Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-267-19 — Registro 18074

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Extorsión, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y que Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta a los acusados de 25 años de reclusión se encuentra dentro del margen señalado en la nueva legislación penal, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Ante el planteamiento del recurrente,esta Sala de lo Penal al hacer un análisis del recurso presentado detecta que el censor no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para plantear y fundamentar su recurso, pues tal como lo explicamos en el apartado anterior, el recurso de casación debe cumplir con ciertos requisitos necesarios para que esta Sala de Casación proceda a darle respuesta. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenido en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i. Identificación del razonamiento judicial vicioso; ii. La identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii. Exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv. la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el caso de autos el censor presenta como vicio la violación a las reglas de la sana crítica, pero al momento de argumentar su recurso hace aseveraciones propias de recursos ordinarios mediante los cuales es permitido los argumentos de instancia, pero que en esta etapa casacional no son permitidos, como por ejemplo afirmó entre otros argumentos: • “En el caso subjudice, esta defensa no comparte las conclusiones a la que ha arribado el sentenciador, en cuanto a que tanto en la declaración del Testigo Protegido manifestó desde un inicio que llegaron tres decirle que desde esa fecha tendría que pagar 2500.00 lempiras de extorsión mencionando a dos de ellos con el alias de "Chungo", "el negro", al momento que realizan la captura detienen a 4 personas; y en ningún momento dicho testigo declaró que desde un inicio hayan llegado los cuatro a cobrarles el dinero de la extorsión; nunca se individualizo a los imputados quienes de los cuatro llegaron desde un inicio a cobrarles la extorsión”. • Al rendir su declaración el Testigo Protegido en estrados (debate) manifestó que había entregado al agente de la ENA, 3 billetes de 500.00 lempiras y 10 billetes de 100.00 Lempiras; y al hacer la observación esta defensa que si ya había declarado en el Juzgado; el manifestó que si, y al preguntarle porque anteriormente había dicho que había entregado para el acta de seriado 4 billetes de 500.00 y 10 de 100.00 lempiras, situación que fue aclarada por la secretaria la contradicción hecha por la defensa, respondió que lo correcto eran 3 billetes de 500.00, que antes había dicho 4 pero que era por los nervios de ese momento. • “Como se podrá observar existe una errónea valoración de este medio de prueba ya que la supuesta víctima manifestó que lo entrego en sobre y el testigo ANGELO LAGOS dice que observo que se lo entrego normal, que no iba en sobre. Igual manifestó el testigo LUIS ADOLFO SANCHEZ HERNANDEZ ¿Entonces cuál es la verdad?” • “Ambos testigos manifestaron que el dinero se lo entregaron a una sola persona de nombre Jesús Alberto Trochez alias "Chungo" pero sin embargo a pesar de mantenerlos bajo vigilancia no dan razón porque el dinero aparece repartido entre todos los imputados; esa circunstancia no pudo ser probada en audiencia de juicio oral y público.” • Por esta razón la defensa considera que el Juzgador hizo una incorrecta valoración de las pruebas ya que al hacer un análisis de la misma no podemos arribar a dar por cierto que agente de la FNA fue la persona que le dio captura al señor Jesús Alberto Trochez. Ninguno de esos argumentos corresponde a la técnica necesaria para cuestionar la valoración probatoria realizada por el A-quo, pues el censor en ningún momento trajo a discusión cual es la valoración probatoria del Juzgador que considera errónea, sino que fundamentó su recurso en meros alegatos de instancia y muchos de ellos enfocados a que no compartía los razonamientos del Sentenciador, realiza una valoración subjetiva, es decir vista desde la óptica de la defensa y no a través de los argumentos del Juzgador para valorar la prueba. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente no se logró probar con la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. Por todas estas razones el recurso de casación debe ser desestimado..."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Penales, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-267-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 267-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno, como autores materiales del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido Clave R167, a una pena principal de veinticinco años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto ochenta y tres salario minino, para cada uno respectivamente. Segundo: Condenó a Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción civil, ambas penas por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Se declaró a Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno responsables civilmente de los daños y perjuicios ocasionados. Cuarto: No procedió la condena en costas a Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno. Quinto: Se declaró el comiso de un teléfono celular marca Mobile, dos teléfonos celular marca B-Mobile, un teléfono celular marca Samsung, un teléfono celular Marca BLU color celeste con negro y un teléfono celular marca HUAWEYI color negro y dinero en efectivo por la cantidad de cuatro mil lempiras dentro de la cual se encuentra que es propiedad del Testigo Protegido, por lo que se declaró el comiso de los aparatos celulares y únicamente dos mil quinientos lempiras. Ordenó la devolución al Testigo Protegido la cantidad de dos mil quinientos lempiras, las cuales corresponden al acta de seriado de dinero. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Héctor Samuel Madrid Sabillon en su condición de defensor privado de Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno, como parte recurrente. Hechos Probados “UNICO: EI TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 mantenía una ruta de distribución de productos en la Aldea de Cofradía, San Pedro Sula, Cortés. En una fecha no determinada del mes de mayo del año 2016 el TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 mientras realizaba la distribución de productos en el sector de Cofradía, San Pedro Sula, Cortés, se acercaron hasta donde él los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES,CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA Y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO y le exigieron desde ese momento la entrega de 2,500.00 lempiras semanales los que efectuaba los días Jueves, bajo la amenaza que de no hacerlo le impedirían cubrir esa ruta y le causarían la muerte. EI TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 les entregó la cantidad de 2,500.00 lempiras en 3 ocasiones, realizando el último pago el día 14 de julio del año 2016. En esta última fecha de la entrega, luego de un seguimiento organizado por la Fuerza Nacional Antiextorsión fueron capturados los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO a quienes se le decomiso los billetes que previamente habían sido registrados en un acta de seriado de dinero por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que correspondían a la entrega realizada en ese día por el Testigo Protegido.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: "No haber observado el Sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Precepto penal que sirve de sustento procedimental a esta impetración prescribe: Articulo 202: Las pruebas serán valoradas conforme a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. Respetando como estamos obligados, lo hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, entendemos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica es la que el tribunal debe usar, para realizar la actividad de conjunción y en la parte resolutiva disponer la ley aplicable, describir la conducta de un imputado y fallar aplicando la ley sustantiva penal en la que se subsume esta conducta. El Tribunal de Sentencia Declaro como probados los hechos siguientes: UNICO: EI TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 mantenía una ruta de distribución de productos en la Aldea de Cofradía, San Pedro Sula, Cortes. En una fecha no determinada del mes de mayo del año 2016 el TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 mientras realizaba la distribución de productos en el sector de Cofradía, Sen Pedro Sula, Cortes, se acercaron hasta donde el los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO y le exigieron desde ese momento la entrega de 2,500.00 lempiras semanales los que efectuaba los días jueves, bajo la amenaza que no hacerlo le impedirían cubrir esa ruta y le causarían la muerte. EL TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 le entrego la cantidad de 2500.00 en ocasiones, realizando el último pago el día 14 de Julio del año 2016. En esa última fecha de la entrega luego de un seguimiento organizado por la Fuerza Nacional Antiextorsión fueron capturados los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO a quienes se les decomiso los billetes que previamente habían sido registrados en un acta de seriado de dinero por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que correspondían a la entrega realizada en ese día por el Testigo Protegido. Son los antes enunciados los hechos inmutables que se aceptan como base a efecto de interponer el presente recurso. Honorable Tribunal en opinión del recurrente la conducta descrita en los hechos declarados probados, no se subsume en el tipo penal de EXTORSION CONTINUADA por el que fueron condenados los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO, así mismo no se describe una acción de esta que se subsume en los presupuestos contenidas en los artículos 31 y 32 del Código Penal, que se refieren a la autoría, aplicándose indebidamente los artículos 31, 32, 37 y 222 del Código Penal. Expuesto lo anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia. En el presente juicio con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuo durante la audiencia de juicio oral y publico, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRIMERO: TESTIFICAL 1. Se evacuo le declaración del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167, quien sobre los hechos expresó: Que los muchachos que se encontraban en la sala, señalando a los imputados, le pedían el pago extorsivo. En un momento que ya no tenía dinero para continuar realizando el pago de la extorsión decidió interponer la denuncia ante la FNA. Lo extorsionaban semanalmente y le exigían la cantidad de 2,500.00 lempiras. A los diez dias de haber interpuesto in denuncia llevo el dinero a la Fuerza Nacional Antiextorsión para hacer una entrega con la vigilancia de los agentes y así el día 14 de julio del año dos mil dieciséis los capturaron. En el interrogatorio de las partes señaló: Que empezó a pagar la extorsión desde el mes de mayo, la cantidad de 2,500,00 semanales. La primera vez que lo interceptaron para exigirle el pago eran 3 recordaba que entre ellos estaba el "chungo" los reconoció en la sala a los imputados como las personas que le exigían los 2,500.00 lempiras a cambio de no causarle un daño. Conocía el alias porque el mismo chungo le dijo en mayo que ellos llegarían a cobrarle dándole los alias de los otros miembros. Puso la denuncia el 4 de julio, a los diez días la llamaron para seriar el dinero, entrego tres billetes de 500 lempiras y diez de 100 lempiras. Que antes había dicho que entrego 4 billetes de 500 lempiras fue producto de los nervios de ese momento. Cuando les acusados se fueron en una moto taxi agarraron por el sector del parque. El dinero lo entrego en un sobre, no está seguro de la hora en que lo entrego, era como a mediodía. 2 Declaración Testifical del Agente de le Fuerza Nacional Antiextorsión señor ANGELO BAYARDO LAGOS, declaro: Que el 4 de julio del año 2016 se presento la Fuerza Nacional Antiextorsión el Testigo Protegido y manifestó que comienzos del mes de mayo del año 2016, se encontraba distribuyendo productos en Cofradía Cortes y en ese momento empezó a ser extorsionado por los individuos conocidos con les alias de chango" "carnicero" y "Catracho". quienes me exigían el pago de 2,500 00 lempiras semanales. En base a esa denuncia el día 14 de julio se procedió a realizar un seriado de dinero, para utilizarlos en la entrega vigilada que se realizó. A las 2:20 de la tarde de ese día el Testigo Protegido fue abordado por los acusados que se encuentran presentes en la sala y le exigen la entrega del dinero. Observe que el alias Chungo recibió el dinero. Luego se Fueron en moto taxi les dieron seguimiento y en la colonia Arévalo detuvieron a tres de ellos, el otro fue detenido en otra colonia. El dinero que habían previamente seriado le fue encontrado a cada uno de los imputados que están presentes en el juicio. Según las investigaciones el alias "Chango" corresponde al acusado de nombre Jesús, El Negro corresponde al nombre de José Fernando. El Testigo Protegido posterior a la denuncia que interpuso, hizo otra entrega la cual no se pude coordinar su vigilancia por exceso de trabajo. SEGUNDO: DOCUMENTAL 1.-ACTA DE SERIADO DE DINERO. De fecha 14 de julio de 2016, ratificada por el agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión Ángelo Bayardo Lagos. En presencia del Testigo Protegido R-167 y los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (Víctor Colon y Ángelo Bayardo Lagos), se deja constancia de registro de tres billetes de denominaciones de quinientos lempiras con las series Y1787292, V3081533 y W15888421 CA32000752 y diez billetes de denominación de cien lempiras con series CA1457006, CC9428509, BZ6843780. BY1165177, CB5274985, CC3118402, BY9469140, BZ629811, BZ4402200 y C25540287, los que se entregaran por el Testigo Protegido. 2- ACTA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO de fecha 14 de julio de 2016. Ratificada por el agente Ángelo Bayardo Lagos. En la que señalo que el día entes indicado se despachó un equipo de la Fuerza Nacional Antiextorsión integrado por Ángelo Lagos, Nerys Mejia, Misael Almendarez, Luis Sánchez Víctor Colon Miguel Pacheco y Manuel Diaz al sector de Cofradía San Pedro Sula, Cortes, con el objetivo de realizar vigilancia y seguimiento en el pago que se día estaría realizando el Testigo protegido R-167 a supuestos miembros de la pandilla "MS". después de varias horas de vigilancia y una vez que el testigo realizo la entrega del dinero a las persones que le exigen dicho page, procedieron a darles seguimientos hasta detenerlos e identificarlos como BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO, a quienes se les encontró el parte de los billetes seriados previamente. 3. ACTA DE REGISTRO PERSONAL.- ACTA DE DECOMISO.- De Fecha 14 de Julio del año 2016, ambas actas realizadas por el agente MISAEL ALMENDAREZ, y en las cuales señala en la primera que se practicó registro personal al señor Bernardo Antonio Arteaga Cortes, a quien se le encontró en el bolsillo frontal derecho de su pantalón un teléfono celular marca Mobile y en bolsillo izquierdo la cantidad de mil ciento cincuenta lempiras con diferentes denominaciones un billete de 500 lempiras con serie V3081533, 3 billetes de 100 lempiras con series CA1457006. BY2692743, CB5540287.3 billetes de 50 lempiras ton series AP1842473, AQ4397461, AN5968592, AQ4254026. AQ3227842 Y5 billetes de 20 lempiras con series BP1623130, BT9932247, BS4439425 BS4402136 y BS3219681 Los objetos encontrados en el registro personal practicado al señor Bernardo Antonio Arteaga Cortes se establecieron en la correspondiente Acta de Decomiso en los que se hacen constar. El agente MISAEL ALMENDAREZ en el interrogatorio de las partes sobre el acta de Registro Personal y Decomiso practicada por su persona, manifestó que los acusados una vez que recibieron el dinero abordaren una moto taxi. Realizaron la vigilancia a una distancia de diez metros aproximadamente. El dinero que se entrego fue en efectivo. 4-ACTA DE REGISTRO PERSONAL-ACTA DE DECOMISO. - De fecha 14 de julio del año 2016, ambas actas realizadas y ratificadas por el agente Luis Sánchez, y en las cuales señala; en la primera que se practicó registro personal al señor Cristhian Ariel Castillo Machado a quien se le encontró en el bolsillo frontal izquierdo de su pantalón 2 teléfonos celulares marca B-Mobile y otro Marca Samsung. En su bolsillo frontal derecho del pantalón se encontró la cantidad de setecientos cincuenta lempiras en denominaciones de 7 billetes de 100 lempiras y uno cincuenta con series CB5274985, BZ16298011, BY9461402, BZ63433780, CB 9710346, CB3831189. CC2416200, AQ3943990. Los objetos encontrados en el registro personal practicado al señor Cristhian Ariel Castillo Machado se establecieron en la correspondiente Acta de Decomiso, en las que se hacen constar: 5. ACTA DE REGISTRO PERSONAL.- ACTA DE DECOMISO. - De fecha 14 de julio del año 2016, ambas actas realizadas por el agente Luís Sánchez, y en las cuales señala; en la primera que se practicó registro personal al señor José Fernando Alvarenga Ávila a quien se le encontró en el bolsillo frontal izquierdo de su pantalón tipo buzo color negro la cantidad de quinientos lempiras y con las series BZ4402200, CC9428509, BZ0988917, CC311840, BY1165177 y en su bolsa frontal derecha se le encontró una celular marca BLU, color celeste con negro. Los objetos encontrados en el registro personal practico al señor José Fernando Alvarenga Ávila se establecieron en la correspondiente acta de Decomiso, en los que se hace constar. El Agente Luis Sánchez en el interrogatorio de las partes sobre el Acta de Registro Personal y Decomiso practicada por su persona, manifestó, que la entrega se realizó a ese de las 2:30 de la tarde. Cuando recibieron la entrega del dinero se fueron en una moto taxi, de la cual primero se bajaron tres en un lugar y luego el que quedaba en otro lugar El agente encargado del caso les die la, información que los acusados son miembros de la pandilla MS". Vio que el dinero se le entrego al que se hace llamar "Chungo". ACTA DE REGISTRO PERSONAL. - ACTA DE DECOMISO. - De fecha 14 de julio del año 2016 ambas actas ratificadas por el agente NERYS MEJIA, y en las cuales señala: en le primera se practicó registro personal al señor José Alberto Trochez Moreno a quien se le encontró en el bolsillo frontal derecha de su calzoneta color blanca la cantidad de tres (3) billetes de quinientos lempiras con series W1588421, U9665856, y Y1787292 y un billete de cien lempiras con serie CA0649559 y en la bolsa frental izquierda de su calzoneta se le encontró un celular marca HUAWEI color negro Los objetos encontrados en el registro personal practicado al señor Jesús Alberto Trochez Moreno se establecieron con la correspondiente acta de Decomiso, en los que se hacen constar. Elegante NERY'S MEJIA en el interrogatorio de las partes sobre el Acta de Registro Personal y Decomiso practicado por su persona, manifestó que estuvieron como un espacio de dos horas realizando la vigilancia, y lograren presenciar cuando los cuatro sujetos (acusados) se le acercaron al Testigo Protegido. Únicamente le practico registro y decomiso a Jesús Alberto, porque fue en otra colonia distinta a la detención de los de los anteriores tres, Jesús Alberto fue el último en ser capturado. Los teléfonos celulares y cantidades de dineros señalados en las diferentes actos de Registro Personal y Actas de Decomiso entes señaladas se presentaron como EVIDENCIA los que fueron evacuados. De la prueba antes descrita el sentenciador, realizo la siguiente valoración: Estima este Tribunal que la declaración rendida por el Testigo Protegido con Clave R-167 evacuada en el acta de juicio oral, consideramos que merece total credibilidad y por ende valor probatorio, ya que el mismo fue claro, preciso y contundente al narrar la forma en que se le obliga por parte de los acusados BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO a entregarles la cantidad de 1,500.00 Lempira semanalmente a cambio de no sufrir daño en su vida a la de su familia. Pagos que según lo arado empezó a efectuar desde el mes de mayo del año 2016 hasta el momento en que son detenidos el 14 de julio del 2016. El Testigo Protegido Clave R-80 fue claro al momento de rendir su declaración en señalar y reconocer en la sala de juicio a los acusados BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO como las personas que entre 3 a 4 ocasiones aproximadamente le exigieron la entre de los 2,500.00 lempiras semanales a cambio de no causarle un daño. Consideramos que no existen motivos para desacreditar el testimonio rendido por el Testigo Protegido. Pues ha sido una declaración que es completamente coherente, clara y relacionada con el resto de la prueba evacuada. Lo declarado per el Testigo Protegido R-80 se reforzó con el resto de la prueba evacuada como ser lo declarado por el Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión ANGELO BAYARDO LAGOS quien declaro que el 04 de julio del año 2016 se presentó a la Fuerza Nacional Antiextorsión el Testigo Protegido y manifestó que comienzos del mes de mayo de 2016, se encontraba distribuyendo productos en Cofradía, Cortes y en ese momento a ser extorsionado. por los individuos conocidos por los alias de "Chungo" "carnicero" y "catracho", quienes le exigían el pago de 2500 lempiras semanales. En base a esa denuncia el día 14 de julio se procedió a realizar un seriado de dinero, para utilizarlos en la entrega vigilada que se realizó ese día. A las 2:20 de la tarde de ese día el Testigo Protegido fue abordado por los acusados que se encuentran presentes en la sala y le exigen la entrega del dinero. El dinero que habían previamente seriado le fue encontrado a cada uno de los imputados que están presentes en d juicio. Al analizar los dichos referidos por el señor Ángelo Bayardo Lagos se considera que los mismos de igual forma merecen toda credibilidad pues concuerdan claramente por la señalado por el Testigo Protegido y es con el resto de circunstancias ocurridas en el momento de la detención, no encontrando en las mismas ninguna manifestación de interés espurio en perjudicar al acusado. Los medios de prueba Documentales evacuados: como ser el Acta de Registro personal y el Acta de Decomiso, fueron debidamente ratificadas en el seto de juicio oral por los policías Misael Almendarez, Luis Sánchez y Nerys Mejia. Se establece claramente en dichas actas lo que se le encuentra a cada uno de los ahora acusados como ser dinero en efectivo y aparatos celulares. En lo concerniente al dinero en efective encontrado a cada acusado, se pudo realizar por el Tribunal una comparación de las senes y denominaciones de los billetes de lempiras a ellos encontrados concuerdan plenamente con los que fueron debidamente seriados por los agentes de la FNA y de los cuales se dejó constancia en la respectiva acta y que fueron encontrados al señor Bernardo Antonio Arteaga Cortes un billete de quinientos lempiras con serie V3081533, 2 billetes de 100 lempiras con series CA1457006, CB5540287, al señor Cristhian Ariel Castillo Machando dos billetes de 100 lempiras con series CB5274985. BY94691402, al señor José Fernando Alvarenga Ávila cuatro billetes de cien lempiras con las series BZ4402200, CC9428509, CC311840, BY1165177 y al redor Jesús Alberto Trochez Moreno dos billetes de quinientos lempiras con series medios W1588421, V178292. Además, los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión que ratificaron en juicio les correspondientes actas de Registro Personal y Actas de Decomiso señalaron aspectos concordantes con el Testigo Protegido y el agente Ángelo Bayardo Lagos de los cuales antes hemos hecho referencia. Así mismo el Acta de Seriado de dinero y el Acta de Vigilancia y Seguimiento merecen total credibilidad pues ambos medios de prueba fueron debidamente ratificados y los mismos concuerdan plenamente con les presentes hechos referidos a la participación de los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO, pues el Acta de Seriado de dinero destaca el registro de las diferentes series y denominaciones de dinero que en su momento entrego el Testigo Protegido y el cual fue encontrado en los bolsillos de las vestimentas de los acusados Respecto al Acta de Vigilancia y Seguimiento establece lo correspondiente al acto de la entrega del dinero exigido bajo amenazas al testigo protegido y en el que concluye con la captura de los acusados BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO. Todos los elementos que nos proporciona la prueba Testifical y Documental antes referida, considera este Tribunal que las temas encuentran ajustadas a la verdad y se les concede plena credibilidad, para arribar a la certeza que los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO exigían al Testigo Protegido con clave R-167 la cantidad de dos mil quinientos lempiras semanales, bajo la menara que de no cumplirlas, le causaría un daño a tu vida e integridad física como lo señalo per el Testigo Protegido. Sobre la valoración de la prueba que ha efectuado el juzgador de la prueba de cargo, debemos señales que la misma resulte violatoria al sistema la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, ya que si bien, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad convencimiento de los jueces, pero se les exige que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema el Juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia convencional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; en el caso subjudice esta defensa no comparte las conclusiones a la que ha arribado el sentenciador, en cuanto a que tanto en la declaración del Testigo Protegido manifestó desde un inicio que llegaren tres decirle que desde ese fecha tendría que pagar 2500.00 lempiras de extorsión mencionando a des de ellos con el alias de "Chungo", "el negro", al momento que realizan la captura detienen a 4 personas, y en ningún momento dicho testigo declaro que desde un inicio hayan llegado los cuatro a cobrarles el dinero de la extorsión, nunca se individualizo a los imputados quienes de los cuatro llegaron desde un inicios cobrarles la extorsión. Otro aspecto importante es que en su declaración el Testigo Protegido manifestó que el día 14 de Julio que se hizo la entrega del dinero los acusados llegaron en una moto taxi roja a realizar el cobro y el testigo ANGELO VALLARDO LAGOS en tu declaración manifestó que están realizando vigilancia, pero no observo en que llegaron los imputados a cobrar el dinero de la extorsión. ¿A la pregunta de la defensa ¿vio cómo llegan? Respondió= no sabe de donde salieron, desconoce en que llegan (Asta de Audiencia de juicio oral público, página 5). Al rendir su declaración el Testigo Protegido en estrados (debate) manifestó que había entregado el agente de la FNA, 3 billetes de 500 00 lempiras y 10 billetes de 100.00 Lempiras y al hacer la observación esta defensa que si ya había declarado en el Juzgado, el manifestó que si, y al preguntarle porque anteriormente había dicho que había entregado para el acto de seriado 4 billetes de 500 00 y 10 de 100 00 lempiras, situación que fue aclarada por la secretaria la contradicción hecha por la defensa, respondió que lo correcto eren 3 billetes de 500.00, que antes había dicho 4 pero que era por los nervios de ese momento. Otra contradicción observada por la defensa entre la declaración del Testigo Protegido y los otros testigos de cargo, es que dicho testigo manifestó a una de las preguntas realizada por la defensa ¿Cómo entrego el dinero? R= en un sobre ¿Cómo era? R= Sobre de carta: y en la declaración del testigo ANGELO VALLARDO LAGOS a une de las preguntas realizada por el mismo agente Fiscal: ¿Cómo iba ese dinero? R= Normal. Y a la pregunte hecha por este defensa ¿La entrega dice que se hizo en vivo? R= Si nada más sin sobre. ¿Igualmente, el Testigo de Cargo LUIS ADOLFO SANCHEZ HERNANDEZ manifestó en su declaración a la pregunta hecha por esta defensa ¿Vio cuando entrego el dinero? R=Si así nada más. Como se podrá observa existe una errónea valoración de este medio de prueba ya que le supuesta víctima manifestó que lo entrego en sobre y el testigo ANGELO LAGOS dice que observo que se le entrego normal, que no iba en sobre. Igual manifestó el testigo LUIS ADOLFO SANCHEZ HERNANDEZ ¿Entonces cuál es la verdad? Ambos testigos manifestaron que el dinero se le entregaron una sola persona de nombre Jesús Alberto Trochez alias "Chungo" pero sin embargo a pesar de mantenerlos bajo vigilancia no dan tan porque el dinero aparece repartido entre todos los imputados, esa circunstancia no pudo ser probada en audiencia de juicio oral y público. La defensa en su interrogatorio al señor ANGELO VALLARDO LAGOS le hizo la siguiente interrogante. ¿A quién detiene de todos” el cual respondió, ¿Jesús Alberta Trochez, los otros son detenidos por los otros dos equipos? (ver acta de debate pagina 5 Y 6) y al observar la declaración rendida por el testigo del Ministerio Publico NERYS MEJIA (ver Acta de Debate pagina 3 renglón 31) a la pregunta hecha per el señor Juez, ¿A quién captura? R= captura a Jesús Alberto Trochez, siendo la última persona que arresta por ser el que permaneció en la moto-taxi. Por esta razón la defensa considere que el Juzgador hizo una incorrecta valoración de las pruebas ya que al hacer un análisis de la misma no podemos arribar a dar por cierto que agente de la FNA fue la persona que le dio capture al señor Jesús Alberto Trochez. En cuanto a la prueba documental en el apartado de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal sentenciador en su numeral Segundo esta defensa no comparte a las conclusiones a que ha llegado el sentenciador en virtud que en cuanto al ACTA DE SERIADO DE DINERO de fecha 14 de julio del 2016 ratificada per el Agente Ángelo Bayardo Lagos según el Tribunal sentenciador se dio per acreditado el registro de tres billetes de denominaciones de quinientos lempiras con las series Y1787292, V3081533 y W1388421 A3200752…. y observar las series antes descritas, esta defensa ha observado la incongruencia en los mismas ya que existe una cuarta serie, lo que hace creer a esta defensa que lo manifestado por el Testigo Protegido R-167 en su declaración rendida en el Juzgado de Letras es lo correcto ya que el menciono come podemos recordar que había entregado 4 billetes de 500 00 lempiras y no tres como lo dijo en audiencia de juicio oral y que esta defensa dejo establecido dicha contradicción. En la página número seis (6) de la sentencia impugnada en el aparatado de la valoración de la prueba en lo referente al ACTA DE REGISTRO PERSONAL ACTA DE DECOMISO de fecha 14 de julio del año 2016 ambas actas realizadas y ratificadas por el agente Luis Sánchez, y en las cuales señale, en le primera que se practicó registro personal al señor Cristhian Ariel Castillo Machado se le encontré en el bolsillo frontal izquierdo de su pantalón 2 teléfonos celulares marca B-Mobile y otro marca Samsung. En su bolsillo frontal derecho del pantalón se encontró la cantidad setecientos cincuenta lempiras en denominaciones de 7 billetes de 100 lempiras y uno de cincuenta…. describiendo las respectivas series de los mismos. Y al realizar un análisis del Acta de Juicio Oral y Público (ver página 6 renglón 26) el testigo manifestó que el requerido a Cristhian y le decomiso dos teléfonos celulares y la cantidad de 1,150 00 lempiras y los pone a la orden del Ministerio Publico. Conclusiones que esta defensa observa que no esté Acorde con las reglas de la Sana critica ya que existen contradicciones en lo manifestado por el mismo Tribunal sentenciador. de la misma manera al analizar en la Sentencia impugnada por esta parte impetrante el ACTA DE REGISTRO PERSONAL ACTA DE DECOMISO de fecha 14 de julio del año 2016 expone el Juzgados que ambas actas fueron realizadas por el agente Luis Sánchez y que fueron practicados al señor José Fernando Alvarenga Ávila en la cual se describe lo encontrado y decomisado en las respectivas actas. Igualmente, la parte impetrante observa que el sentenciador no hizo correcta valoración de los medios de prueba violentando de esta manera las regles de la sana critica establecidas en el articulo 361 numeral 3 del Código Procesal penal. El sentenciador expone en su valoración conjunte de la pruebe que lo declarado por el testigo protegido clave R-80 se reforzó con el resto de la prueba evacuada como ser lo declarado por el Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión ANGELO BAYARDO LAGOS y que al analizar los dichos referido por el señor Ángelo Bayardo Lagos se consideran que los mismos de igual forma merecen toda credibilidad pues concuerdan claramente con lo señalado por al Testigo Protegido y con el resto de circunstancias ocurridas en el momento de la detención, no encontrando en las mismas ninguna manifestación de interés esparto en perjudicar al acusado. Circunstancias que la parte impetrante no comparte en virtud que ya quedo acreditado las contradicciones encontradas entre el Testigo Protegido y el testigo ANGELO BAYARDO LAGOS como ser el dinero fue entregado en un sobre tamaño carta y el testigo ANGELO LAGOS dijo que la entrega fue normal no fue en sobre Y que también que dicho dinero le fue entregado al señor Jesús Trochez y que desde que realizaron la vigilancia nunca los perdieron de viste y que después de la entrega del dinero solo pasaron de tres a cuatro minutos cuando realizaron la detención y no pudo probar porque apareció dicho dinero en partes entre todos los detenidos si no observaron que ellos se hayan repartido el dinero. Manifiesta el Tribunal que las Actas de Registro Personal y el Acta de Decomiso practicadas fueron ratificadas por los agentes Misael Almendarez, Luis Sánchez y Nerys Mejia y continúa manifestado el Tribunal que el dinero encontrado a cada acusado, el Tribunal pudo realizar una comparación de las series y denominaciones de los billetes y que concuerdan con los que fueron debidamente seriados por los de la FNA. Al analizar dicha valoración se pude comprobar que tal y como lo manifestó en su declaración el testigo ANGELO LAGOS como los demás testigos que practicaron los respectivos registros y decomisos en todo momento fueron vigilados y nunca los perdieron de vista, entonces como fue posible que según los mismos agentes y el acta de seriado fueron registrados 3 billetes de 500.00 lempiras y 10 billetes de 100.00 lempiras haciendo un total de 2.500.00 lempiras, y Al momento de confirmar le decomisado a cada uno de ellos no cuadra el total que fue entregado por el Testigo Protegido R-167 ya que en total solo suman 2.300.00 lempiras ¿Qué se hizo el resto del dinero? Conforme a estos medios de prueba el sentenciador llego a la conclusión que con los medios de pruebas anteriores se acredito el delito de EXTORSION CONTINUADA. Reiterando lo supra indicado consideramos, que en total despego a lo dispuesto en el artículo 363.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la sana critica específicamente en lógica de derivación de razón suficiente y las normas del correcto entendimiento humano, pues como hemos dejado expuesto, es obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia de las reglas antes señaladas. En el caso sub judice con las pruebas traídas por la Fiscalía ha quedado de manifestó las incongruencias de todo el elenco probatorio en especial el testifical evacuado en la vista pública como ya fue expuesto en el desarrollo del presente Recorre Siendo atípico e inaudito que una extorsión de 2,500.00 lempiras se le repartan 4 personas y le pose parte del dinero a cada une aun y cuando están bajo vigilancia y as hay forma de justificarlo, y no pudieron ver el intercambio de dinero entre los sospechosos No es posible que todos los testigos dicen que vieron que la entrega se hizo en efectivo y el testigo dijo que lo entrego sobre tamaño carta y ninguno de los testigos pudo ver el score, allí se ve la implantación de prueba, eso no es un error. Ante tales argumentos esta defensa considera que hay prueba implantada y duda razonable. Es por los motivos antes señalados y que esta defensa no comparte, que los argumentos e los que el sentenciador llego para dar por acreditados dicho delito considera este defensa que es una clara inobservancia a la regla de la lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de la razón suficiente en su característica de suficiencia. Entonces, resulta evidente, que al concluir el sentenciador en que mis representados los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO es responsable de la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA. vulnera la regla lógica de la derivación integrado por el principio de la razón suficiente, es su característica de suficiencia es vista que al valorar el contenido de le probanza, no le otorgo el mérito de lo realmente posee a los medios de prueba testifical, pues de otra manera hubiera adquirido la certeza, que los señores antes mencionados, NO son responsables de la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA del cual venían siendo acusado por el Ministerio Publico, y en consecuencia dictar un fallo absolutorio per dicho delito. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentencia, no he podido efectuarse el reclamo para la subsanación del mismo.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: sin determinar por el Pretensor. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia que case el fallo recurrido. Explicó el recurrente que la conducta descrita en los hechos probados no se subsume en el tipo penal de extorsión continuada por el que fueron condenados los imputados, así mismo no se describe una acción de esta que se subsuma en los presupuestos contenidos en los artículos 31 y 32 en relación al 37 y 22 del Código Penal Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Ante el planteamiento del recurrente,esta Sala de lo Penal al hacer un análisis del recurso presentado detecta que el censor no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para plantear y fundamentar su recurso, pues tal como lo explicamos en el apartado anterior, el recurso de casación debe cumplir con ciertos requisitos necesarios para que esta Sala de Casación proceda a darle respuesta. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenido en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i. Identificación del razonamiento judicial vicioso; ii. La identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii. Exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv. la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el caso de autos el censor presenta como vicio la violación a las reglas de la sana crítica, pero al momento de argumentar su recurso hace aseveraciones propias de recursos ordinarios mediante los cuales es permitido los argumentos de instancia, pero que en esta etapa casacional no son permitidos, como por ejemplo afirmó entre otros argumentos: • “En el caso subjudice, esta defensa no comparte las conclusiones a la que ha arribado el sentenciador, en cuanto a que tanto en la declaración del Testigo Protegido manifestó desde un inicio que llegaron tres decirle que desde esa fecha tendría que pagar 2500.00 lempiras de extorsión mencionando a dos de ellos con el alias de "Chungo", "el negro", al momento que realizan la captura detienen a 4 personas; y en ningún momento dicho testigo declaró que desde un inicio hayan llegado los cuatro a cobrarles el dinero de la extorsión; nunca se individualizo a los imputados quienes de los cuatro llegaron desde un inicio a cobrarles la extorsión”. • Al rendir su declaración el Testigo Protegido en estrados (debate) manifestó que había entregado al agente de la ENA, 3 billetes de 500.00 lempiras y 10 billetes de 100.00 Lempiras; y al hacer la observación esta defensa que si ya había declarado en el Juzgado; el manifestó que si, y al preguntarle porque anteriormente había dicho que había entregado para el acta de seriado 4 billetes de 500.00 y 10 de 100.00 lempiras, situación que fue aclarada por la secretaria la contradicción hecha por la defensa, respondió que lo correcto eran 3 billetes de 500.00, que antes había dicho 4 pero que era por los nervios de ese momento. • “Como se podrá observar existe una errónea valoración de este medio de prueba ya que la supuesta víctima manifestó que lo entrego en sobre y el testigo ANGELO LAGOS dice que observo que se lo entrego normal, que no iba en sobre. Igual manifestó el testigo LUIS ADOLFO SANCHEZ HERNANDEZ ¿Entonces cuál es la verdad?” • “Ambos testigos manifestaron que el dinero se lo entregaron a una sola persona de nombre Jesús Alberto Trochez alias "Chungo" pero sin embargo a pesar de mantenerlos bajo vigilancia no dan razón porque el dinero aparece repartido entre todos los imputados; esa circunstancia no pudo ser probada en audiencia de juicio oral y público.” • Por esta razón la defensa considera que el Juzgador hizo una incorrecta valoración de las pruebas ya que al hacer un análisis de la misma no podemos arribar a dar por cierto que agente de la FNA fue la persona que le dio captura al señor Jesús Alberto Trochez. Ninguno de esos argumentos corresponde a la técnica necesaria para cuestionar la valoración probatoria realizada por el A-quo, pues el censor en ningún momento trajo a discusión cual es la valoración probatoria del Juzgador que considera errónea, sino que fundamentó su recurso en meros alegatos de instancia y muchos de ellos enfocados a que no compartía los razonamientos del Sentenciador, realiza una valoración subjetiva, es decir vista desde la óptica de la defensa y no a través de los argumentos del Juzgador para valorar la prueba. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente no se logró probar con la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. Por todas estas razones el recurso de casación debe ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada de los acusados. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. d. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP).- Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616).- Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619); 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A.- Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b.- Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: En primera Instancia: i.- Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto.- Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii.- En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 1. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i.- Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii.- Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c.- Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i.- Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicara el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii.- Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumara todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparara.- Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas).- Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017.- De dicho resultado el tribunal resolverá: i.- Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de éste último; ii.- Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii.- Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d.- Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017.- Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e.- Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; • Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable a los acusados Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno, como autores materiales del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido Clave R167, a una pena principal de veinticinco años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto ochenta y tres salario minino, para cada uno respectivamente; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 reformado por el decreto 93-2021 de fecha 01 de noviembre de 2021, en su artículo 373 regula el delito de Extorsión con una pena de 15 a 20 años de prisión, pero al tratarse de un delito continuado conforme lo establece el artículo 68 la misma debe imponerse en su mitad superior hasta en una pena superior de 1/3, por lo que la nueva pena oscilaría en 17 años, 6 meses a 26 años, 8 meses de prisión; además una multa 500 a 1000 días pero que al agravarse por ser continuado oscilaría la nueva pena de multa entre 750 a 1,333.33 días. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta a los acusados de 25 años de reclusión se encuentra dentro del margen señalado en la nueva legislación penal, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillon, en su condición de Defensor Privado de los señores Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno, como autores materiales del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido Clave R167. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticuatro días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-267-2019.

Wily Alexander Medina Perez

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-267-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 267-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno, como autores materiales del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido Clave R167, a una pena principal de veinticinco años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto ochenta y tres salario minino, para cada uno respectivamente. Segundo: Condenó a Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción civil, ambas penas por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Se declaró a Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno responsables civilmente de los daños y perjuicios ocasionados. Cuarto: No procedió la condena en costas a Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno. Quinto: Se declaró el comiso de un teléfono celular marca Mobile, dos teléfonos celular marca B-Mobile, un teléfono celular marca Samsung, un teléfono celular Marca BLU color celeste con negro y un teléfono celular marca HUAWEYI color negro y dinero en efectivo por la cantidad de cuatro mil lempiras dentro de la cual se encuentra que es propiedad del Testigo Protegido, por lo que se declaró el comiso de los aparatos celulares y únicamente dos mil quinientos lempiras. Ordenó la devolución al Testigo Protegido la cantidad de dos mil quinientos lempiras, las cuales corresponden al acta de seriado de dinero. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Héctor Samuel Madrid Sabillon en su condición de defensor privado de Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno, como parte recurrente. Hechos Probados “UNICO: EI TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 mantenía una ruta de distribución de productos en la Aldea de Cofradía, San Pedro Sula, Cortés. En una fecha no determinada del mes de mayo del año 2016 el TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 mientras realizaba la distribución de productos en el sector de Cofradía, San Pedro Sula, Cortés, se acercaron hasta donde él los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES,CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA Y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO y le exigieron desde ese momento la entrega de 2,500.00 lempiras semanales los que efectuaba los días Jueves, bajo la amenaza que de no hacerlo le impedirían cubrir esa ruta y le causarían la muerte. EI TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 les entregó la cantidad de 2,500.00 lempiras en 3 ocasiones, realizando el último pago el día 14 de julio del año 2016. En esta última fecha de la entrega, luego de un seguimiento organizado por la Fuerza Nacional Antiextorsión fueron capturados los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO a quienes se le decomiso los billetes que previamente habían sido registrados en un acta de seriado de dinero por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que correspondían a la entrega realizada en ese día por el Testigo Protegido.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: "No haber observado el Sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Precepto penal que sirve de sustento procedimental a esta impetración prescribe: Articulo 202: Las pruebas serán valoradas conforme a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. Respetando como estamos obligados, lo hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, entendemos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica es la que el tribunal debe usar, para realizar la actividad de conjunción y en la parte resolutiva disponer la ley aplicable, describir la conducta de un imputado y fallar aplicando la ley sustantiva penal en la que se subsume esta conducta. El Tribunal de Sentencia Declaro como probados los hechos siguientes: UNICO: EI TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 mantenía una ruta de distribución de productos en la Aldea de Cofradía, San Pedro Sula, Cortes. En una fecha no determinada del mes de mayo del año 2016 el TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 mientras realizaba la distribución de productos en el sector de Cofradía, Sen Pedro Sula, Cortes, se acercaron hasta donde el los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO y le exigieron desde ese momento la entrega de 2,500.00 lempiras semanales los que efectuaba los días jueves, bajo la amenaza que no hacerlo le impedirían cubrir esa ruta y le causarían la muerte. EL TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167 le entrego la cantidad de 2500.00 en ocasiones, realizando el último pago el día 14 de Julio del año 2016. En esa última fecha de la entrega luego de un seguimiento organizado por la Fuerza Nacional Antiextorsión fueron capturados los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO a quienes se les decomiso los billetes que previamente habían sido registrados en un acta de seriado de dinero por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que correspondían a la entrega realizada en ese día por el Testigo Protegido. Son los antes enunciados los hechos inmutables que se aceptan como base a efecto de interponer el presente recurso. Honorable Tribunal en opinión del recurrente la conducta descrita en los hechos declarados probados, no se subsume en el tipo penal de EXTORSION CONTINUADA por el que fueron condenados los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO, así mismo no se describe una acción de esta que se subsume en los presupuestos contenidas en los artículos 31 y 32 del Código Penal, que se refieren a la autoría, aplicándose indebidamente los artículos 31, 32, 37 y 222 del Código Penal. Expuesto lo anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia. En el presente juicio con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuo durante la audiencia de juicio oral y publico, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRIMERO: TESTIFICAL 1. Se evacuo le declaración del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R167, quien sobre los hechos expresó: Que los muchachos que se encontraban en la sala, señalando a los imputados, le pedían el pago extorsivo. En un momento que ya no tenía dinero para continuar realizando el pago de la extorsión decidió interponer la denuncia ante la FNA. Lo extorsionaban semanalmente y le exigían la cantidad de 2,500.00 lempiras. A los diez dias de haber interpuesto in denuncia llevo el dinero a la Fuerza Nacional Antiextorsión para hacer una entrega con la vigilancia de los agentes y así el día 14 de julio del año dos mil dieciséis los capturaron. En el interrogatorio de las partes señaló: Que empezó a pagar la extorsión desde el mes de mayo, la cantidad de 2,500,00 semanales. La primera vez que lo interceptaron para exigirle el pago eran 3 recordaba que entre ellos estaba el "chungo" los reconoció en la sala a los imputados como las personas que le exigían los 2,500.00 lempiras a cambio de no causarle un daño. Conocía el alias porque el mismo chungo le dijo en mayo que ellos llegarían a cobrarle dándole los alias de los otros miembros. Puso la denuncia el 4 de julio, a los diez días la llamaron para seriar el dinero, entrego tres billetes de 500 lempiras y diez de 100 lempiras. Que antes había dicho que entrego 4 billetes de 500 lempiras fue producto de los nervios de ese momento. Cuando les acusados se fueron en una moto taxi agarraron por el sector del parque. El dinero lo entrego en un sobre, no está seguro de la hora en que lo entrego, era como a mediodía. 2 Declaración Testifical del Agente de le Fuerza Nacional Antiextorsión señor ANGELO BAYARDO LAGOS, declaro: Que el 4 de julio del año 2016 se presento la Fuerza Nacional Antiextorsión el Testigo Protegido y manifestó que comienzos del mes de mayo del año 2016, se encontraba distribuyendo productos en Cofradía Cortes y en ese momento empezó a ser extorsionado por los individuos conocidos con les alias de chango" "carnicero" y "Catracho". quienes me exigían el pago de 2,500 00 lempiras semanales. En base a esa denuncia el día 14 de julio se procedió a realizar un seriado de dinero, para utilizarlos en la entrega vigilada que se realizó. A las 2:20 de la tarde de ese día el Testigo Protegido fue abordado por los acusados que se encuentran presentes en la sala y le exigen la entrega del dinero. Observe que el alias Chungo recibió el dinero. Luego se Fueron en moto taxi les dieron seguimiento y en la colonia Arévalo detuvieron a tres de ellos, el otro fue detenido en otra colonia. El dinero que habían previamente seriado le fue encontrado a cada uno de los imputados que están presentes en el juicio. Según las investigaciones el alias "Chango" corresponde al acusado de nombre Jesús, El Negro corresponde al nombre de José Fernando. El Testigo Protegido posterior a la denuncia que interpuso, hizo otra entrega la cual no se pude coordinar su vigilancia por exceso de trabajo. SEGUNDO: DOCUMENTAL 1.-ACTA DE SERIADO DE DINERO. De fecha 14 de julio de 2016, ratificada por el agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión Ángelo Bayardo Lagos. En presencia del Testigo Protegido R-167 y los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (Víctor Colon y Ángelo Bayardo Lagos), se deja constancia de registro de tres billetes de denominaciones de quinientos lempiras con las series Y1787292, V3081533 y W15888421 CA32000752 y diez billetes de denominación de cien lempiras con series CA1457006, CC9428509, BZ6843780. BY1165177, CB5274985, CC3118402, BY9469140, BZ629811, BZ4402200 y C25540287, los que se entregaran por el Testigo Protegido. 2- ACTA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO de fecha 14 de julio de 2016. Ratificada por el agente Ángelo Bayardo Lagos. En la que señalo que el día entes indicado se despachó un equipo de la Fuerza Nacional Antiextorsión integrado por Ángelo Lagos, Nerys Mejia, Misael Almendarez, Luis Sánchez Víctor Colon Miguel Pacheco y Manuel Diaz al sector de Cofradía San Pedro Sula, Cortes, con el objetivo de realizar vigilancia y seguimiento en el pago que se día estaría realizando el Testigo protegido R-167 a supuestos miembros de la pandilla "MS". después de varias horas de vigilancia y una vez que el testigo realizo la entrega del dinero a las persones que le exigen dicho page, procedieron a darles seguimientos hasta detenerlos e identificarlos como BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTHIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO, a quienes se les encontró el parte de los billetes seriados previamente. 3. ACTA DE REGISTRO PERSONAL.- ACTA DE DECOMISO.- De Fecha 14 de Julio del año 2016, ambas actas realizadas por el agente MISAEL ALMENDAREZ, y en las cuales señala en la primera que se practicó registro personal al señor Bernardo Antonio Arteaga Cortes, a quien se le encontró en el bolsillo frontal derecho de su pantalón un teléfono celular marca Mobile y en bolsillo izquierdo la cantidad de mil ciento cincuenta lempiras con diferentes denominaciones un billete de 500 lempiras con serie V3081533, 3 billetes de 100 lempiras con series CA1457006. BY2692743, CB5540287.3 billetes de 50 lempiras ton series AP1842473, AQ4397461, AN5968592, AQ4254026. AQ3227842 Y5 billetes de 20 lempiras con series BP1623130, BT9932247, BS4439425 BS4402136 y BS3219681 Los objetos encontrados en el registro personal practicado al señor Bernardo Antonio Arteaga Cortes se establecieron en la correspondiente Acta de Decomiso en los que se hacen constar. El agente MISAEL ALMENDAREZ en el interrogatorio de las partes sobre el acta de Registro Personal y Decomiso practicada por su persona, manifestó que los acusados una vez que recibieron el dinero abordaren una moto taxi. Realizaron la vigilancia a una distancia de diez metros aproximadamente. El dinero que se entrego fue en efectivo. 4-ACTA DE REGISTRO PERSONAL-ACTA DE DECOMISO. - De fecha 14 de julio del año 2016, ambas actas realizadas y ratificadas por el agente Luis Sánchez, y en las cuales señala; en la primera que se practicó registro personal al señor Cristhian Ariel Castillo Machado a quien se le encontró en el bolsillo frontal izquierdo de su pantalón 2 teléfonos celulares marca B-Mobile y otro Marca Samsung. En su bolsillo frontal derecho del pantalón se encontró la cantidad de setecientos cincuenta lempiras en denominaciones de 7 billetes de 100 lempiras y uno cincuenta con series CB5274985, BZ16298011, BY9461402, BZ63433780, CB 9710346, CB3831189. CC2416200, AQ3943990. Los objetos encontrados en el registro personal practicado al señor Cristhian Ariel Castillo Machado se establecieron en la correspondiente Acta de Decomiso, en las que se hacen constar: 5. ACTA DE REGISTRO PERSONAL.- ACTA DE DECOMISO. - De fecha 14 de julio del año 2016, ambas actas realizadas por el agente Luís Sánchez, y en las cuales señala; en la primera que se practicó registro personal al señor José Fernando Alvarenga Ávila a quien se le encontró en el bolsillo frontal izquierdo de su pantalón tipo buzo color negro la cantidad de quinientos lempiras y con las series BZ4402200, CC9428509, BZ0988917, CC311840, BY1165177 y en su bolsa frontal derecha se le encontró una celular marca BLU, color celeste con negro. Los objetos encontrados en el registro personal practico al señor José Fernando Alvarenga Ávila se establecieron en la correspondiente acta de Decomiso, en los que se hace constar. El Agente Luis Sánchez en el interrogatorio de las partes sobre el Acta de Registro Personal y Decomiso practicada por su persona, manifestó, que la entrega se realizó a ese de las 2:30 de la tarde. Cuando recibieron la entrega del dinero se fueron en una moto taxi, de la cual primero se bajaron tres en un lugar y luego el que quedaba en otro lugar El agente encargado del caso les die la, información que los acusados son miembros de la pandilla MS". Vio que el dinero se le entrego al que se hace llamar "Chungo". ACTA DE REGISTRO PERSONAL. - ACTA DE DECOMISO. - De fecha 14 de julio del año 2016 ambas actas ratificadas por el agente NERYS MEJIA, y en las cuales señala: en le primera se practicó registro personal al señor José Alberto Trochez Moreno a quien se le encontró en el bolsillo frontal derecha de su calzoneta color blanca la cantidad de tres (3) billetes de quinientos lempiras con series W1588421, U9665856, y Y1787292 y un billete de cien lempiras con serie CA0649559 y en la bolsa frental izquierda de su calzoneta se le encontró un celular marca HUAWEI color negro Los objetos encontrados en el registro personal practicado al señor Jesús Alberto Trochez Moreno se establecieron con la correspondiente acta de Decomiso, en los que se hacen constar. Elegante NERY'S MEJIA en el interrogatorio de las partes sobre el Acta de Registro Personal y Decomiso practicado por su persona, manifestó que estuvieron como un espacio de dos horas realizando la vigilancia, y lograren presenciar cuando los cuatro sujetos (acusados) se le acercaron al Testigo Protegido. Únicamente le practico registro y decomiso a Jesús Alberto, porque fue en otra colonia distinta a la detención de los de los anteriores tres, Jesús Alberto fue el último en ser capturado. Los teléfonos celulares y cantidades de dineros señalados en las diferentes actos de Registro Personal y Actas de Decomiso entes señaladas se presentaron como EVIDENCIA los que fueron evacuados. De la prueba antes descrita el sentenciador, realizo la siguiente valoración: Estima este Tribunal que la declaración rendida por el Testigo Protegido con Clave R-167 evacuada en el acta de juicio oral, consideramos que merece total credibilidad y por ende valor probatorio, ya que el mismo fue claro, preciso y contundente al narrar la forma en que se le obliga por parte de los acusados BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO a entregarles la cantidad de 1,500.00 Lempira semanalmente a cambio de no sufrir daño en su vida a la de su familia. Pagos que según lo arado empezó a efectuar desde el mes de mayo del año 2016 hasta el momento en que son detenidos el 14 de julio del 2016. El Testigo Protegido Clave R-80 fue claro al momento de rendir su declaración en señalar y reconocer en la sala de juicio a los acusados BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO como las personas que entre 3 a 4 ocasiones aproximadamente le exigieron la entre de los 2,500.00 lempiras semanales a cambio de no causarle un daño. Consideramos que no existen motivos para desacreditar el testimonio rendido por el Testigo Protegido. Pues ha sido una declaración que es completamente coherente, clara y relacionada con el resto de la prueba evacuada. Lo declarado per el Testigo Protegido R-80 se reforzó con el resto de la prueba evacuada como ser lo declarado por el Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión ANGELO BAYARDO LAGOS quien declaro que el 04 de julio del año 2016 se presentó a la Fuerza Nacional Antiextorsión el Testigo Protegido y manifestó que comienzos del mes de mayo de 2016, se encontraba distribuyendo productos en Cofradía, Cortes y en ese momento a ser extorsionado. por los individuos conocidos por los alias de "Chungo" "carnicero" y "catracho", quienes le exigían el pago de 2500 lempiras semanales. En base a esa denuncia el día 14 de julio se procedió a realizar un seriado de dinero, para utilizarlos en la entrega vigilada que se realizó ese día. A las 2:20 de la tarde de ese día el Testigo Protegido fue abordado por los acusados que se encuentran presentes en la sala y le exigen la entrega del dinero. El dinero que habían previamente seriado le fue encontrado a cada uno de los imputados que están presentes en d juicio. Al analizar los dichos referidos por el señor Ángelo Bayardo Lagos se considera que los mismos de igual forma merecen toda credibilidad pues concuerdan claramente por la señalado por el Testigo Protegido y es con el resto de circunstancias ocurridas en el momento de la detención, no encontrando en las mismas ninguna manifestación de interés espurio en perjudicar al acusado. Los medios de prueba Documentales evacuados: como ser el Acta de Registro personal y el Acta de Decomiso, fueron debidamente ratificadas en el seto de juicio oral por los policías Misael Almendarez, Luis Sánchez y Nerys Mejia. Se establece claramente en dichas actas lo que se le encuentra a cada uno de los ahora acusados como ser dinero en efectivo y aparatos celulares. En lo concerniente al dinero en efective encontrado a cada acusado, se pudo realizar por el Tribunal una comparación de las senes y denominaciones de los billetes de lempiras a ellos encontrados concuerdan plenamente con los que fueron debidamente seriados por los agentes de la FNA y de los cuales se dejó constancia en la respectiva acta y que fueron encontrados al señor Bernardo Antonio Arteaga Cortes un billete de quinientos lempiras con serie V3081533, 2 billetes de 100 lempiras con series CA1457006, CB5540287, al señor Cristhian Ariel Castillo Machando dos billetes de 100 lempiras con series CB5274985. BY94691402, al señor José Fernando Alvarenga Ávila cuatro billetes de cien lempiras con las series BZ4402200, CC9428509, CC311840, BY1165177 y al redor Jesús Alberto Trochez Moreno dos billetes de quinientos lempiras con series medios W1588421, V178292. Además, los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión que ratificaron en juicio les correspondientes actas de Registro Personal y Actas de Decomiso señalaron aspectos concordantes con el Testigo Protegido y el agente Ángelo Bayardo Lagos de los cuales antes hemos hecho referencia. Así mismo el Acta de Seriado de dinero y el Acta de Vigilancia y Seguimiento merecen total credibilidad pues ambos medios de prueba fueron debidamente ratificados y los mismos concuerdan plenamente con les presentes hechos referidos a la participación de los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO, pues el Acta de Seriado de dinero destaca el registro de las diferentes series y denominaciones de dinero que en su momento entrego el Testigo Protegido y el cual fue encontrado en los bolsillos de las vestimentas de los acusados Respecto al Acta de Vigilancia y Seguimiento establece lo correspondiente al acto de la entrega del dinero exigido bajo amenazas al testigo protegido y en el que concluye con la captura de los acusados BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO. Todos los elementos que nos proporciona la prueba Testifical y Documental antes referida, considera este Tribunal que las temas encuentran ajustadas a la verdad y se les concede plena credibilidad, para arribar a la certeza que los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO exigían al Testigo Protegido con clave R-167 la cantidad de dos mil quinientos lempiras semanales, bajo la menara que de no cumplirlas, le causaría un daño a tu vida e integridad física como lo señalo per el Testigo Protegido. Sobre la valoración de la prueba que ha efectuado el juzgador de la prueba de cargo, debemos señales que la misma resulte violatoria al sistema la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, ya que si bien, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad convencimiento de los jueces, pero se les exige que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema el Juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia convencional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; en el caso subjudice esta defensa no comparte las conclusiones a la que ha arribado el sentenciador, en cuanto a que tanto en la declaración del Testigo Protegido manifestó desde un inicio que llegaren tres decirle que desde ese fecha tendría que pagar 2500.00 lempiras de extorsión mencionando a des de ellos con el alias de "Chungo", "el negro", al momento que realizan la captura detienen a 4 personas, y en ningún momento dicho testigo declaro que desde un inicio hayan llegado los cuatro a cobrarles el dinero de la extorsión, nunca se individualizo a los imputados quienes de los cuatro llegaron desde un inicios cobrarles la extorsión. Otro aspecto importante es que en su declaración el Testigo Protegido manifestó que el día 14 de Julio que se hizo la entrega del dinero los acusados llegaron en una moto taxi roja a realizar el cobro y el testigo ANGELO VALLARDO LAGOS en tu declaración manifestó que están realizando vigilancia, pero no observo en que llegaron los imputados a cobrar el dinero de la extorsión. ¿A la pregunta de la defensa ¿vio cómo llegan? Respondió= no sabe de donde salieron, desconoce en que llegan (Asta de Audiencia de juicio oral público, página 5). Al rendir su declaración el Testigo Protegido en estrados (debate) manifestó que había entregado el agente de la FNA, 3 billetes de 500 00 lempiras y 10 billetes de 100.00 Lempiras y al hacer la observación esta defensa que si ya había declarado en el Juzgado, el manifestó que si, y al preguntarle porque anteriormente había dicho que había entregado para el acto de seriado 4 billetes de 500 00 y 10 de 100 00 lempiras, situación que fue aclarada por la secretaria la contradicción hecha por la defensa, respondió que lo correcto eren 3 billetes de 500.00, que antes había dicho 4 pero que era por los nervios de ese momento. Otra contradicción observada por la defensa entre la declaración del Testigo Protegido y los otros testigos de cargo, es que dicho testigo manifestó a una de las preguntas realizada por la defensa ¿Cómo entrego el dinero? R= en un sobre ¿Cómo era? R= Sobre de carta: y en la declaración del testigo ANGELO VALLARDO LAGOS a une de las preguntas realizada por el mismo agente Fiscal: ¿Cómo iba ese dinero? R= Normal. Y a la pregunte hecha por este defensa ¿La entrega dice que se hizo en vivo? R= Si nada más sin sobre. ¿Igualmente, el Testigo de Cargo LUIS ADOLFO SANCHEZ HERNANDEZ manifestó en su declaración a la pregunta hecha por esta defensa ¿Vio cuando entrego el dinero? R=Si así nada más. Como se podrá observa existe una errónea valoración de este medio de prueba ya que le supuesta víctima manifestó que lo entrego en sobre y el testigo ANGELO LAGOS dice que observo que se le entrego normal, que no iba en sobre. Igual manifestó el testigo LUIS ADOLFO SANCHEZ HERNANDEZ ¿Entonces cuál es la verdad? Ambos testigos manifestaron que el dinero se le entregaron una sola persona de nombre Jesús Alberto Trochez alias "Chungo" pero sin embargo a pesar de mantenerlos bajo vigilancia no dan tan porque el dinero aparece repartido entre todos los imputados, esa circunstancia no pudo ser probada en audiencia de juicio oral y público. La defensa en su interrogatorio al señor ANGELO VALLARDO LAGOS le hizo la siguiente interrogante. ¿A quién detiene de todos” el cual respondió, ¿Jesús Alberta Trochez, los otros son detenidos por los otros dos equipos? (ver acta de debate pagina 5 Y 6) y al observar la declaración rendida por el testigo del Ministerio Publico NERYS MEJIA (ver Acta de Debate pagina 3 renglón 31) a la pregunta hecha per el señor Juez, ¿A quién captura? R= captura a Jesús Alberto Trochez, siendo la última persona que arresta por ser el que permaneció en la moto-taxi. Por esta razón la defensa considere que el Juzgador hizo una incorrecta valoración de las pruebas ya que al hacer un análisis de la misma no podemos arribar a dar por cierto que agente de la FNA fue la persona que le dio capture al señor Jesús Alberto Trochez. En cuanto a la prueba documental en el apartado de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal sentenciador en su numeral Segundo esta defensa no comparte a las conclusiones a que ha llegado el sentenciador en virtud que en cuanto al ACTA DE SERIADO DE DINERO de fecha 14 de julio del 2016 ratificada per el Agente Ángelo Bayardo Lagos según el Tribunal sentenciador se dio per acreditado el registro de tres billetes de denominaciones de quinientos lempiras con las series Y1787292, V3081533 y W1388421 A3200752…. y observar las series antes descritas, esta defensa ha observado la incongruencia en los mismas ya que existe una cuarta serie, lo que hace creer a esta defensa que lo manifestado por el Testigo Protegido R-167 en su declaración rendida en el Juzgado de Letras es lo correcto ya que el menciono come podemos recordar que había entregado 4 billetes de 500 00 lempiras y no tres como lo dijo en audiencia de juicio oral y que esta defensa dejo establecido dicha contradicción. En la página número seis (6) de la sentencia impugnada en el aparatado de la valoración de la prueba en lo referente al ACTA DE REGISTRO PERSONAL ACTA DE DECOMISO de fecha 14 de julio del año 2016 ambas actas realizadas y ratificadas por el agente Luis Sánchez, y en las cuales señale, en le primera que se practicó registro personal al señor Cristhian Ariel Castillo Machado se le encontré en el bolsillo frontal izquierdo de su pantalón 2 teléfonos celulares marca B-Mobile y otro marca Samsung. En su bolsillo frontal derecho del pantalón se encontró la cantidad setecientos cincuenta lempiras en denominaciones de 7 billetes de 100 lempiras y uno de cincuenta…. describiendo las respectivas series de los mismos. Y al realizar un análisis del Acta de Juicio Oral y Público (ver página 6 renglón 26) el testigo manifestó que el requerido a Cristhian y le decomiso dos teléfonos celulares y la cantidad de 1,150 00 lempiras y los pone a la orden del Ministerio Publico. Conclusiones que esta defensa observa que no esté Acorde con las reglas de la Sana critica ya que existen contradicciones en lo manifestado por el mismo Tribunal sentenciador. de la misma manera al analizar en la Sentencia impugnada por esta parte impetrante el ACTA DE REGISTRO PERSONAL ACTA DE DECOMISO de fecha 14 de julio del año 2016 expone el Juzgados que ambas actas fueron realizadas por el agente Luis Sánchez y que fueron practicados al señor José Fernando Alvarenga Ávila en la cual se describe lo encontrado y decomisado en las respectivas actas. Igualmente, la parte impetrante observa que el sentenciador no hizo correcta valoración de los medios de prueba violentando de esta manera las regles de la sana critica establecidas en el articulo 361 numeral 3 del Código Procesal penal. El sentenciador expone en su valoración conjunte de la pruebe que lo declarado por el testigo protegido clave R-80 se reforzó con el resto de la prueba evacuada como ser lo declarado por el Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión ANGELO BAYARDO LAGOS y que al analizar los dichos referido por el señor Ángelo Bayardo Lagos se consideran que los mismos de igual forma merecen toda credibilidad pues concuerdan claramente con lo señalado por al Testigo Protegido y con el resto de circunstancias ocurridas en el momento de la detención, no encontrando en las mismas ninguna manifestación de interés esparto en perjudicar al acusado. Circunstancias que la parte impetrante no comparte en virtud que ya quedo acreditado las contradicciones encontradas entre el Testigo Protegido y el testigo ANGELO BAYARDO LAGOS como ser el dinero fue entregado en un sobre tamaño carta y el testigo ANGELO LAGOS dijo que la entrega fue normal no fue en sobre Y que también que dicho dinero le fue entregado al señor Jesús Trochez y que desde que realizaron la vigilancia nunca los perdieron de viste y que después de la entrega del dinero solo pasaron de tres a cuatro minutos cuando realizaron la detención y no pudo probar porque apareció dicho dinero en partes entre todos los detenidos si no observaron que ellos se hayan repartido el dinero. Manifiesta el Tribunal que las Actas de Registro Personal y el Acta de Decomiso practicadas fueron ratificadas por los agentes Misael Almendarez, Luis Sánchez y Nerys Mejia y continúa manifestado el Tribunal que el dinero encontrado a cada acusado, el Tribunal pudo realizar una comparación de las series y denominaciones de los billetes y que concuerdan con los que fueron debidamente seriados por los de la FNA. Al analizar dicha valoración se pude comprobar que tal y como lo manifestó en su declaración el testigo ANGELO LAGOS como los demás testigos que practicaron los respectivos registros y decomisos en todo momento fueron vigilados y nunca los perdieron de vista, entonces como fue posible que según los mismos agentes y el acta de seriado fueron registrados 3 billetes de 500.00 lempiras y 10 billetes de 100.00 lempiras haciendo un total de 2.500.00 lempiras, y Al momento de confirmar le decomisado a cada uno de ellos no cuadra el total que fue entregado por el Testigo Protegido R-167 ya que en total solo suman 2.300.00 lempiras ¿Qué se hizo el resto del dinero? Conforme a estos medios de prueba el sentenciador llego a la conclusión que con los medios de pruebas anteriores se acredito el delito de EXTORSION CONTINUADA. Reiterando lo supra indicado consideramos, que en total despego a lo dispuesto en el artículo 363.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la sana critica específicamente en lógica de derivación de razón suficiente y las normas del correcto entendimiento humano, pues como hemos dejado expuesto, es obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia de las reglas antes señaladas. En el caso sub judice con las pruebas traídas por la Fiscalía ha quedado de manifestó las incongruencias de todo el elenco probatorio en especial el testifical evacuado en la vista pública como ya fue expuesto en el desarrollo del presente Recorre Siendo atípico e inaudito que una extorsión de 2,500.00 lempiras se le repartan 4 personas y le pose parte del dinero a cada une aun y cuando están bajo vigilancia y as hay forma de justificarlo, y no pudieron ver el intercambio de dinero entre los sospechosos No es posible que todos los testigos dicen que vieron que la entrega se hizo en efectivo y el testigo dijo que lo entrego sobre tamaño carta y ninguno de los testigos pudo ver el score, allí se ve la implantación de prueba, eso no es un error. Ante tales argumentos esta defensa considera que hay prueba implantada y duda razonable. Es por los motivos antes señalados y que esta defensa no comparte, que los argumentos e los que el sentenciador llego para dar por acreditados dicho delito considera este defensa que es una clara inobservancia a la regla de la lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de la razón suficiente en su característica de suficiencia. Entonces, resulta evidente, que al concluir el sentenciador en que mis representados los señores BERNARDO ANTONIO ARTEAGA CORTES, CRISTIAN ARIEL CASTILLO MACHADO, JOSE FERNANDO ALVARENGA AVILA y JESUS ALBERTO TROCHEZ MORENO es responsable de la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA. vulnera la regla lógica de la derivación integrado por el principio de la razón suficiente, es su característica de suficiencia es vista que al valorar el contenido de le probanza, no le otorgo el mérito de lo realmente posee a los medios de prueba testifical, pues de otra manera hubiera adquirido la certeza, que los señores antes mencionados, NO son responsables de la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA del cual venían siendo acusado por el Ministerio Publico, y en consecuencia dictar un fallo absolutorio per dicho delito. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentencia, no he podido efectuarse el reclamo para la subsanación del mismo.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: sin determinar por el Pretensor. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia que case el fallo recurrido. Explicó el recurrente que la conducta descrita en los hechos probados no se subsume en el tipo penal de extorsión continuada por el que fueron condenados los imputados, así mismo no se describe una acción de esta que se subsuma en los presupuestos contenidos en los artículos 31 y 32 en relación al 37 y 22 del Código Penal Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Ante el planteamiento del recurrente,esta Sala de lo Penal al hacer un análisis del recurso presentado detecta que el censor no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para plantear y fundamentar su recurso, pues tal como lo explicamos en el apartado anterior, el recurso de casación debe cumplir con ciertos requisitos necesarios para que esta Sala de Casación proceda a darle respuesta. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenido en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i. Identificación del razonamiento judicial vicioso; ii. La identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii. Exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv. la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal. Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el caso de autos el censor presenta como vicio la violación a las reglas de la sana crítica, pero al momento de argumentar su recurso hace aseveraciones propias de recursos ordinarios mediante los cuales es permitido los argumentos de instancia, pero que en esta etapa casacional no son permitidos, como por ejemplo afirmó entre otros argumentos: • “En el caso subjudice, esta defensa no comparte las conclusiones a la que ha arribado el sentenciador, en cuanto a que tanto en la declaración del Testigo Protegido manifestó desde un inicio que llegaron tres decirle que desde esa fecha tendría que pagar 2500.00 lempiras de extorsión mencionando a dos de ellos con el alias de "Chungo", "el negro", al momento que realizan la captura detienen a 4 personas; y en ningún momento dicho testigo declaró que desde un inicio hayan llegado los cuatro a cobrarles el dinero de la extorsión; nunca se individualizo a los imputados quienes de los cuatro llegaron desde un inicio a cobrarles la extorsión”. • Al rendir su declaración el Testigo Protegido en estrados (debate) manifestó que había entregado al agente de la ENA, 3 billetes de 500.00 lempiras y 10 billetes de 100.00 Lempiras; y al hacer la observación esta defensa que si ya había declarado en el Juzgado; el manifestó que si, y al preguntarle porque anteriormente había dicho que había entregado para el acta de seriado 4 billetes de 500.00 y 10 de 100.00 lempiras, situación que fue aclarada por la secretaria la contradicción hecha por la defensa, respondió que lo correcto eran 3 billetes de 500.00, que antes había dicho 4 pero que era por los nervios de ese momento. • “Como se podrá observar existe una errónea valoración de este medio de prueba ya que la supuesta víctima manifestó que lo entrego en sobre y el testigo ANGELO LAGOS dice que observo que se lo entrego normal, que no iba en sobre. Igual manifestó el testigo LUIS ADOLFO SANCHEZ HERNANDEZ ¿Entonces cuál es la verdad?” • “Ambos testigos manifestaron que el dinero se lo entregaron a una sola persona de nombre Jesús Alberto Trochez alias "Chungo" pero sin embargo a pesar de mantenerlos bajo vigilancia no dan razón porque el dinero aparece repartido entre todos los imputados; esa circunstancia no pudo ser probada en audiencia de juicio oral y público.” • Por esta razón la defensa considera que el Juzgador hizo una incorrecta valoración de las pruebas ya que al hacer un análisis de la misma no podemos arribar a dar por cierto que agente de la FNA fue la persona que le dio captura al señor Jesús Alberto Trochez. Ninguno de esos argumentos corresponde a la técnica necesaria para cuestionar la valoración probatoria realizada por el A-quo, pues el censor en ningún momento trajo a discusión cual es la valoración probatoria del Juzgador que considera errónea, sino que fundamentó su recurso en meros alegatos de instancia y muchos de ellos enfocados a que no compartía los razonamientos del Sentenciador, realiza una valoración subjetiva, es decir vista desde la óptica de la defensa y no a través de los argumentos del Juzgador para valorar la prueba. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente no se logró probar con la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. Por todas estas razones el recurso de casación debe ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada de los acusados. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. d. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP).- Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616).- Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619); 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A.- Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b.- Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: En primera Instancia: i.- Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto.- Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii.- En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 1. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i.- Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii.- Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c.- Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i.- Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicara el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii.- Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumara todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparara.- Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas).- Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017.- De dicho resultado el tribunal resolverá: i.- Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de éste último; ii.- Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii.- Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d.- Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017.- Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e.- Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; • Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83, declaró responsable a los acusados Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno, como autores materiales del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido Clave R167, a una pena principal de veinticinco años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto ochenta y tres salario minino, para cada uno respectivamente; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 reformado por el decreto 93-2021 de fecha 01 de noviembre de 2021, en su artículo 373 regula el delito de Extorsión con una pena de 15 a 20 años de prisión, pero al tratarse de un delito continuado conforme lo establece el artículo 68 la misma debe imponerse en su mitad superior hasta en una pena superior de 1/3, por lo que la nueva pena oscilaría en 17 años, 6 meses a 26 años, 8 meses de prisión; además una multa 500 a 1000 días pero que al agravarse por ser continuado oscilaría la nueva pena de multa entre 750 a 1,333.33 días. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta a los acusados de 25 años de reclusión se encuentra dentro del margen señalado en la nueva legislación penal, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillon, en su condición de Defensor Privado de los señores Bernardo Antonio Arteaga Cortes, Cristhian Ariel Castillo Machado, José Fernando Alvarenga Ávila y Jesús Alberto Trochez Moreno, como autores materiales del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido Clave R167. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticuatro días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-267-2019

Wily Alexander Medina Perez

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL