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Sentencia CP-362-16 — Registro 17606

Resumen

En primer instancia se condena a la imputada por el delito de Usurpación, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La recurrente hace un desatinado planteamiento de su recurso de casación, primero ha señalado una norma que contiene como vicio la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público, no así de las otras etapas del proceso ordinario, es decir, la etapa preparatoria y la intermedia, como lo desarrolla el recurrente, segundo, su desarrollo recursivo es confuso y con impropio planteamiento, dejando a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el concepto de la infracción, lo que impide poder hacer una auditoría del alcance del motivo invocado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena osustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa de la acusada Reina Marleny Mendoza Romero, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal en relación al delito de Usurpación, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada de oficio a realizar el análisis tal y como prevé el numeral 2  de la misma norma citada, en relación a la acusada señalada. D. Ponderación en el caso concreto Conforme el acumulado judicial se formalizó cargos en contra de la acusada Reina Marleny Mendoza Romero, por suponerle responsable a título de autor de un delito consumado de usurpación con ánimo de apropiación, previsto en el artículo 227 del CP 144-83, por el cual se emitió una sentencia con pronunciamiento condenatorio en contra de la imputada señalada, misma que no tiene el carácter de firme al haber sido impugnada vía recurso de casación. En el caso particular los hechos declarados probados por el tribunal de sentencia relatan un hecho histórico con momentos claramente diferenciados: 1. En septiembre del 2009, la víctima Cristian Remberto Hernández Calix compro una casa de habitación número 14, ubicada en la colonia San José de la Peña, bloque 47, Zona B, con las siguientes medidas y colindancias: AL OESTE: 12 metros, con casa número 13 del mismo bloque 47; AL NORTE: 06 metros, con casa número 01 del bloque 48-A, calle B-1 de por medio; AL SUR: 06 metros con casa número 03 del mismo bloque 47; AL ESTE: 12 metros con casa número 15 del mismo bloque 47 con un área superficial de 72 metros cuadrados y área de construcción de 55.90 metros cuadrados; adquirido mediante compra-venta celebrada con la señora Esther Ramona Rodríguez Gutierrez; inscrita bajo el número 80 del tomo 5193 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán; 2. Previamente la señora Esther Ramona Rodríguez Gutierrez, adquirió el inmueble antes referido, por compra-venta celebrada con la señora Mercedes Romero Rodríguez en su condición de apoderada legal del señor Ciro Noel Mendoza Romero, mediante instrumento público 313 de fecha 23 de febrero del 2009, autorizada por el notario Francisco Álvarez Sambulá, inscrito el dominio a su favor bajo el número 28 del tomo 5174 del libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán; y 3. Cristian Remberto Hernández Calix junto con su padre el señor Remberto Hernández Portillo se presentaron al inmueble e informaron a la acusada Reina Marleny Mendoza Romero, que el propietario del bien inmueble es el señor Cristian Remberto Hernández Calix y que debía desalojarlo; la acusada Reina Marleny Mendoza Romero se negó a desalojarla y continuó viviendo en el interior del inmueble en mención. Los hechos declarados probados fundan la sentencia condenatoria de la que se ha hecho referencia; hechos que al confrontarlos con el tipo penal de usurpación con ánimo de apropiación que prevé el Código Penal 130-2017 en su artículo 378, se puede colegir falta de identidad en la totalidad de los elementos objetivos, pues el tipo penal exige que la conducta criminosa (ocupación) debe realizarse mediante la violencia o intimidación en las personas; modalidad criminosa que no aparece descrita en el factum, convirtiendo éstos en hechos atípicos; situación que ya está prevista en el último párrafo del artículo 615 del CP 130-2017, en donde se dispone que en tales casos se deberá dictar un sobreseimiento definitivo a favor de las personas acusadas sin más trámite. El presente fallo no debe de entenderse como denegación de tutela judicial, pues aun cuando el conflicto que genero el proceso penal que nos ocupa concluya con un sobreseimiento definitivo, las partes que se consideren agraviadas pueden acudir a los tribunales de lo civil para hacer valer los derechos subjetivos que entiendan fueron comprometidos, conforme las normas que regulan la materia.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

El único motivo no es de recibo Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar. Partiendo de tal mandado la Sala de lo Penal, en ésta y en todas la sentencias en que resuelve el recurso de casación por infracción de ley, hace una breve explicación de su naturaleza, de los motivos que le componen y de las pretensiones que pueden ser perseguidas con su interposición; sin embargo, y desafortunadamente, el recurrente, al momento de plantear su único motivo, desoyó lo mandado por la norma procesal in comento, y procedió a formular su recurso en torno a la prueba, refutando aquello que se declaró por probado, dando a conocer lo que en lo personal consideró que si se dio como probado, aunando que en su desarrollo recursivo no señala el concepto de la infracción, ni la norma penal que considera fue inobservada o erróneamente aplicada. Es así entonces que, al estar construido el único motivo de manera ajena a una correcta técnica recursiva, se ha imposibilitado a esta Sala de lo Penal el poder hacer un estudio de la sentencia y si en ésta se ha realizado una correcta o incorrecta aplicación de las normas sustantivas.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El primer y segundo motivo no es de recibo El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el censor deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios); Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el Censor/a deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; Tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el presente caso el recurrente presenta un recurso vació de contenido, en inobservancia a lo antes expresado, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho que no hacen una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente se limita a no dar mayor explicación. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-362-2016, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 362-2016, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a la señora Reina Marleny Mendoza Romero, del delito de Usurpación, en perjuicio de Cristian Remberto Hernández Calix, a la pena de dos (02) años de reclusión; SEGUNDO: Condenó a la señora Reina Marleny Mendoza Romero, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; TERCERO: Declaró la responsabilidad civil de la señora Reina Marleny Mendoza Romero, así como el desalojo del bien inmueble usurpado; CUARTO: No procedió condenar en costas a la señora Reina Marleny Mendoza Romero. Son partes en única instancia: El Abogado Carlos Manuel Cruz Román, defensor privado, en su condición de recurrente; la Abogada Miriam Emilda García, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En septiembre del dos mil nueve, el señor CRISTIAN REMBERTO HERNANDEZ CÁLIX compró una casa de habitación número catorce ubicada en la colonia San José de la Peña, bloque cuarenta y siete de la zona B, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al oeste doce metros con casa número trece del mismo bloque cuarenta y siete, al norte seis metros con casa número uno del bloque cuarenta y ocho guión A, calle B-1 de por medio, al sur seis metros con casa número tres del mismo bloque cuarenta y siete, al este doce metros con casa número quince del mismo bloque cuarenta y siete con un área superficial de setenta y dos metros cuadrados y área de construcción de cincuenta y cinco punto noventa metros cuadrados (55.90 Mts2). Dicho inmueble lo adquirió mediante compra venta celebrada con la señora ESTHER RAMONA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, la cual previamente había adquirido el inmueble por compra venta celebrada con la señora Mercedes Romero Rodríguez en su condición de apoderada legal del señor Ciro Noel Mendoza Romero mediante instrumento número público trescientos trece de fecha veintitrés de febrero del dos mil nueve autorizada por el notario Francisco Álvarez Sambulá, encontrándose inscrito el dominio a su favor bajo el número veintiocho del tomo 5174 del libro de Registro de la Propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas del registro de la propiedad inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, siendo inscrito posteriormente a favor del señor CRISTIAN REMBERTO HERNÁNDEZ CÁLIX bajo el número ochenta del tomo 5193 del libro de Registro de la Propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas del registro de la propiedad inmueble y Mercantil de Francisco Morazán. SEGUNDO: Posteriormente a su inscripción, el señor CRISTIAN REMBERTO HERNÁNDEZ CÁLIX junto con su padre el señor REMBERTO HERNÁNDEZ PORTILLO se presentaron en el inmueble en mención y pusieron en conocimiento de la señora REINA MENDOZA ROMERO que el dueño de la propiedad era el señor CRISTIAN REMBERTO HERNÁNDEZ CÁLIX y que debía desalojar el inmueble. Sin embargo, la señora REINA MARLYN MENDOZA ROMERO se negó a desalojarla y continuó viviendo en el interior de dicho inmueble, siendo necesario para su desalojo la intervención de la autoridad estatal.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Carlos Manuel Cruz Román, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Establece la norma procesal penal en su artículo 360 que cabe este recurso “(...) cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. La sentencia recurrida establece que “(…) el bien jurídico penalmente protegido mediante este delito es la propiedad privada considerada en abstracto, es decir, independientemente de que el autor haya realizado el hecho con el único fin de despojar a determinado sujeto (...); (...) tal y como ha sucedido en el presente caso en el cual se ha acreditado que la casa de habitación ha tenido varios dueños a partir del año dos mil nueve (...). Honorables Magistrados el Tribunal de sentencia ha reconocido en su sentencia que mi representada se encontraba en legítima posesión del bien inmueble, y es de establecer que la posesión como tal es un derecho y un hecho jurídico que regula la norma sustantiva en cuanto a la propiedad privada (Código Civil), según la norma sustantiva el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo, en otras palabras mi representada era la nuda propietaria de la casa de habitación en la cual residió por más de treinta años según hecho probado a través de la declaración testifical. Mi representada fue una poseedora de buena fe de un bien inmueble, según regula dicha norma sustantiva que es poseedor de buena fe de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de otro vicio, es reconocido por el Tribunal de Sentencia que mi representada ingresó a la vivienda en cuestión 27 años atrás y desde ese entonces estuvo en posesión de dicha vivienda, ella residió en la casa que perteneció a su madre la Señora Mercedes Romero, y ella siempre le arguyó a mi representada que la casa de habitación era de ella. Los señores Rembertos Hernández (padre e hijo) no acreditaron en autos que de manera formal bajo procedimientos alternos que establece la ley le informaran y demostraran a mi representada que ellos eran los legítimos dueños de la casa de habitación en la cual ella se encontraba residiendo, reiterando que era una casa de habitación que ella misma pagó según consta en la declaración de mi representada y según consta en el expediente de mérito de Folio 31 al Folio 33; es más Honorables Magistrados ellos al momento de comprar dicha vivienda tuvieron pleno conocimiento que la hija de la anterior dueña de la vivienda se encontraba aún residiendo en dicha casa, según declaración rendida por ellos mismos ante el Tribunal de Sentencia. Honorables Magistrados, el Tribunal de Sentencia únicamente se remite a manifestar que los títulos traslaticios de dominios son verdaderos y manifiesta en su sentencia que la credibilidad, el contenido y autoría en la redacción no fueron refutados, sin embargo ésta es una acción que de oficio debe revisar el propio Juez según lo dicta también la norma sustantiva para otorgarle la validez propia a dichos documentos, la norma sustantiva (Código Civil) en su artículo número 1589 expresa que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos declararse de oficio, además Honorables Magistradas expresa el mismo artículo que no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes. El mismo cuerpo Legal es decir el Código Civil en su artículo 1586 establece que hay nulidad absoluta en los actos siguientes: a) Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su existencia. b) Cuando falta algún Requisito o Formalidad, que la ley exige para el valor de ciertos actos. En el presente caso consta en el expediente de mérito la declaración que a instancia administrativa diera la Señora Mercedes Romero, donde ante autoridad competente de viva voz manifestó que la casa únicamente la traspasó a nombre de la Señora Esther Ramona porque la Señora Mercedes tenía una deuda con un abogado consta todo lo manifestado en el expediente a folios 38, 97, 98, 99 100. Por todo lo anterior es que el Tribunal de Sentencia debió observar en primer plano que mi representada como una poseedora de buena fe que era, los demandantes debieron primero que nada tratar de recuperar el domino pleno a través de los medios que establece la norma menos lesiva para con mi representada, reiterando que el propio Tribunal de Sentencia no admitió como medio de prueba de la defensa la búsqueda de este medio alterno en los distintos juzgados (civil, inquilinato, policial) para que ellos informaran de manera formal si el hoy demandante había interpuesto las denuncias tal y como el lo aseveró en sus declaraciones, pues a juicio nuestro son meras argumentaciones sin el sustento de la prueba científica (constancia, etc.) pues en todo el expediente penal no se acreditó en autos dichos extremos. En segundo plano la verdadera validación de los documentos de propiedad, ya que si bien es cierto tiene las inscripciones oficiales de parte de la institución encargada para dicho fin, también es cierto que en el expediente penal existen declaraciones que evidentemente queda resaltado que dichos documentos acarrean grandes vicios de nulidad, establece la propia norma procesal en su artículo 12, como uno de los principios básicos a todo el proceso, que los Órganos Jurisdiccionales rechazarán fundadamente las pretensiones (...) (...) contradiciendo las reglas de la buena fe, o con manifiesto abuso de derecho o fraude de ley SUSTANTIVA o procesal. Según los folios enunciados anteriormente resulta evidente que los actores o demandantes por la vía penal con la documentación que acreditan ser titulares de dicha propiedad fue alejada de la buena fe, incluso que el traspaso se hizo en fraude de ley porque estábamos frente a un ocultamiento de bienes para que un acreedor no siguiera a la deudora, según consta en los folios 38. Por lo cual solicito que Voz Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal case la sentencia dictada en cuanto a los hechos planteados en este recurso y declare la no culpabilidad de mi representada. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Civil, en el presento caso tenemos dos motivos. PRIMER MOTIVO: Preceptos Constitucionales Infringidas: Artículos 15 y 18 del Constitución de la República que incorpora el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Honorables Magistrados recientemente el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sentencia de fecha 8 de octubre de 2015, por no darle una adecuada interpretación al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dicho sea de paso por el articulado enunciado en este recurso forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y tiene por ende una elevación constitucional. Si bien es cierto que la sentencia referida hace una interpretación propia de la propiedad en colectiva no debemos de olvidar el ejercicio de convencionalidad que los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar a cada caso en concreto y sobre todo a observar y aplicar a cada caso en concreto la jurisprudencia vertida, en este orden de ideas es imperativo cuando nos referimos específicamente a casos similares. En su párrafo 100 de la sentencia referida se establece y sito “(...) en el sentido que el artículo 21 de la Convención Americana protege la estrecha vinculación que las personas guardan con sus tierras (...)” “(...) tales nociones del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción clásica de propiedad, pero la Corte ha establecido que merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho de uso y goce de los bienes, dadas por los usos, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes(...)” (Io subrayado es propio) El Tribunal de Sentencia se limitó única y exclusivamente a verificar las formas y las fechas en que el dominio pleno (título de propiedad) cambió, pero dejó a un lado el proyecto de vida que mi representada había establecido en una propiedad que ella creía que le pertenecía por ser ella quien pagó por dicha propiedad tal y como consta a folio 224 al 235; también desconoció las personas que están bajo la tutela de ella por ser una madre soltera (grupo vulnerable), tal es el caso que no fue que ella usurpó una propiedad, en el mejor de los casos ella pretendía proteger una propiedad que ella pagó y que a ella prometieron traspasar o que ella pretendía adquirir una vez que falleciera su señora madre porque era esta quien ostentaba el dominio pleno sobre dicho bien inmueble. Al momento de emitir el fallo no se pueden separar los hechos fácticos de los históricos que arrojan a que una persona tenga una conducta determinada, en el presente caso no se deben aislar tales elementos (la continuada e ininterrumpida posesión del bien inmueble, el pago por dicho bien inmueble y el proyecto de vida que se sostuvo en dicho bien) del fallo que se esgrimió, aislar dichos elementos es verter un fallo incongruente. Bajo ese orden de ideas me permito trasladar también la reiterada interpretación que ha hecho la CIDH referente al principio pro homínen (pro persona), donde establece que la “(...) interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio (…)” (lo subrayado es propio). En el caso en concreto el Tribunal de Sentencia no aplica dicho principio ya que solo se limita a interpretar si se dan elementos para que exista la tipificación del delito de usurpación, y dicho artículo lo interpreta de manera amplia a favor del acusador y de manera restrictiva desprotegiendo a mi representada teniendo que hacer dicho ejercicio al revés, es decir que tenía que interpretarlo de manera amplia a favor de mi representada y restrictiva a favor de la persona que la está acusando a ella, en otras palabras el juzgado obvia los elementos históricos que rodean el caso, así como obvia los motivos por los cuales mi representada residía en dicha vivienda que dicho sea de paso no lo hacía con mala intención si no bajo la creencia que la casa de habitación en la cual residía era de su propiedad, elementos probados en el juicio. Honorables Magistrados el significado irrestricto de usurpación es que debe apoderarse violentamente o con intimidación de un bien inmueble o de un derecho que corresponde a otra persona, bajo este orden de ideas mi representada nunca actuó con violencia o bajo intimidación para habitar la propiedad donde ella residía, al contrario cuando ingresó a ella y mientras estuvo en ella siempre lo hizo bajo el consentimiento y visto bueno de la persona que ostenta el carácter de dominio pleno sobre dicho bien inmueble, luego reiterando que los actuales dueños de dicho dominio pleno no acreditaron en todo el expediente que ellos informaran bajo medios alternativos a mi representada que ella ya no tenía dicho consentimiento. Mi representada manifestó en su declaración ante el Tribunal de Sentencia que ella se dio cuenta de manera formal que la propiedad de la vivienda había sido traspasada a un ajeno que no era su madre hasta el 2013 momento en el que ella fue detenida, así consta en las actas de debates.” “SEGUNDO MOTIVO Precepto Constitucional infringido: Artículo 90 Honorables Magistrados en antes de iniciar el debate en el Tribunal de Sentencia, se llevó cabo la audiencia de preparación del debate, en dicha audiencia se presentó una nulidad absoluta de actuaciones específicamente a partir del auto de fecha tres (3) de septiembre del dos mil doce (2012) mismos que obra a folio 172 al 179 del expediente de mérito, dicha nulidad fue desestimada por el Tribunal de Sentencia, sin embargo es de nuestro parecer que a través de dicha resolución se sigue quebrantando la forma del debido proceso bajo las expresiones siguientes: Honorables Magistrados ataco específicamente dicho auto porque el mismo no se apega al principio de legalidad íntimamente establecido en todo el universo jurídico de las leyes de nuestro país y de los convenios internacionales del cual parte a modo de garantía constitucional en nuestra Constitución de la República cuando en su artículo 90 reza lo siguiente “(...) con la formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (...)” El Código Procesal Penal en su artículo 355 establece que “el término para apelar no se suspende por la solicitud de aclaración de la resolución recurrida” estamento jurídico que rige en todo el proceso es decir desde que éste nació hasta que éste llegue a sus etapas finales, debemos entender por ende que el hecho que un apoderado legal solicite una copia de una resolución no suspende el término que impone la ley para poder presentar un recurso de apelación, se debe entender también que el hecho de que un apoderado legal se notifique de una resolución y en la misma “anuncie que interpondrá el recurso de apelación ante el jerárquico legal” esta notificación no suspende o interrumpe el término para interponer el recurso de apelación. De este modo Honorables Magistrados al hacer el análisis minucioso del proceso podemos afirmar que el recurso de apelación interpuesto por el acusador privado en sede administrativa fue interpuesto de manera extemporánea ya que obra en el expediente de mérito específicamente a folio 161 la notificación del acusador de la resolución que emitieron y por regla general comenzando a correr a partir del siguiente día hábil el término para interponer el recurso anunciado, sin embargo dicho recurso fue interpuesto 21 días hábiles después de que el mismo haya sido notificado acto que se puede ver a folio 164 del expediente de mérito en el cual consta el sello de recibido de la formalización de dicho recurso, siendo por ende este extemporáneo y desde luego ostentando el carácter de firme la resolución de fecha 21 de junio de 2012 que ordenaba no AUTORIZAR EL PROYECTO DE REQUERIMIENTO FISCAL misma que se encuentra agregada al expediente a folios 153 y 154. Honorables Magistrados, el Código Procesal Penal es flexible y permite el hecho de que las partes puedan solicitar la prórroga de un plazo o término para realizar las actuaciones pertinentes a los casos concretos, sin embargo exige propio código que la misma debe ser solicitada por escrito antes de que el plazo original venza y en el presente caso de autos no consta en el expediente que el acusador privado haya solicitado dicha ampliación de plazo hecho que se puede constatar de folio 153 al follo 179, ratificando una vez más que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea y por ende dicho requerimiento fiscal y más aún este proceso no debió nacer al menos en la vía penal. Los principios del Código Procesal Penal resguardan el principio de legalidad de manera constitucional, lo baja de la norma jerárquica más alta y la inserta en la norma especial, el artículo 1 del Código Procesal Penal establece “(...) conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado” El artículo 9 de la misma norma citada establece que los Jueces y Magistrados adoptaran las medidas que sean precisas para corregir las irregularidades que advierta el proceso (...) (...) En el cumplimiento de esta función, actuaran con estricto respeto de los derechos que correspondan a los sujetos procesales” siendo en el presente caso un sujeto procesal mi representada Reina Marlyn Mendoza Romero. Honorables Magistrados ya expusimos que en el presente caso La Sub Dirección General de Fiscalías prescindió del procedimiento que se debe seguir ya que no se apegó al término que establece la ley para interponer el o formalizar el recurso de apelación que dicho sea de paso según la ley de procedimiento administrativo establece que son de 15 días hábiles en su artículo 139; este hecho ha violentado nuestra garantía constitucional instaurada en el principio de legalidad. A modo de ilustración pasaje doctrinario legal lo extraemos de la comisión interamericana de derechos humanos en su informe Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ISBN 0-8270-5154-9, mismo que fue publicado el 7 de septiembre de 2007, ha establecido lo siguiente: “(....) El debido proceso en la esfera administrativa. En su sentencia de 2 de febrero de 2001, la corte IDH destacó en relación con los alcances del artículo 8 de la CADH: Sí bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (...) La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso, entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes..; “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. La Corte destacó respecto al debido proceso administrativo: Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas..; 105. Concluyendo, entonces, en relación con los hechos del caso y los derechos en juego: (...) Los directores generales y las juntas directivas de las empresas estatales no son jueces o tribunales en un sentido estricto; sin embargo, en el presente caso las decisiones adoptadas por ellos afectaron derechos de los trabajadores, por lo que resultaba indispensable que dichas autoridades cumplieran con lo estipulado en el artículo 8 de la Convención (...). En este sentido, la Comisión Interamericana ha considerado que entre los elementos componentes del debido proceso legal administrativo se encuentra la garantía de una audiencia para la determinación de los derechos en juego. De acuerdo con la CIDH, dicha garantía incluye: el derecho a ser asistido jurídicamente; A EJERCER UNA DEFENSA y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizados, así como para PROMOVER Y EVACUAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS. La Comisión Interamericana también ha considerado a la notificación previa sobre la existencia misma del proceso, como un componente básico de la garantía. (Lo subrayado es propio) Partiendo de los principios descritos anteriormente se puede observar que a mi representada se le violentó un debido proceso establecido legalmente tanto en la ley de procedimiento administrativo, como en el reglamento de la ley del Ministerio Público, así como en la Propia Constitución de la República en su artículo 90 atendiendo al principio de legalidad atendiendo también por ende el artículo 1, 8.1 y.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos formando parte de nuestro ordenamiento jurídico interno gracias al artículo 16 y 18 de la Constitución de la República. En este segundo apartado nos vemos en la necesidad de hacer énfasis que a mi representada no solo se le violentó la garantía constitucional de legalidad de los actos, si no también la garantía del derecho a la defensa en sede administrativa, ya que la norma Supra nacional como ser la Convención Americana de Derechos Humanos, la norma legal jerárquicamente mayor como ser la Constitución de la República y la norma especializada como ser el Código Procesal Penal lo establece a través de su articulada inspirados o ejecutando dicha garantía a través de la contradicción de las partes. Honorables Magistrados, no se puede concebir de un recurso de apelación sin haber dado la oportunidad a la parte acusada de ejercer un alegato contradictorio, digo esto porque tal y como lo acabamos de exponer la propia CJDH lo exige en su jurisprudencia y hace énfasis del mismo en sede administrativa, recogiendo con gran importancia dicho análisis porque de haber otorgado dicho derecho en sede administrativa con un expediente más pequeño se hubiera podido identificar al extemporaneidad del recurso presentado por ende la firmeza del auto de fecha 21 de junio de 2012, y es de aclarar que dicho informe ha puesto de relieve que no cabe excusa por parte de los órganos del estado, es decir, tal y como pudieron citar a mi representada para que esta llegara a declarar así devenía la obligación del Ministerio Público de informarle que habían interpuesto dicho recurso para que ella pudiera ejercer su derecho a la defensa desde la sede administrativa y así evitar entrar en un proceso penal que desde el inicio la propia fiscalía identificó que era meramente civil, por cuestiones que se han alegado en el fondo del presente juicio dejando de atender a los criterios de objetividad que deben de imperar en todo razonamiento o resolución penal fundada, sin embargo no entraremos en esos detalles ya que el objetivo de la presente intervención es lograr la nulidad del proceso ya que la no autorización del requerimiento fiscal acarreó carácter de firme desde julio del año 2012. La nulidad fue planteada en el momento procesal oportuno y en la audiencia específica para plantear dichas nulidades al tenor de lo preceptuado en el artículo 316 del Código Procesal Penal, sin embargo el Tribunal de Sentencia manifestó que no era el momento procesal oportuno. Por lo cual solicito que Voz Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal case la sentencia dictada en cuanto a los hechos planteados en este recurso y declare la no culpabilidad de mi representada y absuelva de toda responsabilidad Penal y civil. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 5 Honorables Magistrados antes de iniciarse el debate en el Tribunal de Sentencia, se llevó cabo la audiencia de preparación del debate, en dicha audiencia se presentó una nulidad absoluta de actuaciones específicamente a partir del auto de fecha tres (3) de septiembre del dos mil doce (2012) mismos que obra a folio 172 al 179 del expediente de mérito, dicha nulidad fue desestimada por el Tribunal de Sentencia, sin embargo es de nuestro parecer que a través de dicha resolución se sigue quebrantando la forma del debido proceso bajo las expresiones siguientes: PRIMERO: Honorables Magistrados ataco específicamente dicho auto porque el mismo no se apega el principio de legalidad íntimamente establecido en todo el universo jurídico de las leyes de nuestro país y de los convenios internacionales del cual parte a modo de garantía constitucional en nuestra Constitución de la República cuando en su artículo 90 reza lo siguiente “(...) con la formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (...)” El Código Procesal Penal en su artículo 355 establece que “el término para apelar no se suspende por la solicitud de aclaración de la resolución recurrida” estamento jurídico que rige en todo el proceso es decir desde que éste nació hasta que éste llegue a sus etapas finales, debemos entender por ende que el hecho que un apoderado legal solicite una copia de una resolución no suspende el término que impone la ley para poder presentar un recurso de apelación, se debe entender también que el hecho de que un apoderado legal se notifique de una resolución y en la misma “anuncie que interpondrá el recurso de apelación ante el jerárquico legal” esta notificación no suspende o interrumpe el término para interponer el recurso de apelación. De esto modo Honorables Magistrados al hacer el análisis minucioso del proceso podemos afirmar que el recurso de apelación interpuesto por el acusador privado en sede administrativa fue interpuesto de manera extemporánea ya que obra en el expediente de mérito específicamente a folio 161 la notificación del acusador de la resolución que emitieron y por regla general comenzando a correr a partir del siguiente día hábil el término para interponer el recurso anunciado, sin embargo dicho recurso fue interpuesto 21 días hábiles después de que el mismo haya sido notificado acto que se puede ver a folio 164 del expediente de mérito en el cual consta el sello de recibido de la formalización de dicho recurso, siendo por ende éste extemporáneo y desde luego ostentando el carácter de firme la resolución de fecha 21 de junio de 2012 que ordenaba no AUTORIZAR EL PROYECTO DE REQUERIMIENTO FISCAL misma que se encuentra agregada al expediente a folios 153 y 154. Honorables Magistrados el Código Procesal Penal es flexible y permite el hecho de que las partes puedan solicitar la prórroga de un plazo o término para realizar las actuaciones pertinentes a los casos concretos, sin embargo exige el propio código que la misma debe ser solicitada por escrito antes de que el plazo original venza y en el presente caso de autos no consta en el expediente que el acusador privado haya solicitado dicha ampliación de plazo hecho que se puede constatar de folio 153 al folio 179, ratificando una vez mas que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea y por ende dicho requerimiento fiscal y más aún este proceso no debió nacer al menos en la vía penal. Los principios del Código Procesal Penal resguardan el principio de legalidad de manera constitucional, lo baja de la norma jerárquica más alta y la inserta en la norma especial, el artículo 1 del Código Procesal Penal establece “(...) conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado” El artículo 9 de la misma norma citada establece que los Jueces y Magistrados adoptaran las medidas que sean precisas para corregir las irregularidades que advierta el proceso (...) (...) En el cumplimiento de esta función, actuaran con estricto respeto de los derechos que correspondan a los sujetos procesales” siendo en el presente caso un sujeto procesal mi representada Reina Marlyn Mendoza Romero. Honorables Magistrados ya expusimos que en el presente caso La Sub Dirección General de Fiscalías prescindió del procedimiento que se debe seguir ya que no se apegó al término que establece la ley para interponer el o formalizar el recurso de apelación que dicho sea de paso según la ley de procedimiento administrativo establece que son de 15 días hábiles en su artículo 139; este hecho ha violentado nuestra garantía constitucional instaurada en el principio de legalidad. A modo de ilustración pasaje doctrinario legal lo extraemos de la comisión interamericana de derechos humanos en su informe Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ISBN 0-8270-5154-9, mismo que fue publicado el 7 de septiembre de 2007, ha establecido lo siguiente: “(…) El debido proceso en la esfera administrativa. En su sentencia de 2 de febrero de 2001, la Corte IDH destacó en relación con los alcances del artículo 8 de la CADH: Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (...) La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso, entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes..; “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. La Corte destacó respecto al debido proceso administrativo: Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas..; 105. Concluyendo, entonces, en relación con los hechos del caso y los derechos en juego: (...) Los directores generales y las juntas directivas de las empresas estatales no son jueces o tribunales en un sentido estricto; sin embargo, en el presente caso las decisiones adoptadas por ellos afectaron derechos de los trabajadores, por lo que resultaba indispensable que dichas autoridades cumplieran con lo estipulado en el artículo 8 de la Convención (...). En este sentido, la Comisión Interamericana ha considerado que entre los elementos componentes del debido proceso legal administrativo se encuentra la garantía de una audiencia para la determinación de los derechos en juego. De acuerdo con la CIDH, dicha garantía incluye: el derecho a ser asistido jurídicamente; A EJERCER UNA DEFENSA y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizados, así como para PROMOVER Y EVACUAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS. La Comisión Interamericana también ha considerado a la notificación previa sobre la existencia misma del proceso, como un componente básico de la garantía. (Lo subrayado es propio). Partiendo de los principios descritos anteriormente se puede observar que a mi representada se le violentó un debido proceso establecido legalmente tanto en la ley de procedimiento administrativo, como en el reglamento de la ley del Ministerio Público, así como en la Propia Constitución de la República en su artículo 90 atendiendo al principio de legalidad atendiendo también por ende el artículo 1, 8.1 y.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos formando parte de nuestro ordenamiento jurídico interno gracias al artículo 16 y 18 de la Constitución de la República. En este segundo apartado nos vemos en la necesidad de hacer énfasis que a mi representada no solo se le violentó la garantía constitucional de legalidad de los actos, sino también la garantía del derecho a la defensa en sede administrativa, ya que la norma Supra nacional como ser la Convención Americana de Derechos Humanos, la norma legal jerárquicamente mayor como ser la Constitución de la República y la norma especializada como ser el Código Procesal Penal lo establece a través de su articulada inspirados o ejecutando dicha garantía a través de la contradicción de las partes. Honorables Magistrados, no se puede concebir de un recurso de apelación si haber dado la oportunidad a la parte acusada de ejercer un alegato contradictorio, digo ésto porque tal y como lo acabamos de exponer la propia CIDH lo exige en su jurisprudencia y hace énfasis del mismo en sede administrativa, recogiendo con gran importancia dicho análisis porque de haber otorgado dicho derecho en sede administrativa con un expediente más pequeño se hubiera podido identificar al extemporaneidad del recurso presentado por ende la firmeza del auto de fecha 21 de junio de 2012, y es de aclarar que dicho informe ha puesto de relieve que no cabe excusa por parte de los órganos del estado, es decir, tal y como pudieron citar a mi representada para que ésta llegara a declarar así devenía la obligación del Ministerio Público de informarle que habían interpuesto dicho recurso para que ella pudiera ejercer su derecho a la defensa desde la sede administrativa y así evitar entrar en un proceso penal que desde el inicio la propia fiscalía identificó que era meramente civil, por cuestiones que se han alegado en el fondo del presente juicio dejando de atender a los criterios de objetividad que deben de imperar en todo razonamiento o resolución penal fundada, sin embargo no entraremos en esos detalles ya que el objetivo de la presente intervención es lograr la nulidad del proceso ya que la no autorización del requerimiento fiscal acarreó carácter de firme desde julio del año 2012. La nulidad fue planteada en el momento procesal oportuno y en la audiencia específica para plantear dichas nulidades al tenor de lo preceptuado en el artículo 316 del Código Procesal Penal, sin embargo el Tribunal de Sentencia manifestó que no era el momento procesal oportuno. Por lo cual solicito que Voz Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal case la sentencia dictada en cuanto a los hechos planteados en este recurso y declare la no culpabilidad de mi representada y por ende absuelva de toda responsabilidad penal y civil en que la hayan condenado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp. 228-2011, entre otras.) Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada de la Imputada Reina Marlyn Mendoza Romero. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el recurrente. Concepto de la Infracción: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Case la sentencia recurrida y se declare la no culpabilidad de su representada. Describe el recurrente, que el juzgador ha reconocido en su sentencia que su representada se encontraba en legítima posesión del bien inmueble; quien a su pensar, fue una poseedora de buena fe, que, de igual forma, los juzgadores reconocieron que la imputada ingreso a la vivienda 27 años atrás y desde entonces en posesión de la misma, que las víctimas no acreditaron en autos de manera formal que eran los dueños legítimos del inmueble. Describió el recurrente, que consta en el expediente la declaración de instancia administrativa que diera la señora Mercedes Romero, que la casa fue traspasada únicamente a nombre de Esther Ramona a razón de tener una deuda con un abogado. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar. Partiendo de tal mandado la Sala de lo Penal, en ésta y en todas la sentencias en que resuelve el recurso de casación por infracción de ley, hace una breve explicación de su naturaleza, de los motivos que le componen y de las pretensiones que pueden ser perseguidas con su interposición; sin embargo, y desafortunadamente, el recurrente, al momento de plantear su único motivo, desoyó lo mandado por la norma procesal in comento, y procedió a formular su recurso en torno a la prueba, refutando aquello que se declaró por probado, dando a conocer lo que en lo personal consideró que si se dio como probado, aunando que en su desarrollo recursivo no señala el concepto de la infracción, ni la norma penal que considera fue inobservada o erróneamente aplicada. Es así entonces que, al estar construido el único motivo de manera ajena a una correcta técnica recursiva, se ha imposibilitado a esta Sala de lo Penal el poder hacer un estudio de la sentencia y si en ésta se ha realizado una correcta o incorrecta aplicación de las normas sustantivas. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada de la Imputada Reina Marlyn Mendoza Romero. Primer motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 15 y 18 de la Constitución de la Republica que incorpora el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Concepto de la infracción: Sin determinar por el recurrente. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Señala el recurrente, que el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según sentencia 08 de octubre de 2015, por no darle una adecuada interpretación al artículo 21 de la Convención, según sentencia hace una interpretación propia de la propiedad en colectiva. Que los juzgadores se limitaron únicamente y exclusivamente a verificar las formas y las fechas en que el dominio pleno cambió, dejando a un lado el proyecto de vida de su representada, desconociendo que se trata de una madre soltera (grupo vulnerable), ya que ella, no usurpo una propiedad, que pretendió proteger al haberla pagado y que tenía promesa de traspasarle. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada de la Imputada Reina Marlyn Mendoza Romero. Segundo motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la Republica. Concepto de la infracción: Sin determinar por el recurrente. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Aqueja el recurrente, que, al llevarse a cabo la audiencia de preparación del debate, se presentó una nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha 03 de septiembre de 2012 (F.172 al 179), desestimada por los juzgadores, persiste en atacar dicho auto, según su percepción no se apega al principio de legalidad, continuó en su desarrollo recursivo, expresando señalamientos de la etapa investigativa. Los recursos antes descritos se interrelacionan entre sí, al deducirse de ellos, falta de debida técnica recursiva, por lo que es procedente resolverlos en un mismo pronunciamiento. De la procedencia del recurso. El primer y segundo motivo no es de recibo El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose particularmente del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el censor deberá: 1. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios); Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; 2. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; 3. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; 4. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el Censor/a deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; 5. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; Tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones. En el presente caso el recurrente presenta un recurso vació de contenido, en inobservancia a lo antes expresado, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho que no hacen una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, sino que solamente se limita a no dar mayor explicación. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada de la Imputada Reina Marlyn Mendoza Romero. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el censor; Concepto de la infracción expuesto: Sin determinar por el recurrente; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Case la sentencia. El recurrente, nuevamente desarrolla su recurso en los mismos términos del ya expuesto desde el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su segundo motivo, desbordándose del vicio denunciado en el artículo 362 numeral 5. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de Recibo. La recurrente hace un desatinado planteamiento de su recurso de casación, primero ha señalado una norma que contiene como vicio la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público, no así de las otras etapas del proceso ordinario, es decir, la etapa preparatoria y la intermedia, como lo desarrolla el recurrente, segundo, su desarrollo recursivo es confuso y con impropio planteamiento, dejando a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el concepto de la infracción, lo que impide poder hacer una auditoría del alcance del motivo invocado. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos. No Ha Lugar el Recurso de Casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa de la acusada Reina Marleny Mendoza Romero, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal en relación al delito de Usurpación, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada de oficio a realizar el análisis tal y como prevé el numeral 2 de la misma norma citada, en relación a la acusada señalada. D. Ponderación en el caso concreto Conforme el acumulado judicial se formalizó cargos en contra de la acusada Reina Marleny Mendoza Romero, por suponerle responsable a título de autor de un delito consumado de usurpación con ánimo de apropiación, previsto en el artículo 227 del CP 144-83, por el cual se emitió una sentencia con pronunciamiento condenatorio en contra de la imputada señalada, misma que no tiene el carácter de firme al haber sido impugnada vía recurso de casación. En el caso particular los hechos declarados probados por el tribunal de sentencia relatan un hecho histórico con momentos claramente diferenciados: 1. En septiembre del 2009, la víctima Cristian Remberto Hernández Calix compro una casa de habitación número 14, ubicada en la colonia San José de la Peña, bloque 47, Zona B, con las siguientes medidas y colindancias: AL OESTE: 12 metros, con casa número 13 del mismo bloque 47; AL NORTE: 06 metros, con casa número 01 del bloque 48-A, calle B-1 de por medio; AL SUR: 06 metros con casa número 03 del mismo bloque 47; AL ESTE: 12 metros con casa número 15 del mismo bloque 47 con un área superficial de 72 metros cuadrados y área de construcción de 55.90 metros cuadrados; adquirido mediante compra-venta celebrada con la señora Esther Ramona Rodríguez Gutierrez; inscrita bajo el número 80 del tomo 5193 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán; 2. Previamente la señora Esther Ramona Rodríguez Gutierrez, adquirió el inmueble antes referido, por compra-venta celebrada con la señora Mercedes Romero Rodríguez en su condición de apoderada legal del señor Ciro Noel Mendoza Romero, mediante instrumento público 313 de fecha 23 de febrero del 2009, autorizada por el notario Francisco Álvarez Sambulá, inscrito el dominio a su favor bajo el número 28 del tomo 5174 del libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán; y 3. Cristian Remberto Hernández Calix junto con su padre el señor Remberto Hernández Portillo se presentaron al inmueble e informaron a la acusada Reina Marleny Mendoza Romero, que el propietario del bien inmueble es el señor Cristian Remberto Hernández Calix y que debía desalojarlo; la acusada Reina Marleny Mendoza Romero se negó a desalojarla y continuó viviendo en el interior del inmueble en mención. Los hechos declarados probados fundan la sentencia condenatoria de la que se ha hecho referencia; hechos que al confrontarlos con el tipo penal de usurpación con ánimo de apropiación que prevé el Código Penal 130-2017 en su artículo 378, se puede colegir falta de identidad en la totalidad de los elementos objetivos, pues el tipo penal exige que la conducta criminosa (ocupación) debe realizarse mediante la violencia o intimidación en las personas; modalidad criminosa que no aparece descrita en el factum, convirtiendo éstos en hechos atípicos; situación que ya está prevista en el último párrafo del artículo 615 del CP 130-2017, en donde se dispone que en tales casos se deberá dictar un sobreseimiento definitivo a favor de las personas acusadas sin más trámite. El presente fallo no debe de entenderse como denegación de tutela judicial, pues aun cuando el conflicto que genero el proceso penal que nos ocupa concluya con un sobreseimiento definitivo, las partes que se consideren agraviadas pueden acudir a los tribunales de lo civil para hacer valer los derechos subjetivos que entiendan fueron comprometidos, conforme las normas que regulan la materia. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; interpuesto por el Abogado Abogado Carlos Manuel Cruz Román, actuado en su condición de defensor privado de la encausada Reina Marleny Mendoza Romero. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a la ahora condenada Reina Marleny Mendoza Romero; en consecuencia, se Revoca la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, emitiéndose los siguientes pronunciamientos en su lugar: I.-se Sobresee Definitivamente a la acusada Reina Marleny Mendoza Romero, como autora responsable de un delito consumado de Usurpación con ánimo de apropiación, en perjuicio del señor Cristian Remberto Hernández Calix; II.- Debe revocarle toda medida cautelar que con ocasión del presente proceso penal se les haya impuesto a la acusada Reina Marleny Mendoza Romero, sin perjuicio de otras medidas impuestas por otros procesos. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Es ponente de la presente sentencia el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. - WALTER RAÚL MIRANDA SABIO. Magistrado Coordinador. NELSON DANILO MAIRENA FRANCO. Magistrado. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. Magistrado. - Firma y Sello. – RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-362-2016.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.