Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-406-21 — Registro 17734

Resumen

En primer instancia se absuelve a la acusada por el delito de Malversación de Caudales Públicos, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo no es de Recibo.  Esta Sala de lo Penal ha revisado la fundamentación fáctica que el Tribunal de Sentencia ha determinado como probado y no encuentra que los mismos se cataloguen como faltos de claridad o no sean terminantes. Tal como lo expresamos en el apartado anterior, este vicio ocurre cuando esos sucesos sean redactados de forma vaga, confusos e indeterminados, de modo que no sean suficientes para explicar los acontecimientos que se probaron mediante las pruebas, es decir que esos hechos probados no estuviesen expresados de forma concluyente, irrefutable y explícitos, dejando dudas e inseguridad a quien los lee. Generalmente los hechos probados no son claros ni terminantes, cuando el Sentenciador usa locuciones tales como probablemente o supuestamente, de tal forma que no llevan al lector a tener seguridad de cómo se dio el desarrollo de los hechos; de igual forma esa relación de hechos probados no es clara ni terminante cuando el A-quo utiliza frases no entendibles para el común de las personas o se usan términos que imposibiliten comprender lo que el Sentenciador pretende relatar. Los hechos probados que ha conformado el A-quo establecen: “EI día veintiséis y veintisiete de marzo del año 2019 la supervisión nacional de tribunales y juzgados se constituyó en la sede del juzgado de letras de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, donde realizo entrevistas al personal de dicha judicatura en relación a un expediente judicial con numero 051-2018.” Esta Sala de lo Penal analiza y concluye que, si bien los hechos probados son pequeños, pero cumplen con los requisitos de claridad y de ser terminantes; pues en primer lugar ubican al lector en tiempo, lugar y espacio, establecen que la Supervisión Nacional de Tribunales se avocó al Juzgado de Letras de la ciudad de Siguatepeque para realizar entrevistas al personal sobre un expediente judicial 051-2018; observamos que los actores son dos instituciones del Poder Judicial y que la Supervisión general realizó unas entrevistas al personal; de ahí pues, que los hechos probados que ha establecido el Sentenciador en su sentencia ubican al lector en lo que ocurrió el día 26 y 27 de marzo del 2019 y quienes fueron los actores. Evidentemente, al tratarse de una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria el Juzgador no podía relatar los mismo hechos que planteó la acusación, pues no fueron acreditados así por el Ministerio Público y como los hechos probados se conforman en base a las pruebas evacuadas, para el Tribunal Sentenciador ese fue el único hecho que logró acreditar la acusación, los cuales revisten de claridad y son terminantes; razón suficiente para desestimar el presente motivo de casación.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha revisado los juicios de valor que ha plasmado el Sentenciador en su fallo y discrepa totalmente con la posición del recurrente, pues precisamente por haber aplicado correctamente la regla de la sana crítica es que el Juzgador llegó a una conclusión de absolver a la acusada. El recurrente en alguna parte de su impugnación erra al plasmar argumentos de instancia y pretender dar una valoración subjetiva de la prueba, sin embargo, en otros de sus argumentos si es puntual y será sobre eso que esta Sala de Casación dará respuesta. El Tribunal A-quo advirtió en su valoración probatoria, en resumen lo siguiente: “… Así mismo toda la prueba documental señalada y antes valorada ha sido convalidada por los dichos de los testigos de cargo, pues la abogada ANY OCHOA explicó todo el procedimiento administrativo de investigación realizado por la SUPERVISION NACIONAL DE TRIBUNALES Y JUZGADOS, diligencias administrativas que ya constan en la copia del expediente en sede administrativa interna del poderjudicial, no habiendo controversia entre lo afirmado por esta testigo y lo encontrado en el expediente en comento. Con la declaración de la escribiente KARLA SARAHI MIRANDA HURTADO sobre sale entre sus dichos, que esta afirma haber escuchado de un teléfono celular que el abogado JUAN PABLO URRUTIA había autorizado a la imputada a entregar dicho dinero al señor DELMER GARCIA, quien era sujeto activo penal de una causa número 051-2017, versión de los hechos que se encuentra respaldada por la declaración de la inspectora ILIANA REGALADO TABORA quien entre lo más relevante, dijo que otro escribiente, es decir, REYNALDO VARGAS al igual que la imputada, y que la escribiente KARLA SARAHI MIRANDA HURTADO, como también la escribiente ZENITH CONSUELO GOMEZ, afirmaban al unísono que escucharon del celular con el parlante encendido la voz del abogado JUAN PABLO URRUTIA ordenándole a la encargada de la caja fuerte que entregara el dinero de la fianza a la imputada para que esta a la vez la obtuviera, con la cual la imputada después devolvió al encausado DELMER DURADO GARCIA porque su jefe le ordenó cambiar el dinero de efectivo a cheque de caja o bancario para mayor garantía del dinero, situación que después si bien no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió con el destino del dinero, no queda la menor duda que estos testigos comprueban que es el JUEZ DE LETRAS TITULAR DEL JUZGADO DE SIGUATEPEQUE JUAN PABLO URRUTIA quien autoriza el egreso de dicha fianza, siendo incoherente las razones por las cuales la supervisión de tribunales y juzgados no dedujo la responsabilidad administrativa correspondiente al juez indicado sin menos cabo de la deducción de la responsabilidad penal contra este. Esta Sala de lo Penal considera que los razonamientos del Sentenciador en este primer apartado se derivan de un proceso intelectivo lógico y derivado de la prueba, como el hecho de que la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda tomó ese dinero y se lo entregó al imputado Delmer Durado Garcia por orden expresa de su jefe, el Juez de Letras Titular de Siguatepeque, argumento que es corroborado por las declaraciones de Iliana Regalado Tabora, quien es inspectora de los Tribunales, así como de los escribientes Reynaldo Vargas, Karla Sarahi Miranda Hurtado y Zenith Consuelo Gomez, de lo cual es posible concluir que la acción de la acusada no se desprende de su propia voluntad, sino de una orden recibida por alguien con un nivel superior jerárquico. De ahí pues que es importante establecer la razón real por la que el Sentenciador decidió absolver a la acusada, mismo que encontramos en la fundamentación jurídica cuando advierte en su numeral segundo: “En el caso concreto es importante señalar del anterior razonamiento que la prueba de cargo desfilada en el Juicio Oral y Público, se sostiene en el único testimonio de RODOLFO BUEZO VELASQUEZ, quien si bien es cierto manifestó durante su deposición tener conocimiento de que el imputado MARIA DE JESUS AGUILAR MIRANDA, no es menos cierto que dicha afirmación no ha sido corroborada por otro medio de prueba directo o periférico, al tenor de lo valorado en los acápites que anteceden. De tal forma que el MINISTERIO PUBLICO no ha demostrado los requisitos de la ejecución del delito tales como que el funcionario o empleado público, en este caso la señora MARIA DE JESUS AGUILAR MIRANDA en su condición de empleada del PODER JUDICIAL haya realizado actos consistentes en malversar caudales públicos, pues las fianzas no son caudales públicos, son garantías económicas dadas para acreditar el sometimiento al proceso penal, por lo que si partimos del principio general del derecho de que quien afirma un hecho debe probarlo y del principio rector del proceso penal de que la carga de la prueba le corresponde a la acusación: en tal sentido no basta la narración cronológica de los supuestos hechos delictivos, necesariamente deben ser sustentados con el soporte técnico como lo es prueba directa o periférica que corrobore la existencia del delito imputado, esto a fin de acreditar la supuesta malversación de caudales públicos. Es importante establecer que de acuerdo con la doctrina anteriormente referida la conducta de la acusada NO se enmarca en el tipo penal de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS en virtud de no haberse acreditado la lesión del bien jurídico protegido como lo es LA ADMINISTRACION PUBLICA por no existir prueba que establezca la ACCION DOLOSA como ha referido el Ministerio Público. Esta Sala de Casación al analizar los razonamientos del Juzgador a las pruebas aportadas en juicio es posible determinar que las ha razonado adecuadamente, pues al inferir que el dinero que se recibe en concepto de fianzas no le pertenece al Estado, es una conclusión que hasta cierto punto tiene razón, en el sentido de que, si el dinero dado en garantía o fianza para responder por la libertad de una persona no ha ingresado a las arcas del Estado, es decir, no ha sido depositado en una cuenta oficial, ese dinero no puede considerarse como un caudal público, pero si es necesario hacer a aclaración que, una vez que dichos fondos son ingresados a las cuentas del Estado, si bien es cierto es un mero depositario, igualmente el Estado debe responder por el manejo que se dé sobre el mismo, por lo que, una vez que la fianza ingresa a las cuentas del Estado, constituye un caudal público; en el caso de autos el dinero faltante de la fianza al que hace objeto la acusación, nunca ingresó a una cuenta oficial que para tal efecto tiene el Estado, por tanto en ese sentido no podría catalogarse dicha acción como malversación de caudales públicos, pero sí pudo incoarse algún otro ilícito penal que se le adecuase aún más, en ese sentido el Sentenciador en cierta parte de su raciocinios tiene razón al advertir que, en el caso de autos ese dinero no podía constituirse como un caudal público, pero no por el argumento de ser una fianza, sino por el hecho de no haber ingresado a las arcas del Estado, pero su conclusión es correcta en el caso específico de la imputada Maria de Jesús Aguilar Miranda, a quien no puede imputársele el delito de malversación pues dichos fondos nunca ingresaron a las cuentas oficiales que el Estado de Honduras tiene en el sistema bancario nacional. Como segundo punto y es el que resulta aún más importante, el Sentenciador advierte que no se probó la acción dolosa de la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda, uno de los elementos subjetivos del tipo penal, consistente en la intención o voluntad de querer cometer el delito, sin duda alguna esa voluntad se vio viciada y así quedó probada por prueba testifical, de que ella entregó ese dinero por orden expresa de su superior jerárquico, el Juez de Letras Titular del Juzgado de Siguatepeque, el Abogado Juan Pablo Urrutia, quien instruyó vía teléfono a la imputada Aguilar Miranda para que entregara ese dinero al señor Delmer Durado Garcia, quien era el depositario de la fianza para responder por su libertad en otro proceso penal. Vemos entonces que la acción de la acusada no es producto de un plan o maquinación personal para quedarse o apropiarse del dinero, sino que su actuación es producto de una orden que recibió de un Juez, quien decidió la devolución del mismo, todo lo cual fue escuchado por los empleados judiciales de ese juzgado. De ahí pues, que el Ministerio público no logró acreditar que la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda halla actuado con dolo o intención al entregar una parte del dinero de la fianza, se concluye entonces que no se cumplen todos los elementos objetivos, pues el dinero entregado en fianza no constituía en esos momentos un caudal público y por otro lado, no se probó el elemento subjetivo del tipo penal, al existir un dolo viciado por una orden de un superior jerárquico, razonamientos que fueron observadas así por el Sentenciador y quien valorando las pruebas conforme a las regla de la sana crítica, determinó acertadamente absolver de toda responsabilidad a la acusada. Por todo lo antes expuesto es procedente desestimar el presente recurso de casación en su único motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha revisado los juicios de valor que ha plasmado el Sentenciador en su fallo y discrepa totalmente con la posición del recurrente, pues precisamente por haber aplicado correctamente la regla de la sana crítica es que el Juzgador llegó a una conclusión de absolver a la acusada. El recurrente en alguna parte de su impugnación erra al plasmar argumentos de instancia y pretender dar una valoración subjetiva de la prueba, sin embargo, en otros de sus argumentos si es puntual y será sobre eso que esta Sala de Casación dará respuesta. El Tribunal A-quo advirtió en su valoración probatoria, en resumen lo siguiente: “… Así mismo toda la prueba documental señalada y antes valorada ha sido convalidada por los dichos de los testigos de cargo, pues la abogada ANY OCHOA explicó todo el procedimiento administrativo de investigación realizado por la SUPERVISION NACIONAL DE TRIBUNALES Y JUZGADOS, diligencias administrativas que ya constan en la copia del expediente en sede administrativa interna del poderjudicial, no habiendo controversia entre lo afirmado por esta testigo y lo encontrado en el expediente en comento. Con la declaración de la escribiente KARLA SARAHI MIRANDA HURTADO sobre sale entre sus dichos, que esta afirma haber escuchado de un teléfono celular que el abogado JUAN PABLO URRUTIA había autorizado a la imputada a entregar dicho dinero al señor DELMER GARCIA, quien era sujeto activo penal de una causa número 051-2017, versión de los hechos que se encuentra respaldada por la declaración de la inspectora ILIANA REGALADO TABORA quien entre lo más relevante, dijo que otro escribiente, es decir, REYNALDO VARGAS al igual que la imputada, y que la escribiente KARLA SARAHI MIRANDA HURTADO, como también la escribiente ZENITH CONSUELO GOMEZ, afirmaban al unísono que escucharon del celular con el parlante encendido la voz del abogado JUAN PABLO URRUTIA ordenándole a la encargada de la caja fuerte que entregara el dinero de la fianza a la imputada para que esta a la vez la obtuviera, con la cual la imputada después devolvió al encausado DELMER DURADO GARCIA porque su jefe le ordenó cambiar el dinero de efectivo a cheque de caja o bancario para mayor garantía del dinero, situación que después si bien no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió con el destino del dinero, no queda la menor duda que estos testigos comprueban que es el JUEZ DE LETRAS TITULAR DEL JUZGADO DE SIGUATEPEQUE JUAN PABLO URRUTIA quien autoriza el egreso de dicha fianza, siendo incoherente las razones por las cuales la supervisión de tribunales y juzgados no dedujo la responsabilidad administrativa correspondiente al juez indicado sin menos cabo de la deducción de la responsabilidad penal contra este. Esta Sala de lo Penal considera que los razonamientos del Sentenciador en este primer apartado se derivan de un proceso intelectivo lógico y derivado de la prueba, como el hecho de que la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda tomó ese dinero y se lo entregó al imputado Delmer Durado Garcia por orden expresa de su jefe, el Juez de Letras Titular de Siguatepeque, argumento que es corroborado por las declaraciones de Iliana Regalado Tabora, quien es inspectora de los Tribunales, así como de los escribientes Reynaldo Vargas, Karla Sarahi Miranda Hurtado y Zenith Consuelo Gomez, de lo cual es posible concluir que la acción de la acusada no se desprende de su propia voluntad, sino de una orden recibida por alguien con un nivel superior jerárquico. De ahí pues que es importante establecer la razón real por la que el Sentenciador decidió absolver a la acusada, mismo que encontramos en la fundamentación jurídica cuando advierte en su numeral segundo: “En el caso concreto es importante señalar del anterior razonamiento que la prueba de cargo desfilada en el Juicio Oral y Público, se sostiene en el único testimonio de RODOLFO BUEZO VELASQUEZ, quien si bien es cierto manifestó durante su deposición tener conocimiento de que el imputado MARIA DE JESUS AGUILAR MIRANDA, no es menos cierto que dicha afirmación no ha sido corroborada por otro medio de prueba directo o periférico, al tenor de lo valorado en los acápites que anteceden. De tal forma que el MINISTERIO PUBLICO no ha demostrado los requisitos de la ejecución del delito tales como que el funcionario o empleado público, en este caso la señora MARIA DE JESUS AGUILAR MIRANDA en su condición de empleada del PODER JUDICIAL haya realizado actos consistentes en malversar caudales públicos, pues las fianzas no son caudales públicos, son garantías económicas dadas para acreditar el sometimiento al proceso penal, por lo que si partimos del principio general del derecho de que quien afirma un hecho debe probarlo y del principio rector del proceso penal de que la carga de la prueba le corresponde a la acusación: en tal sentido no basta la narración cronológica de los supuestos hechos delictivos, necesariamente deben ser sustentados con el soporte técnico como lo es prueba directa o periférica que corrobore la existencia del delito imputado, esto a fin de acreditar la supuesta malversación de caudales públicos. Es importante establecer que de acuerdo con la doctrina anteriormente referida la conducta de la acusada NO se enmarca en el tipo penal de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS en virtud de no haberse acreditado la lesión del bien jurídico protegido como lo es LA ADMINISTRACION PUBLICA por no existir prueba que establezca la ACCION DOLOSA como ha referido el Ministerio Público. Esta Sala de Casación al analizar los razonamientos del Juzgador a las pruebas aportadas en juicio es posible determinar que las ha razonado adecuadamente, pues al inferir que el dinero que se recibe en concepto de fianzas no le pertenece al Estado, es una conclusión que hasta cierto punto tiene razón, en el sentido de que, si el dinero dado en garantía o fianza para responder por la libertad de una persona no ha ingresado a las arcas del Estado, es decir, no ha sido depositado en una cuenta oficial, ese dinero no puede considerarse como un caudal público, pero si es necesario hacer a aclaración que, una vez que dichos fondos son ingresados a las cuentas del Estado, si bien es cierto es un mero depositario, igualmente el Estado debe responder por el manejo que se dé sobre el mismo, por lo que, una vez que la fianza ingresa a las cuentas del Estado, constituye un caudal público; en el caso de autos el dinero faltante de la fianza al que hace objeto la acusación, nunca ingresó a una cuenta oficial que para tal efecto tiene el Estado, por tanto en ese sentido no podría catalogarse dicha acción como malversación de caudales públicos, pero sí pudo incoarse algún otro ilícito penal que se le adecuase aún más, en ese sentido el Sentenciador en cierta parte de su raciocinios tiene razón al advertir que, en el caso de autos ese dinero no podía constituirse como un caudal público, pero no por el argumento de ser una fianza, sino por el hecho de no haber ingresado a las arcas del Estado, pero su conclusión es correcta en el caso específico de la imputada Maria de Jesús Aguilar Miranda, a quien no puede imputársele el delito de malversación pues dichos fondos nunca ingresaron a las cuentas oficiales que el Estado de Honduras tiene en el sistema bancario nacional. Como segundo punto y es el que resulta aún más importante, el Sentenciador advierte que no se probó la acción dolosa de la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda, uno de los elementos subjetivos del tipo penal, consistente en la intención o voluntad de querer cometer el delito, sin duda alguna esa voluntad se vio viciada y así quedó probada por prueba testifical, de que ella entregó ese dinero por orden expresa de su superior jerárquico, el Juez de Letras Titular del Juzgado de Siguatepeque, el Abogado Juan Pablo Urrutia, quien instruyó vía teléfono a la imputada Aguilar Miranda para que entregara ese dinero al señor Delmer Durado Garcia, quien era el depositario de la fianza para responder por su libertad en otro proceso penal. Vemos entonces que la acción de la acusada no es producto de un plan o maquinación personal para quedarse o apropiarse del dinero, sino que su actuación es producto de una orden que recibió de un Juez, quien decidió la devolución del mismo, todo lo cual fue escuchado por los empleados judiciales de ese juzgado. De ahí pues, que el Ministerio público no logró acreditar que la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda halla actuado con dolo o intención al entregar una parte del dinero de la fianza, se concluye entonces que no se cumplen todos los elementos objetivos, pues el dinero entregado en fianza no constituía en esos momentos un caudal público y por otro lado, no se probó el elemento subjetivo del tipo penal, al existir un dolo viciado por una orden de un superior jerárquico, razonamientos que fueron observadas así por el Sentenciador y quien valorando las pruebas conforme a las regla de la sana crítica, determinó acertadamente absolver de toda responsabilidad a la acusada. Por todo lo antes expuesto es procedente desestimar el presente recurso de casación en su único motivo..."

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-406-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a seis días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 406-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de abril del dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual fallo; Primero: Que debemos absolver y absolvemos por insuficiencia probatoria a la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda , como autor responsable penalmente de un delito consumado de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Paz Yamileth Hernández, en su condición de fiscal del Ministerio Público como parte recurrente y el Abogado Félix Antonio Ávila Ortiz, en su condición de defensor privado de la acusada como parte recurrida. Hechos Probados Único: EI día veintiséis y veintisiete de marzo del año 2019 la supervisión nacional de tribunales y juzgados se constituyó en la sede del juzgado de letras de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, donde realizo entrevistas al personal de dicha judicatura en relación a un expediente judicial con numero 051-2018. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. "Que la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados no sea claros ni terminantes". PRECEPTO AUTORIZANTE. EI presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 del Cuerpo Adjetivo Penal, prevé en su sección cuarta, textualmente lo siguiente: "Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente:1. Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse." Al examinar la sentencia de mérito y dar lectura a lo que el A-Quo tituló bajo la denominación de "hechos probados", se puede constatar que en dicha sección se expuso lo que a continuación se detalla "UNICO: El dia veintiséis y veintisiete de Marzo del año 2019 la Supervisión Nacional de Tribunales y Juzgados se constituyó en la sede del juzgado de letras de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, donde realizo entrevistas al personal de dicha judicatura en relación a un expediente judicial con número 051-2018. Efectuando un estudio comparativo entre los extremos antes expuestos, arribamos a la conclusión, de que el Juzgador realmente no determinó cuál había sido la dinámica de los hechos, pues aunque se trate de un fallo absolutorio indiscutiblemente su juicio fáctico debe de recaer en aspectos que llegaron a convencer al A-Quo, de que efectivamente se produjeron en el tiempo y en el espacio, ello derivado de la evacuación de las pruebas desarrolladas en el acto del debate, así por ejemplo tal apartado puede describir los acontecimientos que se produjeron, si penalmente éstos se consideran relevantes o no, e inclusive, en la primera hipótesis, quién o quiénes fueron los perpetradores de los mismos. Pero según lo plasmado en el párrafo precitado se evidencia con absoluta claridad, que el juzgador se limitó a hacer alusión a las diligencias investigativas realizadas por la Supervisión Nacional de Tribunales y Juzgados, consecuentemente no indica qué es lo que realmente aprecia como sucedido o no, de tal suerte que aunque existan unos hechos probados nominales, materialmente no es así, ya que al final en este punto angular del fallo no logramos determinar qué es lo que aquél apreció como comprobado en juicio Consideramos de relevancia referirnos a lo señalado en el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño' que establece: "Al respecto insiste el Tribunal Supremo Español, según informa José María Luzon Cuesta, que la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones inteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido especifico la narración de los hechos, se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas..... En este sentido la Sala de lo Penal en la sentencia SP 78-14 de fecha 25 de septiembre del 2017, ha establecido que: Para los Señores Jueces, tras la celebración del debate donde se evacuaron medios de prueba, lo único que se pudo constatar fue la presentación del Requerimiento Fiscal en contra del acusado Guillermo Suazo Meléndez, por parte del Ministerio Público en fecha 24 de Febrero de 2006 (f. 60 v); Tal "hecho" es ajeno a aquello que era obieto de debate, además no se deriva del análisis del material probatorio, siendo una mera actuación procesal, por ende la sentencia carece de una verdadera declaratoria de hechos probados y por lo tanto la decisión adoptada por los Juzgadores es arbitraria, al aplicarse el derecho a una verdad desconocida". Desde ese punto de vista, esa falta de claridad plasmada en el hecho probado del fallo supra referido, en el que el Juzgador empleó frases que no se relacionan con los eventos que considero se derivan de la prueba, volviendo la redacción del mismo, carente de claridad y terminancia, lo que a su vez produce el vicio denunciado, ante una abierta violación a la Norma Penal Adjetiva 338, regla cuarta numeral 12, pues esta falta de claridad en el relato estructurado por el Tribunal Sentenciador a partir del análisis de las probanza allegada a la Audiencia de Debate Oral, no sólo impide la comprensión del hecho probado al hacer un relato de diligencias de investigación, sino también su correcta subsunción en una norma jurídica. Esta falencia en la Sentencia constituye un error esencial, y nos conduce indefectiblemente a patentizar, el vicio que hoy se reprocha. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo SEGUNDO MOTIVO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La conclusión a la cual arribó el A Quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Critica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia, al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, por cuanto la conclusión dispositiva del A-quo respecto a la absolución por el delito de Malversación de Caudales Público, evidentemente infringe la reglas de la lógica, específicamente en el postulado de derivación, en el principio de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; produciendo consecuentemente, una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que: "…. Surgiendo una situación aceptada por todos, en cuanto a la disposición del dinero de la fianza, pero que según el Ministerio Público ha sido Malversado por la imputada, lo cual nos lleva al punto de controversia entre las partes, es el hecho de determinar si la actuación de la imputada MARIA DE JESUS AGUILAR MIRANDA es constitutiva del delito de Malversación de Caudales Público; pues por un lado el Ministerio Público sostiene la tesis que el dinero de la fianza en comento es un bien público y que no interesa si la imputada actuó por sí misma o por obediencia del Juez Juan Pablo Urrutia, pero reduciendo la controversia al asunto neutral; que es el hecho en síntesis, -de que si el dinero otorgado como fianza por el señor Delmer Eduardo García en la causa que se le sigue por el delito de Estafa, se puede considerar como caudal, bien o efecto del Estado de Honduras-, bienes que la imputada dispuso en su momento sea devolviéndolo al señor Delmer Eduardo García o simplemente desapareciéndolo de su custodia". (Ver motivación fáctica o probatoria en su párrafo primer párrafo de página 7 de la sentencia). El anterior razonamiento que hacen los sentenciadores no es acorde a las reglas de la Sana Crítica, pues, contrario a sus apreciaciones, la prueba evacuada en juicio demostró contundentemente la responsabilidad de la acusada, tal y como lo señalamos a continuación: 1. Certificación de nombramiento en la cual se nombra a las señora María De Jesús Aguilar Miranda, como Receptora del Juzgado de Letras de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua; medio de prueba que sirvió para acreditar que la imputada, ostentaba el cargo de Receptora del Juzgado de Letras antes mencionado y por lo tanto, también la condición de funcionaria de dicho juzgado, por lo que sus acciones fueron en el ejercicio de su cargo como tal. 2. Constancia de fecha 28 de marzo del 2019 emitido por la Secretaria el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque Comayagua, con la cual se acredito que la señora Zenith Consuelo Gómez Cardona tiene el cargo de escribiente y encargada de la caja fuerte en ese juzgado. 3. Dos constancias de fecha 26 de marzo del 2019, firmadas por la encargada de la caja fuerte la señora Zenith Consuelo Gómez y la Secretaria Ruth Nordeli Arana Rivera, con las cuales se acreditó que en dicha fecha se le entrego a la señora Zenith Consuelo Gómez, la cantidad de cuatrocientos tres mil ciento cuarenta y seis lempiras 403,146.00 y trescientos mil lempiras 300,000.00 lempiras, para su custodia. 4. Constancia de fecha 27 de marzo del 2019, firmadas por la encargada de la caja fuerte la señora Zenith Consuelo Gómez y la Secretaria Ruth Nordeli Arana Rivera, acreditándose que en esa fecha se le entrego a Zenith Consuelo Gómez como encargada de la caja fuerte para que guardara solamente la cantidad de cuatrocientos tres mil ciento cuarenta y seis lempiras 403,146.00. 5. Acta de Inspección de fecha 27 de marzo del 2019, que establece que en la caja fuerte que era manejada por la señora Zenith Consuelo Gómez, se encontró dentro de la misma la cantidad de cuatrocientos tres mil ciento cuarenta y seis lempiras 403,146.00, dinero que correspondia a la caución del expediente 51-18. 6. Acta de fecha 27 de marzo del 2019, con la cual se acreditó que la señora Zenith. 8. Consuelo Gómez encargada de caja fuerte el día 26 de marzo del 2019 entregó a la Receptora y secretaria por ley María de Jesús Aguilar el dinero que había sido dejado en la caja fuerte, consistente en la cantidad de cuatrocientos tres mil ciento cuarenta y seis lempiras 403,146.00 y trescientos mil lempiras 300,000.00 lempiras, para su custodia. 7. Acta de Decomiso o Secuestro de fecha 27 de marzo del 2019 realizado a la señora Ruth Nordely Arana Rivera, con la que se establece que en la caja fuerte que es manejada por la señora Zenith Consuelo Gómez, solo se encontró la cantidad de cuatrocientos tres mil ciento cuarenta y seis lempiras 403,146.00. 8. Con la declaración de Secretaria General la señora Ruth Nordeli Arana Rivera, se acredito que en el escritorio de la encausada se encontraban dos sobres de manila color amarillo, que al ser contados resulto que uno de los paquetes contenía 300,000.00 lempira y el otro 403,146.00 lempiras, dinero que correspondida a una fianza rendida por el imputado Delmer Eduardo García, a quien se le seguía proceso por el delito de Estafa en el expediente judicial 051-18, deja en consigna a la señora Zenith Consuelo Gómez encargada de la caja fuerte del Juzgado de Letras de lo Penal. 9Con la declaración de la señoras Karia Sarahi Miranda Hurtado, se acredito que la señora Zenith Consuelo Gómez, le solicitó que sirviera de testigo en la entrega de dinero, estando presentes los señores Reynaldo, Zenith Consuelo y la enjuiciada María de Jesús quien realizó una llamada, la cual puso en alta voz para luego turnar el teléfono a Zenith, escuchando que el juez abogado Juan Pablo Urrutia, le autorizaba la entrega del dinero a María de Jesús, quien firmó el correspondiente recibió, por lo que Zenith sacó de la caja fuerte dos sobres de manila color amarillo que en uno decia 300,000.00 y el otro 403,000.00. 10. Con la declaración de la Inspectora de Juzgados y Tribunales señora Ileana Regalado Tabora, se acreditó que María de Jesús, tenía bajo llave en su escritorio, el dinero consistente en L. 300,000.00 y L. 403,000.00, razón por la cual ordena que sea dejado en caja fuerte que era manejada por Zenith Consuelo; al día siguiente 27 de marzo del 2019, el dinero se le entrego a la hoy encartada por órdenes del Juez Juan Pablo Urrutia ya que se compraría un cheque certificado y completar la fianza, pero al ser requerida por la inspectora para la devolución de las cantidades antes mencionadas sólo devolvió la cantidad 403,000.00 lempiras quedando un faltante de 300,000.00 lempiras. Como podemos observar Honorables Magistrados, que con la prueba evacuada en juicio ha quedado acreditado que en la causa que se le sigue a Delmer Eduardo García, según expediente judicial 51-18, se fijó una fianza de un millón de lempiras, y sobre eso se enteró ante la Secretaria del Despacho Judicial dos sobres de manila uno con la cantidad de L.300,000.00 y otro con L. 403,146.00, los que se encontraban en poder de la eniuiciada María de Jesús Aguilar Miranda; quien solamente entregó el sobre que contenía la cantidad de L.403,146.00, al momento en que se le solicitó lo hiciera, sin dar razones sobre el paradero del sobre que contenia la cantidad de trescientos mil lempiras, y al no haberse demostrado su destino, se llega a la conclusión que la acusada se apropió de dicha cantidad de dinero, por lo que consideramos que con esta acción se disminuyó el caudal de las arcas del órgano jurisdiccional, en el entendido que si bien es cierto no se ha acreditado el destino que la encartada le ha dado a dicho caudal, no obsta que ha incurrido en el delito que se le atribuye y que ha quedado fehacientemente acreditada su comisión y participación, es por ello que estimamos señalar lo que refiere DE DIEGO DIEZ, ALFREDO, en el Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Ediciones San Miguel, Honduras, 2006, pág. 56 en el sentido de que:” En partícular, el delito de Malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a estos.” Siendo que con la prueba evacuada en juicio se evidencia que la acusada actuó con intención y plena conciencia de ejecutar la conducta ilícita, ya que valiéndose de su puesto de manera arbitraria tenía en su escritorio y no en caia fuerte las cantidades de dinero consistentes en 300,000.00 lempira y de 403,146.00 lempiras, dinero que correspondia a una fianza rendida por el imputado Delmer Eduardo García por el delito de Estafa, que una vez que la Supervisión de Juzgados y Tribunales procede a requerir a la Secretaria General, la señora Ruth Nordeli Arana Rivera, realizan el conteo del dinero que en un primer momento entero el acusado, una vez realizada la audiencia inicial, pero que al no estar de acuerdo el ente acusador apela dicha medida, declarando con lugar el recurso la Corte de Apelaciones y ordena se decrete la prisión preventiva, pero la juez Sara Shaik Tobar, mediante Audiencia Ad Hoc de fecha 14 de febrero de 2019 fijó una fianza personal a favor del Estado por un valor de un millón doscientos veintiocho mil punto setenta y cuatro(1,228,000.70) lempiras, y siendo que se encontraba en poder del juzgado la cantidad de trescientos mil (300,000.00)lempiras, con lo cual haría un total de un millón quinientos dos mil ciento veintiocho punto setenta y cuatro (1,502. 020.74), pero solo ingresó al juzgado una vez concluida la audiencia Ad Hoc por la cantidad de 403,146.00 lempiras, razón por la cual no estamos de acuerdo con la decisión a la que arribó el sentenciados, en cuanto a que consideró que la acción de la señora María de Jesús Aguilar Miranda: “no se enmarca en el tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, en virtud de no haberse acreditado la lesión al bien jurídico protegido como lo es la Administración Pública por no haber existido prueba que establezca la acción dolosa". En ese sentido, es preciso señalar que el Dolo "es aquella acción voluntaria cuyo significado y resultado antijurídicos, una vez representados al agente, son queridos o consentidos por el mismo: está constituido por dos elementos: a) El factor intelectivo, referido al conocimiento actual de los hechos que, concatenadamente, en intimo ensamblaje, darán luz a la infracción delictuosa... Y, b) Factor volitivo, consistente en un querer directo del hecho y del haz de consecuencias que de él se deriven*; dichos elementos que componen el dolo quedaron plenamente demostrados, así como que la señora María de Jesús Aguilar Miranda quiso tomar la decisión arbitraria, tuvo la voluntad de hacerlo, lo hizo, a sabiendas de aún las consecuencias periudiciales para el Juzgado de Letras de Siguatepeque, Comayagua y estando conscientes de que su decisión arbitraria llevaría a que el proceso penal en contra de encausado Delmer Eduardo García quedara acéfalo por la sustracción de fianza o caución dada en garantia ante ese Despacho Judicial: tal como se derivó de los medios probatorios allegados al proceso. Igualmente discrepamos del parecer del Tribunal, al considerar erróneamente que no se logró configurar el tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, al no concurrir (según su criterio) el segundo requisito de tipicidad denominado "caudales público*, el cual considera el Juzgador que: " las fianzas no son caudales públicos, son garantías económicas dadas para acreditar el sometimiento al proceso penal" (ver segundo párrafo del numeral segundo de la Fundamentación Jurídica); Justificando de esta forma, el Tribunal, el accionar de la encausada, pues señala que al no cumplirse éste requisito del tipo penal: "la imputación del Ministerio Publico nació abortiva, dado que la acción penal impetrada no puede probarse con la existencia de los medios probatorios puestos y practicados en el debate como inicialmente prometía el ente acusador, lo cual no aporto ningún elemento que indicara la existencia de algún acto por parte de la encausada contraria a la ley" (ver último párrafo de la Valoración individual y conjunta de la prueba del Ministerio Publico); Criterio que consideramos que no se apega a una sana crítica racional, ni se deriva de lo demostrado con la prueba de cargo evacuada en juicio. El Juzgador justifica infundadamente el actuar de la enjuiciada señalando que la acusada no ha participado en el tipo penal imputado en virtud de no existir prueba directa que lo inculpe ni hilvane en forma consistente, ni mucho menos prueba indirecta que conlleve a que pudiera enervarse el estado de inocencia de la imputada" (Ver último párrafo del numeral segundo de la fundamentación jurídica ); pero ésta conclusión del Juzgador, no se deriva de la prueba evacuada, pues con la declaración de Karla Sarahi Miranda Hurtado, de la Secretaria General la señora Ruth Nordeli Arana Rivera, Ileana Regalado Tabora e incluso la declaración de la propia enjuiciada, se acreditó que los dos sobres manila color amarillo uno conteniendo la cantidad de L. 403,143.00 y el otro de 300,000.00 lempiras, le fue entregado a la enjuiciada por parte de la receptora Zenith Consuelo Gómez Cardona, a quien se le había dejado bajo custodia, ya que, era la persona que manejaba la combinación de la caja fuerte; por otra parte, también se estableció que al solicitarle a la imputada la devolución de dichas cantidades, solo entregó la cantidad de L. 403,143.00 no así los L. 300,000.00, por lo que consideramos que el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano, siendo obligatorio que la sentencia sea apegada a la regla lógica de derivación, consistente en el supuesto de razón suficiente, en su apartado de suficiencia que impone una sucesión de inferencias apoyadas en certezas de lo que se desprende de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho. Pues como se puede observar, la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para establecer la participación de María De Jesús Aguilar Miranda, en la comisión de los hechos por los cuales fue sometida a proceso, y la conclusión a la que arribaron los miembros del Tribunal Sentenciador con el Fallo Absolutorio por el delito de Malversación de Caudales Públicos, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP 103-2013 de fecha 4 de mayo del 2016, quien ha establecido lo siguiente: "A criterio de esta Sala de Casación es oportuno establecer que en el tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, el sujeto activo es la autoridad o funcionario público, pero el carácter de sujeto de este delito no lo da sólo el hecho de ser autoridad o funcionario público, sino la relación de estas personas con el objeto material del delito: los caudales y efectos públicos. Por caudal o efecto se entiende cualquier objeto o cosa mueble, dinero, efectos negociables, etc.; que tengan un valor económico apreciable. El carácter público se determina por la pertenencia de los bienes a la Administración Pública, pudiendo decirse que tal pertenencia comienza desde el momento en que existe un derecho expectante de la Administración a la entrega de los caudales, aunque aún no hayan ingresado formalmente en las arcas de la entidad. Por las consideraciones antes desarrolladas, concluimos que con la prueba evacuada en el debate, quedó plenamente demostrado que el acusado María De Jesús Aguilar Miranda, es responsable del delito de Malversación De Caudales Públicos, con el proceso intelectivo que realizó el Tribunal sobre la valoración del material probatorio de cargo, vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar la mayoría de los juzgadores al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que la acusada si es responsable de los hechos por los cuales fue sometido a juicio, cumpliendo estos hechos, con los elementos del delito tipificado en el artículo 370 del Código Penal, es decir, que estamos ante el delitos de Malversación de Caudales Públicos. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: que la declaración de hechos probados no es clara ni terminante. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio in procedendo en el acto mismo de sentenciar, no se ha podido efectuar reclamación. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que, analizando la declaración de hechos probados el Juzgador no determinó cual había sido la dinámica de los sucesos pues, aunque se trate de un fallo absolutorio indiscutiblemente su juicio fáctico debe de recaer en aspectos que llegaron a convencer el A-quo, de que efectivamente se produjeron en el tiempo y en el espacio, ello derivado de la evacuación de las pruebas desarrolladas en el debate. De los hechos probados[1]. El numeral 1 del artículo 362 del CPP, contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “Que en la sentencia falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados; que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. Ello incluye también el caso en que el tribunal señale como hechos probados actuaciones procesales (como referir el contenido de la acusación) o que haga una transcripción del contenido de la prueba (Como consignar lo dicho por alguno de los testigos), o que señale como hechos probados la transcripción del tipo penal por el que condena. Tan importante es la declaración de hechos probados en la sentencia, que sin ellos la resolución carece de base, al ser esos acontecimientos narrados el fundamento del fallo que ésta contiene. Así ha sido determinado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al decir en su sentencia de 18 de marzo de 2003 (en el recurso de casación registrado bajo el número 2618-02), que “una sentencia no puede tener el carácter de tal, sino está respaldada por Hechos Probados estimados por el juzgador, cualquier que sea su última razón… Que, al no realizarse la calidad jurídica reservada para toda sentencia por carecer el fallo impugnado de la congruencia, precisión y claridad, sobre todo al carecer de hechos estimados como probados y siendo esta circunstancia causal de casación en la forma, impera la necesidad de que este Tribunal proceda a anular el sobreseimiento definitivo dictado en fecha diez de septiembre de dos mil dos. En síntesis, al ser los hechos probados el apartado fundamental de la sentencia penal, su omisión produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conllevan a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que sólo se accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su compresión por personas no conocedoras de la ciencia penal (como ser alevosía, ensañamiento, etc.) ya que el incurrir en esta circunstancia incidiría en una falta de claridad del relato fáctico. Ello no incluye la consignación de palabras empleadas por el legislador que por su general comprensión esté al alcance de todos (como intimidación, violencia, etc.). c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir in términis, y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado la fundamentación fáctica que el Tribunal de Sentencia ha determinado como probado y no encuentra que los mismos se cataloguen como faltos de claridad o no sean terminantes. Tal como lo expresamos en el apartado anterior, este vicio ocurre cuando esos sucesos sean redactados de forma vaga, confusos e indeterminados, de modo que no sean suficientes para explicar los acontecimientos que se probaron mediante las pruebas, es decir que esos hechos probados no estuviesen expresados de forma concluyente, irrefutable y explícitos, dejando dudas e inseguridad a quien los lee. Generalmente los hechos probados no son claros ni terminantes, cuando el Sentenciador usa locuciones tales como probablemente o supuestamente, de tal forma que no llevan al lector a tener seguridad de cómo se dio el desarrollo de los hechos; de igual forma esa relación de hechos probados no es clara ni terminante cuando el A-quo utiliza frases no entendibles para el común de las personas o se usan términos que imposibiliten comprender lo que el Sentenciador pretende relatar. Los hechos probados que ha conformado el A-quo establecen: “EI día veintiséis y veintisiete de marzo del año 2019 la supervisión nacional de tribunales y juzgados se constituyó en la sede del juzgado de letras de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, donde realizo entrevistas al personal de dicha judicatura en relación a un expediente judicial con numero 051-2018.” Esta Sala de lo Penal analiza y concluye que, si bien los hechos probados son pequeños, pero cumplen con los requisitos de claridad y de ser terminantes; pues en primer lugar ubican al lector en tiempo, lugar y espacio, establecen que la Supervisión Nacional de Tribunales se avocó al Juzgado de Letras de la ciudad de Siguatepeque para realizar entrevistas al personal sobre un expediente judicial 051-2018; observamos que los actores son dos instituciones del Poder Judicial y que la Supervisión general realizó unas entrevistas al personal; de ahí pues, que los hechos probados que ha establecido el Sentenciador en su sentencia ubican al lector en lo que ocurrió el día 26 y 27 de marzo del 2019 y quienes fueron los actores. Evidentemente, al tratarse de una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria el Juzgador no podía relatar los mismo hechos que planteó la acusación, pues no fueron acreditados así por el Ministerio Público y como los hechos probados se conforman en base a las pruebas evacuadas, para el Tribunal Sentenciador ese fue el único hecho que logró acreditar la acusación, los cuales revisten de claridad y son terminantes; razón suficiente para desestimar el presente motivo de casación. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio in procedendo en el acto mismo de sentenciar, no se ha podido efectuar reclamación. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que, la conclusión a la cual arribó el A-quo, no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luce vulnera las reglas de la sana crítica, razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencias al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia a la regla lógica en su postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: … La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado los juicios de valor que ha plasmado el Sentenciador en su fallo y discrepa totalmente con la posición del recurrente, pues precisamente por haber aplicado correctamente la regla de la sana crítica es que el Juzgador llegó a una conclusión de absolver a la acusada. El recurrente en alguna parte de su impugnación erra al plasmar argumentos de instancia y pretender dar una valoración subjetiva de la prueba, sin embargo, en otros de sus argumentos si es puntual y será sobre eso que esta Sala de Casación dará respuesta. El Tribunal A-quo advirtió en su valoración probatoria, en resumen lo siguiente: “… Así mismo toda la prueba documental señalada y antes valorada ha sido convalidada por los dichos de los testigos de cargo, pues la abogada ANY OCHOA explicó todo el procedimiento administrativo de investigación realizado por la SUPERVISION NACIONAL DE TRIBUNALES Y JUZGADOS, diligencias administrativas que ya constan en la copia del expediente en sede administrativa interna del poder judicial, no habiendo controversia entre lo afirmado por esta testigo y lo encontrado en el expediente en comento. Con la declaración de la escribiente KARLA SARAHI MIRANDA HURTADO sobre sale entre sus dichos, que esta afirma haber escuchado de un teléfono celular que el abogado JUAN PABLO URRUTIA había autorizado a la imputada a entregar dicho dinero al señor DELMER GARCIA, quien era sujeto activo penal de una causa número 051-2017, versión de los hechos que se encuentra respaldada por la declaración de la inspectora ILIANA REGALADO TABORA quien entre lo más relevante, dijo que otro escribiente, es decir, REYNALDO VARGAS al igual que la imputada, y que la escribiente KARLA SARAHI MIRANDA HURTADO, como también la escribiente ZENITH CONSUELO GOMEZ, afirmaban al unísono que escucharon del celular con el parlante encendido la voz del abogado JUAN PABLO URRUTIA ordenándole a la encargada de la caja fuerte que entregara el dinero de la fianza a la imputada para que esta a la vez la obtuviera, con la cual la imputada después devolvió al encausado DELMER DURADO GARCIA porque su jefe le ordenó cambiar el dinero de efectivo a cheque de caja o bancario para mayor garantía del dinero, situación que después si bien no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió con el destino del dinero, no queda la menor duda que estos testigos comprueban que es el JUEZ DE LETRAS TITULAR DEL JUZGADO DE SIGUATEPEQUE JUAN PABLO URRUTIA quien autoriza el egreso de dicha fianza, siendo incoherente las razones por las cuales la supervisión de tribunales y juzgados no dedujo la responsabilidad administrativa correspondiente al juez indicado sin menos cabo de la deducción de la responsabilidad penal contra este. Esta Sala de lo Penal considera que los razonamientos del Sentenciador en este primer apartado se derivan de un proceso intelectivo lógico y derivado de la prueba, como el hecho de que la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda tomó ese dinero y se lo entregó al imputado Delmer Durado Garcia por orden expresa de su jefe, el Juez de Letras Titular de Siguatepeque, argumento que es corroborado por las declaraciones de Iliana Regalado Tabora, quien es inspectora de los Tribunales, así como de los escribientes Reynaldo Vargas, Karla Sarahi Miranda Hurtado y Zenith Consuelo Gomez, de lo cual es posible concluir que la acción de la acusada no se desprende de su propia voluntad, sino de una orden recibida por alguien con un nivel superior jerárquico. De ahí pues que es importante establecer la razón real por la que el Sentenciador decidió absolver a la acusada, mismo que encontramos en la fundamentación jurídica cuando advierte en su numeral segundo: “En el caso concreto es importante señalar del anterior razonamiento que la prueba de cargo desfilada en el Juicio Oral y Público, se sostiene en el único testimonio de RODOLFO BUEZO VELASQUEZ, quien si bien es cierto manifestó durante su deposición tener conocimiento de que el imputado MARIA DE JESUS AGUILAR MIRANDA, no es menos cierto que dicha afirmación no ha sido corroborada por otro medio de prueba directo o periférico, al tenor de lo valorado en los acápites que anteceden. De tal forma que el MINISTERIO PUBLICO no ha demostrado los requisitos de la ejecución del delito tales como que el funcionario o empleado público, en este caso la señora MARIA DE JESUS AGUILAR MIRANDA en su condición de empleada del PODER JUDICIAL haya realizado actos consistentes en malversar caudales públicos, pues las fianzas no son caudales públicos, son garantías económicas dadas para acreditar el sometimiento al proceso penal, por lo que si partimos del principio general del derecho de que quien afirma un hecho debe probarlo y del principio rector del proceso penal de que la carga de la prueba le corresponde a la acusación: en tal sentido no basta la narración cronológica de los supuestos hechos delictivos, necesariamente deben ser sustentados con el soporte técnico como lo es prueba directa o periférica que corrobore la existencia del delito imputado, esto a fin de acreditar la supuesta malversación de caudales públicos. Es importante establecer que de acuerdo con la doctrina anteriormente referida la conducta de la acusada NO se enmarca en el tipo penal de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS en virtud de no haberse acreditado la lesión del bien jurídico protegido como lo es LA ADMINISTRACION PUBLICA por no existir prueba que establezca la ACCION DOLOSA como ha referido el Ministerio Público. Esta Sala de Casación al analizar los razonamientos del Juzgador a las pruebas aportadas en juicio es posible determinar que las ha razonado adecuadamente, pues al inferir que el dinero que se recibe en concepto de fianzas no le pertenece al Estado, es una conclusión que hasta cierto punto tiene razón, en el sentido de que, si el dinero dado en garantía o fianza para responder por la libertad de una persona no ha ingresado a las arcas del Estado, es decir, no ha sido depositado en una cuenta oficial, ese dinero no puede considerarse como un caudal público, pero si es necesario hacer a aclaración que, una vez que dichos fondos son ingresados a las cuentas del Estado, si bien es cierto es un mero depositario, igualmente el Estado debe responder por el manejo que se dé sobre el mismo, por lo que, una vez que la fianza ingresa a las cuentas del Estado, constituye un caudal público; en el caso de autos el dinero faltante de la fianza al que hace objeto la acusación, nunca ingresó a una cuenta oficial que para tal efecto tiene el Estado, por tanto en ese sentido no podría catalogarse dicha acción como malversación de caudales públicos, pero sí pudo incoarse algún otro ilícito penal que se le adecuase aún más, en ese sentido el Sentenciador en cierta parte de su raciocinios tiene razón al advertir que, en el caso de autos ese dinero no podía constituirse como un caudal público, pero no por el argumento de ser una fianza, sino por el hecho de no haber ingresado a las arcas del Estado, pero su conclusión es correcta en el caso específico de la imputada Maria de Jesús Aguilar Miranda, a quien no puede imputársele el delito de malversación pues dichos fondos nunca ingresaron a las cuentas oficiales que el Estado de Honduras tiene en el sistema bancario nacional. Como segundo punto y es el que resulta aún más importante, el Sentenciador advierte que no se probó la acción dolosa de la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda, uno de los elementos subjetivos del tipo penal, consistente en la intención o voluntad de querer cometer el delito, sin duda alguna esa voluntad se vio viciada y así quedó probada por prueba testifical, de que ella entregó ese dinero por orden expresa de su superior jerárquico, el Juez de Letras Titular del Juzgado de Siguatepeque, el Abogado Juan Pablo Urrutia, quien instruyó vía teléfono a la imputada Aguilar Miranda para que entregara ese dinero al señor Delmer Durado Garcia, quien era el depositario de la fianza para responder por su libertad en otro proceso penal. Vemos entonces que la acción de la acusada no es producto de un plan o maquinación personal para quedarse o apropiarse del dinero, sino que su actuación es producto de una orden que recibió de un Juez, quien decidió la devolución del mismo, todo lo cual fue escuchado por los empleados judiciales de ese juzgado. De ahí pues, que el Ministerio público no logró acreditar que la acusada Maria de Jesús Aguilar Miranda halla actuado con dolo o intención al entregar una parte del dinero de la fianza, se concluye entonces que no se cumplen todos los elementos objetivos, pues el dinero entregado en fianza no constituía en esos momentos un caudal público y por otro lado, no se probó el elemento subjetivo del tipo penal, al existir un dolo viciado por una orden de un superior jerárquico, razonamientos que fueron observadas así por el Sentenciador y quien valorando las pruebas conforme a las regla de la sana crítica, determinó acertadamente absolver de toda responsabilidad a la acusada. Por todo lo antes expuesto es procedente desestimar el presente recurso de casación en su único motivo. Decisión Se declara no lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuestos por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuestos por el Abogado Isaias Oliva Palma, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra la señora Maria de Jesús Aguilar Miranda a quien se le absolvió por el delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de La Administración Pública. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha doce de abril del dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de junio de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-406-2021.

WILY ALEXANDER MEDINA PEREZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

1 | 1

[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial. Tegucigalpa, Honduras. Año: 2004. Página 595