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Sentencia CP-355-19 — Registro 16932

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado como autor de los delitos de Robo de Automotores y Encubrimiento, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. Los motivos son de recibo. El recurrente alega vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos; como lo ha expuesto el recurrente, la contradicciones han sido esenciales, dejando un vacío de información en cuanto a la decisión adoptada por los juzgadores. Al examen de la sentencia impugnada, el Tribunal de Casación constató en el acápite “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” que los juzgadores han descrito lo siguiente: “Resulta difícil creerlo, pero no hay duda que efectivamente sucedió, según lo confirmaron los agentes de la policía de investigación, Olman Espinoza, José Canales y Huber Lagos, quienes merecen credibilidad en sus declaraciones, en cuanto a que el día 16 de julio del año 2009, a eso de las cuatro de la tarde, varios agentes de la Dirección de Investigación Criminal, luego de recibir una llamada anónima en la que denunciaban un taller de motocicletas en el que se encontraban varias motos que habían sido robadas, montaron un operativo mediante el cual ingresaron al hangar de aviación, ubicado a inmediaciones de la pista de aterrizaje, en la ciudad de Choluteca, sin acompañamiento de ningún fiscal del ministerio público, sin orden judicial de allanamiento y sin presencia de un juez ejecutor. Este extremo fue corroborado por el imputado Allan Canales y por su padre, el señor Manuel Canales, quienes de igual manera, merecen credibilidad en sus versiones, por haber vivido en carne propia la experiencia de verse sometido a las arbitrariedades cometidas por las autoridades de policía de investigación, a quienes les bastó una supuesta "llamada anónima", para irrumpir en una propiedad privada obviando los requisitos exigidos por la ley, para el ingreso a sitios que no son de carácter público. Aun cuando las actas de incautación fueron firmadas por el imputado y por su padre Manuel Canales, teniéndose por incorporadas a juicio las evidencias con sus respectivos registros de cadena de custodia, así como los peritajes practicados a los objetos incautados; sus contenidos no pueden ser apreciados, mucho menos valorados, como prueba de cargo, por constituir ilícita, en base a la "Teoría del árbol envenenado", lo cual será objeto de análisis en la fundamentación jurídica. Con lo anterior es más que suficiente, para absolver de toda responsabilidad penal al señor Allan Mauricio Canales Almendarez, sin embargo, resulta necesario conocer las pruebas aportadas por la Defensa, para patentizar, por una parte, su inocencia, y por otra, para señalar a la policía de investigación lo que debió ser su trabajo investigativo en el presente caso, en apego a la ley y a la ética profesional.” Como se puede colegir, claramente los juzgadores han excluido prueba al referir que las actas de incautación, las evidencias con sus respectivos registros de cadena de custodia, así como los peritajes practicados a los objetos incautados, no fueron valorados, por constituir según los juzgadores “prueba ilícita” por irrumpir propiedad privada, siéndole suficiente a su entender, para absolver de toda responsabilidad penal al acusado; ante dicho razonamiento intelectivo, la Sala de lo Penal ha de entender, que la obtención de la prueba antes descrita, ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno hondureño. Ante lo anterior, el legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (Árbol Envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria, todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (Frutos del Árbol Envenenado). Ahora bien, de la simple lectura de la valoración intelectiva, se identifica que los juzgadores siguieron haciendo mención de elementos de prueba que derivaron de un allanamiento ilegal al describir lo siguiente: “En cuanto al delito de encubrimiento, el ministerio público no pudo probar en juicio que Allan tenía conocimiento de que la "huesera" que le compró a Franklin Peralta en diciembre del año 2008, eran piezas robadas; por consiguiente, la motocicleta reportada como robada, perteneciente a Hermes Joel García Espinal, y las piezas de motocicleta del Centro de Desarrollo Humano, que fueron encontradas en el hangar de aviones, por el tiempo transcurrido entre lo que fue la compra de dicha "huesera" y la fecha en que fueron incautadas por la policía de investigación, se deduce que su compra fue realizada de buena fe, pues de lo contrario, si Allan Canales hubiese sabido que eran piezas "calientes", producto de un robo, las reglas de la experiencia humana nos indican que no habría tardado siete meses, para incorporarlas a su motocicleta deportiva. Aunado a lo anterior, el taller donde fueron encontradas dichas piezas de convicción, no es un taller para motocicletas, sino propiamente, para aviones de fumigación.” Como bien lo denuncia el recurrente, la valoración intelectiva del juzgador no guarda coherencia, pues, por una parte excluye medios probatorios derivados de un allanamiento y por otra, hace argumentos valorativos de los mismos, desconociéndose si la decisión judicial de absolver al imputado ha devenido por la existencia de prueba ilícita o por la razón que los medios de prueba propuestos por el ente fiscal, son insuficiente para acreditar certeza de la existencia de un delito y de su participación, dejando un vacío de información. Igual resultado surge en la motivación jurídica, siendo que los juzgadores han descrito en su apartado segundo y sexto lo siguiente: “SEGUNDO: En cuanto a las alteraciones de los números de serie de las piezas de convicción incautadas en el taller donde labora el señor Allan Canales, igualmente, el ministerio público no logró acreditar con prueba material, objetivamente confiable, que el señor Canales sea el responsable de haber borrado las distintas numeraciones tanto en los chasis encontrados, en la motocicleta, ni en la cuatrimoto; por lo que, según los artículos 218-B y 218 C de la referida ley penal, no procede imputar al señor Allan Canales ninguna responsabilidad asociada al delito de robo de vehículos automotores...” “…SEXTO: El operativo policial practicado por agentes de la policía de investigación, partiendo de una llamada telefónica anónima que señalaba el hangar de aviación, propiedad del señor Manuel Canales, ubicado en la salida de la carretera a San Marcos de Colón, como el lugar donde se encontraban varias motocicletas robadas, es violatoria de normas Constitucionales y procesales que vician el procedimiento seguido por la autoridad, al no haber notificado a la fiscalía del allanamiento; así como la omisión durante el mismo, de la presencia de representante del ministerio público, ni presencia de un Juez Ejecutor; y sin constar en el expediente investigativo ninguna convalidación realizada por el ministerio público ante el juzgado de garantías sobre el ingreso a la referida propiedad…” En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración fáctica y jurídica que afirma y niega al mismo tiempo una misma realidad. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. Los motivos son de recibo. El recurrente alega vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos; como lo ha expuesto el recurrente, la contradicciones han sido esenciales, dejando un vacío de información en cuanto a la decisión adoptada por los juzgadores. Al examen de la sentencia impugnada, el Tribunal de Casación constató en el acápite “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” que los juzgadores han descrito lo siguiente: “Resulta difícil creerlo, pero no hay duda que efectivamente sucedió, según lo confirmaron los agentes de la policía de investigación, Olman Espinoza, José Canales y Huber Lagos, quienes merecen credibilidad en sus declaraciones, en cuanto a que el día 16 de julio del año 2009, a eso de las cuatro de la tarde, varios agentes de la Dirección de Investigación Criminal, luego de recibir una llamada anónima en la que denunciaban un taller de motocicletas en el que se encontraban varias motos que habían sido robadas, montaron un operativo mediante el cual ingresaron al hangar de aviación, ubicado a inmediaciones de la pista de aterrizaje, en la ciudad de Choluteca, sin acompañamiento de ningún fiscal del ministerio público, sin orden judicial de allanamiento y sin presencia de un juez ejecutor. Este extremo fue corroborado por el imputado Allan Canales y por su padre, el señor Manuel Canales, quienes de igual manera, merecen credibilidad en sus versiones, por haber vivido en carne propia la experiencia de verse sometido a las arbitrariedades cometidas por las autoridades de policía de investigación, a quienes les bastó una supuesta "llamada anónima", para irrumpir en una propiedad privada obviando los requisitos exigidos por la ley, para el ingreso a sitios que no son de carácter público. Aun cuando las actas de incautación fueron firmadas por el imputado y por su padre Manuel Canales, teniéndose por incorporadas a juicio las evidencias con sus respectivos registros de cadena de custodia, así como los peritajes practicados a los objetos incautados; sus contenidos no pueden ser apreciados, mucho menos valorados, como prueba de cargo, por constituir ilícita, en base a la "Teoría del árbol envenenado", lo cual será objeto de análisis en la fundamentación jurídica. Con lo anterior es más que suficiente, para absolver de toda responsabilidad penal al señor Allan Mauricio Canales Almendarez, sin embargo, resulta necesario conocer las pruebas aportadas por la Defensa, para patentizar, por una parte, su inocencia, y por otra, para señalar a la policía de investigación lo que debió ser su trabajo investigativo en el presente caso, en apego a la ley y a la ética profesional.” Como se puede colegir, claramente los juzgadores han excluido prueba al referir que las actas de incautación, las evidencias con sus respectivos registros de cadena de custodia, así como los peritajes practicados a los objetos incautados, no fueron valorados, por constituir según los juzgadores “prueba ilícita” por irrumpir propiedad privada, siéndole suficiente a su entender, para absolver de toda responsabilidad penal al acusado; ante dicho razonamiento intelectivo, la Sala de lo Penal ha de entender, que la obtención de la prueba antes descrita, ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno hondureño. Ante lo anterior, el legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (Árbol Envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria, todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (Frutos del Árbol Envenenado). Ahora bien, de la simple lectura de la valoración intelectiva, se identifica que los juzgadores siguieron haciendo mención de elementos de prueba que derivaron de un allanamiento ilegal al describir lo siguiente: “En cuanto al delito de encubrimiento, el ministerio público no pudo probar en juicio que Allan tenía conocimiento de que la "huesera" que le compró a Franklin Peralta en diciembre del año 2008, eran piezas robadas; por consiguiente, la motocicleta reportada como robada, perteneciente a Hermes Joel García Espinal, y las piezas de motocicleta del Centro de Desarrollo Humano, que fueron encontradas en el hangar de aviones, por el tiempo transcurrido entre lo que fue la compra de dicha "huesera" y la fecha en que fueron incautadas por la policía de investigación, se deduce que su compra fue realizada de buena fe, pues de lo contrario, si Allan Canales hubiese sabido que eran piezas "calientes", producto de un robo, las reglas de la experiencia humana nos indican que no habría tardado siete meses, para incorporarlas a su motocicleta deportiva. Aunado a lo anterior, el taller donde fueron encontradas dichas piezas de convicción, no es un taller para motocicletas, sino propiamente, para aviones de fumigación.” Como bien lo denuncia el recurrente, la valoración intelectiva del juzgador no guarda coherencia, pues, por una parte excluye medios probatorios derivados de un allanamiento y por otra, hace argumentos valorativos de los mismos, desconociéndose si la decisión judicial de absolver al imputado ha devenido por la existencia de prueba ilícita o por la razón que los medios de prueba propuestos por el ente fiscal, son insuficiente para acreditar certeza de la existencia de un delito y de su participación, dejando un vacío de información. Igual resultado surge en la motivación jurídica, siendo que los juzgadores han descrito en su apartado segundo y sexto lo siguiente: “SEGUNDO: En cuanto a las alteraciones de los números de serie de las piezas de convicción incautadas en el taller donde labora el señor Allan Canales, igualmente, el ministerio público no logró acreditar con prueba material, objetivamente confiable, que el señor Canales sea el responsable de haber borrado las distintas numeraciones tanto en los chasis encontrados, en la motocicleta, ni en la cuatrimoto; por lo que, según los artículos 218-B y 218 C de la referida ley penal, no procede imputar al señor Allan Canales ninguna responsabilidad asociada al delito de robo de vehículos automotores...” “…SEXTO: El operativo policial practicado por agentes de la policía de investigación, partiendo de una llamada telefónica anónima que señalaba el hangar de aviación, propiedad del señor Manuel Canales, ubicado en la salida de la carretera a San Marcos de Colón, como el lugar donde se encontraban varias motocicletas robadas, es violatoria de normas Constitucionales y procesales que vician el procedimiento seguido por la autoridad, al no haber notificado a la fiscalía del allanamiento; así como la omisión durante el mismo, de la presencia de representante del ministerio público, ni presencia de un Juez Ejecutor; y sin constar en el expediente investigativo ninguna convalidación realizada por el ministerio público ante el juzgado de garantías sobre el ingreso a la referida propiedad…” En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración fáctica y jurídica que afirma y niega al mismo tiempo una misma realidad. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-355-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 355-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Absolvió al señor Allan Mauricio Canales Almendarez, como autor de los delitos de Robo de Automotores y Encubrimiento, en perjuicio de Hermes Joel Garcia Espinal, la Empresa Financiera Centro de Desarrollo Humano y la Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: Revocó al señor Allan Mauricio Canales Almendarez, las medidas cautelares de presentación periódica, una vez se declare firme el fallo. Tercero: Ordenó la devolución al señor Allan Mauricio Canales Almendarez los siguientes artículos de su propiedad, tales como un armazón (macho) de una motocicleta de metal, color negro, con un tanque de combustible color rojo, marca Génesis y con chasis N° LC6PCIB8X70805795 y con motor 156FMIW0001296, sin marca visible; dos guardafangos plásticos para motocicletas, uno color blanco, otro color negro; cuatro escapes, silenciadores para motocicleta, tres niquelados y uno color negro; una llanta con su respectivo ring para motocicleta la cual es marca SAKURA con N° 3.25-18 y un disco metálico de freno; una montura para motocicleta con forro de cuerina, color negro, dos manubrios para motocicletas uno color negro y otro niquelado, una pieza de plástico color rojo donde va la vía posterior de la motocicleta, una caja de cartón blanco conteniendo en su interior tres amortiguadores color negro para motocicleta y dos amortiguadores niquelados también para motocicleta: 4 manecillas de clutch y frenos para motocicletas, tres pernos metálicos, una pata metálica para motocicleta, dos platos metálicos para fricciones, marca WEAR LIMIT, dos pedales metálicos para frenos de motocicleta, lamina plateada marca Génesis, dos stop amarillos, un cable para freno de motocicleta, una batería marca TENDA de plástico, color blanco para motocicletas, dos parillas metálicas una niquelada y una color negra, un foco delantero de motocicleta con protector plástico de color azul en el que se lee YAMAHA, otro foco delantero con sus dos vías para motocicletas, dos tapaderas plásticas de color rojo y un protector plástico color negro, un maletín color negro conteniendo su interior dos espejos en para motocicleta y varios cables de electricidad: retrovisores una cuatrimoto, color rojo y blanco, con borraduras en su serie de motor: una motocicleta marca Génesis, color rojo, chasis No. LC6PCJB8660803897, motor serie 156PMIWD001296; un chasis color azul de motocicleta Génesis, con número de serie DG01X-014626: un motor de motocicleta Genesis con serie No. 156FMIW0202867. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado Luis Enrique Escaño Galo, defensor privado, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El 22 de septiembre, año 2008, a eso de las nueve de la noche cuando el señor Hermes Joel Garcia Espinal salió de recibir clases de computación en el barrio El Centro, en la ciudad de Choluteca, al buscar su motocicleta que dejó a orilla de calle, marca Génesis, modelo HJ 125, color roja, con serie de motor No. 156FMIW0005877, no pudo encontrarla, por lo que denunció el suceso a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. SEGUNDO: Asimismo, el 24 de abril, año 2009, a eso de las nueve de la noche, cuando el señor Juan Carlos Oviedo salió de laborar de la empresa financiera Centro de Desarrollo Humano en la ciudad de Choluteca, su motocicleta -asignada por dicha empresa- marca Yamaha, color azul, chasis D601X-014626, le fue sustraída del estacionamiento, por lo que procedió a denunciar lo sucedido a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. TERCERO: El 16 de julio del año 2009 se recibió una llamada anónima en la DNIC poniendo en conocimiento que en un taller ubicado en la entrada de la pista de aterrizaje de la ciudad de Choluteca, se encontraban varias motocicletas robadas, por lo que de inmediato se inició un operativo por la autoridad de policía. CUARTO Al llegar al sitio, la autoridad encontró en un hangar aviación al Joven Allan Mauricio Canales y en el taller de aviación encontraron una cuatrimoto, color rojo y blanco, borraduras en su serie de motor; una motocicleta marca Genesis. roja chasis No. LC6PC660003837, motor 136PMIW0001256; un chasis color azul, de motocicleta Genesis, cm número de serie 0001X-0146261 un motor de motocicleta chasis con serie No. 156FMIW0202867; un chasis de motocicleta Genesis, color: rojo, con serie No.LC6PCJB8660803897 y motor serie 156FMIW0001296. QUINTO: Luego que la autoridad revisó el sitio, ordenó la detención de Allan Canales y la incautación de todos los accesorios de motocicleta encontrados. SEXTO: Cuando la autoridad concluyó su operativo y se disponía a marcharse del hangar de aviación, con Allan Canales y las piezas incautadas, solicitó al padre del detenido quien recién llegaba al sitio- que le firmara la autorización escrita de Ingreso al referido local. SEPTIMO En el operativo realizado en el hangar de aviones. propiedad del señor Manuel Canales Hernández, no participó ningún fiscal del Ministerio Público, ni Juez Ejecutor nombrado por Juez competente, ni aparece en el expediente convalidación alguna sobre las diligencias de allanamiento practicado por agentes de la DNIC. OCTAVO: La pieza de convicción, consistente en una motocicleta, color roja, marca Genesis, chasis No. LCEPCJB8660803897, motor serie 156FMIW0001296, se acredito que el señor Allan Canales compró, al contado, en el mes de septiembre, año 2006 dicha motocicleta marca Génesis, color rojo, Modelo H 125-7, chasis No. LC6PCJB8660803897, motor serie 156PM1W0001296, por un valor de L. 22,736.00, la que se encuentra debidamente registrada en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. NOVENO: El Chasis de motocicleta Genesis, color azul, con número de serie D601X-014626, se estableció que se encuentra debidamente registrado en in Dirección Ejecutiva de Ingresos, a nombre del Centro de Desarrollo Humano y según acta de decomiso de fecha 16) de julio, año 2009, este chasis fue incautado por un agente de la ONIC al señor Juan Manuel Canales Almendarez, con identidad No. 0601-1982-04067, quien falleció en fecha 9 de febrero del año 2014. DECIMO: El motor de motocicleta, marca RC MOTO, serie No. 156FMIWOOD5877, se encuentra registrado en la Dirección Ejecutiva de Ingresos a nombre de Hermes Joel Garcia Espinal, quien denunció la desaparición de un vehículo el 22 de septiembre, ano 2008. DECIMO PRIMERO: La factura No. 1505 extendida por Granjas Marinas San Bernardo, establece que el señor Allan Canales en fecha 11 de septiembre, año 2008 compró a la referida empresa, como “chatarra” una cuatrimoto. DECIMO SEGUNDO: El señor Allan Mauricio Canales mantiene desde el año 2000 a la fecha su afición de participar en competencias motociclisticas de un cuarto de milla. DECIMO TERCERO: El señor Allan Mauricio Canales, en el mes de diciembre del año 2008 compro una “huesera” al señor Franklin Alexis Peralta Serrano, consistente en piezas y repuestos de motocicletas.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: ““EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: "Que las motivaciones fácticas de la sentencia sean contradictorias" PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al examinar la motivación plasmada por los juzgadores en el apartado de valoración probatoria, se hace patente que la misma resulta contradictoria, pues por una parte refiere, que la prueba de cargo aportada al juicio por- el ente acusador es ilícita, en virtud que el día 16 de julio del 2009 en horas de la tarde varios agentes de la dirección de investigación Criminal, luego de recibir una llamada anónima en la que denunciaban un taller de motocicletas en el que se encontraban varias motos que habían sido robadas, montaron un operativo mediante el cual ingresaron al hangar de aviación, ubicado a inmediaciones de la pista de aterrizaje, en la ciudad de Choluteca, sin acompañamiento de ningún fiscal del Ministerio Público, sin orden judicial de allanamiento y sin presencia de un juez ejecutor, obviando los requisitos exigidos por la ley, para el ingreso a sitios que no son de carácter público; considerando el juzgador que las actuaciones que se desprenden del referido registro como son, actas de decomiso, cadena de custodias, peritajes y evidencias decomisadas, su contenido no puede ser apreciado, mucho menos valorado como prueba de cargo por constituir prueba ilícita, en base a la "Teoría del árbol envenenado" y al mismo tiempo en este acápite, al estimar la prueba de descargo producida por la defensa, si toma en consideración las evidencias decomisadas producto del registro al lugar de los hechos; extremo que se ve reflejado en su motivación, cuando tiene por cierto que en el hangar de aviones propiedad del señor Manuel Canales Hernández, sitio en el que al momento del operativo estaba el acusado Allan Canales, y en el cual se encontraron varias piezas y motores utilizadas en reparación de motocicletas, entre estas, la motocicleta reportada como robada propiedad de Hermes Joel García Espinal con serie de motor 156FMI W0005877 y el motor de la motocicleta propiedad del Centro de desarrollo Humano que era conducida por Juan Carlos Oviedo, con serie de motor 3TS095593, piezas que llegaron hasta ese lugar por haberlas comprado Allan como "huesera" a Franklin Peralta, considerando el Tribunal que esa compra fue realizada de buena fe, puesto que si el acusado hubiese sabido que las piezas de motocicletas compradas eran robadas, no se hubiera tardado siete meses transcurridos desde la compra de la chatarra (24 de diciembre del 2008, conforme declaración del acusado Allan Canales), hasta el día del operativo para incorporarlas a su motocicleta deportiva; aunado a lo anterior, el Tribunal establece que los testigos Hermes Joel García Espinal y Juan Carlos Oviedo, ninguno de ellos señaló al acusado, como la persona que se apropió de sus motocicletas. Partiendo de las valoraciones intelectivas acotadas, vemos que el juzgador no es coherente en su apreciación, pues desacredita la licitud de toda la prueba incorporada al debate por el Ministerio Público y consecuentemente la califica de no apta para decretar la culpabilidad del imputado en los delitos que se le atribuyen, pero contradictoriamente, si le merece valía como prueba de descargo para absolver al acusado, pero estima que la misma es insuficiente. Entonces, ¿cuál es el fundamento para declarar la absolución del acusado? Que la prueba aportada al juicio por el ente acusador es ilícita o porque después de su valoración la consideró insuficiente, por desprenderse de la misma, la buena fe del acusado en la adquisición de las piezas de motocicletas que le fueron decomisadas, las cuales tenían reporte de robo. De ahí que en las motivaciones contradictorias, los fundamentos esgrimidos por el Juzgador en la sentencia irrespeten el elemental principio de coherencia que informa el recto entendimiento humano, resulta entonces que la contradicción no solo afecta la fundamentación fáctica, sino que también la probatoria y la jurídica, por ende el contenido todo de la sentencia debe ser armónico, congruente con cada una de sus partes. Afirma de la Rúa que la motivación, para ser lógica “debe responder a las leyes del entendimiento humano” con la especial característica de "ser coherente, es decir, constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, debiendo para ello ser: congruente, no contradictoria e inequívoca " La sentencia judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guardar coherencia entre cada parte y éstas con el todo, deben contar con la cualidad de logicidad, de modo que debe contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura, que la revista de validez, dando a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. Para que este vicio in procedendo sea atendible, la contradicción debe de ser relevante, es decir, que se trate de manifestaciones esenciales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión. La consecuencia de que un fallo contenga motivación contradictoria, es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. En el caso subjudice, justamente no es posible determinar cuáles son los verdaderos argumentos del Tribunal para proferir una sentencia absolutoria a favor del acusado, lo que limita al Ministerio Público para conocer, cuales son los razonamientos que se deben atacar, en vista que no permite tener certeza, ni seguridad respecto a la resolución judicial emitida, pues nos encontramos ante dos criterios en la estructura interna de la valoración, relacionados a l.ma misma probanza, como es la ilicitud de la actas de incautación de la evidencia encontrada en el hangar objeto de registro, de los objetos decomisados y de sus pericias, que impide pronunciar un fallo condenatorio y al mismo tiempo la licitud de la misma, apreciándola el Tribunal en conjunto con la prueba de descargo, considerándola insuficiente, amparado en la ausencia de dolo del acusado, que actuó a su criterio de buena fe, en la adquisición de las piezas decomisadas que presentaban denuncia de robo. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintos apartados. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. En atención a lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo planteado, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley” “SEGUNDO MOTIVO: "Que las motivaciones jurídicas de la sentencia sean contradictorias" PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Nuevamente el juzgador incurre en un vicio de contradicción, esta vez en el contenido del apartado de fundamentación jurídica del fallo y que como se logra evidenciar, tiene su origen en razonamientos similares a los esbozados en el acápite de valoración probatoria, que han sido expuestos en el motivo anterior de este recurso, con la diferencia que se trata de los preceptos legales que ha tenido en cuenta para tomar su decisión, pues su motivación no refleja claridad y certeza, respecto a cuáles son los argumentos jurídicos que ha tenido en consideración para absolver al imputado de los ilícitos que se le atribuyen, en virtud que al examinar los numerales segundo y tercero vemos, que concluye; "Que el Ministerio Público no logró acreditar con prueba material, objetivamente confiable que el señor Canales sea el responsable de haber borrado las distintas numeraciones tanto en los chasis encontrados en la motocicleta, ni en la cuatrimoto, por lo que, conforme a los artículos 218-B y 218-C del Código Penal no procede imputar al mismo ninguna responsabilidad asociada al delito de robo de vehículos automotores. Indicando además, que aunque el señor Allan Canales reconoció haber adquirido como huesera un chasis de motocicleta marca Génesis el cual resultó ser parte de una motocicleta propiedad de la empresa Financiera Centro de Desarrollo Humano, la que fue hurtada a Juan Carlos Oviedo empleado de dicha empresa en fecha 24 de abril del 2009, el tribunal considera en base a la prueba de descargo que su adquisición fue hecha de buena fe, tal y como lo señala de manera excepcional el artículo 218-D del Código Penal de Honduras, por cuanto la afición del señor Canales está vinculada a la compra de partes de motocicleta que sean afines al vehículo de su propiedad, con la que realiza competencias en carrera deportivas de un cuarto de milla". No obstante la citada valoración, el ente jurisdiccional en el numeral sexto de este mismo apartado contradictoriamente establece: "Que el operativo practicado por agentes de la policía de investigación, partiendo de una llamada telefónica anónima que señalaba el hangar de aviación, propiedad del señor Manuel Canales, ubicado en la salida de la carretera a San Marcos de Colón, como lugar donde se encontraban varias motocicletas robadas, es violatorio de normas constitucionales y procesales que vician el procedimiento seguido por la autoridad, al no haber notificado a la fiscalía del allanamiento, así como la omisión durante el mismo de la presencia de representante del Ministerio Público, ni presencia de un juez ejecutor y sin constar en el expediente investigativo ninguna convalidación realizada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías sobre el ingreso a la referida propiedad. . , los resultados del allanamien.to practicado por la policía en el hangar de aviación, donde fue detenido el señor Allan Mauricio Canales, habiéndose incautado varios artículos de su propiedad, al no contar con una orden escrita emanada de juez competente, ni con la presencia de un fiscal ni juez ejecutor.. … carecen de eficacia probatoria…”. Es indudable, que el Tribunal no ha sido coherente en los juicios expuestos en la fundamentación jurídica, generando una confusión para las partes, que como hemos señalado coarta el derecho a cuestionar adecuadamente el fallo, al desconocer si ha absuelto al imputado porque no concurre prueba suficiente para determinar que ha actuado con dolo y por ende, no se presentan los elementos objetivos de los tipos penales 218 -B, 218- C y 388 del Código Penal, conclusión a la que arriba, después de valorar la prueba de descargo, en conjunto con la evidencia decomisada en el hangar donde es detenido el acusado Allan Canales o porque la probanza de cargo aportada por el Ministerio Público es violatoria de las garantías constitucionales de la inviolabilidad del domicilio, del Debido Proceso respecto de los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código Procesal Penal. Una motivación lógica de la sentencia debe responder entre otras características a las que demanda la coherencia, de ahí que la motivación deberá estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, y para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas, b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contradictorios que se anulen entre sí, y c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones respectivas" En ese mismo sentido, en la motivación los juzgadores están en la obligación de demostrar que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. Exigencia que no se ha cumplido en el fallo in examine, ya que no es posible determinar con seguridad cual fue la disposición legal que -ha considerado el Tribunal para la decisión del juicio. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. En atención a lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo planteado, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; Concepto de la infracción expuesto: Que las motivaciones fácticas de la sentencia sean contradictorias; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad en virtud que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; Pretensión: Declarar procedente el motivo planteado. Denuncia la recurrente, que la motivación plasmada por los juzgadores, se hace patente que la misma es contradictoria, por una parte refiere que la prueba de cargo es ilícita (actas de decomiso, cadena de custodia, peritaje y evidencias; a la vez que señala la prueba en descargo, haciendo señalamientos de las evidencias decomisadas producto del registro al lugar de los hechos, para el recurrente, el juzgador no es coherente en su apreciación, surgiendo la interrogante ¿ Cual es el fundamento para declarar la absolución del acusado? será porque la prueba aportada al juicio por el ente acusador es ilícita o porque después de su valoración la consideró insuficiente Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; Concepto de la infracción expuesto: Que las motivaciones jurídicas de la sentencia sean contradictorias; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad en virtud que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; Pretensión: Declarar procedente el motivo planteado. Nuevamente denuncia la recurrente, que el juzgador incurre en un vicio de contradicción, esta vez en el apartado de la fundamentación jurídica, pues su motivación no refleja claridad y certeza, respecto a los argumentos jurídicos que ha tenido en consideración el juzgador para absolver al imputado, basta una simple lectura a los numerales segundo, tercero y sexto; según el recurrente, ha generado una confusión para las partes, al desconocerse si ha absuelto al imputado por no concurrir prueba suficiente para determinar que ha actuado con dolo o porque la probanza de cargo es violatoria de las garantías constitucionales de la inviolabilidad del domicilio. El recurso antes descritos en cada uno de sus motivos, se interrelacionan entre sí, por lo que es procedente resolverlos en un mismo pronunciamiento. Concepto de motivación contradictoria. La sentencia judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guarda coherencia entre cada parte y éstas con el todo. Las sentencia deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. La sentencia, para que se revista de validez, debe de contener una adecuada y suficiente motivación, la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación demuestra su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente. Es tanta la importancia que tiene una debida motivación que el legislador determinó en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente, nulidad que puede ser decretada como consecuencia de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una motivación contradictoria. La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares como la construcción de los hechos declarados probados (artículo 362.1 del Código Procesal Penal) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (artículo 362.3 del Código Procesal Penal), igualmente es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones esenciales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su validez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. De la procedencia del recurso. Los motivos son de recibo. El recurrente alega vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos; como lo ha expuesto el recurrente, la contradicciones han sido esenciales, dejando un vacío de información en cuanto a la decisión adoptada por los juzgadores. Al examen de la sentencia impugnada, el Tribunal de Casación constató en el acápite “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” que los juzgadores han descrito lo siguiente: “Resulta difícil creerlo, pero no hay duda que efectivamente sucedió, según lo confirmaron los agentes de la policía de investigación, Olman Espinoza, José Canales y Huber Lagos, quienes merecen credibilidad en sus declaraciones, en cuanto a que el día 16 de julio del año 2009, a eso de las cuatro de la tarde, varios agentes de la Dirección de Investigación Criminal, luego de recibir una llamada anónima en la que denunciaban un taller de motocicletas en el que se encontraban varias motos que habían sido robadas, montaron un operativo mediante el cual ingresaron al hangar de aviación, ubicado a inmediaciones de la pista de aterrizaje, en la ciudad de Choluteca, sin acompañamiento de ningún fiscal del ministerio público, sin orden judicial de allanamiento y sin presencia de un juez ejecutor. Este extremo fue corroborado por el imputado Allan Canales y por su padre, el señor Manuel Canales, quienes de igual manera, merecen credibilidad en sus versiones, por haber vivido en carne propia la experiencia de verse sometido a las arbitrariedades cometidas por las autoridades de policía de investigación, a quienes les bastó una supuesta "llamada anónima", para irrumpir en una propiedad privada obviando los requisitos exigidos por la ley, para el ingreso a sitios que no son de carácter público. Aun cuando las actas de incautación fueron firmadas por el imputado y por su padre Manuel Canales, teniéndose por incorporadas a juicio las evidencias con sus respectivos registros de cadena de custodia, así como los peritajes practicados a los objetos incautados; sus contenidos no pueden ser apreciados, mucho menos valorados, como prueba de cargo, por constituir ilícita, en base a la "Teoría del árbol envenenado", lo cual será objeto de análisis en la fundamentación jurídica. Con lo anterior es más que suficiente, para absolver de toda responsabilidad penal al señor Allan Mauricio Canales Almendarez, sin embargo, resulta necesario conocer las pruebas aportadas por la Defensa, para patentizar, por una parte, su inocencia, y por otra, para señalar a la policía de investigación lo que debió ser su trabajo investigativo en el presente caso, en apego a la ley y a la ética profesional.” Como se puede colegir, claramente los juzgadores han excluido prueba al referir que las actas de incautación, las evidencias con sus respectivos registros de cadena de custodia, así como los peritajes practicados a los objetos incautados, no fueron valorados, por constituir según los juzgadores “prueba ilícita” por irrumpir propiedad privada, siéndole suficiente a su entender, para absolver de toda responsabilidad penal al acusado; ante dicho razonamiento intelectivo, la Sala de lo Penal ha de entender, que la obtención de la prueba antes descrita, ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno hondureño. Ante lo anterior, el legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (Árbol Envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria, todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (Frutos del Árbol Envenenado). Ahora bien, de la simple lectura de la valoración intelectiva, se identifica que los juzgadores siguieron haciendo mención de elementos de prueba que derivaron de un allanamiento ilegal al describir lo siguiente: “En cuanto al delito de encubrimiento, el ministerio público no pudo probar en juicio que Allan tenía conocimiento de que la "huesera" que le compró a Franklin Peralta en diciembre del año 2008, eran piezas robadas; por consiguiente, la motocicleta reportada como robada, perteneciente a Hermes Joel García Espinal, y las piezas de motocicleta del Centro de Desarrollo Humano, que fueron encontradas en el hangar de aviones, por el tiempo transcurrido entre lo que fue la compra de dicha "huesera" y la fecha en que fueron incautadas por la policía de investigación, se deduce que su compra fue realizada de buena fe, pues de lo contrario, si Allan Canales hubiese sabido que eran piezas "calientes", producto de un robo, las reglas de la experiencia humana nos indican que no habría tardado siete meses, para incorporarlas a su motocicleta deportiva. Aunado a lo anterior, el taller donde fueron encontradas dichas piezas de convicción, no es un taller para motocicletas, sino propiamente, para aviones de fumigación.” Como bien lo denuncia el recurrente, la valoración intelectiva del juzgador no guarda coherencia, pues, por una parte excluye medios probatorios derivados de un allanamiento y por otra, hace argumentos valorativos de los mismos, desconociéndose si la decisión judicial de absolver al imputado ha devenido por la existencia de prueba ilícita o por la razón que los medios de prueba propuestos por el ente fiscal, son insuficiente para acreditar certeza de la existencia de un delito y de su participación, dejando un vacío de información. Igual resultado surge en la motivación jurídica, siendo que los juzgadores han descrito en su apartado segundo y sexto lo siguiente: “SEGUNDO: En cuanto a las alteraciones de los números de serie de las piezas de convicción incautadas en el taller donde labora el señor Allan Canales, igualmente, el ministerio público no logró acreditar con prueba material, objetivamente confiable, que el señor Canales sea el responsable de haber borrado las distintas numeraciones tanto en los chasis encontrados, en la motocicleta, ni en la cuatrimoto; por lo que, según los artículos 218-B y 218 C de la referida ley penal, no procede imputar al señor Allan Canales ninguna responsabilidad asociada al delito de robo de vehículos automotores...” “…SEXTO: El operativo policial practicado por agentes de la policía de investigación, partiendo de una llamada telefónica anónima que señalaba el hangar de aviación, propiedad del señor Manuel Canales, ubicado en la salida de la carretera a San Marcos de Colón, como el lugar donde se encontraban varias motocicletas robadas, es violatoria de normas Constitucionales y procesales que vician el procedimiento seguido por la autoridad, al no haber notificado a la fiscalía del allanamiento; así como la omisión durante el mismo, de la presencia de representante del ministerio público, ni presencia de un Juez Ejecutor; y sin constar en el expediente investigativo ninguna convalidación realizada por el ministerio público ante el juzgado de garantías sobre el ingreso a la referida propiedad…” En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración fáctica y jurídica que afirma y niega al mismo tiempo una misma realidad. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, actuando en su condición de agente fiscal de Ministerio Público. Segundo: En consecuencia Casa la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor del señor Allan Mauricio Canales Almendarez, a quien se le siguió proceso como autor de los delitos de Robo de Automotores y Encubrimiento, en perjuicio de Hermes Joel Garcia Espinal, la Empresa Financiera Centro de Desarrollo Humano y la Administración Pública del Estado de Honduras; decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina de fecha dos de septiembre del año dos mil quince. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del acusado Allan Mauricio Canales Almendarez, a quien se le siguió proceso como autor de los delitos de Robo de Automotores y Encubrimiento, en perjuicio de Hermes Joel Garcia Espinal, la Empresa Financiera Centro de Desarrollo Humano y la Administración Pública del Estado de Honduras; en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, recaídas en el expediente de casación con número de ingreso SP-355-2019.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL