Sentencia CP-284-19 — Registro 16910
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple en su grado de Ejecución de Tentativa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados JOSÉ MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR, de un delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, imponiéndole la penal principal de DIEZ (10) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN; y como penas accesorias impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil y las consecuencias penales de responsabilidad civil derivada del delito y trabajo penitenciario. Conforme la legislación penal decreto 130-2017, el delito de Homicidio está regulado en el artículo 192 y la tentativa en los artículos 21 y 62; la pena para el delito de homicidio es de 15 a 20 años de prisión, pero al tratarse de una tentativa acabada dicha pena debe rebajarse en un cuarto (1/4) en su limite inferior, luego de los cálculos matemáticos quedaría una nueva pena abstracta de entre once (11) años y tres (3) meses a quince (15) años de prisión; por lo que, la pena impuesta en instancia a los acusados se encuentra por debajo del margen abstracto de la nueva ley penal, por lo tanto no procede la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. .."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, partiendo del motivo invocado por los recurrentes, el reproche debe circunscribirse en la declaración de hechos que el Tribunal Sentenciador ha considerado como probados y no se puede modificar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 369 de la normativa procesal penal, por lo que la tarea de esta Sala de lo Penal será confrontar la declaración fáctica con la norma penal utilizada por el Sentenciador y determinar si encontramos en esos sucesos probados los elementos objetivos y subjetivo del tipo penal de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. La declaración de hechos probados establecida por el A-quo dice: "UNICO: Que en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las doce y veinte (12:00pm) en el lugar conocido como el triángulo, Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, fue interceptada la señora MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR por los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA (conductor) y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR (disparador) quienes se conducian en una motocicleta, haciéndole el señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR dos disparos, uno que le rozo la cabeza y otro le impacto en la humanidad en el lado derecho, producto de los disparos que recibió cayó al suelo siendo auxiliada por los vecinos de ese sector y posteriormente fue traslada en ambulancia a la clinica de San Miguelito, quien sin la intervención médica no hubiese sobrevivido." Esta Sala de lo Penal disiente del motivo de casación expuesto, dado que los hechos declarados probados en la sentencia se subsumen y encuadran perfectamente en el tipo penal de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, tipificado en el artículo 116 relacionado con el 15 del Código; debemos partir, ante todo, de los elementos subjetivos del tipo penal, tomar en consideración la intencionalidad dolosa de los sujetos activos (José Martin Membreño Ferrera y Fredy Emanuel Cárcamo Aguilar), la cual se pone de manifiesto cuando aun sabiendo la antijuricidad de su accionar, aceptan con seguridad o probabilidad, que puede dar lugar a la consumación del tipo penal homicidio. Utilizan un medio idóneo (arma de fuego) para realizar actos inequívocos de ejecución (disparar proyectiles) contra la integridad física de la agredida, la cual no se consuma por causas exógenas a su voluntad (siendo auxiliada por terceros y posteriormente fue trasladada a una ambulancia, que sin la intervención médica no hubiese sobrevivido). Resulta patente que los hechos probados describen una materialización de las normas jurídicas aplicadas, aleja toda duda sobre la inminencia del riesgo vital sufrido por la víctima al recibir una herida en la cabeza y en la humanidad derecha, las cuales de no ser atendidas oportunamente pudieron haber consumado la voluntad objetiva de los autores. Ante tal situación, no debe olvidar el recurrente, que en la tentativa hay un desvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el desvalor del resultado puede ser muy tenue (elemento objetivo), y sin embargo es necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una intención-decisión de consumación del delito que contenga un desvalor de acción importante, con el cual se haya comenzado la ejecución de actos externos pero sin embargo el resultado no precise en su consumación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. Artículos 116 relacionado con el 15 del Código Penal (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-284-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha a un día del mes de noviembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, WALTER RAÚL MIRANDA SABIO, en su calidad de Coordinador, NELSON DANILO MAIRENA FRANCO y MARIO ROLANDO DIAZ FLORES pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-284-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete (07) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: CONDENAR al señor JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente del delito consumado de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la señora MARÍA JULIA NAVARRETE AGUILAR, a la pena de DIEZ (10) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN y a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. La reclusión deberá cumplirla en una penitenciaria nacional del país. Sera computable a efecto del cumplimiento de la pena, el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa, además el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula en sistema penitenciario. SEGUNDO: Se declara la responsabilidad civil del condenado JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA. TERCERO: Condenar al señor FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente del delito consumado de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la señora MARÍA JULIA NAVARRETE AGUILAR, a la pena de DIEZ (10) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN y a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. La reclusión deberá cumplirá en una penitenciaria nacional del país. Sera computable a efecto del cumplimiento de la pena, el tiempo que el acusado a permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa, además el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula en sistema penitenciario CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR. QUINTO: No se declara comiso de objeto alguno, por no ser objeto puesto a la orden del Tribunal. SEXTO: No procede condenar en costas procesales, personales ni por los gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: El Abogado LOURDES MILAGROS FLORES DEL CID Y ARMANDO NOBEL ALVARADO ARRIAGA, en su condición de defensores publicos de los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR, como parte recurrente; y, la Abogada JHON CESAR MEJIA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. I.HECHO PROBADO "UNICO: Que en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las doce y veinte (12:00pm) en el lugar conocido como el triángulo, Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, fue interceptada la señora MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR por los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA (conductor) y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR (disparador) quienes se conducian en una motocicleta, haciéndole el señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR dos disparos, uno que le rozo la cabeza y otro le impacto en la humanidad en el lado derecho, producto de los disparos que recibió cayó al suelo siendo auxiliada por los vecinos de ese sector y posteriormente fue traslada en ambulancia a la clínica de San Miguelito, quien sin la intervención médica no hubiese sobrevivido." II. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado LOURDES MILAGROS FLORES DEL CID Y ARMANDO NOBEL ALVARADO ARRIAGA, en su condición de defensores públicos de los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: "MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Motivo Invocado: Falta de aplicación del artículo 116 en relación al artículo 15 del nuevo Código Penal. Precepto Autorizante: Autoriza la interposición del presente recurso, el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: La norma sustantiva infringida es el artículo 116 del Código Penal que establece: "Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión...", relacionado con el artículo 15 del mismo cuerpo legal que establece: "Hay tentativa cuando con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente", articulos que han sido aplicados incorrectamente por el Tribunal de Sentencia, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece este artículo. En relación a lo anterior, el juzgador declaró como probados el siguiente hecho: "UNICO: Que en fecha cinco (5) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las doce y veinte (12:20 p.m.) en el lugar conocido con el Triángulo, Municipio San Juan, departamento de Intibucá, fue interceptada la señora MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR por los señores JOSE MARTIN MENBREÑO FERRERA (conductor) y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR (disparador), quienes se conducian en una motocicleta haciéndole el señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR dos disparos, uno que le rozo la cabeza y otro impactó en la humanidad en el lado derecho, producto de los dispararon que recibió cayó al suelo siendo auxiliada por vecinos del sector y posteriormente fue trasladada en ambulancia a la clínica de San Miguelito, quien sin la intervención médica no hubiese sobrevivido". PRIMERO: Consideramos que de este hecho probado no surgen los elementos del tipo penal de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, por el cual condenaron a nuestros representados, siendo necesario razonar el artículo 15 del Código Penal: "hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente". Para la aplicación de este articulo, era necesario que la prueba aportada por la parte acusadora en la audiencia de debate, acreditaran cuales fueron los actos inequívocos de ejecución y las causas ajenas que evitaron que nuestros representados le dieran muerte a la señora Maria Julia Navarrete, ello para considerar la TENTATIVA, ya que la única declaración que existe es la de la ofendida, quedando claro con su deposición que los imputados no siguieron disparándole hasta que perdiera la vida, establece que al momento del ataque fueron dos disparos los que recibió, cayendo al suelo y ella estando viva los vio alejarse por lo que derivando de ello, la dinámica del hecho fue rápida y sin posibilidad de ejercicio reflexivo de los perpetradores, en consecuencia existe un desistimiento, lo que implica que su ánimo no era matarle, requisito indispensable para la tentativa, en tal sentido al considerar este aspecto debió existir la aplicación del articulo 135 numeral 3 del Código Penal y condenarlos por el delito de Lesiones graves, la que conlleva una pena de 3 a 6 años. En relación a esta interpretación contamos con el voto particular razonado emitido por el Juez de Sentencia abogado JUAN JOSE AYALA ORELLANA, quien expresa entre otras cosas: "... es importante recordar lo que regula el articulo 337 del Código Procesal Penal que dispone que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean descritas en las formalización de acusación en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en al audiencia de debate, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulta de las actuaciones antes indicadas..." Con ello es obligación del Tribunal de Sentencia analizar los medios de pruebas desarrollados en la audiencia de debate en relación a las pretensiones de las partes, para asi arribar a una decisión sobre lo que se considera probado, pero para este después del estudio bajo la sana critica, arribo a la conclusión de que no se acreditó el tipo penal de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, que por mayoría de votos se consideró para dictar la sentencia condenatoria. SEGUNDO: Sigue manifestando en su voto disidente el togado que: "...De acuerdo con el dictamen medico rendido por la forense Dra. DILCIA ADILIA FLORES DEL CID, le produjeron una incapacidad mayor de treinta días, y si bien es cierto que hubo peligro de muerte como lo señala subjetivamente la misma medico forense, tampoco es menos cierto que tal circunstancia, objetivamente o expresamente se encuentre tipificada dentro de las tres (3) que regula el articulo 15 del Código Penal..." Haciendo su razonamiento en el sentido que no existe "el peligro de muerte" como requisito para que se establezca la tentativa, y que de lo declarado por la señora Maria Julia Navarrete la muerte de la ofendida no se consuma por voluntad de los imputados, esto ya que en el momento de la ejecución del hecho no ocurrió causa que les impidiera seguir disparando al cuerpo de la señora hasta causarle la muerte. Es por ello que consideramos tomar en cuenta lo que la Honorable Sala de lo Penal, ha establecido en sus fallos en cuanto al desistimiento: "La doctrina de manera unánime entiende que la figura del desistimiento se produce cuando habiendo realizado actos ejecutivos de un delito este no llega a consumarse por la libre decisión de autor, es decir, cuando el autor de manera libre y espontánea abandona el hecho delictivo que ha iniciado. Si bien tanto en la tentativa como en el desistimiento el autor inicia la actividad delictiva, la diferencia fundamental entre la tentativa y el desistimiento radica, que en la primera el autor no termina su actividad delictiva debido a una causa ajena a su voluntad que evita el curso causal delictivo y en la segunda se evita por la libre decisión del autor quien decide dejar de lado la consumación del delito. El desistimiento voluntario se entiende en el sentido estricto de desistimiento voluntario del plan del sujeto, al no poder realizar su plan total como lo había deducido". La defensa comparte el criterio esbozado por el Juez disidente, al considerar que la tentativa surge cuando se inicia el proceso de ejecución del delito desde su comienzo hasta su terminación pero sin consumación por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir que requiere en su parte objetiva una ejecución parcial o total no seguida de consumación y en la parte subjetiva la voluntad de consumación y la ausencia de desistimiento voluntario. Al respecto es necesario señalar, que el desistimiento voluntario es aquél en que una vez que el autor ha iniciado su acción desiste por su propia decisión, es decir, por causas internas del autor, sin embargo, para apreciar que existe tal desistimiento ha de analizarse de manera objetiva los hechos sucedidos y determinar si efectivamente existió o no un desistimiento voluntario. Dicho la anterior nada les detuvo a las personas que atacaron a la victima para que ejecutaran su acción hasta lograr su objetivo, en este caso la muerte de la señora Navarrete, cabe hacer que no se debe considerar la atención medica recibida como un elemento de la tentativa. Dicho lo anterior el Togado establece: "objetivamente este Tribunal de Sentencia debe o debió declarar responsablemente al señor JOSE MARTIN MENBREÑO FERRERA del delito de lesiones en perjuicio de la integridad fisica de la señora MARIA JUIA MAVARRETE AGUILAR, y en aplicación de los articulo 33 y 135 del mismo Código Penal, al señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR, este Tribunal de Sentencia objetivamente deber o debió declararlo penalmente responsable por el delito de LESIONES EN SU GRADO DE COMPLICIDAD, en perjuicio de la integridad fisica de MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR". Es por todo lo antes expuesto que esta defensa considera que la sentencia no fue dictada conforme a derecho violentándose la norma sustantiva o material, por lo que con esto se pretende que se declare la total procedencia del recurso de casación indicado en observancia a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Penal Vigente. TERCERO: Tomando en cuenta el precepto autorizante (articulo 360 CPP) cuando dice: "Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal......" En consecuencia con fundamento en esas consideraciones la defensa de JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR, no esta de acuerdo con la sentencia de merito que los condena por el delito Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa; por tales razones debe declararse nula la misma. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de leyEstablece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo..." (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por los Abogados LOURDES MILAGROS FLORES DEL CID Y ARMANDO NOBEL ALVARADO ARRIAGA, defensores públicos de los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR. Único Motivo. • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 116 en relación con el artículo 15 del Código Penal; • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación. • Pretensión: Se anule la sentencia al no subsumirse en la declaración de los hechos probados lo dispuesto en el artículo 116. Arguyen los censores que el Tribunal consideró que los hechos probados se subsumen en el delito homicidio en su grado de ejecución de tentativa, apreciación que la defensa no comparte por considerar que no surgen los elementos del tipo penal del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y que se debe de razonar lo establecido en el artículo 15 del código penal en relación a la tentativa, siendo necesario que la parte acusatoria acreditara cuales fueron los actos inequívocos de ejecución y las causas ajenas que evitaran que los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR le dieran muerte a la víctima, ya que el ánimo de ambos no era ocasionarle la muerte y siendo así un requisito indispensable de la tentativa, debiendo existir la aplicación basada en el artículo 135 numeral 3 del código penal. Del Delito de Homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La Vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio. El delito de Homicidio, protege la vida independiente como bien jurídico protegido ello obliga a definir cuando inicia y termina ésta a efectos de delimitar claramente el marco de operatividad del tipo penal: A).- Partiendo de una perspectiva legal, la Vida Independiente inicia a partir del nacimiento que ocurre con el tránsito del bebe a través del canal de parto hasta su expulsión total del útero materno, es decir inicia en el instante de la salida del bebe del claustro materno con independencia del inicio de la función pulmonar del recién nacido o de la separación del vínculo materno mediante el corte del cordón umbilical y con independencia a la viabilidad del que nace; La Sala de lo Penal conceptualiza así el nacimiento a partir de una interpretación sistemática de las normas penales (Tipología Conglobante), en especial la que define el delito de aborto que sanciona la muerte de un ser humano durante el embarazo o durante el parto, es pues que la etapa de parto conocida como expulsión es donde termina la protección del tipo penal de aborto e inicia la protección del tipo penal de homicidio; B).- La vida independiente termina con la muerte, ésta en la mayoría de los casos se manifiesta de manera evidente con el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y más concretamente con la suspensión de los tres sistemas sustentadores de la vida: i) Perdida de presión arterial y ausencia de ritmo cardiaco; ii) Detención de la función pulmonar con ausencia de Respiración Espontanea; iii) Detención del sistema nervioso, con ausencia de reflejos y perdida de la función cerebral. En otros casos la producción de la muerte no es tan evidente (Ejem. la llamada muerte clínica), y por lo tanto su determinación deberá de ser en base a lo que determina la ley de Donación y Trasplantes de órganos Anatómicos en Seres Humanos (Decreto 329-2013), la que señala en el artículo 11 que los órganos, tejidos materiales anatómicos pueden ser extraídos cuando se certifique la muerte encefálica o cerebral, lo cual ocurre, según el artículo 3.11 de la misma ley cuando ocurre la perdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral, lo que deberá de ser certificado por lo menos por tres médicos que no participen en el proceso de trasplante; Tal condición permite declarar a una persona muerta. El delito de Homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica que "Quien de muerte a una persona (...) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión". De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podria configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes: iii. Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras o un jefe de Estado o Jefe de Gobierno de un Estado Extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; y iv. Diferente a una mujer, cuando la conducta criminosa la realice un hombre en el marco de una relación. desigual de género, pues ello llamaría a aplicar por especialidad la figura delictiva de femicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe de ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de Asesinato; tampoco mediante una riña tumultuaria, pues ello llamaría a aplicar otra figura penal; f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, la cual se verá aumentada de treinta (30) años a reclusión de por vida, cuando se de muerte, con ocasión del desempeño de sus funciones, a cualquiera de las personas que ostenten el cargo de: diputados al Congreso nacional, director de la Oficina Administrativa de bienes Incautados, Jueces/zas o Magistrados/as del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Defensores/as Públicos, Agentes de la policía Nacional o de Investigación, Agentes de la Fuerza de Lucha contra el narcotráfico, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y Testigos Protegidos, Militares en Servicio Activo, Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios o cualquier otro Operador de Justicia vinculado en el combate contra la criminalidad. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo el tipo penal de Homicidio requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada: No constituirá delito de homicidio simple, cuando la intención del sujeto activo sea la de lesionar, pero el resultado sea la muerte del sujeto activo aun cuando el medio empleado objetivamente no debió producirla, lo que deberá de ser calificado como Homicidio Preterintencional. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio, las siguientes: a. Según Su Estructura: i.- Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su Contenido: i.- Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo fisico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii. Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv. Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1).- FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (Surgimiento de la Idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (Decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- FASE INTERMEDIA: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente contemplado en el artículo 330 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3).- FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien. jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada "la intención de cometer un delito determinado" (Art. 15CP); el dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido: iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor).- La tentativa puede ser Acabada cuando el sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso, o Inacabada cuando el Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad; iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse "por causas ajenas a la voluntad del agente" (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, partiendo del motivo invocado por los recurrentes, el reproche debe circunscribirse en la declaración de hechos que el Tribunal Sentenciador ha considerado como probados y no se puede modificar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 369 de la normativa procesal penal, por lo que la tarea de esta Sala de lo Penal será confrontar la declaración fáctica con la norma penal utilizada por el Sentenciador y determinar si encontramos en esos sucesos probados los elementos objetivos y subjetivo del tipo penal de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. La declaración de hechos probados establecida por el A-quo dice: "UNICO: Que en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las doce y veinte (12:00pm) en el lugar conocido como el triángulo, Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, fue interceptada la señora MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR por los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA (conductor) y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR (disparador) quienes se conducian en una motocicleta, haciéndole el señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR dos disparos, uno que le rozo la cabeza y otro le impacto en la humanidad en el lado derecho, producto de los disparos que recibió cayó al suelo siendo auxiliada por los vecinos de ese sector y posteriormente fue traslada en ambulancia a la clinica de San Miguelito, quien sin la intervención médica no hubiese sobrevivido." Esta Sala de lo Penal disiente del motivo de casación expuesto, dado que los hechos declarados probados en la sentencia se subsumen y encuadran perfectamente en el tipo penal de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, tipificado en el artículo 116 relacionado con el 15 del Código; debemos partir, ante todo, de los elementos subjetivos del tipo penal, tomar en consideración la intencionalidad dolosa de los sujetos activos (José Martin Membreño Ferrera y Fredy Emanuel Cárcamo Aguilar), la cual se pone de manifiesto cuando aun sabiendo la antijuricidad de su accionar, aceptan con seguridad o probabilidad, que puede dar lugar a la consumación del tipo penal homicidio. Utilizan un medio idóneo (arma de fuego) para realizar actos inequívocos de ejecución (disparar proyectiles) contra la integridad física de la agredida, la cual no se consuma por causas exógenas a su voluntad (siendo auxiliada por terceros y posteriormente fue trasladada a una ambulancia, que sin la intervención médica no hubiese sobrevivido). Resulta patente que los hechos probados describen una materialización de las normas jurídicas aplicadas, aleja toda duda sobre la inminencia del riesgo vital sufrido por la víctima al recibir una herida en la cabeza y en la humanidad derecha, las cuales de no ser atendidas oportunamente pudieron haber consumado la voluntad objetiva de los autores. Ante tal situación, no debe olvidar el recurrente, que en la tentativa hay un desvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el desvalor del resultado puede ser muy tenue (elemento objetivo), y sin embargo es necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una intención-decisión de consumación del delito que contenga un desvalor de acción importante, con el cual se haya comenzado la ejecución de actos externos pero sin embargo el resultado no precise en su consumación. DECISIÓN Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción ley en su único motivo, interpuesto por las defensas de los imputados. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130- 2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: "Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta." En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Ab. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130- 2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los limites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena.Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: ¿ Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados JOSÉ MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR, de un delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, imponiéndole la penal principal de DIEZ (10) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN; y como penas accesorias impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil y las consecuencias penales de responsabilidad civil derivada del delito y trabajo penitenciario. Conforme la legislación penal decreto 130-2017, el delito de Homicidio está regulado en el artículo 192 y la tentativa en los artículos 21 y 62; la pena para el delito de homicidio es de 15 a 20 años de prisión, pero al tratarse de una tentativa acabada dicha pena debe rebajarse en un cuarto (1/4) en su limite inferior, luego de los cálculos matemáticos quedaría una nueva pena abstracta de entre once (11) años y tres (3) meses a quince (15) años de prisión; por lo que, la pena impuesta en instancia a los acusados se encuentra por debajo del margen abstracto de la nueva ley penal, por lo tanto no procede la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 15 y 116 del Código Penal decreto 144-83; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130- 217. FALLA: PRIMERO: Declara No HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por los Abogados LOURDES MILAGROS FLORES DEL CID Y ARMANDO NOBEL ALVARADO ARRIAGA, en su condición de Defensor Privado de los señores JOSÉ MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR a quienes se les condenó por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de MARÍA JULIA NAVARRETE AGUILAR. SEGUNDO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha siete (07) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto magistrado Mairena Franco. NOTIFIQUESE.Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a seis días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a un día del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-284-2019. WILY ALEXANDER MEDINA PEREZRECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-284-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha a un día del mes de noviembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, WALTER RAÚL MIRANDA SABIO, en su calidad de Coordinador, NELSON DANILO MAIRENA FRANCO y MARIO ROLANDO DIAZ FLORES pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-284-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete (07) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: CONDENAR al señor JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente del delito consumado de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la señora MARÍA JULIA NAVARRETE AGUILAR, a la pena de DIEZ (10) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN y a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. La reclusión deberá cumplirla en una penitenciaria nacional del país. Sera computable a efecto del cumplimiento de la pena, el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa, además el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula en sistema penitenciario. SEGUNDO: Se declara la responsabilidad civil del condenado JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA. TERCERO: Condenar al señor FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente del delito consumado de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la señora MARÍA JULIA NAVARRETE AGUILAR, a la pena de DIEZ (10) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN y a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. La reclusión deberá cumplirá en una penitenciaria nacional del país. Sera computable a efecto del cumplimiento de la pena, el tiempo que el acusado a permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa, además el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula en sistema penitenciario CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR. QUINTO: No se declara comiso de objeto alguno, por no ser objeto puesto a la orden del Tribunal. SEXTO: No procede condenar en costas procesales, personales ni por los gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: El Abogado LOURDES MILAGROS FLORES DEL CID Y ARMANDO NOBEL ALVARADO ARRIAGA, en su condición de defensores publicos de los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR, como parte recurrente; y, la Abogada JHON CESAR MEJIA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. I.HECHO PROBADO "UNICO: Que en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las doce y veinte (12:00pm) en el lugar conocido como el triángulo, Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, fue interceptada la señora MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR por los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA (conductor) y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR (disparador) quienes se conducian en una motocicleta, haciéndole el señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR dos disparos, uno que le rozo la cabeza y otro le impacto en la humanidad en el lado derecho, producto de los disparos que recibió cayó al suelo siendo auxiliada por los vecinos de ese sector y posteriormente fue traslada en ambulancia a la clínica de San Miguelito, quien sin la intervención médica no hubiese sobrevivido." II. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado LOURDES MILAGROS FLORES DEL CID Y ARMANDO NOBEL ALVARADO ARRIAGA, en su condición de defensores públicos de los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: "MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Motivo Invocado: Falta de aplicación del artículo 116 en relación al artículo 15 del nuevo Código Penal. Precepto Autorizante: Autoriza la interposición del presente recurso, el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: La norma sustantiva infringida es el artículo 116 del Código Penal que establece: "Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión...", relacionado con el artículo 15 del mismo cuerpo legal que establece: "Hay tentativa cuando con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente", articulos que han sido aplicados incorrectamente por el Tribunal de Sentencia, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece este artículo. En relación a lo anterior, el juzgador declaró como probados el siguiente hecho: "UNICO: Que en fecha cinco (5) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las doce y veinte (12:20 p.m.) en el lugar conocido con el Triángulo, Municipio San Juan, departamento de Intibucá, fue interceptada la señora MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR por los señores JOSE MARTIN MENBREÑO FERRERA (conductor) y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR (disparador), quienes se conducian en una motocicleta haciéndole el señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR dos disparos, uno que le rozo la cabeza y otro impactó en la humanidad en el lado derecho, producto de los dispararon que recibió cayó al suelo siendo auxiliada por vecinos del sector y posteriormente fue trasladada en ambulancia a la clínica de San Miguelito, quien sin la intervención médica no hubiese sobrevivido". PRIMERO: Consideramos que de este hecho probado no surgen los elementos del tipo penal de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, por el cual condenaron a nuestros representados, siendo necesario razonar el artículo 15 del Código Penal: "hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente". Para la aplicación de este articulo, era necesario que la prueba aportada por la parte acusadora en la audiencia de debate, acreditaran cuales fueron los actos inequívocos de ejecución y las causas ajenas que evitaron que nuestros representados le dieran muerte a la señora Maria Julia Navarrete, ello para considerar la TENTATIVA, ya que la única declaración que existe es la de la ofendida, quedando claro con su deposición que los imputados no siguieron disparándole hasta que perdiera la vida, establece que al momento del ataque fueron dos disparos los que recibió, cayendo al suelo y ella estando viva los vio alejarse por lo que derivando de ello, la dinámica del hecho fue rápida y sin posibilidad de ejercicio reflexivo de los perpetradores, en consecuencia existe un desistimiento, lo que implica que su ánimo no era matarle, requisito indispensable para la tentativa, en tal sentido al considerar este aspecto debió existir la aplicación del articulo 135 numeral 3 del Código Penal y condenarlos por el delito de Lesiones graves, la que conlleva una pena de 3 a 6 años. En relación a esta interpretación contamos con el voto particular razonado emitido por el Juez de Sentencia abogado JUAN JOSE AYALA ORELLANA, quien expresa entre otras cosas: "... es importante recordar lo que regula el articulo 337 del Código Procesal Penal que dispone que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean descritas en las formalización de acusación en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en al audiencia de debate, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulta de las actuaciones antes indicadas..." Con ello es obligación del Tribunal de Sentencia analizar los medios de pruebas desarrollados en la audiencia de debate en relación a las pretensiones de las partes, para asi arribar a una decisión sobre lo que se considera probado, pero para este después del estudio bajo la sana critica, arribo a la conclusión de que no se acreditó el tipo penal de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, que por mayoría de votos se consideró para dictar la sentencia condenatoria. SEGUNDO: Sigue manifestando en su voto disidente el togado que: "...De acuerdo con el dictamen medico rendido por la forense Dra. DILCIA ADILIA FLORES DEL CID, le produjeron una incapacidad mayor de treinta días, y si bien es cierto que hubo peligro de muerte como lo señala subjetivamente la misma medico forense, tampoco es menos cierto que tal circunstancia, objetivamente o expresamente se encuentre tipificada dentro de las tres (3) que regula el articulo 15 del Código Penal..." Haciendo su razonamiento en el sentido que no existe "el peligro de muerte" como requisito para que se establezca la tentativa, y que de lo declarado por la señora Maria Julia Navarrete la muerte de la ofendida no se consuma por voluntad de los imputados, esto ya que en el momento de la ejecución del hecho no ocurrió causa que les impidiera seguir disparando al cuerpo de la señora hasta causarle la muerte. Es por ello que consideramos tomar en cuenta lo que la Honorable Sala de lo Penal, ha establecido en sus fallos en cuanto al desistimiento: "La doctrina de manera unánime entiende que la figura del desistimiento se produce cuando habiendo realizado actos ejecutivos de un delito este no llega a consumarse por la libre decisión de autor, es decir, cuando el autor de manera libre y espontánea abandona el hecho delictivo que ha iniciado. Si bien tanto en la tentativa como en el desistimiento el autor inicia la actividad delictiva, la diferencia fundamental entre la tentativa y el desistimiento radica, que en la primera el autor no termina su actividad delictiva debido a una causa ajena a su voluntad que evita el curso causal delictivo y en la segunda se evita por la libre decisión del autor quien decide dejar de lado la consumación del delito. El desistimiento voluntario se entiende en el sentido estricto de desistimiento voluntario del plan del sujeto, al no poder realizar su plan total como lo había deducido". La defensa comparte el criterio esbozado por el Juez disidente, al considerar que la tentativa surge cuando se inicia el proceso de ejecución del delito desde su comienzo hasta su terminación pero sin consumación por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir que requiere en su parte objetiva una ejecución parcial o total no seguida de consumación y en la parte subjetiva la voluntad de consumación y la ausencia de desistimiento voluntario. Al respecto es necesario señalar, que el desistimiento voluntario es aquél en que una vez que el autor ha iniciado su acción desiste por su propia decisión, es decir, por causas internas del autor, sin embargo, para apreciar que existe tal desistimiento ha de analizarse de manera objetiva los hechos sucedidos y determinar si efectivamente existió o no un desistimiento voluntario. Dicho la anterior nada les detuvo a las personas que atacaron a la victima para que ejecutaran su acción hasta lograr su objetivo, en este caso la muerte de la señora Navarrete, cabe hacer que no se debe considerar la atención medica recibida como un elemento de la tentativa. Dicho lo anterior el Togado establece: "objetivamente este Tribunal de Sentencia debe o debió declarar responsablemente al señor JOSE MARTIN MENBREÑO FERRERA del delito de lesiones en perjuicio de la integridad fisica de la señora MARIA JUIA MAVARRETE AGUILAR, y en aplicación de los articulo 33 y 135 del mismo Código Penal, al señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR, este Tribunal de Sentencia objetivamente deber o debió declararlo penalmente responsable por el delito de LESIONES EN SU GRADO DE COMPLICIDAD, en perjuicio de la integridad fisica de MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR". Es por todo lo antes expuesto que esta defensa considera que la sentencia no fue dictada conforme a derecho violentándose la norma sustantiva o material, por lo que con esto se pretende que se declare la total procedencia del recurso de casación indicado en observancia a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Penal Vigente. TERCERO: Tomando en cuenta el precepto autorizante (articulo 360 CPP) cuando dice: "Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal......" En consecuencia con fundamento en esas consideraciones la defensa de JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR, no esta de acuerdo con la sentencia de merito que los condena por el delito Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa; por tales razones debe declararse nula la misma. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de leyEstablece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo..." (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por los Abogados LOURDES MILAGROS FLORES DEL CID Y ARMANDO NOBEL ALVARADO ARRIAGA, defensores públicos de los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR. Único Motivo. • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 116 en relación con el artículo 15 del Código Penal; • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación. • Pretensión: Se anule la sentencia al no subsumirse en la declaración de los hechos probados lo dispuesto en el artículo 116. Arguyen los censores que el Tribunal consideró que los hechos probados se subsumen en el delito homicidio en su grado de ejecución de tentativa, apreciación que la defensa no comparte por considerar que no surgen los elementos del tipo penal del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y que se debe de razonar lo establecido en el artículo 15 del código penal en relación a la tentativa, siendo necesario que la parte acusatoria acreditara cuales fueron los actos inequívocos de ejecución y las causas ajenas que evitaran que los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR le dieran muerte a la víctima, ya que el ánimo de ambos no era ocasionarle la muerte y siendo así un requisito indispensable de la tentativa, debiendo existir la aplicación basada en el artículo 135 numeral 3 del código penal. Del Delito de Homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La Vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio. El delito de Homicidio, protege la vida independiente como bien jurídico protegido ello obliga a definir cuando inicia y termina ésta a efectos de delimitar claramente el marco de operatividad del tipo penal: A).- Partiendo de una perspectiva legal, la Vida Independiente inicia a partir del nacimiento que ocurre con el tránsito del bebe a través del canal de parto hasta su expulsión total del útero materno, es decir inicia en el instante de la salida del bebe del claustro materno con independencia del inicio de la función pulmonar del recién nacido o de la separación del vínculo materno mediante el corte del cordón umbilical y con independencia a la viabilidad del que nace; La Sala de lo Penal conceptualiza así el nacimiento a partir de una interpretación sistemática de las normas penales (Tipología Conglobante), en especial la que define el delito de aborto que sanciona la muerte de un ser humano durante el embarazo o durante el parto, es pues que la etapa de parto conocida como expulsión es donde termina la protección del tipo penal de aborto e inicia la protección del tipo penal de homicidio; B).- La vida independiente termina con la muerte, ésta en la mayoría de los casos se manifiesta de manera evidente con el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y más concretamente con la suspensión de los tres sistemas sustentadores de la vida: i) Perdida de presión arterial y ausencia de ritmo cardiaco; ii) Detención de la función pulmonar con ausencia de Respiración Espontanea; iii) Detención del sistema nervioso, con ausencia de reflejos y perdida de la función cerebral. En otros casos la producción de la muerte no es tan evidente (Ejem. la llamada muerte clínica), y por lo tanto su determinación deberá de ser en base a lo que determina la ley de Donación y Trasplantes de órganos Anatómicos en Seres Humanos (Decreto 329-2013), la que señala en el artículo 11 que los órganos, tejidos materiales anatómicos pueden ser extraídos cuando se certifique la muerte encefálica o cerebral, lo cual ocurre, según el artículo 3.11 de la misma ley cuando ocurre la perdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral, lo que deberá de ser certificado por lo menos por tres médicos que no participen en el proceso de trasplante; Tal condición permite declarar a una persona muerta. El delito de Homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica que "Quien de muerte a una persona (...) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión". De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podria configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes: iii. Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras o un jefe de Estado o Jefe de Gobierno de un Estado Extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; y iv. Diferente a una mujer, cuando la conducta criminosa la realice un hombre en el marco de una relación. desigual de género, pues ello llamaría a aplicar por especialidad la figura delictiva de femicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe de ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de Asesinato; tampoco mediante una riña tumultuaria, pues ello llamaría a aplicar otra figura penal; f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, la cual se verá aumentada de treinta (30) años a reclusión de por vida, cuando se de muerte, con ocasión del desempeño de sus funciones, a cualquiera de las personas que ostenten el cargo de: diputados al Congreso nacional, director de la Oficina Administrativa de bienes Incautados, Jueces/zas o Magistrados/as del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Defensores/as Públicos, Agentes de la policía Nacional o de Investigación, Agentes de la Fuerza de Lucha contra el narcotráfico, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y Testigos Protegidos, Militares en Servicio Activo, Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios o cualquier otro Operador de Justicia vinculado en el combate contra la criminalidad. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo el tipo penal de Homicidio requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada: No constituirá delito de homicidio simple, cuando la intención del sujeto activo sea la de lesionar, pero el resultado sea la muerte del sujeto activo aun cuando el medio empleado objetivamente no debió producirla, lo que deberá de ser calificado como Homicidio Preterintencional. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio, las siguientes: a. Según Su Estructura: i.- Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su Contenido: i.- Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo fisico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii. Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv. Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1).- FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (Surgimiento de la Idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (Decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- FASE INTERMEDIA: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente contemplado en el artículo 330 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3).- FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien. jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada "la intención de cometer un delito determinado" (Art. 15CP); el dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido: iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor).- La tentativa puede ser Acabada cuando el sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso, o Inacabada cuando el Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad; iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse "por causas ajenas a la voluntad del agente" (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, partiendo del motivo invocado por los recurrentes, el reproche debe circunscribirse en la declaración de hechos que el Tribunal Sentenciador ha considerado como probados y no se puede modificar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 369 de la normativa procesal penal, por lo que la tarea de esta Sala de lo Penal será confrontar la declaración fáctica con la norma penal utilizada por el Sentenciador y determinar si encontramos en esos sucesos probados los elementos objetivos y subjetivo del tipo penal de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. La declaración de hechos probados establecida por el A-quo dice: "UNICO: Que en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las doce y veinte (12:00pm) en el lugar conocido como el triángulo, Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, fue interceptada la señora MARIA JULIA NAVARRETE AGUILAR por los señores JOSE MARTIN MEMBREÑO FERRERA (conductor) y FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR (disparador) quienes se conducian en una motocicleta, haciéndole el señor FREDY EMANUEL CARCAMO AGUILAR dos disparos, uno que le rozo la cabeza y otro le impacto en la humanidad en el lado derecho, producto de los disparos que recibió cayó al suelo siendo auxiliada por los vecinos de ese sector y posteriormente fue traslada en ambulancia a la clinica de San Miguelito, quien sin la intervención médica no hubiese sobrevivido." Esta Sala de lo Penal disiente del motivo de casación expuesto, dado que los hechos declarados probados en la sentencia se subsumen y encuadran perfectamente en el tipo penal de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, tipificado en el artículo 116 relacionado con el 15 del Código; debemos partir, ante todo, de los elementos subjetivos del tipo penal, tomar en consideración la intencionalidad dolosa de los sujetos activos (José Martin Membreño Ferrera y Fredy Emanuel Cárcamo Aguilar), la cual se pone de manifiesto cuando aun sabiendo la antijuricidad de su accionar, aceptan con seguridad o probabilidad, que puede dar lugar a la consumación del tipo penal homicidio. Utilizan un medio idóneo (arma de fuego) para realizar actos inequívocos de ejecución (disparar proyectiles) contra la integridad física de la agredida, la cual no se consuma por causas exógenas a su voluntad (siendo auxiliada por terceros y posteriormente fue trasladada a una ambulancia, que sin la intervención médica no hubiese sobrevivido). Resulta patente que los hechos probados describen una materialización de las normas jurídicas aplicadas, aleja toda duda sobre la inminencia del riesgo vital sufrido por la víctima al recibir una herida en la cabeza y en la humanidad derecha, las cuales de no ser atendidas oportunamente pudieron haber consumado la voluntad objetiva de los autores. Ante tal situación, no debe olvidar el recurrente, que en la tentativa hay un desvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el desvalor del resultado puede ser muy tenue (elemento objetivo), y sin embargo es necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una intención-decisión de consumación del delito que contenga un desvalor de acción importante, con el cual se haya comenzado la ejecución de actos externos pero sin embargo el resultado no precise en su consumación. DECISIÓN Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción ley en su único motivo, interpuesto por las defensas de los imputados. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130- 2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: "Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta." En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Ab. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130- 2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los limites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena.Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: ¿ Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados JOSÉ MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR, de un delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, imponiéndole la penal principal de DIEZ (10) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN; y como penas accesorias impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil y las consecuencias penales de responsabilidad civil derivada del delito y trabajo penitenciario. Conforme la legislación penal decreto 130-2017, el delito de Homicidio está regulado en el artículo 192 y la tentativa en los artículos 21 y 62; la pena para el delito de homicidio es de 15 a 20 años de prisión, pero al tratarse de una tentativa acabada dicha pena debe rebajarse en un cuarto (1/4) en su limite inferior, luego de los cálculos matemáticos quedaría una nueva pena abstracta de entre once (11) años y tres (3) meses a quince (15) años de prisión; por lo que, la pena impuesta en instancia a los acusados se encuentra por debajo del margen abstracto de la nueva ley penal, por lo tanto no procede la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 15 y 116 del Código Penal decreto 144-83; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130- 217. FALLA: PRIMERO: Declara No HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por los Abogados LOURDES MILAGROS FLORES DEL CID Y ARMANDO NOBEL ALVARADO ARRIAGA, en su condición de Defensor Privado de los señores JOSÉ MARTIN MEMBREÑO FERRERA Y FREDY EMANUEL CÁRCAMO AGUILAR a quienes se les condenó por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de MARÍA JULIA NAVARRETE AGUILAR. SEGUNDO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha siete (07) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto magistrado Mairena Franco. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a seis días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a un día del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-284-2019. Wily Alexander Medina PerezRECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL”