Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-405-22 — Registro 15856

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito Falsificación de Documentos por su Uso Continuado y Estafa Impropia, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. EL SEGUNDO MOTIVO ES DE RECIBO. Luego de analizar el segundo motivo de casación, se verifica que en efecto, a la vista del factum de la resolución recurrida, hemos de concluir que no se expresan en él, los elementos objetivos y subjetivos para establecer la existencia del delito de Uso de Documento Falso en delito Continuado, pues no existe una descripción bastante y suficiente en el hecho probado de lo que se desprenda una consideración del tipo penal. El hecho probado de la sentencia impugnada no permite una subsunción del tipo penal por el cual se condenó al acusado, ya que lo que se refleja en el hecho probado en su apartado tercero “Que la firma que calza al pie de cada instrumento no pudo ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio Garcia Hernández, según dictamen de documentología 6372-2015...”, pero sin el alcance de lo que el tipo penal de Uso de Documento Falso describe como “Falsedad”, ya que no entraría en el concepto de este delito el no asociarse una firma, sino aquellas que en la descripción del resultado lesivo, se establece que se presentó en juicio un documento falso de los comprendidos en el Artículo 456 del presente Código o, hace uso de dicho documento causando perjuicio a tercero, hace uso de dicho documento. La expresión “no pudo ser asociada a la firma” no es terminante para concluir de manera categórica la existencia de una falsedad, pues bien, como indica el recurrente, el documento público puede ser adulterado por la falsificación material o por la falsedad ideológica: a) La falsificación material acontece cuando existiendo de previo un documento público legítimo, se procede a alterar el mismo, agregando, borrando o cambiando datos contenidos en él, de modo que sufra modificación en su sentido o significado; b) La falsedad ideológica puede producirse de dos maneras: i) Por veracidad: cuando en la confección del documento público, el funcionario público encargado de su elaboración agrega, omite o tergiversa datos distintos a la realidad, cambiándole el significado o sentido del documento; ii) Por legitimidad: cuando el documento que es considerado de carácter público por suponer estar dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil, en realidad haya sido confeccionado por una persona distinta al funcionario público autorizado por la ley. De la simple lectura del apartado tercero del hecho probado, se colige que la firma no pudo ser asociada, lo cual es distinto a que la misma sea falsa; no puede suponerse o asumirse en perjuicio del acusado, que esa falta de asociación le da la falsedad a un documento. La redacción empleada por el sentenciador puede resultar ser distorsionadora, en la medida que permite plantearse escenarios en donde no fue posible ser asociada la firma de la víctima señor Reynaldo Antonio García Hernández en los instrumentos públicos, sea porque la muestra no esta tomada correctamente entre otros ejemplos. Es claro que es necesario que esta circunstancia del “falsedad” quede acreditada en el factum de la sentencia, ello por formar el verbo rector del tipo penal reprochado al acusado. Se concluye, en definitiva, que la necesidad para la configuración del vicio, es que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son constitutivos de delito y qué tipo de delito, como así ocurre en el presente caso. Por lo anteriormente expuesto, el motivo es de recibimiento. Al haber prosperado el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos; y, por los efectos jurídicos que conlleva su estimatoria, se exime el pronunciamiento respecto al recurso de casación por quebrantamiento de forma en cada uno de sus motivos. DECISIÓN. Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “ En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 405-2022, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de abril de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla, como autor penalmente responsable del delito Falsificación de documentos por su uso continuado, en perjuicio de Reynaldo Antonio Garcia Hernández, a la pena de cinco años de prisión. Segundo: Condenó al señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla, como autor penalmente responsable del delito de Estafa Impropia, en perjuicio de Reynaldo Antonio Garcia Hernández, a la pena de cuatro años de prisión. Tercero: Condenó al Señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil del señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla, la que será determinada por el Juez de Ejecución Competente. Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla, Sexto: No procedió a declarar el comiso ya que no se presentó ningún objeto o instrumento del delito. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Angie Margarita Villanueva Barahona, en su condición de defensora privada de Reynaldo Daniel García Padilla. Son partes en única instancia: La Abogada Angie Margarita Villanueva Barahona, defensora privada, en su condición de recurrente y las Abogadas Marla Iris Cárdenas Guardado, agente fiscal del Ministerio Público; Fani Sobeida Caballero Arita, Procuradora Judicial del Estado de Honduras y Irma Yamileth López Alvares, Acusadora Privada; todas en su condición de recurridas. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, el señor Reynaldo Antonio García Hernández, confirió poder especial de administración ante la notaria María Dolores R. de Raskoff, bajo el instrumento número cincuenta y tres, a su hijo el señor Reynaldo Daniel García Padilla, a fin de administrar los bienes siguientes: Edificio Maya II, Edificio Maya III, apartamentos Maya, Edificio de dos plantas con área de parqueo y/o bodegas, edificio de dos plantas acondicionado con tres apartamentos, ubicados en la ciudad Capital, estableciendo taxativamente en su cláusula novena la Prohibición de vender, hipotecar, ni enajenar los bienes anteriormente detallados. SEGUNDO: Entre los días once al quince de diciembre del año dos mil catorce, fueron autorizados doce instrumentos públicos con número 1198, 1199, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1212, 1216 1217, ante los oficios del notario Juan Isidro Ortez Gallo, en los cuales se traspasan dichas propiedades contenidas en los instrumentos antes mencionados, sin reunir los requisitos legales exigidos por la parte otorgante, a favor del señor Reynaldo Daniel García Padilla. Posteriormente fueron inscritos en el Instituto de la Propiedad a favor del señor Reynaldo Daniel García Padilla y de terceros. TERCERO: Que la firma que calza al pie de cada instrumento no pudo ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio Garcia Hernández, según dictamen de documentología 6372-2015. CUARTO: Desde el mes diciembre del año dos mil catorce los bienes descritos en los doce instrumentos señalados anteriormente, han estado a disposición del señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla, beneficiándose de las rentas que generan los edificios denominados maya II. maya III, y apartamentos mayas, igualmente ha traspasado los bienes contenidos en los instrumentos 1204, 1206, 1208, 1211 y 1217 a terceras personas.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Angie Margarita Villanueva Barahona, procedió a formalizar su recurso de casación de la manera siguiente:“SE FORMALIZA RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA SIGUIENTE MANERA: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PRIMER MOTIVO. - Recurso de Casación por Infracción de Ley. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 367 del Código Penal decreto legislativo 130-2017. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del tipo penal de Estafa Impropia. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso invocado, en consecuencia, la absolución de toda responsabilidad de mi representado. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La infracción es invocada, debido a que los Juzgadores han hecho referencia a un tipo penal ajena a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia recurrida, en la que se aprecia la incongruencia entre el Fáctum de la resolución y la norma que se le asigna, es decir, el artículo 367 del Código Penal decreto legislativo 130-2017, puesto que esta norma penal, no se ajusta a los hechos probados señalados por la sentencia, por lo que resalta la incompatibilidad entre el relato de hechos y la norma por la que se condena. El artículo que se considera infringido por aplicación indebida prescribe lo siguiente: “ARTÍCULO 367.- ESTAFAS IMPROPIAS. Se debe castigar con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quien ejecute alguna de las conductas siguientes: 1) Quien en perjuicio de tercero, dispone de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga o gravamen sobre la misma; 2) Quien enajena, grava o arrienda una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa; 3) Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado; y, 4) Quien en un procedimiento judicial, manipula las pruebas en que pretende fundar sus alegaciones o emplea otro fraude procesal análogo, provocando error en el Órgano Jurisdiccional competente y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. Asimismo, incurre en esta modalidad de estafa quien, en el modo descrito, provoca error en la parte contraria, llevándola a cambiar su voluntad procesal y perjudicando sus intereses económicos.” Aun y cuando los juzgadores en la parte resolutiva de la sentencia no hicieron alusión a cuál de los cuatro presupuesto de estafas impropias condenaron, si lo hicieron en la fundamentación jurídica cuando describieron lo siguiente: “…siendo que en dicho decreto la conducta sancionadora por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS POR SU USO CONTINUADOS Y EL DELITO DE ESTAFA IMPROPIA son más beneficiosas para el encausado y se encuentra regulada en el artículo 459 en relación con el articulo 68 y 367 numeral 2 de dicho cuerpo legal…” lo resaltado en negrita y subrayado es nuestro. Bajo el Título XX del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: Ius Abutendi (dominio) Ius Fruendi (usufructo) Ius Utendi (posesión) Por ello, resulta de necesidad detallar en concepto general lo que abarca el bien jurídico propiedad. El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que "nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley" Como concepto: Son todos aquellos intereses que el hombre/mujer aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. El Código Civil (Art. 610): los derechos los divide en personales y reales: Son Derechos Personales, aquellos que solo pueden reclamarse por una persona particular e individualizada, a razón de un hecho propio o por disposición de la ley, y que están sujetas a obligaciones correlativas; y Son Derechos Reales, aquellos que se tienen sobre una cosa, sin referencia a determinada persona. Los derechos Reales pueden recaer sobre cosas corpóreas, sobre cosas incorpóreas (derechos), sobre bienes inmateriales (Ejemplo: elementos protegidos por derechos de autor) o sobre universalidades (Ejemplo: La Herencia). Todos los casos los derechos reales se componen de dos elementos básicos: El Titular del Derecho: que es la persona que tiene el poder o la facultad de aprovecharse de la cosa en forma total o parcial; y La Cosa: Que es sobre el cual recae el derecho, misma que debe de ser determinada e individualizada. Constituyen derechos reales: el dominio, el uso o habitación, la herencia, el usufructo, las servidumbres activas, la prenda y la hipoteca. El Dominio o propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. (Art. 613 del CC). El dominio es el derecho real más amplio, dado que permite que el titular apropiarse de la cosa, aprovecharse y gozar de ella y eventualmente disponer de ella, de modo de verse sometida a su absoluta voluntad, a excepciones de las limitaciones establecidas en la ley. Según el artículo 613 del Código Civil: la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. El dominio o propiedad otorga dos clases de facultades a la persona natural o jurídica titular de él: Facultades Jurídicas: Son aquellas que se ejercen y disponen mediante la celebración de actos jurídicos, como ser los actos de disposición (tradición, herencia); y Facultades Materiales: Son las que se ejercen mediante actos materiales (fenoménicamente apreciables), que permiten el aprovechamiento de la cosa (Uso, goce, consumo).Existen dos clases de dominio o propiedad: El Pleno Dominio o Propiedad: Que permite ejercer plenamente las facultades que concede dicho derecho real; (Incluye el ejercicio conjunto de las Facultades Jurídicas y Materiales); Y El Nudo Dominio o Nuda Propiedad: Que limita el ejercicio del derecho real al uso, goce y consumo. (Consiste en el ejercicio de la facultad material sin la facultad jurídica). Así pues, constituyen elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en mención (Estafas Impropias 367.2): Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna y es el que adquiere un provecho injusto con ocasión de la disposición patrimonial del sujeto pasivo; Sujeto Pasivo: Persona que hace la disposición Patrimonial; Conducta Criminosa: centrada en enajenar, gravar o arriendar una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa; Engaño: El sujeto activo presenta como persona facultada para realizar el acto de disposición; Error: El sujeto pasivo acepta como verdadero las facultades del sujeto activo; Disposición Patrimonial: El sujeto pasivo realiza una disposición patrimonial con ocasión del error; Ejemplo de ello: Esposo que va a empeñar parte del menaje que por ley pertenece a su esposa; Persona que se presenta a una audiencia de conciliación, a efecto de conciliar, aun cuando no tiene facultades legales para ello; Vender como propio un bien que le es ajeno; 1.-Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos, sin tener facultades de disposición para realizarlo. Estamos claros que los hechos declarados probados constituyen la base fáctica de la sentencia, siendo intangibles e inalterables en casación; y, que a través del recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir la alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el a quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, el señor Reynaldo Antonio García Hernández, confirió poder especial de administración ante la notaria María Dolores R. de Raskoff, bajo el instrumento número cincuenta y tres, a su hijo el señor Reynaldo Daniel García Padilla, a fin de administrar los bienes siguientes: Edificio Maya II, Edificio Maya III, apartamentos Maya, Edificio de dos plantas con área de parqueo y/o bodegas, edificio de dos plantas acondicionado con tres apartamentos, ubicados en la ciudad Capital, estableciendo taxativamente en su cláusula novena la Prohibición de vender, hipotecar, ni enajenar los bienes anteriormente detallados. SEGUNDO: Entre los días once al quince de diciembre del año dos mil catorce, fueron autorizados doce instrumentos públicos con número 1198, 1199, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1212, 1216 1217, ante los oficios del notario Juan Isidro Ortez Gallo, en los cuales se traspasan dichas propiedades contenidas en los instrumentos antes mencionados, sin reunir los requisitos legales exigidos por la parte otorgante, a favor del señor Reynaldo Daniel García Padilla. Posteriormente fueron inscritos en el Instituto de la Propiedad a favor del señor Reynaldo Daniel García Padilla y de terceros. TERCERO: Que la firma que calza al pie de cada instrumento no pudo ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio García Hernández, según dictamen de documentología 6372-2015. CUARTO: Desde el mes diciembre del año dos mil catorce los bienes descritos en los doce instrumentos señalados anteriormente, han estado a disposición del señor Reynaldo Daniel García Padilla, beneficiándose de las rentas que generan los edificios denominados maya II, maya III, y apartamentos mayas, igualmente ha traspasado los bienes contenidos en los instrumentos 1204, 1206, 1208, 1211 y 1217 a terceras personas.” Dentro de otras acciones ilícitas desplegadas por al acusado Reynaldo Daniel García Padilla, según el cuadro factico antes descrito, no es posible subsumir el delito de Estafa Impropia, tipificado en el artículo 367 del Código Penal decreto legislativo 130-2017, de la simple lectura de los hechos estimados y declarados como probados, NO aparece como verdad incuestionable, en otras palabras, NO se describe del hecho probado, que el acusado, hubiere tenido una conducta criminosa centrada en enajenar, gravar o arriendar una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa; aun y cuando, el ofendido Reynaldo Antonio García Hernández confirió poder especial de administración con prohibiciones (vender, hipotecar, ni enajenar) al acusado Reynaldo Daniel García Padilla, esté último, no hizo uso del poder especial de administración para traspasarse a su favor o de tercero los bienes inmuebles consistentes en los edificios Maya II, Maya III, apartamentos Maya, edificio de dos plantas con área de parqueo y/o bodegas, edificio de dos plantas acondicionado con tres apartamentos, todos ubicados en la ciudad Capital; como a bien lo refieren los juzgadores, en su apartado tercero de los hechos probados, la firma que calza al pie de cada instrumento no puede ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio García Hernández, cuestionada o no dicha firma, queda claro que quien otorga dichos instrumentos no ha sido el imputado por si mismo y a su favor, para que pueda configura los elementos del tipo penal de Estafa Impropia en su presupuesto segundo, sino que la firma que aparece otorgando, cuestionable o no, es del ofendido Reynaldo Antonio García Hernández. Los juzgadores, en su redacción de hechos dio como probado, un escenario en donde el acusado no se atribuyó falsamente facultades de disposición sobre los bienes, pues claramente dejaron manifiesto que el otorgamiento de los instrumentos públicos cuestionados no ha sido por poseer un poder de administración y hacer uso de ello con falsas facultades, sino, por calzar una firma al pie de cada instrumento que no pudo ser asociada a la firma del ofendido Reynaldo Antonio García Hernández. Sin bien es cierto, en el apartado cuarto dieron como probado que el acusado Reynaldo Daniel García Padilla, ha traspasado los bienes contenidos en los instrumentos 1204, 1206, 1208, 1211 y 1217 a terceras personas, tampoco es menos cierto, que dichos traspaso suscitaron posterior al otorgamiento de los instrumentos mediante la firma no asociada al ofendido y NO haciendo uso el acusado Reynaldo Daniel García Padilla, del poder especial de administración para traspasar los bienes inmuebles a favor de terceros, atribuyéndose para ello, alguna falsedad en las facultades de disposición. En conclusión, no puede suponerse o asumirse en perjuicio del acusado Reynaldo Daniel García Padilla, que éste realizó una acción punible de haber vendido, hipotecado o haber enajenado los bienes inmuebles, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa en uso de un poder de administración otorgado, pues esta circunstancia, debe quedar taxativa en la narración fáctica de la sentencia al conformar elementos objetivos centrales del tipo penal de Estafa Impropia (Art.367 numeral 2 CP) Por los argumentos expuestos, los Juzgadores no lograron reproducir en los cuatro hechos probados los elementos objetivos y subjetivos del delito de Estafa Impropia, contenido en el Artículo 367 numeral 2 del Código Penal decreto legislativo 130-2017, sin embargo, resolvieron imponer al acusado como consecuencia una pena principal de prisión de cuatro años, más las penas accesorias correspondientes; tal decisión, fue incorrecta, pues NO se ha aplicado debidamente la norma sustantiva en mención a un hecho histórico con el cual NO tiene identidad. Si bien, no se ha aplicado debidamente la norma sustantiva contenida en el articulo 367 en su conducta del numeral 2, menos lo tienen la conducta del numeral 1, 3 y 4 a razón de lo siguiente: PRIMER SUPUESTO: "Quien, en perjuicio de tercero, dispone de una cosa mueble o inmueble, ocultando la existencia de cualquier carga o gravamen sobre la misma.". En el cual, el sujeto activo presenta el bien en forma diferente a la realidad. Ejemplo: Quien vende como libre un bien inmueble hipotecado; o, Quien vende un bien mueble sin informar que esta puesto como garantía de una obligación; TERCER SUPUESTO: "Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado." ELEMENTOS: Conspiración: Dos o más personas se confabulan para simular un contrato; (No debe de intervenir el sujeto pasivo); El contrato falso debe de afectar una relación comercial entre el sujeto activo y el sujeto pasivo pre existente; La afectación debe consistir en: a).- Suspensión o terminación de la relación comercial previa; b).- incumpliendo total o parcial de obligaciones previas; c).- Obtención de prebendas o concesiones indebidas; Debe de generar perjuicio patrimonial en el sujeto activo; Ejemplo de ello: Persona desea conseguir crédito en una institución bancaría y para ello simula contrato donde figura ser acreedor de una obligación; Persona tiene deuda en una casa comercial y para evitar o aplazar los pagos simula la existencia de contrato preferente de prenda o hipoteca. CUARTO SUPUESTO: En procedimiento judicial, manipula las pruebas o emplea fraude procesal, provocando: Error judicial en resolución judicial a su favor que cause perjuicio en intereses económicos de otros. Error en la contra parte, que le haga cambiar su voluntad procesal, en perjuicio de sus intereses económicos. SUPUESTOS: Presentación de prueba falsa; Invocación de doctrina legal inexistente; Ocultación de prueba que se tiene obligación de presentar; Destrucción de prueba que tiene la obligación de conservar; Simulación de situación económica de cliente (es insolvente) para provocar acuerdo judicial o extra judicial homologado. Queda evidente, que ninguna de las conductas descritas en el artículo 367 en relación a la Estafas Impropias se ha aplicado debidamente a un hecho histórico con el cual NO tiene identidad, por ello, finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que, una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza se case el fallo que ahora genera inconformidad a este recurrente concediendo la absolución a mi representado del delito de Estafas Impropias. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. SEGUNDO MOTIVO. - Recurso de Casación por Infracción de Ley. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 459 del Código Penal decreto legislativo 130-2017. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del tipo penal de Uso de Documento Falso. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso invocado, en consecuencia, la absolución de toda responsabilidad de mi representado. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El artículo que se considera infringido por aplicación indebida prescribe lo siguiente: “ARTÍCULO 459.- USO DE DOCUMENTO FALSO. Quien, sin haber intervenido en su falsificación, presenta en juicio un documento falso de los comprendidos en el Artículo 456 del presente Código o, hace uso de dicho documento causando perjuicio a tercero, hace uso de dicho documento, debe ser castigado con la pena de prisión señalada para la falsificación, reducida en un tercio (1/3).” El Tribunal sentenciador evacuadas que fueron todas las probanzas, estimó como hecho probado lo siguiente: “PRIMERO: En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, el señor Reynaldo Antonio García Hernández, confirió poder especial de administración ante la notaria María Dolores R. de Raskoff, bajo el instrumento número cincuenta y tres, a su hijo el señor Reynaldo Daniel García Padilla, a fin de administrar los bienes siguientes: Edificio Maya II, Edificio Maya III, apartamentos Maya, Edificio de dos plantas con área de parqueo y/o bodegas, edificio de dos plantas acondicionado con tres apartamentos, ubicados en la ciudad Capital, estableciendo taxativamente en su cláusula novena la Prohibición de vender, hipotecar, ni enajenar los bienes anteriormente detallados. SEGUNDO: Entre los días once al quince de diciembre del año dos mil catorce, fueron autorizados doce instrumentos públicos con número 1198, 1199, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1212, 1216 1217, ante los oficios del notario Juan Isidro Ortez Gallo, en los cuales se traspasan dichas propiedades contenidas en los instrumentos antes mencionados, sin reunir los requisitos legales exigidos por la parte otorgante, a favor del señor Reynaldo Daniel García Padilla. Posteriormente fueron inscritos en el Instituto de la Propiedad a favor del señor Reynaldo Daniel García Padilla y de terceros. TERCERO: Que la firma que calza al pie de cada instrumento no pudo ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio García Hernández, según dictamen de documentología 6372-2015. CUARTO: Desde el mes diciembre del año dos mil catorce los bienes descritos en los doce instrumentos señalados anteriormente, han estado a disposición del señor Reynaldo Daniel García Padilla, beneficiándose de las rentas que generan los edificios denominados maya II, maya III, y apartamentos mayas, igualmente ha traspasado los bienes contenidos en los instrumentos 1204, 1206, 1208, 1211 y 1217 a terceras personas.” En su desarrollo histórico, la sociedad ha creado signos, señas, claves y registros de manifestaciones humanas a los que ha atribuido un significado de fuerza de verdad y/o legitimidad, y que han permitido entablar y agilizar una serie de relaciones humanas con la confianza necesaria entre las partes interesadas y frente a terceros, esa confianza es la Fe Pública. Esos signos, señales, claves y registros de manifestaciones humanas, representan una verdad formal de la que hacen prueba, permitiendo su tráfico entre las relaciones personales al amparo del crédito atribuido a éstos, es así que, sin la fe pública, no existiría esa confianza y las relaciones sociales se verían atrofiadas por la falta de credibilidad, generando desconfianza entre los semejantes, incertidumbre, falta de seguridad jurídica y en general desorganización social. La significancia atribuida a los signos, señas, claves y registro de manifestaciones humanas puede derivar de la fe pública social o de la fe pública estatal; la primera tiene su amparo a la buena fe de los individuos en sus relaciones sociales en los que no tiene intervención el Estado, mientras la segunda tiene su amparo ya sea porque el Estado haya autorizado a particulares para dar fe sobre hechos, actos o convenciones realizadas por miembros de la sociedad en pro de sus intereses personales o porque sea el propio Estado el encargado de la elaboración de esos signos, claves, señales y registros de manifestaciones humanas por conducto de sus funcionarios a los que enviste de fe pública por delegación de la ley. Para efecto de proteger la Fe Pública, el legislador ha creado una serie de tipos penales en pro de la defensa de este bien jurídico, a los que agrupa en el título XXVI del Libro Segundo del Código Penal decreto legislativo 130-2017, entre los cuales se encuentra el Uso de Documentos Falso, contenido en el artículo 459, lo que obliga a estudiar, qué es un documento, cuando es de carácter público y como puede ser objeto de falsificación: 1) Documento en general es todo aquello en donde queda plasmado una expresión humana, explicando Cuello Calón[1], que para efectos legales deberá reunir los siguientes elementos: a) Ha de ser escrito: confeccionado con caracteres alfabéticos, numéricos o taquigráficos, aptos para expresar el pensamiento humano y que puedan ser explicados e interpretados por otros; b) Ha de estar escrito en cosa mueble; c) Autor identificado o identificable; y d) Apto para producir efectos jurídicos; 2) Son documentos públicos aquellos que determina el Código Procesal Civil en su artículo 271[2]; 3) El documento público puede ser adulterado por la falsificación material o por la falsedad ideológica: a) La falsificación material acontece cuando existiendo de previo un documento público legítimo, se procede a alterar el mismo, agregando, borrando o cambiando datos contenidos en él, de modo que sufra modificación en su sentido o significado; b) La falsedad ideológica puede producirse de dos maneras: i) Por veracidad: cuando en la confección del documento público, el funcionario público encargado de su elaboración agrega, omite o tergiversa datos distintos a la realidad, cambiándole el significado o sentido del documento; ii) Por legitimidad: cuando el documento que es considerado de carácter público por suponer estar dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil, en realidad haya sido confeccionado por una persona distinta al funcionario público autorizado por la ley. Los conceptos anteriores están comprendidos en el tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos indicando el artículo 456 del Código Penal decreto legislativo 130-2017 que “ARTÍCULO 456. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MERCANTILES. Comete falsedad en documento público o mercantil, quien ejecuta alguna de las conductas siguientes: 1) Altera, destruye, suprime, mutile u oculte un documento en alguno de sus elementos esenciales; 2)Simula un documento en todo o en parte, de modo que induzca a error sobre su autenticidad; o, 3)Falta a la verdad en la narración de los hechos, o inserta declaraciones o manifestaciones diferentes de las verdaderas o que no han tenido lugar, de modo que induzca a error sobre la veracidad del documento en alguno de sus elementos esenciales..” Los juzgadores no fueron claros en expresar a cuál de las conductas señaladas en el artículo 456 fue la cometida en la falsedad del documento usado por el acusado Reynaldo Daniel García Padilla, sin embargo, del hecho probado en relación a la conducta típica de Uso de Documento Falso, solo hace mención en su apartado tercero que describe : “TERCERO: Que la firma que calza al pie de cada instrumento no pudo ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio García Hernández, según dictamen de documentología 6372-2015.” De la simple lectura se colige que la firma no pudo ser asociada, lo cual es distinto a que la misma sea falsa; no puede suponerse o asumirse en perjuicio del acusado, que esa falta de asociación le da la falsedad a un documento. Al no existir perfecta armonía entre los hechos probados con la normativa penal vigente, es patente nuestra inconformidad con el fallo, por considerar que el Tribunal Sentenciador, ha aplicado indebidamente el derecho en su correcta dirección, al haber aplicado en forma indebida el artículo 459 del Código Penal decreto legislativo 130-2017, condenando injustamente a mi representado Reynaldo Daniel García Padilla por el Uso de Documento Falso en delito Continuado, cuando en ningún momento fue un hecho probado que la firma que calza al pie de cada instrumento público en relación al ofendido Reynaldo Antonio García Hernández sea falsa, es decir, que se haya replicado la rúbrica con el objetivo de obtener un beneficio en el nombre del ofendido, lo cual haría no valido el documento, lo que fue declarado como probado es que no fue asociada a la firma del ofendido, eso genera una pregunta; No se pudo ser asociada a razón de qué? Por falta de muestras para su comparación; nunca sabremos la respuesta, dado la redacción de cada hecho declarado como probado; por esa consideración someto a control, a efecto de que el Honorable Tribunal de Casación a través del presente recurso aplicando el derecho en armonía con la justicia declare HA LUGAR el Recurso de mérito y dicte sentencia en la cual casará el fallo recurrido y resolverá el caso de acuerdo con la ley aplicable, en beneficio de la legalidad y seguridad jurídica que debe existir en el proceso. SE FORMALIZA RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PRIMER MOTIVO. - Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 141, 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción Expuesto: Insuficiencia de motivaciones jurídicas. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; Pretensión: La nulidad de la Sentencia impugnada y del proceso en que se dictó, provocando la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir el vicio denunciado. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El artículo 141 del Código Procesal Penal prescribe que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho: 1.-En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2.- En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la sana crítica. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación, provocando la nulidad de la sentencia. Con lo expresado, es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica, la cual se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. Ante lo anterior, al estar desprovista de razonamiento judicial suficiente, la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave, mismo que impide conocer su justificación; es decir, la seguridad a las partes o quien la lea, de que esta decisión Judicial no obedece a voluntades irracionales sino a conclusiones a las que ha llegado el tribunal en base a un proceso intelectivo que apoya su decisión y la vuelven jurídicamente aceptable. Está claro que la sentencia que ahora se impugna no fue construida en respeto de los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. Los juzgadores en su motivación jurídica fue escueta, insuficiente para poder deducir del mismo, que norma legal rige en el caso subjudice, además realizaron una motivación insuficiente de contenido, donde solo, realizan planteamientos abstractos, haciendo mano de tecnicismos que además son citados incorrectamente, lo que lejos de elevar la calidad de la resolución judicial, la redujeron a un pronunciamiento sin sentido. Indican los Jueces en su fundamentación jurídica: “…por lo anterior procedemos a la aplicación del decreto 130-2017 en el cual en su artículo 615 regula la aplicación de la ley penal más favorable, siendo que en dicho decreto la conducta sancionadora por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS POR SU USO CONTINUADOS Y EL DELITO DE ESTAFA IMPROPIA son más beneficiosas para el encausado y se encuentra regulada en el artículo 459 en relación con el articulo 68 y 367 numeral 2 de dicho cuerpo legal, que al igual que el decreto 144-83 ,en su parte objetiva como premisa tenemos, a quien haga uso de un documento a sabiendas de su falsedad en perjuicio de tercero, es decir que el sujeto activo puede ser cualquier persona con la intención de hacer uso de un documento carente de algún elemento propio que lo haga autentico. Como parte subjetiva o dolo falsario, tenemos la concurrencia por parte del agente su voluntad y conciencia de que el acto de uso del documento es contrario a la fe pública. En la estafa impropia, como parte objetiva tenemos, a quien se apodere de bienes o se atribuye falsamente la disposición de ellos, igualmente el sujeto activo puede ser cualquier persona, quien hace suyos ya sea bienes muebles o inmuebles sin estar legitimado para ello. - Como parte subjetiva, el ánimo de lucro con el que obra el autor del delito, siendo necesaria la obtención del beneficio buscado para poder entender que se ha consumado. En la presente causa quedo debidamente acreditado que el encausado participo directamente en el uso de los documentos públicos, autorizados por el notario Ortez Gallo, a efecto de enajenarlos a su favor , en perjuicio de su padre, realizando dicha acción en doce ocasiones, sin haber estado presente el señor García Hernández, por lo que se realizó una continuidad delictiva en perjuicio del ofendido, por tal razón, en aplicación al artículo 68 del código penal se deberá imponer la pena señalada en la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegar hasta una pena superior de un tercio 1/3, esto con relación al delito de Falsificación de documentos públicos por su uso. Lo anterior tomando en consideración los aspectos siguientes, primeramente la falsedad del documento empleado, al respecto ha quedado evidenciado que el señor García Hernández no estuvo presente al momento de autorizarse las enajenaciones en los doce instrumentos públicos, afirmación que es corroborada por las pericias de documentología forense y dactiloscópicas y cuya autenticidad igualmente ha quedado en entre dicho ya que no fueron firmadas en presencia del notario, que en su caso debió de haber dado fe de dicho acto; Como segundo aspecto, es el conocimiento que tenía García Padilla de la falsedad de los documentos públicos utilizados por el a efecto de enajenar a su favor los bienes perecientes a su padre sin tener el consentimiento de este, aun así realizo doce traspasos de dominio a su favor. En cuando al delito de apropiación indebida, Denominación que comprende modalidades específicas de la estafa, en las que el perjuicio patrimonial que experimenta una persona se produce o bien por la celebración de un negocio jurídico viciado por la existencia de engaño, consistente en la falsa ostentación de la titularidad requerida para enajenar, en la presente causa lo anterior se consumó en el momento en que el encausado realizo actos de disposición sobre los bienes de su padre, enajenándoselos a su favor, cuando solamente tenía facultades para administrar los mismos y viciando el consentimiento al momento de la cartulacion de los doce instrumentos públicos anteriormente cuestionados, por lo que los elementos objetivos y subjetivos de los delitos por los cuales ha sido condenando el encausado se subsumen en el accionar del señor García Padilla y son aptos para quebrantar su estado de inocencia con el cual venia gozando.” Este limitado esfuerzo de motivación jurídica no explica que normas fueron las aplicables, para el caso, se condenó a mi representado Reynaldo Daniel García Padilla, por un delito de Estafa Impropia regulado en el artículo 367 del Código Penal decreto legislativo 130-2017, los juzgadores solo invocaron la norma aplicable, sin señalar por qué debe regir la conducta del numeral 2 o cualquiera de las demás conductas, en igual condición sucede con el delito de Uso de Documento Falso tipificado en el artículo 459 de la norma penal ya referida, siendo insuficiente poder determinar, a cual conducta señalada en el artículo 456 fue la cometida en la falsedad del documento usado por el acusado Reynaldo Daniel García Padilla, es decir, si esa falsedad derivo a razón de: 1) Altera, destruye, suprime, mutile u oculte un documento en alguno de sus elementos esenciales; 2)Simula un documento en todo o en parte, de modo que induzca a error sobre su autenticidad; o, 3)Falta a la verdad en la narración de los hechos, o inserta declaraciones o manifestaciones diferentes de las verdaderas o que no han tenido lugar, de modo que induzca a error sobre la veracidad del documento en alguno de sus elementos esenciales. Nada de eso se dice en la motivación jurídica, no hay ninguna explicación del por qué estas normas (Art. 367 y 459 del Código Penal decreto legislativo 130-2017) están vinculadas al caso concreto. La motivación actúa para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte del justiciable, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial. Por esta razón, la sentencia judicial debe considerarse suficientemente motivada cuando contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión; y, en segundo lugar, una fundamentación en derecho; sin embargo, en la sentencia recurrida se desconoce cuál fue el criterio jurídico esencial fundamentador de la decisión, resultando imposible deducir o inferir el proceso racional que los llevó a tal decisión, al no hacer un esfuerzo para explicar la teoría de la acusación y que normas legales debe de regir en el caso concreto. En tal sentido pues, consideramos que el vicio de Casación en la forma que hemos citado, debe ser subsanado mediante el presente recurso, por ser insuficiente la sentencia de motivación jurídica, situación que trae como consecuencia la anulación del juicio celebrado, para que mediante la celebración de otro nuevo se subsanen los yerros cometidos en la forma, por lo que pedimos a la Honorable Sala de lo Penal se proceda como en derecho corresponde. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. SEGUNDO MOTIVO. - Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 338 numeral 4, inciso primero del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción Expuesto: Haber omitido el sentenciador, la declaración de los hechos que se estimaren probados; Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; Pretensión: La nulidad de la Sentencia impugnada y del proceso en que se dictó, provocando la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir el vicio denunciado. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Existirá omisión de declaración fáctica, no solo cuando la sentencia carezca de un apartado en donde se señale como probado una concreta narración histórica de hechos objeto de debate, sino cuando en tal apartado se consignen aspectos distintos a éstos, como actuaciones procesales, relaciones de medios de prueba, relación de normas jurídicas, etc. La Sentencia recurrida declara como probado en su apartado tercero “Que la firma que calza al pie de cada instrumento no pudo ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio García Hernández, según dictamen de documentología 6372-2015.” tal declaración reproduce la relación de un medio de prueba y no aspectos de hecho que hayan sido acreditados mediante la actividad probatoria, lo que genera que la sentencia carezca de hechos probados como elemento indispensable para la toma de decisión de fondo, concurriendo así el defecto de forma que prevé el artículo 362.1 del Código Procesal Penal. Es propicio señalar que los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde los/as Juzgadores/as hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate.- Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; Motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores/as, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el Juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de Valoración de la Prueba, así pues, el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). En síntesis, al ser los hechos probados el apartado fundamental de la sentencia penal, su omisión produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. En tal sentido pues, consideramos que el vicio de Casación en la forma que hemos citado, debe ser subsanado mediante el presente recurso, ante la falta de declaración de hechos probados en relación del tipo penal de Uso de Documento Falso Continuado, situación que trae como consecuencia la anulación parcial del juicio celebrado, para que mediante la celebración de otro nuevo se subsanen el yerro cometido en la forma, por lo que pedimos a la Honorable Sala de lo Penal se proceda como en derecho corresponde. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. TERCER MOTIVO. - Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción Expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; Pretensión: La nulidad de la Sentencia impugnada y del proceso en que se dictó, provocando la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir el vicio denunciado. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia en fecha 07 de abril de dos mil veintidós; lo hizo vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador la prueba de cargo resultó suficiente para lograr la certeza de que mi representado, haya participado en los hechos considerados como delitos de Uso de Documentos Falsos Continuado y de Estafa Impropia, ya que según el juzgador, las pruebas propuestas por las acusaciones pública y privada, llámese declaraciones testificales de Maria Elena Wah Lung y Ariel Antonio Garcia Wah Lung, sus declaraciones fueron aptas para dar por probados los hechos de la acusación, no existiendo contradicción entre ellas, que merecen credibilidad, no se percibió ningún sentimiento espurio en contra del encausado, fueron contestes a los interrogatorios de las partes, siendo coherentes en sus narraciones, sin embargo, de ambas declaraciones suscito lo siguiente: La señora María Elena Wah Lung ha establecido que su hijo Ariel Antonio Garcia Wah Lung, administraba la empresa “mi casita”, que en fecha 30 de noviembre del 2014, se presentó ante las oficinas el acusado Reynaldo Daniel García Padilla, con un poder de administración otorgado por su padre Reynaldo Antonio García Hernández, sin embargo, el señor Ariel Antonio Garcia Wah Lung, en su deposición testifical, manifestó, que fue administrador de los edificios “MAYA II y MAYA III”, contradiciendo lo declarado por María Elena Wah Lung; quien además expuso, que el señor Reynaldo Antonio, le dijo que se encontraba enfermo, que le habían realizado una operación en la cabeza, todo ello, en presencia del fiscal, pero el dictamen número 0801-0101-0635 de fecha 16 de febrero de 2016, como resultado del examen físico describe buen estado general y nutricional, lúcido, consciente, colaborador, lenguaje claro, memoria y pensamiento conservado, hemodinámicamente estable; asimismo, la señora María Elena Wah Lung manifestó que Daniel, sacó a su hijo ARIEL, de las oficinas a punta de pistola, pero según relato de Ariel Antonio Garcia Wah Lung, fue uno de los guardaespaldas quien no lo dejó ingresar a punta de pistola. Esta recurrente se pregunta, como los Juzgadores pudieron dar plena credibilidad a ambas declaraciones si ambos se contradicen en sus dichos, aunado a ello, un medio de prueba pericial que contradice los dichos de la señora María Elena Wah Lung, al contradecirle mediante evaluación física el verdadero estado en el cual se encontraba la víctima. Lo anterior evidencia, que la inferencia del tribunal sentenciador carece de veracidad y suficiencia resultando una problemática desde el punto de vista lógico, pues, ha dado por acreditado como veraz y creíble lo que de cada medio de prueba resulta, cuando se evidencia, que cada medio de prueba testifical de cargo arroja elementos distintos del otro. Lo agravante de la valoración intelectiva, son las suposiciones de los juzgadores, no provenientes de algún medio probatorio como al referir: “…por lo que nos parece un tanto incoherente que a las postrimerías de su vida, cediera sus bienes, que le generaban ingresos aproximados de un cuarto de millón de lempiras mensuales, a uno de sus hijos ( Reynaldo Daniel García Padilla ), sin haberse demostrado en la presente causa, por parte de la defensa, una relación cercana entre el ofendido y el encausado que nos hiciera concluir que el señor García Hernández traspasara sus bienes al encausado…” “…Ahora bien, de haberse realizado las enajenaciones de los bienes con el consentimiento del señor García Hernández, que necesidad había de ocultarlo de sus demás hijos, porque no se le permitía hablar con ellos , porque su padre siempre negó haberle otorgado sus bienes para que dispusiera más allá de la administración de ellos, porque este no asistió al sepelio, lo que depone una actitud de parte del encausado no coherente con el comportamiento común de un hijo al verse involucrado en una situación de esta índole, no fue acreditado por parte de la defensa que el encausado haya buscado una mediación con su padre para evitar que le presentaran una acción penal, evitando así un enjuiciamiento por acciones que su padre supuestamente estaba de acuerdo en realizar, aspectos importantes que nos dieron fundamentos para determinar que dichos traspasos del dominio de los inmuebles no se realizó con la anuencia del ofendido.” Como los juzgadores, de puras conjeturas han llegado a la conclusión de darles fundamentos para determinar que los traspasos del dominio de los inmuebles no se realizó con la anuencia del ofendido, cuando dicha conclusión debe emanar de la valoración intelectiva de los medios de prueba evacuados en el debate. Continuó en sus conjeturas el Tribunal al manifestar los siguiente: “Por lo anterior los instrumentos públicos anteriormente descritos, fueron objeto de pericias, por estar cuestionada la firma del señor García Hernández, la cual, según dictamen 0801-0504-6372, no es posible asociar la confección de esta como de su autoría, confirmando así, el relato proporcionado por el ofendido a los testigos de cargo, a quienes les manifestó en todo momento , que nunca había estado en presencia del notario autorizante a quien catálogo, “como un profesional que prestaba su protocolo”, por lo que presumimos que el nunca buscaría los auspicios de dicho notario para realizar algún acto jurídico relacionado con sus bienes.” Conclusión que presume el juzgador, no que le da certeza, sin embargo, condena a mi representado. Los juzgadores, dan por hecho que mi representado Reynaldo Daniel García Padilla realizó la tradición de dominio de los bienes inmuebles en los instrumentos públicos, sin embargo, no lo hizo en uso de un Poder de Administración, sino por haberlo otorgado el ofendido Reynaldo Antonio García Hernández, aun y cuando fue cuestionada su firma, el medio de prueba pericial consistente en dictamen de documentología forense número 6372-2015 ratificado por el perito Gerardo Ramón Rios Amanor, no es concluyente para determinar si la rúbrica en cada instrumento público es o no la que utilizaba el ofendido Reynaldo Antonio García Hernández, dado que con los elementos de comparación utilizados, no es posible asociar la confección de las firmas, mismo resultado con el informe pericial número 087-2015 correspondiente al departamento de identificación técnica D.P.I. área de análisis dactilar de fecha 17 de septiembre de 2015, determina que NO puede realizar una identificación de las huellas dactilar impresas en los indicios por no poseer puntos característicos para realizar una comparación, ambas pericias de credibilidad para el tribunal y ser suficientes para darles a los juzgadores por acreditado que las firmas en los doce documentos de escrituras públicas no fueron realizadas por el señor Reynaldo Antonio García Hernández, cuando ambas pericias y así los hacen ver en su conclusiones los peritos, no ser concluyentes ante la falta de muestras. En relación a la declaración del testigo en descargo, Notario Juan Isidro Ortez Gallo, los juzgadores fueron repetitivos en hacer alusión que hace un año que el señor Marco Antonio Alvarado, tiene su protocolo, restándole credibilidad por ello, pero olvida los juzgadores que los hechos suscitaron en el año 2014 no en el 2021, además refirió el testigo que por su avanzada edad no recuerda ciertos detalles de la firma de los instrumentos que elaboró en el 2014, pero ha establecido que llegó el señor Reynaldo Daniel García Padilla con su padre el señor Reynaldo Antonio García Hernández y que eran 18 instrumentos, de los cuales se firmaron 12 y el resto serían para sus demás hijos. A lo anterior los juzgadores depusieron en su valoración intelectiva lo siguiente:“…por lo que en ningún momento el señor García Hernández estuvo en su presencia para otorgar el consentimiento de las enajenaciones autorizadas por el, haciendo caso omiso a lo estipulado en el decreto 353-2005, contentivo al Código del Notariado, el cual establece en su artículo 13 numeral 3 la siguiente prohibición,<< Dar fe de la autenticidad de firmas que no hayan presenciado o que no conozca o de copias de documentos que no hayan cotejado con sus originales>>; por lo tanto no pudo dar fe de la autenticidad de las firmas que el señor García Hernández estampo en los instrumentos públicos autorizados por el cómo fedatario público, mismas firmas que no pudieron ser relacionadas con la autoría del ofendido y mucho menos de las huellas dactilares de los dedos índice, ya sea de la mano derecha o izquierda como lo exige el código del notariado, ya que las mismas no pudieron ser identificadas como pertenecientes al ofendido, por lo que el testigo no puede aseverar que fueron realizados ambos actos en su presencia. Al momento de ser interrogado por una de las partes acusadoras, se mostró esquivo en sus respuestas, no pudo en un primer momento identificar al encausado como la persona que lo busco para realizar los actos jurídicos, fue hasta la interrupción de una persona que se encontraba en el público y que señalo al imputado, fue así como logro identificarlo como la persona que solicito sus servicios notariales, sin embargo, no recuerda donde fueron redactados los mismos. Lo anterior denota el desconocimiento que tenía el Abogado y Notario Ortez Gallo de las personas que intervinieron en las enajenaciones de esos doce inmuebles pues las firmas de esos instrumentos públicos, redacción de los mismos, no se realizaron en su presencia, solamente autorizo las mismas, nunca conoció o tuvo en su presencia a los comparecientes como así lo afirmo el señor Reynaldo Antonio García Hernández quien catalogaba a Ortez Gallo como un notario que prestaba su protocolo y que no buscaría nunca los servicios de él, circunstancia que si fue aprovechada por el encausado para realizar las enajenaciones de los bienes pertenecientes a su padre, descritos en los doce instrumentos públicos cuestionados y que no fueron autorizados por su padre en ningún momento. Esta declaración más allá de exculpar al encausado, cimento aún más la tesis acusatoria quien a lo largo del proceso ha venido sosteniendo que el señor García Hernández no autorizo, no dio su consentimiento, no estuvo presente al momento de realizarse los doce instrumentos públicos en donde se trasfieren en concepto de venta las propiedades al encausado, lo cual es compartido por los miembros de este tribunal y acreditado con la misma declaración del señor Gallo.” En conclusión, los juzgadores le rinde total credibilidad a la prueba de cargo, derivando aspectos distintos de lo que la prueba ha arrojado, es necesario concluir, que, la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado. En consecuencia, la defensa privada, como recurrente, es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada. Por ende, no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Considera esta Sala de lo Penal, que, la respuesta a cada recurso debe de realizarse en consideración a su naturaleza y principalmente en razón de su incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia y no en el orden de su exposición por parte de la recurrente. Es por ello que el orden de respuesta a la recurrente, haciendo pronunciamiento de cada recurso, será en el siguiente orden: Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada del encausado. Primer motivo. Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 367 del Código Penal decreto legislativo 130-2017. Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del tipo penal de Estafa Impropia. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso invocado, en consecuencia, la absolución de toda responsabilidad de mi representado Denuncia la recurrente, incongruencia entre el factum de la resolución y la norma que se le asigna, a no ajustar esta última a los hechos probados señalados en la sentencia impugnada; relata la recurrente, que los juzgadores no fueron claros a cuál de los cuatro presupuestos del tipo penal de estafa impropia condenaron, sin embargo, deducen de la fundamentación jurídica que el presupuesto invocado es “Quien enajena, grava o arrienda una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa”. Luego de la descripción del hecho probado declarado por los juzgadores, ha señalado no ser posible subsumir el delito de Estafa Impropia tipificado en el artículo 367 numeral 2 del Código Penal 130-2017, describe la recurrente que no se describe del hecho probado, que el acusado, hubiere tenido una conducta criminosa centrada en enajenar, gravar o arriendar una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa; aun y cuando, el ofendido Reynaldo Antonio García Hernández confirió poder especial de administración con prohibiciones (vender, hipotecar, ni enajenar) al acusado Reynaldo Daniel García Padilla, esté último, no hizo uso del poder especial de administración para traspasarse a su favor o de tercero los bienes inmuebles consistentes en los edificios Maya II, Maya III, apartamentos Maya, edificio de dos plantas con área de parqueo y/o bodegas, edificio de dos plantas acondicionado con tres apartamentos, todos ubicados en la ciudad Capital; pues dichos traspasos suscitaron por firma de la supuesta víctima señor Reynaldo Antonio García Hernández. Concluye el recurrente, que ninguna de las conductas descritas en el tipo penal se ha aplicado debidamente. De la Procedencia del Recurso. El Primer Motivo es de Recibo. La Sala de lo Penal ha establecido que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual y concreto, el recurrente arguye que de los hechos probados de la sentencia, no se aprecia que el señor Reynaldo Daniel García Padilla, haya ejercido alguna acción haciendo uso del poder especial de administración encaminada para traspasarse a su favor o de tercero los bienes inmuebles consistentes en los edificios Maya II, Maya III, apartamentos Maya, edificio de dos plantas con área de parqueo y/o bodegas, edificio de dos plantas acondicionado con tres apartamentos, todos ubicados en la ciudad Capital; le asiste la razón a la recurrente, ante un buen planteamiento recursivo, desarrollando el ámbito de aplicación del tipo penal de Estafa Impropia y cada uno de sus presupuestos, pues, lo que acredita el factum de la sentencia impugnada, es lo siguiente “SEGUNDO: Entre los días once al quince de diciembre del año dos mil catorce, fueron autorizados doce instrumentos públicos con número 1198, 1199, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1212, 1216 1217, ante los oficios del notario Juan Isidro Ortez Gallo, en los cuales se traspasan dichas propiedades contenidas en los instrumentos antes mencionados, sin reunir los requisitos legales exigidos por la parte otorgante, a favor del señor Reynaldo Daniel García Padilla. Posteriormente fueron inscritos en el Instituto de la Propiedad a favor del señor Reynaldo Daniel García Padilla y de terceros. TERCERO: Que la firma que calza al pie de cada instrumento no pudo ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio Garcia Hernández, según dictamen de documentología 6372-2015...” De la simple lectura del hecho declarado como probado por los juzgadores, es posible determinar como verdad incuestionable, que efectivamente el acusado Reynaldo Daniel García Padilla, adquirió los bienes inmuebles consistentes en los edificios Maya II, Maya III, apartamentos Maya, edificio de dos plantas con área de parqueo y/o bodegas, edificio de dos plantas acondicionado con tres apartamentos, todos ubicados en la ciudad Capital; fueron a consecuencia de instrumentos públicos con número 1198, 1199, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1212, 1216 1217, ante los oficios del notario Juan Isidro Ortez Gallo, en los cuales se traspasan dichas propiedades contenidas en los instrumentos antes mencionados, sin reunir los requisitos legales exigidos por la parte otorgante; nótese, que los juzgadores dejaron un vacío en la verdad incuestionable, al no detallar cuales fueron esos requisitos legales que no se reunieron, quedara la incógnita; asimismo, no se describe que esos instrumentos públicos hayan sido traspasados haciendo uso del poder especial de administración con prohibiciones de vender, hipotecar, ni enajenar; que otorgara la víctima Reynaldo Antonio García Hernández a favor del acusado Reynaldo Daniel García Padilla. Si lo anterior, no es posible sustraer una conducta criminosa centrada en enajenar, gravar o arriendar una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa, menos lo descrito en el hecho probado cuarto; pues si bien, se han traspasado a terceras personas los bienes contenido en los instrumentos 1204, 1206, 1208, 1211 y 1217, estos fueron traspasados ya como propietario y no como administrador. Haremos nuestro lo descrito en el desarrollo recursivo, que el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: Ius Abutendi (dominio) Ius Fruendi (usufructo) Ius Utendi (posesión) Por ello, resulta de necesidad detallar en concepto general lo que abarca el bien jurídico propiedad. El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que "nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley" Como concepto: Son todos aquellos intereses que el hombre/mujer aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. El Código Civil (Art. 610): los derechos los divide en personales y reales: Son Derechos Personales, aquellos que solo pueden reclamarse por una persona particular e individualizada, a razón de un hecho propio o por disposición de la ley, y que están sujetas a obligaciones correlativas; y Son Derechos Reales, aquellos que se tienen sobre una cosa, sin referencia a determinada persona. Los derechos Reales pueden recaer sobre cosas corpóreas, sobre cosas incorpóreas (derechos), sobre bienes inmateriales (Ejemplo: elementos protegidos por derechos de autor) o sobre universalidades (Ejemplo: La Herencia). Todos los casos los derechos reales se componen de dos elementos básicos: El Titular del Derecho: que es la persona que tiene el poder o la facultad de aprovecharse de la cosa en forma total o parcial; y La Cosa: Que es sobre el cual recae el derecho, misma que debe de ser determinada e individualizada. Constituyen derechos reales: el dominio, el uso o habitación, la herencia, el usufructo, las servidumbres activas, la prenda y la hipoteca. El Dominio o propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. (Art. 613 del CC). El dominio es el derecho real más amplio, dado que permite que el titular apropiarse de la cosa, aprovecharse y gozar de ella y eventualmente disponer de ella, de modo de verse sometida a su absoluta voluntad, a excepciones de las limitaciones establecidas en la ley. Según el artículo 613 del Código Civil: la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. El dominio o propiedad otorga dos clases de facultades a la persona natural o jurídica titular de él: Facultades Jurídicas: Son aquellas que se ejercen y disponen mediante la celebración de actos jurídicos, como ser los actos de disposición (tradición, herencia); y Facultades Materiales: Son las que se ejercen mediante actos materiales (fenoménicamente apreciables), que permiten el aprovechamiento de la cosa (Uso, goce, consumo).Existen dos clases de dominio o propiedad: El Pleno Dominio o Propiedad: Que permite ejercer plenamente las facultades que concede dicho derecho real; (Incluye el ejercicio conjunto de las Facultades Jurídicas y Materiales); Y El Nudo Dominio o Nuda Propiedad: Que limita el ejercicio del derecho real al uso, goce y consumo. (Consiste en el ejercicio de la facultad material sin la facultad jurídica). Así pues, constituyen elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en mención (Estafas Impropias 367.2): Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna y es el que adquiere un provecho injusto con ocasión de la disposición patrimonial del sujeto pasivo; Sujeto Pasivo: Persona que hace la disposición Patrimonial; Conducta Criminosa: centrada en enajenar, gravar o arriendar una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose falsamente facultades de disposición sobre la cosa; Engaño: El sujeto activo presenta como persona facultada para realizar el acto de disposición; Error: El sujeto pasivo acepta como verdadero las facultades del sujeto activo; Disposición Patrimonial: El sujeto pasivo realiza una disposición patrimonial con ocasión del error; Ejemplo de ello: Esposo que va a empeñar parte del menaje que por ley pertenece a su esposa; Persona que se presenta a una audiencia de conciliación, a efecto de conciliar, aun cuando no tiene facultades legales para ello; Vender como propio un bien que le es ajeno; 1.-Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos, sin tener facultades de disposición para realizarlo. En definitiva, la Sala de lo Penal concluye que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), por lo que es atendible el reclamo interpuesto por la recurrente en su primer motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada del encausado. Segundo motivo. Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 459 del Código Penal decreto legislativo 130-2017. Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del tipo penal de Uso de Documento Falso. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso invocado, en consecuencia, la absolución de toda responsabilidad de mi representado Luego de la descripción de los hechos probados, denuncia la recurrente, que los juzgadores no fueron claros en expresar a cuál de las conductas señaladas en el artículo 456 del Código Penal decreto legislativo 130-2017 fue la cometida en la falsedad del documento usado por el acusado Reynaldo Daniel García Padilla, que de los cuatro hechos declarados como probados en la sentencia impugnada, únicamente el apartado tercero hace una mínima referencia, asumiendo en perjuicio de su representado una pena por un delito de Uso de Documento Falso en delito Continuado. De la Procedencia del Recurso. El Segundo Motivo es de Recibo. Luego de analizar el segundo motivo de casación, se verifica que en efecto, a la vista del factum de la resolución recurrida, hemos de concluir que no se expresan en él, los elementos objetivos y subjetivos para establecer la existencia del delito de Uso de Documento Falso en delito Continuado, pues no existe una descripción bastante y suficiente en el hecho probado de lo que se desprenda una consideración del tipo penal. El hecho probado de la sentencia impugnada no permite una subsunción del tipo penal por el cual se condenó al acusado, ya que lo que se refleja en el hecho probado en su apartado tercero “Que la firma que calza al pie de cada instrumento no pudo ser asociada a la firma del señor Reynaldo Antonio Garcia Hernández, según dictamen de documentología 6372-2015...”, pero sin el alcance de lo que el tipo penal de Uso de Documento Falso describe como “Falsedad”, ya que no entraría en el concepto de este delito el no asociarse una firma, sino aquellas que en la descripción del resultado lesivo, se establece que se presentó en juicio un documento falso de los comprendidos en el Artículo 456 del presente Código o, hace uso de dicho documento causando perjuicio a tercero, hace uso de dicho documento. La expresión “no pudo ser asociada a la firma” no es terminante para concluir de manera categórica la existencia de una falsedad, pues bien, como indica el recurrente, el documento público puede ser adulterado por la falsificación material o por la falsedad ideológica: a) La falsificación material acontece cuando existiendo de previo un documento público legítimo, se procede a alterar el mismo, agregando, borrando o cambiando datos contenidos en él, de modo que sufra modificación en su sentido o significado; b) La falsedad ideológica puede producirse de dos maneras: i) Por veracidad: cuando en la confección del documento público, el funcionario público encargado de su elaboración agrega, omite o tergiversa datos distintos a la realidad, cambiándole el significado o sentido del documento; ii) Por legitimidad: cuando el documento que es considerado de carácter público por suponer estar dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil, en realidad haya sido confeccionado por una persona distinta al funcionario público autorizado por la ley. De la simple lectura del apartado tercero del hecho probado, se colige que la firma no pudo ser asociada, lo cual es distinto a que la misma sea falsa; no puede suponerse o asumirse en perjuicio del acusado, que esa falta de asociación le da la falsedad a un documento. La redacción empleada por el sentenciador puede resultar ser distorsionadora, en la medida que permite plantearse escenarios en donde no fue posible ser asociada la firma de la víctima señor Reynaldo Antonio García Hernández en los instrumentos públicos, sea porque la muestra no esta tomada correctamente entre otros ejemplos. Es claro que es necesario que esta circunstancia del “falsedad” quede acreditada en el factum de la sentencia, ello por formar el verbo rector del tipo penal reprochado al acusado. Se concluye, en definitiva, que la necesidad para la configuración del vicio, es que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son constitutivos de delito y qué tipo de delito, como así ocurre en el presente caso. Por lo anteriormente expuesto, el motivo es de recibimiento. Al haber prosperado el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos; y, por los efectos jurídicos que conlleva su estimatoria, se exime el pronunciamiento respecto al recurso de casación por quebrantamiento de forma en cada uno de sus motivos. DECISIÓN. Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Angie Margarita Villanueva Barahona, en su condición de defensora privada de Reynaldo Daniel García Padilla. Segundo: I.-Casa la sentencia de fecha siete de abril de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla, como autor penalmente responsable de los delitos de Falsificación de documentos por su uso continuado y Estafa Impropia, en perjuicio de Reynaldo Antonio Garcia Hernández, revocando la misma. II.- Que Debemos Absolver y Absolvemos al señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla, como autor penalmente responsable de los delitos de Falsificación de documentos por su uso continuado y Estafa Impropia, en perjuicio de Reynaldo Antonio Garcia Hernández, revocándose como consecuencia todas las medidas cautelares impuestas en razón de dicha causa criminal, sin perjuicio de otra causa que pudiera tener pendientes. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLOS José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Coordinador, Rafael Bustillo Romero Magistrado, Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado, José Ramón cruz secretario sala de lo penal”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de marzo del años dos mil veintitrés (2023).- Certificación de la sentencia de fecha seis (06) de febrero de dos mil veintitrés (2023) recaida en el expediente de casacion con numero de ingreso S.P.405-2022.

Rina Koritza Sandoval

receptora adscrita sala de lo penal

Página 16 de 17

[1] Citado por Diego Diez, Alfredo, en Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Proyecto de Fortalecimiento de la Carrera Judicial de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, agosto del 2006, Pag, 18.

[2] Entre los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 271 del Código Procesal Penal, están los comprendidos en los artículos 11.60 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 151 del Código Procesal Civil, 23 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 218 y 229 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 5 del Código del Notariado, 828 del Código de Comercio, entre otros.