Sentencia CP-265-19 — Registro 18073
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Trata de Personas Agravado en perjuicio de las Testigos Protegidas ITALIA, MEXICO, AFRICA Y HAITI, a quienes les ofreció trabajar como meseras en los bares Alex número 1 y bar Alex número 3; quienes además de atender a los clientes sirviéndoles bebidas alcohólicas, eran conminadas a mantener relaciones sexuales con los clientes, debiendo estos pagar una determinada cantidad de dinero que era recibida por los imputados, asimismo se resuelve en segunda instancia Ha Lugar parcialmente el recurso de casación y se Declara procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"..DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. En virtud que, a través del recurso de casación presentado se denuncian la aplicación indebida de normas sustantivas, la tarea de esta Sala de Casación se centra en hacer una revisión de los hechos probados y confrontarlos con la norma penal utilizada por el Sentenciador y determinar su correspondencia o no. Los hechos probados revelan: “PRIMERO: Para el año 2015, el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES, era propietario de tres bares ubicados en diversos lugares del Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, los cuales eran identificados como bar Alex número 1, bar Alex número 2 y bar Alex número 3; lugares hasta donde el señor Hamilton Alexis Cruz, llevó a trabajar a las Testigos Protegidas ITALIA, MEXICO, AFRICA Y HAITI, a quienes les ofreció trabajar como meseras en los bares Alex número 1 y bar Alex número 3; quienes además de atender a los clientes sirviéndoles bebidas alcohólicas, eran conminadas a mantener relaciones sexuales con los clientes, debiendo estos pagar una determinada cantidad de dinero por esas relaciones sexuales, cantidad de dinero que era recibida por el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ y en otras ocasiones por la señora GLENDA XIOMARA, quien además de ser la compañera de hogar del señor Hamilton, era la encargada de administrar el bar Alex 1, ubicado en el barrio El Centro. Este mismo servicio era prestado por las testigos protegidas ITALIA, AFRICA y HAITI, en el bar Alex número 3, ubicado en la calle principal de la ciudad de Trojes, cuyo pago también era recibido por el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ, quien también era encargado de administrar dicho local. SEGUNDO: En fecha 02 de octubre del mismo año, se realizaron allanamientos en los negocios conocidos como bar Alex número 1, bar Alex número 2 y bar Alex número 3, encontrando en el interior de estos bares a las testigos protegidas ITALIA, quien para ese entonces era menor de edad, MEXICO, AFRICA y HAITI, siendo las dos últimas de nacionalidad Nicaragüense, quienes fueron repatriadas a su país de origen, procediendo las autoridades a la detención de los señores MARIANA FLORES HERNANDEZ, HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES, GLENDA XIOMARA VALLADARES Y MILTON CRUZ LOPEZ.” De la lectura del cuadro fáctico es posible detectar los elementos objetivos y subjetivos del tipo de penal de trata de personas, en el presente caso los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y su esposa la señora Glenda Xiomara Valladares facilitaron la recepción de las testigos protegidos para trabajar en sus negociosos y luego las amenazaban o conminaban a tener relaciones sexuales con los clientes, quienes pagaban una determinada cantidad de dinero a los ahora acusados por los servicios sexuales de las ofendidas. Ahora bien, el recurrente plantea que no se determina en el cuadro fáctico la especialidad que utilizó el Sentenciador para agravar la pena impuesta a los acusados, pues el Juzgador consideró que se cumplía en la presente causa el numeral 3 del referido artículo 52 de la Ley de Trata de Personas, que dice: “Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima” en el caso específico y según la fundamentación jurídica de la Sentencia, el A-quo decidió agravar la pena en ½ debido a que consideró se dieron las condiciones de “engaño y promesa de trabajo”; sin embargo al revisar los hechos probados, el Sentenciador omitió establecer en los mismos que las testigos Italia, África, México y Haití era sometidas a algún tipo de engaño mediante promesa de trabajo para que voluntariamente aceptaran el empleo, esa condición que agrava su responsabilidad no fue así consignada en los hechos probados, por tanto no es posible encontrar correspondencia sobre ese punto específico del numeral 3 del articulo 52 de la Ley de Trata de Persona. Por tanto, al recurrente le asiste la razón al afirmar que la agravante observada por el Juzgador al momento de dictar Sentencia, no aparece consignada así en los hechos probados, ahora bien, si encontramos en esos sucesos correspondencia con el tipo penal de artículo 52, cuando relata y encuadra el tipo penal de Trata de Personas, pero la pena debe ser impuesta sin la agravante. Por lo cual, es procedente declarar parcialmente ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, ordenando se imponga la pena correspondiente. Para determinar la pena conforme el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 69 y conforme a lo señalado en la fundamentación jurídica, se determinó que en la presente causa no existían agravantes ni atenuantes, ni otra circunstancia que modifique la responsabilidad penal, concluyendo en imponer la pena mínima, mismo razonamiento que realiza esta Sala de lo Penal, por lo que la pena a imponer a los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares es la pena mínima de diez (10) años de reclusión y 150 salarios mínimos. Haciendo la aclaración que sobre esta nueva pena debe realizarse el estudio necesario para determinar si procede aplicar retroactivamente el nuevo código penal decreto 130-2017 por ser mas beneficioso para los acusados..."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Penales, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO Al declararse parcialmente ha lugar el recurso de casación por infracción de ley y conforme a la Ley de Trata de Personas en su artículo 52, se condenó a los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares a la pena mínima de diez (10) años de reclusión y a la pena de multa un millón, ciento setenta y siete mil quinientos lempiras (L. 1,177,500) que corresponde a 150 salarios mínimos, conforme la tabla de salario mínimos publicado en el diario oficial La Gaceta mediante acuerdo STSS-599-2013 de fecha 26 de diciembre de 2013, correspondiente al año 2015; además a la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el doble de la pena de reclusión, es decir, por 20 años (misma que está estipulada como pena principal en la ley especial); pena accesoria de interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal de reclusión, es decir, por 10 años; Imposición de otras consecuencias, como ser la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 por la infracción penal cometida por los acusados correspondería la imposición de la pena regulada en el artículo 219, reformado mediante decreto 93-2021 de fecha 01 de noviembre de 2021, referente al delito de Trata de Personas simple con una pena principal de prisión de 10 a 15 años. Al hacer el comparativo de penas, es posible establecer que les es mas favorable a los encartados la aplicación del nuevo código penal decreto 130-2017, pues aunque la pena de prisión es la misma, pero en la nueva legislación no se contempla la pena de multa como pena principal o accesoria, por lo que resulta más favorable a los acusados ser condenados con el nuevo Código Penal. Para imponer la pena concreta conforme a la nueva legislación penal, debemos tomar en consideración lo establecido en el artículo 70, al no existir atenuantes ni agravantes, lo procedente es imponer a los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares la pena mínima señalada para ese delito, es decir diez (10) años de prisión, así como la imposición de penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, además de la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 52 de la Ley de Trata de Personas; 66, 219, 616 del Código Penal decreto 130-2017..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 265-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 265-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares, como autores del delito de Trata de Personas Agravado, en perjuicio de testigos protegidos México, Italia, África y Haití, a la pena de quince años de reclusión, más una multa consistente en doscientos veinticinco salarios mínimos. Segundo: Condenó a Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta, por el doble del tiempo que dure la condena principal, así como también a la interdicción civil, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de los condenados Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No se declaró el comiso. Sexto: Absolvió a Mariana Flores Hernández y Milton Adalid Cruz López, del delito de Trata de Personas Agravado, en perjuicio de Testigos Protegidos México, Italia, África y Haití. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Dinabel López Durón, en su condición de defensores públicos de Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares, como parte recurrente; y la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Para el año 2015, el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES, era propietario de tres bares ubicados en diversos lugares del Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, los cuales eran identificados como bar Alex número 1, bar Alex número 2 y bar Alex número 3; lugares hasta donde el señor Hamilton Alexis Cruz, llevó a trabajar a las Testigos Protegidas ITALIA, MEXICO, AFRICA Y HAITI, a quienes les ofreció trabajar como meseras en los bares Alex número 1 y bar Alex número 3; quienes además de atender a los clientes sirviéndoles bebidas alcohólicas, eran conminadas a mantener relaciones sexuales con los clientes, debiendo estos pagar una determinada cantidad de dinero por esas relaciones sexuales, cantidad de dinero que era recibida por el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ y en otras ocasiones por la señora GLENDA XIOMARA, quien además de ser la compañera de hogar del señor Hamilton, era la encargada de administrar el bar Alex 1, ubicado en el barrio El Centro. Este mismo servicio era prestado por las testigos protegidas ITALIA, AFRICA y HAITI, en el bar Alex número 3, ubicado en la calle principal de la ciudad de Trojes, cuyo pago también era recibido por el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ, quien también era encargado de administrar dicho local. SEGUNDO: En fecha 02 de octubre del mismo año, se realizaron allanamientos en los negocios conocidos como bar Alex número 1, bar Alex número 2 y bar Alex número 3, encontrando en el interior de estos bares a las testigos protegidas ITALIA, quien para ese entonces era menor de edad, MEXICO, AFRICA y HAITI, siendo las dos últimas de nacionalidad Nicaragüense, quienes fueron repatriadas a su país de origen, procediendo las autoridades a la detención de los señores MARIANA FLORES HERNANDEZ, HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES, GLENDA XIOMARA VALLADARES Y MILTON CRUZ LOPEZ.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley El recurrente Abogado Ramón Benedicto Matamoros, en su condición de defensor público de Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN ÚNICO: Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 52 numeral 3 de la Ley Contra la Trata de Personas. El presente motivo de casación está comprendido en el artículo 360 del Código de Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA EN EL ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN PRIMERO: La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal y en ellos el Juzgador describe las conductas que pueden o no ser calificadas como delitos; de esa realidad concreta se extraen las consecuencias penalmente relevantes, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo que se supone infringido. Por tal razón en ellos el Juzgador debe consignar una descripción completa, concreta, clara y suficiente del acontecimiento histórico que se tiene por acreditado, explicando los modos de conductas con relevancia penal observadas por las personas que intervinieron en los mismos, ello responde a una exigencia de seguridad jurídica, pues solo de esa manera las partes pueden ejercer control sobre la actividad jurisdiccional al momento de fallar. SEGUNDO: La sentencia penal, por disposición expresa del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un cuerpo sistemático y armónico, por lo que su redacción debe respetar esos presupuestos normativos, distinguiendo, de manera clara, los aspectos fácticos de los jurídicos para permitir un apropiado control sobre ellos, por eso mismo, los elementos objetivos de los tipos de delitos, los grados de ejecución y los relativos a las circunstancias agravantes deben constar, en todo caso, en el apartado de hechos probados de la sentencia, sin que, válidamente, sea posible completarlos, en perjuicio del imputado, con el contenido de otro apartado de la sentencia. TERCERO: En el sistema penal hondureño existe la legislación especial para reprimir las actividades ilícitas de la explotación de seres humanos, siendo ella la Ley Contra la Trata de Personas contenida en el Decreto número 59-2012, una de tales formas de explotación se presenta como un agravado proxenetismo que por sus implicaciones es considerado un delito de "lesa humanidad", pues generalmente implica el desarraigo de la víctima de su entorno familiar y social para explotarla en otro lugar, es una combinación del desplazamiento forzado y la final explotación, ataque que, por el nivel de fractura de los Derechos Humanos que sufren las víctimas, es calificado como una forma de esclavitud contemporánea, porque deshumaniza a las personas tratándolas como mercancía y por ello es una amenaza grave a la cohesión social; normalmente es llevado a cabo en la clandestinidad por Bandas Delincuenciales Transnacionales, razón por la cual la comunidad internacional ejecuta acciones contundentes para luchar contra las redes de esta modalidad de Criminalidad Transnacional creando Instrumentos Internacionales para combatirla, entre ellos la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que son los antecedentes de nuestra ley interna sobre el tema, de acuerdo con el señalado Protocolo la Trata de Personas es una actividad (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas) que utilizando determinados medios (amenazas, uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder, la concesión o recepción de pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación) tiene como propósito la explotación (de la prostitución ajena, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos etc.). Generalmente se presenta en tres fases: 1) Enganche; 2) Traslado; y, 3) La explotación. CUARTO: En el presente caso el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en la audiencia de juicio oral, declaró terminantemente probado lo siguiente: “PRIMERO: Para el año 2015, el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES, era propietario de tres bares ubicados en diversos lugares del Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, los cuales eran identificados como bar Alex número 1, bar Alex número 2 y bar Alex número 3; lugares hasta donde el señor Hamilton Alexis Cruz, llevó a trabajar a las Testigos Protegidas ITALIA, MEXICO, AFRICA Y HAITI, a quienes les ofreció trabajar como meseras en los bares Alex número 1 y bar Alex número 3; quienes además de atender a los clientes sirviéndoles bebidas alcohólicas, eran conminadas a mantener relaciones sexuales con los clientes, debiendo estos pagar una determinada cantidad de dinero por esas relaciones sexuales, cantidad de dinero que era recibida por el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ y en otras ocasiones por la señora GLENDA XIOMARA, quien además de ser la compañera de hogar del señor Hamilton, era la encargada de administrar el bar Alex 1, ubicado en el barrio El Centro. Este mismo servicio era prestado por las testigos protegidas ITALIA, AFRICA y HAITI, en el bar Alex número 3, ubicado en la calle principal de la ciudad de Trojes, cuyo pago también era recibido por el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ, quien también era encargado de administrar dicho local. SEGUNDO: En fecha 02 de octubre del mismo año, se realizaron allanamientos en los negocios conocidos como bar Alex número 1, bar Alex número 2 y bar Alex número 3, encontrando en el interior de estos bares a las testigos protegidas ITALIA, quien para ese entonces era menor de edad, MEXICO, AFRICA y HAITI, siendo las dos últimas de nacionalidad Nicaragüense, quienes fueron repatriadas a su país de origen, procediendo las autoridades a la detención de los señores MARIANA FLORES HERNANDEZ, HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES, GLENDA XIOMARA VALLADARES Y MILTON CRUZ FLORES”. QUINTO: El Juzgador en la fundamentación jurídica del fallo impugnado consideró que los hechos antes referidos, se subsumen en el tipo penal contenido en el artículo 52 de la Ley especial contra la Trata de Personas, porque, según el Juzgador, al contrastar lo que las pruebas aportan, encuentra que en el caso de mérito, se cumplen todos los elementos del tipo penal contenido en dicho artículo, ya que si bien es cierto, fue consentido por las testigos protegidas MEXICO, AFRICA y HAITI, quienes eran mayores de edad, aceptar el trabajo como mesera en el Bar, en el momento que fue ofrecido por el señor Hamilton Cruz, posteriormente dicho consentimiento se encontraba viciado, al haberse producido mediante engaño de las condiciones en que llevarían a cabo las labores para las cuales fueron contratadas, lo cual ya no consistía en realizar las funciones de mesera, sino la de mantener relaciones sexuales con personas del sexo masculino, mediante el cual cobrarían un precio. SEXTO: El artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas dispone lo siguiente: “ARTICULO 52. – TRATA DE PERSONAS. Incurre en el delito de Trata de Personas, quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. La pena anterior se aumentara en un medio (1/2), en los casos siguientes:1) Cuando la víctima sea menor de (18) años de edad; 2) Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad;3) Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima; 4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio, profesión o función que desempeña; 5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; 6) Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por tres (3) o más miembros; y, 7) Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda en estado de discapacidad o contrae una enfermedad que amenace su vida. - En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado por la victima de Trata de Personas o por su representante”. SÉPTIMO: Resulta, Honorables Magistrados, que al confrontar la declaración de hechos probados del fallo impugnado, con la estructura normativa del delito contenido en el artículo 52 de la Ley especial contra la Trata de Personas, por el cual fueron condenados los señores HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES y GLENDA XIOMARA VALLADARES; evidentemente se aprecia que dicha decisión no se ajusta a las previsiones dispuestas por el legislador al regular el tipo penal de TRATA DE PERSONAS, ya que no basta con que se produzca de manera aislada una actividad sexual a cambio de una remuneración económica, pues la Trata de Personas está reservada para aquellos atentados graves producidos en un contexto de dominación en el que se deshumaniza a la víctima, degradándola a la categoría de mera mercancía; trato inhumano que no se produce en el presente caso, por cuanto de los hechos probados se desprende que los negocios del señor operaban legalmente, es decir, no era una actividad clandestina, pues contaban con todos sus permisos y a las supuestas ofendidas se les ofreció y aceptaron un trabajo remunerado de meseras, actividad que efectivamente ejecutaron y por el cual recibieron el pago pactado, sin declararse probada alguna concreta amenaza, ni el uso de la fuerza u otra forma de coacción para viciar el consentimiento de las ofendidas para obligarlas a participar en actividades sexuales a cambio de cierta cantidad de dinero; por lo que, si bien la conducta de los imputados puede resultar moralmente desaprobada por algunas personas, pero en su actuar no concurren las características propias de la moderna forma de esclavitud que reprime el tipo penal dispuesto en el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas; por lo que no concurre en el cuadro fáctico del fallo recurrido la agravante prevista en el numeral tres del mismo artículo como lo califica el Juzgador, porque en relación a ello la agravación está prevista para cuando se anula la voluntad de la víctima haciendo uso de la fuerza, la intimidación, el engaño, promesa de trabajo o se le suministren drogas o alcohol, condición que no se establece en el cuadro fáctico del fallo recurrido, por lo que con los datos del cuadro fáctico del fallo impugnado no es posible establecer con certeza la existencia de la referida agravante. De lo anterior resulta que los hechos probados del fallo recurrido no se subsumen en los presupuestos normativos previstos en el artículo 52 numeral 3 de la Ley Contra la Trata de Personas, por lo que el Juzgador al aplicarlo a dicho cuadro fáctico incurre en aplicación indebida del mismo. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Con la interposición del presente motivo de casación pretendemos se analicen fielmente los hechos probados del fallo recurrido y una vez comprobado que en la construcción de los mismos no concurren los elementos constitutivos del delito de lesa humanidad de Trata de Personas, absolver de toda responsabilidad penal a los señores HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES y GLENDA XIOMARA VALLADARES.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizado por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el Derecho Penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al Derecho Penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad, concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que, citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 52 numeral 3 de la Ley contra la Trata de Personas. Concepto de la infracción: aplicación indebida de la agravante para el delito de trata de personas Reclamación ex-ante: sin determinar por el Pretensor. Pretensión: que se dicte una sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que conforme están redactados los hechos probados, resulta evidente que no se ajustan a la previsión dispuesta por el legislador al regular el delito de trata de personas, porque si bien la conducta de los imputados puede resultar moralmente desaprobada por algunas personas, pero en su actuar no concurre la agravante prevista en el numeral 3 del artículo 52 de la Ley Contra Trata de Personas, pues dicha agravante concurre cuando se anula la voluntad de la víctima haciendo uso de la fuerza, intimidación o engaño, promesa de trabajo o les suministren drogas o alcohol, condición que se no establece en el cuadro fáctico. Del delito de Trata de Personas La trata de personas es un delito que consta de tres elementos fundamentales: el acto, los medios y la finalidad. Los traficantes utilizan tácticas tales como el abuso físico y sexual, el chantaje, la manipulación emocional y la retirada de documentos oficiales, para controlar a sus víctimas. Dicha explotación puede tener lugar tanto en el país de origen de la víctima, como durante la migración o hasta en un país extranjero. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. La forma más común de trata de personas descubierta por las autoridades nacionales es la perpetrada con fines de explotación sexual. Se calcula que, de todos los casos de trata registrados a nivel mundial en 2006, el 79% correspondió a esa modalidad, en tanto que, al parecer, el 21% restante de las víctimas fue objeto de trata con fines de trabajo forzoso u otras formas de explotación8. Cabe observar, sin embargo, que esas cifras no son definitivas y pueden estar distorsionadas, habida cuenta de la importancia y visibilidad de algunas formas de explotación, en comparación con otras. Por ejemplo, puede ser más fácil descubrir a trabajadoras sexuales que son víctimas de la trata que a trabajadores de granjas o fábricas que han sido objeto de trata. Por otra parte, puede tenerse la impresión errónea de que los hombres no son víctimas de ese delito, lo que distorsiona aún más los coeficientes. Según datos más recientes, ha aumentado el número de casos descubiertos de trata de personas con fines de trabajo forzoso y otras formas de explotación. Nuestra legislación regula el delito de Trata de Personas en el artículo 52 de la Ley Contra Trata de Personas que relata: “Incurre en el delito de Trata de Personas, quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. Las penas anteriores aumentarán en un medio (1/2), en los casos siguientes:1) Cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años de edad; 2) Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 3) Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima; 4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio, profesión o función que desempeña; 5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; 6) Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por tres (3) o más miembros; y,7) Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda en estado de discapacidad o contrae una enfermedad que amenace su vida. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado por la víctima de Trata de Personas o por su representante legal.” La definición más citada de trata de personas es la establecida en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas: “Por ́trata de personas ́ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.” De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En virtud que, a través del recurso de casación presentado se denuncian la aplicación indebida de normas sustantivas, la tarea de esta Sala de Casación se centra en hacer una revisión de los hechos probados y confrontarlos con la norma penal utilizada por el Sentenciador y determinar su correspondencia o no. Los hechos probados revelan: “PRIMERO: Para el año 2015, el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES, era propietario de tres bares ubicados en diversos lugares del Municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, los cuales eran identificados como bar Alex número 1, bar Alex número 2 y bar Alex número 3; lugares hasta donde el señor Hamilton Alexis Cruz, llevó a trabajar a las Testigos Protegidas ITALIA, MEXICO, AFRICA Y HAITI, a quienes les ofreció trabajar como meseras en los bares Alex número 1 y bar Alex número 3; quienes además de atender a los clientes sirviéndoles bebidas alcohólicas, eran conminadas a mantener relaciones sexuales con los clientes, debiendo estos pagar una determinada cantidad de dinero por esas relaciones sexuales, cantidad de dinero que era recibida por el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ y en otras ocasiones por la señora GLENDA XIOMARA, quien además de ser la compañera de hogar del señor Hamilton, era la encargada de administrar el bar Alex 1, ubicado en el barrio El Centro. Este mismo servicio era prestado por las testigos protegidas ITALIA, AFRICA y HAITI, en el bar Alex número 3, ubicado en la calle principal de la ciudad de Trojes, cuyo pago también era recibido por el señor HAMILTON ALEXIS CRUZ, quien también era encargado de administrar dicho local. SEGUNDO: En fecha 02 de octubre del mismo año, se realizaron allanamientos en los negocios conocidos como bar Alex número 1, bar Alex número 2 y bar Alex número 3, encontrando en el interior de estos bares a las testigos protegidas ITALIA, quien para ese entonces era menor de edad, MEXICO, AFRICA y HAITI, siendo las dos últimas de nacionalidad Nicaragüense, quienes fueron repatriadas a su país de origen, procediendo las autoridades a la detención de los señores MARIANA FLORES HERNANDEZ, HAMILTON ALEXIS CRUZ FLORES, GLENDA XIOMARA VALLADARES Y MILTON CRUZ LOPEZ.” De la lectura del cuadro fáctico es posible detectar los elementos objetivos y subjetivos del tipo de penal de trata de personas, en el presente caso los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y su esposa la señora Glenda Xiomara Valladares facilitaron la recepción de las testigos protegidos para trabajar en sus negociosos y luego las amenazaban o conminaban a tener relaciones sexuales con los clientes, quienes pagaban una determinada cantidad de dinero a los ahora acusados por los servicios sexuales de las ofendidas. Ahora bien, el recurrente plantea que no se determina en el cuadro fáctico la especialidad que utilizó el Sentenciador para agravar la pena impuesta a los acusados, pues el Juzgador consideró que se cumplía en la presente causa el numeral 3 del referido artículo 52 de la Ley de Trata de Personas, que dice: “Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima” en el caso específico y según la fundamentación jurídica de la Sentencia, el A-quo decidió agravar la pena en ½ debido a que consideró se dieron las condiciones de “engaño y promesa de trabajo”; sin embargo al revisar los hechos probados, el Sentenciador omitió establecer en los mismos que las testigos Italia, África, México y Haití era sometidas a algún tipo de engaño mediante promesa de trabajo para que voluntariamente aceptaran el empleo, esa condición que agrava su responsabilidad no fue así consignada en los hechos probados, por tanto no es posible encontrar correspondencia sobre ese punto específico del numeral 3 del articulo 52 de la Ley de Trata de Persona. Por tanto, al recurrente le asiste la razón al afirmar que la agravante observada por el Juzgador al momento de dictar Sentencia, no aparece consignada así en los hechos probados, ahora bien, si encontramos en esos sucesos correspondencia con el tipo penal de artículo 52, cuando relata y encuadra el tipo penal de Trata de Personas, pero la pena debe ser impuesta sin la agravante. Por lo cual, es procedente declarar parcialmente ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, ordenando se imponga la pena correspondiente. Para determinar la pena conforme el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 69 y conforme a lo señalado en la fundamentación jurídica, se determinó que en la presente causa no existían agravantes ni atenuantes, ni otra circunstancia que modifique la responsabilidad penal, concluyendo en imponer la pena mínima, mismo razonamiento que realiza esta Sala de lo Penal, por lo que la pena a imponer a los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares es la pena mínima de diez (10) años de reclusión y 150 salarios mínimos. Haciendo la aclaración que sobre esta nueva pena debe realizarse el estudio necesario para determinar si procede aplicar retroactivamente el nuevo código penal decreto 130-2017 por ser mas beneficioso para los acusados. Decisión Se declara parcialmente ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP).- Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616).- Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619); 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A.- Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b.- Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera Instancia: i.- Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto.- Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii.- En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i.- Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii.- Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c.- Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i.- Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicara el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii.- Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumara todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparara.- Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas).- Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017.- De dicho resultado el tribunal resolverá: i.- Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de éste último; ii.- Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii.- Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d.- Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017.- Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e.- Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. D. Ponderación en el caso concreto Al declararse parcialmente ha lugar el recurso de casación por infracción de ley y conforme a la Ley de Trata de Personas en su artículo 52, se condenó a los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares a la pena mínima de diez (10) años de reclusión y a la pena de multa un millón, ciento setenta y siete mil quinientos lempiras (L. 1,177,500) que corresponde a 150 salarios mínimos, conforme la tabla de salario mínimos publicado en el diario oficial La Gaceta mediante acuerdo STSS-599-2013 de fecha 26 de diciembre de 2013, correspondiente al año 2015; además a la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el doble de la pena de reclusión, es decir, por 20 años (misma que está estipulada como pena principal en la ley especial); pena accesoria de interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal de reclusión, es decir, por 10 años; Imposición de otras consecuencias, como ser la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 por la infracción penal cometida por los acusados correspondería la imposición de la pena regulada en el artículo 219, reformado mediante decreto 93-2021 de fecha 01 de noviembre de 2021, referente al delito de Trata de Personas simple con una pena principal de prisión de 10 a 15 años. Al hacer el comparativo de penas, es posible establecer que les es mas favorable a los encartados la aplicación del nuevo código penal decreto 130-2017, pues aunque la pena de prisión es la misma, pero en la nueva legislación no se contempla la pena de multa como pena principal o accesoria, por lo que resulta más favorable a los acusados ser condenados con el nuevo Código Penal. Para imponer la pena concreta conforme a la nueva legislación penal, debemos tomar en consideración lo establecido en el artículo 70, al no existir atenuantes ni agravantes, lo procedente es imponer a los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares la pena mínima señalada para ese delito, es decir diez (10) años de prisión, así como la imposición de penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, además de la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 52 de la Ley de Trata de Personas; 66, 219, 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara parcialmente Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado Ramón Benedicto Matamoros, en su condición de defensor público de los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares, a quienes se les condenó por el delito de Trata de Personas Agravado en perjuicio de las testigos protegidos Italia, África, México y Haití; en consecuencia y en relación a la circunstancia que erróneamente aplicó el Tribunal Sentenciador para agravar la pena, casa parcialmente la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, considerando el accionar de los acusados como un delito de Trata de Personas Simple, por lo que correspondería imponer una pena de Diez (10) años de reclusión y una multa de un millón, ciento setenta y siete mil, quinientos lempiras (L. 1,177,500) que corresponde a 150 salarios mínimos, conforme la tabla de salario mínimos publicado en el diario oficial La Gaceta, mediante acuerdo STSS-599-2013 de fecha 26 de diciembre de 2013, correspondiente al año 2015. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares. En consecuencia, se revoca la pena de multa señalada en el numeral primero de esta sentencia y en consecuencia falla: i. Que debemos condenar y condenamos a los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares, como coautores de un delito consumado de Trata de Personas Simple, en perjuicio de las testigos protegidos Italia, África, México y Haití, a cumplir la pena principal de diez (10) años de prisión. Pena de prisión a la que se le deberá restar el tiempo en que los acusados hayan estado cautelarmente privados de su libertad como consecuencia de este proceso judicial. ii. Que debemos condenar y condenamos a los señores Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares, a las penas accesorias de: inhabilitación absoluta por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal de prisión, y suspensión de la ciudadanía conforme lo dispone el artículo 41.2 de la Constitución de la República. iii. Los ahora condenados deberá realizar trabajos penitenciarios durante el tiempo de su internamiento en los términos de la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y de la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad. iv. Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Hamilton Alexis Cruz Flores y Glenda Xiomara Valladares, civilmente responsable por las consecuencias resultantes del delito por el cual se les ha condenado. La responsabilidad civil deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. v. El proceso de ejecución de la pena deberá hacerse conforme a esta nueva codificación penal, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de libertad condicional. Tercero: Declara: a) Firme e incólume los numerales cuarto, quinto y sexto de la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; b) Firme y ejecutable el presente fallo. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-265-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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