Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-313-19 — Registro 15829

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de Estafa, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la procedencia de la Aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. El recurrente alega la vulneración de los artículos 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1, 2, 202 y 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal, en perjuicio de la parte querellante, respecto de la prueba aportada para acreditar su pretensión acusatoria, en virtud que el A quo marginó o apartó hechos que fueron debidamente acreditados mediante la prueba practicada que conducirían a una sentencia condenatoria en contra de los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal. El sentenciador consideró que lo que existió entre los señores Alex Joaquín Sandoval Servellón y Lisandro Suárez Medina fue una relación mercantil, misma de la cual derivó la emisión de los dos (2) cheques por la cantidad de Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Lempiras (L 496,000.00) cada uno. El sentenciador basa su fallo absolutorio bajo la consideración que los títulos valores en referencia fueron presentados para su cobro en fecha 13 de agosto de 2003, implicando con ello que había transcurrido ya el periodo por el cual el deudor tenía la obligación de tener los fondos suficientes para que se hiciere el cobro por los valores señalados, por lo que a su criterio no existió dolo fraudulento. Esta Sala, siguiendo al tratadista CALIXTO MONTENEGRO B.[5] considera que el dolo en el delito de Estafa consiste en la intención que antecede al acto por la cual pretende el sujeto activo un enriquecimiento ilegal, para sí o para otro. Ese dolo de la infracción significa en otras palabras, que, si en el sujeto activo preexiste el propósito de desmejorar los bienes ajenos con actos que acrediten o revelen su torticera finalidad, la ilicitud deberá ser reclamada y reprobada. Por tal razón, este tratadista asevera que ningún acto civil puede ser lícito si en la mente de uno de los celebrantes del negocio existe un propósito de aprovechamiento o enriquecimiento torticeros, abusivos y desproporcionados, pues todas las personas en sus relaciones familiares, sociales y de comercio están compelidas a ser morales sin ser indiferente que maliciosamente se aprovechen de los demás. De conformidad a esto, se aprecia que el medio de prueba consistente en la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 22 de septiembre de 2008, misma que falló declarando CON LUGAR la demanda ejecutiva de pago promovida por el señor Alex Joaquín Sandoval Servellón en contra del señor Lisandro Suarez Medina, condenando a éste al pago de novecientos noventa y dos mil lempiras (L 992,000.00), más intereses y costas, resolución judicial que en su CONSIDERANDO (9) constata “Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil siete se procedió a la evacuación del medio de prueba número dos, Inspección personal de la señora Juez propuesto en tiempo y forma por el Apoderado legal de la parte ejecutante, en donde se tuvo a la vista en el sistema de depósitos a consultar la documentación que buscamos con la cuenta número 11401013246-1 se pudo ver lo siguiente: a) Los movimiento de dicha cuenta del mes de abril del año 2002 en que se verificó que solo se mantenía un saldo de (Lps. 165.00), no se observaron más movimientos en dicha cuenta en ese mes, se acompañó copia de la consulta a la cuenta en mención para mayor ilustración, luego se consultó a la cuenta número 11-407-130079-8 donde se constató b) En referencia a los cheques números 69146 y 69147 por la cantidad de Lps. 496,000.00 cada uno, que los mismos fueron rechazados por el banco, se acompañó copia de las consultas de dicha cuenta en relación con ambas fechas para mayor ilustración […]” (lo resaltado es propio). Por otra parte, los instrumentos públicos número 66 autorizado en fecha 3 de noviembre de 2003 y el instrumento número 97 autorizado en fecha 20 de octubre de 2011 devela las compraventas que sufrió el inmueble denominado “La Vega” ubicado en la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, donde en primer lugar, el señor Lisandro Suárez Medina da en venta a su padre Lisandro Antonio Suárez Lardizábal por el precio de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) y en segundo lugar, el señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal da en venta a la sociedad Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V. (CATV) por el precio de Cuatro Millones De Lempiras (L 4,000,000.00) A juicio de esta Sala concurre lo que doctrinariamente se conoce como “negocios jurídicos o contratos criminalizados”, entendiéndose por tales, aquellos negocios jurídicos de derecho privado, civil o mercantil, en los que el autor simula un propósito de contratar, cuando realmente sólo quiere aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación pactada, pero sin intención de cumplir la suya. En estos “negocios civiles criminalizados”, el contrato o negocio jurídico se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos sean necesarios para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, define a la estafa. Tales comportamientos tienen relevancia penal cuando el engaño es inicial y causante de un acto dispositivo que da lugar al perjuicio. La diferencia con el negocio jurídico civil, lícito y posteriormente incumplido, radica que en los “criminalizados” existe una discordancia entre la voluntad interna de no cumplir y enriquecerse y la exteriorizada y engañosa que manifiesta un propósito de cumplimiento inexistente, residiendo ahí el engaño. En estos casos los esquemas contractuales son instrumentalizados al servicio de un ilícito afán de lucro propio y perjuicio de las víctimas, desplegando unas actuaciones que desde se planifican prescinden de toda idea de cumplimiento propio, lo que origina el disvalor de la acción del agente y la lesión de un bien jurídico ajeno. Se prostituyen así los esquemas contractuales para instrumentarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio y perjuicio de las víctimas, desplegando unas actuaciones que desde que se planifican prescinden de toda idea de cumplimiento propio, lo que origina el disvalor de la acción del agente y la lesión de un bien jurídico ajeno.[6] Por lo anteriormente expuesto, esta Sala es del parecer que del relato fáctico y la prueba legalmente incorporada al proceso se desprende que el comportamiento de los imputados LISANDRO SUÁREZ MEDINA y LISANDRO ANTONIO SUÁREZ LARDIZÁBAL se subsume en el delito de ESTAFA, tipificado en el artículo 240 del Código Penal (Decreto No. 144-83), pues de la prueba antedicha se colige que el señor Lisandro Suárez Medina desplegó una conducta engañosa, en tanto simulando la intención de asumir una obligación contractual, únicamente ha tenido como propósito aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación pactada, pero sin la intención de cumplir la suya, al no haber hecho efectivo pago alguno, ni siquiera parcial, a favor del señor Alex Joaquín Sandoval Servellón, apreciándose que la falta de intención de cumplir fue inicial, pues libró dos (2) cheques a favor del señor Alex Joaquín Sandoval Servellón que a la fecha en que pudieron o debieron ser cobrados (a partir del 4 de abril de 2002), la cuenta bancaria tenía un saldo de Ciento Sesenta Y Cinco Lempiras (L 165.00), evidenciándose con ello que nunca existió intención de cumplir con la obligación mercantil, utilizando la figura contractual como un ardid o engaño que condujo al señor Alex Joaquín Sandoval Servellón a realizar un acto dispositivo que dio lugar a un perjuicio económico que hasta el momento no ha sido resarcido, por tanto, se concreta de manera fehaciente la existencia del dolo defraudatorio que requiere el tipo penal subsumido. Por su parte, el señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal participa como autor del mismo tipo penal de Estafa al haber actuado de manera conjunta con su hijo Lisandro Suárez Medina mediante la compraventa del único bien inmueble que el señor Alex Joaquín Sandoval Servellón podría haber obtenido el pago de su derecho, acción que se miró frustrada por las acciones judiciales que emprendió para hacer valer la prelación en su inscripción frente el embargo decretado por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán sobre dicho inmueble, para que una vez logrado el cometido, fuera posteriormente vendido por un precio 700% más caro que el precio por el cual lo obtuvo, logrando con ello impedir de manera definitiva la posibilidad que Alex Joaquín Sandoval Servellón pudiera satisfacer su derecho de pago, tal acción resultó necesaria para asegurar la eficacia del ardid o engaño empleado por su hijo. Del resto del acervo probatorio se extrae además que al haberse instado las acciones civiles correspondientes por el señor Alex Joaquín Sandoval Servellón en procura de obtener el pago de su derecho, el señor Lisandro Suárez Medina ejercitó todos los medios procesales para evitar la condena al pago y para lograr el traspaso del único bien inmueble de su propiedad a favor de su padre, señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, lo que devela la férrea oposición a satisfacer el pago derivado del contrato de compraventa de producto lácteo que lo obligó frente al señor Alex Joaquín Sandoval Servellón. Sobre la compraventa del bien inmueble, se logra apreciar que el señor Lisandro Suárez Medina lo dio en venta por la cantidad de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) mediante el instrumento público número 66 de fecha 3 de noviembre de 2003 autorizado por el notario Donaldo Argueta Aguilar, quien da fe que el vendedor recibió dicha cantidad a su entera satisfacción. Posteriormente, en fecha 15 de noviembre de 2003, según consta en la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 22 de septiembre de 2008, en su CONSIDERANDO (4), se requirió de pago al ejecutado para que dentro del término de veinticuatro horas pagara o consignara la cantidad reclamada en dicho juicio ejecutivo, dejándolo vencer sin haber realizado pago total o parcial. Sobre esto, la Sala aprecia que los señores Lisandro Suárez Medina Y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal desplegaron un comportamiento unívoco en evitar el pago, ya fuera de manera voluntaria o mediante la vía de apremio judicial, concretando el ánimo defraudatorio que desde el inició de la relación mercantil se mantuvo hasta la total sustanciación del proceso civil de demanda ejecutiva de pago. Comportamiento que se vio realizado conjuntamente por ambos señores Lisandro Antonio Suárez Lardizábal y Lisandro Suárez Medina al haberse negociado el único bien inmueble con el cual se procuraba asegurar el pago de la obligación, perfeccionándose la venta por un precio muy por debajo al valor de reventa que se aprecia en el instrumento público número 97 autorizado por el notario Raúl López Rivera en fecha 20 de octubre de 2011, donde consta el valor de venta a un tercero por Cuatro Millones De Lempiras (L 4,000,000.00). Esta Sala considera que un proceso que se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho de las partes procesales, en un plano de igualdad, el acusado y su abogado defensor, el fiscal en representación de intereses generales de la sociedad, y el acusador privado, como en el presente caso, en que la víctima adquiere aptitud procesal, a comparecer en juicio, oponerse con eficacia a las pretensiones de la parte contraria, y a presentar pruebas a su favor. Esta Sala concluye que al haber sido excluidos por el A quo los diversos hechos probados por las partes, en particular, la existencia de la sentencia dictada en fecha 22 de septiembre de 2008 por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán y las compraventas realizadas mediante instrumentos públicos número 66 de fecha 3 de noviembre de 2003 y número 97 de fecha 20 de octubre de 2011, en el presente caso la sentencia recurrida dictada por el A Quo efectivamente ha vulnerado el debido proceso y el principio de inocencia contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en perjuicio de la acusación privada, pues se ha dejado de condenar a los acusados habiéndose acreditado la existencia del delito y la responsabilidad de éstos. Habiendo prosperado el recurso de casación antes enunciado esta Sala de lo Penal estima que no es necesario pronunciarse sobre el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma DECISIÓN. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto Conforme a los artículos 240 y 241 numeral 3 del Codigo Penal, 144-83, la conducta de los acusados se subsume en el tipo penal de Estafa, siendo sancionada con una pena de seis a nueve años de reclusión. En el Código Penal 130-2017, la conducta de los acusados se encuentra comprendida como delito de Estafa (artículo 365), cuya pena principal es de dos a cuatro años de prisión, concurriendo conforme al artículo 366 las agravantes dispuestas en los numerales 3 y 5, pues debido al monto de lo defraudado, los hechos revisten especial gravedad y habiéndose utilizado cheques, estos se cometieron en el ámbito del sector financiero, por lo que la pena queda comprendida de 4 a 5 años 3 meses de prisión, pues debe darse un incremento de dos tercios, a la pena anteriormente descrita. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal pues supone un beneficio para los imputados, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-313-2019, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de julio del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Absolvió a los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal del delito de Estafa, en perjuicio de Alex Joaquín Sandoval Servellón; Segundo: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio; Tercero: No procede declarar la responsabilidad civil de los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal. SON PARTES: Los Abogados Nicolás García Zorto y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de acusadores privados, en representación del señor Alex Joaquín Sandoval Servellón, como parte recurrente; el Abogado Tito Hernández Salgado, en su condición de defensor privado de los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que en fecha 4 de enero del año 2002, el señor Lisandro Suárez Medina le compro al crédito producto lácteo al señor Alex Joaquín Sandoval Servellon por un valor de novecientos noventa y dos mil Lempiras (L.992,000.00), librado contra la cuenta número 11401013246-1 del banco Occidente, los cuales debían de ser presentados al banco para su cobro, en fecha 4 de abril del año 2002, no obstante el señor Alex Joaquín Sandoval Servellon se presentó al banco a ejecutar la acción cambiaría el 14 de agosto del 2003, habiendo transcurrido ya 16 meses desde la fecha de su emisión.- SEGUNDO: En fecha 3 de noviembre del año 2003, ante los oficios del Notario Donaldo Argueta Aguilar, comparecieron personalmente los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, el primero dando en venta el inmueble registrado bajo el asiento número 62 del tomo 5181, el cual dio en venta por un valor de quinientos mil Lempiras (L.500,000.00), dándoselo en venta al señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, cuya inscripción fue ordenada según sentencia dictada por la Honorable sala de lo Constitucional, de fecha 29 de julio del año 2004 a favor del señor Lisandro Antonio Suárez Lardizabal, cuya inscripción es vigente a la fecha”. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Los recurrentes abogados Nicolás García Zorto y Rosa Helena Bonilla Galindo, procedieron a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de forma e Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- PRIMER MOTIVO.- Infracción por violación de los artículos 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1, 2, 202 y 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal.- Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- Fundamentación: El tribunal sentenciador infringe el principio de inocencia en relación al debido proceso, al apartar arbitrariamente hechos de la plataforma fáctica, que fueron debidamente acreditados mediante la prueba practicada (y que el Tribunal expresamente otorgó plenos efectos probatorios en la valoración de la prueba), cuya incorporación conduce inexorablemente a una sentencia condenatoria, lo que pasamos a explicar del siguiente modo: Las disposiciones acusadas como infringidas rezan: “Artículo 89. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”.- “Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”.- Los preceptos citados ut supra encuentran engarce infra constitucional en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal, que, en apretada síntesis, determinan que nadie puede ser condenada sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público, considerándosele inocente en tanto no se declare su culpabilidad.- Por su parte, los artículos 202 y 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal, determinan que el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, debiendo hacerse una declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia. Ello excluye la arbitrariedad del contenido de la declaración de los hechos probados de la sentencia que se dicte.- Contrastando las normas invocadas con la sentencia objeto de impugnación, se advierte que el Tribunal de Sentencia arbitrariamente excluye hechos que fueron probados en el juicio oral y público, a los que taxativamente les otorgó efectos probatorios, dejando de incorporar extremos acreditados a través del acervo probatorio, vulnerando el debido proceso y, en consecuencia, el principio de presunción de inocencia, habida cuenta de que no atiende a las normas legales que sirven de fundamento para edificar la plataforma fáctica de la resolución, misma que, de haberse incorporado, habrían enervado el estado de inocencia de los querellados, conduciendo a una sentencia condenatoria por el delito de ESTAFA. Así las cosas, del factum contenido en la resolución censurada, se aprecia que los juzgadores se limitaron a dejar como probado los siguientes hechos: “PRIMERO: Que en fecha 4 de enero del año 2002, el señor Lisandro Suárez Medina le compro al crédito producto lácteo al señor Alex Joaquín Sandoval Servellon por un valor de novecientos noventa y dos mil Lempiras (L.992,000.00) otorgando como garantía de pago los cheques número 899146 y 869147, librado contra la cuenta número 11401013246-1 del Banco Occidente, los cuales debían de ser presentados al banco para su cobro, en fecha 4 de abril del año 2002, no obstante el señor Alex Joaquín Sandoval Servellon se presentó al banco a ejecutar la acción cambiaría el 14 de agosto del 2003, habiendo transcurrido ya 16 meses desde la fecha de su emisión.- SEGUNDO: En fecha 3 de noviembre del año 2003, ante los oficios del Notario Donaldo Argueta Aguilar, comparecieron personalmente los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, el primero dando en venta el inmueble registrado bajo el asiento número 62 del tomo 5181, el cual dio en venta por un valor de quinientos mil Lempiras (L.500,000.00), dándoselo en venta al señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, cuya inscripción fue ordenada según sentencia dictada por la Honorable Sala de lo Constitucional, de fecha 29 de julio del año 2004, a favor del señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, cuya inscripción es vigente a la fecha”.- Diversos son los medios de prueba que no fueron considerados por el iduex a quo al edificar los hechos declarados probados, y que, de haber constituido la declaración de hechos probados, habrían conducido a una sentencia condenatoria, lo que pasamos a fundamentar a continuación: 1. Sentencias de 22 de septiembre de 2008 proferida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán y de 26 de mayo de 2009 pronunciada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de los Civil del departamento de Francisco Morazán. De las sentencias relacionadas se extrae la existencia de un proceso judicial consistente en una demanda ejecutiva de pago promovida por el señor ALEX JOAQUÍN SANDOVAL SERVELLÓN en contra del querellado, señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, habiéndose ejecutado los títulos que constituyeron la garantía de la obligación, acción judicial que fue estimada por la cantidad de L 992,000.00, más intereses y costas, pese a la resistencia del demandado, al oponer infundadamente las excepciones de caducidad de la acción cambiaria y compensación de crédito líquido. La oposición injustificada del querellado reveló la mala fe, sobre la base de que, desde que contrajo la obligación, hasta la fecha, no realizó pago o abono alguno, procurando evadir deliberadamente el pago en sede judicial. Asimismo, de los documentos indicados se acredita que ello fue confirmado por el tribunal de alzada, imponiéndole las costas, al presentar el recurso de apelación con manifiesta mala fe, careciendo de motivos racionales para recurrir.- De las actuaciones descritas, pese a que derivan de medios de pruebas válidos y oportunamente practicados en el juicio oral y público, y pese a que los juzgadores expresamente mantuvieron que los documentos “merecen valor probatorio” (valoración de la prueba numerales 3 y 4), NINGUNA integró la declaración de hechos probados, extremos que resultan determinantes en el sentido de la resolución impugnada, habida cuenta de que revelan la mala fe del demandado en oponerse de forma infundada al pago, acreditando el elemento volitivo de la conducta antijurídica, así como la condena firme pronunciada por el órgano jurisdiccional competente, producto de una acción judicial promovida por el ahora querellante, lo que devela que este agotó las instancias civiles correspondientes a efecto de hacer efectivo el pago, frente al ardid desplegado por el querellado, quien se valió de todos los medios para eludir la obligación contraída, cuestión desarrollada en los numerales siguientes. 2. Instrumentos públicos número 66 de compraventa de 3 de noviembre de 2003, y número 97 de compraventa de 20 de octubre de 2011, y certificación de sentencia de 24 de septiembre de 2007 dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán.- De los documentos se revela que, en el marco del proceso judicial, el señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA dio en venta el único bien inmueble con el que podía responder por la obligación, a su padre, señor LISANDRO ANTONIO SUÁREZ LARDIZÁBAL, por un valor de L 500,000.00, quien posteriormente dio en venta el mismo bien inmueble a un tercero por L 4,000,000.00, habiéndose inscrito la primera compraventa por orden del órgano jurisdiccional, decretándose la cancelación del embargo que pesaba, con ocasión de la demanda ejecutiva de pago. Hilvanando sobre el particular, los instrumentos públicos, sus condiciones, el parentesco entre los otorgantes en el instrumento público número 66, y las fechas en las que fueron suscritos, sugieren una colusión entre los querellados, a efectos de que el señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA pudiese evadir la obligación frente al querellante.- Nuevamente, la totalidad de los hechos que dimanan de la prueba relacionada, fue EXCLUIDA arbitrariamente por los juzgadores, lo que incide de manera determinante, al acreditar la complicidad de los querellados, quienes de forma dolosa lograron rehuir de la obligación de pago, mediando una compraventa, despatrimonializando deliberadamente al deudor ante el requerimiento judicial de pago, con el auxilio de su padre.- Acta de embargo de 5 de noviembre de 2013, auto de 10 de diciembre de 2003 dictado por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán, certificación emitida por la secretaria del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán de la audiencia de subasta celebrada en fecha 18 de abril de 2012 y constancia emitida igualmente por la secretaria del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. De prueba documental relacionada, se colige que le fue practicado embargo a un bien inmueble propiedad del señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, producto de las diligencias ejecutivas. Sin perjuicio del hecho que posteriormente dicho embargo fue cancelado por el principio de prioridad registral, resultan evidentes las acciones del ejecutante para hacer efectivo el pago, que llegaron al embargo de bienes. Una vez más, los extremos que acreditan la prueba indicada fueron arbitrariamente OMITIDOS de la plataforma fáctica, lo que tiene un alto grado de trascendencia en la resolución, en tanto en cuanto acredita la existencia de un embargo sobre bienes del ejecutado, lo que se relaciona con numeral que antecede, cancelado por las maquinaciones fraudulentas desplegadas por los querellados.- Establecido lo anterior, claramente la acción dolosa del señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, desborda el simple libramiento de cheques sin fondo, sino que además se extiende a la venta del único bien inmueble que tenía, a favor de su padre, señor LISANDRO ANTONIO SUÁREZ LARDIZÁBAL, a un precio al margen del costo real, teniendo pleno conocimiento de la deuda y del requerimiento judicial de pago, para que posteriormente su padre lo vendiera a un tercero por un precio 8 veces superior (L 4,000,000.00), lo que demuestra que los querellados, maquinaron de forma dolosa un plan preconcebido para no responder por la obligación.- Atendiendo a la jurisprudencia de la honorable Sala de lo Penal[1], el contrato de venta de producto lácteo se configura como un negocio jurídico o contrato criminalizado, siendo este el instrumento disimulador y de fraude, con apariencia de ser un contrato mercantil, guardando el señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA la intención inicial de no hacer el pago, habiendo no solo omitido tal obligación, sino que, amén de ello, desplegando una serie de actos encaminados a evitar el pago, vendiendo el único inmueble de su propiedad a favor de su padre, soslayando el requerimiento judicial de pago, producto de la acción cambiaria ejercitada. La conducta de los querellados se configura dentro del delito de estafa ex artículo 240 y 241 numeral 3 del Código Penal,(Código Viejo), en tanto que el engaño es inicial y causante de un acto dispositivo que dio lugar a un perjuicio (despatrimonialización por L 992,000.00 en producto lácteo). En tal sentido, consta una clara discordancia entre la voluntad interna de no cumplir, ab initio –al no haber hecho ni un solo pago o abono y enriquecerse– y la exteriorizada y engañosa que manifiesta un propósito de cumplimiento inexistente –libramiento de cheques sin provisión de fondos–, residiendo ahí el engaño inicial, y desarrollado con amplitud con el esquema de venta del único inmueble, a favor del padre, a efectos de no hacer efectivo el pago, planificación que prescinde de toda idea de cumplimiento propio, lo que origina el disvalor…. de la acción de los querellados y la lesión del bien jurídico en perjuicio del querellante.- Así las cosas, dado que los hechos que resultaron de la práctica de la prueba fueron arbitrariamente EXCLUIDOS del cuadro fáctico, la sentencia inobserva las reglas de redacción contenidas en el artículo 338 regla cuarta numeral 1, en relación al 202, ambos del Código Procesal Penal, vulnerando con ello el debido proceso (artículos 1 del Código Procesal Penal y 90 de la Constitución de la República) que comporta de forma omnicomprensiva las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley, y consecuentemente, el principio de presunción de inocencia (artículos 2 y 89 de la Constitución de la República), toda vez que, de haberse atendido a las normas legales, el factum integraría elementos que conducen a la condena de los señores LISANDRO SUÁREZ MEDINA y LISANDRO ANTONIO SUÁREZ LARDIZÁBAL, por el delito de ESTAFA, en los términos del artículo 240 y 241 numeral 3 del Código Penal, al fijarse como hecho probado el engaño (contrato que, ab initio, el querellado no guardaba la mínima intención de cumplir, expidiendo cheques sin provisión de fondos), induciendo al querellante en error (quien equívocamente confió en el cumplimento de la obligación), defraudándolo en provecho propio (quedándose con el producto lácteo valorado en L 992,000.00 sin ninguna contraprestación, y desarrollando la acción dolosa y fraudulenta de venderle a su padre su único patrimonio, a efectos de eludir la obligación), excediendo lo defraudado la cantidad de L 100,000.00.- Finalmente, es de mérito aclarar que la vía recursiva empleada (infracción de precepto constitucional), se justifica toda vez que el reproche no resulta susceptible de ser articulado en casación por infracción de ley, pues precisamente se denuncia la falta de incorporación de elementos probatorios sometidos a valoración en el factum, ni se subsume en las causales por la vía del quebrantamiento de forma, ya que –en este motivo–, no se ataca una valoración en particular por infracción a las reglas de la sana crítica, sino la exclusión arbitraria de los hechos que arrojó la probanza, que llevan a una sentencia condenatoria.- Por todo lo anterior, es de derecho casar la sentencia impugnada, al constar la infracción de los artículos 89 y 90 párrafo primero del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 1, 2, 202 y 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal, infringiendo el principio de inocencia en relación al debido proceso, al apartar arbitrariamente hechos de la plataforma fáctica, que fueron debidamente acreditados mediante la prueba practicada, cuya incorporación conduce a una sentencia condenatoria.- Incidencia del vicio en el fallo: La infracción de los preceptos constitucionales incide directamente en el sentido de la resolución impugnada, en tanto que, de haberse incorporado los extremos que derivan de la prueba practicada, sin que hayan sido objeto de EXCLUSIÓN arbitraria, se habría edificado un factum que comprendería los elementos típicos del delito de ESTAFA, y con ello se habría arribado a una sentencia condenatoria.- Interpretación pretendida: Al haberse acreditado mediante la prueba practicada, la acción típica o conducta objetiva, así como los elementos subjetivos del tipo, por cuanto el cuadro fáctico fue arbitrariamente deformado por el tribunal, constando el engaño (contrato que, ab initio, el querellado no guardaba la mínima intención de cumplir, expidiendo cheques sin provisión de fondos), induciendo al querellante en error (quien confió en el cumplimento de la obligación y desplazó el producto lácteo a favor del señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA), defraudándolo en provecho propio (quedándose con el producto lácteo, valorado en L 992,000.00, sin ninguna contraprestación, y desarrollando la acción dolosa y fraudulenta de venderle a su padre su único patrimonio, a efectos de eludir la obligación, a sabiendas del requerimiento judicial de pago), excediendo lo defraudado la cantidad de L 100,000.00; los hechos que fueron efectivamente probados se subsumen y adecuan en lo dispuesto por los artículos 240 y 241 numeral 3 del Código Penal. En este sentido, se pide la interpretación de estos hechos como típicos, antijurídicos y culpables, y aplicando la ley de manera adecuada, se dicte sentencia condenatoria en contra de los señores LISANDRO SUÁREZ MEDINA y LISANDRO ANTONIO SUÁREZ LARDIZÁBAL, por el delito de ESTAFA en perjuicio del señor ALEX JOAQUÍN SANDOVAL SERVELLÓN.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma II. MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- SEGUNDO MOTIVO.- Infracción de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, al inobservarse las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.- Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal.- Fundamentación: En la valoración de la prueba, los juzgadores flagrantemente violan las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, al atribuirle al expediente 0801-2007-04660, contentivo de la demanda ejecutiva de pago promovida por el señor ALEX JOAQUÍN SERVELLON en contra del señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA, alcances probatorios que no posee. Dicha violación se configura de la forma siguiente: La construcción lógica consiste en la adecuación de los razonamientos a las reglas del pensamiento, situando entre ellas la ley lógica de la derivación, del que se extrae que para que un juicio sea verdadero, debe contar con una razón que acredite lo que el juicio establece. Por razón de un juicio debe entenderse aquello que es capaz de acreditar lo que se enuncia en el juicio. Esta razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado en el juicio[2]. Dicho de otro modo, todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad[3].- Entrando en materia de la censura, en el apartado denominado VALORACIÓN DE LA PRUEBA de la sentencia recurrida, concretamente en el numeral segundo, en la parte que se lee VALORACIÓN CONJUNTA, el Tribunal de Sentencia arriba al siguiente razonamiento: “En relación al documento de compra venta de lácteos firmados entre los señores LISANDRO SUAREZ MEDINA y ALEX JOAQUIN SANDOVAL SERVELLON demuestra que el 04 de enero del dos mil dos existió una relación comercial, derivado de lo cual se extendieron dos cheques los que deberían ser objeto de cobro para la fecha 04 de abril del año 2002, situación que no aconteció, hasta dieciséis meses después, lo que demuestra que dentro de este documento quedo plasmado el termino dentro del cual el señor ALEX JOAQUIN SANDOVAL SERVELLON, debería hacerlos efectivo, y no como verdaderamente ha sucedido y ha quedado probado para este tribunal, situación que está íntimamente relacionada con las consideraciones hechas por el Tribunal respecto a los cheques, sobre el escrito antes mencionado el tribunal considera que el mismo es objetivo, confiable y es creíble, para el solo efecto de determinar en tiempo y espacio la existencia de una relación mercantil licita dentro la actividad jurídica establecida en nuestro país, que no ha sido controvertida por ningún otro medio de prueba aportado dentro del desarrollo del juicio. […].- Toda esta prueba ha demostrado al Tribunal que los querellantes mantuvieron una relación comercial, de la cual se libraron dos cheques que el señor ALEX JOAQUIN SANDOVAL SERVELLON, no los hizo efectivos en tiempo establecido y ante el incumplimiento de la deuda presento una demanda ejecutiva de pago, efectivamente hubo una venta del bien inmueble denominado La Vega, ubicado en la Villa de San Francisco del departamento de Francisco Morazán, según el Instrumento Público No. 66, según tomo 5181, No. 62, el que fue presentado ante el Registro de la Propiedad para su inscripción el cinco de noviembre del dos mil tres, a las siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana, el que no fue inscrito ya que debía realizar una corrección, debe mencionar el tribunal que no se presentó prueba que el señor LISANDRO SUAREZ MEDINA tuviera un conocimiento previo de que se había presentado una demanda, así como la pretensión de embargar, por lo que entiende este Tribunal que por el principio de Prioridad la Sala Constitucional amparo al señor LARDIZABAL, para que se inscriba a su favor la compra venta realizada, y con ello queda sin valor y efecto la inscripción del embargo sobre ese bien inmueble practicado que fue ordenado por el Juzgado Primero de lo Civil a favor del señor ALEX JOAQUIN SANDOVAL, por todo ello estima el tribunal que la parte querellante no pudo sostener su pretensión acusatoria”.- El razonamiento citado, infringe las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, por cuanto de la prueba aportada, y particularmente de los documentos de compraventa de productos lácteos y de los cheques, así como de la acción judicial promovida, se aprecia que la obligación de pago no se agotaba mediante los cheques librados, como erróneamente concluye el tribunal, sin que conste medio de prueba alguno que sustenta la tesis. Dicho de otra forma, entiende indirectamente el Tribunal de Sentencia, sin que conste prueba que lo acredite con verdad a los efectos del proceso, que, si la obligación no se cobraba mediante los cheques, la misma no podía hacerse efectiva. Resulta, pues, absurdo, que la inferencia del Tribunal de Sentencia se limite al cobro de los cheques, que fueron presentados para su pago 16 meses después de su libramiento, constando un contrato que estableció la obligación de pago, constando la resistencia del querellado ab initio (falta de pago), desplegando posteriormente actos con evidente mala fe (interposición de excepciones y recursos judiciales infundados, venta del bien inmueble a su padre), lo que acredita la voluntad dolosa de no pagar desde el inicio, ignorando la acción cambiaria del cheque, que fue efectivamente ejercitada según se desprende de la prueba relacionada.- Una recta aplicación del principio lógico acusado de infringido, devela la existencia y validez de la obligación de pago en virtud del contrato, la falta de pago y la conducta de los querellados para evitar el mismo desde un inicio, habiéndose ejercitado la correspondiente acción cambaría, misma que fue burlada por las argucias de los querellados. El razonamiento del Tribunal, orientado a que el querellante procuró cobrar los cheques 16 meses después de su libramiento, sugiriendo, que, en tal virtud el querellado quedaba liberado de la obligación, inhibiendo cualquier ardid o engaño, no se ajusta a las reglas lógicas, en tanto en cuanto desconoce abiertamente el alcance de la prueba in comento, singularmente del contrato en relación a la demanda ejecutiva de pago mediante la que se ejercitó la acción cambiaria, en la que se condenó al señor LISANDRO SUÁREZ MEDINA en la jurisdicción civil.- Al infringirse las reglas de la sana crítica, tras la inobservancia del principio lógico aludido, es de derecho anular la resolución censurada, al haberse proferido al margen del derecho.- Incidencia del vicio en el fallo: El vicio censurado incide de manera determinante en el fallo, al no plasmarse en la declaración de hechos probados la validez de la deuda y de la acción cambiaria ejercitada, y al omitirse los actos de resistencia al pago de la obligación desplegado por los querellados, al presentarse oposiciones y recursos judiciales infundados, y principalmente debido a la venta del inmueble que realizó el demandado a su padre, subsumiéndose dicha conducta en lo dispuesto en el artículo 240 y 241 numeral 3 del Código Penal. De haberse observado las reglas de la sana crítica, en particular de la ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, tal hecho integraría el factum, llevando a que se pronuncie y se dicte sentencia condenatoria en contra de los señores LISANDRO SUÁREZ MEDINA y LISANDRO ANTONIO SUÁREZ LARDIZÁBAL, por el delito de ESTAFA en perjuicio del señor ALEX JOAQUÍN SANDOVAL SERVELLÓN.- Reclamación hecha para la subsanación del vicio denunciado: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante”. FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[4] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Infracción del derecho/principio de inocencia en relación al derecho/principio del debido proceso. Pretensión: Se dicte sentencia condenatoria en contra de los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal por el delito de Estafa en perjuicio del señor Alex Joaquín Sandoval Servellón. Aqueja la parte recurrente, que el tribunal sentenciador excluyó de manera arbitraria hechos que fueron probados en el juicio oral y público, mismos que de haberse incorporado, a criterio del censor, habrían enervado el estado de inocencia de los querellados, conduciendo a una sentencia condenatoria por el delito de Estafa. En relación a las sentencias de 22 de septiembre de 2008 dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán y de 26 de mayo de 2009 pronunciada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, que al pensar del censor, se extrae la existencia de un proceso judicial de demanda ejecutiva de pago promovida por el señor Alex Joaquín Sandoval Servellón en contra del querellado, señor Lisandro Suárez Medina, habiéndose ejecutado los títulos valores que constituyeron la garantía de la obligación, siendo estimada la acción y condenándose a éste al pago de la cantidad fijada en Novecientos Noventa Y Dos Mil Lempiras (L 992,000.00), más intereses y costas, resaltando la parte recurrente que con ello se devela la mala fe del querellado, pues habría utilizado injustificadamente los motivos de oposición y medios de impugnación, sin realizar a la fecha ofrecimiento o abono de pago alguno, aun cuando la declaración de condena al pago se encuentra firme. Señala el recurrente que pese a que estos extremos derivan de pruebas válidas y oportunamente practicadas en el juicio oral y público, aun cuando los juzgadores expresaron que merecían valor probatorio, ninguna de ellas integró la declaración de hechos probados, omisión que resultaría determinantes en el sentido de la resolución impugnada, pues revela la mala fe del ahora querellado en oponerse de forma infundada al pago, acreditando el elemento volitivo de la conducta antijurídica y quien se ha valido de todos los medios para eludir la obligación de pago contraída. Por otra parte, expresa el recurrente que de los instrumentos públicos número 66 de compraventa de fecha 3 de noviembre de 2003 y número 97 de compraventa de fecha 20 de octubre de 2011, se revela que el señor Lisandro Suárez Medina dio en venta el único bien inmueble con el que podía responder por la obligación, a su padre, señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, por un valor de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00), habiéndose acreditado que en un acto posterior, este lo dio en venta el mismo bien inmueble a un tercero por la cantidad de Cuatro Millones De Lempiras (L 4,000,000.00). Señala el impetrante que la compraventa hecha por el señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal a favor de su padre, se realizó en virtud de orden del órgano jurisdiccional, al decretarse la cancelación del embargo decretado con ocasión de la demanda ejecutiva de pago, todo lo cual, demuestra la colusión entre los querellados, a efectos de que el señor Lisandro Suárez Medina evadiera la obligación frente al querellante, extremos que, a juicio del censor, fueron arbitrariamente excluidos del factum contenido en la sentencia objeto de impugnación. Asimismo, el recurrente se refiere al Acta de embargo de 5 de noviembre de 2013, al auto de 10 de diciembre de 2003 dictado por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán, a la Certificación emitida por la secretaria del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán de la audiencia de subasta celebrada en fecha 18 de abril de 2012 y a la Constancia emitida por la secretaria del mismo Tribunal del orden civil, de la cual señala se extrae que fue practicado un embargo a un bien inmueble propiedad del señor Lisandro Suárez Medina, producto de las diligencias ejecutivas, lo que acreditó las actuaciones desplegadas por el querellante para hacer efectivo el pago, hecho que igualmente no integró la declaración de hecho probados. En conclusión, entiende el impetrante que los hechos anteriores determinan que la actuación de los querellados, no se limita al solo libramiento de cheques sin fondo, sino que además se extiende a la venta del único bien inmueble que tenía el señor Lisandro Suárez Medina, a favor de su padre, señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, a un precio al margen del costo real, configurándose el acuerdo por el cual se creó el vínculo obligacional en un negocio jurídico o contrato criminalizado, siendo este el instrumento disimulador y de fraude, con apariencia de ser un contrato mercantil, apreciándose el dolo inicial de no hacer el pago, constando no solo la resistencia al pago de la obligación, sino además, constando una serie de actos encaminados a evitar el pago, vendiendo el único inmueble de su propiedad a favor de su padre, actos que, a criterio del censor, se subsumen en el delito de Estafa en los términos contenidos en los artículos 240 y 241.3 del Código Penal. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. El recurrente alega la vulneración de los artículos 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1, 2, 202 y 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal, en perjuicio de la parte querellante, respecto de la prueba aportada para acreditar su pretensión acusatoria, en virtud que el A quo marginó o apartó hechos que fueron debidamente acreditados mediante la prueba practicada que conducirían a una sentencia condenatoria en contra de los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal. El sentenciador consideró que lo que existió entre los señores Alex Joaquín Sandoval Servellón y Lisandro Suárez Medina fue una relación mercantil, misma de la cual derivó la emisión de los dos (2) cheques por la cantidad de Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Lempiras (L 496,000.00) cada uno. El sentenciador basa su fallo absolutorio bajo la consideración que los títulos valores en referencia fueron presentados para su cobro en fecha 13 de agosto de 2003, implicando con ello que había transcurrido ya el periodo por el cual el deudor tenía la obligación de tener los fondos suficientes para que se hiciere el cobro por los valores señalados, por lo que a su criterio no existió dolo fraudulento. Esta Sala, siguiendo al tratadista Calixto Montenegro B.[5] considera que el dolo en el delito de Estafa consiste en la intención que antecede al acto por la cual pretende el sujeto activo un enriquecimiento ilegal, para sí o para otro. Ese dolo de la infracción significa en otras palabras, que, si en el sujeto activo preexiste el propósito de desmejorar los bienes ajenos con actos que acrediten o revelen su torticera finalidad, la ilicitud deberá ser reclamada y reprobada. Por tal razón, este tratadista asevera que ningún acto civil puede ser lícito si en la mente de uno de los celebrantes del negocio existe un propósito de aprovechamiento o enriquecimiento torticeros, abusivos y desproporcionados, pues todas las personas en sus relaciones familiares, sociales y de comercio están compelidas a ser morales sin ser indiferente que maliciosamente se aprovechen de los demás. De conformidad a esto, se aprecia que el medio de prueba consistente en la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 22 de septiembre de 2008, misma que falló declarando CON LUGAR la demanda ejecutiva de pago promovida por el señor Alex Joaquín Sandoval Servellón en contra del señor Lisandro Suarez Medina, condenando a éste al pago de novecientos noventa y dos mil lempiras (L 992,000.00), más intereses y costas, resolución judicial que en su CONSIDERANDO (9) constata “Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil siete se procedió a la evacuación del medio de prueba número dos, Inspección personal de la señora Juez propuesto en tiempo y forma por el Apoderado legal de la parte ejecutante, en donde se tuvo a la vista en el sistema de depósitos a consultar la documentación que buscamos con la cuenta número 11401013246-1 se pudo ver lo siguiente: a) Los movimiento de dicha cuenta del mes de abril del año 2002 en que se verificó que solo se mantenía un saldo de (Lps. 165.00), no se observaron más movimientos en dicha cuenta en ese mes, se acompañó copia de la consulta a la cuenta en mención para mayor ilustración, luego se consultó a la cuenta número 11-407-130079-8 donde se constató b) En referencia a los cheques números 69146 y 69147 por la cantidad de Lps. 496,000.00 cada uno, que los mismos fueron rechazados por el banco, se acompañó copia de las consultas de dicha cuenta en relación con ambas fechas para mayor ilustración […]” (lo resaltado es propio). Por otra parte, los instrumentos públicos número 66 autorizado en fecha 3 de noviembre de 2003 y el instrumento número 97 autorizado en fecha 20 de octubre de 2011 devela las compraventas que sufrió el inmueble denominado “La Vega” ubicado en la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, donde en primer lugar, el señor Lisandro Suárez Medina da en venta a su padre Lisandro Antonio Suárez Lardizábal por el precio de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) y en segundo lugar, el señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal da en venta a la sociedad Compañía Azucarera Tres Valles, S.A. de C.V. (CATV) por el precio de Cuatro Millones De Lempiras (L 4,000,000.00) A juicio de esta Sala concurre lo que doctrinariamente se conoce como “negocios jurídicos o contratos criminalizados”, entendiéndose por tales, aquellos negocios jurídicos de derecho privado, civil o mercantil, en los que el autor simula un propósito de contratar, cuando realmente sólo quiere aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación pactada, pero sin intención de cumplir la suya. En estos “negocios civiles criminalizados”, el contrato o negocio jurídico se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos sean necesarios para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, define a la estafa. Tales comportamientos tienen relevancia penal cuando el engaño es inicial y causante de un acto dispositivo que da lugar al perjuicio. La diferencia con el negocio jurídico civil, lícito y posteriormente incumplido, radica que en los “criminalizados” existe una discordancia entre la voluntad interna de no cumplir y enriquecerse y la exteriorizada y engañosa que manifiesta un propósito de cumplimiento inexistente, residiendo ahí el engaño. En estos casos los esquemas contractuales son instrumentalizados al servicio de un ilícito afán de lucro propio y perjuicio de las víctimas, desplegando unas actuaciones que desde se planifican prescinden de toda idea de cumplimiento propio, lo que origina el disvalor de la acción del agente y la lesión de un bien jurídico ajeno. Se prostituyen así los esquemas contractuales para instrumentarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio y perjuicio de las víctimas, desplegando unas actuaciones que desde que se planifican prescinden de toda idea de cumplimiento propio, lo que origina el disvalor de la acción del agente y la lesión de un bien jurídico ajeno.[6] Por lo anteriormente expuesto, esta Sala es del parecer que del relato fáctico y la prueba legalmente incorporada al proceso se desprende que el comportamiento de los imputados LISANDRO SUÁREZ MEDINA y LISANDRO ANTONIO SUÁREZ LARDIZÁBAL se subsume en el delito de ESTAFA, tipificado en el artículo 240 del Código Penal (Decreto No. 144-83), pues de la prueba antedicha se colige que el señor Lisandro Suárez Medina desplegó una conducta engañosa, en tanto simulando la intención de asumir una obligación contractual, únicamente ha tenido como propósito aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación pactada, pero sin la intención de cumplir la suya, al no haber hecho efectivo pago alguno, ni siquiera parcial, a favor del señor Alex Joaquín Sandoval Servellón, apreciándose que la falta de intención de cumplir fue inicial, pues libró dos (2) cheques a favor del señor Alex Joaquín Sandoval Servellón que a la fecha en que pudieron o debieron ser cobrados (a partir del 4 de abril de 2002), la cuenta bancaria tenía un saldo de Ciento Sesenta Y Cinco Lempiras (L 165.00), evidenciándose con ello que nunca existió intención de cumplir con la obligación mercantil, utilizando la figura contractual como un ardid o engaño que condujo al señor Alex Joaquín Sandoval Servellón a realizar un acto dispositivo que dio lugar a un perjuicio económico que hasta el momento no ha sido resarcido, por tanto, se concreta de manera fehaciente la existencia del dolo defraudatorio que requiere el tipo penal subsumido. Por su parte, el señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal participa como autor del mismo tipo penal de Estafa al haber actuado de manera conjunta con su hijo Lisandro Suárez Medina mediante la compraventa del único bien inmueble que el señor Alex Joaquín Sandoval Servellón podría haber obtenido el pago de su derecho, acción que se miró frustrada por las acciones judiciales que emprendió para hacer valer la prelación en su inscripción frente el embargo decretado por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán sobre dicho inmueble, para que una vez logrado el cometido, fuera posteriormente vendido por un precio 700% más caro que el precio por el cual lo obtuvo, logrando con ello impedir de manera definitiva la posibilidad que Alex Joaquín Sandoval Servellón pudiera satisfacer su derecho de pago, tal acción resultó necesaria para asegurar la eficacia del ardid o engaño empleado por su hijo. Del resto del acervo probatorio se extrae además que al haberse instado las acciones civiles correspondientes por el señor Alex Joaquín Sandoval Servellón en procura de obtener el pago de su derecho, el señor Lisandro Suárez Medina ejercitó todos los medios procesales para evitar la condena al pago y para lograr el traspaso del único bien inmueble de su propiedad a favor de su padre, señor Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, lo que devela la férrea oposición a satisfacer el pago derivado del contrato de compraventa de producto lácteo que lo obligó frente al señor Alex Joaquín Sandoval Servellón. Sobre la compraventa del bien inmueble, se logra apreciar que el señor Lisandro Suárez Medina lo dio en venta por la cantidad de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) mediante el instrumento público número 66 de fecha 3 de noviembre de 2003 autorizado por el notario Donaldo Argueta Aguilar, quien da fe que el vendedor recibió dicha cantidad a su entera satisfacción. Posteriormente, en fecha 15 de noviembre de 2003, según consta en la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 22 de septiembre de 2008, en su CONSIDERANDO (4), se requirió de pago al ejecutado para que dentro del término de veinticuatro horas pagara o consignara la cantidad reclamada en dicho juicio ejecutivo, dejándolo vencer sin haber realizado pago total o parcial. Sobre esto, la Sala aprecia que los señores Lisandro Suárez Medina Y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal desplegaron un comportamiento unívoco en evitar el pago, ya fuera de manera voluntaria o mediante la vía de apremio judicial, concretando el ánimo defraudatorio que desde el inició de la relación mercantil se mantuvo hasta la total sustanciación del proceso civil de demanda ejecutiva de pago. Comportamiento que se vio realizado conjuntamente por ambos señores Lisandro Antonio Suárez Lardizábal y Lisandro Suárez Medina al haberse negociado el único bien inmueble con el cual se procuraba asegurar el pago de la obligación, perfeccionándose la venta por un precio muy por debajo al valor de reventa que se aprecia en el instrumento público número 97 autorizado por el notario Raúl López Rivera en fecha 20 de octubre de 2011, donde consta el valor de venta a un tercero por Cuatro Millones De Lempiras (L 4,000,000.00). Esta Sala considera que un proceso que se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho de las partes procesales, en un plano de igualdad, el acusado y su abogado defensor, el fiscal en representación de intereses generales de la sociedad, y el acusador privado, como en el presente caso, en que la víctima adquiere aptitud procesal, a comparecer en juicio, oponerse con eficacia a las pretensiones de la parte contraria, y a presentar pruebas a su favor. Esta Sala concluye que al haber sido excluidos por el A quo los diversos hechos probados por las partes, en particular, la existencia de la sentencia dictada en fecha 22 de septiembre de 2008 por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán y las compraventas realizadas mediante instrumentos públicos número 66 de fecha 3 de noviembre de 2003 y número 97 de fecha 20 de octubre de 2011, en el presente caso la sentencia recurrida dictada por el A Quo efectivamente ha vulnerado el debido proceso y el principio de inocencia contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en perjuicio de la acusación privada, pues se ha dejado de condenar a los acusados habiéndose acreditado la existencia del delito y la responsabilidad de éstos. Habiendo prosperado el recurso de casación antes enunciado esta Sala de lo Penal estima que no es necesario pronunciarse sobre el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma DECISIÓN. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto Conforme a los artículos 240 y 241 numeral 3 del Codigo Penal, 144-83, la conducta de los acusados se subsume en el tipo penal de Estafa, siendo sancionada con una pena de seis a nueve años de reclusión. En el Código Penal 130-2017, la conducta de los acusados se encuentra comprendida como delito de Estafa (artículo 365), cuya pena principal es de dos a cuatro años de prisión, concurriendo conforme al artículo 366 las agravantes dispuestas en los numerales 3 y 5, pues debido al monto de lo defraudado, los hechos revisten especial gravedad y habiéndose utilizado cheques, estos se cometieron en el ámbito del sector financiero, por lo que la pena queda comprendida de 4 a 5 años 3 meses de prisión, pues debe darse un incremento de dos tercios, a la pena anteriormente descrita. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal pues supone un beneficio para los imputados, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 365 y 615 del Código Penal (Decreto No. 130-2017); y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional en su primer motivo interpuesto por los Abogados Nicolás García Zorto y Rosa Helena Bonilla Galindo actuando como acusadores privados en representación del señor Alex Joaquín Sandoval Servellón; Segundo: Casa la sentencia de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que absolvió a los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal del delito de Estafa, en perjuicio de Alex Joaquín Sandoval Servellón; Tercero: Declarar la procedencia de la Aplicación retroactiva del Codigo Penal 130-2017. Cuarto: Se Condena a los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal por el delito de Estafa, en perjuicio de Alex Joaquín Sandoval Servellón a la pena de 5 anos 2 meses de prisión, la que deberán de cumplir en la Penitenciaría Nacional que corresponda de conformidad con la ley; 2) Impone a los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal, las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; 3) Declara la responsabilidad civil de los señores Lisandro Suárez Medina y Lisandro Antonio Suárez Lardizábal; 4) No condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes para que ejecute la presente sentencia condenatoria impuesta al condenado. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Certificación de la sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente SP 313-2019

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

[1] Sentencias proferidas por la honorable Sala de lo Penal de 24 de agosto de 2010 (expediente n° 77-2009) y 24 de enero de 2012 (expediente n° 110-2009), de 24 de enero de 2012.

[2] Pfander, Alexander. Logik. 4ª ed. Tubingen: Niemeyer, 1921, citado por Pérez Vieda, Gustavo. Lógica. Bogotá: Doctrina y Ley, 2003, pág. 147.

[3] De la Rúa, Fernando. La casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la nación. 2ª ed. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, pág. 155.

[4]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[5] Montenegro B, Calixto. La Falsedad Documental. La Estafa. Editora Jurídica de Colombia, Primera Edición, 1992. Pág. 278.

[6] vid. CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO, “Estafas”, Editorial Tiran lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 62 y 63) (CP-77-09 de fecha 24 de agosto de 2010; CP-110-09 de fecha 24 de enero de 2012).