavado de activo siempre conlleva un delito económico previo. Ello es lógico, lavar activos implica que el origen del dinero proviene de una actividad ilícita, que es el delito económico previo. Por tanto, todo lavado de activo conlleva un delito económico precedente. Sin embargo, lo contrario, que todo DELITO ECONÓMICO conlleva un futuro LAVADO DE ACTIVOS, no es cierto. Hay un sinfín, hasta la mayoría, de actos ilícitos económicos, que nunca llegan a constituir blanquear los bienes, es decir no llegan a lavado de activos. Ello dado que el perpetre sencillamente dispone o consume el dinero sucio, sin andar preocupados por darle una apariencia lícita mediante la inversión de dinero a un rubro. lo anterior se establece a través de los medios probatorios siguientes: PRIMERO.-. Sentencia de fecha 5 de Setiembre del año Dos Mil Trece, Dictado por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula. Exp. 749-12, misma que consta a folios 1085, 1086, 1087, 1088, 1089. Ver epígrafe 2.2 “valoración de la prueba” de la Sentencia que hoy se recurre.- SEGUNDO.- información financiera bajo clave número REF#12-07-059.R.l. DE LA UNIDAD DE INFORMACION ADSCRITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS; contiene la información remitida que los imputados no tienen cuentas bancarias misma que consta a folios 273 y 279, TERCERO.- Oficio numero 166 SR-15, de fecha 26 de febrero del año 2015, lo cual entre otras cosas establece que los hoy imputados no han tenido movimientos migratorios irregulares salvo el ingreso a este país, días previos a su detención ; ver epígrafe 2.1 “valoración de la prueba” de la Sentencia que hoy se recurre.- El contexto procesal en el que surge la violación presente es el próximo: Como se podrá denotar, hubo un juicio previo, el número 749-12, tal exposición se encuentra supra descrita en el MOTIVO PRIMERO OBJETO DE RECURSO La lógica del recurrido confunde las dos cuestiones esenciales de todo juicio, la cuestión de hecho y de derecho. Los hechos es la conducta, los actos asépticos, neutrales, sin juicios de valor, objeto de estudio y reproche penal. En cambio, el tipo penal constituye la calificación legal según la norma penal, es decir el juicio de valor que el legislador imputa a aquellos hechos. Por tanto, el argumento del recurrido sufre confusión al hilar que, por ser distinta la calificación legal entre un proceso y el otro, también son disantos los hechos. Los hechos es un tema, y otro distinto es la calificación legal. Entendido bien tal separación, se estima que un cambio en calificación jurídica no conlleva que los hechos hayan variado, a tal modo que se pueda considerar como “nuevos y distintos” en relación a los hechos objeto de un juicio anterior. Si el tramo fáctico, o conducta reprochada, de la acusación es la misma que aparece en un juicio posterior, se entiende que son los mismos hechos en ambos procesos, sin importar que la calificación legal haya variado. Para dejar claro, en el antecedente de hecho de ésta acción compruebo que el hecho, es decir conducta fáctica vivida con los sentidos, de la posesión y hallazgo de una cantidad de dinero, figura desde el requerimiento fiscal del primer proceso. Y tal conducta de posesión y hallazgo, vuelve a figurar, sin ninguna mutación, en el próximo requerimiento de los mencionados. Por tanto, son los mismos hechos materiales entre ambos procesos. A la vez, debo abordar el concepto que la recurrida sostiene, son distintas imputaciones de tipos penales, por tanto no hay Non bis in idem. Ante ello opongo lo siguiente: Art. 11 del código procesal penal “Ninguna persona podrá ser juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anterior enjuiciamiento, AUNQUE SE MODIFIQUE SU CALIFICACION O SE ALEGUEN NUEVAS CIRCUNSTANCIAS”. La anterior es la norma IMPERATIVA, su aplicación es obligatoria al órgano jurisdiccional. En el mismo sentido, señalo la DOCTRINA LEGAL como fuente de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), órganos cuyas interpretaciones deben ser consideradas por los órganos jurisdiccionales internos de cada país parte del sistema y cuya jurisprudencia es de observación debida, según el art. 2 de la Ley de Justicia Constitucional. En relación al non bis in ídem, consagrado en el art. 8.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la CIDH ha manifestado: 1.- Aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas establezca que no habrá bis in idem en relación a un mismo crimen, es mejor la interpretación extensiva según la cual cabe tener en cuenta la identidad de los hechos sobre los cuales se busca probar conducta delictiva, tal como fue expresado por la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo esto porque la definición de “crimen” es una actividad intelectiva que puede variar de acuerdo con el enfoque que haga el órgano acusador.[5] 2.- “Este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. A diferencia de la formula utilizada por otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 14.7, que se refiere al mismo “delito”), la Convención Americana utiliza la expresión “lo mismos hechos”, que es un termino más amplio en beneficio de la víctima.”[6] 3.- “La absolución del señor Luis Alberto Cantoral Benavides por parte del Consejo Supremo de Justicia Militar respecto de los hechos que le atribuyó la DINCOTE en el Atestado Policial No. 49-DIVICOTE DINCOTE tiene, de acuerdo con el artículo 8.4 de la Convención, efecto vinculante erga omnes contra cualquier persecución que intente el Perú respecto de dicha persona con base en los mismos hechos. El citado artículo de la Convención impide el enjuiciamiento por los mismos hechos independientemente de la calificación de la figura abstracta que defina la ley. Es decir, lo que fue absuelto como “delito de terrorismo en la figura de traición a la patria no puede ser materia de nuevo proceso por delito de terrorismo con base en los mismos hechos” [7] (lo subrayado es nuestro) Así el art. 95 de la constitución, el art 11 del código procesal penal, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia dictan una pauta que se verbaliza de la siguiente manera. Se impide el enjuiciamiento por los mismos hechos independientemente de la calificación de la figura abstracta que de fina la ley. Por tanto, queda claro que desde que una juez conoce válidamente una conducta dentro del ámbito de un proceso penal, no podrá sobrevenir un nuevo y distinto juicio que conozca esa misma conducta contra el mismo imputado. En el presente caso, la conducta íntegra del requerimiento fiscal fue objeto de la sentencia, Entonces queda desvirtuada la alegación de la autoridad recurrida consistente en que el segundo proceso ofrece una acusación por una nueva calificación legal, y por tanto éste procede y no agrede el non bis in ídem. Ahondando, la recurrida alega el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP), siendo ésta una fuente en relación al non bis in ídem desactualizada, dado que el art. 8.4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ya ha reformado tal concepción. Y más importante, nuestra norma vigente adopta la postura de la CIDH, en lugar de la antigua del PIDCP, por tanto el juez debe sujetarse a tal. Acusando un antecedente consabido donde sí existen indicios de blanqueo, cito el caso de la banda de “los cachiros”. En tal se les han incautado siete empresas fachada como parte de su estructura de legitimación de bienes. Ello genera indicio que se ha cometido el delito de blanqueo de bienes. Tampoco entra la forma del tipo penal de dinero cuya procedencia no puedan justificar, y que es producto de lavar activos. Mis representados confesaron que el dinero proviene de un delito económico, por el cual ya han sido condenados (y están cumpliendo tal condena). Por tanto, no hay un patrimonio injustificado que de indicios claros de ser los réditos de un proceso de blanqueo. Al tenor de la malsana lógica de la impetrada es que todo DELITO ECONÓMICO cuyo rédito supera los diez mil dólares, conlleva LAVADO DE ACTIVOS. Ello no es cierto. Hay un sinfín, hasta la mayoría, de actos ilícitos económicos, que nunca llegan a constituir blanquear los bienes, por no disponer el agente activo de la logística. Como ejemplo el secuestrador que es detenido con el rescate, el estafador que firma cheque sin fondo a cambio de un dinero, ambo merecen las penas de sus delitos. Sin embargo, ello no conlleva por sí que han BLANQUEADO BIENES. Esto último sólo se da sí la investigación resulta con indicios de además del hallazgo del dinero, una estructura planificada para legalizar los bienes de forma sistemática, es decir hacer posible al perpetre disponer del bien sin que se pueda trazar su origen. Indicio en tal sentido no han existido en el presente juicio. Es por ello que ruego a vuestro Alto Tribunal aplicar sentido común, como criterio imperante en toda actividad judicial. Con ello hilvanar, el simple silogismo: Al no haber indicios de un proceso que culmine en legalizar bienes, ocultar su origen, no puede existir una pretensión acusadora por lavado de activos. Por tanto, al resolver que la conducta no encaja en el delito de art. 36 de la Ley contra el lavado de activos, pido decretar con lugar este recurso de casación en los motivos expuestos, en tanto se ha vulnerado la garantía de no sufrir persecución penal por infracciones que no se han tipificado en la ley, según los artículos 95 de la Constitución de la República, art. 1 de código penal, y art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e.. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[8] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada de los Imputados Jhon Javier Barajas Pineda, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 95 de la Constitución de la Republica. Concepto de la infracción: Prohibición de doble juzgamiento. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Agotado diversos recursos desde el inicio del proceso; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Señalan las recurrentes, que los hechos probados narran una conducta de la cual existe sentencia firme condenatoria, por el delito de utilización indebida de sistemas de procesamientos informático con una pena de 04 años con 06 meses de reclusión, que en el caso subjudice, se enjuicia la misma conducta, sin haber sido observada por el a quo, condenando a sus representados por el delito de lavado de activos. La prohibición del doble juzgamiento o principio de ne bis in ídem. “Esta garantía, cuya significación general vendría a ser el de que nadie puede ser procesado, juzgado o condenado de nueve por la misma jurisdicción de un mismo País, por un hecho o infracción penal por la que ya haya sido absuelto o condenado en virtud de sentencia firme o resolución equivalente, no goza; o al menos históricamente no ha gozado, de idéntica consideración en todos los sistemas jurídicos. La manifestación que aquí nos interesa, como garantía inherente al debido proceso contenida en los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, con claro origen en el derecho anglosajón, tiene su referencia más franca en la Quinta Enmienda de la Constitución Norteamericana que contiene, entre otras disposiciones, relativas en su mayor parte a las garantías del proceso penal, la de la interdicción del “doublé jeopardy”: «Nadie debe ser obligado a poner dos veces en peligro su vida o integridad física por la misma ofensa.» Frente a una concepción puramente procesalista de esta institución que cargue las tintas en 1os aspectos estrictamente procesales de la misma (necesidad estructural del proceso de que la pretensión procesal en liza tenga una única y exclusiva solución definitiva) y en las correlativas necesidades generales de seguridad jurídica inherentes al sistema de enjuiciar, creemos necesario destacar aquellos otros aspectos que hacen del “non bis in idem” una manifestación o garantía derivada de las exigencias particulares de libertad y seguridad (tanto jurídica cuanto material) del individuo y que, por tanto, eleven su rango a la categoría de derecho fundamental del individuo encuadrable dentro de la noción de proceso justo, o equitativo como parte indispensable del mismo y que pretende en última instancia ser una garantía del derecho a la dignidad humana, impidiendo el sometimiento de un enjuiciamiento reiterado y sucesivo de una persona. Por tanto, este derecho fundamental de la persona profundamente enraizado con la idea del “fair trial” (juicio justo) y del debido proceso tiene reconocimiento universal en los Convenios Internacionales: articulo l4.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, articulo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4 del Séptimo Protocolo al Convenio Europeo, aunque el propio Comité de Derechos Humanos haya dejado constancia de las diferencias interpretativas y las dudas planteadas por muchos Estados que han establecido reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles. No obstante, la forma de redacción de este derecho, aunque sustancialmente idéntica en cuanto a su general significado, varía en uno y otros instrumentos. Así el Artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles: «Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.» Por su parte, el Articulo 8.4 de la Convención Americana; «El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.» Por último, el Artículo 4 del Séptimo Protocolo al Convenio Europeo expresa: «l. Nadie podrá ser procesado o castigado penalmente por las jurisdicciones del mismo Estado a causa de una infracción por la que ya haya sido absuelto o condenado en virtud de sentencia definitiva conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado. 2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide la reapertura del proceso, conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado interesado, si hechos nuevos o recién revelados o un vicio fundamental en el procedimiento precedente pueden afectar a la sentencia dictada. 3, No se autorizará derogación alguna del presente artículo invocando en el articulo l5 del Convenio.» Nadie puede ser procesado, juzgado o condenado de nuevo por la misma jurisdicción de un mismo país, por un hecho o infracción penal por la que ya haya sido absuelto o condenado, en virtud de sentencia firme o resolución equivalente. Ámbito de aplicación de este derecho En primer lugar, es necesario señalar que esta prohibición es únicamente aplicable a infracciones penales, excluyéndose las puramente el ámbito civil; sin embargo, debe tenerse en cuenta el carácter autónomo que tiene el concepto de “materia penal” a efectos de los Tratados internacionales de protección de los Derechos Humanos, ya que incluso cuando una infracción o una sanción no esté considerada como “penal” en la legislación interna de un Estado, puede tener la consideración de infracción penal en virtud de las normas internacionales, según su naturaleza o la gravedad o naturaleza de las penas. Ello hace referencia a la incompatibilidad de las sanciones estrictamente penales y las administrativas que deben entenderse ambas como “penales” a efectos de los Convenios de protección de Derechos Humanos. Igualmente es necesario considerar que se aplica asimismo a todas las infracciones estrictamente penales, independientemente de su gravedad. Otro aspecto importante a tener en cuenta que aunque habitualmente se habla de prohibición de doble juzgamiento, sin embargo, este término ha de entenderse en sentido amplio, es decir, equivalente a ser sujete doblemente de una causa penal o procesamiento, aunque la primera de ellas no haya concluido exactamente por sentencia penal absolutoria, sino que le haya hecho por una resolución equivalente a la que se haya de reconocer idénticos efectos jurídicos exculpatorios o liberatorios de la responsabilidad penal (por ej. sobreseimiento definitivo del articule 296 del Código Procesal Penal) y aunque la segunda tampoco dé lugar a un nuevo enjuiciamiento estrictu sensu, es decir, a un nueve juicio, bastando para considerar infringido el derecho con la nueva apertura de la causa penal por el mismo hecho, así parece deducirse de los términos del artículo 8.4 de la Convención Americana; sin embargo, el aspecto sin duda más problemático, es el de determinar cuándo puede decirse que existe un doble proceso y también cuando, no obstante existir un segundo proceso por el mismo garantía. Con respecto a la primera de las cuestiones, la distinta redacción que se contiene en el texto de los Tratados Internacionales parece que lleva a diferentes soluciones. El Pacto Internacional de Derechos Civiles utiliza el término de “delitos” (el Séptimo Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos utiliza la locución semejante de “infracción"), debiendo entender esta expresión como tipificación penal según el derecho interno aplicable de un hecho determinado. Ello, a su vez, abre el dilema de saber si es posible juzgar el mismo hecho histórico varias veces pero bajo una imputación delictiva diferente y, a su vez, si se estima que es posible hacerlo en determinadas circunstancias sin conculcar este derecho que venimos analizando, en ese caso, qué es realmente una inmutación delictiva diferente, qué elementos la caracterizan, si meramente el tratarse de otro tipo legal distinto, o si ha de tratarse de uno radicalmente diferente que requiera, por ejemplo, nueva prueba sobre otros elementos del hecho o de un hecho adicional diferentes del anterior. La respuesta a todas estas cuestiones parece que nos reconduce como única solución al criterio de la materialidad del hecho, aunque ciertamente no se trate del hecho en “estado natural”, sino de un hecho normativo o tipificado, que constituye el objeto del proceso, lo que parece que nos acerca a la solución dada por el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe nuevos juicios «por los mismos hechos», que viene a significar que si los cargos se refieren al mismo asunto o al mismo conjunto de hechos, no puede realizarse un nuevo juicio incluso si la infracción penal o delito(tipo delictivo) que se imputa es distinta. Igualmente según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Séptimo Protocolo al Convenio Europeo, la prohibición de procesar más de una vez por el mismo delito es de aplicación después de que se haya dictado sentencia firme de absolución o condena, de conformidad con la ley y el procedimiento penal del Estado, en tanto que, en la Convención Americana de Derechos Humanos, solo es aplicable a los casos en que una persona haya sido anteriormente absuelta, lo que, como es fácilmente apreciable, determina un ámbito de aplicación casuístico diferente. En cuanto los posibles supuestos o situaciones de existir un segundo proceso por el mismo hecho o delito, no opera esta garantía, es necesario destacar la reapertura de una causa o la realización de un nuevo juicio en caso de nulidades de procedimiento declaradas por un tribunal superior al apreciarse por este un vicio esencial en el procedimiento o juicio y que afectare a la sentencia dictada o revisiones de sentencias por hechos nuevos o revelaciones nuevas o por errores judiciales; supuestos expresamente previstos en el Párrafo 2 del artículo 4 del Séptimo Protocolo al Convenio Europeo. Igualmente, la garantía contenida en el principio de “ne bis in idem” opera únicamente en el ámbito de la jurisdicción del mismo país, no haciéndolo normalmente en el ámbito internacional, es decir, cuando se trata de doble juzgamiento por jurisdicciones de países diferentes. La prohibición del doble juzgamiento en el derecho hondureño. El Artículo 95 de la Constitución de Honduras proclama, en el mismo precepto el principio de legalidad penal y el de prohibición del doble juzgamiento: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”, haciendo referencia, como se aprecia en el mismo sentido del artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos a “hechos” y no a “delitos” o “infracciones". Por su parte el Artículo 11 del Código Procesal Penal se refiere expresamente a la prohibición del doble juzgamiento, es categórico a este respecto, estableciendo que: “Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias”, No deja duda que se prohíbe el doble juzgamiento de hechos con independencia de la calificación jurídica que se les haya atribuido en el momento de su enjuiciamiento, ajustándose con ello a las especificas exigencias establecidas en el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.[9] De la Procedencia del Recurso: El Motivo es de Recibo con Efecto Extensivo. Las recurrentes alegan la vulneración del precepto constitucional contenido en el artículo 95 de la Constitución de la República, luego señalan los hechos punibles que motivaron la condena por el delito de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamiento de Datos a sus representados, registrado en el expediente 749-2012, confrontándolos con los que motivaron la presentación de requerimiento fiscal en la presente causa, en fecha 16 de agosto de 2013, por suponérsele autores responsable de un delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras; dicho requerimiento desembocó en la sentencia de fecha 04 de mayo de 2017, donde el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, falló por unanimidad, condenar a los acusados Jhon Javier Barajas Pineda, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, además a Netzer Armando Salinas Sánchez y Mario Alberto Roa Gómez por el delito de Lavado de Activos, imponiéndole la pena principal de 06 años 06 meses de reclusión. Al examen de la foliada judicial, el Tribunal de Casación constató 1. En fecha 28 de julio de 2012 contra los señores Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro, Julio César Cruz Gonzales, Adriana Elizabeth Ordoñez Ramírez, Jenny Carolina Aguilar Santos y Alejandra del Carmen Álvarez Pineda, se inició proceso penal mediante la presentación de requerimiento fiscal por suponerles autores responsables de los delitos de Falsificación de Documentos Privados, Estafa Continuada, Utilización Indebida de Sistemas de Procesamiento de Datos y Asociación Ilícita en perjuicio de Bac Credomatic, La Fe Pública, La Administración Pública y La Seguridad Interior del Estado de Honduras respectivamente, registrado bajo la causa número Exp749-2012 (F. 92 al 95); describiendo dicho requerimiento fiscal como exposición de hechos por los que son acusados los siguientes: “PRIMERO: EL día de viernes 27 de julio del presente año, en horas de la mañana, a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, se presentaron, Empleados de la institución bancaria BAC-CREDOMATIC, quienes pusieron en conocimiento que se encontraban en la ciudad de San Pedro Sula, Dándole seguimiento a varios individuos quienes desde el fin de semana pasado habían comenzado a utilizar tarjetas clonadas para realizar operaciones en los cajeros ATM Y BAC-CREDOMATIC, quien según información han tenido pérdidas aproximadas de un millón de lempiras; Realizando varias transacciones que no eran reconocidas por los usuarios (propietarios) de las tarjetas, razón por la cual interpusieron una denuncia en la ciudad de Tegucigalpa MDC; Con número de registro 4921-2012, por el delito de Estafa, en perjuicio de la Institución Bancaria BAC-CREDOMATIC; Luego comenzaron a recibir reclamos de que esta actividad se estaba realizando en la ciudad de San Pedro Sula; Por lo que de inmediato se trasladaron a esta ciudad; donde el día 27 de julio del año 2012, a eso de las seis treinta de la tarde, se reportó en el sistema que se habían realizado transacciones en el Supermercado Colonial ubicado en Avenida circunvalación de San Pedro Sula; Razón por la cual se comunican con los agentes policiales para que fueran a brindarles apoyo, pero al llegar al Supermercado Colonial, los empleados del Banco BAC-CREDOMATIC, tenían en una oficina contigua a dos señores de nacionalidad Colombiana que correspondían a los nombres de NETZER ARMANDO SALINAS Y JAIRO RANGEL NAVARRO; y en la parte de afuera tenían a la joven JENNY CAROLINA AGUILAR, Quien es de nacionalidad Hondureña y quien manifiesto que ella solo era una acompañante de los señores de nacionalidad Colombiana; Estos individuos se trasladaban en un vehículo marca Hyundai - modelo Tucson, color- blanco, sin placas, propiedad de acresa; en dicho vehículo se encontró, una cantidad indeterminada de tarjetas de crédito, allí mismo recibieron la información de que otros sujetos andaban en otro Vehículo con las mismas características pero con distinto color y que realizaban este tipo de actividad en la gasolinera uno, ubicada en la 1 calle de la circunvalación por lo que de inmediato se desplazaron Agentes de Investigación al lugar, quienes lograron darle captura a otros tres individuos de nacionalidad Colombiana y dos personas del sexo femenino de nacionalidad de Hondureña; a estas personas se les decomiso, dinero, tarjetas y tarjetas de los Hoteles Crowne Plaza de Honduras y Metrotel. Con el objeto de darle continuidad a la diligencia agentes policiales se trasladaron a los Hoteles CROWNE PLAZA y METROTEL de esta ciudad a corroborar si allí estaban hospedados los sospechosos, dando resultado positivo, procediendo así a solicitar ante el Órgano Jurisdiccional Allanamientos de Morada con orden Judicial; dando como resultado de los mismos que en las habitaciones de Hotel se encontraron indicios de los delitos imputados como ser varias maletas dentro de las cuales se encontraron tarjetas de débito y crédito (Visa y Master Card), también equipo de oficina como ser computadoras y SKIMMER, documentación correspondiente a cálculos y códigos; Esto en las habitaciones 120 donde se hospedaba JOHN JAVIER BARAJAS PINEDA; En el mismo Metrotel Express en la habitación numero 122, donde se hospedaba de MARIO ALBERTO ROA GÓMEZ; Asimismo en el Hotel Crowne Plaza, de esta ciudad de San Pedro Sula, en la habitación 605 donde se hospedaba JAIRO ANDRÉS RANGEL NAVARRO; Cabe mencionar que en el hotel Crowne Plaza en la habitación 604 donde se hospedaba NETZER ARMANDO SALINAS SÁNCHEZ se encontraron dentro de una caja de seguridad la cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (S 19,200.00) y TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00). Indicios relacionados con los delitos imputados en este Requerimiento Fiscal.” 2. El requerimiento fiscal antes descrito, desemboco en la sentencia de fecha 05 de septiembre de 2013, a través de la aplicación del procedimiento abreviado, donde el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, resolvió condenar a los acusados Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, como autores de un delito de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamientos de Datos, en perjuicio de Bac-Honduras, imponiéndoles una pena principal de 04 años 06 meses de reclusión y multa de L.1,356,506.40 (F.79 al 81). 3. Para efectos de garantizar la vinculación de los acusados, con el proceso penal llevado en su contra y registrado bajo el número Exp749-2012 el Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, determinó en la audiencia inicial de fecha 02 de agosto 2012 resolver lo siguiente (F.106v): “…PRIMERO AUTO DE PRISIÓN en contra de 1. NETZER ARMANDO SALINAS SANCHEZ, 2. JHON JAVIER BARAJAS PINEDA, 3.MARIO ALBERTO ROA GOMEZ, A JAIRO ANDRES RANGEL NAVARRO, 5.JULIO CESAR CRUZ GONZALES, por suponerlos responsables de los delitos UTILIZACION INDEBIDA DE SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS y LAVADOS DE ACTIVOS, en perjuicio BAC CREDOMATIC, y de LA ADMINISTRACION PUBLICA. SEGUNDO Decretar SOBRESEIMEINTO DEFINITIVO a favor de los encausados NETZER ARMANDO SALINAS SANCHEZ, 2. JHON JAVIER BARAJAS PINEDA, 3.MARIO ALBERTO ROA GOMEZ, 4 JAIRO ANDRES RANGEL NAVARRO, 5.JULIO CESAR CRUZ GONZALES 6ADRIANA ELIZABETH ORDOÑEZ RAMIREZ, 7JENNY CAROLINA AGUILAR SANTOS Y 8ALEJANDRA DEL CARMEN ALVAREZ PINEDA por el delito ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de Empresa Financiera BAC CREDOMATIC.-TERCERO: Decretar SOBRESEIMENTO PROVISIONAL a favor NETZER ARMANDO SALINAS SANCHEZ, 2. JHON JAVIER BARAJAS PINEDA, 3.MARIO ALBERTO ROA GOMEZ, 4 JAIRO ANDRES RANGEL NAVARRO, 5.JULIO CESAR CRUZ GONZALES 6 ADRIANA ELIZABETH ORDOÑEZ RAMIREZ, 7.JENNY CAROLINA AGUILAR SANTOS Y 8ALEJANDRA DEL CARMEN ALVAREZ PINEDA por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS, en perjuicio de la seguridad interior del Estado y la fe pública. CUARTO: Imponer a los señores NETZER ARMANDO SALINAS SANCHEZ, 2. JHON JAVIER BARAJAS PINEDA, 3.MARIO ALBERTO ROA GOMEZ, 4.JAIRO ANDRES RANGEL NAVARRO, 5.JULIO CESAR CRUZ GONZALES, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA establecida en el articulo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, misma que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de esta ciudad. con fundamento en los artículos 69 y 90 y 92 de la Constitución de la República, 394-I del Código Penal, 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, 172, 173, 178, 179 199, 294, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9.1 De los Derechos civiles y Políticos.- QUINTO: Ordénese la inmediata Libertada de las señoras ADRIANA ELIZABETH ORDOÑEZ RAMIREZ, JENNY CAROLINA AGUILAR SANTOS Y ALEJANDRA DEL CARMEN ALVAREZ PINEDA, en virtud de habérseles decretado Sobreseimiento provisional…” Nótese, en el apartado primero de la resolución antes descrita, se dictó un auto de prisión por el delito de Lavado de Activos, debido a la ampliación del requerimiento fiscal solicitado por la representación del Ministerio Público en el desarrollo de la audiencia inicial (F.96V). 4. No conforme con la resolución antes descrita, las defensas privadas de los encartados interpusieron Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, resolviendo lo siguiente:“…con lo anterior esta Corte de Apelaciones en fundamento del los hechos Y consideraciones de ley anteriormente expuestas, en nombre del Estado de Honduras y por unanimidad de votos RESUELVE: PRIMERO: Declarar HA LUGAR parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el abogado SELVIN ZEPEDA. Asimismo, DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por la abogada KAREN AGUILERA. SEGUNDO: REVOCAR el Auto de Prisión que ha sido dictado a los señores JULIO CESAR CRUZ GONZALES, NETZER ARMANDO SALINAS SANCHEZ, JOHN JAVIER BORJAS PINEDA, MARIO ALBERTO ROA GOMEZ Y JAIRO ANDRES RANGEL NAVARRO, a quienes se los supone responsables del delito LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la petición realizada por el fiscal del Ministerio Público en cuanto a ampliar el requerimiento al delito de LAVADO DE ACTIVOS, dejando establecido que será en la Audiencia Preliminar donde dicho funcionario podrá pedir la calificación de dicho hecho. CUARTO: CONFIRMAR el Auto de Prisión dictado contra JULIO CESAR CRUZ GONZALES, NETZER ARMANDO SALINAS SANCHEZ, JOHN JAVIER BORJAS PINEDA, MARIO ALBERTO ROA GOMEZ Y JAIRO ANDRES RANGEL NAVARRO, por el delito de UTILIZACION INDEBIDA DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS en perjuicio de BAC-CREDOMATIC Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, asimismo, se CONFIRMA la Medida Cautelar impuesta a los ahora encausados…”5. A solicitud conjunta del Ministerio Público y de los imputados Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, se siguió procedimiento abreviado, el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, dictó sentencia imponiendo las penas rebajadas en un cuarto (¼) en los siguientes términos: “…Por todo lo anteriormente expuesto, en nombre del Estado de Honduras, LA JUEZ RESUELVE 1.- CONDENAR: A los señores; Netzer Armando Salinas Sánchez, John Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio Cesar Cruz Gonzales, de generales ya expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, actualmente bajo detención preventiva en el centro penal local, como autores de un delito de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamiento de Datos, en perjuicio de Bac- Honduras, a la pena principal de CUATRO AÑOS SEIS MESES de Reclusión, que deberán cumplir en el Centro Penal Local; y una multa de Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Seis Lempiras con Cuarenta Centavos; (1, 356,506.40). 2.- Asimismo CONDENA: A los señores Netzer Armando Salinas Sánchez, John Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio Cesar Cruz Gonzales, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajar en obras publicas de acuerdo a la Ley que regula el sistema penitenciario por el tiempo que dure la condena.-Y MANDA SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN EL PROCESO EL PRESENTE FALLO…” Con lo anterior, se puso fin al proceso judicial que inició en fecha 28 de julio de 2012 mediante la presentación de requerimiento fiscal registrado con el expediente número 749-2012. 6. La presente causa en estudio, dio origen en fecha 16 de agosto de 2013 contra los señores Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, mediante la presentación de requerimiento fiscal por suponerles autores responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras (F. 01 al 03); describiendo dicho requerimiento fiscal como exposición de hechos por los que son acusados los siguientes: “…PRIMERO: Resulta que eL día de viernes 27 de julio del 2012; a raíz de una investigación que estaba realizando la Dirección Nacional de Investigación Criminal sobre el delito de UTILIZACION INDEBIDA DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS que estaban cometiendo los encausados se procedió a realizar varios allanamientos con Orden Judicial Con el objeto de darle continuidad a la diligencia agentes policiales se trasladaron a los Hoteles CROWNE PLAZA y METROTEL de esta ciudad a corroborar si allí estaban hospedados los sospechosos, dando resultado positivo, dando el hallazgo en el Hotel CROWNE PLAZA en la habitación 604; donde se hospedaba NETZER ARMANDO SALINAS SANCHEZ, dentro de una caja de seguridad la cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($ 19,200.00) y TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00). Dinero que hasta este momento no tiene justificación económica Legal…”7. A razón de lo anterior, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia condenatoria en fecha 04 de mayo de 2017, en contra de los imputados Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, como autores responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras a la pena de 06 años 06 meses de reclusión; declarando como hecho probado lo siguiente: “PRIMERO: En fecha veintisiete de Julio de 2012, los señores Netzer Armando Salinas, Jhon Javier Barajas, Mario Alberto Roa, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio Cesar Cruz Gonzales, fueron capturados a raíz de un operativo realizado en dos puntos de la ciudad de San Pedro Sula, por haber realizado actos típicos de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamiento de Datos, tal como refiere la sentencia emitida mediante Procedimiento Abreviado del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula; en esa misma fecha a raíz de la detención de los señores antes indicados, se realizó inspección a uno de los vehículos en los que ellos se transportaban donde se obtuvo información acerca del hotel Crown Plaza de San Pedro Sula, lugar donde después de confirmar que ellos habían estado en dicho hotel, se allanó al día siguiente de la detención, las habitaciones números 604 y 605, en la primera de las cuales se encontró en una caja de seguridad, una cantidad de dinero consistente en $19,200.00 Dólares Americanos y 300,000.00 lempiras en billetes de diferentes denominación, cuyo origen lícito es desconocido y sobre el cual todos habían tenido disposición. Se encontró además 61 tarjetas de Crédito a nombre de Jairo Andrés Rangel Navarro, en el interior de una maleta, 20 tarjetas de crédito a nombre de Netzer Armando Salinas y 30 tarjetas de crédito a nombre de Mario Alberto Roa.” En un Estado democrático, resulta de vital importancia la protección de los derechos humanos frente al poder punitivo, para lo cual el derecho penal y el derecho procesal penal, entendidos como ramas del saber jurídico, convergen como límites a dicho poder. Para cumplir tal función, esos saberes deben estar fundados en una serie de principios, entre los cuales se encuentra el “ne bis in ídem”. El principio limitativo analizado tiene dos vertientes: una sustantiva (prohibición de doble punición) y una adjetiva o procesal (prohibición de doble persecución penal). De ambas se derivan una serie de incidencias o implicancias, por ejemplo: a) Incidencias en el plano sustantivo: esta fórmula se refiere a la reacción penal material (condena, pena o castigo). b) Incidencias en el plano procesal: en este segundo aspecto, el “ne bis in ídem” impide la persecución penal y se extiende como garantía de seguridad para el imputado, al terreno del procedimiento penal. Por esa razón, cubre el riesgo de una persecución penal renovada cuando feneció una anterior o aún está en trámite. A fin de dar una respuesta analítica al interrogante de cuándo se configura un “bis in ídem” requiere la existencia de tres “identidades” que deben presentarse en forma conjunta. Ellas son: la de la persona perseguida (“eadem personae”), la del objeto de persecución (“eadem res”) y la de la causa de persecución (“eadem causa petendi”). a) Identidad personal: se refiere a que la persona que fue condenada o absuelta, o que está siendo sometida a enjuiciamiento penal, y a la cual se le imputa ese mismo hecho, sucesiva o simultáneamente, debe ser la misma. El principio sólo ampara a aquel sujeto que está siendo sometido al peligro de una nueva punición por el mismo hecho. b) Identidad objetiva: este segundo elemento alude al hecho como acontecimiento de la realidad, como un suceso fáctico, independientemente de la tipificación legal que pueda otorgársele en cualquiera de los procesos. Se trata de una identidad eminentemente fáctica y no de calificación jurídica. Existen algunos casos interesantes en los que se discute la configuración del principio; así están los supuestos de “concurso de delitos” que exigen una operación hermenéutica a los fines de determinar si se trata de un mismo hecho o de hechos diferentes. Así, por ejemplo, el concurso real o material, supone la imputación de hechos diferentes; se trata -en concreto- de una pluralidad de eventos realizados por una misma persona y que constituyen una pluralidad de delitos (Mir Puig, 1998: 673). Por tanto, en este primer supuesto nada obsta a que se inicie un nuevo proceso para castigar los hechos en cuestión que aún no fueron enjuiciados, ya que se trata de una pluralidad de hechos, entre los cuales, a lo sumo, existe un vínculo que no altera en forma alguna sus respectivas autonomías. El concurso ideal o formal se configura cuando un solo hecho constituye dos o más infracciones penales. El eje fundamental de esta institución es la unidad de hecho, la cual se determina conforme a los criterios desarrollados en el derecho penal. Aquí se daría una identidad de hecho y, por ende, la prohibición de “bis in ídem”. El caso genérico del concurso de leyes o concurso aparente, con todas sus subespecies, es idéntico al del concurso ideal, ya que se trata también de una imputación única que desde el punto de vista jurídico penal admite más de un encuadramiento jurídico y a diferencia del anterior, sólo uno es operable. El llamado delito continuado merece el mismo tratamiento, pues a pesar de que se reconoce integrado por varios comportamientos o hechos diversos, separables fáctica y jurídicamente, la teoría del delito establece como ficción su unidad imputativa por razones políticas. En vista de lo anterior, en el cual en un proceso primigenio ya se juzgó el hecho sólo por una de las varias figuras punibles en las que encuadra el evento, no puede -luego- el Estado pretender motorizar nuevamente el “ius puniendi” a los fines de enjuiciar a esa misma persona por la otra u otras figuras punibles en las que también se subsume ese hecho, y que quedan por fuera en el primer proceso. c) Identidad de causa: Se alude a ella cuando la pretensión ha sido también aducida en otro juicio. Lo relacionado determina que el caso examine, existe violación al principio de doble juzgamiento o “ne bis in ídem”; bastando para considerar infringido el derecho, con la nueva apertura de la causa penal por el mismo hecho, al pretender con ello, según el ente fiscal, subsanar su error de no haber calificado en el primer requerimiento fiscal la imputación delictiva de Lavado de Activos; pues, los cargos en el segundo requerimiento fiscal refieren al mismo asunto o al mismo conjunto de hechos y que se describe a continuación: “…Con el objeto de darle continuidad a la diligencia agentes policiales se trasladaron a los Hoteles CROWNE PLAZA y METROTEL de esta ciudad a corroborar si allí estaban hospedados los sospechosos, dando resultado positivo, procediendo así a solicitar ante el Órgano Jurisdiccional Allanamientos de Morada con orden Judicial; dando como resultado de los mismos que en las habitaciones de Hotel se encontraron indicios de los delitos imputados como ser varias maletas dentro de las cuales se encontraron tarjetas de débito y crédito (Visa y Master Card), también equipo de oficina como ser computadoras y SKIMMER, documentación correspondiente a cálculos y códigos; Esto en las habitaciones 120 donde se hospedaba JOHN JAVIER BARAJAS PINEDA; En el mismo Metrotel Express en la habitación numero 122, donde se hospedaba de MARIO ALBERTO ROA GÓMEZ; Asimismo en el Hotel Crowne Plaza, de esta ciudad de San Pedro Sula, en la habitación 605 donde se hospedaba JAIRO ANDRÉS RANGEL NAVARRO; Cabe mencionar que en el hotel Crowne Plaza en la habitación 604 donde se hospedaba NETZER ARMANDO SALINAS SÁNCHEZ se encontraron dentro de una caja de seguridad la cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (S 19,200.00) y TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00). Indicios relacionados con los delitos imputados en este Requerimiento Fiscal.” En consecuencia, no queda ninguna duda respecto a que la prohibición de doble juzgamiento recae sobre los hechos sometidos a juicio y no sobre la calificación jurídica que se les haya atribuido en su enjuiciamiento, con lo cual la norma constitucional y procesal, aludidas como infringidas, se ajustan perfectamente a las exigencias establecidas en el artículo 8.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos de referencia. En el presente caso, esta Sala observa que los hechos declarados probados de la sentencia recurrida establecen: “…PRIMERO: En fecha veintisiete de Julio de 2012, los señores Netzer Armando Salinas, Jhon Javier Barajas, Mario Alberto Roa, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio Cesar Cruz Gonzales, fueron capturados a raíz de un operativo realizado en dos puntos de la ciudad de San Pedro Sula, por haber realizado actos típicos de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamiento de Datos, tal como refiere la sentencia emitida mediante Procedimiento Abreviado del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula; en esa misma fecha a raíz de la detención de los señores antes indicados, se realizó inspección a uno de los vehículos en los que ellos se transportaban donde se obtuvo información acerca del hotel Crown Plaza de San Pedro Sula, lugar donde después de confirmar que ellos habían estado en dicho hotel, se allanó al día siguiente de la detención, las habitaciones números 604 y 605, en la primera de las cuales se encontró en una caja de seguridad, una cantidad de dinero consistente en $19,200.00 Dólares Americanos y 300,000.00 lempiras en billetes de diferentes denominación, cuyo origen lícito es desconocido y sobre el cual todos habían tenido disposición…” De la simple lectura al hecho declarado probado por los juzgadores, resulta que se trata de los mismos hechos que los acusados Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, había sido sometido a juicio y condenado con anterioridad en la sentencia de fecha 05 de septiembre de 2013, a través de la aplicación del procedimiento abreviado, dictada en fecha cuatro de abril del año dos mil trece, donde el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, resolvió condenar a los mencionados como autores de un delito de Utilización Indebida de Sistemas de Procesamientos de Datos, en perjuicio de Bac-Honduras, imponiéndoles una pena principal de 04 años 06 meses de reclusión y multa de L.1,356,506.40 (F.79 al 81). Esta Sala considera que aún y cuando sean personas distintas los ofendidos por los que se condenó a los acusados, lo cierto es que existe identidad en los aspectos esenciales del hecho sometido a juzgamiento, con lo cual esta Sala concluye que efectivamente con el segundo juzgamiento contenido en la sentencia recurrida en que condena a los acusados por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, el tribunal de juicio ha vulnerado el precepto constitucional de prohibición de doble juzgamiento o principio de ne bis in ídem, establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 11 del Código Procesal Penal y 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tal defecto no solo se aprecia en perjuicio de los acusados Jhon Javier Barajas Pineda, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, de los cuales se interpuso el recurso de Casación, sino también en perjuicio de los acusados Netzer Armando Salinas Sánchez y Mario Alberto Roa Gómez. Siendo ser de recibo el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo con efecto extensivo; y a efecto de mantener la coherencia en el pronunciamiento judicial de esta Única Instancia, resulta no oportuno hacer un análisis en cuanto a la denuncia hecha por los motivos de los Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349, 359, 361, 363 y 364 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; interpuesto por las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quezada y Miryan Ivone Palomo Nuñez, actuado en su condición de defensoras privadas de los encausados Jhon Javier Barajas Pineda, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzales, el cual debe ser extensivo a los imputados Netzer Armando Salinas Sánchez y Mario Alberto Roa Gómez. Segundo: Casa la sentencia definitiva dictada en fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; en consecuencia, se revoca la misma, procediendo este Tribunal de Casación a resolver la imputación de la siguiente manera: I: Que debemos absolver y absolvemos a los señores Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzáles, como autores del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras. II: Se revocan las medidas cautelares impuestas a los señores Netzer Armando Salinas Sánchez, Jhon Javier Barajas Pineda, Mario Alberto Roa Gómez, Jairo Andrés Rangel Navarro y Julio César Cruz Gonzáles, con ocasión del presente proceso penal, ello sin perjuicio de otras medidas cautelares impuestas por procesos penales distintos. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Es ponente de la presente sentencia el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Jose Ramon Cruz Ferrera.- Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-411-2017.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] Ver Sentencia de fecha 5 de septiembre del año Dos Mil Trece, Dictado por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula.
[2] Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia de fecha 18 de Mayo del 2010, caída en recurso con número de registro SP 307-2008
[3] Chavez, Orlan Arturo, Comentarios a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Guardabarrancos, Tegucigalpa, Honduras. P. 32
[4] Calix Vallecillo, El blanque de Capitales en el Derecho Penal Espanol, AngeleEditor, 2004 México D.F. México, p. 39
[5] CIDH caso Carlos Alberto Mohamed vs Argentina, Sentencia de fondo del 23 de noviembre del 2012, párrafo, 120-126
[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de mérito de 17 de septiembre de 1997, párrafo 66
[7] CIDH, Caso Cantoral Benavides vs Perú, sentencia de 18 de Agosto del 2000, párrafo 134b.
[8]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[9] Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano: “El Nuevo Código Procesal Penal y el Sistema de Garantías Judiciales en el Pacto de San José”. Ricardo de Parda Solaesa y Guillermo Augusto Pérez- Cadalso Arias. Tomo 9. Páginas 196 a 201.