Sentencia CP-357-19 — Registro 17086
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por los delitos de asesinato y lesiones graves, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El recurso no es de recibo.Esta Sala de lo Penal, generalmente resuelve los motivos de casación que interponen los recurrentes de manera separada, dependiendo de cómo el censor los ha señalado a este Tribunal, pero en el caso subjudice, si bien el recurrente ha copiado en su escrito la interposición de dos motivos de casación, no ha utilizó la técnica recursiva adecuada para el desarrollo de su impugnación, lo cual se vuelve confuso, por tal razón su resolución se realizará en un solo apartado.1) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley.2) El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar sus recursos de casación, antes de desarrollar los motivos de los recursos, señala que existe falta de aplicación de las del articulo 361 y 362 numerales 1,2,3,4,5 y 6 del Código procesal, infiriéndose en tal sentido que al intentar el recurrente interponer dos Recursos de casación distintos debió separar en apartados diferentes y explicar así cada recurso.En el primero apartado que el recurrente denomina “Primer Motivo,” el censor en las últimas líneas establece como precepto constitucional violado es el artículo 92 de la Constitución de la Republica, considero que se condenó a su representado por el delito de Lesiones Graves, y sugiere que la Sala examine el acápite sexto de la parte resolutiva, ya que los hechos no sucedieron como fueron expuestos por el Tribunal de Sentencia; pero obvió señalar como esta norma constitucional se vio transgredida y que merezca reproche casacional, dando por terminados sus alegatos: En el mismo apartado el recurre señala un “ Segundo Motivo” plantea como “ norma jurídica infringida” los artículos 361 y 362 numerales 1,2, 3, 4, 5 y 6 del Código Procesal Penal, que refiere a la Casación por Quebrantamiento de Forma, limitándose a decir que existe una mala valoración de las pruebas, ya que en los hechos probados el Tribunal de Sentencia debió hacer la separación y no fijo el hecho o los hechos probados del delito por los cuales considera culpable, ni valoro la prueba de la defensa, sin dar mayores explicaciones o detalles de cómo se infringieran esas normas procesales, además que, por tratarse de varios motivos totalmente diferentes, debió presentar cada motivo de manera separada, cada uno con sus argumentos y fundamentos legales, pues al realizarlo en un solo motivo, convierte el recurso en falto de claridad y precisión.Ha expresado la Sala de lo Penal que el conocimiento de los Recursos de Casación a resolver queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios (artículo 350 del Código Procesal Penal); como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por este Ad-Quem, porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional; es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad, por el tribunal de casación, conforme el principio iuria novit curia. En el presente caso, ambos recursos tanto el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, resultan ininteligibles e imposibles de atender en respuesta de fondo, debido a que el recurrente además de utilizar los mismos argumentos para explicar ambos recursos, también hace varias denuncias en torno a la prueba testifical de cargo y de descargo, cuestiona la labor intelectiva del sentenciador y la posterior resolución de fallo de condena, todas estas denuncias acompañadas de argumentos propios de instancia en donde atribuye un subjetivo y particular valor probatorio a los medios de prueba evacuados en juicio, para luego concluir que no resultan suficientes para acreditar el juicio de culpabilidad en contra del acusado.La Sala de lo Penal, ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, por ejemplo: por carecer el acusado de defensa técnica; por no poder ejercer su derecho de defensa material; por no poder presentar en juicio prueba de descargo o rebatir la prueba de cargo; por no permitírsele recurrir una resolución judicial contraria a sus intereses; por no concedérsele el derecho a la última palabra; entre otros. Entretanto, el debido proceso puede ser infringido en una o varias de sus vertientes: prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; derecho a un juez predeterminado por la ley; derecho a la imparcialidad e independencia del juez; derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; derecho a la igualdad de armas procesales; derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; respeto al principio de presunción de inocencia; posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; derecho a ser oído en un plazo razonable; entre otros. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por el recurrente al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su tesis, labor que no ha sido llevada a cabo en manera alguna en el presente caso, porque la exposición se ve acompañada de apreciaciones propias de instancia y ajenas a sede casacional. Bien ha señalado el Ministerio Público en la contestación del recurso que el impetrante acude a reflexiones muy propias de sus pensamientos que no se relacionan con derechos fundamentales aludidos y se limita a la exposición de su no conformidad con lo resuelto en la sentencia, todo ello impropio de sede casacional.Adicionalmente, el recurrente cuestiona la infracción a dos derechos constitucionales en un mismo escrito, a lo cual la Sala considera que estas denuncias y su desarrollo debió partir desde diferentes motivos casacionales, en donde de manera individual se identifique, explique y compruebe el vicio y su incidencia relevante en el fallo. Lo anterior conlleva a la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
El recurso no es de recibo.Esta Sala de lo Penal, generalmente resuelve los motivos de casación que interponen los recurrentes de manera separada, dependiendo de cómo el censor los ha señalado a este Tribunal, pero en el caso subjudice, si bien el recurrente ha copiado en su escrito la interposición de dos motivos de casación, no ha utilizó la técnica recursiva adecuada para el desarrollo de su impugnación, lo cual se vuelve confuso, por tal razón su resolución se realizará en un solo apartado.1) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley.2) El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar sus recursos de casación, antes de desarrollar los motivos de los recursos, señala que existe falta de aplicación de las del articulo 361 y 362 numerales 1,2,3,4,5 y 6 del Código procesal, infiriéndose en tal sentido que al intentar el recurrente interponer dos Recursos de casación distintos debió separar en apartados diferentes y explicar así cada recurso.En el primero apartado que el recurrente denomina “Primer Motivo,” el censor en las últimas líneas establece como precepto constitucional violado es el artículo 92 de la Constitución de la Republica, considero que se condenó a su representado por el delito de Lesiones Graves, y sugiere que la Sala examine el acápite sexto de la parte resolutiva, ya que los hechos no sucedieron como fueron expuestos por el Tribunal de Sentencia; pero obvió señalar como esta norma constitucional se vio transgredida y que merezca reproche casacional, dando por terminados sus alegatos: En el mismo apartado el recurre señala un “ Segundo Motivo” plantea como “ norma jurídica infringida” los artículos 361 y 362 numerales 1,2, 3, 4, 5 y 6 del Código Procesal Penal, que refiere a la Casación por Quebrantamiento de Forma, limitándose a decir que existe una mala valoración de las pruebas, ya que en los hechos probados el Tribunal de Sentencia debió hacer la separación y no fijo el hecho o los hechos probados del delito por los cuales considera culpable, ni valoro la prueba de la defensa, sin dar mayores explicaciones o detalles de cómo se infringieran esas normas procesales, además que, por tratarse de varios motivos totalmente diferentes, debió presentar cada motivo de manera separada, cada uno con sus argumentos y fundamentos legales, pues al realizarlo en un solo motivo, convierte el recurso en falto de claridad y precisión.Ha expresado la Sala de lo Penal que el conocimiento de los Recursos de Casación a resolver queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios (artículo 350 del Código Procesal Penal); como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por este Ad-Quem, porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional; es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad, por el tribunal de casación, conforme el principio iuria novit curia. En el presente caso, ambos recursos tanto el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, resultan ininteligibles e imposibles de atender en respuesta de fondo, debido a que el recurrente además de utilizar los mismos argumentos para explicar ambos recursos, también hace varias denuncias en torno a la prueba testifical de cargo y de descargo, cuestiona la labor intelectiva del sentenciador y la posterior resolución de fallo de condena, todas estas denuncias acompañadas de argumentos propios de instancia en donde atribuye un subjetivo y particular valor probatorio a los medios de prueba evacuados en juicio, para luego concluir que no resultan suficientes para acreditar el juicio de culpabilidad en contra del acusado.La Sala de lo Penal, ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, por ejemplo: por carecer el acusado de defensa técnica; por no poder ejercer su derecho de defensa material; por no poder presentar en juicio prueba de descargo o rebatir la prueba de cargo; por no permitírsele recurrir una resolución judicial contraria a sus intereses; por no concedérsele el derecho a la última palabra; entre otros. Entretanto, el debido proceso puede ser infringido en una o varias de sus vertientes: prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; derecho a un juez predeterminado por la ley; derecho a la imparcialidad e independencia del juez; derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; derecho a la igualdad de armas procesales; derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; respeto al principio de presunción de inocencia; posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; derecho a ser oído en un plazo razonable; entre otros. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por el recurrente al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su tesis, labor que no ha sido llevada a cabo en manera alguna en el presente caso, porque la exposición se ve acompañada de apreciaciones propias de instancia y ajenas a sede casacional. Bien ha señalado el Ministerio Público en la contestación del recurso que el impetrante acude a reflexiones muy propias de sus pensamientos que no se relacionan con derechos fundamentales aludidos y se limita a la exposición de su no conformidad con lo resuelto en la sentencia, todo ello impropio de sede casacional.Adicionalmente, el recurrente cuestiona la infracción a dos derechos constitucionales en un mismo escrito, a lo cual la Sala considera que estas denuncias y su desarrollo debió partir desde diferentes motivos casacionales, en donde de manera individual se identifique, explique y compruebe el vicio y su incidencia relevante en el fallo. Lo anterior conlleva a la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son:Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente;Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); oCuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente.Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente;Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; yQue el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones:Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena.Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite.Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad.Ponderación en el caso concretoEl Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Carmen Obel García López, de cuatro delitos de asesinato y un delito de Lesiones Graves en concurso real, imponiendo las siguientes penas principales: De veinte (20) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Ingris Vanesa Hernández Gonzales; : De veinte (20) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Tito López; : De veinte (20) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Juana Gracia; : De veinte (20) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Olvin Obeniel López García; : De tres (3) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de lesiones graves, en perjuicio de Testigo Protegido “M”, sumando un total de 83 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta para la penas graves, inhabilitación especial por el delito de lesiones graves e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.Conforme a la nueva legislación decreto 130-2017, el delito de Asesinato se encuentra regulado en el artículo 193, contempla un tipo penal básico, con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo penal agravado con una pena principal de 25 a 30 años de prisión; En cuanto al delito de Lesiones, se regulan en los artículos 199 y 200 del nuevo Código Penal y se denomina como “Lesiones” con una pena de 1 a 4 años y un tipo Penal Agravado el cual contempla una pena de 4 a 6 años de prisión, si concurre Alevosía; ensañamiento; precio, recompensa o promesa remuneratoria; utilización de armas o instrumentos peligrosos para la vida o la salud ;cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, escaso desarrollo intelectual o físico y razones de género: como ocurre en el presente caso, del hecho probado se desprende, que el el actuar del acusado fue de forma alevosa, por cuanto el ataque fue entre más personas aparte del acusado, en horas de la noche y las víctimas fueron sorprendidas intempestivamente, además se utilizaron armas de fuego y armas blancas. Sumadas las penas estipuladas resulta un marco abstracto de 84 a 106 años de prisión, más las penas accesorias que corresponden. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Pen
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-357-2019, que literalmente dice: “ SENTENCIAEn la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian,EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURASLa siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-357-2019 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Carmen Obel García López, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Ingris Vanessa Hernández Gonzales, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal; asimismo, se le condenó a la penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. Segundo: Condenó al señor Carmen Obel García López, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Tito López, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Condenó al señor Carmen Obel García López, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Juana García, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. CUARTO: Condenó al señor Carmen Obel García López, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Olbin Obeniel López García, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. QUINTO: Absolvió al señor Carmen Obel García López, de toda responsabilidad penal por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo protegido M.- SEXTO: Condenó al señor Carmen Obel García López, por el delito de Lesiones Graves, en perjuicio de Testigo Protegido M, a la pena de tres años de reclusión como pena principal; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. SÉPTIMO: Se condenó al señor Carmen Obel García López, por los diferentes delitos a un total de ochenta y tres años de reclusión, más las penas accesorias. OCTAVO: Se Declaró al señor Carmen Obel García López civilmente responsable. NOVENO: No Procedió la condena en costas.Son partes en única instancia: La Abogada Jeiby Otoniel Guerra Padilla, en su condición de Defensor Privado del señor Carmen Abel García López, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida.HECHOS PROBADOS“Este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día Sábado Veintidós (22) de Julio del año Dos Mil Diecisiete (2017), en La Aldea Santo Domingo, Santa Rita, Departamento de Copán, aproximadamente las siete (7:00 p.m) de la noche, varios individuos entre ellos el señor: CARMEN OBEL GARCIA LOPEZ ingresaron de forma abrupta a la casa de habitación de la Familia López García, y comenzaron arremeter y disparar en contra de las Ocho (08) personas que estaban en la casa perdiendo la vida cuatro de ellas: Juana García quien perdió la vida a causa de dos (02) heridas por proyectil de arma de fuego, cuatro (04) heridas producidas por arma blanca, Tito López, presentaba, siete (07) heridas por proyectil de arma de fuego, diez heridas contuso cortante producidas por arma blanca, Olbin Obeniel López García, muriendo debido a una herida por arma blanca con secciones de los vasos sanguíneos del cuello e Ingris Vanessa Hernández, presentaba una amputación de miembro superior izquierdo, múltiples heridas en rostro y cuello muriendo de un Trauma encéfalo- craneano abierto. SEGUNDO: Tras la acción cuatro miembros de la familia lograron huir de la casa por la ventana entre ellos el Testigo Protegido Clave M, quien salió herido con una fractura en su pierna derecha. TERCERO: Una vez que llegaron las autoridades, auxiliaron al testigo protegido M y tomaron declaración a los testigos presenciales, se procedió a presentar requerimiento fiscal en contra de los acusados y meses después se dio con la captura del señor: CARMEN OBEL GARCIA LOPEZ.”RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Jeiby Otoniel Guerra Padilla, en su condición de Defensor Privado del señor Carmen Obel García López, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVOS. La norma jurídica infringida es los articulo 361 y 362 Numerales 1,2,3,4,5,6, del Código Procesal Penal por falta de aplicación, adoleciendo de alguno de los vicios que expongo así PRIMER MOTIVO. :A).-Que el precepto constitucional violado es el articulo 92 ya que está siendo condenado por un delito de LESIONES GRAVES ver acápite SEXTO de la PARTE RESOLUTIVA: FALLA: PENA de tres (3) años de Reclusión por considerarlo COAUTOR, delito por el cual no se interpuso ningún requerimiento Fiscal, ni fue objeto del juicio oral y público (debate) no se le decreto ningún auto de formal procesamiento por ese delito, por lo que esa sentencia se debe de anular .-Los hechos no sucedieron como fueron expuesto por el Tribunal de Sentencia señalado.-SEGUNDO MOTIVO: B).-Que existe una mala valorización de las pruebas, ya que en los hechos probados el Tribunal de Sentencia debió hacer la separación y no fijo el hecho o los hechos del delito por los cuales se considera culpable, ni valoro la prueba de la defensa. Por lo que estoy en desacuerdo con la apreciación de la prueba, ya que la prueba fue incorporada ilícitamente, hubo una investigación cercenada, no fue ni técnica, científica ni profesional, no se hizo y así se alegó oportunamente en la que ni el Fiscal ni la Defensa estuvo presente, no hay una prueba directa que vincule al indiciado directamente UNICAMENTE el testimonio del testigo clave M, que en toda la secuela del juicio no aparece ni siquiera en el debate a sabiendas la Fiscalía, argumentamos que tales aseveraciones, ignoraban un concepto fundamental que es: " SIN ADMITIR LA COMISION DE NINGUN TIPO DE ACTO ILICITO, La Fiscalía no conto con suficiente información para respaldar sus afirmaciones, prácticamente no existe evidencia contundente: A).-Se puede decir que se calificó mal y erróneamente dicha acción en términos científicos y facticos, se utilizó una investigación un medio tradicional no actualizado. Prácticamente que el testigo Protegido en el lugar de los hechos fue la única que estuvo en el lugar del suceso criminoso, esta declaro, y al hacerlo al ser un testigo clave no hubo una investigación exhaustiva. -La Fiscalía entonces logra persuadir al Tribunal de Sentencia para inculpar al indiciado sin una falta de certezas. -La Fiscalía logro alterar la visión que el Tribunal de Sentencia tenía sobre el caso EXISTIENDO UNA DUDA RAZONABLE de la participación en los hechos investigados, existe el ilícito pero no es menos cierto saber quién fue el actor o coautor a pesar de no contar con ningún tipo de evidencia Científicas que lo respaldara (En cuanto a la evidencia física el Fiscal desiste de ella por no poseerla), hay falencias del ente acusador al pretender probar la participación del imputado en el hecho punible, no podemos desconocer que una vez que se genera un tipo de participación de nuestro representado en el hecho investigado pero lo que no estamos de acuerdo es en la calificación jurídica que de estos hechos hacen al imputado el ministerio público a nuestro defendido, según la relación de hechos que el fiscal plantea pareciera que hubiera varios momentos y lugares donde mi representado estuvo presente en el hecho, si fue un solo por lo tanto es inconcebible pretender un auto de prisión por un delito de HOMICIDIO porque la acción es la misma y en un mismo momento, también si no es menos cierto que de acuerdo con la secretaria en la presencia de las partes de conformidad a lo relación jurídico penal, esta o se representa el objeto del delito personas o cosa por el cual recae la acción delictiva de estos dos últimos presupuestos.-El Tribunal de Sentencia se centra para condenar al procesado en una sola prueba la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE M como ya lo señale para simple y llanamente CONDENAR y no ABSOLVER, el punto de inflexión es este testigo, no hay una prueba concluyente que vincule a CARMEN OBEL GARCIA LOPEZ en su culpabilidad, repito, no hay prueba irrefutable de culpabilidad-La Hipótesis del crimen plateado no coincide en forma precisa con la los hechos reales.-No hay una descripción completa de la escena del crimen y quienes estaban. La Defensa establece entonces su deposición deviene vincularse con la prueba de descargo cuando esta exista o en su defecto la misma por su naturaleza deberá ser contraria a la de la acusación con tal grado de credibilidad que cuestione la certeza de dicha prueba, pero este Tribunal de Sentencia ignora totalmente las contradicciones de toda la prueba incriminatoria no establece si te da valor probatorio o no, violando el concepto de que las pruebas se valoran en su conjunto, de acuerdo a razonamiento lógicos y concatenados no se dio el verdadero CONTRADICTORIO en este juicio. De forma tal que el Representante del Ministerio Público no ejecuto todo el mecanismo para probar la teoría del caso como ser: A).-Material humano especializado.-B).-Procedimientos legales y C).-Material.-D).- No se observaron las reglas de la sana critica intelecto del cual el Estado lo ha dotado para realizar su función con objetividad, sobre todo cuando ha obtenido una primera verdad real del hecho que se investiga a través de la declaración del procesado que es su defensa material, todo en consonancia a lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la Republica en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal. Hubo una violación precisa al DEBIDO PROCESO.-NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA: A.- En virtud que se le condena por un delito (LESIONES GRAVES) por el que no se le siguió ningún requerimiento fiscal ni se le siguió un debido proceso.-B.-Por lo que la pena no puede hacer un total de 83 años de Reclusión.-C.-HECHOS PROBADOS: PRIMERO: DICE " VARIOS INDIVIDUOS " No establece nombres solo el de mi representado.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICARecurso de casación por infracción de precepto constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional.Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada. Único motivo.Normas autorizantes citadas: Sin determinar por el Censor. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 92 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Sin determinar por el Censor.Pretensión: Nulidad Absoluta de la sentencia.El censor al planteo su recurso bajo los siguientes alegatos:Dijo estar en desacuerdo con la apreciación de la prueba realizad por el Tribunal, ya que la prueba fue incorporada ilícitamente, hubo una investigación cercenada, no fue ni técnica, científica ni profesional, no se hizo y así se alegó oportunamente en la que ni el Fiscal ni la Defensa estuvo presente, no hay una prueba directa que vincule al indiciado directamente únicamente el testimonio del testigo clave M, que en toda la secuela del juicio no aparece ni siquiera en el debate a sabiendas la Fiscalía, argumentamos que tales aseveraciones, ignoraban un concepto fundamental que es: " sin admitir la comisión de ningún tipo de acto ilícito, La Fiscalía no conto con suficiente información para respaldar sus afirmaciones, prácticamente no existe evidencia contundente.Se puede decir que se calificó mal y erróneamente dicha acción en términos científicos y facticos, se utilizó una investigación un medio tradicional no actualizado. Prácticamente que el testigo Protegido, en el lugar de los hechos fue la única que estuvo en el lugar del suceso criminoso, esta declaro, y al hacerlo al ser un testigo clave no hubo una investigación exhaustiva. -La Fiscalía entonces logra persuadir al Tribunal de Sentencia para inculpar al indiciado sin una falta de certezas. La Fiscalía logro alterar la visión que el Tribunal de Sentencia, tenía sobre el caso existiendo una duda razonable de la participación en los hechos investigados, existe el ilícito pero no es menos cierto saber quién fue el actor o coautor a pesar de no contar con ningún tipo de evidencia Científicas que lo respaldara (En cuanto a la evidencia física el Fiscal desiste de ella por no poseerla), hay falencias del ente acusador al pretender probar la participación del imputado en el hecho punible, no podemos desconocer que una vez que se genera un tipo de participación de nuestro representado en el hecho investigado, pero lo que no estamos de acuerdo es en la calificación jurídica que de estos hechos hacen al imputado el Ministerio Público a nuestro defendido, según la relación de hechos que el fiscal plantea pareciera que hubiera varios momentos y lugares donde mi representado estuvo presente en el hecho, si fue un solo por lo tanto es inconcebible pretender un auto de prisión por un delito de homicidio, porque la acción es la misma y en un mismo momento.También si no es menos cierto, que de acuerdo con la secretaria en la presencia de las partes de conformidad a lo relación jurídico penal, esta o se representa el objeto del delito personas o cosa por el cual recae la acción delictiva de estos dos últimos presupuestos. -El Tribunal de Sentencia se centra para condenar al procesado en una sola prueba la declaración del testigo protegido clave m, como ya lo señalé para simple y llanamente condenar y no absolver, el punto de inflexión es este testigo, no hay una prueba concluyente que vinculé a Carmen Obel García López en su culpabilidad.Repito, no hay prueba irrefutable de culpabilidad-La Hipótesis del crimen plateado no coincide en forma precisa con la los hechos reales. - No hay una descripción completa de la escena del crimen y quienes estaban. La Defensa establece entonces, su deposición deviene vincularse con la prueba de descargo cuando esta exista, o en su defecto la misma por su naturaleza deberá ser contraria a la de la acusación con tal grado de credibilidad que cuestione la certeza de dicha prueba, pero este Tribunal de Sentencia ignora totalmente las contradicciones de toda la prueba incriminatoria no establece si le da valor probatorio o no, violando el concepto de que las pruebas se valoran en su conjunto, de acuerdo a razonamiento lógicos y concatenados no se dio el verdadero contradictorio en este juicio. De forma tal que el Representante del Ministerio Público no ejecuto todo el mecanismo para probar la teoría del caso como ser: A).-Material humano especializado.-B).-Procedimientos legales y C).-Material.-D).- No se observaron las reglas de la sana critica, intelecto del cual el Estado lo ha dotado para realizar su función con objetividad, sobre todo cuando ha obtenido una primera verdad real del hecho que se investiga a través de la declaración del procesado que es su defensa material, todo en consonancia a lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la Republica en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal. Hubo una violación precisa al debido proceso. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República).Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando:No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo);Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o,Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal.La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal).El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno procurando sanearlo sin éxito (art. 363 párrafo tercero CPP); Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del CPP), planteados como motivos para recurrir.Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias:La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal);Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y,Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo.Normas autorizantes citadas: Sin determinar por el Censor.Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 261 y362 numerales ,12, 3, 4, 5, 6 del Código Procesal Penal.Concepto de la infracción: Sin determinar por el Censor.Pretensión: declarar ha lugar el recurso interpuesto.El censor al planteo su recurso bajo los siguientes alegatos:Dijo estar en desacuerdo con la apreciación de la prueba realizad por el Tribunal, ya que la prueba fue incorporada ilícitamente, hubo una investigación cercenada, no fue ni técnica, científica ni profesional, no se hizo y así se alegó oportunamente en la que ni el Fiscal ni la Defensa estuvo presente, no hay una prueba directa que vincule al indiciado directamente únicamente el testimonio del testigo clave M, que en toda la secuela del juicio no aparece ni siquiera en el debate a sabiendas la Fiscalía, argumentamos que tales aseveraciones, ignoraban un concepto fundamental que es: " sin admitir la comisión de ningún tipo de acto ilícito, La Fiscalía no conto con suficiente información para respaldar sus afirmaciones, prácticamente no existe evidencia contundente.Se puede decir que se calificó mal y erróneamente dicha acción en términos científicos y facticos, se utilizó una investigación un medio tradicional no actualizado. Prácticamente que el testigo Protegido, en el lugar de los hechos fue la única que estuvo en el lugar del suceso criminoso, esta declaro, y al hacerlo al ser un testigo clave no hubo una investigación exhaustiva. -La Fiscalía entonces logra persuadir al Tribunal de Sentencia para inculpar al indiciado sin una falta de certezas. La Fiscalía logro alterar la visión que el Tribunal de Sentencia, tenía sobre el caso existiendo una duda razonable de la participación en los hechos investigados, existe el ilícito pero no es menos cierto saber quién fue el actor o coautor a pesar de no contar con ningún tipo de evidencia Científicas que lo respaldara (En cuanto a la evidencia física el Fiscal desiste de ella por no poseerla), hay falencias del ente acusador al pretender probar la participación del imputado en el hecho punible, no podemos desconocer que una vez que se genera un tipo de participación de nuestro representado en el hecho investigado, pero lo que no estamos de acuerdo es en la calificación jurídica que de estos hechos hacen al imputado el Ministerio Público a nuestro defendido, según la relación de hechos que el fiscal plantea pareciera que hubiera varios momentos y lugares donde mi representado estuvo presente en el hecho, si fue un solo por lo tanto es inconcebible pretender un auto de prisión por un delito de homicidio, porque la acción es la misma y en un mismo momento.También si no es menos cierto, que de acuerdo con la secretaria en la presencia de las partes de conformidad a lo relación jurídico penal, esta o se representa el objeto del delito personas o cosa por el cual recae la acción delictiva de estos dos últimos presupuestos. -El Tribunal de Sentencia se centra para condenar al procesado en una sola prueba la declaración del testigo protegido clave m, como ya lo señalé para simple y llanamente condenar y no absolver, el punto de inflexión es este testigo, no hay una prueba concluyente que vinculé a Carmen Obel García López en su culpabilidad.Repito, no hay prueba irrefutable de culpabilidad-La Hipótesis del crimen plateado no coincide en forma precisa con la los hechos reales. - No hay una descripción completa de la escena del crimen y quienes estaban. La Defensa establece entonces, su deposición deviene vincularse con la prueba de descargo cuando esta exista, o en su defecto la misma por su naturaleza deberá ser contraria a la de la acusación con tal grado de credibilidad que cuestione la certeza de dicha prueba, pero este Tribunal de Sentencia ignora totalmente las contradicciones de toda la prueba incriminatoria no establece si le da valor probatorio o no, violando el concepto de que las pruebas se valoran en su conjunto, de acuerdo a razonamiento lógicos y concatenados no se dio el verdadero contradictorio en este juicio. De forma tal que el Representante del Ministerio Público no ejecuto todo el mecanismo para probar la teoría del caso como ser: A).-Material humano especializado.-B).-Procedimientos legales y C).-Material.-D).- No se observaron las reglas de la sana critica, intelecto del cual el Estado lo ha dotado para realizar su función con objetividad, sobre todo cuando ha obtenido una primera verdad real del hecho que se investiga a través de la declaración del procesado que es su defensa material, todo en consonancia a lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la Republica en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal. Hubo una violación precisa al debido proceso. De las reglas de la sana críticaEl Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones.El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal.En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia:Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros:Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho.Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o,Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria.Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así.2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) Las reglas de la lógica:La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba.Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible.La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella.Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes.Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado.De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características:Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella;No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; ySuficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión.De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo.Esta Sala de lo Penal, generalmente resuelve los motivos de casación que interponen los recurrentes de manera separada, dependiendo de cómo el censor los ha señalado a este Tribunal, pero en el caso subjudice, si bien el recurrente ha copiado en su escrito la interposición de dos motivos de casación, no ha utilizó la técnica recursiva adecuada para el desarrollo de su impugnación, lo cual se vuelve confuso, por tal razón su resolución se realizará en un solo apartado.1) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley.2) El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar sus recursos de casación, antes de desarrollar los motivos de los recursos, señala que existe falta de aplicación de las del articulo 361 y 362 numerales 1,2,3,4,5 y 6 del Código procesal, infiriéndose en tal sentido que al intentar el recurrente interponer dos Recursos de casación distintos debió separar en apartados diferentes y explicar así cada recurso.En el primero apartado que el recurrente denomina “Primer Motivo,” el censor en las últimas líneas establece como precepto constitucional violado es el artículo 92 de la Constitución de la Republica, considero que se condenó a su representado por el delito de Lesiones Graves, y sugiere que la Sala examine el acápite sexto de la parte resolutiva, ya que los hechos no sucedieron como fueron expuestos por el Tribunal de Sentencia; pero obvió señalar como esta norma constitucional se vio transgredida y que merezca reproche casacional, dando por terminados sus alegatos: En el mismo apartado el recurre señala un “ Segundo Motivo” plantea como “ norma jurídica infringida” los artículos 361 y 362 numerales 1,2, 3, 4, 5 y 6 del Código Procesal Penal, que refiere a la Casación por Quebrantamiento de Forma, limitándose a decir que existe una mala valoración de las pruebas, ya que en los hechos probados el Tribunal de Sentencia debió hacer la separación y no fijo el hecho o los hechos probados del delito por los cuales considera culpable, ni valoro la prueba de la defensa, sin dar mayores explicaciones o detalles de cómo se infringieran esas normas procesales, además que, por tratarse de varios motivos totalmente diferentes, debió presentar cada motivo de manera separada, cada uno con sus argumentos y fundamentos legales, pues al realizarlo en un solo motivo, convierte el recurso en falto de claridad y precisión.Ha expresado la Sala de lo Penal que el conocimiento de los Recursos de Casación a resolver queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios (artículo 350 del Código Procesal Penal); como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por este Ad-Quem, porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional; es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad, por el tribunal de casación, conforme el principio iuria novit curia. En el presente caso, ambos recursos tanto el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, resultan ininteligibles e imposibles de atender en respuesta de fondo, debido a que el recurrente además de utilizar los mismos argumentos para explicar ambos recursos, también hace varias denuncias en torno a la prueba testifical de cargo y de descargo, cuestiona la labor intelectiva del sentenciador y la posterior resolución de fallo de condena, todas estas denuncias acompañadas de argumentos propios de instancia en donde atribuye un subjetivo y particular valor probatorio a los medios de prueba evacuados en juicio, para luego concluir que no resultan suficientes para acreditar el juicio de culpabilidad en contra del acusado.La Sala de lo Penal, ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, por ejemplo: por carecer el acusado de defensa técnica; por no poder ejercer su derecho de defensa material; por no poder presentar en juicio prueba de descargo o rebatir la prueba de cargo; por no permitírsele recurrir una resolución judicial contraria a sus intereses; por no concedérsele el derecho a la última palabra; entre otros. Entretanto, el debido proceso puede ser infringido en una o varias de sus vertientes: prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; derecho a un juez predeterminado por la ley; derecho a la imparcialidad e independencia del juez; derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; derecho a la igualdad de armas procesales; derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; respeto al principio de presunción de inocencia; posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; derecho a ser oído en un plazo razonable; entre otros. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por el recurrente al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su tesis, labor que no ha sido llevada a cabo en manera alguna en el presente caso, porque la exposición se ve acompañada de apreciaciones propias de instancia y ajenas a sede casacional. Bien ha señalado el Ministerio Público en la contestación del recurso que el impetrante acude a reflexiones muy propias de sus pensamientos que no se relacionan con derechos fundamentales aludidos y se limita a la exposición de su no conformidad con lo resuelto en la sentencia, todo ello impropio de sede casacional.Adicionalmente, el recurrente cuestiona la infracción a dos derechos constitucionales en un mismo escrito, a lo cual la Sala considera que estas denuncias y su desarrollo debió partir desde diferentes motivos casacionales, en donde de manera individual se identifique, explique y compruebe el vicio y su incidencia relevante en el fallo. Lo anterior conlleva a la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional.Decisión.Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo.De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son:Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente;Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); oCuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente.Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente;Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; yQue el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones:Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena.Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite.Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad.Ponderación en el caso concretoEl Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Carmen Obel García López, de cuatro delitos de asesinato y un delito de Lesiones Graves en concurso real, imponiendo las siguientes penas principales: De veinte (20) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Ingris Vanesa Hernández Gonzales; : De veinte (20) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Tito López; : De veinte (20) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Juana Gracia; : De veinte (20) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Olvin Obeniel López García; : De tres (3) años de reclusión a título de coautor responsable penalmente de un delito de lesiones graves, en perjuicio de Testigo Protegido “M”, sumando un total de 83 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta para la penas graves, inhabilitación especial por el delito de lesiones graves e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.Conforme a la nueva legislación decreto 130-2017, el delito de Asesinato se encuentra regulado en el artículo 193, contempla un tipo penal básico, con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo penal agravado con una pena principal de 25 a 30 años de prisión; En cuanto al delito de Lesiones, se regulan en los artículos 199 y 200 del nuevo Código Penal y se denomina como “Lesiones” con una pena de 1 a 4 años y un tipo Penal Agravado el cual contempla una pena de 4 a 6 años de prisión, si concurre Alevosía; ensañamiento; precio, recompensa o promesa remuneratoria; utilización de armas o instrumentos peligrosos para la vida o la salud ;cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, escaso desarrollo intelectual o físico y razones de género: como ocurre en el presente caso, del hecho probado se desprende, que el el actuar del acusado fue de forma alevosa, por cuanto el ataque fue entre más personas aparte del acusado, en horas de la noche y las víctimas fueron sorprendidas intempestivamente, además se utilizaron armas de fuego y armas blancas. Sumadas las penas estipuladas resulta un marco abstracto de 84 a 106 años de prisión, más las penas accesorias que corresponden. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en único motivo.POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 31, 32, 68, 70 y 373 del Código Penal 130-2017; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el abogado Jeiby Otoniel Guerra padilla, en su condición de defensor privado del acusado Carmen Obel García López. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el abogado Jeiby Otoniel Guerra padilla, en su condición de defensor privado del acusado Carmen Obel García López. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Carmen Obel García López. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve (9) abril de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cinco días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-357-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL