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Sentencia CP-372-12 — Registro 16917

Resumen

En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Lesiones y daños culposos en Concurso Ideal, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que, a través del recurso de casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados) producto de la correcta fundamentación jurídica que se invoca, de tal suerte que resultan infringidas las normas que sí corresponde aplicar, el precepto erradamente invocado o el incorrectamente interpretado. Cuando se habla de un precepto penal de carácter sustantivo, se hace alusión a las normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil ex deticto, es decir, aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo que se encuentran en el Código Penal. Argumenta el recurrente que el juzgador que en el proceso se corrobora que se ha infringido los artículos 199 y 200 del Código Procesal Penal y por ende el principio de contradicción y sana crítica, cuando el tribunal da por probados los hechos ocurridos con la declaración del agente de tránsito señor Emeregildo Flores Vigil, por no ser un testigo objetivamente confiable, al no conocer cómo ocurrieron los hechos, por no encontrarse en el área del accidente, y por no realizar una investigación de cómo sucedieron los hechos, vulnerando las garantías individuales y procesales en la Constitución de la República así como la declaración del ofendido Juan Carlos Melgar. Esta Sala de lo Penal, observa que la norma indicada como vulnerada por el motivo de casación, es una norma de naturaleza típicamente procesal y no una norma material o de derecho penal sustantivo, además establece el recurrente que se infringió además el principio de contradicción y de la sana crítica, haciendo alegatos de instancia y sus propias valoraciones sobre medios de prueba, en este sentido, el recurrente equivoca la vía recursiva, pues al no tratarse de una norma penal o de carácter sustantiva, y al referirse a otros motivos diferentes al recurso de Infracción de Ley, impide o hace imposible a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Pues la defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. Por lo expuesto, lo procedente es desestimar el motivo de casación invocado por el recurrente.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017 PRINCIPIO DE LEGALIDAD El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa, en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: " Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley" . Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “ Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta. ” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post Íáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam paterm, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que " la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" , recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. REGLAS GENERALES DE PONDERACIÓN DE LA NORMA MÁS FAVORABLE QUE DEFINE EL NCP DECRETO 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1.En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en control de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que B prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130, 2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620) 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). REGLAS DE PARTICULARES DE PONDERACIÓN POR CONCURSO DE DELITOS Y POR AUSENCIA DE ÉSTE A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. CONCURSO IDEAL Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. B. DELITO CONTINUADO En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1.Enprimera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP 130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. C. CONCURSO REAL Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y 11. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP 144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130- 2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años;iii Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. D. CONCURSO MEDIAL El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2.Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. E. PENAS CONJUNTAS NO CONCURSADAS Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP 130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. ESCRITO SUPLEMENTARIO Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-queen lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de Oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal según Decreto 144-83, se condenó al señor Gessem Edilio Bautista Lara a la pena de tres (03) años nueve (09) meses de reclusión por el delito de Lesiones y Daños Culposos en Concurso Ideal en perjuicio de Juan Carlos Melgar Girón. Conforme a los hechos probados establece que el señor Gessen Edilio Bautista Lara decidió pasarse al carril contrario sabiendo que era contravía en el retorno de Kativo, cuando repentinamente a pocos metros divisó una motocicleta conducida por el señor Juan Carlos Melgar, y a pesar de su intento de evitar chocar contra el mismo, ello no fue posible, ocasionándose una colisión entre ambos participantes, provocándole a Juan Carlos melgar una lesión a nivel de ambas rodillas que resulto con una incapacidad de 45 días; conducta que se enmarca en el delito de conducción temeraria (art. 323 inciso 3 CP), quién establece una pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años y privación del derecho de conducción de vehículos automotores por tiempo de uno (1) hasta seis (6) años; para la conducta de lesiones tipificada en el artículo 202 numeral 3 del CP, la pena será de arresto domiciliario de seis (06) meses a un (1) año y privación de conducir vehículo automotor de dos (02) a seis (06) años; y para el delito de daños (art.381 CP) la pena será de seis (06) meses a dos (02) años y multa de 180 a 720 días, penas en concurso ideal que de acuerdo al artículo 67 del Código Penal , establece la apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena mas grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubieses penado separadamente los delitos; en este sentido el delito de conducción temeraria tiene una pena abstracta 6 meses a 3 años de prisión, la que aumentada en 1/3, la nueva pena quedaría de tres (03) a cuatro (04) años de prisión; en ese sentido el margen abstracto de todas las penas será de cuatro (04) a siete (07) años de prisión, penas que van aparejas de otras penas principales. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 144-83 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-372-2012, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian En nombre del stado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 372-2012 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenar al acusado Gessen Edilio Bautista Lara, de generales ya establecidas en el preámbulo de esta sentencia, como Autor del delito de Lesiones y daños Culposos en Concurso Ideal en perjuicio de Juan Carlos Melgar Girón, imponiéndose una pena de Tres Años Nueve Meses de reclusión, misma que deberá de cumplir en la Penitenciaria Nacional de san Pedro Sula. Segundo: Condenar al acusado Gessen Edilio Bautista Lara las penas accesorias de A) Inhabilitación Especial para conducir automotores por el término de un año a partir de la notificación de esta sentencia y la privación del ejercer cargos públicos por el término que dure la condena a la pena accesoria de Interdicción Civil por el término que dure la pena principal. No se declara comiso alguno por no proceder en la presente causa. Tercero: Se declara la responsabilidad civil del señor Gessen Edilio Bautista Lara derivada del delito y será en la fase de ejecución de pena, en la cual se resolverá lo procedente. SON PARTES: La Abogada Miriam Emilda García, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado Humberto Bardales Domínguez, en su condición de defensor privado del señor José Donato Bejarano Portillo, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El dieciséis de Julio de dos mil nueve aproximadamente a la una con cuarenta minutos de la tarde en la carretera que conduce de Puerto Cortés a San Pedro Sula, misma que es conocida como Bulevar del Norte, y a la altura del sector de Trincheras, Choloma, Cortés, se dirigía el señor GESSEN EDILIO BAUTISTA en un vehículo tipo pick up marca Mitsubishi, en compañía de Carlos Toribio Vásquez, cuando se percató que había una manifestación que obstaculizaba el tráfICO en ambos carriles, por lo que decidió tomar un tramo en contra\Ja, pese a la actividad de unos elementos de la Policía de Tránsito quienes dirigían a los vehículos livianos a circular regtamentariamente por un espacio vial aledaño habilitado para tales efectos por la policía preventiva en virtud del congestionamiento producido en razón de la manifestación que interrumpía el tráfico normal de los vehículos. SEGUNDO: El señor GESSEN EDILIO BAUTISTA LARA decidió pasarse al carril contrario, sabiendo que era contravía en el retorno de Kativo, cuando repentinamente a pocos metros divisó una motocicleta conducida por el señor Juan Carlos Melgar, y a pesar de su intento de evitar chocar contra el mismo, ello no fue posible, ocasionándose una colisión entre ambos participantes, provocándote a Juan Carlos Melgar una lesión a nivel de ambas rodillas que resultó con una incapacidad de cuarenta y cinco días.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Humberto Bardales Domínguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente."MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL: Honorables Magistrados, corresponde indicar claramente los vicios en la inobservancia de la ley Procesal en los hechos declarados como probados por el Tribunal de Sentencia, que dan motivo para interponer el Recurso de Casación ante la Sala de lo Penal, por afectar en defInitiva el interés de la parte recurrente. Corresponde a la Sala de lo Penal realizar un juicio técnico a la Sentencia Definitiva promulgada por el Tribunal de Sentencia, sometiéndota a un examen especial que implica determinar el vicio de la ley procesal infringida, conforme lo estipula el artículo 360 del Código Procesal Penal. En el presente Proceso se corrobora que se ha infringido los artículos 199 y 200 del Código Procesal Penal y por ende el principio de Contradicción y Sana Crítica, cuando el Tribunal cia por probados los hechos ocurridos con la declaración del agente de Tránsito señor EMEREGILDO FLORES VIGIL, quien según su declaración se encontraban en el Mall las Américas de Choloma a varios kilómetros de distancia de donde ocurrió el accidente al momento de ocurridos los hechos, y según su testimonio controlaban el tráfico con dos agentes de Tránsito que se encontraban a 600 metros del lugar del accidente; Cuando recibe la llamada por teléfono él se hace presente al lugar de los hechos y lo que encuentra es la motocicleta tirada en el pavimento ya que el imputado y ahora condenado recogió al Ofendido y lo lleva al seguro social, lo deja bajo los cuidados médicos, y posteriormente se presentó a la Policía Nacional de San Pedro Sula. El Tribunal de Sentencia valora el relato del Agente EMEREGILDO FLORES VIGIL, cuando ni siquiera se encontraba en proximidades del lugar de los hechos y el informe de Tránsito no proporciona ninguna información útil para la investigación para probar los hechos; El agente de tránsito inicia su declaración en el juicio oral y público en la forma siguiente. Parece este fue un caso del 16 de julio del 2009, estábamos en una manifestación del gremio de los maestros de la resistencia que se habían tomado el puente de Choloma, en ese momento que sucedió el accidente estábamos en el Mall las américas de Choloma. Además, expone que mantienen controlado el tráfico con dos policías que están a unos 600 metros mas o menos de donde ocurrió el accidente. El tribunal de sentencia da como probados los hechos con dicha declaración, aun cuando el perito1 agente de tránsito Emeregildo Flores Vigil establece de forma clara y Drecisa que él no se encontraba en el lugar de los hechos ya que se encontraba en el mall las Américas de Choloma, por lo que es evidente que no es testigo de los hechos ocurridos. Si el señor Emeregildo Flores Vigil no fue testigo de los hechos ¿que evidencia utiliza el Tribunal de Sentencia para darle credibilidad a sus declaraciones? ¿cuales son las “ actuaciones y diligencias ” de investigación realizadas por la policía” en forma precisa tomadas en cuenta para dar su aseveración jurídica de credibilidad? El Tribunal de Sentencia deja a la imaginación de la Sala cuales son esas diligencias y actuaciones para declarar probados los hechos según las reglas de la sana crítica. En tal sentido este razonamiento judicial es atentatorio contra la regla de la lógica, ya que no explica cómo y en que son coincidentes las declaraciones de los testigos y las demás pruebas, sino que lo deja a la imaginación, situación ésta que no es correcta conforme al artículo 202 que tiene que valorar en forma conjunta y razonada, contemplada la lógica como una regla de la sana crítica, que se subestime como vicio de la sentencia cuando esa regla es inobservada por los jueces de sentencia al momento de pronunciar su fallo judicial.- igualmente no se valora de forma objetiva la declaración del ofendido al exponer que venía a sesenta kilómetros por hora, pegado a la mediana donde se encuentran cientos de vehículos y cientos de personas que constituían un alto riesgo en la vía, por lo que de igual manera quebranta una norma de cuidado en el momento que se encuentra en lo peor de la crisis nacional, apenas a dieciocho días de ocurrido el Golpe de Estado, que solo quien no lo haya vivido no podría imaginar cual era el estado mental de las personas en ese momento en las calles; El Ofendido violenta una norma de cuidado que es acorde al momento y lugar por una situación de histeria colectiva, de crisis nacional. Además, en la declaración de ofendido y en la audiencia del juicio oral y público expone que cuando vio el vehículo en la misma vía por el mismo lado quedó en shock, no supo que hacer, y la motocicleta en que se conducía fue a pegar al carro. Según la doctrina en no pocas ocasiones el sujeto actuante vulnera una norma de cuidado y produce el resultado lesivo, pero la norma infringida no estaba destinada a evitar el riesgo producido, y como ilustración expone: Así, la norma que prohíbe el adelantamiento en una curva sin visibilidad está destinada a evitar la colisión con un vehículo que circula en dirección contraria. Si efectuado el adetantamiento el conductor que viaja en sentido contrario, sin tener que hacer ningún viraje, sufre un infarto del susto que se lleva al ver venir otro coche de frente, ese resultado no es el que la norma pretende evitar y por ello es un resultado no objetivamente imputable al autor, lo que no excluye la multa correspondiente. La ilustración anterior tiene una semejanza con el caso que nos ocupa, en el cual el Ofendido señor JUAN CARLOS MELGAR manifiesta que se sintió en shock al ver el vehículo al frente, que no supo que hacer y que la motocicleta fue a pegar al carro, aún cuando el vehículo venía despacio y con sus luces de cortesía, detuvo la marcha al ver que la motocicleta venía fuera de control y sin detenerse. Con las declaraciones del perito de tránsito señor EMEREGILDO FLORES VIGIL y del Ofendido señor JUAN CARLOS MELGAR, se dieron por probados los hechos ocurridos el 16 de julio del año 2009 durante las manifestaciones de la resistencia por el golpe de Estado, por lo que se dictó un fallo condenatorio arbitrario e inhumano contra mi representado. El Tribunal de Sentencia no dio crédito a las pruebas testificates y declaración del Imputado, que fueron las personas que vivieron los hechos en el lugar del accidente, en el sentido que el carril que conduce desde Puerto Cortés a San Pedro Sula los vehículos estaban corriendo en doble vía, porque la vía de San Pedro Sula a Puerto Cortés estaba totalmente obstruida, que en el lugar del accidente era un caos total, por los acontecimientos del Golpe de estado del 28 de junio del 2009; No se da crédito al testimonio del testigo señor Carlos Vasquez que se conducía en el vehículo en condiciones de incapacitado, con dolor, sin poder caminar, solo por el hecho de no ser una situación de vida o muerte, cuando dada dicha situación de enfermo mas los acontecimientos que se estaban presentando en el área del accidente, el motorista consideró que podía seguir los demás vehículos que iban por el carril contrario, despacio, con el debido cuidado, con sus luces de cortesía ya que en el lugar se vivía una situación fuera de control. El Tribunal de Sentencia comete la infracción de ley al dar por probados sin someter a la sana crítica declarados por el señor Emergildo Flores Vigil, por no ser tm testigo objetivamente confIable, al no conocer como ocurrieron los hechos, por no encontrarse en el área del accidente, y por no realizar una investigación de como sucedieron los mismos. Asimismo, se infringe el artículo 200 del Código Procesal Penal, al dar efIcacia probatoria a las declaraciones de un testigo que desconoce la forma en que ocurrieron los hechos controvertidos, con lo que se vulneran tas garantían individuales y procesales establecidas en la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE El artículo 199 del Código Procesal Penal estipula, que los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del Proceso podrán ser demostrados por cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado por el Código Procesal Penal siempre que sean objetivamente confiables. El artículo 200 del mismo cuerpo legal estipula, que carecerá de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren tas garantía procesales establecidas por la Constitución de la República, y en los Convenios Internacionales relativos a Derechos Humanos de los que Honduras forme parte; Así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información. PRECEPTO INFRINGIDO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como in/ringidos por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL: El vicio procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Infracción de Ley expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el mismo acto de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible reclamo alguno para su subsanación más que la interpretación del presente Recurso” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “ Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo ...” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Los 1. Respeto irrestricto alos Hechos Probados. Los hechos probados sonel relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa9 colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de lajuridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probadosy el fallo porinfracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a.Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo.> Norma autorizarlte. Artículo 360 del Código Procesal Penal. > Norma que se denuncia infringida. Artículos 199, 200 y 202 del Código Procesal Penal. > Concepto de la inÍracción. Infracción de los artículos 199, 200 y el principio de contradicción y sana crítica. > Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. >Pretensión: Que se anule la sentencia. Establece el recurrente que en el presente proceso se corrobora que se ha infringido los artículos 199 y 200 del Código Procesal Penal y por ende el principio de contradicción y sana crítica, cuando el tribunal da por probados los hechos ocurridos con la declaración del agente de tránsito señor Emeregildo Flores Vigil, por no ser un testigo objetivamente confiable, al no conocer cómo ocurrieron los hechos, por no encontrarse en el área del accidente, y por no realizar una investigación de cómo sucedieron los hechos, vulnerando las garantías individuales y procesales en la Constitución de la República así como la declaración del ofendido Juan Carlos Melgar. DEL PRINCIPIO DE DEBIDA TÉCNICA EN EL RECURSO DE CASACIÓN PENAL. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “ El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y "En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere inÍringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende . . .’' No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley . De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que, a través del recurso de casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados) producto de la correcta fundamentación jurídica que se invoca, de tal suerte que resultan infringidas las normas que sí corresponde aplicar, el precepto erradamente invocado o el incorrectamente interpretado. Cuando se habla de un precepto penal de carácter sustantivo, se hace alusión a las normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil ex deticto, es decir, aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo que se encuentran en el Código Penal. Argumenta el recurrente que el juzgador que en el proceso se corrobora que se ha infringido los artículos 199 y 200 del Código Procesal Penal y por ende el principio de contradicción y sana crítica, cuando el tribunal da por probados los hechos ocurridos con la declaración del agente de tránsito señor Emeregildo Flores Vigil, por no ser un testigo objetivamente confiable, al no conocer cómo ocurrieron los hechos, por no encontrarse en el área del accidente, y por no realizar una investigación de cómo sucedieron los hechos, vulnerando las garantías individuales y procesales en la Constitución de la República así como la declaración del ofendido Juan Carlos Melgar. Esta Sala de lo Penal, observa que la norma indicada como vulnerada por el motivo de casación, es una norma de naturaleza típicamente procesal y no una norma material o de derecho penal sustantivo, además establece el recurrente que se infringió además el principio de contradicción y de la sana crítica, haciendo alegatos de instancia y sus propias valoraciones sobre medios de prueba, en este sentido, el recurrente equivoca la vía recursiva, pues al no tratarse de una norma penal o de carácter sustantiva, y al referirse a otros motivos diferentes al recurso de Infracción de Ley, impide o hace imposible a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Pues la defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. Por lo expuesto, lo procedente es desestimar el motivo de casación invocado por el recurrente. DECISIÓN Se declara no ha lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del acusado. DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017 PRINCIPIO DE LEGALIDAD El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa, en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: " Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley" . Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “ Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta. ” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post Íáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam paterm, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que " la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" , recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. REGLAS GENERALES DE PONDERACIÓN DE LA NORMA MÁS FAVORABLE QUE DEFINE EL NCP DECRETO 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1.En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en control de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que B prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130, 2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620) 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). REGLAS DE PARTICULARES DE PONDERACIÓN POR CONCURSO DE DELITOS Y POR AUSENCIA DE ÉSTE A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. CONCURSO IDEAL Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. B. DELITO CONTINUADO En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1.Enprimera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP 130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. C. CONCURSO REAL Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y 11. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP 144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130- 2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años;iii Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. D. CONCURSO MEDIAL El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2.Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. E. PENAS CONJUNTAS NO CONCURSADAS Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP 130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. ESCRITO SUPLEMENTARIO Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-queen lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de Oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal según Decreto 144-83, se condenó al señor Gessem Edilio Bautista Lara a la pena de tres (03) años nueve (09) meses de reclusión por el delito de Lesiones y Daños Culposos en Concurso Ideal en perjuicio de Juan Carlos Melgar Girón. Conforme a los hechos probados establece que el señor Gessen Edilio Bautista Lara decidió pasarse al carril contrario sabiendo que era contravía en el retorno de Kativo, cuando repentinamente a pocos metros divisó una motocicleta conducida por el señor Juan Carlos Melgar, y a pesar de su intento de evitar chocar contra el mismo, ello no fue posible, ocasionándose una colisión entre ambos participantes, provocándole a Juan Carlos melgar una lesión a nivel de ambas rodillas que resulto con una incapacidad de 45 días; conducta que se enmarca en el delito de conducción temeraria (art. 323 inciso 3 CP), quién establece una pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años y privación del derecho de conducción de vehículos automotores por tiempo de uno (1) hasta seis (6) años; para la conducta de lesiones tipificada en el artículo 202 numeral 3 del CP, la pena será de arresto domiciliario de seis (06) meses a un (1) año y privación de conducir vehículo automotor de dos (02) a seis (06) años; y para el delito de daños (art.381 CP) la pena será de seis (06) meses a dos (02) años y multa de 180 a 720 días, penas en concurso ideal que de acuerdo al artículo 67 del Código Penal , establece la apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena mas grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubieses penado separadamente los delitos; en este sentido el delito de conducción temeraria tiene una pena abstracta 6 meses a 3 años de prisión, la que aumentada en 1/3, la nueva pena quedaría de tres (03) a cuatro (04) años de prisión; en ese sentido el margen abstracto de todas las penas será de cuatro (04) a siete (07) años de prisión, penas que van aparejas de otras penas principales. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 144-83 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 319 322 68, 70 y 323 del Código Penal 130-2017; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Humberto Bardales Domínguez, en su condición de defensor privado del señor Gessen Edilio Bautista Lara. SECUNDO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.”. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-372-2012.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL