Sentencia CP-41-23 — Registro 18007
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados por los delitos de Lavado de Activos y Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación. Encuentra este Ad-Quem en el escrito de la censora expresiones como: “El Ministerio Público no comparte la conclusión a la que ha arribado el tribunal…”; “de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea de responsabilidad de los encausados…”; “…la Pericia es contundente, coherente y reflejan la veracidad de su contenido, siendo concordante con la pretensión del Fiscal, demostándose a través de la misma y del análisis en su conjunto con toda la prueba, la responsabilidad de los acusados…”, “…al analizar toda la prueba evacuada…”, “…del análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad…”, “…la prueba evacuada fue suficiente y concluyente, demuestra responsabilidad de los acusados….”, etc.- Expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo de la censora de que el Tribunal de Sentencia, emitió una decisión absolutoria cuando su pretensión era un pronunciamiento condenatorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo la recurrente y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal se encuentra con un nuevo recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público, en donde denuncia la violación del principio lógico de derivación, que integra la sana critica, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formuladas en la acusación, pues considera que de la valoración de la prueba se desprende la responsabilidad de los acusados por los delitos juzgados.- Como en muchos otros recursos, el Agente Fiscal hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal Casacional, que la Censora ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia, con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. Sobre esta deficiente técnica recursiva este Ad-Quem tiene un harto registro de sentencias dando respuesta al Ministerio Público sobre idénticos recursos planteados, por sin que ello haya motivado aun a que los agentes fiscales corrijan el cómo deben de plantear el recurso extraordinario de casación.- Es éste otro caso donde los agentes fiscales, desperdiciando recursos económicos de los contribuyentes, someten a consideración una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permite proceder a un estudio de fondo, con grave daño a la justicia. A lo largo de los últimos doce años la Sala de lo Penal ha emitido un mínimo de 48 sentencias mediante las cuales se resuelven múltiples recursos interpuestos por el Ministerio Público, todos ellos usando la misma técnica recursiva ineficaz y como consecuencia obteniendo la misma respuesta de parte de este Ad-Quem; se trata de recursos de casación por quebrantamiento de forma oponiendo como motivo la violación de las reglas a la sana critica, identificando como principio lógico vulnerado el de derivación, pero teniendo como desarrollo argumentativo la protesta por no haberse valorado los medios de prueba por parte del tribunal de sentencia en el mismo sentido pretendido por el Ministerio Público; dichas sentencias son:
No. Expediente de Casación o Radicado Fecha de la Sentencia … No. Expediente de Casación o Radicado Fecha de la Sentencia
143-2011 10/05/2011 015-2016 30/05/2019
139-2011 24/01/2013 497-2015 30/05/2019
377-2011 07/08/2013 313-2016 09/09/2019
089-2011 17/09/2013 196-2016 31/10/2019
128-2013 03/06/2014 227-2016 04/12/2019
469-2012 05/08/2014 465-2011 22/01/2020
124-2012 20/10/2015 165-2017 22/01/2020
432-2012 12/01/2016 359-2016 28/04/2020
344-2012 30/01/2017 033-2017 28/04/2020
112-2014 01/02/2018 029-2017 28/04/2020
285-2014 20/03/2018 046-2017 28/04/2020
043-2017 18/09/2018 366-2016 28/04/2020
339-2014 10/10/2018 276-2017 09/06/2020
376-2014 10/10/2018 354-2017 09/06/2020
356-2014 10/10/2018 432-2017 27/01/2021
114-2015 04/12/2018 070-2017 27/01/2021
186-2015 04/12/2018 070-2018 27/01/2021
120-2015 04/12/2018 148-2017 27/01/2021
152-2015 20/02/2019 080-2018 10/03/2021
146-2015 20/02/2019 199-2018 29/04/2021
352-2015 27/03/2019 186-2018 29/04/2021
174-2015 02/04/2019 457-2018 27/09/2021
341-2014 24/04/2019 287-2018 27/09/2021
147-2015 20/02/2019 308-2018 11/11/2021
Como se denota, han sido muchas las sentencias en donde la Sala de lo Penal ha señalado al ente fiscal, que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. No existe en el escrito del recurso la identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Desafortunadamente la recurrente acude a esta única instancia como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, cuando el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada.- Por tanto, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-41-2023, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 41-2023, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a los señores Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales y Henry Cruz Fonseca, por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras. SEGUNDO: Absolvió a los señores Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales, Henry Cruz Fonseca y Carlos Siwady Mejia, del delito de Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Publica. TERCERO: No Procedió la Condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. CUARTO: No Procedió el Comiso. QUINTO: Se ordenó extender carta de Libertad Definitiva a favor de los señores Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales, Henry Cruz Fonseca y Carlos Siwady Mejia una vez que la sentencia Adquiera carácter de firme. SEXTO: No Procedió declarar la responsabilidad civil de los Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales, Henry Cruz Fonseca y Carlos Siwady Mejia, en virtud del fallo absolutorio, ni costas contra el Ministerio Publico. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzáles, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzáles, agente fiscal del Ministerio Público, y Erick Gerardo Rodríguez Licona, Procurador Judicial del Estado de Honduras, en sus condiciones de recurrentes; los Abogados Juan Carlos Berganza Godoy, Gabriel Eduardo Oseguera Varela, Juan Carlos Sánchez Villalobos defensores privados de Karla Waleska Banegas Rosales; Henry Cruz Fonseca e Iris Sagrario Maldonado y Carlos Siwady Mejia respectivamente; todos en su condición de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: En fecha veinte (20) de marzo del año dos mil nueve (2009), miembros de la Dirección de Servicios Especiales de Seguridad, asignados al Aeropuerto Internacional de Toncontín en el área de guardatura fueron alertados acerca del contenido de unas cajas de medicamentos que venían en un vuelo de la Aerolínea Copa AIR, los cuales habían sido importados según el documento expedido para tal fin por el señor José Geovanny Cruz Fonseca en su condición de Gerente General de la Compañía Farmatec; una vez que se practicó la inspección de dicha carga se pudo corroborar que 12 cajas de medicamentos denominado SARINEX D y 7 cajas de medicamentos de LARA-D, a prueba de campo dieron positivo para Pseudoefedrina, componente este que había sido prohibido su venta y distribución en nuestro país mediante Decreto 246 del año 2009, por lo cual se procedió al decomiso de dicho medicamento.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzáles, agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR OUEBRANTAMIENTO DE FORMA. UNICO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. La Sala de lo Penal ha expresado que las reglas de la sana crítica “son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma. 3'' edición. Argentina1993.P2.-[1] En alusión a la violación de las Reglas de la Sana Crítica, la [2]Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) Penal, prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación Fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…” . (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal.*** Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica. Es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “... la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de 7a recta razón, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común ...” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 20119 del Exp 125-2010); de este modo “... las reglas de la Jana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza ” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001 del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09) de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010... Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio ...”. Al respecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha explicado los componentes de una valoración acorde a las Reglas de la Sana Crítica, para el caso citamos: “...La motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre si para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas- b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contrastantes que se anulen entre sí. c) Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: El razonamiento debe estar constituido por injerencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando”[3] El Ministerio Público, en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad de los encausados en los delitos por el cual se les acusó y que éstos son los autores materiales de los mismos, siendo la prueba allegada al proceso, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia entre la prueba testificales, documentales y prueba pericial; conclusión a la que llegamos en base a las consideraciones siguientes: 1. En la vista pública se contó con la declaración del Testigo Allem Dejalme Huezo Pineda: quien es agente investigador y realizó las diligencias investigativas del presente caso y manifestó cual fue el proceso investigativo, recolección de información, identificación de los partícipes en los hechos, así como remisión del informe respectivo. - 2. También se contó con prueba documental consistente en: a. Oficio de la Secretaria de Junta Directiva del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras: que acredita que Carlos Siwadi Mejía se encuentra registrado con número de colegiación 861.- (identificada en la Sentencia 2.1) b. Constancia del Colegio Médico de Honduras: que acredita que los señores Henry Cruz Fonseca, José Yovanny Cruz Fonseca y Carlos Siwady Mejía, no forman parte de esa Institución pues no están registrados.- (identificada en la Sentencia 2.2) c. Oficio Agencias de Regulación Sanitaria: mediante el cual indica el procedimiento y control para la venta de medicamento controlado de las empresas o droguerías privadas hacia los hospitales privados y clientes en general,; procedimiento de Importación de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias precursoras usadas en la fabricación de estupefacientes y psicotrópicos y base de datos sobre información de acusados y farmacias.- (identificada en la Sentencia 2.3) d. Oficio de la Dirección Regulación: sobre información proveniente de autoridades de la India reportan la falsificación de permisos de importación de productos a base de pseudoefedrina a favor de la empresa FARMATEC (identificada en la Sentencia 2.4) e. Repuesta a Oficio de 19 de marzo de 2018 de la DLCN: donde FARINTER y BAYER, señalan que los certificados de importación (utilizados por Farmatec) que originalmente estaban a su nombre fueron devueltos a la Dirección General de Regulación Sanitaria y no fueron utilizados por ellos.- (identificada en la Sentencia 2.5) f. Acta de Inspección del 20 de marzo del 2009: describe el hallazgo de una caja con medicamento SARINEX se practicó una prueba de ensayo de drogas de uso indebido, resultando positiva de presencia de efedrina o pseudoefedrina; una caja con medicamento Loratadina se practicó una prueba de ensayo de drogas de uso indebido, resultando positiva de presencia de efedrina o pseudoefedrina.(identificada en la Sentencia 2.6) y su Acta de Decomiso (identificada en la Sentencia 2.7) g. Certificación de Dictamen Toxicológico: indicio 3 Loratadina y 5 Sarinex resultado positivo a la pseudoefedrina; se describe dentro sus observaciones en los indicios ingresados e identificados como 3 y 5, que por tener dentro de su composición pseudoefedrina el cual está tipificado como un percusor esencial frecuentemente utilizado para la producción ilícita de drogas bajo control internacional específicamente para la síntesis de metanfetaminas y por la convención de las Naciones Unidas, contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de la que Honduras es signatario.- (identificada en la Sentencia 2.8) h. Acta de Allanamiento a distintos lugares como ser: residencial Centro América, Actas de Inspección Vehículo Volkswagen y Álbum Fotográfico, casa del señor Henry Cruz Fonseca, Iris Sagrario Maldonado; Acta de allanamiento Comercial Iris (propietario Henry Cruz Fonseca), Acta de Allanamiento y Álbum fotográfico de Balneario Turicentro Sol y Arena; Álbum fotográfico de Allanamiento de Bella Oriente casa de habitación del señor Carlos Siwady; acta de allanamiento en colonia Centro América etapa cuatro; acta de allanamiento en colonia Centro América, casa de José Arnulfo Canales Flores; acta de allanamiento en colonia Centro América ubicada bloque 33, lote 31 casa 1629 reside Matia Nuñez Salinas (lugar Donde funciona Farmatec); acta de allanamiento en colonia Centro América, bloque 2 primera entrada propietario Henry Cruz Fonseca; acta de allanamiento en colonia Carrizal 2 propietario Henry Cruz Fonseca (donde funciona laboratorio pacific); acta de allanamiento en colonia Carrizal 2 (donde funciona Farmacia el Carrizal): dando como resultado el hallazgo de múltiples escrituras públicas 3. Por otra parte se contó con prueba pericial consistente en: a).-Dictamen de Avalúos de Bienes Inmuebles elaborado por el perito Víctor Isaías Aguilar: mediante el cual se establece a cuánto ascienden económicamente los bienes que se le atribuyen a los acusados.-b) Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial elaborado por el perito Yajhaira López: mediante el cual se determina la situación financiera de los acusados, movimientos bancarios, ingresos e ingresos, movimientos patrimoniales y señalando múltiples inconsistencias, sin determinar su origen, no hay justificación, están orientados en el área farmacéutica, transacciones que no se ve reflejadas en el sistema financiero Nacional.- EL Juzgador al valorar la prueba evacuada en el juicio oral y público, en el acápite de Valoración conjunta de la prueba, estableció en relación al Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial, lo siguiente: I.“... Considera el Tribunal que a través de la relación de la prueba evacuada en este juicio no se logró probar que estos medicamentos tuviesen una finalidad ilícita o que su importación se debería a una elaboración de drogas sintéticas..., , solicitud que fueron resueltas 26 de mayo, 24 de junio y 05 de agosto del 2008, consecuentemente esas petitorias fueron 2008, es así que mediante acuerdo 246 de fecha 20 de enero del 2009, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 27 de enero del 2009..., tendrán un plazo de 60 días para comercializarlos prescritos y dispensados con receta médica, retenidos en los establecimientos autorizados, por tanto para estos jueces esta prueba no resulta ser vinculante para que los señores HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES Y CARLOS SIWADY MEJIA, sean autores de un delito de Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas ...”[4] El Tribunal erróneamente consideró que no se logró probar que estos medicamentos tuviesen una finalidad ilícita o que su importación se debería a una elaboración de drogas sintéticas y dicta un sentencia absolutoria aún y cuando admitió que se demostró que la empresa Farmacia y Tecnología FARMATEC solicitó la importación a india de varios medicamento que contenían el componente Pseudoefedrina, justificando el Tribunal, el accionar de los acusados, al señalar que esas petitorias fueron 2008, y el acuerdo 246 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 27 de enero del 2009..., daba un plazo de 60 días para comercializarlos, prescritos y dispensados con receta médica, retenidos en los establecimientos autorizados, por tanto para estos jueces esta prueba no resulta ser vinculante . . . ; Criterio que consideramos que no se apega a una sana crítica racional, ni se deriva de lo demostrado con la prueba de cargo evacuada en juicio, pues la prueba debió valorarse de forma conjunta y no aislada, como lo realizó el mismo, y siendo así, la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador sería definitivamente opuesta, es decir, a la responsabilidad de los acusados como autores directos de un delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS y LAVADO DE ACTIVOS, tal y como se explica a continuación: En relación a ésta apreciación por parte del Juzgador, es necesario hacer mención que se allego al proceso prueba contundente que refleja la participación de los acusados en los hechos por los cuales se les llevó a juicio, pues se demostró con el acta de inspección y decomiso, practicada el 20 de marzo del 2009 la existencia de medicamento Loratadina 210,000 tabletas y Sarinex 409,200 tabletas, que resultaron positivas con Pseudoefedrina, el cual es un percusor esencial frecuentemente utilizado para la producción ilícita de drogas, pues así lo determinó el Dictamen de laboratorio toxicológico con número 1959- 0755-2009, que el ingreso de dicho producto farmacéutico se realizó de forma irregular, además de que los permisos de importación utilizados por FARMATEC fueron adulterados por lo que no coinciden con los autorizados en su momento, ya que FARMATEC> no estaba autorizada para la importación de sustancia controladas, extremos que fueron corroborados con el oficio N. 117-ARSA-2017 de fecha 6 de septiembre del 2017 y Solicitud de Importaciones de Medicamentos prohibidos realizada por FARMATEC a Delta Pharma Limted de la India y el Oficio 004-GRS[5], información que fue confirmada por los representantes legales de las Farmacéuticas BAYER y FARINTER, quienes notificaron a la Dirección General de la Regulación Sanitaria que los permisos de exportación antes descritos (utilizados por FARMATEC) 13512, 13502 y 13635, correspondían a ellos pero no hicieron uso de tales permisos y que los habían devuelto a la Dirección General de Regulación Sanitaria, aspectos que se verificaron en el oficio DLC:N- 03-196-2018 de fecha 19 de marzo del 2019,[6] por lo que se confirmó el ingreso irregular del producto farmacéutico antes descrito; igualmente se practicaron varios allanamientos e inspecciones a la vivienda de los acusados, negocios, dando como resultado el decomiso de múltiples escrituras públicas de varias empresas farmacéuticas, comerciales y otros, muchas de ellas creadas por el señor CARLOS SIWADY MEJIA quien es químico farmacéutico y traspasadas a HENRY CRUZ FONSECA, otras creadas por HENRY CRUZ FONSECA a favor de sí mismo y otras traspasadas a IRIS SAGRARIO MALDONADO, muchos de estos negocios administrados por la señora KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, de los cuales se puedo acreditar la existencia de su sustancias controladas las cuales se vendía sin control correspondiente; asimismo se acreditó a través de las inspecciones la existencia de muchas farmacias y negocios los cuales no existían, pues al practicarla inspección en las direcciones señaladas estas solo existían en papeles, pero no existían físicamente; igualmente producto de los allanamientos se encontró una cantidad de blíster que decía Sarinex, también se encontraron cajas que venían dirigía Farmatec, extremos que fueron corroborados con el testimonio brindado por el agente de investigación Allem Dejalme Huezo Pineda.- quien aparte de practicar las diligencias de investigación, estableció que la inspección y decomiso del producto Farmacéutico prohibido correspondía a la empresa Farmacéutica de FARMATEC cuyo socios y propietarios los señores Henry Cruz Fonseca, Yovany Cruz Fonseca, Oscar Ivan Cruz y Katia Cruz, también tuvo acceso a información brindada por el Testigo protegido de nacionalidad Mexicana, denominado X1, quien manifestó que reunía con el señor José (propietario de farmacia Próceres y hermano de Henry Fonseca)[7], compraban medicamento que tuvieran Pseudoefedrina y que se los compraban a las farmacia Farmatec y Farmacia los Próceres (la cual nunca se encontró); y las transportaban a México para fabricar Metanfetamina, por lo que al practicarles un estudio Financiero Patrimonial a los acusados, se observa que estos presentan muchas diferencias de dinero, mismas que no se puede determinar el origen de los fondos no hay justificación de dinero, y así lo concluyó la perito Yajhaira López en su Dictamen Financiero Patrimonial.-[8] Por tanto los señalamiento de los Juzgadores, consideramos que infringen Las reglas restringen la Sana Critica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad, sus conclusiones carecen de fundamente y no derivan de la prueba evacuada en juicio; efectivamente los acusados se dedican a la creación de empresas farmacéuticas, las cuales son utilizadas para dar apariencia de licitud al dinero adquiridos a través del ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo la pseudoefedrina, sustancia prohibida en el país[9], pues a través de las inspecciones se constató que muchas de las empresas creadas o que los acusados son socios o propietarios, o que han sido traspasadas o administradas por ellos, muchas de estas solo existen en papel, no físicamente, y algunas de ellas se les encontró con producto farmacéutico sin autorización para su venta (tramadol en los negocios administrados por la acusada Karla Banegas).- es decir, que la prueba evacuada nos orienta a concluir que la creación de múltiples farmacéuticas (diversas empresas fantasmas), acción con la cual los acusados pretenden cubrir el origen de los recursos generados mediante el ejercicio de actividades ilícitas (el ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo la pseudoefedrina) y con la finalidad de hacer que esos recursos ilícitos se integren al sistema financiero como dinero lícito. Por otra parte, no se comprende, por qué el Sentenciador no apreció adecuadamente el contenido de la prueba desarrollada en juicio o porque la valora de forma sesgada, tal es el caso donde el Tribunal concluye que el señor CARLOS SIWADY MEJIA, “ que no podemos llegar la conclusión que el Dr. Carlos Siwady Mejía creaba empresas farmacéuticas para trasladarlas a la familia Cruz Fonseca y que por esa acción cometió el delito de actos Preparatorios para el Tráfico Ilícito de Drogas”[10] conclusión a la que arribó el Tribunal haciendo una valoración aislada de esta Prueba, pues de haberla analizado de forma conjunta con el resto de la prueba, sus apreciaciones serian diferentes, pues lo relevante no es la creación de las empresas, sino cual es la finalidad de la creación de las empresas y a quien se las traspasaba, de la prueba evacuada en juicio y analizada en su conjunto, se desprende, que el señor Siwady es la persona en el área de la salud, por lo que su participación es importante en la creación de las farmacias, así lo dio por acreditado el Tribunal, al establecer que a creación y traslado de empresas a la Familia Cruz Fonseca no puede ser constitutivo de delito, sin embargo, el Tribunal hace una valoración sesgada, pues no toma en cuenta el contexto de los hechos, de los mismos se aprecia que la intención es borrar el rastro ilícito para evitar cualquier intento de seguimiento, es decir los acusados forman parte de un grupo que utilizan esta actividad para aparentar legalidad de sus recurso, y tal como se demostró con la prueba, la creación de estas empresas es una sólida estrategia, muchas de estas empresas no se encontraron sus direcciones, pues son solo fachadas utilizadas para dar apariencia de licitud a sus actividades ilícitas y buscan ocultar su origen ilícito, cuando en realidad provino de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, siendo el señor Carlos Siwady un miembro importante dentro de la organización delictiva, donde tenía un rol asignado en la misma, pues así se acredito con la dinámica de sus actos. - Por lo que resulta importante hacer referencia a o que la doctrina establece sobre este delito de lavado de activos “Según se ha venido afirmando desde la doctrina italiana, el riciclaggio no es más que un ejercicio de separación a partir del cual se procura el alejamiento de unos determinados bienes respecto de su origen ilícito. De este modo, conforme esa riqueza sea progresivamente distanciada de su efectiva procedencia –o lo que es lo mismo, a medida que se oculten todas aquellas trazas que permitirían descubrir su auténtica naturaleza e impedirían la reintroducción de tales bienes en el mercado lícito–, mejor será el resultado de la regularización y mayor la consistencia de esa apariencia de legalidad. Así las cosas, no debería de extrañar el empleo que, en sentido figurado, se hace habitualmente de los vocablos “blanqueo”, “lavado” o “legitimación” tanto en los medios de comunicación de masas como incluso entre los círculos jurídicos y económicos. Y es que, del mismo modo que hay ciertas manchas rebeldes que se resisten a la química de los mejores detergentes, los rendimientos procedentes de actividades criminales se encuentran marcados por la ilicitud de su origen. Por consiguiente, y como si de una prenda se tratase, en tales casos será preciso lavar una y otra vez ese capital sucio hasta obtener los resultados deseados, es decir, hasta que la riqueza haya sido alejada lo suficiente de su procedencia ilegal como para que las diferentes instancias de control no puedan identificar su verdadera naturaleza. En suma, con independencia de que la reconversión de capitales se verifique mediante la puesta en práctica de una sucesión de operaciones puntuales cambio de divisas, transferencias bancarias, adquisición de títulos o de inmuebles, constitución de sociedades, etc. , no parece que la última meta perseguida la plena limpieza de esa riqueza se obtenga de una forma instantánea o inmediata, sino en virtud de un progresivo “proceso a través del cual se oculta la existencia de ingresos, o la ilegalidad de su procedencia o de su destino, a fm de simular su auténtica naturaleza y así conseguir que parezcan legítimos”, tal y como se pronunciaba en 1984 la Comisión Presidencial sobre Crimen Organizado estadounidense. Indudablemente, cada una de esas operaciones tenderá a facilitar la regularización perseguida, pero será preciso efectuar una serie de ellas hasta conseguir el nivel de blancura deseado: el suficiente grado de ocultamiento del origen de tales ingresos para poderlos reintegrar en los cauces económicos regulares sin levantar sospechas o, al menos, sin que el origen ilícito de los mismos pueda ser demostrado. Partiendo de ese concepto dinámico de blanqueo de capitales, diversas fuentes han tratado de analizar el fenómeno mediante el establecimiento de una serie de fases o estadios a lo largo de los cuales tendría lugar la aparente normalización de esos rendimientos ilícitos. En tal sentido, el GAFI acometió desde los comienzos de su andadura el estudio de la cuestión en base a la existencia de tres etapas sucesivas claramente diferenciadas. Según las estimaciones del citado organismo internacional, la primera de ellas fase de colocación estaría destinada a hacer desaparecer la enorme cantidad de dinero en metálico derivado de actividades ilegales mediante el depósito del mismo en manos de intermediarios financieros, la adquisición de títulos al portador, etc. Una vez reducido ese ingente numerario, el patrimonio resultante quedaría sometido en segunda instancia a un buen número de transacciones –fase de conversión– dirigidas a asegurar en lo posible el distanciamiento de esos bienes respecto de su origen ilícito. Finalmente, el blanqueo concluiría con la fase de integración, en la que la riqueza obtendría la definitiva máscara de licitud mediante la oportuna introducción en los cauces económicos regulares.”[11] Circunstancias que se aprecian en el caso en estudio. - Por otro lado, Referente Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial elaborado por el perito Yajhaira López, las apreciaciones del Tribunal carecen de fundamente, en consecuencia consideramos que no se apega a una sana crítica racional, ni deriva de lo demostrado con la prueba pericial, además, que los Juzgadores no cuentan con la experticia pertinente para restarle valor probatorio a dicho medio de prueba, por otra parte manifiestan que la pericia es subjetiva por no contar con la información investigativa, pero su vez el Tribunal es del criterio que la prueba pericial de cargo no logró acreditar a probar la comisión del delito de lavado de activos, la analista financiera que ratificó el dictamen no realizó un análisis conjunto de los activos de los acusados, por los cuales sus conclusiones no merecen credibilidad.- en este último caso, es imposible soslayar que el acusado tena suficiente ingresos mediante las farmacias como para haber tenido en su cuenta Ict cantidad de 5,673,028.78 lo que denota en sus estados contables un desorden en cuanto al manejo dIos ingresos del señor Cruz, Fonseca, lo que pudo haber provocado una confusión en cuanto a la totalidad de sus ingreso”[12] . Por lo que sus valoraciones carecen de coherencia y resultan erróneas e ilógicas y sin sustento legal alguno, en consecuencia, la Pericia es contundente, coherente y reflejan la veracidad de su contenido, siendo concordante con la pretensión Fiscal, demostrándose a través de la misma y del análisis en su conjunto con toda la prueba, la responsabilidad de los acusados en los delito que se le presentó proceso.- Esta valoración realizada por el Tribunal, es totalmente errada pues ha pretendido justificar infundadamente y de forma inexplicable el actuar de los Acusados.- Aquí resulta importante traer a colación el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la valoración de la prueba pericial, que señala: “ esta Sala de Casación muchos de los razonamientos externados por el Sentenciador en este apartado son contrarios a las reglas de la sana crítica; por ejemplo establece que ni el dictamen, ni lo manifestado tanto por el perito oficial como por el consultor técnico merecen credibilidad para sustentar los saldos no justificados, razonamiento que no cuenta con prueba que justifique ese juicio de valor, además, que es contrario d principio lógico de no contradicción, pues por una lado establece que no le concede credibilidad a la perito forense y a la consultora de la defensa, pero al final de razonar la prueba concluye que no es posible determinar que los ingresos del imputado sean de actividades incita, es decir el Sentenciador incurre en el error de constituirse en perito/juez, recordemos que los peritos son personas especializadas en alguna técnica o experticia que mediante sus conocimiento técnicos y prácticos instruyen al Juzgador en aquellos temas o aspectos que los togados no poseen, pues como lo hemos reiterado en otras sentencias los jueces no son todólogos, es decir no manejan todos y cada una de las ciencias o técnicas que existen; al establecer que no te merecen credibilidad ni la posición del perito oficial ni la del consultor privado, pero concluye que no es posible determinar que los bienes y activos del ahora acusado sean de procedencia ilícita, se está convirtiendo en un perito más con facultades que los jueces no poseen; si no existe posibilidad de dar credibilidad a ninguno de los peritos su conclusión será prueba insuficiente y en base a ese criterio absolver de toda responsabilidad, pero tal como lo justificó en la presente sentencia incurre gravemente en violación al principio lógico de no contradicción. También refiere el Juzgador que concluye en esa afirmación de no concederle credibilidad ni al perito del Ministerio Público ni al de la Defensa, al relacionar este medio de prueba con el resto de prueba evacuada en el juicio, consistentes en medios documentales, testificales y periciales, no solo de cargo, sino también de descargo introducidos por la defensa; al respecto considera esta Sala de lo Penal que el Juez A-quo incurre con esta aseveración en violación a la regla lógica de derivación, pues si bien refiere que ese criterio lo justifica con la prueba documental, testifical y pericial no solo de cargo sino de descargo, deja a la imaginación del lector a qué prueba se refiere, pues recordemos que el Juzgador debe ser claro en determinar con cuales medios probatorios llega a ciertos conclusiones, no puede simplemente generalizar y establecer que con la prueba documental, testifical y pericial, pues no está cumpliendo con su obligación de establecer en sus juicios de valor de donde deriva esas conclusiones, faltando el Sentenciador a las reglas del correcto pensamiento humano. De igual manera establecen los Sentenciadores, que en ninguna parte de ese dictamen se mencionó que los ingresos de la familia Motiño-Ferraro, provengan de operaciones ilegales y tampoco se acreditó respecto de los 7500 dólares que se encontraron en el taller DUPONT, estos estuviesen en posesión o a disposición del acusado; en referencia a esta conclusión, nuevamente incurre en violación a la regla lógica de razón suficiente el Juzgador, pues si el perito oficial hubiese concluido que los ingresos de la familia Motiño-Ferraro provenían de operaciones ilegales eso sí sería efectuar juicios de valor que solo le corresponde concluir a los jueces, entiende esta Sala de Casación y tal como lo estableció el propio Sentenciador en su fallo página 22: “ La finalidad de este dictamen era: a) Realizar estudio pericial patrimonial con el fin de establecer si el monto de los fondos generados por las actividades mercantiles y la documentación recolectada en la investigación: b) El análisis patrimonial presentado por la defensa del imputado y la documentación de respaldo, justica la adquisición de activos que conforman su patrimonio y las erogaciones realizadas por lo cual deberá precisar los aspectos siguientes: c) Cuantificar el patrimonio incluyendo bienes muebles e inmuebles, activos financieros y otros: d) Verificar los ingresos y egresos realizados conforme la actividad económica realizada por el señor José Santiago Motiño López y su núcleo familiar; e) Comparar los ingresos obtenidos en el desarrollo de sus actividades económicas con sus depósitos bancarios incluyendo esposas e hijos. Establecer como resultado del análisis las diferencias existentes en el patrimonio del imputado y su núcleo familiar y al mismo tiempo si tiene causa legal económica de su procedencia.” Ante tal aseveración del propio Tribunal Sentenciador y la conclusión de que el peritaje financiero no estableció la ilicitud o no de los ingresos de la familia Motiño-Ferraro falta a la lógica en su principio de razón suficiente, pues ese dato no era la fmalidad o el objetivo de dicha pericia, esa era la conclusión a la que tenía que llegar el Juzgador en base a las pruebas ofertados por el Ministerio Público o desvirtuar dichas acusaciones con la prueba de la defensa; falta también al principio de razón suficiente de la regla lógica al establecer que no se acreditó que los 7500 lempiras encontrados en e1 taller eran propiedad del ahora acusado, sin embargo se escuchó la declaración del agente de investigación Lester Joselico Rodríguez, quien al entrevistar al señor Jorge Castillo y ser este una de las personas que trabajaban en ese establecimiento, afirmó que el propio Motiño López le había dado 2 mil dólares para compra de materiales, por lo que el razonamiento del Sentenciador es contrario a las normas del correcto pensamiento humano. Al hacer una revisión de la sentencia recurrida es posible verificar que la perito oficial del Ministerio Público que efectuó el análisis patrimonial de la familia del acusado1 si tomó en cuenta tanto Ios ingresos como los egresos, haciendo un detalle de los egresos entre bienes adquiridos salidas de efectivo entre otros; por lo que el Juzgador al afirmar que la perito no tomó en consideración los egresos violenta gravemente el principio lógico de veracidad. Por todas estas razones es procedente estimar ha lugar el presente recurso de casación, anular la sentencia recurrida y el debate celebrado y ordenar la realización de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron”.[13] De la Jurisprudencia citada no cabe duda que el Tribunal ha hecho una valoración incorrecta del Informe financiero y Patrimonial en esta causa. En ese orden de ideas, el Tribunal Sentenciador, también ha tratado de ignorar El Dictamen Técnico de valoración de propiedades realizado por una persona experta en la materia, ello bajo el argumento de que: “esta prueba fue insumo de la perito financiero por lo cual al no sumar ni restar nada en relación a los montos no justificados, no tiene sentido hacer una valoración aparte en cuanto a este medio de prueba”[14] , es decir realmente de forma superficial cuestiona la pericia, sin analizar el contenido de la misma, la forma en la que fue realizada, y los documentos e investigaciones que le respaldan, por tanto las valoraciones del Tribunal respecto a esta pericia, determinan especialmente, a que se aleja de los principios lógicos formales y de los criterios de valoración de prueba establecidos mediante Jurisprudencia por la Honorable Sala de lo Penal, pues no hace una valoración conjunta de éstas confrontándolas entre sí, contrario a eso, nuevamente realiza apreciaciones de forma aislada o individual.- En consecuencia, La derivación a la que llegó el Tribunal, se debió a que no llevó a cabo una valoración de la prueba conforme a la Sana Crítica, pues tampoco realizó una valoración conjunta de todo el andamiaje probatorio allegado al proceso, sino que erradamente fue valorando la prueba de forma individual o en bloques de medios probatorios, a su arbitrio; resultando con ello en una valoración distorsionada y equívoca de lo demostrado con la prueba; pues el sentenciador debió llevar a cabo una valoración de todos los medios probatorios allegados a juicio, de forma conjunta, coherente y armónica ,de la de cargo, lo que le hubiera permitido arribar a una conclusión acertada, y apegada a realidad derivada de la prueba; sin embargo, al no realizarlo de dicha manera, arribó a una decisión errónea que se traduce en el vicio que ahora motiva el presente recurso. El juzgador con el fallo dado incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009 En ese mismo orden de ideas la Sala de lo Penal ha señalado sobre la valoración de la prueba lo siguiente: “La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina) pág. 156)> señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente. En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante-. Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles;4. Inequívoca 1 al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de Ios razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente. al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión”[15] Con base a lo expuesto, al analizar toda la prueba evacuada en el Juicio Oral; testifical, documental, y pericial, puede evidenciarse, que la misma es coherente y concluyente que ha sido totalmente corroborado entre sí, ha demostrado que los acusados HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, CARLOS SIWADY MEJIA, han creado empresas Farmacéuticas (fantasmas) con la finalidad de dar apariencia de licitud a fondos que provienen de actividades ilícitas (tráfico de Drogas), para poner de nuevo a disposición de los acusados las ganancias ilícitas, una vez ocultado su origen y con apariencia de legalidad, por lo que el informe pericial, reflejó cantidades de dinero que tanto sus ingresos y egresos no se han podido justificar y no son coherentes con los bienes y obligaciones, y los mismos no concuerdan con lo reportado en el sistema financiero nacional, consecuentemente se acreditó la responsabilidad de los acusados. En tal sentido, del análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad, siendo la probanza tendiente a vincular directamente a los acusados HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS; Y contra HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KART,A WALESKA BANEGAS ROSALES Y CARLOS SIWADY MEJIA por el delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA WL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA; conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica. La desacertada valoración que hace el Tribunal a la prueba pericial dictamen análisis financiero y patrimonial para restarle valía a probatoria, además de estar distante de la Sana Crítica, tampoco fue valorada de forma conjunta, por el contrario, expone apreciaciones y por tanto, conclusiones que no se derivan de lo demostrado con la prueba; pues la prueba pericial consistente en dictamen análisis financiero y patrimonial, como ya se expuso y detalló en los acápites anteriores, perfectamente se puede contrastar con el resto de la prueba testifical, documental y pericial evidenciándose su veracidad; pues la prueba evacuada fue suficiente y concluyente, demuestran responsabilidad de los acusados como autores de los hechos por los cuales se le acuso; por tanto, las apreciaciones del Tribunal, carecen de fundamento. Como sabemos, el sistema de valoración de prueba que rige a nuestro Código Procesal Penal, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de pruebas que lo llevan a un convencimiento, pero siempre su argumentación debe estar integrada por conclusiones obtenidas a partir de la probanza, así como de los principios de la Lógica, la Psicología y el Sentido Común. Voluntad del Legislador determinada en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Crítica en su postulado Lógico de la Derivación, es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal) al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad. En ese orden de ideas, la prueba aportada en juicio fue suficiente para acreditar la participación de HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, CARLOS SIWADY MEJIA, en la comisión de los hechos por los cuales fueron sometidos al proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio, arribó a una conclusión errónea, la cual no se deriva de una valoración de la prueba en su conjunto, pues de haber realizado dicha valoración en consonancia y acorde a una sana crítica racional, la conclusión a la que hubiese llegado sería justamente la opuesta, es decir, determinando la responsabilidad de Ios señores HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, MIILA WALESKA BANEGAS ROSALES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, MIILA WALESKA BANEGAS ROSALES Y CARLOS SIWADY MEJIA por el delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA WL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA Por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente en su característica de suficiencia y veracidad, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando, ya que como quedó evidenciado, que los señores HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES Y CARLOS SIWADY MEJIA por el delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA WL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA, dado que todos los elementos probatorios incorporados, nos conducen a ésta conclusión. Haciendo del conocimiento de la Honorable Sala de lo Penal, que el propósito de este recurso, no es que la Sala revalorice la prueba evacuada en el debate, sino que revise la legalidad de la decisión judicial, o sea que determine que en la valoración de la prueba, el Juzgador violento el principio lógico de Derivación, en su característica de Razón Suficiente, esto debido a lo ya establecido por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “[16] Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba”. La Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica, en su principio lógico de derivación en su características de suficiencia y veracidad, que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia;” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4)- Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: • Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. • Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. • Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación.• Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i. Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii. Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii. Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv. Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 1. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia. b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en ExP. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en ExP. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el ExP. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en ExP. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en ExP. 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: La nulidad de la sentencia impugnada y del juicio en la cual se dictó. La denuncia recursiva, da inicio señalando pronunciamientos que está Sala de lo Penal ha referido respecto de la violación de las reglas de la sana crítica, luego aqueja la recurrente, que el órgano jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio anunciado, pues, de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta, según la censora, no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad de los encausados, al ser la prueba armónica y coherente. A continuación, la censora se ocupa de transcribir el contenido de piezas probatorias evacuadas en debate: Testifical declaraciones de Allen Dejalme Huezo Pineda. Documental a. Oficio de la Secretaria de Junta Directiva del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras: b. Constancia del Colegio Médico de Honduras c. Oficio Agencias de Regulación Sanitaria: d. Oficio de la Dirección Regulación: e. Repuesta a Oficio de 19 de marzo de 2018 de la DLCN: f. Acta de Inspección del 20 de marzo del 2009: g. Certificación de Dictamen Toxicológico: h. Acta de Allanamiento a distintos lugares como ser: residencial Centro América, Actas de Inspección Vehículo Volkswagen y Álbum Fotográfico, casa del señor Henry Cruz Fonseca, Iris Sagrario Maldonado; Acta de allanamiento Comercial Iris (propietario Henry Cruz Fonseca), Acta de Allanamiento y Álbum fotográfico de Balneario Turicentro Sol y Arena; Álbum fotográfico de Allanamiento de Bella Oriente casa de habitación del señor Carlos Siwady; acta de allanamiento en colonia Centro América etapa cuatro; acta de allanamiento en colonia Centro América, casa de José Arnulfo Canales Flores; acta de allanamiento en colonia Centro América ubicada bloque 33, lote 31 casa 1629 reside Matia Nuñez Salinas (lugar Donde funciona Farmatec); acta de allanamiento en colonia Centro América, bloque 2 primera entrada propietario Henry Cruz Fonseca; acta de allanamiento en colonia Carrizal 2 propietario Henry Cruz Fonseca (donde funciona laboratorio pacific); acta de allanamiento en colonia Carrizal 2 (donde funciona Farmacia el Carrizal): Pericial a. Dictamen de avalúos de bienes inmuebles; b. Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial. Luego la censora señala que no comparte la conclusión absolutoria a la que arribó el tribunal de sentencia, pues (insiste) que se allego al proceso prueba contundente que refleja la participación de los acusados y señala de nueva cuenta los dictámenes antes referidos que relacionó con el resto de medios de prueba; concluyendo, que los señalamientos de los juzgadores, a su entender infringen las reglas de la sana crítica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad; afirma que con la prueba quedo acreditado que los acusados “…se dedican a la creación de empresas farmacéuticas, las cuales son utilizadas para dar apariencia de licitud al dinero adquiridos a través del ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo la pseudoefedrina, sustancia prohibida en el país, pues a través de las inspecciones se constató que muchas de las empresas creadas o que los acusados son socios o propietarios, o que han sido traspasadas o administradas por ellos, muchas de estas solo existen en papel, no físicamente, y algunas de ellas se les encontró con producto farmacéutico sin autorización para su venta (tramadol en los negocios administrados por la acusada Karla Banegas).- es decir, que la prueba evacuada nos orienta a concluir que la creación de múltiples farmacéuticas (diversas empresas fantasmas), acción con la cual los acusados pretenden cubrir el origen de los recursos generados mediante el ejercicio de actividades ilícitas (el ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo la pseudoefedrina) y con la finalidad de hacer que esos recursos ilícitos se integren al sistema financiero como dinero lícito.” Finaliza la censora, que, en base a lo expuesto, al analizar toda la prueba evacuada, puede evidenciarse, que la misma es coherente y concluyente, que ha sido totalmente corroborada entre sí. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación. Encuentra este Ad-Quem en el escrito de la censora expresiones como: “El Ministerio Público no comparte la conclusión a la que ha arribado el tribunal…”; “de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea de responsabilidad de los encausados…”; “…la Pericia es contundente, coherente y reflejan la veracidad de su contenido, siendo concordante con la pretensión del Fiscal, demostándose a través de la misma y del análisis en su conjunto con toda la prueba, la responsabilidad de los acusados…”, “…al analizar toda la prueba evacuada…”, “…del análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad…”, “…la prueba evacuada fue suficiente y concluyente, demuestra responsabilidad de los acusados….”, etc.- Expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo de la censora de que el Tribunal de Sentencia, emitió una decisión absolutoria cuando su pretensión era un pronunciamiento condenatorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo la recurrente y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal se encuentra con un nuevo recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público, en donde denuncia la violación del principio lógico de derivación, que integra la sana critica, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formuladas en la acusación, pues considera que de la valoración de la prueba se desprende la responsabilidad de los acusados por los delitos juzgados.- Como en muchos otros recursos, el Agente Fiscal hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal Casacional, que la Censora ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia, con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. Sobre esta deficiente técnica recursiva este Ad-Quem tiene un harto registro de sentencias dando respuesta al Ministerio Público sobre idénticos recursos planteados, por sin que ello haya motivado aun a que los agentes fiscales corrijan el cómo deben de plantear el recurso extraordinario de casación.- Es éste otro caso donde los agentes fiscales, desperdiciando recursos económicos de los contribuyentes, someten a consideración una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permite proceder a un estudio de fondo, con grave daño a la justicia. A lo largo de los últimos doce años la Sala de lo Penal ha emitido un mínimo de 48 sentencias mediante las cuales se resuelven múltiples recursos interpuestos por el Ministerio Público, todos ellos usando la misma técnica recursiva ineficaz y como consecuencia obteniendo la misma respuesta de parte de este Ad-Quem; se trata de recursos de casación por quebrantamiento de forma oponiendo como motivo la violación de las reglas a la sana critica, identificando como principio lógico vulnerado el de derivación, pero teniendo como desarrollo argumentativo la protesta por no haberse valorado los medios de prueba por parte del tribunal de sentencia en el mismo sentido pretendido por el Ministerio Público; dichas sentencias son:
No. Expediente de Casación o Radicado
Fecha de la Sentencia
…
No. Expediente de Casación o Radicado
Fecha de la Sentencia
143-2011
10/05/2011
015-2016
30/05/2019
139-2011
24/01/2013
497-2015
30/05/2019
377-2011
07/08/2013
313-2016
09/09/2019
089-2011
17/09/2013
196-2016
31/10/2019
128-2013
03/06/2014
227-2016
04/12/2019
469-2012
05/08/2014
465-2011
22/01/2020
124-2012
20/10/2015
165-2017
22/01/2020
432-2012
12/01/2016
359-2016
28/04/2020
344-2012
30/01/2017
033-2017
28/04/2020
112-2014
01/02/2018
029-2017
28/04/2020
285-2014
20/03/2018
046-2017
28/04/2020
043-2017
18/09/2018
366-2016
28/04/2020
339-2014
10/10/2018
276-2017
09/06/2020
376-2014
10/10/2018
354-2017
09/06/2020
356-2014
10/10/2018
432-2017
27/01/2021
114-2015
04/12/2018
070-2017
27/01/2021
186-2015
04/12/2018
070-2018
27/01/2021
120-2015
04/12/2018
148-2017
27/01/2021
152-2015
20/02/2019
080-2018
10/03/2021
146-2015
20/02/2019
199-2018
29/04/2021
352-2015
27/03/2019
186-2018
29/04/2021
174-2015
02/04/2019
457-2018
27/09/2021
341-2014
24/04/2019
287-2018
27/09/2021
147-2015
20/02/2019
308-2018
11/11/2021
Como se denota, han sido muchas las sentencias en donde la Sala de lo Penal ha señalado al ente fiscal, que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. No existe en el escrito del recurso la identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Desafortunadamente la recurrente acude a esta única instancia como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, cuando el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada.- Por tanto, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuestos por la Abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzáles, agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, que contiene el pronunciamiento Absolutorio en favor de los señores Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales y Henry Cruz Fonseca por los delitos de Lavado de Activos y Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras y de la Salud Pública respectivamente. En el caso del señor Carlos Siwady Mejía únicamente por el delito de Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-41-2023.
Wily Alexander Medina Perez
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL
“CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-41-2023, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 41-2023, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a los señores Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales y Henry Cruz Fonseca, por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras. SEGUNDO: Absolvió a los señores Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales, Henry Cruz Fonseca y Carlos Siwady Mejia, del delito de Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Publica. TERCERO: No Procedió la Condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. CUARTO: No Procedió el Comiso. QUINTO: Se ordenó extender carta de Libertad Definitiva a favor de los señores Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales, Henry Cruz Fonseca y Carlos Siwady Mejia una vez que la sentencia Adquiera carácter de firme. SEXTO: No Procedió declarar la responsabilidad civil de los Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales, Henry Cruz Fonseca y Carlos Siwady Mejia, en virtud del fallo absolutorio, ni costas contra el Ministerio Publico. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzáles, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzáles, agente fiscal del Ministerio Público, y Erick Gerardo Rodríguez Licona, Procurador Judicial del Estado de Honduras, en sus condiciones de recurrentes; los Abogados Juan Carlos Berganza Godoy, Gabriel Eduardo Oseguera Varela, Juan Carlos Sánchez Villalobos defensores privados de Karla Waleska Banegas Rosales; Henry Cruz Fonseca e Iris Sagrario Maldonado y Carlos Siwady Mejia respectivamente; todos en su condición de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: En fecha veinte (20) de marzo del año dos mil nueve (2009), miembros de la Dirección de Servicios Especiales de Seguridad, asignados al Aeropuerto Internacional de Toncontín en el área de guardatura fueron alertados acerca del contenido de unas cajas de medicamentos que venían en un vuelo de la Aerolínea Copa AIR, los cuales habían sido importados según el documento expedido para tal fin por el señor José Geovanny Cruz Fonseca en su condición de Gerente General de la Compañía Farmatec; una vez que se practicó la inspección de dicha carga se pudo corroborar que 12 cajas de medicamentos denominado SARINEX D y 7 cajas de medicamentos de LARA-D, a prueba de campo dieron positivo para Pseudoefedrina, componente este que había sido prohibido su venta y distribución en nuestro país mediante Decreto 246 del año 2009, por lo cual se procedió al decomiso de dicho medicamento.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzáles, agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR OUEBRANTAMIENTO DE FORMA. UNICO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. La Sala de lo Penal ha expresado que las reglas de la sana crítica “son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ella interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez” (Couture Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. De Palma. 3'' edición. Argentina1993.P2.-[17] En alusión a la violación de las Reglas de la Sana Crítica, la [18]Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) Penal, prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación Fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…” . (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal.*** Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica. Es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “... la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de 7a recta razón, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común ...” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 20119 del Exp 125-2010); de este modo “... las reglas de la Jana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza ” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001 del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09) de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010... Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio ...”. Al respecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha explicado los componentes de una valoración acorde a las Reglas de la Sana Crítica, para el caso citamos: “...La motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre si para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas- b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contrastantes que se anulen entre sí. c) Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: El razonamiento debe estar constituido por injerencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando”[19] El Ministerio Público, en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad de los encausados en los delitos por el cual se les acusó y que éstos son los autores materiales de los mismos, siendo la prueba allegada al proceso, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia entre la prueba testificales, documentales y prueba pericial; conclusión a la que llegamos en base a las consideraciones siguientes: 1. En la vista pública se contó con la declaración del Testigo Allem Dejalme Huezo Pineda: quien es agente investigador y realizó las diligencias investigativas del presente caso y manifestó cual fue el proceso investigativo, recolección de información, identificación de los partícipes en los hechos, así como remisión del informe respectivo. - 2. También se contó con prueba documental consistente en: a. Oficio de la Secretaria de Junta Directiva del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras: que acredita que Carlos Siwadi Mejía se encuentra registrado con número de colegiación 861.- (identificada en la Sentencia 2.1) b. Constancia del Colegio Médico de Honduras: que acredita que los señores Henry Cruz Fonseca, José Yovanny Cruz Fonseca y Carlos Siwady Mejía, no forman parte de esa Institución pues no están registrados.- (identificada en la Sentencia 2.2) c. Oficio Agencias de Regulación Sanitaria: mediante el cual indica el procedimiento y control para la venta de medicamento controlado de las empresas o droguerías privadas hacia los hospitales privados y clientes en general,; procedimiento de Importación de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias precursoras usadas en la fabricación de estupefacientes y psicotrópicos y base de datos sobre información de acusados y farmacias.- (identificada en la Sentencia 2.3) d. Oficio de la Dirección Regulación: sobre información proveniente de autoridades de la India reportan la falsificación de permisos de importación de productos a base de pseudoefedrina a favor de la empresa FARMATEC (identificada en la Sentencia 2.4) e. Repuesta a Oficio de 19 de marzo de 2018 de la DLCN: donde FARINTER y BAYER, señalan que los certificados de importación (utilizados por Farmatec) que originalmente estaban a su nombre fueron devueltos a la Dirección General de Regulación Sanitaria y no fueron utilizados por ellos.- (identificada en la Sentencia 2.5) f. Acta de Inspección del 20 de marzo del 2009: describe el hallazgo de una caja con medicamento SARINEX se practicó una prueba de ensayo de drogas de uso indebido, resultando positiva de presencia de efedrina o pseudoefedrina; una caja con medicamento Loratadina se practicó una prueba de ensayo de drogas de uso indebido, resultando positiva de presencia de efedrina o pseudoefedrina.(identificada en la Sentencia 2.6) y su Acta de Decomiso (identificada en la Sentencia 2.7) g. Certificación de Dictamen Toxicológico: indicio 3 Loratadina y 5 Sarinex resultado positivo a la pseudoefedrina; se describe dentro sus observaciones en los indicios ingresados e identificados como 3 y 5, que por tener dentro de su composición pseudoefedrina el cual está tipificado como un percusor esencial frecuentemente utilizado para la producción ilícita de drogas bajo control internacional específicamente para la síntesis de metanfetaminas y por la convención de las Naciones Unidas, contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de la que Honduras es signatario.- (identificada en la Sentencia 2.8) h. Acta de Allanamiento a distintos lugares como ser: residencial Centro América, Actas de Inspección Vehículo Volkswagen y Álbum Fotográfico, casa del señor Henry Cruz Fonseca, Iris Sagrario Maldonado; Acta de allanamiento Comercial Iris (propietario Henry Cruz Fonseca), Acta de Allanamiento y Álbum fotográfico de Balneario Turicentro Sol y Arena; Álbum fotográfico de Allanamiento de Bella Oriente casa de habitación del señor Carlos Siwady; acta de allanamiento en colonia Centro América etapa cuatro; acta de allanamiento en colonia Centro América, casa de José Arnulfo Canales Flores; acta de allanamiento en colonia Centro América ubicada bloque 33, lote 31 casa 1629 reside Matia Nuñez Salinas (lugar Donde funciona Farmatec); acta de allanamiento en colonia Centro América, bloque 2 primera entrada propietario Henry Cruz Fonseca; acta de allanamiento en colonia Carrizal 2 propietario Henry Cruz Fonseca (donde funciona laboratorio pacific); acta de allanamiento en colonia Carrizal 2 (donde funciona Farmacia el Carrizal): dando como resultado el hallazgo de múltiples escrituras públicas 3. Por otra parte se contó con prueba pericial consistente en: a).-Dictamen de Avalúos de Bienes Inmuebles elaborado por el perito Víctor Isaías Aguilar: mediante el cual se establece a cuánto ascienden económicamente los bienes que se le atribuyen a los acusados.-b) Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial elaborado por el perito Yajhaira López: mediante el cual se determina la situación financiera de los acusados, movimientos bancarios, ingresos e ingresos, movimientos patrimoniales y señalando múltiples inconsistencias, sin determinar su origen, no hay justificación, están orientados en el área farmacéutica, transacciones que no se ve reflejadas en el sistema financiero Nacional.- EL Juzgador al valorar la prueba evacuada en el juicio oral y público, en el acápite de Valoración conjunta de la prueba, estableció en relación al Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial, lo siguiente: I.“... Considera el Tribunal que a través de la relación de la prueba evacuada en este juicio no se logró probar que estos medicamentos tuviesen una finalidad ilícita o que su importación se debería a una elaboración de drogas sintéticas..., , solicitud que fueron resueltas 26 de mayo, 24 de junio y 05 de agosto del 2008, consecuentemente esas petitorias fueron 2008, es así que mediante acuerdo 246 de fecha 20 de enero del 2009, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 27 de enero del 2009..., tendrán un plazo de 60 días para comercializarlos prescritos y dispensados con receta médica, retenidos en los establecimientos autorizados, por tanto para estos jueces esta prueba no resulta ser vinculante para que los señores HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES Y CARLOS SIWADY MEJIA, sean autores de un delito de Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas ...”[20] El Tribunal erróneamente consideró que no se logró probar que estos medicamentos tuviesen una finalidad ilícita o que su importación se debería a una elaboración de drogas sintéticas y dicta un sentencia absolutoria aún y cuando admitió que se demostró que la empresa Farmacia y Tecnología FARMATEC solicitó la importación a india de varios medicamento que contenían el componente Pseudoefedrina, justificando el Tribunal, el accionar de los acusados, al señalar que esas petitorias fueron 2008, y el acuerdo 246 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 27 de enero del 2009..., daba un plazo de 60 días para comercializarlos, prescritos y dispensados con receta médica, retenidos en los establecimientos autorizados, por tanto para estos jueces esta prueba no resulta ser vinculante . . . ; Criterio que consideramos que no se apega a una sana crítica racional, ni se deriva de lo demostrado con la prueba de cargo evacuada en juicio, pues la prueba debió valorarse de forma conjunta y no aislada, como lo realizó el mismo, y siendo así, la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador sería definitivamente opuesta, es decir, a la responsabilidad de los acusados como autores directos de un delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS y LAVADO DE ACTIVOS, tal y como se explica a continuación: En relación a ésta apreciación por parte del Juzgador, es necesario hacer mención que se allego al proceso prueba contundente que refleja la participación de los acusados en los hechos por los cuales se les llevó a juicio, pues se demostró con el acta de inspección y decomiso, practicada el 20 de marzo del 2009 la existencia de medicamento Loratadina 210,000 tabletas y Sarinex 409,200 tabletas, que resultaron positivas con Pseudoefedrina, el cual es un percusor esencial frecuentemente utilizado para la producción ilícita de drogas, pues así lo determinó el Dictamen de laboratorio toxicológico con número 1959- 0755-2009, que el ingreso de dicho producto farmacéutico se realizó de forma irregular, además de que los permisos de importación utilizados por FARMATEC fueron adulterados por lo que no coinciden con los autorizados en su momento, ya que FARMATEC> no estaba autorizada para la importación de sustancia controladas, extremos que fueron corroborados con el oficio N. 117-ARSA-2017 de fecha 6 de septiembre del 2017 y Solicitud de Importaciones de Medicamentos prohibidos realizada por FARMATEC a Delta Pharma Limted de la India y el Oficio 004-GRS[21], información que fue confirmada por los representantes legales de las Farmacéuticas BAYER y FARINTER, quienes notificaron a la Dirección General de la Regulación Sanitaria que los permisos de exportación antes descritos (utilizados por FARMATEC) 13512, 13502 y 13635, correspondían a ellos pero no hicieron uso de tales permisos y que los habían devuelto a la Dirección General de Regulación Sanitaria, aspectos que se verificaron en el oficio DLC:N- 03-196-2018 de fecha 19 de marzo del 2019,[22] por lo que se confirmó el ingreso irregular del producto farmacéutico antes descrito; igualmente se practicaron varios allanamientos e inspecciones a la vivienda de los acusados, negocios, dando como resultado el decomiso de múltiples escrituras públicas de varias empresas farmacéuticas, comerciales y otros, muchas de ellas creadas por el señor CARLOS SIWADY MEJIA quien es químico farmacéutico y traspasadas a HENRY CRUZ FONSECA, otras creadas por HENRY CRUZ FONSECA a favor de sí mismo y otras traspasadas a IRIS SAGRARIO MALDONADO, muchos de estos negocios administrados por la señora KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, de los cuales se puedo acreditar la existencia de su sustancias controladas las cuales se vendía sin control correspondiente; asimismo se acreditó a través de las inspecciones la existencia de muchas farmacias y negocios los cuales no existían, pues al practicarla inspección en las direcciones señaladas estas solo existían en papeles, pero no existían físicamente; igualmente producto de los allanamientos se encontró una cantidad de blíster que decía Sarinex, también se encontraron cajas que venían dirigía Farmatec, extremos que fueron corroborados con el testimonio brindado por el agente de investigación Allem Dejalme Huezo Pineda.- quien aparte de practicar las diligencias de investigación, estableció que la inspección y decomiso del producto Farmacéutico prohibido correspondía a la empresa Farmacéutica de FARMATEC cuyo socios y propietarios los señores Henry Cruz Fonseca, Yovany Cruz Fonseca, Oscar Ivan Cruz y Katia Cruz, también tuvo acceso a información brindada por el Testigo protegido de nacionalidad Mexicana, denominado X1, quien manifestó que reunía con el señor José (propietario de farmacia Próceres y hermano de Henry Fonseca)[23], compraban medicamento que tuvieran Pseudoefedrina y que se los compraban a las farmacia Farmatec y Farmacia los Próceres (la cual nunca se encontró); y las transportaban a México para fabricar Metanfetamina, por lo que al practicarles un estudio Financiero Patrimonial a los acusados, se observa que estos presentan muchas diferencias de dinero, mismas que no se puede determinar el origen de los fondos no hay justificación de dinero, y así lo concluyó la perito Yajhaira López en su Dictamen Financiero Patrimonial.-[24] Por tanto los señalamiento de los Juzgadores, consideramos que infringen Las reglas restringen la Sana Critica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad, sus conclusiones carecen de fundamente y no derivan de la prueba evacuada en juicio; efectivamente los acusados se dedican a la creación de empresas farmacéuticas, las cuales son utilizadas para dar apariencia de licitud al dinero adquiridos a través del ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo la pseudoefedrina, sustancia prohibida en el país[25], pues a través de las inspecciones se constató que muchas de las empresas creadas o que los acusados son socios o propietarios, o que han sido traspasadas o administradas por ellos, muchas de estas solo existen en papel, no físicamente, y algunas de ellas se les encontró con producto farmacéutico sin autorización para su venta (tramadol en los negocios administrados por la acusada Karla Banegas).- es decir, que la prueba evacuada nos orienta a concluir que la creación de múltiples farmacéuticas (diversas empresas fantasmas), acción con la cual los acusados pretenden cubrir el origen de los recursos generados mediante el ejercicio de actividades ilícitas (el ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo la pseudoefedrina) y con la finalidad de hacer que esos recursos ilícitos se integren al sistema financiero como dinero lícito. Por otra parte, no se comprende, por qué el Sentenciador no apreció adecuadamente el contenido de la prueba desarrollada en juicio o porque la valora de forma sesgada, tal es el caso donde el Tribunal concluye que el señor CARLOS SIWADY MEJIA, “ que no podemos llegar la conclusión que el Dr. Carlos Siwady Mejía creaba empresas farmacéuticas para trasladarlas a la familia Cruz Fonseca y que por esa acción cometió el delito de actos Preparatorios para el Tráfico Ilícito de Drogas”[26] conclusión a la que arribó el Tribunal haciendo una valoración aislada de esta Prueba, pues de haberla analizado de forma conjunta con el resto de la prueba, sus apreciaciones serian diferentes, pues lo relevante no es la creación de las empresas, sino cual es la finalidad de la creación de las empresas y a quien se las traspasaba, de la prueba evacuada en juicio y analizada en su conjunto, se desprende, que el señor Siwady es la persona en el área de la salud, por lo que su participación es importante en la creación de las farmacias, así lo dio por acreditado el Tribunal, al establecer que a creación y traslado de empresas a la Familia Cruz Fonseca no puede ser constitutivo de delito, sin embargo, el Tribunal hace una valoración sesgada, pues no toma en cuenta el contexto de los hechos, de los mismos se aprecia que la intención es borrar el rastro ilícito para evitar cualquier intento de seguimiento, es decir los acusados forman parte de un grupo que utilizan esta actividad para aparentar legalidad de sus recurso, y tal como se demostró con la prueba, la creación de estas empresas es una sólida estrategia, muchas de estas empresas no se encontraron sus direcciones, pues son solo fachadas utilizadas para dar apariencia de licitud a sus actividades ilícitas y buscan ocultar su origen ilícito, cuando en realidad provino de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, siendo el señor Carlos Siwady un miembro importante dentro de la organización delictiva, donde tenía un rol asignado en la misma, pues así se acredito con la dinámica de sus actos. - Por lo que resulta importante hacer referencia a o que la doctrina establece sobre este delito de lavado de activos “Según se ha venido afirmando desde la doctrina italiana, el riciclaggio no es más que un ejercicio de separación a partir del cual se procura el alejamiento de unos determinados bienes respecto de su origen ilícito. De este modo, conforme esa riqueza sea progresivamente distanciada de su efectiva procedencia –o lo que es lo mismo, a medida que se oculten todas aquellas trazas que permitirían descubrir su auténtica naturaleza e impedirían la reintroducción de tales bienes en el mercado lícito–, mejor será el resultado de la regularización y mayor la consistencia de esa apariencia de legalidad. Así las cosas, no debería de extrañar el empleo que, en sentido figurado, se hace habitualmente de los vocablos “blanqueo”, “lavado” o “legitimación” tanto en los medios de comunicación de masas como incluso entre los círculos jurídicos y económicos. Y es que, del mismo modo que hay ciertas manchas rebeldes que se resisten a la química de los mejores detergentes, los rendimientos procedentes de actividades criminales se encuentran marcados por la ilicitud de su origen. Por consiguiente, y como si de una prenda se tratase, en tales casos será preciso lavar una y otra vez ese capital sucio hasta obtener los resultados deseados, es decir, hasta que la riqueza haya sido alejada lo suficiente de su procedencia ilegal como para que las diferentes instancias de control no puedan identificar su verdadera naturaleza. En suma, con independencia de que la reconversión de capitales se verifique mediante la puesta en práctica de una sucesión de operaciones puntuales cambio de divisas, transferencias bancarias, adquisición de títulos o de inmuebles, constitución de sociedades, etc. , no parece que la última meta perseguida la plena limpieza de esa riqueza se obtenga de una forma instantánea o inmediata, sino en virtud de un progresivo “proceso a través del cual se oculta la existencia de ingresos, o la ilegalidad de su procedencia o de su destino, a fm de simular su auténtica naturaleza y así conseguir que parezcan legítimos”, tal y como se pronunciaba en 1984 la Comisión Presidencial sobre Crimen Organizado estadounidense. Indudablemente, cada una de esas operaciones tenderá a facilitar la regularización perseguida, pero será preciso efectuar una serie de ellas hasta conseguir el nivel de blancura deseado: el suficiente grado de ocultamiento del origen de tales ingresos para poderlos reintegrar en los cauces económicos regulares sin levantar sospechas o, al menos, sin que el origen ilícito de los mismos pueda ser demostrado. Partiendo de ese concepto dinámico de blanqueo de capitales, diversas fuentes han tratado de analizar el fenómeno mediante el establecimiento de una serie de fases o estadios a lo largo de los cuales tendría lugar la aparente normalización de esos rendimientos ilícitos. En tal sentido, el GAFI acometió desde los comienzos de su andadura el estudio de la cuestión en base a la existencia de tres etapas sucesivas claramente diferenciadas. Según las estimaciones del citado organismo internacional, la primera de ellas fase de colocación estaría destinada a hacer desaparecer la enorme cantidad de dinero en metálico derivado de actividades ilegales mediante el depósito del mismo en manos de intermediarios financieros, la adquisición de títulos al portador, etc. Una vez reducido ese ingente numerario, el patrimonio resultante quedaría sometido en segunda instancia a un buen número de transacciones –fase de conversión– dirigidas a asegurar en lo posible el distanciamiento de esos bienes respecto de su origen ilícito. Finalmente, el blanqueo concluiría con la fase de integración, en la que la riqueza obtendría la definitiva máscara de licitud mediante la oportuna introducción en los cauces económicos regulares.”[27] Circunstancias que se aprecian en el caso en estudio. - Por otro lado, Referente Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial elaborado por el perito Yajhaira López, las apreciaciones del Tribunal carecen de fundamente, en consecuencia consideramos que no se apega a una sana crítica racional, ni deriva de lo demostrado con la prueba pericial, además, que los Juzgadores no cuentan con la experticia pertinente para restarle valor probatorio a dicho medio de prueba, por otra parte manifiestan que la pericia es subjetiva por no contar con la información investigativa, pero su vez el Tribunal es del criterio que la prueba pericial de cargo no logró acreditar a probar la comisión del delito de lavado de activos, la analista financiera que ratificó el dictamen no realizó un análisis conjunto de los activos de los acusados, por los cuales sus conclusiones no merecen credibilidad.- en este último caso, es imposible soslayar que el acusado tena suficiente ingresos mediante las farmacias como para haber tenido en su cuenta Ict cantidad de 5,673,028.78 lo que denota en sus estados contables un desorden en cuanto al manejo dIos ingresos del señor Cruz, Fonseca, lo que pudo haber provocado una confusión en cuanto a la totalidad de sus ingreso”[28] . Por lo que sus valoraciones carecen de coherencia y resultan erróneas e ilógicas y sin sustento legal alguno, en consecuencia, la Pericia es contundente, coherente y reflejan la veracidad de su contenido, siendo concordante con la pretensión Fiscal, demostrándose a través de la misma y del análisis en su conjunto con toda la prueba, la responsabilidad de los acusados en los delito que se le presentó proceso.- Esta valoración realizada por el Tribunal, es totalmente errada pues ha pretendido justificar infundadamente y de forma inexplicable el actuar de los Acusados.- Aquí resulta importante traer a colación el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la valoración de la prueba pericial, que señala: “ esta Sala de Casación muchos de los razonamientos externados por el Sentenciador en este apartado son contrarios a las reglas de la sana crítica; por ejemplo establece que ni el dictamen, ni lo manifestado tanto por el perito oficial como por el consultor técnico merecen credibilidad para sustentar los saldos no justificados, razonamiento que no cuenta con prueba que justifique ese juicio de valor, además, que es contrario d principio lógico de no contradicción, pues por una lado establece que no le concede credibilidad a la perito forense y a la consultora de la defensa, pero al final de razonar la prueba concluye que no es posible determinar que los ingresos del imputado sean de actividades incita, es decir el Sentenciador incurre en el error de constituirse en perito/juez, recordemos que los peritos son personas especializadas en alguna técnica o experticia que mediante sus conocimiento técnicos y prácticos instruyen al Juzgador en aquellos temas o aspectos que los togados no poseen, pues como lo hemos reiterado en otras sentencias los jueces no son todólogos, es decir no manejan todos y cada una de las ciencias o técnicas que existen; al establecer que no te merecen credibilidad ni la posición del perito oficial ni la del consultor privado, pero concluye que no es posible determinar que los bienes y activos del ahora acusado sean de procedencia ilícita, se está convirtiendo en un perito más con facultades que los jueces no poseen; si no existe posibilidad de dar credibilidad a ninguno de los peritos su conclusión será prueba insuficiente y en base a ese criterio absolver de toda responsabilidad, pero tal como lo justificó en la presente sentencia incurre gravemente en violación al principio lógico de no contradicción. También refiere el Juzgador que concluye en esa afirmación de no concederle credibilidad ni al perito del Ministerio Público ni al de la Defensa, al relacionar este medio de prueba con el resto de prueba evacuada en el juicio, consistentes en medios documentales, testificales y periciales, no solo de cargo, sino también de descargo introducidos por la defensa; al respecto considera esta Sala de lo Penal que el Juez A-quo incurre con esta aseveración en violación a la regla lógica de derivación, pues si bien refiere que ese criterio lo justifica con la prueba documental, testifical y pericial no solo de cargo sino de descargo, deja a la imaginación del lector a qué prueba se refiere, pues recordemos que el Juzgador debe ser claro en determinar con cuales medios probatorios llega a ciertos conclusiones, no puede simplemente generalizar y establecer que con la prueba documental, testifical y pericial, pues no está cumpliendo con su obligación de establecer en sus juicios de valor de donde deriva esas conclusiones, faltando el Sentenciador a las reglas del correcto pensamiento humano. De igual manera establecen los Sentenciadores, que en ninguna parte de ese dictamen se mencionó que los ingresos de la familia Motiño-Ferraro, provengan de operaciones ilegales y tampoco se acreditó respecto de los 7500 dólares que se encontraron en el taller DUPONT, estos estuviesen en posesión o a disposición del acusado; en referencia a esta conclusión, nuevamente incurre en violación a la regla lógica de razón suficiente el Juzgador, pues si el perito oficial hubiese concluido que los ingresos de la familia Motiño-Ferraro provenían de operaciones ilegales eso sí sería efectuar juicios de valor que solo le corresponde concluir a los jueces, entiende esta Sala de Casación y tal como lo estableció el propio Sentenciador en su fallo página 22: “ La finalidad de este dictamen era: a) Realizar estudio pericial patrimonial con el fin de establecer si el monto de los fondos generados por las actividades mercantiles y la documentación recolectada en la investigación: b) El análisis patrimonial presentado por la defensa del imputado y la documentación de respaldo, justica la adquisición de activos que conforman su patrimonio y las erogaciones realizadas por lo cual deberá precisar los aspectos siguientes: c) Cuantificar el patrimonio incluyendo bienes muebles e inmuebles, activos financieros y otros: d) Verificar los ingresos y egresos realizados conforme la actividad económica realizada por el señor José Santiago Motiño López y su núcleo familiar; e) Comparar los ingresos obtenidos en el desarrollo de sus actividades económicas con sus depósitos bancarios incluyendo esposas e hijos. Establecer como resultado del análisis las diferencias existentes en el patrimonio del imputado y su núcleo familiar y al mismo tiempo si tiene causa legal económica de su procedencia.” Ante tal aseveración del propio Tribunal Sentenciador y la conclusión de que el peritaje financiero no estableció la ilicitud o no de los ingresos de la familia Motiño-Ferraro falta a la lógica en su principio de razón suficiente, pues ese dato no era la fmalidad o el objetivo de dicha pericia, esa era la conclusión a la que tenía que llegar el Juzgador en base a las pruebas ofertados por el Ministerio Público o desvirtuar dichas acusaciones con la prueba de la defensa; falta también al principio de razón suficiente de la regla lógica al establecer que no se acreditó que los 7500 lempiras encontrados en e1 taller eran propiedad del ahora acusado, sin embargo se escuchó la declaración del agente de investigación Lester Joselico Rodríguez, quien al entrevistar al señor Jorge Castillo y ser este una de las personas que trabajaban en ese establecimiento, afirmó que el propio Motiño López le había dado 2 mil dólares para compra de materiales, por lo que el razonamiento del Sentenciador es contrario a las normas del correcto pensamiento humano. Al hacer una revisión de la sentencia recurrida es posible verificar que la perito oficial del Ministerio Público que efectuó el análisis patrimonial de la familia del acusado1 si tomó en cuenta tanto Ios ingresos como los egresos, haciendo un detalle de los egresos entre bienes adquiridos salidas de efectivo entre otros; por lo que el Juzgador al afirmar que la perito no tomó en consideración los egresos violenta gravemente el principio lógico de veracidad. Por todas estas razones es procedente estimar ha lugar el presente recurso de casación, anular la sentencia recurrida y el debate celebrado y ordenar la realización de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron”.[29] De la Jurisprudencia citada no cabe duda que el Tribunal ha hecho una valoración incorrecta del Informe financiero y Patrimonial en esta causa. En ese orden de ideas, el Tribunal Sentenciador, también ha tratado de ignorar El Dictamen Técnico de valoración de propiedades realizado por una persona experta en la materia, ello bajo el argumento de que: “esta prueba fue insumo de la perito financiero por lo cual al no sumar ni restar nada en relación a los montos no justificados, no tiene sentido hacer una valoración aparte en cuanto a este medio de prueba”[30] , es decir realmente de forma superficial cuestiona la pericia, sin analizar el contenido de la misma, la forma en la que fue realizada, y los documentos e investigaciones que le respaldan, por tanto las valoraciones del Tribunal respecto a esta pericia, determinan especialmente, a que se aleja de los principios lógicos formales y de los criterios de valoración de prueba establecidos mediante Jurisprudencia por la Honorable Sala de lo Penal, pues no hace una valoración conjunta de éstas confrontándolas entre sí, contrario a eso, nuevamente realiza apreciaciones de forma aislada o individual.- En consecuencia, La derivación a la que llegó el Tribunal, se debió a que no llevó a cabo una valoración de la prueba conforme a la Sana Crítica, pues tampoco realizó una valoración conjunta de todo el andamiaje probatorio allegado al proceso, sino que erradamente fue valorando la prueba de forma individual o en bloques de medios probatorios, a su arbitrio; resultando con ello en una valoración distorsionada y equívoca de lo demostrado con la prueba; pues el sentenciador debió llevar a cabo una valoración de todos los medios probatorios allegados a juicio, de forma conjunta, coherente y armónica ,de la de cargo, lo que le hubiera permitido arribar a una conclusión acertada, y apegada a realidad derivada de la prueba; sin embargo, al no realizarlo de dicha manera, arribó a una decisión errónea que se traduce en el vicio que ahora motiva el presente recurso. El juzgador con el fallo dado incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009 En ese mismo orden de ideas la Sala de lo Penal ha señalado sobre la valoración de la prueba lo siguiente: “La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina) pág. 156)> señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente. En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante-. Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles;4. Inequívoca 1 al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de Ios razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente. al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión”[31] Con base a lo expuesto, al analizar toda la prueba evacuada en el Juicio Oral; testifical, documental, y pericial, puede evidenciarse, que la misma es coherente y concluyente que ha sido totalmente corroborado entre sí, ha demostrado que los acusados HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, CARLOS SIWADY MEJIA, han creado empresas Farmacéuticas (fantasmas) con la finalidad de dar apariencia de licitud a fondos que provienen de actividades ilícitas (tráfico de Drogas), para poner de nuevo a disposición de los acusados las ganancias ilícitas, una vez ocultado su origen y con apariencia de legalidad, por lo que el informe pericial, reflejó cantidades de dinero que tanto sus ingresos y egresos no se han podido justificar y no son coherentes con los bienes y obligaciones, y los mismos no concuerdan con lo reportado en el sistema financiero nacional, consecuentemente se acreditó la responsabilidad de los acusados. En tal sentido, del análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad, siendo la probanza tendiente a vincular directamente a los acusados HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS; Y contra HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KART,A WALESKA BANEGAS ROSALES Y CARLOS SIWADY MEJIA por el delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA WL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA; conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica. La desacertada valoración que hace el Tribunal a la prueba pericial dictamen análisis financiero y patrimonial para restarle valía a probatoria, además de estar distante de la Sana Crítica, tampoco fue valorada de forma conjunta, por el contrario, expone apreciaciones y por tanto, conclusiones que no se derivan de lo demostrado con la prueba; pues la prueba pericial consistente en dictamen análisis financiero y patrimonial, como ya se expuso y detalló en los acápites anteriores, perfectamente se puede contrastar con el resto de la prueba testifical, documental y pericial evidenciándose su veracidad; pues la prueba evacuada fue suficiente y concluyente, demuestran responsabilidad de los acusados como autores de los hechos por los cuales se le acuso; por tanto, las apreciaciones del Tribunal, carecen de fundamento. Como sabemos, el sistema de valoración de prueba que rige a nuestro Código Procesal Penal, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de pruebas que lo llevan a un convencimiento, pero siempre su argumentación debe estar integrada por conclusiones obtenidas a partir de la probanza, así como de los principios de la Lógica, la Psicología y el Sentido Común. Voluntad del Legislador determinada en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Crítica en su postulado Lógico de la Derivación, es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal) al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad. En ese orden de ideas, la prueba aportada en juicio fue suficiente para acreditar la participación de HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, CARLOS SIWADY MEJIA, en la comisión de los hechos por los cuales fueron sometidos al proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio, arribó a una conclusión errónea, la cual no se deriva de una valoración de la prueba en su conjunto, pues de haber realizado dicha valoración en consonancia y acorde a una sana crítica racional, la conclusión a la que hubiese llegado sería justamente la opuesta, es decir, determinando la responsabilidad de Ios señores HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, MIILA WALESKA BANEGAS ROSALES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, MIILA WALESKA BANEGAS ROSALES Y CARLOS SIWADY MEJIA por el delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA WL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA Por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente en su característica de suficiencia y veracidad, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando, ya que como quedó evidenciado, que los señores HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de ORDEN SOCIOECONÓMICO DEL ESTADO DE HONDURAS; y contra HENRY CRUZ FONSECA, IRIS SAGRARIO MALDONADO ROSALES, KARLA WALESKA BANEGAS ROSALES Y CARLOS SIWADY MEJIA por el delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA WL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA, dado que todos los elementos probatorios incorporados, nos conducen a ésta conclusión. Haciendo del conocimiento de la Honorable Sala de lo Penal, que el propósito de este recurso, no es que la Sala revalorice la prueba evacuada en el debate, sino que revise la legalidad de la decisión judicial, o sea que determine que en la valoración de la prueba, el Juzgador violento el principio lógico de Derivación, en su característica de Razón Suficiente, esto debido a lo ya establecido por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “[32] Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba”. La Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica, en su principio lógico de derivación en su características de suficiencia y veracidad, que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia;” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4)- Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: • Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. • Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. • Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación.• Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i. Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii. Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii. Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv. Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 1. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia. b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en ExP. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en ExP. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el ExP. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en ExP. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en ExP. 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: La nulidad de la sentencia impugnada y del juicio en la cual se dictó. La denuncia recursiva, da inicio señalando pronunciamientos que está Sala de lo Penal ha referido respecto de la violación de las reglas de la sana crítica, luego aqueja la recurrente, que el órgano jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio anunciado, pues, de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta, según la censora, no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad de los encausados, al ser la prueba armónica y coherente. A continuación, la censora se ocupa de transcribir el contenido de piezas probatorias evacuadas en debate: Testifical declaraciones de Allen Dejalme Huezo Pineda. Documental a. Oficio de la Secretaria de Junta Directiva del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras: b. Constancia del Colegio Médico de Honduras c. Oficio Agencias de Regulación Sanitaria: d. Oficio de la Dirección Regulación: e. Repuesta a Oficio de 19 de marzo de 2018 de la DLCN: f. Acta de Inspección del 20 de marzo del 2009: g. Certificación de Dictamen Toxicológico: h. Acta de Allanamiento a distintos lugares como ser: residencial Centro América, Actas de Inspección Vehículo Volkswagen y Álbum Fotográfico, casa del señor Henry Cruz Fonseca, Iris Sagrario Maldonado; Acta de allanamiento Comercial Iris (propietario Henry Cruz Fonseca), Acta de Allanamiento y Álbum fotográfico de Balneario Turicentro Sol y Arena; Álbum fotográfico de Allanamiento de Bella Oriente casa de habitación del señor Carlos Siwady; acta de allanamiento en colonia Centro América etapa cuatro; acta de allanamiento en colonia Centro América, casa de José Arnulfo Canales Flores; acta de allanamiento en colonia Centro América ubicada bloque 33, lote 31 casa 1629 reside Matia Nuñez Salinas (lugar Donde funciona Farmatec); acta de allanamiento en colonia Centro América, bloque 2 primera entrada propietario Henry Cruz Fonseca; acta de allanamiento en colonia Carrizal 2 propietario Henry Cruz Fonseca (donde funciona laboratorio pacific); acta de allanamiento en colonia Carrizal 2 (donde funciona Farmacia el Carrizal): Pericial a. Dictamen de avalúos de bienes inmuebles; b. Dictamen de Análisis Financiero y Patrimonial. Luego la censora señala que no comparte la conclusión absolutoria a la que arribó el tribunal de sentencia, pues (insiste) que se allego al proceso prueba contundente que refleja la participación de los acusados y señala de nueva cuenta los dictámenes antes referidos que relacionó con el resto de medios de prueba; concluyendo, que los señalamientos de los juzgadores, a su entender infringen las reglas de la sana crítica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad; afirma que con la prueba quedo acreditado que los acusados “…se dedican a la creación de empresas farmacéuticas, las cuales son utilizadas para dar apariencia de licitud al dinero adquiridos a través del ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo la pseudoefedrina, sustancia prohibida en el país, pues a través de las inspecciones se constató que muchas de las empresas creadas o que los acusados son socios o propietarios, o que han sido traspasadas o administradas por ellos, muchas de estas solo existen en papel, no físicamente, y algunas de ellas se les encontró con producto farmacéutico sin autorización para su venta (tramadol en los negocios administrados por la acusada Karla Banegas).- es decir, que la prueba evacuada nos orienta a concluir que la creación de múltiples farmacéuticas (diversas empresas fantasmas), acción con la cual los acusados pretenden cubrir el origen de los recursos generados mediante el ejercicio de actividades ilícitas (el ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo la pseudoefedrina) y con la finalidad de hacer que esos recursos ilícitos se integren al sistema financiero como dinero lícito.” Finaliza la censora, que, en base a lo expuesto, al analizar toda la prueba evacuada, puede evidenciarse, que la misma es coherente y concluyente, que ha sido totalmente corroborada entre sí. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación. Encuentra este Ad-Quem en el escrito de la censora expresiones como: “El Ministerio Público no comparte la conclusión a la que ha arribado el tribunal…”; “de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea de responsabilidad de los encausados…”; “…la Pericia es contundente, coherente y reflejan la veracidad de su contenido, siendo concordante con la pretensión del Fiscal, demostándose a través de la misma y del análisis en su conjunto con toda la prueba, la responsabilidad de los acusados…”, “…al analizar toda la prueba evacuada…”, “…del análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad…”, “…la prueba evacuada fue suficiente y concluyente, demuestra responsabilidad de los acusados….”, etc.- Expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo de la censora de que el Tribunal de Sentencia, emitió una decisión absolutoria cuando su pretensión era un pronunciamiento condenatorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo la recurrente y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal se encuentra con un nuevo recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público, en donde denuncia la violación del principio lógico de derivación, que integra la sana critica, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formuladas en la acusación, pues considera que de la valoración de la prueba se desprende la responsabilidad de los acusados por los delitos juzgados.- Como en muchos otros recursos, el Agente Fiscal hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal Casacional, que la Censora ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia, con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. Sobre esta deficiente técnica recursiva este Ad-Quem tiene un harto registro de sentencias dando respuesta al Ministerio Público sobre idénticos recursos planteados, por sin que ello haya motivado aun a que los agentes fiscales corrijan el cómo deben de plantear el recurso extraordinario de casación.- Es éste otro caso donde los agentes fiscales, desperdiciando recursos económicos de los contribuyentes, someten a consideración una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permite proceder a un estudio de fondo, con grave daño a la justicia. A lo largo de los últimos doce años la Sala de lo Penal ha emitido un mínimo de 48 sentencias mediante las cuales se resuelven múltiples recursos interpuestos por el Ministerio Público, todos ellos usando la misma técnica recursiva ineficaz y como consecuencia obteniendo la misma respuesta de parte de este Ad-Quem; se trata de recursos de casación por quebrantamiento de forma oponiendo como motivo la violación de las reglas a la sana critica, identificando como principio lógico vulnerado el de derivación, pero teniendo como desarrollo argumentativo la protesta por no haberse valorado los medios de prueba por parte del tribunal de sentencia en el mismo sentido pretendido por el Ministerio Público; dichas sentencias son:
No. Expediente de Casación o Radicado
Fecha de la Sentencia
…
No. Expediente de Casación o Radicado
Fecha de la Sentencia
143-2011
10/05/2011
015-2016
30/05/2019
139-2011
24/01/2013
497-2015
30/05/2019
377-2011
07/08/2013
313-2016
09/09/2019
089-2011
17/09/2013
196-2016
31/10/2019
128-2013
03/06/2014
227-2016
04/12/2019
469-2012
05/08/2014
465-2011
22/01/2020
124-2012
20/10/2015
165-2017
22/01/2020
432-2012
12/01/2016
359-2016
28/04/2020
344-2012
30/01/2017
033-2017
28/04/2020
112-2014
01/02/2018
029-2017
28/04/2020
285-2014
20/03/2018
046-2017
28/04/2020
043-2017
18/09/2018
366-2016
28/04/2020
339-2014
10/10/2018
276-2017
09/06/2020
376-2014
10/10/2018
354-2017
09/06/2020
356-2014
10/10/2018
432-2017
27/01/2021
114-2015
04/12/2018
070-2017
27/01/2021
186-2015
04/12/2018
070-2018
27/01/2021
120-2015
04/12/2018
148-2017
27/01/2021
152-2015
20/02/2019
080-2018
10/03/2021
146-2015
20/02/2019
199-2018
29/04/2021
352-2015
27/03/2019
186-2018
29/04/2021
174-2015
02/04/2019
457-2018
27/09/2021
341-2014
24/04/2019
287-2018
27/09/2021
147-2015
20/02/2019
308-2018
11/11/2021
Como se denota, han sido muchas las sentencias en donde la Sala de lo Penal ha señalado al ente fiscal, que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. No existe en el escrito del recurso la identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Desafortunadamente la recurrente acude a esta única instancia como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, cuando el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada.- Por tanto, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuestos por la Abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzáles, agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, que contiene el pronunciamiento Absolutorio en favor de los señores Karla Waleska Banegas Rosales, Iris Sagrario Maldonado Rosales y Henry Cruz Fonseca por los delitos de Lavado de Activos y Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas, en perjuicio del Orden Socioeconómico del Estado de Honduras y de la Salud Pública respectivamente. En el caso del señor Carlos Siwady Mejía únicamente por el delito de Actos Preparatorios para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-41-2023.Firma y Sello.
Wily Alexander Medina Perez
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia 239-10 Corte Suprema de Justicia Hondureña
[2] Sentencia SP 258-10
[3] Sentencia Penal 19/75-2012 emitida en fecha 19 de noviembre del 2016 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[4] Ver apartado de Valoración Conjunta de la prueba de cargo, página 89 de la sentencia).
[5] (identificada en la Sentencia como medio de prueba 2.3 y 2.4)
[6] (identificada en la Sentencia como medio de prueba 2.5)
[7] (identificada en la Sentencia como medio de prueba 2.3)
[8] (identificada en la Sentencia como medio de prueba 3.1 )
[9] Acuerdo 246, publicado en el diario oficial la Gaceta del martes 27 de enero del 2009, numero 34,822 “PRIMERO: prohibir el ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo las sustancias Efedrina, Pseudoefedrina, y sus respectivas sales, isómeros y derivados en forma farmacéutica vía oral”
[10] Tomada del apartado de a valoración conjunto de la prueba de cargo, pagina 91 párrafo tercero
[11] Ver la obra Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial/ la OEA.
[12] Ver apartado de Valoración Conjunta de la prueba de cargo7 página 95 de la sentencia)
[13] Ver Sentencia emitida por la Sala de lo Penal SP 132-2017, de fecha diez (10) días del mes de marzo de1 año dos mi1veintiuno (2021)
[14] Ver página 88, de la sentencia).
[15] Ver sentencia SP 132-2017
[16] Ver Sentencia SP-516-2016 DE FECHA 9-06-2020
[17] Sentencia 239-10 Corte Suprema de Justicia Hondureña
[18] Sentencia SP 258-10
[19] Sentencia Penal 19/75-2012 emitida en fecha 19 de noviembre del 2016 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[20] Ver apartado de Valoración Conjunta de la prueba de cargo, página 89 de la sentencia).
[21] (identificada en la Sentencia como medio de prueba 2.3 y 2.4)
[22] (identificada en la Sentencia como medio de prueba 2.5)
[23] (identificada en la Sentencia como medio de prueba 2.3)
[24] (identificada en la Sentencia como medio de prueba 3.1 )
[25] Acuerdo 246, publicado en el diario oficial la Gaceta del martes 27 de enero del 2009, numero 34,822 “PRIMERO: prohibir el ingreso, producción, distribución, transporte, uso comercialización, de productos farmacéuticos que contienen como principio activo las sustancias Efedrina, Pseudoefedrina, y sus respectivas sales, isómeros y derivados en forma farmacéutica vía oral”
[26] Tomada del apartado de a valoración conjunto de la prueba de cargo, pagina 91 párrafo tercero
[27] Ver la obra Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial/ la OEA.
[28] Ver apartado de Valoración Conjunta de la prueba de cargo7 página 95 de la sentencia)
[29] Ver Sentencia emitida por la Sala de lo Penal SP 132-2017, de fecha diez (10) días del mes de marzo de1 año dos mi1veintiuno (2021)
[30] Ver página 88, de la sentencia).
[31] Ver sentencia SP 132-2017
[32] Ver Sentencia SP-516-2016 DE FECHA 9-06-2020