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Sentencia CP-341-22 — Registro 17367

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor responsable de dos delitos de lesiones culposas agravadas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, el recurrente acude a alegatos de instancia para sustentar la explicación del vicio, ya que, relaciona los medios de prueba evacuados en el juicio oral y público, y considera que contrario estima el juzgador en su valoración, los medios de prueba testificales de las víctimas son concordantes entre sí y para con el video y con la declaración testifical del agente de policía de tránsito, Majin Enrique Sosa, así como que dicho agente sí fue contundente al afirmar que el acusado invadió el carril contrario, se tomaron las medidas y el punto de impacto, para la cual remite su posición a la ratificación rendida en juicio. A partir de lo expuesto, no tiene duda la Sala de lo Penal que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el Ministerio Público, todo ello impropio de sede casacional. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Nada de lo anterior ha sido debidamente desarrollado por el recurrente, solamente se limita a relacionar descriptivamente los medios de prueba evacuados en juicio y posteriormente hacer su particular valoración intelectiva de los medios. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-341-2022 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Pineda Valle, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 341-2022 por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió: Primero: Absolvió al señor Lempira José Jorge Rodas Gallardo, como autor responsable de dos delitos de lesiones culposas agravadas, en perjuicio de los señores Herzen Ramón García Torres y Rafael Leonardo Lozano Hoyos. Segundo: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. No decretó comiso. Tercero: No declaró responsabilidad civil. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos González, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, el Abogado Raúl Rolando Suazo Barillas, defensor privado de Lempira José Jorge Rodas Gallardo, como recurrida. Hechos probados de la instancia. “Este Tribunal de Sentencia una vez valorada la totalidad de la prueba conforme a las reglas de la sana critica declara terminantemente como probado el siguiente hecho: UNICO: En fecha diecinueve de enero del año dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las dos de la madrugada a inmediaciones de la salida a la segunda etapa de colonia El Trapiche de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se produjo una colisión, entre los vehículos conducidos por los señores Herzen Ramon García Torres y Rafael Leonardo Lozano Hoyos, quienes se conducían a bordo de una motocicleta, maraca JIANSE, placa MAÑ8108, año 2011, modelo:JS125-6C, Color: negro, tipo motocicleta, propiedad de Martin Alejandro Montoya Banegas, los cuales se conducían sobre la calzada, hacia la salida al bulevar de la colonia antes mencionada, y en la intersección, se encontraron con el vehículo, marca Hyundai, Tipo : Camioneta de lujo, Modelo Santa Fe, año 2013, placa PDU4929, Color: Azul, cuyo propietario y conductor es, el señor Lempira Jose Jorge Rodas Gallardo, y se produjo el impacto de ambos automotores, produciendo una colisión, en la cual las personas que se conducían en la motocicleta, les produjo heridas, las cuales fueron localizadas de la siguiente manera: en la persona Herzen Ramon García Torres, se le produjo una fractura de tibia y peroné izquierdo, más cicatrices en cara, muslo, rodilla y pierna izquierda, y al señor Rafael Leonardo Andrés Lozano Hoyos, se le produjo una lesión de fractura supracondílea femoral, izquierda grado III A, fractura de platillos tibiales expuesta grado III A, rodilla flotante, cicatrices en muslo y pierna izquierda; los cuales al momento del hecho que fueron trasladados para recibir asistencia hospitalaria, luego de que se hiciera presente las autoridades de Policía Preventiva de tránsito a levantar el correspondiente informe; el otro participante en su vehículo presento daños en el costado del conductor a la altura lateral del foco y guardafango izquierdos, por lo que fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.”.” Recurso de Casación. Motivos y argumentos. La recurrente, Abogada Yanory de Jesús Ramos González, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. UNCIO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como sabemos, el sistema de valoración de prueba que rige a nuestro Código Procesal Penal, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de pruebas que lo llevan a un convencimiento, pero siempre su argumentación debe estar integrada por conclusiones obtenidas a partir de la probanza, así como de los principios de la Lógica, la Psicología y el Sentido Común. Voluntad del Legislador determinada en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. A criterio del Juzgador, la prueba evacuada resultó insuficiente para llevar al Tribunal a un grado de certeza en cuanto a la participación del acusado, restándole credibilidad a la declaración de los testigos, señalando que “…en consecuencia los medios de prueba evacuados durante el juicio oral y público; no es posible, ni son suficientes, para establecer el resultado de culpabilidad del acusado del delito de lesiones culpables graves, del cual se le acuso, porque no existe prueba que establezca la forma en que se produjo el impacto y quien es responsable del mismo o cuanto comprometió el conductor de la motocicleta, en la producción de dicho resultado…”[1] por lo que estimó no declarar al acusado como autor de los hechos por los que se le llevó al proceso. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. Al respecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha explicado los componentes de una valoración acorde a las Reglas de la Sana Crítica, para el caso citamos: “…La motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contrastantes que se anulen entre sí. c) Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando”[2] El Ministerio Público, en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó y que éste es el autor material del mismo, siendo la prueba testifical, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia con los medios, testificales, documentales, técnicos y periciales; conclusión a la que llegamos en base a las consideraciones siguientes: En la vista pública se contó con la declaración del señor Rafael Leonardo Lozano Hoyos: quien es ofendido en el presente caso y en síntesis refirió “…el día de los hechos nosotros (yo andaba en la moto, con un amigo de la infancia de nombre Herzen García), vamos llegando al Boulevard el trapiche, el señor Lempira Rodas entra en una camioneta a una velocidad desproporcionada, invade mi carril en el cual trato de hacer una maniobra de lanzarme a mi mano derecha porque si no, hubiéramos colisionado de frente…, logró lanzarme al lado derecho, pero el carro de Lempira rodas, lo mete en mi vía y no se logra colocar en su vía llevándome de encuentro la pierna y colisionándome la moto… ”. En la vista pública también se contó con la declaración del señor Herzen Ramón García Torres: quien también es ofendido en el presente caso y en síntesis refirió “…el día de los hechos me subí a la moto de Leonardo y el empezó a manejar hacia la esquina, cuando llegamos a la esquina el señor Lempira venia manejando su automóvil y entro sin ningún tipo de precaución, se metió de hecho al carril de nosotros, nos pasó por encima, básicamente y quedamos, tanto Leonardo como yo tendidos en la carretera…, me metieron una varilla larga desde la rodilla hasta el tobillo y estuve alrededor de seis meses incapacitado… ”. También compareció a declarar el señor Magín Enrique Sosa, quien es Policía adscrito a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (SIAT), quien fue el encargado de realizar el informe del accidente de tránsito, el cual señala dentro de sus observaciones a).-“Participante uno (1) Lempira José Jorge Rodas Gallardo, vehículo PDU 4929 Hyundai (camioneta); como Participante dos (2) Rafael Leonardo Lozano Hoyos, vehículo motocicleta MAÑ8108; b).- el participante uno (1) al conducir su móvil en condiciones físicas deficientes bajo los efectos propios del alcohol desde el primer carril de la calle principal de la residencial el trapiche efectuó maniobra de viraje a su derecha con el propósito de ingresar la segunda etapa de la residencial antes mencionada traspasa el eje central imaginario no demarcado de la calzada sin percatarse y obstruyendo la normal circulación del participante dos (2) que llegaba al área de conflicto por su costado derecho colisionando el móvil uno (1) con el vértice anterior izquierdo con tercio anterior lateral izquierdo de móvil dos (2) en el lugar de impacto acotado y señalado al plano adjunto.” Por otra parte se contó con prueba pericial consistente en: Dictamen de Laboratorio de Video Forense número 2019-0801-0501-9598, elaborado por el perito Edwin Joel Andrews, el cual concluye: metodología reproducción de los archivos de video, identificando como vehículo número uno (1) tipo motocicleta (conducido por individuo 1 y acompañado por individuo 2) y vehículo numero dos (2) tipo camioneta (conducido por individuo 3), observándose una colisión entre vehículo número uno (1) y número dos (2), el individuo 3 se baja del vehículo para botar un objeto. – Dictamen de evaluación clínica número 20190801010200198 elaborado por Doctora Ana Isabel Kaffaty y Ampliación de evaluación clínica número 2021080101022010 elaborado por Doctora Claudia María López, evaluación practicada al señor Herzen Ramón García Torres: ambos Análisis concluyen con la presencia de lesiones, fractura de tibia, compatibles con las producidas con accidente de tránsito tipo colisión con incapacidad de 60 días a partir de la fecha del hecho. Dictamen de evaluación clínica número 20190801010200199 elaborado por Doctora Ana Isabel Kaffaty y ampliación de evaluación clínica número 2021080101021985 elaborado por Doctora Claudia María López, evaluación practicada al señor Rafael Leonardo Andrés Lozano Hoyos: ambos concluyen con la existencia lesiones, con presencia de múltiples, compatibles con las producidas con accidente de tránsito tipo colisión con incapacidad que supera los setenta (70) días a partir de la fecha del hecho. Dictamen de Laboratorio Químico Toxicológico número 2019-0801-0501-00502, evaluación practicada al señor Lempira José Jorge Rodas Gallardo, el cual concluye: muestra de sangre positivo a la presencia de etanol con concentración de 49,42 mg/100ml y las muestras de orina positivo la presencia de etanol con una concentración de 78,84 mg/100ml. También se contó con prueba documental consistente en: a).-Acta de Inspección y álbum fotográfico: describe las condiciones de los vehículos involucrados en el informe de tránsito.-b).-Acta de Decomiso de CD: que contiene video del día de los hechos.-c).- Informe de Accidente de Tránsito: describe la dinámica del accidente y las condiciones físicas de los participantes al momento de ocurrencia de los hechos prueba de alcoholemia participante uno 123.mg/100ml y participante dos 83.5 mg/100ml.- Así mismo se contó con evidencia Física: consistente en CD sobre video del día de los hechos. EL Juzgador al valorar la prueba evacuada en el juicio oral y público, en el acápite de Valoración conjunta de la prueba, estableció lo siguiente: I. “… con la declaración testifical de los testigos HERZEN RAMÓN GARCÍA TORRES y RAFAEL LEONARDO LOZANO HOYOS y en consecuencia la del señor Magín Enrique Sosa, las declaraciones testificales y demás participantes establecen contradicción en sus declaraciones y posiciones de participación con el resto de la pruebas al afirmar las personas que viajaban a bordo de la motocicleta, se conducían por el parte derecha de su carril y no como se observa en el video por el medio de la calzada …,” Consideramos errados los señalamiento del Tribunal, pues evidentemente se puede apreciar que las declaraciones de las víctimas son totalmente concordantes entre sí, han sostenido el mismo relato a lo largo de todo el proceso y han sido contundentes al manifestar que ellos se conducían por el lado derecho de la calle y el acusado quien conducía sin ninguna precaución invadió su carril, impactó contra la motocicleta en que se conducían, los lanzó a la carretera y les causó múltiples lesiones, estos extremos no solo fueron corroborados entres sí mismos, sino que también con la declaración del testigo Magín Sosa, quien estuvo en el lugar de los hechos, además redactó el informe de tránsito y constató que lo manifestado por las víctimas, ocurrió tal como lo refirieron ellos, además así lo confirmó el Video de la ocurrencia de los hechos, que ratifica los dichos de los testigos, pues no se necesita ser un experto para concluir que el acusado invadió el carril donde se conducían las víctimas, siendo la prueba testifical totalmente respaldada con el resto de la prueba testifical, así como con la prueba técnica, documental y científica. Resultando desatinadas. las apreciaciones de la señora Juez. II. También señala la Juzgadora referente a las capacidades del testigo Magín Sosa Técnico de Transito, “… lo que resulta contradictorio con las declaraciones testificales por ende él informe realizado por el técnico poco calificado, agente de SIAT quien no puede establecer de forma científica el punto de impacto…,” Estos señalamientos por parte del Juzgador se consideran totalmente subjetivos, pues el testigo fue preciso al concluir en la responsabilidad del acusado como autor (participante 1) del accidente, asimismo estableció técnicamente la dinámica de los hechos, procedimiento utilizado para arribar a la conclusión del informe de accidente de tránsito, punto de impacto entre otros, dejando en evidencia sus capacidades.- por lo que la Juzgadora no tiene la razón en sus valoraciones. III. Continua el Juzgador en su desacertada valoración señalando que “…agente de SIAT quien no puede establecer de forma científica el punto de impacto por falta de la toma de un vértice que lo acredite, así como contradictorio al establecer que la posición final del vehículo motocicleta, es el mismo punto de colisión…, Porque no existe prueba que establezca la forma en que se produjo el impacto y quien es responsable del mismo o cuanto comprometió el conductor de la motocicleta, en la producción de dicho resultado…” Sobre este señalamiento de la Juzgadora, consideramos que infringen Las Reglas de la Sana Critica, en su postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia, al no estar fundamentadas en lo que deriva de este testimonio, pues el testigo Magín Sosa fue contundente al indicar de forma categórica, clara y precisa, en el juicio oral que “…tomamos las medidas que corresponden y se pudo plasmar que el invadió el carril, se tomó las medidas, el punto de impacto, estaba 2.4, la calzada mide 7, entonces le invadió el carril a los que se conducían en la motocicleta…” Al interrogatorio de las partes respondió: en base al punto de impacto se determina técnicamente la responsabilidad; se tomó solo el punto de impacto y no la posición final, pues la posición final no es necesario hacerlo, no es un requisito tomarlo, lo importante es determinar el punto de impacto. Lo cual evidencia que la conclusión a la que llego la Señora Jueza es completamente errónea, no se derivó de lo demostrado con la prueba. Al analizar toda la prueba evacuada en el Juicio Oral; del testimonio de las víctimas Rafael Leonardo Lozano Hoyos y Herzen Ramón García Torres, puede evidenciarse, que es un relato coherente y lógico que ha sido totalmente corroborado con el resto de la prueba, pues fueron claros y contundentes al referir que el acusado conducía su vehículo tipo camioneta a una velocidad desproporcional y sin precaución e invadió el carril derecho que era el cual se conducían las víctimas en una motocicleta y producto del impacto los lanzo a la carretera causándoles múltiples lesiones, testimonios que fueron coincidente con la prueba técnica, científica y documental, pericial, como lo es el video Forense, el cual ilustra de forma apropiada la dinámica del hecho y como el acusado se abre mucho al momento de ingresar a dicha calle, invadiendo el carril de la motocicleta donde se conducían los ofendidos, envistiéndolos y causándolo múltiples fracturas; es así que fue confirmado con el resto de la prueba aspectos como fecha, hora y lugar en que sucedieron los hechos, identificación del autor de los hechos, vehículo en que se conducía, actividades que realizó el acusado antes durante y después de los hechos, tal y como fue ratificado con la declaración del Agente de policía de Tránsito Magín Enrique Sosa quien verificó el testimonio de las víctimas antes mencionadas, constató y confirmó que, los hechos se ejecutaron en el lugar, fecha y hora señalados, así como la dinámica de los mismos, narradas por los ofendidos y ejecutada por el acusado, aspectos que se consignaron en el informe de accidente de tránsito y que confirma que efectivamente los hechos ocurrieron tal como lo describen los agraviados, generando por ende la responsabilidad del acusado como autor de los hechos, esto a su vez fue plenamente ratificado con el video del día de los hechos, el cual fue decomisado y evacuado en la vista pública, que demuestra sin lugar a dudas la dinámica de los hechos y acciones ejecutadas por parte del acusado en perjuicio de las víctimas, dando total credibilidad a los dichos de los ofendidos, pues en el video se aprecia claramente que el acusado conducía su vehículo de forma irresponsable, invadió de forma inesperada y sin ninguna precaución el carril donde se conducían las víctimas, video que sirve de respaldo tanto al informe de accidente de tránsito, como también a las declaraciones de las víctimas, causando el accidente graves lesiones con fractura a los perjudicados, pues así lo describen los dictamen periciales de evaluaciones clínicas y sus respectivas ampliaciones, por lo que se ha demostrado la veracidad del relato de los ofendidos, además con el dictamen toxicológico se acreditó que al acusado al momento de cometer los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol en sangre con concentración de 49,42 mg/100ml y en orina con concentración de 78,84 mg/100ml.- En tal sentido, del análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad, siendo la probanza tendiente a vincular directamente al acusado LEMPIRA JOSE JORGE RODAS GALLARDO como autor de la comisión del delito de LESIONES CULPOSAS GRAVES AGRAVADAS en perjuicio DE RAFAEL LEONARDO LOZANO HOYOS Y HERZEN RAMÓN GARCÍA TORRES; conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica. La desacertada valoración que hace el Tribunal a la declaración de las víctimas y testigos para restarle credibilidad, además de estar distante de la Sana Crítica, tampoco fue valorada de forma conjunta, por el contrario, expone apreciaciones y por tanto, conclusiones que no se derivan de lo demostrado con la prueba; pues el testimonio de los ofendidos, como ya se expuso y detalló en los acápites anteriores, perfectamente se puede contrastar con el resto de la prueba testifical, técnica, documental y pericial evidenciándose su veracidad; pues la prueba evacuada fue suficiente y concluyente, demuestran responsabilidad del acusado como autor de los hechos por los cuales se le acuso; por tanto, las apreciaciones de la Juzgadora, carecen de fundamento. Sobre la valoración de la prueba, La Honorable Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la siguiente manera: al tratarse de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse a hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararán de manera idéntica aun y cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas, determinarán que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos; por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces los testigos valorados conjuntamente deben brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. A partir de esto, se desprende que el sentenciador lo que demanda es una coincidencia perfecta y por tanto anormal de los testimonios, para poder hacerlos acreedores de credibilidad subjetiva, lo cual sí resulta contrario a las reglas de la sana crítica racional”. [3] También debemos resaltar, las certeras apreciaciones de la Honorable Sala de lo Penal, mediante fallo CP 198-2008, donde se refiere a la valoración de la prueba testifical y expuso: “Resulta oportuno señalar que para restar credibilidad a la versión de testigos oculares, el Juzgador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en los testigos presenciales, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad”; extremo que no se produjo en el caso de autos. Y a través del Recurso de Casación SP 56-2016, hace énfasis en el valor que debe dársele a los testimonios concordantes, sostuvo: “… Asimismo, el juzgador, con motivación insuficiente e inconsistente ha restado valor a las declaraciones tanto de la víctima, como la de los testigos, ya que sus declaraciones han sido contestes y guardan relación unas con otras, en el sentido de narrar de forma espontánea como los hechos ocurrieron identificando al imputado N. D. E. A, como la persona que disparó en contra de la humanidad del ofendido.” En ese orden de ideas, la prueba aportada en juicio fue suficiente para que se estableciera la participación de LEMPIRA JOSE JORGE RODAS GALLARDO en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido al proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio, arribó a una conclusión errónea, la cual no se deriva de una valoración de la prueba en su conjunto, pues de haber realizado dicha valoración en consonancia y acorde a una sana crítica racional, la conclusión a la que hubiese llegado sería justamente la opuesta, es decir, determinando la responsabilidad del señor LEMPIRA JOSE JORGE RODAS GALLARDO como autor del delito de LESIONES CULPOSAS GRAVES AGRAVADAS en perjuicio DE RAFAEL LEONARDO LOZANO HOYOS Y HERZEN RAMÓN GARCÍA TORRES. Por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando, ya que como quedó evidenciado, el señor LEMPIRA JOSE JORGE RODAS GALLARDO es responsable de la comisión del delito de LESIONES CULPOSAS GRAVES AGRAVADAS, dado que todos los elementos probatorios incorporados, nos conducen a ésta conclusión. La Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia.” Fundamentación jurídica. Del recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de del Código Procesal Penal); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 del Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas de la sana crítica. Motivo: infracción a la regla de la lógica. Reclamo ex ante al recurso de casación: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. Pretensión: resolver conforme a ley. La censora del fallo relaciona los medios de prueba de cargo evacuados en juicio, y considera que contrario estima el juzgador en su valoración, los medios de prueba testificales de las víctimas son concordantes entre sí y para con el video y con la declaración testifical del agente de policía de tránsito, Majin Enrique Sosa. Asimismo, arguye falta de razón suficiente cuando el sentenciador considera la falta de pericia del agente de tránsito Majin Enrique Sosa, para realizar el Informe Técnico de Tránsito, porque según la sentenciadora el agente no definió claramente cuál fue el punto de impacto. El recurrente expresa que el agente sí fue contundente al afirmar que el acusado invadió el carril contrario, se tomaron las medidas y el punto de impacto, para la cual remite su posición a la ratificación rendida en juicio. De la debida técnica recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, el recurrente acude a alegatos de instancia para sustentar la explicación del vicio, ya que, relaciona los medios de prueba evacuados en el juicio oral y público, y considera que contrario estima el juzgador en su valoración, los medios de prueba testificales de las víctimas son concordantes entre sí y para con el video y con la declaración testifical del agente de policía de tránsito, Majin Enrique Sosa, así como que dicho agente sí fue contundente al afirmar que el acusado invadió el carril contrario, se tomaron las medidas y el punto de impacto, para la cual remite su posición a la ratificación rendida en juicio. A partir de lo expuesto, no tiene duda la Sala de lo Penal que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el Ministerio Público, todo ello impropio de sede casacional. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Nada de lo anterior ha sido debidamente desarrollado por el recurrente, solamente se limita a relacionar descriptivamente los medios de prueba evacuados en juicio y posteriormente hacer su particular valoración intelectiva de los medios. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Decisión: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Segundo: Declara firme la sentencia absolutoria dictada a favor del señor Lempira José Jorge Rodas Gallardo, de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. - Firma y Sello. - Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. - Firma y Sello. JOSE RAMON CRUZ FERRERA. SECRETARIO. SALA DE LO PENAL”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el catorce de marzo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-341-2022.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

SECRETARIO

SALA DE LO PENAL

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[1] Ver apartado de Valoración Conjunta de la prueba, página 18, de la sentencia).

[2]Sentencia Penal 19/75-2012 emitida en fecha 19 de noviembre del 2016 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

[3] Ver sentencia SP-164-2015 de fecha 30-5-15