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Sentencia CP-29-19 — Registro 16038

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor, del delito de Violencia Intrafamiliar, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Para esta Sala de lo Penal y sin ánimo de valorar alternativamente la prueba del debate, el alegato de la recurrente no es de recibo, ya que los sentenciadores se ajustaron a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. - Para el caso en cuanto a la declaración de la señora Karen Melissa Rivera (ofendida), estableció: “Todo empezó el 31 de octubre de 2008, como a las tres de la tarde, estaban las dos niñas de él que tenía con otra pareja, él y yo en la casa, le estaba reclamando porque tenía otra mujer que es con la que vive actualmente, se molesto por los reclamos, me agarro del pantalón y me tiro al suelo, allí en el suelo empezó a patearme y darme golpes en la cara, me arrastro a la cocina, me dio un golpe en la cabeza que me desmaye, no se cuanto tiempo pasó pero al rato me pare y me fui y tome un taxi, a buscar una amiga que era vecina mía pero en ese momento andaba en el colegio, me la encontré en el boulevard, la monte al taxi y le dije que me acompañara que iba a poner la denuncia a la DNIC, y fui a poner la denuncia y me mandaron para el forense y me tomaron unas fotografías” (f. 30). En cuanto a la declaración de Gabriela Alejandra Mejía Valladares, estableció: “esto ocurrió en el 2008, yo venía de la Normal estaba de feria, yo miraba que me hablaban de un taxi, yo no acudí, luego me acerqué porque insistían, era Karen, me dijo acompáñame, era mi amiga en ese entonces, vamos en taxi, primero fuimos a Hondutel a hacer unas llamadas, ahora acompáñame a poner la denuncia a la DNIC, está bien le dije”. A preguntas de las partes estableció: “Que ella (Karen) si estaba golpeada en la cara y en el brazo, Creo que era pareja con él”. (f. 31). En el protocolo de examen físico, realizado a la señora Karen Melissa Rivera, realizada por el Doctor Carlos S. Paredes, realizado el 01/11/2008 (f.14), en la que describe en sus conclusiones las siguientes lesiones: “Escoriaciones rojizas múltiples en tórax anterior, antebrazo izquierdo, dedo índice y medio de mano izquierda, espalda baja. Equimosis rojo-violáceas en brazos derecho e izquierdo. Edema en mejilla izquierda. Estableciendo que ese tipo de lesiones son compatibles con las producidas por cuerpo romo (mano y pies). No hubo peligro de muerte. No quedaran secuelas. Incapacidad 10 días a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos”. Los razonamientos a que llega el A quo son correctos, estableciendo en su valoración que “Con la prueba testifical de la ofendida Karen Melissa Rivera y Gabriela Alejandra Mejía Valladares, se probó que el imputado golpeo a la ofendida, y esta fue a donde su amiga Gabriela para que la acompañara a interponer la denuncia, quién aprecio momentos después de la ocurrencia de los hechos las lesiones en la víctima, las cuales además fueron corroboradas por el médico forense del Ministerio Público quién en el mismo día pudo constatar la existencia de las mismas (f. 15 conclusiones de lesiones). Todo lo cual confirma con el dictamen practicado por una experticia de quien no se duda de su capacidad, ni las partes la cuestionaron, la cual estableció que la ofendida fue objeto de golpes producidas por cuerpo romo que podría ser la mano o los pies, tal como la ofendida dijo que había sido objeto de golpes por parte del encausado, a raíz que esta le reclamara a su expareja por la existencia de supuesta relación extramatrimonial con otra pareja, cumpliéndose así el requisito de ejecutar de intimidación, persecución, daño emocional y físico en perjuicio de su pareja la ofendida aludida antes, razones por la cuales se configuran todos los elementos o requisitos penales del tipo de violencia intrafamiliar”. En el presente caso que nos ocupa, esta Sala de lo Penal no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, ya que las inferencias deducidas por el mismo si son razonables, suficientes, coherentes y lógicas, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, llegando a formar su convicción judicial acerca de la participación directa del acusado en los hechos por los que se le juzga; en consecuencia se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Marcos Obdulio Ávila Suazo, por el delito consumado de Violencia Intrafamiliar (Art. 179-A), a la pena de un (01) año de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil, y la responsabilidad civil. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el artículo 289 regula el delito de Maltrato Familiar, el cual tiene una pena consignada de seis (06) meses a un (01) año de prisión y multa de cien (100) a doscientos (200) días o prestación de servicios de utilidad pública a las víctimas por el mismo tiempo. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 144-83, regula el maltrato familiar con una pena que se encuentra dentro del rango establecido para ese delito en la nueva legislación penal, por lo que no le procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues la pena impuesta en la sentencia se encuentra contenida en el rango de penas establecido en el nuevo Código Penal, además de la imposición de multa de cien (100) a doscientos (200) días o prestación de servicios de utilidad pública a las víctimas por el mismo tiempo, como pena principal, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-29-2019 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 29-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de junio del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Marcos Obdulio Avila Suazo, como autor, del delito de Violencia Intrafamiliar, en perjuicio de Karen Melissa Rivera a la pena de un año de reclusión. Segundo: Condenó al señor Marcos Obdulio Avila Suazo, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo en que dure la misma en las obras publicas o labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Marcos Obdulio Avila Suazo. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Quinto: No procedió decretar comiso sobre objeto alguno. Son partes en única instancia: Los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos de Marcos Obdulio Avila Suazo, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal de Sentencia procede a valorar de forma armónica la prueba practicada en el debate del juicio oral y público de la siguiente forma: UNICO: En fecha treinta y uno (31) de Octubre del año dos mil ocho (2008) la señora KAREN MELISSA RIVERA se encontraba en su casa de habitación ubicada en le Barrio La Merced de la Ciudad de La Paz, en compañía de su esposo MARCOS OBDULIO AVILA SUAZO platicando sobre la existencia de otra mujer en la vida de su pareja, quien al escuchar lo manifestado por su mujer, comenzó a insultarla así como agredirla físicamente dándole golpes, quien después se levantó y procedió a interponer la denuncia. ” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Delfina Palacios Membreño, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Por inobservancia, por parte del Juzgador, de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba, autoriza la interposición del presente recurso el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO: En el juicio oral y público en el que fue Juzgado el señor MARCOS OBDULIO ÁVILA SUAZO a quien se le atribuye haber insultado y golpeado a la señora KAREN MELISSA RIVERA, el ente acusador para acreditar la imputación en contra de dicho señor, ofreció, como prueba decisiva de cargo, la declaración de quien aparece como ofendida. SEGUNDO: Es en la valoración de dicha prueba en donde el Juzgador viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, según la cual toda afirmación, para que sea tenida como cierta, debe contar con suficiente fundamento que la justifique y la conclusión a la que arriba el Tribunal, al valorar la declaración de la referida testigo de cargo está desprovista de suficiente justificación. TERCERO: El Juzgador en el apartado MOTIVACIÓN PROBATORIA del fallo recurrido, expresa su criterio concluyente respecto al valor de convicción que le merece la declaración de la supuesta ofendida KAREN MELISSA RIVERA la cual es valorada junto con el Dictamen de Examen Físico al que fue sometida dicha señora y la declaración de Gabriela Alejandra Mejía Valladares, sostiene que con el relato de la primera se probó que el imputado golpeó a la ofendida causándole lesiones que fueron corroboradas por el médico forense del Ministerio Público. CUARTO: El Tribunal de juicio, tomando como sustento decisivo la declaración de la supuesta ofendida KAREN MELISSA RIVERA, declaró terminantemente acreditado que: "ÚNICO: en fecha treinta y uno (31) de Octubre del año dos mil ocho (2008) la señora KAREN MELISSA RIVERA se encontraba en su casa de habitación ubicada en El Barrio la Merced de la Ciudad de la Paz en compañía de su esposo MARCOS OBDULIO AVIIA SUAZO platicando sobre la existencia de otra mujer en la vida de su pareja quien al escuchar lo manifestado por su mujer, comenzó a insultarla, así como agredirla físicamente dándole golpes, quien después se levantó y procedió a interponer la denuncia. QUINTO: La conclusión a la que arriba el Juzgador, y que antes transcribimos, no cuenta con un adecuado sustento probatorio, por lo que dictar sentencia condenatoria en contra del señor MARCOS OBDULIO ÁVILA SUAZO por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en perjuicio de la señora KAREN MELISSA RIVERA, viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación; afectando gravemente el fundamental derecho a la presunción de inocencia que le asiste al imputado. SEXTO: El vicio denunciado se evidencia porque el fallo condenatorio está basado, decisivamente, en la declaración de la señora KAREN MELISSA RIVERA (supuesta ofendida), pero la misma no cuenta con corroboradores periféricos apropiados que la respalden, pues la prueba pericial y testificales ofrecidas por el ente acusador no aportan información que, sin lugar a dudas, apoyen su versión, por el contrario algunas de ellas la desdicen, así sucede con el dictamen médico del examen físico realizado a la ofendida por el doctor Carlos Silvano Paredes Bronfield, los resultados de dicha pericia controvierten la versión de la señora RIVERA, quien en su relato afirmó que el día de los hechos el imputado le propinó tremenda golpiza, tirándola al suelo en donde le pateó la cara y la cabeza, que uno de esos golpes que recibió en su cabeza la hizo perder el conocimiento y le dejó como secuela un perenne dolor de cabeza, sin embargo, los resultados de la evaluación física a la que fue sometida la ofendida, niegan el brutal ataque que denunció, pues, si bien es cierto, su cuerpo mostraba algunas lesiones, pero las mismas eran menores y otras contusiones simples, por tanto la versión de la supuesta ofendida carece de la necesaria verosimilitud que debe poseer una declaración testifical para basar en ella un fallo de condena, igual fisura se produce respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva que debe poseer el deponente, pues en juicio quedó evidenciada la existencia de un móvil de resentimiento de la ofendida respecto al imputado, originada en la existencia de otra pareja sentimental en la vida de su ex compañero de hogar, ello vuelve dudoso el contenido de la declaración de la señora KAREN MELISSA RIVERA, inconsistencia que tampoco es superada con la declaración de la otra testigo señora Gabriela Alejandra Mejía Valladares, pues ella es una testigo de referencia que solo acompañó a la señora RIVERA a interponer la denuncia, por ello el Juzgador viola las reglas de la sana crítica al valorar la prueba de cargo especialmente la prueba testifical rendida por la señora KAREN MELISSA RIVERA, ya que como antes señalamos dicha declaración carece de corroboradores periféricos que la respalden. SÉPTIMO: Es por lo antes referido que la defensa del señor MARCOS OBDULIO ÁVILA SUAZO, considera que en la valoración de la prueba, especialmente en relación a la declaración de la señora KAREN MELISSA RIVERA, el Juzgador viola las reglas de la san crítica en su ley lógica de la derivación, al arribar a una conclusión de condena a pesar que, como antes Io indicamos, la declaración de la supuesta ofendida, en la que decididamente se apoya el fallo condenatorio, no cuenta con corroboradores periféricos apropiados que permitan atribuirle credibilidad a su relato. Vicio procesal que debe ser enmendado por la Sala Penal ordenando la celebración de un nuevo juicio en el que las pruebas sean valoradas con apego absoluto a las reglas de la sana crítica. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA CORRECCIÓN DEL VICIO Siendo que el vicio que provoca la interposición del presente recurso se produce en el momento en que el Tribunal valora la prueba, por ello no hubo reclamación previa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa Pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana critica. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Que se declare ha lugar el motivo. Establece la recurrente que el juzgador viola las reglas de la sana crítica en su ley de lógica de la derivación, ya que considera que en la valoración de la prueba, especialmente en relación a la declaración de la señora Karen Melissa Rivera, en la que decididamente se apoya el fallo condenatorio, no cuenta con corroboradores periféricos que permitan atribuirle credibilidad a su relato. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1 Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Los hechos declarados probados son el resultado del proceso de valoración de los diferentes medios de prueba que son aportados en la audiencia de debate; valoración individual como conjugada, que para poder ser realizada por los juzgadores hacen uso de cada una de las reglas de la sana crítica que componen el recto entendimiento humano y que es el sistema de valoración probatoria que dispone el Código Procesal Penal, el cual debe ser usado por los Tribunales de Justicia en materia penal; como consecuencia los errores en el proceso de valoración, por razonamientos divorciados con las reglas de la sana crítica, generan el arribo de conclusiones impropias, mismas que se ven reflejadas en los hechos declarados probados, generando la errónea aplicación de normas sustantivas y por ende un fallo ajeno a los hechos reales del caso; es entonces que en resumen una errónea valoración probatoria genera una decisión judicial equívoca, de allí la importancia de que el proceso valorativo de la prueba sea realizado con el más riguroso apego a los principios de la lógica, a las máximas de la experiencia humana y a las reglas de la psicología humana. En el presente caso la Pretensora formula denuncia de violación al principio lógico de derivación, ya que la declaración de la señora Karen Melissa Rivera no cuenta con corroboradores periféricos apropiados que respalden, pues la prueba pericial y testifical ofrecida por el ente acusador no aportan información, que apoyen su versión. Para esta Sala de lo Penal y sin ánimo de valorar alternativamente la prueba del debate, el alegato de la recurrente no es de recibo, ya que los sentenciadores se ajustaron a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. - Para el caso en cuanto a la declaración de la señora Karen Melissa Rivera (ofendida), estableció: “Todo empezó el 31 de octubre de 2008, como a las tres de la tarde, estaban las dos niñas de él que tenía con otra pareja, él y yo en la casa, le estaba reclamando porque tenía otra mujer que es con la que vive actualmente, se molesto por los reclamos, me agarro del pantalón y me tiro al suelo, allí en el suelo empezó a patearme y darme golpes en la cara, me arrastro a la cocina, me dio un golpe en la cabeza que me desmaye, no se cuanto tiempo pasó pero al rato me pare y me fui y tome un taxi, a buscar una amiga que era vecina mía pero en ese momento andaba en el colegio, me la encontré en el boulevard, la monte al taxi y le dije que me acompañara que iba a poner la denuncia a la DNIC, y fui a poner la denuncia y me mandaron para el forense y me tomaron unas fotografías” (f. 30). En cuanto a la declaración de Gabriela Alejandra Mejía Valladares, estableció: “esto ocurrió en el 2008, yo venía de la Normal estaba de feria, yo miraba que me hablaban de un taxi, yo no acudí, luego me acerqué porque insistían, era Karen, me dijo acompáñame, era mi amiga en ese entonces, vamos en taxi, primero fuimos a Hondutel a hacer unas llamadas, ahora acompáñame a poner la denuncia a la DNIC, está bien le dije”. A preguntas de las partes estableció: “Que ella (Karen) si estaba golpeada en la cara y en el brazo, Creo que era pareja con él”. (f. 31). En el protocolo de examen físico, realizado a la señora Karen Melissa Rivera, realizada por el Doctor Carlos S. Paredes, realizado el 01/11/2008 (f.14), en la que describe en sus conclusiones las siguientes lesiones: “Escoriaciones rojizas múltiples en tórax anterior, antebrazo izquierdo, dedo índice y medio de mano izquierda, espalda baja. Equimosis rojo-violáceas en brazos derecho e izquierdo. Edema en mejilla izquierda. Estableciendo que ese tipo de lesiones son compatibles con las producidas por cuerpo romo (mano y pies). No hubo peligro de muerte. No quedaran secuelas. Incapacidad 10 días a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos”. Los razonamientos a que llega el A quo son correctos, estableciendo en su valoración que “Con la prueba testifical de la ofendida Karen Melissa Rivera y Gabriela Alejandra Mejía Valladares, se probó que el imputado golpeo a la ofendida, y esta fue a donde su amiga Gabriela para que la acompañara a interponer la denuncia, quién aprecio momentos después de la ocurrencia de los hechos las lesiones en la víctima, las cuales además fueron corroboradas por el médico forense del Ministerio Público quién en el mismo día pudo constatar la existencia de las mismas (f. 15 conclusiones de lesiones). Todo lo cual confirma con el dictamen practicado por una experticia de quien no se duda de su capacidad, ni las partes la cuestionaron, la cual estableció que la ofendida fue objeto de golpes producidas por cuerpo romo que podría ser la mano o los pies, tal como la ofendida dijo que había sido objeto de golpes por parte del encausado, a raíz que esta le reclamara a su expareja por la existencia de supuesta relación extramatrimonial con otra pareja, cumpliéndose así el requisito de ejecutar de intimidación, persecución, daño emocional y físico en perjuicio de su pareja la ofendida aludida antes, razones por la cuales se configuran todos los elementos o requisitos penales del tipo de violencia intrafamiliar”. En el presente caso que nos ocupa, esta Sala de lo Penal no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, ya que las inferencias deducidas por el mismo si son razonables, suficientes, coherentes y lógicas, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, llegando a formar su convicción judicial acerca de la participación directa del acusado en los hechos por los que se le juzga; en consecuencia se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa Pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y por ausencia de éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultará para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados con base en el VCP144-83 deba aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso medial, la comparación se deberá realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultará a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Marcos Obdulio Ávila Suazo, por el delito consumado de Violencia Intrafamiliar (Art. 179-A), a la pena de un (01) año de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil, y la responsabilidad civil. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el artículo 289 regula el delito de Maltrato Familiar, el cual tiene una pena consignada de seis (06) meses a un (01) año de prisión y multa de cien (100) a doscientos (200) días o prestación de servicios de utilidad pública a las víctimas por el mismo tiempo. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 144-83, regula el maltrato familiar con una pena que se encuentra dentro del rango establecido para ese delito en la nueva legislación penal, por lo que no le procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, pues la pena impuesta en la sentencia se encuentra contenida en el rango de penas establecido en el nuevo Código Penal, además de la imposición de multa de cien (100) a doscientos (200) días o prestación de servicios de utilidad pública a las víctimas por el mismo tiempo, como pena principal, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Delfina Palacios Membreño, en su condición de defensora pública del señor Marcos Obdulio Ávila Suazo, en la causa instruida por el delito de Violencia Intrafamiliar en perjuicio de la señora Karen Melissa Rivera. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. - Firma y Sello. –Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrada. - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-29-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRIA SALA DE LO PENAL

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