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Sentencia CP-335-19 — Registro 16915

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de facilitación de los medios de transporte para el Tráfico de Droga, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que, a través del recurso de casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados) producto de la correcta fundamentación jurídica que se invoca, de tal suerte que resultan infringidas las normas que sí corresponde aplicar, el precepto erradamente invocado o el incorrectamente interpretado. El artículo 360 del Código Procesal Penal supracitado hace referencia como objeto de la infracción, a un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. Cuando se habla de un precepto penal de carácter sustantivo, se hace alusión a las normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil ex delicto; es decir, aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo que se encuentran en el Código Penal. En el caso que ahora nos ocupa, esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (hechos probados) y no ha detectado un quebranto de las normas penales que ha utilizado el sentenciador para encuadrar las acciones cometidas por el acusado, acciones que merecen reproche casacional de acuerdo con la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores; se puede inferir que el hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencia que corre a folio 80, donde se establece que ‘’el señor Axel Alexander Gómez Matute en compañía de otra persona, caminaba por el lugar llevando en su mano una bolsa plástica negra dentro de la cual tenía diecinueve bolsitas plásticas transparentes conteniendo cada una marihuana con un peso total de treinta y seis coma seis (36.6g) gramos, las que Axel Alexander Gómez Matute llevaba con el propósito de transferirlas a terceras personas.’’ es del criterio que la conducta del imputado Axel Alexander Gómez Matute se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, siendo necesario que se converjan los siguientes elementos: 1. Que una persona, de manera intencional, facilite un medio de transporte. 2. Que esa facilitación sea con el objeto de traficar. Es decir, en proporcionar los medios necesarios para lograr la ejecución; en otras palabras, para que un individuo pueda ser considerado agente facilitador es necesario que exista una persona a quien se le facilita. Indudablemente constituye un hecho punible y se constituye el elemento objetivo del delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Siendo así dichos alegatos son improcedentes. Por lo anteriormente expuesto. Decisión Se declara sin lugar el motivo de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa pública

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 335-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha a los seis días de septiembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-335-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de marzo del dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Axel Alexander Gómez Matute, como autor responsable del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras a la pena principal de seis años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras que deberá enterar a la Tesorería Nacional de la República. SEGUNDO: Condenó al señor Axel Alexander Gómez Matute a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado Axel Alexander Gómez Matute la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se ordenó la destrucción de treinta y cinco coma seis gramos de marihuana; los que se encuentran en el Almacén de Evidencias del Ministerio Público. Son partes en única instancia: los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores Públicos del señor Axel Alexander Gómez Matute, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “Este tribunal de sentencia declara probados, de manera expresa y terminante, el siguiente hecho: UNICO: El día sábado treinta de junio de dos mil dieciocho a eso de las nueve de la mañana agentes de la Policía Militar realizan un patrullaje de rutina en la colonia Nueva Suyapa frente al portón de AGAFAM, en ese momento el señor AXEL ALEXANDER GOMEZ MATUTE en compañía de otra persona, caminaba por el lugar llevando en su mano una bolsa plástica negra dentro de la cual tenía diecinueve bolsitas plásticas transparentes conteniendo cada una marihuana con un peso total de treinta y seis coma seis (36,6g ) gramos, las que AXEL ALEXANDER llevaba con el propósito de transferirlas a terceras personas.” Recurso De Casación: La recurrente Abogada Ana Eloisa Montes, en su condición de Defensora Pública del señor del señor Axel Alexander Gómez Matute, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESIÒN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÒN DE LEY. PRIMER MOTIVO: "Infracción de Ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 22 de la Ley de Uso Indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas". PRECEPTO AUTORIZANTE: “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal.” EXPOSICIÒN DEL MOTIVO: “La norma sustantiva infringida es el Articulo o 22: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local, o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, sicotrópicos u otras drogas peligrosas”. Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese articulo por las razones siguientes así: El Juzgador en referencia declaró como Hecho Probado el siguiente: PRIMERO : “El día sábado treinta de junio de dos mil dieciocho a eso de las nueve de la mañana agentes de la policía militar realizan un patrullaje de rutina en la colonia Nueva Suyapa frente al portón de AGAFAM, en ese momento el señor AXEL ALEXANDER GOMEZ MATUTE en compañía de otra persona, caminaba por el lugar llevando en su mano una bolsa plástica negra dentro de la cual diecinueve bolsitas plásticas transparentes conteniendo cada una marihuana con un peso total de treinta y seis como seis (36,6g) gramos, las que AXEL ALEXANDER llevaba con el propósito de transferirlas a terceras personas.” La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de esa realidad concreta se extraen todas las consecuencias que de ella se deriven, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. El Juzgador sentenciador, al emitir condena, contra AXEL ALEXANDER GOMEZ MATUTE, lo hace en una completa mala aplicación del artículo 22 de la Ley sobre uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, vemos que en este articulo 22 literalmente dice “Se le impondrá la Pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras”, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a título gratuito o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas, es claro que para que el presente artículo sea consumado necesariamente debe de reunir todos los requisitos, no obstante en la causa de merito no se cumplen, todos los requisitos, puesto que nunca se menciono en el juicio, que el acusado intencionalmente facilito el local o los medios de transporte y el Honorable Tribunal es del criterio que la acción ejercitada por el acusado es tendiente a transportar, una pequeña bolsa que contenía marihuana, no constituyendo el cuerpo de la persona un medio de transporte. Por otra parte en esta ley se define la marihuana, donde se comprende todas las partes de la planta cannabis sativa, las semillas de la misma, la resma extraída de cualquier parte de la planta y todo compuesto, producto, derivado , mezcla o preparación de tal planta, de sus semillas o de su resma, en tanto que el numeral 27 de la referida norma, define la posesión, como la tenencia ilícita de sustancias controladas, materia prima o semillas de planta de las que se puedan extraer sustancias controladas y por sustancias controladas se entiende como toda sustancia peligrosa, fármaco, droga, estupefaciente, narcótico y psicotrópico, natural o sintético de fiscalización estatal. Analizando lo anterior llegaremos a determinar que en efecto la marihuana es una sustancia básica y esencial, que además es una materia prima, sujeta a múltiples transformaciones y que también es una sustancia psicotrópica natural, controlada por el Estado, por lo tanto no debe limitarse el concepto de la posesión únicamente a la tenencia de hojas de marihuana, pues el concepto de la posesión es mucho más que eso de venta de drogas y esto es en base a lo que establece la ley respectiva. Otra de las situaciones es que para que el delito de transporte de droga se configure, requiere que una o más personas determinadas le proporcionen local o transporte a otros u otras personas también determinadas para que se dedique a actividades de venta de drogas o sustancias prohibidas, la acción típica no puede configurarse si se trata del mismo dueño, pues según fuera el caso, el ilícito sería el de posesión o el de tráfico, pero que el trafico en el caso de merito tampoco se enmarcada ya que tampoco se acredito que el sentenciado haya estado realizando actividades de comercio ilícito, ni que estuviera transportando drogas o entregándoselas a otras personas para tal fin, dicho lo anterior, podrán ustedes determinar que en realidad la resolución del Tribunal de sentencia, violenta la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito, Drogas y Sustancias Psicotrópicas. APLICACIÓN PRETENDIDA. Partiendo de la declaración de los hechos probados, consideramos que se ha infringido un precepto penal por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo el artículo 22 de la Ley de Uso indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas, por lo que se pretende que se admita y se declare formalizado, enunciado y desarrollado el presente recurso, procediendo a anular y a revocar la sentencia recurrida decretando la absolución de toda responsabilidad penal al Imenor infractor de la infracción penal por el cual se le condeno.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley Único Motivo. Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia Infringida: Artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de drogas y Sustancias Psicotrópicas. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación debida de la norma sustantiva. Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se anule y revoque la sentencia recurrida decretando la absolución de toda responsabilidad penal por la cual se le condeno. Establece el recurrente que el sentenciador ha realizado una mala aplicación de lo establecido en el artículo 22 de la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, ya que el criterio del tribunal es qué el imputado transporto una bolsa pequeña que contenía marihuana, por lo tanto el recurrente alega, que el cuerpo de la persona no es un medio de transporte y se requiere que una o más personas le proporcionen local o transporte a otros u otras personas para que se dedique a actividades, como ser la venta de drogas. Siendo así que en el presente caso el ilícito sería el de posesión para el consumo o tráfico ilícito de drogas, pero con la prueba aportada no se enmarca ya que no se acredito que su representado haya estado realizando actividades de comercio ilícito, ni transportando droga o entregándosela a otras personas, violentado así los establecido en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Del Delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el tráfico Ilícito de Drogas El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Como lo explica ACALE SANCHEZ, “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató.” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico Salud Pública, pues supone un acto material de difusión de la droga.” Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”. De lo dicho anteriormente podemos entonces colegir que, para configurar el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en necesario que converjan los siguientes elementos: 1. Que una persona, de manera intencional, facilite un medio de transporte. 2. Que esa facilitación sea con el objeto de traficar. Es decir, en proporcionar los medios necesarios para lograr la ejecución; en otras palabras, para que un individuo pueda ser considerado agente facilitador es necesario que exista una persona a quien se le facilita. Del Delito de Posesión Para el Consumo de Droga (Marihuana). El artículo 26 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas dispone, lo siguiente: “La persona que sea sorprendida en posesión de cigarrillos de marihuana o su equivalente en hoja seca o pasta básica o de cualquier otra droga que produzca dependencia, en una cantidad mínima, tal que, de acuerdo con el dictamen del Departamento Médico Legal del Poder Judicial o de un médico empleado por el Estado, a falta de aquél, sea considerado para su consumo personal inmediato, se le aplicarán las siguientes medidas de seguridad: a) Por la primera vez, internamiento hasta por 30 días y multa de quinientos a un mil lempiras; b) Por la segunda vez, internamiento de 30 a 90 días y multa de mil a cinco mil lempiras; y, c) Si se tratare de un fármaco dependiente o drogadicto, será internado en un centro de rehabilitación para su tratamiento hasta lograr su resocialización; esta medida se aplicará aun tratándose de la primera vez. La misma medida se le impondrá a quien sin ser fármaco dependiente, reincide por tercera vez y multa de cinco mil a diez mil lempiras. En los casos en que la posesión o tenencia exceda de la cantidad mínima considerada para consumo personal inmediato, se entenderá como violación al Artículo 18 de esta Ley.” Explica Molina Mansilla que, según la jurisprudencia española, para que se configure el tipo penal en estudio es necesario, la concurrencia de los siguientes requisitos: 1. Acreditar que el portador de la sustancia estupefaciente sea consumidor de esa sustancia. 2. Que el sujeto no posea una pluralidad de sustancias. 3. La cantidad poseída no puede exceder del acopio medio para autoconsumo. Considera más adelante la misma autora que si la cantidad de droga incautada, supera el acopio medio, tendrá la consideración de tenencia preordenada, para el tráfico, aunque haya quedado probado la toxicomanía del sujeto. Consecuencia de ello es que la cantidad de notoria importancia impedirá la apreciación de la posesión para el autoconsumo. Por el contrario, si la tenencia no está orientada a la difusión solo cabe que se destine al autoconsumo…” Posesión Preordenada Para el Tráfico de Drogas Para que estemos ante la figura de posesión preordenada para el tráfico, es necesario que en el proceso queden acreditados indicios que muestren la intencionalidad de posesión con ánimo de traficar. En ese sentido la jurisprudencia de los Tribunales españoles establece como requisitos para que la posesión de droga sea considerada con la finalidad de traficar, lo siguientes: 1. Se trata de un delito en el que ha de converger el concurso entre el objeto material y la intención de destinarla al tráfico, es decir que la mera posesión para el consumo no es el fin del imputado, sino que la posesión es el medio para lograr la comercialización de las sustancias ilícitas. 2. El adelantamiento de las barreras de protección hace que el delito quede consumado con la mera tenencia de las sustancias prohibidas con la finalidad de tráfico. 3. Se considera la figura de la posesión aun cuando el sujeto no tenga en su poder el objeto ilícito, pero tenga disponibilidad sobre él, pues quienes manejan el destino de la droga son indudablemente traficantes, aun cuando nunca hayan tenido materialmente la droga en su poder. Ello ocurre en los casos siguientes: a. En el envío y recepción de droga a distancia: El poseedor es el receptor o destinatario de la droga cuando existe mutuo acuerdo de voluntades entre éste y el remitente. b. La utilización del denominado servidor de la posesión - cuando uno o varios sujetos poseen, a través de un tercero, el objeto ilícito, no destinado al autoconsumo – y el acuerdo de voluntades – la posesión de la droga se atribuye a aquellos que aceptan o dominan el destino de la droga. (El servidor de la posesión sería en nuestro ordenamiento jurídico, el de los imputados que participan en el delito de facilitación de transporte o de local para el Tráfico Ilícito de Drogas). 4. La única tenencia típica es la preordenada para el tráfico. 5. La drogadicción no es un elemento que excluya por sí la tipicidad de la tenencia de estupefacientes. 6. La posesión abstracta es impune. De ello se infiere que si la posesión no esta orientada a la difusión de la droga, solo cabe que se destine al autoconsumo. La Cantidad de Droga incautada es uno de los elementos a tomar en Consideración Uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.., teniendo siempre en cuenta en primer lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo. Ciertamente que en esta clase de asuntos, las conclusiones de la prueba pericial toxicológica, no deben ser concluyentes para establecer, por sí solas y sin más ejercicio probatorio, sobre la finalidad que persigue el acusado en posesión de la droga incautada. En este sentido, la prueba pericial vista de esta forma es una prueba útil y necesaria para determinar científicamente el tipo de sustancia, su peso, cantidad o calidad, más no inevitablemente concluyente para determinar el elemento subjetivo del tipo. El establecimiento de límites rígidos de carácter cuantitativo a partir de los dictámenes toxicológicos, para determinar el ánimo o elemento tendencial en el procesado, traería el riesgo de crear un sistema de presunciones absolutas de destino al tráfico cuando en aquellos se exprese que la cantidad de droga examinada no se corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo, soslayando la intención del sujeto que es lo que en todo caso debe prevalecer, dando lugar a un Derecho penal de mera sospecha que entra en abierta contradicción con el principio de culpabilidad que debe imperar en todo Estado democrático de Derecho. Corresponde entonces al Juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; y es que en la medida de que la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a tener en consideración, habrá que examinar el resto de los indicios concurrentes en el caso concreto. Para estimar un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que, a través del recurso de casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados) producto de la correcta fundamentación jurídica que se invoca, de tal suerte que resultan infringidas las normas que sí corresponde aplicar, el precepto erradamente invocado o el incorrectamente interpretado. El artículo 360 del Código Procesal Penal supracitado hace referencia como objeto de la infracción, a un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. Cuando se habla de un precepto penal de carácter sustantivo, se hace alusión a las normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil ex delicto; es decir, aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo que se encuentran en el Código Penal. En el caso que ahora nos ocupa, esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (hechos probados) y no ha detectado un quebranto de las normas penales que ha utilizado el sentenciador para encuadrar las acciones cometidas por el acusado, acciones que merecen reproche casacional de acuerdo con la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores; se puede inferir que el hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencia que corre a folio 80, donde se establece que ‘’el señor Axel Alexander Gómez Matute en compañía de otra persona, caminaba por el lugar llevando en su mano una bolsa plástica negra dentro de la cual tenía diecinueve bolsitas plásticas transparentes conteniendo cada una marihuana con un peso total de treinta y seis coma seis (36.6g) gramos, las que Axel Alexander Gómez Matute llevaba con el propósito de transferirlas a terceras personas.’’ es del criterio que la conducta del imputado Axel Alexander Gómez Matute se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, siendo necesario que se converjan los siguientes elementos: 1. Que una persona, de manera intencional, facilite un medio de transporte. 2. Que esa facilitación sea con el objeto de traficar. Es decir, en proporcionar los medios necesarios para lograr la ejecución; en otras palabras, para que un individuo pueda ser considerado agente facilitador es necesario que exista una persona a quien se le facilita. Indudablemente constituye un hecho punible y se constituye el elemento objetivo del delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Siendo así dichos alegatos son improcedentes. Por lo anteriormente expuesto. Decisión Se declara sin lugar el motivo de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa pública. De La Procedencia De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Axel Alexander Gómez Matute la pena principal de seis años de reclusión por ser considerado como autor penalmente responsable del delito de Facilitación de Medios de Transporte Para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población Hondureña; así como también, a la pena principal de multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00); más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV(Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (artículo 312.5 del nuevo Código Penal), entendiéndose como tal: I. Diez mil gramos (10.000g) de marihuana; II. Mil gramos (1000g) de hachís; III. Dos mil gramos (2000g) de cocaína; IV. Dos mil gramos (2000g) de alcaloide derivado de la cocaína; V. Sesenta gramos (60g) de opio o de sus derivados; VI. Doscientos gramos (200) de droga sintética; o, VII. Cuatrocientos mililitros (400ml) cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso actual y concreto, conforme al hecho probado, el señor Axel Alexander Gómez Matute se encontraba en posesión de 36.6g de marihuana, gramos de marihuana si se aplicara el nuevo Código Penal, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP con la pena de 01 a 03 años de prisión en casos de menor gravedad, más multa de 100 a 500 días, equivalente a L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00. Al haber declarado el tribunal de sentencia la ausencia de circunstancias agravantes y tener la atenuante de no contar con antecedentes penales; datos personales que motivan la imposición de una pena de un (1) año de prisión, más multa de cien (100) días, a razón de veinte lempiras exactos (L20.0) por cada día, dando un total de dos mil lempiras (L. 2,000.00). A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, como la de multa, le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66, 580 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ana Eloísa Montes, en su condición de Defensora Pública del señor Axel Alexander Gómez Matute a quien se le condenó por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Droga en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Axel Alexander Gómez Matute; en consecuencia, reforma el pronunciamiento primero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: Que debemos condenar y condenamos al acusado Axel Alexander Gómez Matute, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable de un delito consumado de Tráfico de droga en perjuicio de la Salud Pública, a cumplir las penas principales siguientes: prisión por un (01) año, a la que deberá de reducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; multa de de cien (100) días, a razón de veinte lempiras exactos por cada día, dando un total de dos mil lempiras (L.2,000.00.); y a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Tercero: Se mantienen incólumes los pronunciamientos: segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia impugnada. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-335-2019.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL