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Sentencia CP-329-19 — Registro 17084

Resumen

En primer instancia se condena al imputado como autor responsable del delito de Homicidio Simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"..El Motivo no es de Recibo. Conforme los lineamientos planteados en la fundamentación jurídica de este fallo, esta Sala de lo Penal se ha dado a la tarea de establecer cuáles son los requisitos y lineamientos necesario para la conformación y argumentación de un recurso de casación, que como todos sabemos es un recurso extraordinario que requiere de una técnica especial para su resolución, técnica que no corresponde a un asunto antojadizo de esta Sala de Casación, sino que son parámetros que se han establecido tanto en la doctrina penal como jurisprudencialmente. En el caso de autos el censor no ha utilizado la técnica recursiva necesaria para que esta Sala de lo Penal proceda a hacer una revisión del supuesto vicio denunciado, pues el censor plantea inobservancia a las reglas de la sana crítica, estableciendo en qué consisten dichas reglas, pero obvia en primer lugar establecer cuál regla de la sana crítica considera violentada, cuáles son los razonamientos erróneos del A-quo, en que parte de la sentencia se encuentran esos yerros judicial y cómo violentó esa regla del correcto pensamiento humano. El recurrente erróneamente cuestiona la prueba, las declaraciones testificales, externando criterios subjetivos de cómo se debió valorar la prueba y cómo debió concluir el Sentenciador, sin embargo dicho proceso mental no es propio de este recurso de casación pues no puede haber una revaloración del material probatorio, esa tarea compete únicamente al Juez quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, ni a esta Sala de lo Penal le está permitido revalorar la prueba; por último el impetrante realiza cuestionamientos de instancia, como si se tratara de un recurso ordinario como la apelación o la reposición en los cuales se puede cuestionar todos las incidencias ocurridas en el proceso, pero en el recurso de casación los vicios que se señalan en los artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal son numerus clausus y cada uno de ellos requiere de maneral puntual su técnica necesaria para lograr que el máximo Tribunal revise ese yerro judicial. Presentándose el motivo como falto de claridad y precisión, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo por lo que este único motivo de casación debe ser declarado no ha lugar..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"..El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 1. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 2. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: d. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. e. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. f. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Julián Flores Trochez, la pena principal de quince (15) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de Homicidio, en perjuicio de Oscar Rodríguez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 192) cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-329-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha seis de septiembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-329-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de diciembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Julián Flores Trochez, como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Oscar Rodríguez a la pena principal de quince años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Julián Flores Trochez a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado Julián Flores Trochez la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede el comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de Defensores Privado del señor Julián Flores Trochez, como parte recurrente; y la Abogado Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. I HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes:PRIMERO: En fecha uno de febrero del dos mil quince en la aldea El Mochito,municipio de Las vegas, departamento de Santa Bárbara, aproximadamente a las nueve y media de la noche en el patio de acceso a la mina de la aldea El Mochito, cuando el señor Oscar Rodríguez, se disponía a entrar a la mina se le acercan dos individuos entre ellos el imputado Julián Flores Trochez, quien utilizando un arma de fuego le infiere un disparo a Oscar Rodríguez, a la altura del lado de la cara provocándole una herida de entrada en la zona maxilar y con un orifico de salida en el lado izquierdo del cuello, lo que le causa la muerte de forma inmediata.” II RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de Defensor Privado del señor del señor Julián Flores Trochez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÙNICO: "POR CONTENER LA SENTENCIA MOTIVACIONES CONTRADICTORIAS E INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA". Precepto Autorizante: “Artículo 362 (numeral 3) del Código Procesal Penal”. Explicación Del Motivo: “Primero: la sentencia recurrida, en los hechos declarados probados establece: Hecho único: que en fecha uno de Febrero del año dos mil quince, en la aldea el Mochito, municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara, aproximadamente a las nueve y media de la noche, en el patio de acceso a la mina de la aldea el Mochito, cuando el señor Oscar Rodríguez, se disponía a entrar a la mina se le acercaron dos individuos entre ellos el imputado Julián Flores Troches, quien utilizando un arma de fuego te infiere un disparo Enero a Oscar Rodríguez, a la altura del Lado de La Cara provocándole una herida de entrada en la zona maxilar y con un orificio de Salida en el Lado Izquierdo del cuello, lo que le causa la muerte de forma inmediata. Primero:corresponde en este motivo desarrollar a cabalidad las Contradicciones y ausencia de valoración de material probatorio conforme la sana critica, esto implica utilizar la lógica, máxima de la experiencia, psicología entre otras, pues afirma El Tribunal en primer lugar que le da absoluta credibilidad a las declaraciones rendidas por el testigo protegido con Clave OSO y la del señor Eulices Rodríguez Paz, y que en conjunto con el resto de la prueba documental evacuada en el juicio se establece el hecho probado; Sin embargo esta defensa no comparte el criterio del Tribunal De Sentencia. Por qué dichos testimonios al analizarse y compararse entre si no se concatenan, ni se nexan para poder dar la certeza que según el Tribunal adquirió con dichos testimonios para declarar culpable a mi representado. Con el presente recurso, esta defensa pretende señalar las normas procesales que se inÍringieron en la presente sentencia, y para el caso el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida; esta norma procesal penal, fue infringida por el tribunal, y señalo con claridad por qué razón, esta defensa sostiene que no se observaron las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba; En Primer Lugar, según El testigo protegido con Clave Oso, Declara que el día 01 de febrero del año 2015, como a eso de la 9:30 Pm, el va en el Bus que transporta a los empleados de la Mina, el mochito, que ahí también va la Victima, señor Oscar Rodríguez, agrega además, que también van otras personas más con ellos, pero que el observa a dos personas que se le acercan al señor Oscar Rodríguez, y uno de ellos saca un Arma de Fuego de la Cintura y le dispara en la cabeza al señor Oscar Rodríguez y que identifica a mi cliente Julián Flores Trochez, como la persona que le dispara a Oscar Rodríguez, que luego estas dos personas, salen corriendo del lugar; Nótese que en la presente causa solo existe este testimonio que involucra a mi cliente en el hecho, no existe otra persona que diga o indique que miro a mi representado cometer el hecho; y menciono esto porque en el lugar habían más de Diez personas, y por qué las otras demás, no fueron llevadas al Juicio, para sustentar o confirmar lo declarado por el testigo protegido; Las investigaciones en este tipo de caso deben ser completas, exhaustivas y minuciosas que el resultado no deje ni el mínimo de duda que el responsable participo en el hecho; sin embargo, a ninguna de estas personas se les tomo declaración ni si quiera administrativamente, por lo que el testimonio de este Testigo Protegido, no es suficiente para declarar culpable a mi cliente del Delito de Homicidio, sin embargo el Tribunal De Sentencia le da absoluta credibilidad, y lo asocia con otro testigo de referencia como lo Es el señor Ulices Rodríguez Paz, testigo que no estuvo presente cuando ocurrieron los hechos; quien deporte que a él lo llamo un amigo de nombre José Luis Trochez, y le informo que habían matado a su padre señor Oscar Rodríguez, y que además le manifestó que el hechor había sido Juliàn! Flores Trochez. Observemos que el Tribunal De Sentencia dice que ambos testigos en forma clara, sin dudas ni reticencias, sostienen que fue mi cliente Julián Flores Trochez, quien le dio Muerte al señor Oscar Rodríguez; acá es preciso aclarar, que si bien es cierto los dos testigos dicen que mi cliente participo en el hecho, no es menos ciertos que estos testimonios no se relacionan ni se concatenan entre sí, Pues el señor Ulices Rodríguez Paz, solo menciona que a él le dijeron, que Julián Flores Mato a su padre, Indica que se lo conto José Luis Trochez, pero no sabemos si este José Luis Trochez, Estuvo en el Lugar y observo los hechos o también, se lo contaron o escucho de otra persona, porque si así fuera no es un testigo de referencia, entonces no cabe duda que a este proceso solo fue traído un testigo protegido, que asegura haber visto a mi cliente cometer el hecho, pero este testimonio no está sustentado por otra prueba, ya sea testifical o documental; sin embargo con la prueba que presento esta Defensa, como ser el Testigo Carlos Roberto Vásquez Guevara, desvirtuó la participación de mi cliente en los hechos, ya que este testigo, también se transportaba en el mismo Auto Bus, que iba la Victima y el testigo protegido, y nuestro testigo, asegura, que las personas que le dispararon al hoy Occiso, no fueron reconocidas por ninguno de los que ahí estaban, ya que ese hecho fue rápido, y los supuestos hechores salieron corriendo, y durante ese momento de los hechos, nadie comento haber conocido a los partícipes del hecho; Pero El Tribunal De Sentencia, no te da credibilidad, a pesar que este estuvo en el lugar de los hechos; entonces es más que claro, que la prueba no fue valorada, conforme a lo ordena la Ley, infringiendo o inobsevado las normas procesales 202 y 236, del Código Procesal Penal; pues el sentido común y la experiencia nos indica que un testigo puede venir a decir la verdad o a mentir, existen esas dos opciones, y solo podemos determinar si está diciendo la verdad, con otra prueba que coincida con su testimonio, en el caso que nos ocupa no ocurrió de esa manera, no existe otra prueba que sustente el testimonio del testigo protegido; además, los testigos, deben ser personas de reconocida Honorabitidad, Idóneos, pero en este caso como no sabemos quién es, que certeza tenemos de que no es una persona que en la sociedad, carece de credibilidad, por esa razón era necesaria otra prueba, que confirme su dicho, de lo contrario tuvo que haberse dictado una Sentencia absotutoria. La Lógica y la Psicología, también nos indica que cuando ocurre um hecho de esta naturaleza, es decir que se escucha un disparo, la reacción Natural de la persona, es buscar cubrirse o protegerse para no ser atacado, y proteger su vida, nadie se queda parado observando y esperando que también pueda dispararle, entonces por experiencia estoy seguro, que lo mismo ocurrió en este caso, las personas que están en el lugar al escuchar el disparo, buscaron protegerse y no reconocieron a los hechores, ya que eso fue rápido y los mismos salieron corriendo, por esa razón la prueba alegado a juicio, no es sufiente para declarar culpable a mi representado, pero el Tribunal De Sentencia, Valorando incorrectamente la prueba, condena a mi cliente. Así mismo a pesar de que El Honorable Tribunal intenta aplicar la lógica y sentido común al de acomodar descartando las incongruencias de los testigos de cargo, la máxima de la experiencia nos dice también, que un caso de esta naturaleza donde una persona perdió la vida, la investigación es compleja, en donde debe interrogarse a todas las personas que estaban cerca del lugar, pero en este caso la investigación solo abarca la declaración de dos testigos uno que supuestamente observo los hechos y otro es un testigo de referencia y que de paso sea tiene interés en el caso, ya que es el hijo del muerto, pero a las demás personas que también ahí estaban en ningún momento se les tomó declaración a pesar que el Ministerio Publico, tuvo conocimiento de ello desde el inicio de este proceso, por esa razón esta defensa indica que no ha existido una apropiada investigación, por lo tanto no existe la certeza de que mi cliente participo en el hecho que se le imputa; estas circunstancias el Tribunal de Sentencia, no las observo, aspectos que tuvieron que ser tomados en cuenta, porque no existe otro medio de prueba que corrobore o reafrrme el testimonio de estos testigos. Como lo Recalcamos, el tribunal ha obviado la aplicación de las reglas de la sana critica, pues no aplicado de forma clara, sucinta y precisa como realiza la valoración causal entre cada una de las pruebas, es decir, no ha dado una correlación lógica entre los hechos declarados probados, la valoración de la prueba y su fundamentación jurídica para llegar a esa resolución, por lo tanto al no hacer una valoración lógica omite la aplicación de las reglas de la sana critica al no advertir la existencia material probatorio que favorece al imputado y que excluye de su valoración y solamente lo toman las partes que o perjudican. RECLAMO. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señalamos que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por el cual el reclamo lo constituye el presente recurso. APLICACION PRETENDIDA. Que, con toda la contradicción señalada anteriormente, es de nuestro criterio que debe dictarse una sentencia absolutoria.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Explicó el recurrente que se infringió lo establecido en el artículo 202 del código procesal penal donde el tribunal no observo las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba, como ser la documental ya que únicamente establecen el hecho probado, en relación a la prueba testifical al analizarse y compararse entre si no se concatenan, no dando la certeza que el imputado haya tenido participación a los hechos que se le imputa, por lo que los indicios que se toman como prueba de certeza por parte del tribunal son extremadamente débiles. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 1. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme los lineamientos planteados en la fundamentación jurídica de este fallo, esta Sala de lo Penal se ha dado a la tarea de establecer cuáles son los requisitos y lineamientos necesario para la conformación y argumentación de un recurso de casación, que como todos sabemos es un recurso extraordinario que requiere de una técnica especial para su resolución, técnica que no corresponde a un asunto antojadizo de esta Sala de Casación, sino que son parámetros que se han establecido tanto en la doctrina penal como jurisprudencialmente. En el caso de autos el censor no ha utilizado la técnica recursiva necesaria para que esta Sala de lo Penal proceda a hacer una revisión del supuesto vicio denunciado, pues el censor plantea inobservancia a las reglas de la sana crítica, estableciendo en qué consisten dichas reglas, pero obvia en primer lugar establecer cuál regla de la sana crítica considera violentada, cuáles son los razonamientos erróneos del A-quo, en que parte de la sentencia se encuentran esos yerros judicial y cómo violentó esa regla del correcto pensamiento humano. El recurrente erróneamente cuestiona la prueba, las declaraciones testificales, externando criterios subjetivos de cómo se debió valorar la prueba y cómo debió concluir el Sentenciador, sin embargo dicho proceso mental no es propio de este recurso de casación pues no puede haber una revaloración del material probatorio, esa tarea compete únicamente al Juez quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo, ni a esta Sala de lo Penal le está permitido revalorar la prueba; por último el impetrante realiza cuestionamientos de instancia, como si se tratara de un recurso ordinario como la apelación o la reposición en los cuales se puede cuestionar todos las incidencias ocurridas en el proceso, pero en el recurso de casación los vicios que se señalan en los artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal son numerus clausus y cada uno de ellos requiere de maneral puntual su técnica necesaria para lograr que el máximo Tribunal revise ese yerro judicial. Presentándose el motivo como falto de claridad y precisión, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo por lo que este único motivo de casación debe ser declarado no ha lugar. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 1. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 2. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: d. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. e. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. f. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Julián Flores Trochez, la pena principal de quince (15) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de Homicidio, en perjuicio de Oscar Rodríguez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 192) cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de defensor privado del señor Julián Flores Trochez, como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Oscar Rodríguez. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a nueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-329-2019. Wily Alexander Medina Perez RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL