Sentencia CP-322-19 — Registro 17082
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
el recurso no es de recibo. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley o Doctrina Legal, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; contrario a ello el pretensor ataca medios de prueba. El recurrente, iniciando el desarrollo de su libelo, señala que se aplicó indebidamente los artículos 15, 31,32, 66 y 117 del Código Penal, para efectos del Recurso de Casación por Infracción de Ley, se debe tener la declaración de hechos probados de la sentencia como una verdad irrebatible y que es sobre su base que debe estudiarse si existió o no una correcta aplicación de la ley sustantiva, ello explicado de igual forma por esta Sala de lo Penal al definir el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados Ut Supra. El Recurrente al plantear el recurso, no tuvo presente lo expresado por el mismo, y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, redactando y atacando toda la valoración de los medios de prueba, insistiendo que ésta fue insuficiente para probar los delitos por los cuales fue condenado el acusado; Con ello el recurrente no tuvo en cuenta los hechos declarados probados en la sentencia. Al defecto de fondo en el planteamiento recursivo, se suma un defecto de forma: la falta de precisión en el planteamiento del recurso, pues en único motivo, haciendo una exposición conjunta, denuncia la indebida aplicación de diez (10) normas entre sustantivas y procesales distintas, lo que debió ser expuesto en un desarrollo independiente, con un análisis detallado de cada una de las figuras e instituciones penales, exponiendo y demostrando en cada caso como éstas supuestamente no debieron de ser elegidas para gobernar los hechos declarados probados. El recurrente al apelar a la revalorización de los medios de prueba, se desmarca de los principios que rigen el Recurso interpuesto y que él mismo expuso al inicio del libelo, por lo que debe ser declarado sin lugar. En definitiva, no puede el recurrente apelar a la prueba en un esfuerzo de plantear versión alterna de los hechos ignorando la soberanía del Tribunal de Sentencia en cuanto a su definición, olvidando que la denuncia ha de respetar fielmente el relato fáctico.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real, se impuso al señor Julio Rivera las siguientes penas: 1. Veinticinco (25) años de reclusión como autor material directo del delito de asesinato, en perjuicio de Cayetano Rivera Bonilla. 2. Veinticinco (25) años de reclusión como autor material directo del delito de asesinato, en perjuicio de Benita Mejía. 3. Dos (2) años de reclusión, como autor material directo del delito de asesinato, en perjuicio de Maria Maribel Rivera. En suma, la pena concreta impuesta al acusado es de 52 años de reclusión, de los que cumplirá solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato (Art.193) tiene un tipo penal básico con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo agravado con una pena de 25 a 30 años de prisión, cuando concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, aspecto que no se contempla en la presente causa: El delito de lesiones está contemplado en los artículos 199, 200 y 201 determinados de la manera siguiente: Tipo Penal Básico: Con una pena de 1 a 4 años de prisión: con una pena de 6 meses a 1 años de prisión cuando la lesión sea de menor gravedad. Tipo Penal Agravado: Con una pena de 4 a 6 años de prisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias; Alevosía, ensañamiento, precio, recompensa remuneratoria, Utilización de Armas o instrumentos peligrosos para la vida o la salud, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, escaso desarrollo intelectual o físico y razones de género. Tipo Penal Agravado; Con una pena de 8 a 12 años de prisión, cuando se mutila o inutiliza un miembro u órgano principal de otra persona o le causa impotencia, esterilidad o una enfermedad o deformidad grave. No se contemplan circunstancia agravantes ni atenuantes en cuando a los dos delitos de Asesinato, resultando un marco abstracto de 20 a 25 años de prisión: Del hecho probado de la sentencia recurrida, se desprende que se dan las circunstancias agravantes especificas del tipo penal; La alevosía y la utilización de armas de fuego, en la comisión del delito de lesiones (Art. 200 numerales 1 y 4), por lo que la pena a aplicar es de 4 a 6 años de prisión. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 44 a 56 años de prisión, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, debido a que dos de las penas individualizadas superan los 20 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la suma de las penas impuestas en la sentencia recurrida de 52 años, se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de las penas en concurso real del NCP decreto 130-2017; además El limite objetivo extraordinario de cumplimiento material de las penas es de 40 años de prisión, ( no aplica el limite objetivo ordinario), lo que resulta mayor al único límite de cumplimiento de pena establecido en el decreto 144-83; el limite subjetivo de cumplimiento seria de 75 años de prisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-322-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha dieciséis del mes de octubre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-322-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Julio Rivera, como autor, del delito consumado de Asesinato, en perjuicio de Cayetano Rivera Bonilla, a la pena de veinticinco años de reclusión. Segundo: Condenó a Julio Rivera, como autor, del delito de Asesinato, en perjuicio de Benita Mejía, a la pena de veinticinco años de reclusión. Tercero: Condenó a Julio Rivera, como autor, del delito consumado de Lesiones en perjuicio de María Maribel Rivera a la pena de dos años de reclusión. Cuarto: Condenó a Julio Rivera a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta en los delitos mayores, Inhabilitación Especial por los delitos menores, e Interdicción civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión. Quinto: Se declaró a Julio Rivera responsable civilmente de la reparación de los daños materiales, morales y la compensación de gastos ocasionados por los delitos. Sexto: No procedió condenar costas. Séptimo: No procedió decretar el comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Maynor Donaly Membreño Cruz, en su condición de Defensor Privado de Julio Rivera, como parte recurrente, y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado, el hecho siguiente: PRIMERO: Que en fecha doce (12) de Febrero del año Dos Mil Once (2011) aproximadamente a las seis con treinta minutos de la tarde (06:30 p.m.), en la aldea San Antonio, jurisdicción del Municipio de Mapulaca Departamento de Lempira, cuando el señor CAYETANO RIVERA BONILLA, ingresaba al garaje de su casa de habitación, fue sorprendido por un grupo de personas armadas entre ellas JULIO RIVERA, quienes disparaban en su humanidad causándole varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, mismos que provocaron la muerte. SEGUNDO: Que en fecha doce (12) de Febrero del año Dos Mil Once (2011) acto seguido del descrito en el hecho probado anterior, en la aldea San Antonio, jurisdicción del Municipio de Mapulaca Departamento de Lempira, el señor JULIO RIVERA auxiliado por dos personas más dio muerte con una arma de fuego a la señora BENITA MEJIA, cuando esta se encontraba en la parte trasera de su casa de habitación intentando huir para resguardar su vida, impactándole múltiples disparos en todo el cuerpo hasta desfigurarle el rostro. TERCERO: Que en la misma fecha, hora y lugar señalados en los acápites que anteceden, durante ocurrió el hecho probado segundo que antecede, el señor JULIO RIVERA, hirió en la rodilla izquierda al dispararle con un arma de fuego a MARIA MARIBEL RIVERA, incapacitándola por quince días.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Maynor Donaly Membreño Cruz, en su condición de Defensor Privado del señor Julio Rivera procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “I. CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY ODOCTRINA LEGAL MOTIVO PRIMERO, INFRACION POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL PRECEPTO PENAL SUSTANTIVO CONTENIDO EN LOS ARTICULOS 13, 14, 18, 27 numeral 2 y 6, 117 numeral 1 y 2 y 136 del código Penal y una norma Jurídica de carácter sustantivo contenida en los artículos 18, 19, 198 y 339 DEL CODIGO PROCESAL PENAL el Artículo 13 del Código Penal establece; El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo. El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la probabilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan. El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando o es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente El delito culposo solo será punible en los casos expresamente determinados por la ley. En ningún caso la pena de un delito culposo podrá ser mayor que la correspondiente a ese mismo delito se hubiera cometido dolosamente. Cuando así ocurra, se impondrá la pena del delito doloso rebajada en un sexto. Artículo 14 del código penal establece: El delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal. Artículo 18 del código penal establece: El delito se considera realizado en el momento de la acción u omisión, aun cuando sea otro el momento del resultado. Articulo 27 numeral 2 y 6 del código penal establece: Ejecutar el delito con alevosía, hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas de la ejecución que tiendan directa o especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido Numeral 6 Obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz Artículo 117 de código penal establece. Es reo de asesinato quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes Alevosía Con premeditación conocida Articulo 136 de código penal establece Sera pena con reclusión de uno (1) a tres (3) años a quien produce una lesión en la que no concurra ninguna de las circunstancias dañinas a que se refiere los tres artículos anteriores pero que ocasiona, enfermedad o incapacidad para el trabajo por un término de diez (10) días n mayor de treinta (30) días, o que produzca perdida, inutilización o debilitamiento de un miembro u órgano no principal o deje cicatriz visible y permanente en el rostro El Artículo 18 del CODIGO PROCESAL PENAL establece Interpretación de pasajes oscuros de la ley, los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretaran de modo que más favorezca a la persona imputada. Artículo 19 del CODIGO PROCESAL PENAL establece Fuentes Auxiliares de la actividad judicial, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina en cuantas fuentes auxiliares de derecho, serán tenidos también en cuenta en la actividad judicial Artículo 198 del CODIGO PROCESAL CIVIL establece Finalidad de los medios de prueba, la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código Articulo INTERPRETACION DE PASAJES OSCUROS DE LA LEY... el cual establece que "los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretaran de modo que más favorezca a la persona imputada. Y el articulo 339 RESOLUCION el cual establece que "si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria: así mismo será absuelto en caso de duda razonable… PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 360 del Código Procesal Penal que establece que "habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dado los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo". PRECEPTOS PENALES QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDOS Se considera infracción por aplicación indebida de los ARTICULOS 13, 14, 18, 27.2 y 6, 117 numeral 1 y 2 y 136 del código Penal y una norma Jurídica de carácter sustantivo contenida en los artículos 18, 19, 198, 339 del Código Procesal Penal EXPLICACION DEL MOTIVO. El delito de asesinato este tipo de homicidio se da cuando se mata a una persona utilizando para ello cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía 2 Premeditación 3 Inundación. incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos. La expresión siempre que haya dolo e intencionalidad”, agregada en la contra-reforma, debe entenderse en el sentido de que el uso de estas circunstancias debe hacerse con el propósito específico de dar muerte a la víctima. 4 Ensañamiento, entendiéndose que se dará esta circunstancia cuando al matar a una persona se aumente inhumana y deliberadamente el dolor del ofendido. Se establece una pena de 20 a 30 años de reclusión para el asesinato Cuando concurra más de una de las circunstancias comprendidas en el numeral 1, 2, 3, 4 de este artículo se podrá utilizar cualquiera de la establecidas en el artículo 27 para calificar el asesinato y aplicar las demás circunstancias en la determinación judicial de la pena Demas circunstancias que concurran se aplicaran a la determinación judicial de la pena Este se encuentra establecido en el Art 117 de nuestro código Procesal penal, articulo que ha aplicado incorrectamente el tribunal de sentencias al no ajustarse la declaración de los hechos probados en su sentencia con el tipo penal que establece ese artículo cuando establece como echo probado en cuanto a la valoración de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral de acuerdo a los criterios de la sana critica Es entonces necesario analizar la declaración de hechos probados por el Tribunal: PRIMERO: Que en fecha doce de febrero del año 2011 aproximada a las seis con treinta minutos de la tarde en la aldea de San Antonio jurisdicción del Municipio de Mapulaca departamento de lempira, cuando el señor CALLETANO RIBERA BONILLA ingresaba al garaje de su casa de habitación fue sorprendido por un grupo de personas armadas entre ellas JULIO RIBERA quienes disparaban en su humanidad causándole varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo mismos que provocaron su muerte. SEGUNDO: Que en fecha doce de febrero del año 2011 acto seguido del descrito en el hecho probado anterior, en la aldea de San Antonio jurisdicción del municipio de Mapulaca departamento de Lempira el señor JULIO RIVERA auxiliado por dos personas más dio muerte con arma de fuego a la señora BENITA MEJIA cuando esta se encontraba en su parte trasera de su casa de habitación intentando huir para resguardar su vida, impactándole múltiples disparos en todo el cuerpo hasta desfigurarle el rostro. T-ERCERO Que en la misma fecha, hora y lugar señalado en los acápites que anteceden, durante ocurrió el hecho probado segundo que antecede, el señor JULIO RIBERA, hirió en la rodilla izquierda al dispararle con un arma de fuego a MARIA MARIBEL RIVERA, incapacitándola por quince días. Es entonces importante determinar en este análisis si las pruebas vertidas en el juicio oral y Público han servido para demostrar en grados de certeza y consecuentemente puntualizar la convicción del juzgador para no dudar de que el ASESINATO Y LESIONES mi representado tuvo o no tuvo participación a lo cual podemos afirmar que las pruebas evacuadas en el juicio no han acreditado en manera alguna los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. El tribunal ha dictado un fallo condenatorio sin contar con las pruebas necesarias y que sin lugar a dudas dicten a todas luces indicadores de la participación directa e indirecta de mi representado JULIO RIVERA para ello, lo que se refleja en los sendas esfuerzos que hace el Honorable Tribunal para acomodar las declaraciones a un forzado fallo condenatorio tomando como argumento claro un indicio aislado como ser en este caso los díceres chismes de la gente de la comunidad donde se suscitaron los mismos (hecho que no fue objeto de probanza) establecidos por los hijos de los Fallecidos quienes tienen un interés directo y una enemistad manifiesta con mi patrocinado y quienes son los testigos del Ministerio Publico, juntamente con una acta de audiencia en el Juzgado de Paz de aquella zona el cual no es ni concluyente ni influyente en la cual llegaron a un acuerdo conciliatorio, para tomar en cuenta una clara sentencia condenatoria e contra del señor JULIO RIVERA, y de allí que los mismos hechos probados no contengan dentro de si la descripción de los elementos del tipo penal de ASESINATO y LESIONES establecido en los artículos 117 numeral 1 y 2 y 136 del Código Penal como así lo establece en su sentencia condenatoria Debido a ser el Asesinato un tipo penal delicado en cuanto a ley ya que se trata de un Homicidio grave, el Tribunal deviene obligado a citar cual es la orden, sentencia, providencia o resolución que se ha dictado en contradicción a las leyes y cuál es la ley infringida, situación que no la encontramos en los hechos probados, por lo tanto no se da ninguno de los elementos del delito de Asesinato y Lesiones con la gran escasez de medios Probatorios recordando clara mente que el principio de inocencia no puede ser enervado con simples indicios aislados la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Publico y esta debe de concatenarse y relacionarse claramente con la comisión de un delito y la participación de una persona en él. Con la prueba aportada en juico no acredita ninguno de los elementos de allí la dificultad del Tribunal al establecer los hechos que considera probados. Del análisis de la sentencia de mérito se desprende que el Tribunal toma como prueba toral las declaraciones de los testigos de cargo a quienes les da absoluta validez aun y cuando estos no son claros en sus dichos y entraron en claras contradicciones como a la vez exageraciones de los supuestos hechos, iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium (quien resuelve lo ha de hacer con base en lo alegado y probado por las partes) como consecuencia de la vigencia del principio de portación, con sustancial a sistema acusatorio a las partes les corresponde determinar el objeto del proceso, tanto en su aspecto factico (hechos que han de ser enjuiciados) como subjetivo (persona a quien se va a enjuiciar) pero el principio de participación va más allá, no solo consiste en aportar los hechos al formalizar la acusación si no también, en poner las pruebas en las que las partes intentan valerse para acreditar sus afirmaciones, por ende por actos de prueba cabe entenderse la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la evidencia necesaria para obtener la convicción del juez o tribunal decisor, sobre los hechos por ellas afirmados, claro es que, para que esa actividad tenga valides y eficacia como prueba debe ser intervenida por un órgano jurisdiccional, bajo la vigencia de los principios de contradicción e igualdad, y con respeto a las garantías constitucionales relativas a los derechos individuales Claro es que en el enjuiciamiento criminal, los órganos judiciales vienen obligados en buena medida a descubrir la verdad histórica o material, no necesariamente coincidente con la verdad formal que las partes pudieran presentar En el proceso penal por regla general los hechos probados no pueden quedar fijados en un fallo por la voluntad de las partes, si no como consecuencia del resultado de la prueba. Al analizar la prueba aportada como ser la prueba documental debemos recalcar que el ministerio publico pretendió incorporar como medios de prueba pericial dos actas de levantamiento de cadáver pertenecientes a las victimas CAYETANO RIVERA y BENITA MEJIA, las cuales fueron realizados por la juez de paz del municipio de Mapulaca por la señora ESPERANZA MEJIA quien no tiene ninguna especialidad en balística para determinar los calibres de las armas que supuestamente se utilizaron, como así mismo no tiene especialidad en patología para determinar los tipos de lesiones (ver actas de Levantamiento de cadáveres) quien ratifico dichos medios de prueba para establecer las lesiones encontradas en los cadáveres de las victimas indicando cual fue el objeto de agresor sus dimensiones, características, ubicación, la manera de muerte con lo cual el ministerio público no acredita más que efectivamente hay dos personas muertas, no así su pretensión, ya que la mismas no es un dictamen pericial y deja sobre duda de lo relatado por la señora Juez de paz de aquel municipio en virtud de carecer de los estudios y medios forense para acreditar que efectivamente así de claro es en otra palabras se denota la escases de importantísimo conocimiento científico que podría haber demostrados otras situaciones, un dictamen médico perteneciente a la ofendida MARIA MARIBEL RIVERA MEJIA realizado por el doctor RAMON ANIBAL MALDONADO ORGEGA (este si es un dictamen pericial realizado por un perito oficial forense de Ministerio Publico) el cual es claro al manifestar que es una herida en la pierna y rodilla izquierda, modificada con puntos de sutura, por lo cual para confirmar que fue herida por arma de fuego, habrá que solicitar información en el centro de salud de Mapulaca Lempira donde fue saturada (ver dictamen medico) con el que el ministerio publico pretende acreditar un delito de lesiones y otras pruebas documentales como ser acta de inspección ocular realizada por el inspector ocular CARLOS ROLANDO GALEAS (el cual se realizó cuatro días después de que sucedieron los hechos y el mismo se efectuó sin control judicial incorporado mediante lectura mediante el juicio oral) dos certificados de actas de defunción pertenecientes a los occisos CAYETANO RIVERA Y BENITA MEJIA una autorización para proceder y ejercer la acción pública de la ofendida MARIA MARIBEL, una certificación de acta de nacimiento perteneciente al acusado JULIO RIVERA y una certificación de acta de denuncia extendida por la juez de Paz de Mapulaca Lempira la señora ESPERANZA MEJIA quien en su dicho manifestó que tenía una relación de amistad con las víctimas como así también la señora MARIA MARIBEL RIVERA MEJIA a quien ella llamo en estrados como MARITA (escuchar audio de su declaración, siendo esta un indicio aislado consistente en una audiencia que sostuvieron en el juzgado de paz de Mapulaca Lempira entre el señor CAYETANO RIVERA y mi cliente JULIO RIVERA por díceres o chismes de la gente de que el señor CAYETANO RIVERA le había hecho mal hechizo a la madre del acusado JULIO RIVERA causándole la muerte tomando el tribunal de sentencias como el móvil de los hechos) Y dos declaraciones testificales del joven JOSE ARMANDO RIVERA y MARIA MARIBEL RIVERA testimonios que debieron ser muy bien valorados ya que conllevan la existencia de un delito no obstante estas declaraciones jamás dan sustento a los hechos que el Tribunal ha declarado probados por encontrase en claras contradicciones como alteraciones en sus dichos como así también no ir apegados los mismos a la realidad y la lógica por lo siguiente veamos: 1.- El testigo de cargo JOSE ARMANDO RIVERA dijo ese día iba con mi papa para la casa de acá de gracias, íbamos bajando por candelaria cuando me dio el carro para que manejara y él se montó en la plataforma de camión como a las seis y media empezaron unos disparos lo mataron detrás de la casa aquí está el hechor de eso que paso las preguntas hechas por el Ministerio público y la defensa establece que el escucho disparos en el momento que iba entrando el camión al garaje y que al bajarse del camión se percató que su padre estaba herido y que este le dijo que corriera a esconderse dijo que empiezan a disparar cuando el ya iba adentro, entrando a la casa, que se metió al garaje y se bajó a ver al papa si estaba vivo y que le dijo que corriera a esconderse que él se corrió se escondió y luego solo escucho disparos, que las personas que disparaban se encontraban como a dos o tres metros de donde él estaba que los observo cuando se bajó a ver al papa quien le dijo que corriera a esconderse porque iban atrás de mí, pregunta 30 hecha por la defensa ¿Cuando usted se baja del camión los vio a ellos?, respuesta Si los vi cuando los disparos ellos salieron adelante del camión a la carrera para que fueran abrir el portón con la luz camión pregunta 30 El camión tenía encendidas las luces Responde Si Eran las 5 de la tarde todavía se miraban las personas Pregunta 39 Vio usted quienes dispararon primero Responde No vi, Pregunta hecha por la defensa Usted vio cuando dispararon a su padre Responde: No, no vi solo oí los disparos, Usted vio quien le disparo a su mama Responde: No vi solo mis hermanas, Usted vio quien le dispararon a la señora MARIA MARIBEL RIBERA MEJIA Responde: No, no vi, pero él fue. Se denota el interés que lleva de incriminar a mi patrocinado el señor Julio Rivera - 2- El testigo de Cargo MARIA MARIBEL MEJIA manifiesta lo siguiente: Estábamos en la casa cuando mi papa iba llegando, estaba con mis hermanas nosotros ya conocemos el pito del carro y el sonido cuando escuchamos que iban llegando, cuando ellos iban por la subida llegando a la casa se empiezan a escuchar disparos y mi hermano salió a abrir el portón nosotros salimos corriendo como era costumbre salir a encontrarlos cuando ellos salían en ese momento escuchamos los disparos y fue cuando mi hermano paro el camión, entro en segundos el camión ya no vimos que iba mi papa me subí a la plataforma no miro que esta mi papa parado como es de tubos bien se ve me subí lo agarre lo levante lo sentí aguadito nada más cuando miro a julio y chello que van entrando yo me tiro en segundos digo mi mama y salgo para llevarla atrás de la casa con mi cuñado…….. Al llegar a la otra puerta de la casa que esta por el solar es cuando ellos en forma de triángulo digo que le disparan en la espalda a mi mama porque ellos nos van siguiendo por la espalda van detrás de nosotros uno está a este lado el potro acá y julio esta por este lado y fue cuando la tirason yo miro que ellos disparan yo solo sentí un ardor en la rodilla no dije nada a preguntas echas por la fiscalía y la defensa esta manifestó que estas personas portaban unas armas largas Usted dice que se baja de camión observa a su madre que hace posteriormente Respuesta Salimos con ella para pasar por la puerta de atrás mi cuñada sale adelante mi mama en medio y yo atrás íbamos rápido cuando ellos nos vieron van detrás de nosotros también En que momento observa que le disparan a su madre Responde: En el momento que vamos caminando se nos pasaron caminando adelante ellos ya no pudimos parar empezaron a disparar adelante a ella Preguntas hechas por la defensa Usted vio quien fue el primero que dispar, Responde Si Julio y chello. Donde está usted cuando mira que disparan Responde: En la casa estoy, Que tipo de armas andaban, Responde Unas armas largas andan, Como sabe usted que eran armas largas, Responde Porque yo se las pude ver que eran armas largas Con que le dispararon a usted, Responde Ellos andaban armas largas y corta cuando me hicieron la operación me aparecieron pedazos de metal Usted vio con que le dispararon Responde, Con arma larga, posterior a esta respuesta se solicita una lectura autorizada ubicada en folio 50 a 62 Porque en aquel momento (audiencia inicial) manifiesta que le dispara con una pistola y ahora nos dice que con una arma larga Responde: Yo siempre dije que con un arma larga porque es la que andaban llevando no se porque aparece allí eso. Una vez habiendo observado el comportamiento de los testigos consideramos que: La valoración de la prueba testifical La valoración del testimonio es una de las actividades básicas para tomar la decisión judicial El proceso penal tiene por objeto probar hechos para fallar en derecho y la función del juez es valorar si se probaron o no esos hechos Probar constituye demostrar una verdad histórica y critica que se formaliza en la sentencia la verdad formal que realiza el juez o tribunal constituye el pilar para dar credibilidad a cada tesis de las respectivas partes procesales y es sobre la capacidad demostrativa y probatoria de las partes sobre el cual se desvirtúan y afirman hechos dentro del proceso, la valoración hecha por los testigos quienes a su vez son víctimas y esa condición de víctima los pone en un claro interés de asegurar a favor de ellos una condena en contra del señor JULIO RIVERA, al ver las declaraciones de ambos testigos nos damos cuenta que los mismos entran en una serie de contradicciones como así mismo alteran y hacen por el grado de víctimas en el proceso, una escena delictuosa imaginada porque lo real en una persona al suceder este tipo de hechos, en la vida real es el de cualquier ser humano de buscar su auto protección al escuchar muchos disparos según ellos provenientes de armas largas ak 47, ver las distancias a las que se encontraron en algunos momentos con las personas que participaron en la comisión de ese delito y la enemistad que existía mucho antes por habladurías de la gente de la misma comunidad de que mi cliente JULIO RIVERA le iba a quitar la vida al señor CAYETANO RIVERA porque este le había hecho u mal hechizo a la madre de mi cliente siendo este un indicio aislado tomado como el móvil del porque sucedieron los hechos RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO, el testimonio penal y sus errores, editorial Temis SA, Bogotá Colombia 1984, Pág 15) Dice el testigo debe de estar revestido de las siguientes características 1-ESPONTANEIDAD Puede ser la sencillez con la cual un testigo depone su testimonio, la franqueza y naturalidad con la cual habla, la confianza que irradia, la expresión del testigo es muy importante para valorar su dicho 2- UNIVOCIDAD. Tiene que convenir y concatenarse circunstancialmente con los hechos y demás evidencias, su testimonio debe ser exacto e integro, el juez debe valorar también la percepción que tenga el individuo para poder percibir los hechos, el testimonio al ser claro y univoco no debe dar lugar a duda confusión 3-COHERENCIA LOGICA: Su dicho debe de tener una coherencia lógica, no apartarse de las reglas del sentido común y de la experiencia, en este aspecto puede valorarse que el testigo puede imaginarse de los hechos, que son coherentes y que gozan de credibilidad 4- REITERACIÓN Su dicho no debe de ser contradictorio y cambiante debe ser reiterativo en el libelo de su deposición como en el interrogatorio En este aspecto se valora la capacidad de memoria y la seguridad del testimonio en su dicho 5-SEGURIDAD: Puede valorarse la seguridad del testigo en sus declaraciones pero también la sola seguridad no ha de considerarse como garantía de veracidad, el sentimiento de certeza depende esencialmente de las fuerzas de las repeticiones y de la manera en que se imponen al espíritu, más que la exactitud de los recuerdos La prueba testimonial debe complementarse con prueba Indiciaria y circunstancias, los indicios muchas veces resultan casi imposibles de interpretar sin la ayuda de los testigos la prueba testifical también debe complementarse con la prueba, material y directa (Villalta Ramírez, Ludwin Guillermo, La prueba de testigos en el juicio penal, Guatemala pág. 150) Por todo lo anteriormente manifestado es que esta defensa solicito se dictara una sentencia absolutoria al tenor de lo que establece el artículo 339 a no haber prueba suficiente para condenar a mi representado JULIO RIVERA por existir claramente en el engranaje de la prueba duda razonable. -” fundamentación jurídica | Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículos 13,14, 18, 27 numeral 2 y 6, 117 numeral 1 y 2 y 136 del Código Penal y una norma Jurídica de carácter sustantivo contenida en los artículos 18,19, 198 y 339 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Sin determinar por el pretensor. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Se da en el acto mismo del fallo. Pretensión: Sin determinar por el pretensor. Establece el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en los artículo 13, ( delito por acción u omisión, doloso o culposo) 14, (delito consumado) 18 (cuando se considera realizado un delito), 27 numeral 2 y 6 ( circunstancias agravantes), 117 numera 1 y 2 ( asesinato) y 136 del Código Penal ( Lesiones) y una norma de carácter sustantivo contenida en los artículos 18, ( interpretación de pasajes oscuros de la ley) 19 (Fuentes auxiliares de la Actividad Judicial) 198 ( finalidad de los medios de prueba) y 339 (insuficiencia probatoria y dudad razonable) del Código Procesal Penal. Luego para sustentar su recurso hace una descripción literal del contenido de cada uno del artículo antes mencionado: Luego describe toda la prueba evacuada durante la audiencia de juicio oral y público, luego hace las siguientes afirmaciones: El análisis de la prueba vertidas en el juicio oral y público ha servido, para demostrar en grados de certeza y consecuentemente conceptualizar la convicción del juzgador para no dudar de que el asesinato y lesiones su representado tuvo o no tuvo participación. Se puede afirmar que las pruebas evacuada en el juicio no han acreditado de manera alguna los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. El Tribunal ha dictado un fallo condenatorio sin contar con la pruebas necesarias y que sin lugar a dudas dicten a todas luces indicadores de la participación directa o indirecta; El Tribunal ha hecho esfuerzos para acomodar las declaraciones a un forzado fallo condenatorio, tomando como argumento claro un indicio aislado, como ser en este caso los díceres y chismes de la gente de la comunidad donde se suscitaron los hechos, establecidos por los hijos del fallecido que tiene un interés directo y una enemistad manifiesta con su representado. Debido a que el asesinato, es un tipo penal delicado en cuanto a la ley ya que se trata de un Homicidio grave, el Tribunal deviene obligado a citar cual es la orden , sentencia, providencia o resolución que se ha dictado en contradicción a las leyes u cual es la ley infringida, situación que no la encontramos en los hechos probados, por lo tanto no se da ninguno de los elementos del delito de Asesinato y Lesiones, con la gran escasez de medios probatorios; recordando que el principio de inocencia no puede ser enervado con simples indicios, aislados la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Publico. Del análisis de la sentencia de mérito, se desprende que el Tribunal toma como prueba toral las declaraciones de los testigos de cargo a quienes les da absoluta validez aun y cuando estos no son claros en sus hechos, entrando en clara contradicciones y exageraciones. Como de la vigencia del principio de portación a las partes le corresponde determinar el objeto del proceso tanto en su aspecto factico como subjetivo. Claro es que, en el enjuiciamiento criminal, los órganos judiciales vienen obligados a descubrir la verdad histórica o material: en el proceso penal por regla general los hechos probados no pueden quedar fijados en un fallo por la voluntad de las partes, si no a consecuencia del resultado de la prueba; La valoración hecha por los testigos quienes a su vez son víctimas, y esa posición de victima los pone en claro interés, de asegurar a favor de ellos una condena en contra de su representado, pues al ver ambas declaraciones se puede dar cuenta que los mismos entran en una serie de contradicciones, así mismo alteran y hacen por grado de victima en el proceso, una escena delictuosa imaginaria, porque lo real en una persona al suceder este tipo de hechos, es el de cualquier ser humano de buscar su autoprotección, al escuchar disparos según ellos de ramas AK-47. Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.- Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de reposición; 2) Recurso de apelación; 3) Recurso de Casación; 4)- Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no, la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos, por el efecto pueden ser. devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte, es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene él o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar, en primer término, el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp. 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. el recurso no es de recibo. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley o Doctrina Legal, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; contrario a ello el pretensor ataca medios de prueba. El recurrente, iniciando el desarrollo de su libelo, señala que se aplicó indebidamente los artículos 15, 31,32, 66 y 117 del Código Penal, para efectos del Recurso de Casación por Infracción de Ley, se debe tener la declaración de hechos probados de la sentencia como una verdad irrebatible y que es sobre su base que debe estudiarse si existió o no una correcta aplicación de la ley sustantiva, ello explicado de igual forma por esta Sala de lo Penal al definir el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados Ut Supra. El Recurrente al plantear el recurso, no tuvo presente lo expresado por el mismo, y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, redactando y atacando toda la valoración de los medios de prueba, insistiendo que ésta fue insuficiente para probar los delitos por los cuales fue condenado el acusado; Con ello el recurrente no tuvo en cuenta los hechos declarados probados en la sentencia. Al defecto de fondo en el planteamiento recursivo, se suma un defecto de forma: la falta de precisión en el planteamiento del recurso, pues en único motivo, haciendo una exposición conjunta, denuncia la indebida aplicación de diez (10) normas entre sustantivas y procesales distintas, lo que debió ser expuesto en un desarrollo independiente, con un análisis detallado de cada una de las figuras e instituciones penales, exponiendo y demostrando en cada caso como éstas supuestamente no debieron de ser elegidas para gobernar los hechos declarados probados. El recurrente al apelar a la revalorización de los medios de prueba, se desmarca de los principios que rigen el Recurso interpuesto y que él mismo expuso al inicio del libelo, por lo que debe ser declarado sin lugar. En definitiva, no puede el recurrente apelar a la prueba en un esfuerzo de plantear versión alterna de los hechos ignorando la soberanía del Tribunal de Sentencia en cuanto a su definición, olvidando que la denuncia ha de respetar fielmente el relato fáctico. Decisión. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real, se impuso al señor Julio Rivera las siguientes penas: 1. Veinticinco (25) años de reclusión como autor material directo del delito de asesinato, en perjuicio de Cayetano Rivera Bonilla. 2. Veinticinco (25) años de reclusión como autor material directo del delito de asesinato, en perjuicio de Benita Mejía. 3. Dos (2) años de reclusión, como autor material directo del delito de asesinato, en perjuicio de Maria Maribel Rivera. En suma, la pena concreta impuesta al acusado es de 52 años de reclusión, de los que cumplirá solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato (Art.193) tiene un tipo penal básico con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo agravado con una pena de 25 a 30 años de prisión, cuando concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, aspecto que no se contempla en la presente causa: El delito de lesiones está contemplado en los artículos 199, 200 y 201 determinados de la manera siguiente: Tipo Penal Básico: Con una pena de 1 a 4 años de prisión: con una pena de 6 meses a 1 años de prisión cuando la lesión sea de menor gravedad. Tipo Penal Agravado: Con una pena de 4 a 6 años de prisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias; Alevosía, ensañamiento, precio, recompensa remuneratoria, Utilización de Armas o instrumentos peligrosos para la vida o la salud, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, escaso desarrollo intelectual o físico y razones de género. Tipo Penal Agravado; Con una pena de 8 a 12 años de prisión, cuando se mutila o inutiliza un miembro u órgano principal de otra persona o le causa impotencia, esterilidad o una enfermedad o deformidad grave. No se contemplan circunstancia agravantes ni atenuantes en cuando a los dos delitos de Asesinato, resultando un marco abstracto de 20 a 25 años de prisión: Del hecho probado de la sentencia recurrida, se desprende que se dan las circunstancias agravantes especificas del tipo penal; La alevosía y la utilización de armas de fuego, en la comisión del delito de lesiones (Art. 200 numerales 1 y 4), por lo que la pena a aplicar es de 4 a 6 años de prisión. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 44 a 56 años de prisión, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, debido a que dos de las penas individualizadas superan los 20 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la suma de las penas impuestas en la sentencia recurrida de 52 años, se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de las penas en concurso real del NCP decreto 130-2017; además El limite objetivo extraordinario de cumplimiento material de las penas es de 40 años de prisión, ( no aplica el limite objetivo ordinario), lo que resulta mayor al único límite de cumplimiento de pena establecido en el decreto 144-83; el limite subjetivo de cumplimiento seria de 75 años de prisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo en su único motivo, interpuestos por el Abogado Maynor Donaly Membreño Cruz, apoderado defensor privado del acusado Julio Rivera. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Julio Rivera. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. - Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-322-2019.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL