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Sentencia CP-400-19 — Registro 17087

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa Privada, se aleja de lo anterior protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta; Así en el libelo la recurrente señala que los juzgadores para dar acreditado el hecho probado tomaron en cuenta prueba insuficiente, contradictoria, poco confiable; realizando una descripción de todos los medios de prueba, evacuados durante la audiencia de juicio oral y público, y luego hacer su propia valoración. La Defensa Privada, además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en prueba insuficiente, contradictoria, poco confiable, considera que El Juzgador, al valorar los testimonios de los testigos Clotilde Benítes Mejía, Marvin Ovidio Perdomo Benítes y María Erudina Pérez ( testigos presenciales), eran coherente, no contradictorio; denotaban contundencia y seguridad, sin embargo, el censor considera todo lo contrario señalando que están revestido contradicciones, y a su parecer denotaban falta de lógica y coherencia en sus testimonios en relación a la dinámica que aseguran sucedieron los hechos; La Sala, aprecia, que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta, sino la declaración de los testigos de cargo y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, El recurrente repetitivamente protesta que el Juzgador al momento realizar la valoración de la prueba evacuada, ha violentado las reglas de la sana critica, tanto en la regla de la lógica, en su principio de derivación, y las máximas de la experiencia ; sin invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. El recurrente en su escrito de interposición del recurso, se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada. Por tanto, no es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano. Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación, por lo que el recurso en su único motivo debe ser desestimado. Resulta evidente que el recurso de la Defensa Privada, contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Privada acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba..."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Penales, art. 362,M.3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Cesar Alexander Espinoza Benítes, la pena de 15 años 8 meses de reclusión, como autor responsable del delito consumado de cómplice de Asesinato en perjuicio de Román Benítes Mejía, más las penas accesorias de responsabilidad civil, inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 193, el delito de asesinato, se penaliza así: Asesinato: • Con la pena principal de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. • Como penas accesorias según el artículo 58 del NCP: Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión. • La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. • Responsabilidad civil. • No se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes genéricas. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar, que en el caso particular al haberse condenado al señor Cesar Alexander Espinoza Benítes, como cómplice del delito de asesinato, se le impuso la pena estipulada para dicho delito, rebajada en un tercio; con la pena concreta impuesta de 15 años 8 meses, en la sentencia impugnada bajo el decreto 144-83, la aplicación de la nueva legislación no procede; por resultar más grave la pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión señalada en el NCP decreto 130-2017. Por lo que la aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-400-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha seis de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-400-2019 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha once de mayo del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Marco Pacheco Hernàndez, por el delito de Asesinato, en perjuicio de José Armando Barrera, a la pena de veinte años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Marco Pacheco Hernàndez, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Milton Rolando Sabillon, a la pena de veinte años de reclusión. TERCERO: Condenó al señor Rogelio Pacheco Escobar por el delito de Asesinato, en perjuicio de José Armando Barrera, a la pena de veinte años de reclusión. CUARTO: Condenó al señor Rogelio Pacheco Escobar, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Milton Rolando Sabillon, a la pena de veinte años de reclusión. QUINTO: Condenó a los acusados a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. SEXTO: Declaró la responsabilidad civil de los acusados producto del hecho punible, procedimiento especial que se instruye ante el juzgado de Ejecución de esa sección judicial. SEPTIMO: No Procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. OCTAVO: No Procedió declarar el comiso en virtud de que no ha sido puesta a la disposición de este Tribunal pieza o efecto del delito. Son partes en única instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García y Dinabel López, en su condición de Defensores Públicos de los señores Marco Pacheco Hernàndez y Rogelio Pacheco Escobar, como parte recurrente; y el Abogado Elblin Orlan Macías Nolasco, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS UNICO: En fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, aproximadamente a las tres y media de la tarde, los señores JOSE ARMANDO BARRERA y MILTON ROLANDO SABILLON, se encontraban en el punto de taxi colectivos de la Colonia Satélite de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, esperando su turno de salida, ya que ambos trabajaban como taxistas en dicho lugar, cuando en ese momento, se estacionó un vehiculo blanco, tipo taxi en el que se conducían cuatro personas, del cual se bajaron los señores MARCOS PACHECO HERNANDEZ conocido con el alias de “La Pedorra” y ROGELIO PACHECO ESCOBAR conocidos como “Sapo Buche”, quienes haciendo uso de armas de fuego dispararon contra JOSE ARMANDO BARRERA y MILTON ROLANDO SABILLON en varias partes de sus cuerpos, causándoles inmediatamente la muerte.”RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Orbelina Ferrera, en su condición de Defensora Pública de los señores Marco Pacheco Hernàndez y Rogelio Pacheco Escobar, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO ÚNICO: Violación de los artículos 89 y 90, párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 339 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE, El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Las normas constitucionales que se invocan como infringidas son el artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Y, a su vez, el Artículo 90, párrafo primero indica que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Estas normas constitucionales tienen una directa relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las Garantías Judiciales: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones.” Asimismo, con el artículo 339 del Código Procesal Penal sobre el principio de congruencia: “Resolución. Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo será absuelto en caso de duda razonable...” PRIMERO: Con base a lo anterior, es obligación del Estado velar por el cumplimiento del debido proceso, respetando todas las garantías que el mismo establece. El debido proceso aludido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República establece un juicio lógico y justo, integrado en tres elementos: la tesis del acusador o actor, la antítesis del imputado y la síntesis contenida en la sentencia del juzgador, por lo que debe referirse al hecho del proceso y fundarse en el derecho. De ahí que en la sentencia se deba aplicar un razonamiento lógico, el cual se compone de un conjunto de juicios que mantienen entre sí relaciones lógicas de tal forma que la prueba aportada debe ir dirigida a llegar a una sola conclusión. La obtención de dicha conclusión debe asegurar la validez de la estructura lógica de los juicios que componen las premisas. SEGUNDO En el presente caso, la prueba resulta insuficiente para cumplir con un razonamiento lógico y para poder culpar a mis representados por la participación en el delito por el cual han sido injustamente condenados; pues los elementos probatorios que presenta el Ministerio Público resultan insuficientes para arribar a ese fallo. En el caso que nos ocupa, la única y toral prueba del Ministerio Publico ha sido la declaración del testigo protegido JP 01-15 la que no ha gozado del respaldo de ninguno otro medio probatorio de cargo, esta declaración que dado huérfana sin forma de poder ser corroborada; Honorable Magistrados, de la simple lectura de este dicho se darán cuenta de lo inverosímil que la misma resulta ser, es contraria a la lógica y sentido común, nos preguntamos que como es posible: que mis representados a vista y paciencia de varias personas se presenten a eso de las tres y media de la tarde, a su centro de trabajo que es el punto de taxis colectivos de la colonia satélite de la ciudad de San Pedro Sula, que se bajen de un vehículo y disparen en varias ocasiones a sus compañeros de punto JOSE ARMANDO BARRERA y MILTON ROLANDO SABILLON quitándoles la vida, yéndose tranquilamente del lugar, que minutos después ROGELIO que se presente en la escena como si nada, que todo este accionar lo hayan realizado sin asegurar su anonimato o sin cubrir sus rostros en un lugar donde hay un flujo de personas. No resulta lógico que cometer un delito a sangre fría, exponiendo de tal forma su identificación delante de varias personas que los conocen. Lo que resulta aún más increíble, es que: un hecho realizado a plena luz del día, a vista y paciencia de varias personas que deambulan por el lugar, así como personas que laboran en ese punto de taxi, por lo cual es posible que la mayoría sean conocidos o se hayan visto por lo menos de cara, carezca de testigos que se complementen entre so; el acusatorio no logra investigar o aportar al proceso ese grado de certeza que se requiere para que el juicio sea justo, mucho menos aportar la prueba científica que corrobore este dicho, que resulta acéfalo de como realmente ocurrieron las acciones que estaban siendo juzgadas. Para el caso el testigo JP 01-15 manifiesta que los dos imputados disparan contra los ofendidos en varias ocasiones, sin embargo, solo logran recoger balas de calibre nueve milímetros que corresponden a una sola arma de fuego, a pesar que se recogieron varios indicios al respecto. (Entonces; ¿cuántas armas realmente se dispararon?) Del dictamen de autopsia realizada a los ofendidos no determinar el calibre de los impactos que recibieron sus cuerpos. (Entonces: ¿cuántas y que tipo armas participaron en el hecho? No obra en el proceso el decomiso de armas a los imputados que los relacione de alguna forma con los hechos. En el presente caso se ha construido un factum con la declaración unánime de un tan solo testigo, escondido en el anonimato, careciendo de otra prueba de cargo que valide su garantía de verdadera. Existe una carencia de un nexo causal que sea suficiente para derivar a la conclusión a la que han arribado los señores Jueces del Tribunal de Sentencia, pues ha sido pírrica la prueba aportada por el acusatorio para llegar a la verdad de los hechos. TERCERO: Otra de las garantías del debido proceso, es el principio del estado de inocencia establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal relacionado con el artículo 339 del mismo cuerpo legal, en el cual se indica que las sospechas, dudas o indicios aislados no pueden revertirse en contra de mi representado, violentando el silogismo jurídico de “in dubio pro reo” . Si tomamos en consideración lo establecido en los artículos 92 del Código Procesal Penal y 16.2 de la Ley del Ministerio Público en el inviste al ente investigativo de todas las facultades necesarias para llevar a cabo una investigación eficiente, es fundamental que dicha Institución acredite con pruebas suficientes la culpabilidad de quien acuse. Por lo anterior, es inaceptable que se pretenda vulnerar el estado de inocencia de mis representado por medio de un solo testigo que en ningún momento pueden ser comprobable con la prueba que a evacuado en el debate. De ahí que ninguno de los miembros del Tribunal sentenciador puede inferir sin lugar a dudas que el hoy condenado haya realmente participado en la muerte de los ofendidos. Por lo que, el estado de inocencia debió haberse mantenido en atención a lo establecido en el artículo anteriormente citado, ya que existe duda suficiente con respecto a la participación de los señores MARCO PACHECHO HERNANDEZ y ROGELIO PACHECO ESCOBAR en el ASESINATO en perjuicio de JOSE ARMANDO BARRERA Y MILTON ROLANDO SABILLON. En atención a ello debió haberse arribado a un fallo absolutorio a favor de los imputados. CUARTO: Por todo lo anterior, consideramos que los juzgadores han incurrido en una equivocación, condenando a mis representados por un delito en el que las investigaciones del Ministerio Público no han podido probar la participación de los imputados. Pues como anteriormente detallamos, tanto el desarrollo del juicio, así como el arribo del fallo carecen de un nexo causal, prueba suficiente y, por ende, de razonamiento lógico; violentando los preceptos constitucionales en cuanto a los principios del debido proceso y el estado de inocencia. Por consiguiente, la Sala Penal debe enmendar este error, pues si bien los Honorables Magistrados no se encuentran facultados para hacer una valoración probatoria alternativa, sí pueden valorar si se ha cumplido con los requisitos del debido proceso, así como el respeto al principio constitucional de estado de inocencia, en el cual en caso de duda debe absolverse al imputado. Sólo de esa manera se estarían respetando los derechos y garantías constitucionales de las que todos debemos gozar. De lo antes expuesto, la Defensa Pública solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa legal citada.” Fundamentación Jurídica Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas constitucionales que se denuncian infringidas: 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Concepto de la Infracción: Violación al estado de inocencia y al debido proceso; Pretensión: declarar la absolución de los acusados por el delito de asesinato. El recurrente denuncia la infracción al estado material de inocencia y al debido proceso, contenidos respectivamente en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Argumenta que no existe suficiente prueba de signo incriminatorio para acreditar la responsabilidad penal de los señores Marco Pacheco Hernández y Rogelio Pacheco Escobar, en el delito de asesinato en perjuicio de Jose Armando Barrera y Milton Rolando Sabillon asimismo, refiere, que el Tribunal de Sentencia se fundamentó únicamente en la declaración del testigo protegido JP 01-15, para dar por acreditada la culpabilidad de sus representados, prueba que resulta insuficiente pues no existe prueba pericial que la corrobore. Del estado material de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del debido proceso legal La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 8 de noviembre de 2012, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación, consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el a quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede, en el caso actual, que la censora del fallo denuncia que existe insuficiente actividad probatoria de signo incriminatorio para condenar por el delito de Asesinato a los señores Marco Pacheco Hernández y Rogelio Pacheco Escobar, pues refiere que el Ministerio Público presentó prueba para acreditar la muerte violenta de los señores José Armando Barrera y Milton Rolando Sabillón, más no así la suficiente para acreditar la participación de los acusados en tales hechos. Cuando de infracción al estado de inocencia se trata, debe examinarse que exista prueba de cargo válida, suficiente, debidamente razonada y motivada; de no existir alguna de estas exigencias se quebranta indebidamente dicho estado constitucional. En el presente caso no ha ocurrido así, pues el Tribunal de Sentencia cuenta de suficiente actividad probatoria para hacer la afirmación fáctica contenida en su sentencia. En el caso de mérito el testigo protegido JP 01-15 en su testimonio expresa que, se dirigía hacia su trabajo, cuando miró que un taxi color blanco se metió en un pasaje de la colonia Satélite y se estacionó a la par de la cancha, se salieron dos sujetos que iban armados, se dirigieron al punto de los colectivos y le dispararon a los taxistas José Barrera y Milton Sabillón, manifestó que él escuchó varios disparos y que vio cuando los señores Marcos y Róger (ambos taxistas) salieron huyendo del lugar en el mismo taxi en el que llegaron. Agrega que él se encontraba a seis metros de distancia y que pudo observar bien las características físicas de Róger a quien describió como un hombre chaparro, gordito, pelo liso, aproximadamente de treinta (30) a cuarenta (40) años de edad, conocido como “Sacabuche” asimismo describió a Marcos como un varón alto con barba, tez blanca conocido como la pedorra, en el interrogatorio, el testigo protegido reconoció físicamente a los acusados en la audiencia de juicio, como las personas que les dieron muerte a los ofendidos; el testigo Darwin Moisés Suazo Maradiaga, (agente de investigación) declaró que, le habían dado el caso y que recabó toda la información con los vecinos de la zona quienes le dieron puntos de referencia por lo que tomaron nota ya que muchos tenían miedo de declarar por ser conocidos del lugar, manifiesta que pudo hablar personalmente con los testigos águila 1, fue testigo presencial, por lo que se propuso como prueba anticipada, él manifiesta que don Rogelio Pacheco y Marcos Pacheco le habían dado muerte a los ofendidos y que conocía la casa de Rogelio porque quedaba en el vecindario, por lo que procedieron a darle vigilancia y solicitaron orden de allanamiento, resumiendo este testimonio fue en la colonia Satélite, una vez detenido don Rogelio se realizó un reconocimiento en rueda reconociendo a Rogelio y a Marcos Pacheco como las personas que habían disparado a los occisos. Además la fiscalía evacuó medios de prueba documentales consistentes en: álbumes fotográficos, correspondientes a las autopsias de los señores José Armando Barrera y Milton Armando Sabillón en fecha 25 marzo 2015; Acta preliminar de levantamiento de cadavérico no 497-2015 de fecha 25 marzo 2015; Se evacuaron como medios de prueba periciales dictamen de autopsia 0593-15 y 0594 correspondiente al señor José Armando Barrera y Milton Rolando Sabillón respectivamente; Dictamen Balístico practicado por el señor Johny Alexander Flores Andino, quien ratificó en todos sus extremos su pericia estableciendo que las dos balas encontradas en la escena del crimen eran de calibre nueve milímetros disparados por una sola arma. A partir de lo expuesto, si bien es cierto solo comparece un testigo presencial, observamos que el hecho se da en un lugar público frecuentado por muchas personas, y es acorde al trabajo del agente que le tomó la declaración a otro testigo y realizo, el reconocimiento en rueda, estos elementos enlazados, con la autopsia, prueba pericial y la del testigo protegido JP-01-15, sustenta el fallo condenatorio. Esta Sala de lo Penal, considera que la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula sí está sustentada en elementos probatorios suficientes para establecer la participación de los señores Marco Pacheco Hernández y Rogelio Pacheco Escobar. Decisión: Se declara No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa de los señores Marco Pacheco Hernández y Rogelio Pacheco Escobar. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable a los acusados Marco Pacheco Hernández y Rogelio Pacheco Escobar:1. Delito: Asesinato (Art.117) Ofendidos: José Armando Barrera y Milton Rolando Sabillón. Pena: 40 años de reclusión. El limite objetivo ordinario son 30 años, por penas acumulación El Decreto 130-2017 en su Artículo 193 establece una pena para el delito de asesinato de veinte (20) a veinticinco (25) años más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. No hay agravantes que modifiquen la responsabilidad penal, en tal sentido, no procede la retroactividad ya que la pena que se les aplicó a los señores Marco Pacheco Hernández y Rogelio Pacheco Escobar está de acuerdo a la Ley anterior, y el nuevo código no les favorece. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 249 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara NO HA Lugar el Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por Abogada Orbelina Ferrera, en su condición de Defensora Pública, en la causa instruida contra Marco Pacheco Hernández y Rogelio Pacheco Escobar por el delito de Asesinato, en perjuicio de José Armando Barrera, a la pena de veinte años de reclusión y por el delito de Asesinato, en perjuicio de Milton Rolando Sabillón, a la pena de veinte años de reclusión. Segundo: Se confirma la sentencia de fecha once de mayo del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y del debate que la pronunció. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mario Rolando Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-400-2019.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL