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Sentencia CP-264-18 — Registro 17731

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados por los delitos de Derecho de Gentes y Sedición, en perjuicio de los alumnos de la La Escuela Álvaro Contreras del Municipio de Liure y una profesora, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL TERCER MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sentencia venida en casación declara como probado que durante los años 2004 al 2011, la profesora Santos Audilia Álvarez Lagos, incurrió con inasistencia a su centro de trabajo, denominado Escuela Álvaro Contreras de la Aldea El Escaño, Municipio de Liure, Departamento de El Paraíso. Debido a esas circunstancias los padres del referido Centro Educativo, decidieron salvaguardar el derecho de sus hijos en recibir la educación de calidad y para exigir este derecho, decidieron hacer tomas en el Centro de Educativo, como una medida presión a las autoridades educativas, a efecto de que se solventara el conflicto con la profesora Santos Audilia Álvarez Lagos por el incumplimiento de sus labores educativas; tal declaración reproduce aspectos de hecho que han sido acreditados mediante la actividad probatoria, generando con ello, claridad y coherencia en el relato histórico de la sentencia impugnada, por lo cual, no concurre el defecto de forma denunciado que prevé el artículo 362.1 del Código Procesal Penal. En la causa que nos ocupa se celebró audiencia de debate, en donde se dio actividad probatoria testifical y documental no comprometida con el vicio de ilicitud, sin embargo, al ser apreciada por los señores jueces, las declaraciones de cargo por parte de Santos Audilia Álvarez Lagos, resulto merecedora de una credibilidad parcial, al ser creíble únicamente la fecha en que acontecieron los hechos, pero no que la génesis del conflicto se origina por supuestas discriminaciones de orden político, para que no impartiera clases, que no fue sustentado por ningún otro medio de prueba, el tribunal concluyo que no tuvo por acreditado la comisión de delito alguno; asimismo en relación a la declaración de la testigo Xenia Yohana Betanco Mondragón y de Porfirio Flores Herrera ha considerado el tribunal, igual que la anterior, concederles credibilidad parcial, al serles creíble la forma como obtuvieron la información de cómo sucedieron los hechos acontecidos en el año 2012, pero resultan carente de corroboración por otro medio de prueba, en relación a las amenazas a muerte que recibió la ofendida Santos Audilia Álvarez Lagos; y por último, los medios de prueba documental consistentes en Actas del Distrito Escolar número 11 ratificadas por Juan Ramón Perez Herrera y resolución N0. 115 SE-2012 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, resultaron de credibilidad para los juzgadores, de las cuales se evidencia el origen del conflicto, debido a la inconformidad de los padres de familia con las ausencia injustificada de la profesora Santos Audilia, a su centro escolar, con ello, le contradicen, pues aseguro en su declaración, que el conflicto ha sido por discriminación de índole político, concluyendo los juzgadores, que dicho conflicto no le atañe al derecho penal, ante lo anterior, no todos los medios de prueba relacionados han arrojado información de convencimiento para la construcción de un hecho factico histórico, pues en su mayoría no fueron de credibilidad total para los juzgadores, tanto para acreditar la existencia de los dos ilícitos penales, menos la participación de los acusados, por ello, solo pudo sustraer lo plasmado como verdad incuestionable, como resultado del análisis intelectivo de la prueba que se le dio credibilidad parcial; por lo cual, no le asiste la razón al recurrente, siendo que el Tribunal de Sentencia no solo determinó la dinámica de los hechos probados, sino que los mismos reúnen los requisitos de fondo como ser claros, terminantes y coherentes..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal pone de manifiesto la trascendencia de la suficiencia de la motivación al constituir la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de racionalización de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución de la República, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 10 de junio de 2010, recaída en el expediente SP 259-2008). En el caso actual y concreto, no tiene razón el recurrente, pues el sentenciador ha elaborado una motivación jurídica suficiente que permite conocer el proceso racional y analítico del que hizo mano para concluir en el veredicto de absolución de los señores Juan de Dios Sánchez García, Leyla Marleni Navaz Pérez, Fredis Antonio Hernández, Martha Ondina Hernández, Santos Cosme Soriano Pérez, Antonia Pérez, José Isabel Carranza Pérez, Marlen Alicia Carranza, Natividad Soriano Pérez y Doris Audelia Álvarez Lagos, por los delitos de de los delitos de Derecho de Gentes y Sedición. Basta remitirse a la sentencia recurrida para comprobar que el sentenciador sí ha expresado motivadamente las razones jurídicas que lo llevaron a concluir que dichos acusados no realizaron la parte objetiva y subjetiva del tipo penal imputado. Debe tener presente el censor del fallo que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza exigir un razonamiento jurídico exhaustivo pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles hayan sido los criterios fácticos jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir la “ratio decidendi” que ha determinado aquella. En definitiva, se concluye por esta superioridad que contrario indica el recurrente, el sentenciador sí ha hecho una motivación jurídica que resulta suficiente para conocer el proceso lógico que ha conducido al sentenciador al estado intelectivo de absolución. Puede o no estar de acuerdo con ella, pero lo que no puede alegar, con razón, es que la misma es insuficiente. Por todo lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-264-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 264-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los señores Juan de Dios Sánchez García, Leyla Marleni Navas Pérez, Fredis Antonio Hernández, Martha Ondina Hernández, Santos Cosme Soriano Pérez, Antonia Pérez, José Isabel Carranza Pérez, Marlen Alicia Carranza, Natividad Soriano Pérez y Doris Audelia Álvarez Lagos, de los delitos de Derecho de Gentes y Sedición, en perjuicio de los alumnos de la La Escuela Álvaro Contreras del Municipio de Liure y la señora Santos Audilia Álvarez Lagos.- Segundo: No procedió declarar la responsabilidad civil de los señores Juan de Dios Sánchez García, Leyla Marleni Navaz Pérez, Fredis Antonio Hernández, Martha Ondina Hernández, Santos Cosme Soriano Pérez, Antonia Pérez, José Isabel Carranza Pérez, Marlen Alicia Carranza, Natividad Soriano Pérez y Doris Audelia Álvarez Lagos.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales ni personales al Ministerio Público. Interpuso recurso de casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de forma, el Abogado Darwin Lindolfo García en su condición de acusador privado. Son partes en única instancia: El Abogado Darwin Lindolfo García, acusador privado, en su condición de recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Que durante los años dos mil cuatro (2004) al dos mil once (2011), la profesora SANTOS AUDILIA ÁLVAREZ LAGOS, incurrió con inasistencia a lugar de trabajo en la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea El Escaño, Municipio de Liure, Departamento de El Paraíso. SEGUNDO: Que debido que esas circunstancias los padres del referido Centro Educativo, decidieron salvaguarda el derecho de sus hijos en recibir la educación de calidad y para exigir este derecho tomaron la decisión de hacer tomas den Centro de Educativo, como una medida presión a las autoridades educativas, a efecto de que se solventara el conflicto con la profesora antes mencionadas por el incumplimiento de sus labores educativas.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Darwin Lindolfo García, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO : Infracción de Ley por inaplicación del artículo 321 relacionado al artículo 337 Nª 3) y en relación con el artículo 36 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 360 del Código Procesal Penal es el que nos autoriza a invocar el presente motivo de casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los artículos del Código Penal Vigente que se consideran infringidos dicen en su parte conducente: "Artículo 321.- Sera sancionado con reclusión de tres a cinco años y multa de 4 a siete salarios mínimos la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restringa, disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestación de un servicio profesional, por motivo de sexo, genero, edad, orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afro descendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar, condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la víctima…..” "Artículo 337.- Son reos de sedición quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan publica y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales alguno de los fines siguientes: 1)…. 2)…. 3). Impedir a cualquier autoridad el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus resoluciones; …” "Artículo 36.- Las disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o mas delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte. “Debemos de analizar las tres normas penales en su conjunto en este motivo de fondo de la casación que estamos interponiendo, ya que el mismo se refiere analizar la existencia de un Concurso Ideal, concurso que fue planteado por el Ministerio Público, en sus respectivas conclusiones al momento del debate, a cuyas conclusiones nos adherimos en su momento oportuno, siempre señalando otros argumentos concurrentes a lo pedido por el ente Fiscal. La Figura del concurso Ideal siempre entraña en consecuencia el análisis de al menos dos figuras penales distintas, y claro si se dan los elementos que describe el artículo 36 del Código Penal que deben de existir en un concurso ideal de delitos, en un Recurso de Casación por ende significa que el análisis debe ser idéntico, ya que el concurso atañe a que una sola acción constituya mas de un delito o que uno de los delitos sea medio para cometer otro u otros; el análisis resultante tiene que ver con la Teoría del Delito aplicada al caso concreto para discernir que en este caso se logra realmente configurar toda la estructura de los Tipos de los Delitos por los que se les debió condenar a los imputados. Los tribunales de justicia deben de analizar, en cada caso concreto a cabalidad la teoría del delito. La teoría del delito nos define que la estructura de todo Tipo penal está Constituida por: La Acción [una acción humana, claro], La Tipicidad [cada acción debe estar tipificada en el respectivo Código o Ley penal], La Antijuricidad, y la Culpabilidad [o Imputación Personal como se le llama modernamente]. El Tribunal sentenciador no aplica o lo hace con suma parquedad (rayando en la casi inexistencia) la teoría del delito en sus fundamentaciones Jurídicas relativas a evaluar la existencia o no de las figuras penales alegadas, para el caso El Tribunal sentenciador en su numeral SEGUNDO de fundamentación Jurídica, hace un somero comentario, que pareciere referirse a la configuración del delito cuando dice: “….los medios de prueba deben dotar al Tribunal de Sentencia de una convicción plena sobre los hechos acontecidos y dentro del cual se enmarquen todos los elementos de su tipificación legal…”, en esa parte de la sentencia, hasta ahí se queda el tribunal impugnado, no realiza mas análisis, no inicia argumentos para ir definiendo porque no se dan esos "elementos de su tipificación legal", referidos al caso concreto, o sea comenzar a decirnos, porque según ellos no se dio La Acción, La Tipicidad [El Tipo], La Antijuricidad, y La Culpabilidad [La Imputación Personal]; luego en su último párrafo de este mismo numeral de la fundamentación jurídica, el tribunal señala que considera que no se da el delito acusado, ya que no se dio discriminación de ningún tipo y establece que tampoco existe la sedición ya que nos dice que este tipo de delito está regulado para otro tipo de acción…..pero, hasta ahí llega "El Análisis" (así entre comillas Análisis), no nos dice el Tribunal porque consideran que no se denigro, discrimino o atento contra la dignidad humana de los niños o de mi clienta, tampoco nos dice el Tribunal cuál es ese "otro Tipo de Acción" en que cabría la Sedición, la cual según ellos no se da en este caso. Luego en su numeral tercero siempre de la fundamentación Jurídica el Tribunal al referirse lacónicamente a algo que parezca la teoría del Delito, dice: “…El Ministerio Público […]además estará en la obligación legal de […] probar […] también la culpabilidad…”…… pero nuevamente no dice como es que no pudo probar ese elemento básico de todo delito, la parte acusadora. Podemos apreciar que el Tribunal de sentencia en la parte de Fondo de su sentencia, o sea en decidir sobre la existencia o no del delito, no cumplió a cabalidad su cometido, en estudiar al prisma de la teoría del delito los elementos que constituyen toda figura penal. Debemos de analizar en consecuencia, al tenor de lo evacuado en juicio, porque si existieron las figuras penales alegadas y su respectivo concurso ideal entre las mismas, tal como acotamos en nuestras conclusiones junto a la Fiscal del Ministerio Público. Siempre nuestra tesis ha sido que el delito principal de la causa, es el que atenta CONTRA EL DERECHO DE GENTES, establecido en el Artículo 321 del Código Penal, analizaremos en consecuencia que si se dieron los presupuestos generales a todo delito, ya referidos, sobre todo un énfasis sobre la concurrencia de todos los elementos de configuración la figura penal en especifico o sea que se realizó por parte de los acusados toda "la Letra" del artículo 321 del Código Penal, o sea la parte objetiva del Tipo Penal, y que son evidentes los demás elementos constitutivos de todo delito (Acción, Antijuricidad y Culpabilidad). Claro para arribar a estas conclusiones debemos de nesariamente estudiar lo que nos aportó la parte probatoria del proceso, ya que es evidente que todo delito se sostiene o se derrumba por las pruebas que se pretende que lo sostengan, o lo pretendan desmentir. En nuestro país se habla mucho de que en la parte de fondo de una casación no se pueden hacer comentarios sobre Los Hechos o Las Pruebas, pero resulta que todo proceso gira en torno a las pruebas, el delito no se prueba con argumentos puramente abstractos, como si estuviéramos discutiendo un tratado de Filosofía Pura, si no que se demuestra o se combate su existencia con el elenco probatorio, creemos que está desfasado ese tipo de pensamientos que pretenden de hacer a la Casación una Institución del Derecho tan difícil de redactar y argumentar como el mas enrevesado problema de Física cuántica (La cual dice, después de pizarras de ecuaciones que bajo ciertas circunstancias una margarita puede sostener por la cola a un elefante que penda de un precipicio) o algún Libelo de discusión de Filosofía pura y Abstracta. El Artículo 321 del Código Penal, en su contenido podemos extraer de su literalidad que se deben de configurar tres Circunstancias para que se considere como que ha sido cometido por el agente, estos son: 1) Tienen que ejecutarse actos de discriminación tendientes a impedir el libre ejercicio de los derechos que asisten a cualquier ser humano, 2) Esos actos tienen que darse en menosprecio de las características personales o de elección personal de las personas, y, 3) Tienese que atentar contra la dignidad humana de las personas. Veamos, que de las declaraciones testificales de mi clienta, y de los señores XENIA YOHANA BETANCO MONDRAGON Y PORFIRIO FLORES HERRERA, se puede dilucidar que en efecto ocurrió que el derecho (Constitucional), de los alumnos o de parte de los alumnos de la Escuela "ALVARO CONTRERAS, de la Comunidad de "El Escaño", de El Municipio de Liure, Departamento de El Paraíso, si revisamos el acta de debate, siempre en el apartado de esas declaraciones, encontramos que se les impidió su derecho a la educación por un espacio de varios meses, al menos entre Marzo y junio o julio del año dos mil trece, además de violentarles su derecho a la educación a los menores, le transgredieron los derechos al trabajo de mi clienta, mas agravante que la misma, al momento de los hechos era la Directora de la Escuela, o sea era Funcionaria Pública; de esas mismas declaraciones se desprende, que subyacía un trasfondo político en las actuaciones de los acusados, esto reforzado por el hecho de que a pesar que mi representada por lo que se ausento de sus labores, eran por Licencias debidamente aprobadas por las autoridades, y ya en los momentos de la toma de la escuela, mi representada, se ausento por un paro nacional de Labores de la inmensa mayoría de los maestros del sector público del País, además recordemos que el Ministerio de Educación le dio la razón a mi cliente por medio de la resolución 115-SE-2012, de fecha veintinueve de mayo del año dos mil doce ¿Si ya estaba firme en su plaza mi representada, y librada ella de cualquier sanción, porqué continuar con la intransigencia? , la respuesta salta a la vista fue por razones de índole político, y a los niños es claro que les discriminaron y les impidieron asistir a su escuela por razones de su familiaridad con ciertos pobladores que si apoyaban a mi representada. Por ultimo, saltaron a la luz como se jugo con la dignidad de los ofendidos, se les privo a los menores de su merienda ¿Qué puede ser mas terrible que un niño vea como otro come una merienda, y que él o ella saben que tienen derecho a la misma y no poder consumirla?, ¿recibir clases bajo un árbol no es atentatorio de la autoestima de un niño? , la misma maestra profesional con grado académico sufrió en su dignidad al verse privada de sus materiales didácticos y de los mas mínimos útiles escolares para enseñar, se les privo de matricula a esos niños, pusieron en riesgo su año escolar, privaron a la docente, que como directora era la que tenia la potestad de matricular. Debemos de señalar en consecuencia, con mas detalle, como en contra de lo dicho por los sentenciadores, si se dan los elementos básicos de todo delito referidos a el DELITO CONTRA EL DERECHO DE GENTES regulado en el artículo 321 del Código Penal. El derecho a la Educación, ampliamente protegido y estipulado desde la misma constitución de la República, se garantiza además de por el postulado constitucional y de las Leyes educativas, pues, por cuestiones de orden lógico y practico, derivados de esos mismos postulados, como ser que existan los suficientes maestros para desarrollar ese derecho, que puedan acceder los estudiantes a los materiales didácticos adecuados y aprobados por las autoridades educativas, y desde luego un acceso a locales o edificios adecuados para que funcionen las escuelas y colegios, en la actualidad también hay programas para proveer de útiles escolares, calzado, becas, o programas como el de la merienda escolar o los de educación a distancia o de asistencia solo los días sábado y domingo; por otro lado el derecho al trabajo y ocupar cargos públicos esta también regulado por la Constitución; en el caso de autos, los procesados no solo fue que hicieron una protesta, o realizaron algún acto de inconformidad, si no que impidieron el acceso a los niños y a mi clienta al lugar de estudio y trabajo de los mismos, lo hicieron mediante actos de fuerza, intimidación y engaño; de las declaraciones de nuestra cliente y los testigos de cargo XENIA BETANCO Y PORFIRIO FLORES, se puede apreciar que por medio de engaños, consiguen las llaves de los accesos a la escuela, luego no permiten el acceso al local, incluso con frases de amenaza como "que rodarían cabezas", y aun sabiendo que mi clienta ya tenia una resolución que la liberaba de cualquier falta administrativa desde un año antes que ellos tomaran la decisión de cometer el delito de que se les acusa, lo que significaba que ellos, los procesados, no tenían la razón legal, pero mi clienta sí; o sea creemos que es evidente en este caso que la primera parte de la figura penal que nos dice que se debe de impedir, restringir o menoscabar el ejercicio de un derecho individual [el del trabajo, a nuestra clienta] o colectivo [el de la educación, a los niños] se ha configurado esa parte de la Letra de la figura penal, reforzado por actas de la Distrital de la Zona donde esta ubicada la escuela en mención, donde se plasmaron que habían ocurrido eventos similares, realizados por los procesados en momentos de los años anteriores al año dos mil trece. Deben de tener los imputados por el delito en cuestión, realizar el impedimento ilegal del ejercicio de derechos o acceso a los mismos por motivos discriminatorios, en cuenta de esos motivos, los que se refieren a las preferencias o ideas políticas, y a las relaciones de parentesco o familiaridad que tangan el o los sujetos pasivos del delito; quedo evidenciado por el hecho demostrado en juicio que La Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, revoco un traslado de mi clienta, con lo que quedo demostrado que las razones para desarraigarla del trabajo en la Escuela que laboraba, eran ilegales, esa resolución se conocía desde el año dos mil doce, pero aun así, un año después, proceden a tomarse por varios meses, los imputados y otras personas la escuela en mención, ¿Por qué hacer eso, si ya la autoridad competente había ratificado a una de las victimas en su puesto? , la respuesta salta a la Luz con las declaraciones de cargo, que demuestran que en medio de toda la comisión del delito estaba el mismísimo alcalde Municipal, y su interés por colocar a un parcial político; luego observemos de las declaraciones de XENIA BETANCO Y PORFIRIO FLORES, que no son mas que dos padres de familia de niños involucrados como perjudicados en la presente causa; sale a la luz que sus hijos eran de los niños que debían recibir enseñanza debajo de los arboles, o en corredores de casas particulares, ya que ellos eran de los que se oponían a las acciones de los demás padres, refieren los testigos que no era que simplemente solo mandaban a sus hijos a recibir clase con mi clienta, si no que estaban en conflicto con los imputados, o sea a los niños que recibían clases con mi clienta no se les permitía entrar, ni se les daba merienda, ni se les daba acceso a los materiales didácticos, se les puso en riesgo hasta el registro de su matricula; por ser hijos de los padres que estaban a favor de la legalidad de que mi clienta fuera la que impartiera clases, o sea se les denegó su derecho por sus relaciones de índole familiar con personas (que eran sus padres) que estaban en conflicto con los fines delictivos de los imputados. Debemos de Analizar que la Dignidad Humana tiene varias facetas: La propia imagen, la libertad de conciencia, igualdad ante la ley, las relativas al honor, a la privacidad, a los derechos sociales básicos; veamos que las circunstancias de obligar a que por la necesidad de recibir educación por parte de los niños y el deber de servir sus clases por parte de mi representada, los mismos estuvieran en la vía publica, debajo de un árbol y en ocasiones en corredores de las casas de vecinos piadosos, atenta contra dignidad de maestra y educando, con la una; por ser una profesional especializada y tener el derecho a gozar de un ambiente adecuado para ejercer su profesión y tener acceso a el material necesario para ello; y los otros por su condición de niños, que deben de ser una prioridad en el cuidado que les debe prodigar La Administración Publica y La Sociedad en General; unido a las otras acciones como no darles la merienda escolar, en una comunidad a todas luces rural y con carencias evidentes, en donde esa merienda ayuda a paliar el gasto de sus padres y asegura que sea mas nutritivo, al menos el primer tiempo de comida de esos pequeños seres humanos y ponerles en riesgo el reporte de su matricula, también atenta contra la dignidad de los niños, al saber o ver que otros pequeños comen su merienda y ellos no, cualquier padre o madre sabe que eso a un niño de primaria le puede afectar porque se sentiría visto de menos, en esencia discriminado; y su puesta en riesgo de la matricula es claro que pondría en zozobra a cualquier estudiante; que se jugo con la dignidad humana de los ofendidos es evidente en esta causa. Todo lo descrito con anterioridad quedo patentado, con las declaraciones de SANTOS AUDILIA ALVAREZ LAGOS, quien fue clara al decir que ella quiso ser separada de su cargo por razones políticas, describió como fue despojada las llaves de la escuela mediante engaños, como se le impidió el acceso a su escuela y a varios niños bajo su cuidado, y se le despojo de la administración de la escuela como directora, no pudiendo manejar el programa de merienda escolar, e inscribiendo la matrícula de los niños hasta septiembre, ya casi finalizando el año, refiere las burlas de que fue objeto ella y sus alumnos, señala claramente que detrás de toda la trama esta el mismo Alcalde del Municipio donde se ubica la escuela de que ella es la directora, por la razón de querer ubicar a un maestro afín políticamente a él. XENIA YOHANA BETANCO Y PORFIRIO FLORES HERRERA, otros dos testigos de cargo ratificaron los dichos de mi clienta, en las burlas, abusos y discriminaciones de que fueron objeto sus hijos solo por serlo, ya que ellos no apoyaban la acción delictiva de otros padres de familia, también infirieron que ellos consideraban que las razones por las que las demás personas se tomaron la escuela, o sea los imputados, eran las mismas de orden político, por la razón de que mi representada cumplía con el paro nacional ordenado por la dirigencia magisterial para hacer valer sus derechos ante el embate del gobierno de turno y el interés en la plaza de mi clienta. Aquí debemos entonces de señalar algunos conceptos de doctrina sobre el derecho penal sustantivo, referida tal doctrina a la Parte Objetiva del Tipo Penal, para así ilustrar un poco nuestro motivo de casación, ya que el Tribunal al hacer sus escuetos análisis de la Parte Sustantiva o sea de Fondo, para dilucidar sobre la configuración de los elementos de configuración de la tipicidad Penal de los delitos en controversia, señalo que no se daban directamente o los elementos de la Letra de la figura penal plasmada en el Código Penal. [EL DELITO CONTRA EL DERECHO DE GENTES] o La figura Penal no se podía aplicar al caso concreto [LA SEDICION], conceptos vertidos por el tribunal que tienen que ver con el análisis si se dio o no en primera instancia la letra especifica de las acciones que señala el artículo 321 del Código Penal. Queremos citar al tratadista Español, SANTIAGO MIR PUIG, el cual en su obra literaria "DERECHO PENAL.- PARTE GENERAL, en su sexta Edición, nos señala estos conceptos sobre dicha parte Objetiva: En su paginas 234 párrafos numerados 1, 3 y 4 y 235, párrafo numerado 5, en las partes conducentes a nuestra tesis nos dice: “……Aunque lo característico del tipo doloso, es el dolo, que integra necesariamente su parte subjetiva, conviene a efectos analíticos empezar por su parte objetiva, puesto que esta encierra el objeto que ha de ser abarcado por el dolo. Por otra parte antes de preguntar si un hecho se ha realizado con dolo es preciso saber si efectivamente se ha realizado…..” “…..La parte objetiva del tipo doloso se refiere al aspecto externo de la conducta referida por el tipo doloso: P. ej., los actos externos necesarios para «matar» a otro. Cada tipo doloso describe una conducta diferente, por lo que la precisa determinación de la parte objetiva de cada tipo corresponde a la parte especial del derecho penal…….. Así como se vera, para la tipicidad objetiva de una conducta no basta que la misma resulte (ex post) encajar en la descripción literal tipo, sino que es preciso que ex ante, al irse realizando fuese objetivamente previsible que daría lugar a la realización del Tipo….. Como elementos generales de la parte objetiva del Tipo…… hay que señalar por tanto: 1ª) Un hecho que encaje en la descripción literal del tipo imputable a una conducta peligrosa ex ante; [pasa a la pagina 235]. 2ª) En los tipos que exigen la producción de un resultado separado, ello supone que exista una determinada relación de imputación entre dicho resultado y la conducta peligrosa.” Tal como señalamos en los párrafos iniciales de este motivo de casación, el tribunal sentenciador en los fundamentos jurídicos que plantea, sobre la existencia del delito, no nos deja claro el porque no considera que se dan los elementos del delito, y en especifico lo que nos dice que no se dio la discriminación por alguno de los motivos de índole personal, o familiar, o de genero o políticos que describe la norma penal del artículo 321 del Código Penal, con la doctrina traída a colación podemos observar que para que se de la parte objetiva de cualquier delito, lo que se debe de sopesar es si se da la Literalidad de la norma, a la conducta de un imputado, o sea antes de analizar la intencionalidad y voluntad de ese imputado (El dolo con que supuestamente actúa), es ver si se “cumplio” con la letra misma del artículo del código penal en su parte especial que se le esta acusando que cometió. En el caso de autos con lo ya señalado en este motivo, podemos apreciar que en efecto si se dio la literalidad de la norma penal: si se privo a los ofendidos de derechos individuales o colectivos (Derecho al trabajo y a La Educación), tal privación ilegal fue por motivos políticos respecto a mi clienta y por razones de lazos familiares respecto a los niños, y se les afecto su dignidad humana por las condiciones en que los ofendidos tuvieron que realizar el proceso de enseñanza durante duro la acción delictiva de los imputados. Ahora bien, siendo que una vez que se demuestra que si se dio la literalidad de la norma penal, veremos que la intencionalidad y voluntad de los imputados salta a la vista, por un hecho puntual: Que mi defendida desde el año dos mil doce había sido exculpada de toda falta en sus labores, demostrado esto con la resolución a que nos hemos referido en este mismo motivo, pero aun así los imputados sabiendo esto, y aceptando las consecuencias de sus actos proceden a realizar una acción, o sea a cumplir con la literalidad de la norma penal del artículo 321 del Código penal, con su voluntad libre de injerencias u obligados por alguien; o sea lo hicieron con Dolo. Luego podemos ver que los demás elementos de todo tipo penal se dan en el presente caso. La Acción esta mas que demostrada, tanto testigos de cargo como la imputada que declaro en el debate "aceptan" que hubo una actividad corporal humana por parte de ellos de realizar tomas de la escuela, realizar reuniones para planificarlas e impedir que la maestra ingresara a las instalaciones, así como por las diversas actas de las oficinas administrativas educativas; que hubo una Acción, consideramos que esta mas que claro. La misma Acción es antijurídica, ya que no hay causal de justificación que la ampare, además que no se alego alguna de esas circunstancias en el debate, y cualquier alegato en ese sentido se destruye con la ya referida resolución del Ministro de Educación, salvando responsabilidades de la ofendida en algún manejo en la escuela que era directora, que quita cualquier sustento justificativo en las acciones de los imputados. La culpabilidad por ende se daría, ya que no hay causas de inculpabilidad en la presente causa, y también no fueron alegadas en el juicio Oral. Por todo lo anterior consideramos que si se da en consecuencia la existencia de la figura penal de DELITO CONTRA EL DERECHO DE GENTES del artículo 321 del Código Penal. Tal como ya hemos acotado al inicio del planteamiento de este motivo, el Tribunal incorrectamente no cumple con la aplicación de la figura penal de Sedición en el numeral alegado del artículo 337 del Código Penal. El Numeral 3) del Artículo 337 del Código Penal, establece que para todos los no comprendidos en el delito de Rebelión se alzan publica y tumultuariamente para impedir el cumplimiento de Funciones de alguna autoridad; nuestra representada recordemos que era (y es aun) la directora de la escuela donde labora, por lo tanto es una autoridad Administrativa del ramo de educación, esto demostrado de la secuela del juicio. Tal como señalamos para el delito CONTRA EL DERECHO DE GENTES, en este caso también, el tribunal sentenciador obvio los elementos probatorios que demostraban que se había cumplido por las acciones de los procesados con la letra del Artículo que regula el delito de Sedición; analizando bajo el prisma de la misma doctrina señalada, del tratadista MIR PUIG, debemos de concluir que en efecto, los procesados en forma publica, y no individualmente, si no en grupo, procedieron con medidas de fuerza, a impedir que nuestra defendida cumpliera con sus obligaciones de Funcionaria estatal, ya que de las declaraciones de la misma ofendida se desprende, que incluso cuestiones tan elementales como administrar la matricula o los programas sociales que manejan las escuelas publicas, fue impedida sus ejecución por parte de nuestra representada, por las acciones de los imputados; estas mismas no fueron una simple protesta, o una petición de reunión con la ofendida, o con los demás padres de familia que no apoyaban los propósitos delictivos de los ahora imputados, si no que fueron acciones de fuerza, que en definitiva, aunque legalmente no estuviera aun cesada o suspendida de alguna función, privaron a la ofendida de poder ejercitar sus labores cotidianas como maestra en forma normal y no digamos las que le conferían la autoridad de ser la Directora de el centro de enseñanza en donde se produjeron los hechos que nos han llevado a este juicio; por ende y ya tal como nos ilustra la doctrina citada, la parte objetiva del Tipo penal de SEDICIÓN, se dio en el presente caso; el dolo también es claro, ya que por lo analizado para la otra figura penal, la intencionalidad y voluntad de los procesados se demuestra por las circunstancias de que sabedores que mi clienta contaba con una resolución que avalaba sus acciones aun así continuaron con sus propósitos. La acción y la antijuricidad se dan también, ya que es claro que hubo una acción humana por parte de los imputados, y no estar amparada tal acción por una causal eximente de la responsabilidad penal, y aquí vuelve a tomar importancia la resolución que anula el traslado de la ofendida, ya que no había ningún tipo de justificación para continuar con o realizar acción alguna contra mi poderdante, ya que desde casi un año antes del inicio del conflicto los imputados sabían que la ofendida estaba ratificada en su puesto. Tampoco existe causa de inculpabilidad, ni fue alegada en estrados ante el tribunal sentenciador tal circunstancia. Por todo lo dicho consideramos que se configura la existencia del delito de SEDICIÓN en el presente caso concreto. Ahora bien, tal como se alego en el juicio, uno de los delitos es medio para cometer el otro, si analizamos la letra de las dos figuras penales en controversia, podemos ver que las discriminaciones que regula el delito CONTRA EL DERECHO DE GENTES, no necesariamente ocupan una acción violenta, es mas pueden ejecutarse por una acción por omisión, o sea al dejar de observar algún deber proveniente de oficio, profesión o cargo; ahora bien el caso de autos para poder conseguir su fin de atentar contra la dignidad de los ofendidos por razones de índole política y de filiación familiar, tal como hemos expuesto en párrafos anteriores, necesitaban realizar la toma por la fuerza y mediante intimidaciones y engaños del centro educativo; los procesados en consecuencia se valieron de cometer el delito de SEDICION para lograr el objetivo de atentar contra EL DERECHO DE GENTES. Tal como alegamos en este mismo motivo, el objetivo a perseguir era atentar contra EL DERECHO DE GENTES, impidiendo el ejercicio de derechos, y así según ellos por motivos políticos alejar a la Directora del Centro Educativo y al mismo tiempo privar del derecho a la educación a los hijos de sus oponentes dentro de los padres de familia que no estaban de acuerdo con ellos, pero decidieron que no basta con la simple discriminación, rechazo o "vacío social" que pudieran ellos hacer en contra de los ofendidos, si no que para asegurar sus objetivos realizan acciones de fuerza, en forma publica y colectiva- o sea tumultuariamente- para impedir el ejercicio de sus labores oficiales a una Funcionaria Publica, legalmente nombrada y ratificada en su puesto; al acontecer estas situaciones, se cumpliría con lo que prescribe el artículo 36 del Código Penal el cual regula la figura del Concurso Ideal; LA SEDICION, fue el vehículo para lograr cometer el delito CONTRA EL DERECHO DE GENTES, y por lo tanto se debe imponer la sanción penal mas grave aumentada en un cuarto, que en este caso es la de la sedición que tanto, para los cabecillas o los meros ejecutores la misma es mas grave que la de el DELITO CONTRA EL DERECHO DE GENTES. Hemos visto que realmente se han infringido las normas penales alegadas por no haberlas aplicado el Tribunal sentenciador al señalar que las mismas no se configuraron en el caso de autos, en consecuencia en este caso para enmendar la no aplicación de las figuras penales señaladas lo que se debe de hacer por parte de esa Sala es interpretar como que si existen todos los elementos facticos y jurídicos para declarar que si existió un concurso Ideal entre un DELITO DE SEDICIÓN como medio para cometer el DELITO CONTRA EL DERECHO DE GENTES, y como resultado existiría responsabilidad penal por parte de los imputados y por ende debe de condenárseles. Por todo lo dicho en este motivo del recurso de casación consideramos que el mismo es DE RECIBO, y por lo tanto el mismo debe ser declarado HA LUGAR, en consecuencia, esa sala debe CASAR la sentencia y emitir un nuevo fallo, en donde se condene a los imputados en un Concurso Ideal entre los delitos de SEDICION Y EL DELITO CONTRA EL DERECHOS DE GENTES. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Quebrantamiento de Forma por no haber aplicado la Sana Critica en la valoración de la Prueba el Tribunal Sentenciador. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 Nª 3) del Código Procesal penal es el fundamento legal que me autoriza a poder alegar este Motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Norma Procesal infringida es la del artículo 338, Regla Cuarta, Numeral 2) del Código Procesal Penal, relacionada con el artículo 202 del Código Procesal Penal, estos artículos nos dicen lo siguiente: Artículo 338, en la parte que nos ocupa: “……..CUARTA: Se consignara la fundamentación del Fallo de la manera siguiente: 1)….. 2) Valoración de la prueba. Seguidamente se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos justificando según las reglas de la sana critica el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Artículo 202: "Valoración de las Pruebas. La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Nuestro Sistema de valoración probatoria se rige por la Sana Critica, y aunque los tribunales muchas veces mencionan que la han aplicado para valorar el elenco probatorio, al examinar las pruebas y los conceptos empleados por los Jueces caemos en la cuenta que todavía muchos tribunales usan conceptos de la prueba tasada o por la arbitrariedad de valoración probatoria; para emplear la Sana Critica es necesario poner en practica sus reglas, las cuales han sido objeto de muchos debates, habiendo colegas que tienen nociones mas dogmáticas, otros mas abiertas. Nosotros consideramos que las nociones de la Sana critica deben ser lo mas practicas posibles y no revestirlas de muchos conceptos enrevesados, de la Sana Critica han escrito, legistas como BACIGALLUPO, CAFERATA NORES y otros, amalgamando las ponencias de varios de esos autores, podemos plantear que las reglas de la Sana Critica se acepta unanimente que son: a) Los principios de la Lógica [Los principios de la lógica son cuatro: De Identidad, De Contradicción, De Razón suficiente, y De Tercero Excluido] ; b) Normas de la Psicología y c) Leyes de la Experiencia Común; en lo que a veces hay dicenso es en como explicarlas o que significado tiene cada una de esas reglas. En esta Casación desarrollaremos los conceptos que creemos fueron infringidos de las reglas de la Sana critica, referidas tales infracciones puntualmente a cada prueba especifica que consideremos que no fue valorada de acuerdo a esas reglas. Veamos, muchas veces los tribunales nos exigen a los litigantes que seamos específicos, que cuales normas de la Sana Critica creemos que se han violentado, pero los tribunales, jueces y cortes, muchas veces solo dejan la frase en sus resoluciones "Valorando las pruebas conforme a la Sana critica" —o similares frases- pero luego en el cuerpo de la sentencia no nos dicen lo que tanto nos exigen: puntualizar que reglas de la Sana critica usaron para valorar una prueba o todo el bloque de pruebas. En este caso en especifico llamo la atención de esa sala, a un aspecto de la sentencia recurrida, la misma en la valoración de la prueba, lo que hace en su primera parte es una simple enumeración de las pruebas y un sumario de lo que desarrollo cada prueba, luego el tribunal hace ciertas apreciaciones valorativas de las pruebas, pero lo que hace es prácticamente describir nuevamente en resumen lo que contienen las pruebas; y hace escuetos análisis que no pueden en ningún momento considerarse que son argumentaciones logradas utilizando el régimen de la Sana critica; o sea llena el apartado de su sentencia, el tribunal, relacionado a la Valoración de la prueba con transcripciones mas o menos resumidas del desarrollo de las pruebas, y en la parte del supuesto análisis o Valoración de cada una de las pruebas el A-quo en gran parte vuelve a introducir partes del desarrollo de la prueba mezclados con pírricos análisis de Valoración, los cuales además no señalan que reglas de la Sana Critica emplearon y sus razonamientos de porque-si lo hubieran hecho, pero no lo hicieron- aplicaron tal o cual de las reglas mencionadas. Comenzando con nuestro Análisis, debemos de señalar que en la valoración del Testimonio de la Ofendida SANTOS AUDILIA ALVAREZ LAGOS, se violaron dos normas de la Lógica. El primero que se violo fue el de Identidad; este principio de La Lógica nos indica que lo que se supone que una cosa es, o un hecho o un ser, es porque en efecto lo es; o sea si se evidencia que estamos viendo una Banana, no diremos que es una manzana, porque por mas que digamos que la banana es una manzana, aquella no se convertirá en la otra solo por decirlo. En la valoración de la prueba, afirma que el hecho fue en el año dos mil once, de toda la prueba, se ha descrito, que mi representada, en años anteriores al año dos mil trece, sirvió sus clases unos años sí, y en otros gozo de Licencias sin goce de sueldo, y además hubo las grandes luchas gremiales de la mayoría del Magisterio por hacer valer sus derechos, pero el Hecho en sí que genera el presente caso se dio en el año dos mil trece, de Marzo en adelante, porque también el Testigo PORFIRIO FLORES HERRERA, señalo esas fechas y nos da la idea de cuanto duro la toma, dice que fue en Marzo dese año, y que cuando comenzó no estaba el invierno, y después ya no podían recibir las clases debajo de un palo si no en corredores de las casas de algunos vecinos porque estaba ya lloviendo, o sea la toma se prolongo con las intermitencias que dicen los testigos de cargo y la ofendida hasta entrado ya el invierno, que es en los meses de mayo a junio que comienza en nuestro país; el Tribunal en consecuencia rompe el principio de identidad, al señalar otro año en que ocurren los hechos, ya que el hecho fue cuando fue, y no cuando arbitrariamente lo decidan los jueces, lo hacen también para colocar a los imputados en un momento temporal en el que no existía la resolución que le daba la razón legal a mi patrocinada, este medio de prueba lo analizaremos mas adelante, aquí lo que planteamos es que al colocar en otro año los eventos coloca a los imputados en un momento, en donde no se les puede achacar-según el Tribunal no detectaríamos esta intención- que ya ellos no tenían razón legal alguna, ni justificación tampoco para estar impidiendo el ejercicio de los derechos de los ofendidos, por medio de sus acciones; lo hacen por tanto aun a desmedro de romper el principio de identidad en esta valoración, de esa prueba en especifico. Aplicando correctamente el Principio de Identidad no solo a las declaraciones de nuestra poderdante, sino al de los testigos de cargo XENIA BETANCO Y PORFIRIO FLORES, se puede arribar a que el hecho fue en el momento temporal que se ha venido sosteniendo en la denuncia, requerimiento, las audiencias de la etapa preparatoria e intermedia y en el debate mismo, al no aplicar correctamente este principio, se violenta por consiguiente las reglas de la Sana Critica. El tribunal sentenciador no aplica la regla de la Sana Critica referida a los principios de la lógica, y aquí referiremos que no aplica el Principio de Razón Suficiente también para la declaración de la ofendida, claro en conjunto con otras pruebas, este principio se refiere a que todas las pruebas que se aportan en un proceso deber ser evaluadas al tenor de las demás, o sea el elenco probatorio es una cadena en donde cada medio probatorio es eslabón de una misma cadena, cada prueba es prueba de las otras por así decirlo, este principio implica que no se puede valorar los medios de prueba en forma aislada, aunque cada prueba aislada por si sola cada una de ellas goce supuestamente de la confianza del Juzgador, ya que en consecuencia no acreditaran nada si no se valoran en conjunto; no aplica el Tribunal de Sentencia este principio de la lógica para valorar la prueba testifical de cargo porque si evaluamos en conjunto la prueba testifical de la acusación podemos ver que las declaraciones de la ofendida y los testigos PORFIRIO HERRERA Y XENIA BETANCO el tribunal sentenciador dice en el caso de mi clienta que le da credibilidad solo parcial, y con los otros dos testigos, dice que les da credibilidad, pero que no son suficientes, claro, el Tribunal hace una valoración aislada de esos tres elementos probatorios, solo extrayendo en su valoración de pruebas los elementos no implicantes para los procesados en un delito, dice que no le da credibilidad en lo referente a que los hechos fueron motivados por cuestiones políticas, pero se le olvida al tribunal que los otros dos testigos de cargo, establecieron estas circunstancias como la razón de ser de las acciones de los imputados, o sea si analizamos el acta de debate, veremos que los testimonios son complementarios entre si, o sea uno demuestra a los otros, y aquellos al principal- el de la ofendida-, los testigos todos, de una u otra manera dicen que en los eventos se involucro el alcalde municipal, que se detectaba una confabulación de las direcciones distritales y aun de la departamental de educación, con los imputados; como las pruebas son una serie de eslabones de una misma cadena, veremos que estos no se rompen, si no que se confirma cada testimonio de cargo con el otro, entonces no es razonable lo expresado por el Tribunal de sentencia que el testimonio de la señora ofendida no es creíble en la parte que aduce ella que los atentados contra su dignidad humana y el ejercicio de sus derechos y el de sus alumnos fueron motivados por razones de índole político. Siempre sin perder el norte, de la no aplicación del Principio de razón suficiente, no se aplico en la valoración de los testigos de cargo, cuando declara el tribunal en la valoración conjunta que hace de las declaraciones de XENIA BETANCO Y PORFIRIO FLORES, en donde dice que los mismos no pudieron acreditar las amenazas que vertieron los imputados, es de hacer ver, que la acción en si de ejercitar una amenaza, el cual es un acto de fuerza en si mismo, lo que necesita apara acreditarse es el testimonio de la misma, tanto la testigo como el testigo de cargo, reiteraron que se dijeron amenazas por parte de los imputados, como que rodarían cabezas en ese lugar, la ofendida dijo expresiones similares en su declaración, o sea cada uno de los testimonios corrobora a los demás, ¿Por qué entonces dice que no se acreditaron las amenazas? una circunstancia como esa, que se encuentra inmersa en los dos tipos penales que se acusan, para acreditar la misma, no basta una prueba científica, un dictamen, una prueba química o biológica, no se necesita la opinión de un experto, de un forense; en fin no esa una acción que necesite una forma de probar que sucedió la misma muy elaborada, bastaría de acuerdo a cada circunstancia de cómo se de el hecho, con material audio o audiovisual, incluso documental; o como en el caso que nos ocupa, con declaraciones testificales, y las mismas son contestes con ese aspecto de las frases amenazantes que dijeron los imputados, o sea al valorar los dichos testificales de cargo en una forma conjunta, no por separado, como una sola cadena probatoria, donde una prueba se enlaza con la otra, agregando o dejando ver otros matices de cada evento, que complementan las demás pruebas, ahí queda claro, que en efecto si son suficientes las declaraciones de Doña Xenia y Don Porfirio, para acreditar las amenazas, y ambos testimonios son ratificados por la declaración de la ofendida. Como vemos el Tribunal incumple la norma de la sana critica del principio de la Lógica de Razón suficiente, al no valorar en forma verdaderamente conjunta esos medios de prueba, que si se hubiere aplicado a cabalidad, hubiera dado como resultado que si se demostró la característica de las amenazas que se hicieron dentro de todo el contexto del uso de métodos de fuerza en la comisión de los delitos imputados. El tribunal sentenciador también rompe el principio de la lógica de la Razón Suficiente, en el análisis de la prueba de cargo referida a el acuerdo 115-SE-2012, por el que anula el acuerdo Nª 69-D-D.E. 2011, la primera resolución es del veintinueve de mayo del año dos mil doce, y la segunda, la que anula esta, es de fecha veintisiete de julio del año dos mil once, y sin analizarlo de acuerdo al resto de la prueba; veamos el tribunal en su valoración conjunta de estos dos documentos, dice que les da credibilidad, pero que los mismos no sirven para demostrar ni la responsabilidad de la profesora ni de los padres de familia, veamos, el tribunal quiere escamotear que esa resolución en su fecha, la que anula el primer acuerdo, resuelve liberarla de una sanción que le imponía la primera resolución en tiempo, y que esa fecha demuestra QUE DESDE CASI UN AÑO ANTES DE LOS HECHOS, ya mi clienta estaba liberada de cualquier responsabilidad en cualquier problemática de la escuela, y aun así los imputados realizaron las acciones del año dos mil trece, cuando ya no había justificación para sus actos, ya no existía lo que menciona en su valoración el tribunal, que se ejercitaba un derecho a la protesta por bienestar de los niños, incluso plasmado esa aseveración en los hechos probados, ya que una autoridad superior, en apelación administrativa, y esta debidamente firme, confirmo que mi clienta no cometió falta alguna, por lo tanto al hacer un análisis en su conjunto vemos, que es creíble la versión de los testigos de cargo, de que las razones de las acciones de los imputados no eran otras que el interés en la plaza de la ofendida, por unos velados intereses políticos; si ya estaba otra vez la Directora en su puesto, confirmada por una resolución firme, mi clienta además estaba asistiendo ese año de los hechos a su puesto de trabajo, entonces eran otros los intereses de los imputados, pero no ya el alegato de un bienestar colectivo de los niños de la comunidad, porque legalmente hablando ellos habían perdido en sus pretensiones contra la ofendida; vemos entonces, que analizada esa resolución, sobre todo en la fecha de su emisión, respecto a el resto del elenco probatorio, vemos que si aporta al proceso un hecho que de forma indirecta corrobora y apuntala la tesis acusatoria de la comisión de los delitos investigados. Al No emplear el Principio de Razón suficiente en este medio de prueba, el Tribunal vuelve a romper la Sana Critica al no valorar todo el conjunto de hechos que demuestra cada prueba, y en específico esta resolución administrativa respecto a la demás prueba. Planteamos que el Criterio Interpretativo de esa Sala debe ser, que en general, se incumplió la sana critica, en la valoración de la Prueba, sobre todo al no valorar respecto a los principios señalados como no aplicados en la valoración de las pruebas, los cuales al no ser valorados en forma conjunta y como elementos que nos aislados si no partes de un todo armónico; y no ser valorados con el Principio de identidad, rompió el tribunal la valoración de la Sana critica, y tal valoración del Tribunal se vuelve entonces arbitraria, y esta falta procesal traería como consecuencia la nulidad de la sentencia. Por todo lo dicho en este Motivo de casación Consideramos que el mismo es DE RECIBO, y que por lo tanto el mismo debe ser declarado HA LUGAR, y siendo que por la naturaleza del mismo se tendría que anular la sentencia, pedimos que así sea vuestra decisión y en consecuencia se vuelva a reproducir el juicio en su totalidad, pero con un tribunal diferente. Señalamos que siendo que la Valoración de la Prueba es un acto procesal que se desarrolla hasta el momento de la redacción de la sentencia no se pudo impulsar recurso alguno contra las violaciones indicadas, si no solo hasta este momento que lo hacemos por medio del presente recurso en general y este motivo en particular.” “SEGUNDO MOTIVO: La Sentencia en su Fundamentación Jurídica, sus argumentos son insuficientes y son contradictorios. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 NO 3) del Código Procesal Penal es el que nos da la autorización para invocar este Motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Norma procesal que se considera infringida en su parte conducente es la del Artículo 338, REGLA CUARTA, Nª 3), que dice: "Alticulo 338.- REGLAS DE LA SETENCIA. Las Sentencias se redactaran por escrito con sujeción a las reglas siguientes. PRIMERA….. SEGUNDA…. TERCERA…. CUARTA: Se consignara la fundamentación del fallo de la manera siguiente. 1)…. 2)…. 3) En párrafos, también separados y numerados se consignaran, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieren haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados……”. El Precepto autorizante para este motivo de Casación nos señalaría que la fundamentación Jurídica de la sentencia, esa parte debe ser clara, con la debida precisión señalarse los aspectos a que se refiere y tener la debida coherencia para que no se contradiga, La Norma Infringida ordena esa claridad y precisión de la Fundamentación Jurídica. El Tribunal en el primer aspecto que incumple esta norma procesal, es en que la misma ordena, que todos los argumentos legales de la Fundamentación Jurídica, tanto de doctrina, como legales; ya fueren estos de derecho sustantivo como adjetivo, deben der ser colocados en la sentencia, EN FORMA INDIVIDUALIZADA PARA CADA UNO DE LOS PROCESADOS; resulta que como pueden apreciar, señores (ras) Magistrados (das), ese mandato de la norma procesal que se alega incumplida, no fue respetado por el Tribunal de sentencia, ya que sus argumentos de la fundamentación Jurídica, no los hicieron los jueces sentenciadores en forma particularizada y pormenorizada por cada procesado, no tomaron en cuenta la situación fáctica y jurídica por cada imputado, y que fueran diciendo, que consideraban que para "X" procesado tales argumentos jurídicos lo liberaban de responsabilidad penal, que para el imputado "Y" operaron estos o tales argumentos para absolverlo, o que para la imputada "Z" las pruebas eran insuficientes para probar su culpabilidad, o si para tal hubo una causal eximente o ex culpante; No, los sentenciadores no lo hicieron así, si no que siempre se refirió a los procesados no como individualidades, si no como si de un ente colectivo se tratase, se refirió a sus argumentos legales (muy pobres por cierto, pero eso es objeto de análisis, mas adelante, en este mismo motivo) en forma grupal, violentando la norma de derecho procesal alegada. Debemos escudriñar la importancia de ese apartado de la norma adjetiva violentada; lo primero es que recordemos que la responsabilidad penal, es y será individual, cada hecho delictivo aunque haya multiplicidad de actores, debe de estudiarse puntualmente cada una de las participaciones, porque saben ustedes señores magistrados que hay un sinfín de aspectos de cada delito, que no se les puede achacar de la misma manera a sus varios autores o sospechosos de serlo, porque la Acción Humana difiere mucho de uno a otro individuo en una acción delictiva; como segunda justificación al del porque el legislador coloco esa obligación puntual, atañe a la misma obligación de que sea clara y precisa la Fundamentación jurídica, así los tribunales nos deben de decir, cual es el grado de participación de cada individuo, en que labores fue que colaboro para lograr un fin, o en el caso de autos, aunque sea absolutoria la sentencia, que, qué hizo cada individuo dentro de la protesta o toma de la escuela que genera esta controversia penal, y que el tribunal haya considerado que no son acciones que le incumban al derecho Penal. En este caso en particular podemos apreciar de las declaraciones de cargo, y además de la misma de una de las imputadas que fue la única persona que declaro, e incluso la documental referida a varias actas de la dirección distrital de la zona donde se encuentra la escuela, que unos imputados colaboraron con la toma de la escuela, otros ni siquiera tenían hijos en el Lugar, algunos participaron desde las primeras reuniones ante las autoridades, se entiende de las declaraciones del caso, que eran un grupo organizado, con ciertos dirigentes principales; el tribunal debió decirnos en consecuencia, que "X" imputado habiendo participado en la organización de las acciones, realizo tales o cuales actividades, que para ese tribunal las misma no son constitutivas de delitos porque están amparadas en tal circunstancia, y así, uno por uno hasta llegar al ultimo imputado, ir señalando que a pesar que "Y" o "Z" hicieron esto, o participaron en aquello, sus acciones no deben considerarse como delitos por…..y señalar argumentos que los eximían de responsabilidad penal. Así como esta estructurada la fundamentación jurídica sin individualizar la misma por cada procesado, rompe la norma adjetiva alegada, que planteamos es evidente que ordenara realizar los argumentos Jurídicos en forma individual por cada procesado, esa falta de puntualidad hace que los fundamentos Jurídicos no sean precisos, tal como ordena la Norma del artículo 338, regla cuarta, numeral 3), y por lo tanto los mismos en es aspecto son insuficientes para lograr el fin procesal que persigue la norma procesal infringida. La Fundamentación Jurídica nuevamente es insuficiente en otro aspecto de la misma; este es en lo que se refiere a en virtud de que argumento jurídico, absuelve a los imputados. Nos referimos a lo que ordena el Código Procesal penal en su artículo 339, este artículo señala que en caso de que se decida por parte de un Tribunal la absolución, la misma solo podrá darse amparada en dos supuestos: Por falta de pruebas suficientes para condenar, o en caso de Duda razonable. Si procedemos a leer la fundamentación Jurídica en su totalidad observaremos que el Tribunal de Sentencia, no coloco en forma precisa en base a que concepto absuelve a los imputados, si por insuficiencia probatoria o si por Duda razonable. Debemos en consecuencia de leer esa parte de la sentencia analizando su contenido, mas halla de sus frases meramente formales o de simple cita de ciertos fundamentos de derecho; Veamos La fundamentación Jurídica de la Sentencia recurrida consta de seis acápites, del PRIMERO al SEXTO (Aunque en realidad solo son cinco, pero eso lo analizaremos en este mismo Motivo); en el Fundamento Jurídico PRIMERO, respecto a nuestro argumento, no se refiere ya que lo que contiene es un somero análisis de el artículo 31 del Código Penal; en su numeral SEGUNDO, en su primer párrafo, no nos analiza tampoco el aspecto que alegamos incumplido, al menos en forma directa, ya al final de es primer párrafo dice: “……con un grado absoluto de certeza y mas allá de toda duda razonable, en el delito que se les imputa", esto refiriéndose a la acreditación de la participación de los señores y señoras imputados (as), pero hasta ahí llega ese párrafo, no comienza el Tribunal a hilvanar sus ideas respecto a si considera que no se acredito la participación de los imputados, porque no hubo prueba de cargo suficiente o porque algunas circunstancias de la causa y del debate los llevaron a tener dudas acerca de la culpabilidad de los mismos. Luego en el segundo párrafo de ese Fundamento SEGUNDO lo comienza diciendo: "Si esto no se logra durante la sustanciación de la prueba en el debate, solamente cabe dictar sentencia absolutoria ya sea porque no exista prueba de cargo para condenar, o porque de la valoración de la prueba en su conjunto, persista la duda del Tribunal en cuanto a la forma en que sucedieron los hechos y especialmente en el grado de participación que en los mismos pudo haber tenido el acusado, de conformidad a lo prescrito en el artículo 339 del Código Procesal Penal…..”, pero nuevamente el Tribunal se "detiene" por así decirlo, y no continua diciéndonos expresamente ¿PORQUÉ ABSUELVE? SI POR DUDA O POR INSUFICIENCIA PROBATORIA, la mera cita de artículos del Código Procesal penal y las síntesis que hace de los mismos, no sustituyen en modo alguno la claridad y precisión con que debe de señalar expresamente, porqué circunstancia absuelve a los procesados, si por duda o por falta de pruebas. La fundamentación Jurídica en su numeral Tercero, en su segundo párrafo, en una de sus partes dice: “…..de manera que no probándose la participación culpable del autor de un hecho o no puede declararse su responsabilidad, pues procede la exoneración de la responsabilidad…….”, aquí nuevamente el tribunal no es preciso, ya que solo nos señala dos disyuntivas por las que según el tribunal se puede declarar la inocencia de un imputado, pero sin decirnos con la debida precisión, por cual de ellas se decanta; continuamos señalando, entonces, esa falta de precisión, al no terminar de desarrollar la idea de cual es la razón puntual por la que absolvieron a los procesados. El párrafo CUARTO de los hechos probados solo nos argumenta sobre la congruencia de la sentencia con la acusación y lo debatido en juicio, y hace una referencia a las peticiones puntuales dadas en las conclusiones por los Abogados de las partes; por su parte el párrafo SEXTO de la fundamentación jurídica (el párrafo Quinto es inexistente), lo que nos refiere es lo atinente a las costas procesales. Hasta ahí llegan las fundamentaciones jurídicas, no se puede buscar más, y respecto a lo señalado, terminaron sus fundamentaciones Jurídicas los miembros del Tribunal sentenciador, y nos no señalaron con precisión si absolvieron por duda o por falta de pruebas a los procesados; tal falta de precisión es evidente, e impide que se sepa por parte de los involucrados en el juicio, si la absolución se debió a uno o a otro motivo de absolución, eso impide el objetivo de la norma procesal quebrantada, el cual es que las fundamentaciones Jurídicas tengan la debida claridad, precisión y coherencia; ya que los dos motivos de absolución son muy distintos, la falta de pruebas significa o una falta total material de pruebas, o sea que en el juicio no se evacue ninguna, o que aun evacuándose las mismas no sean creíbles, no tengan que ver con el hecho, estén contaminadas o simplemente no sean suficientes por ser meramente circunstanciales, ya sea por que no señalen situaciones directas al hecho si no solo indirectas, como ser testigos solo de oídas, testigos que no conocen el núcleo del hecho que se desarrollo, o meras pruebas indiciarias; por otro lado la duda razonable, es que incluso existiendo pruebas directas del hecho, y confiables para la condena, también existan pruebas de descargo igualmente confiables, o situaciones como un Homicidio sin existir la acreditación legal de la muerte del occiso como ser que ni siquiera se haya recuperado su cuerpo, pero hubieren pruebas testificales que en efecto el procesado dio muerte a otra persona, o en delitos contra la propiedad que no se acredite la pertenencia del bien o que resulte que sea de características distintas al que se describe en la acusación. Por ser dos motivos muy distintos, los que existen para absolver, consideramos que la falta de precisión en este aspecto, también volvería nula la sentencia. Como señalamos en párrafos anteriores, al enumerar la Fundamentación jurídica, la sentencia se salta del párrafo CUARTO al SEXTO, obviando decirnos la sentencia que contenía el párrafo quinto. Este hecho, revelaría una falta de congruencia en la sentencia, ya que la norma procesal infringida, incluso es taxativa en la obligación de que sean debidamente separados y enumerados los Fundamentos Jurídicos de la sentencia; esta falencia, nos dejaría una duda ¿Se valoro un Párrafo quinto en la sentencia? ¿Qué contenía el mismo?, o sea estaríamos ante una fundamentación jurídica incompleta, y por lo tanto le quitaría coherencia a la misma; siendo que la sentencia ya esta votada y firmada, ese hecho no se puede reproducir, ni decir que bastaría con que el tribunal colocara otro fundamento, el restante, o aclarar que fue lo que paso, ya que no habría certeza de si lo que agreguen o aclaren nació de la deliberación que en su momento procesal oportuno tuvieron, por ende aunque pareciera una nimiedad, esa incoherencia en la separación y numeración de la Fundamentación Jurídica impide que la norma procesal infringida cumpla su finalidad de que la sentencia en sus basamentos jurídicos sea clara y coherente y por lo tanto adolece de un vicio procesal evidente, enmendable solo por la nulidad de la sentencia que lo contiene en forma absoluta. Volviendo nuevamente al aspecto de la insuficiencia, debeos de señalar que la Fundamentación Jurídica es en general insuficiente en sus Seis (¿o cinco?, no hay seguridad de esto) Fundamentos Jurídicos respecto a lo que atañe a los fundamentos legales y de doctrina para sostener su valoración de la no concurrencia de los elementos de la tipificación legal de los delitos acusados, aquí no es que nos referimos en si a los argumentos de derecho sustantivo, y discutir su pertinencia en cuanto a demostrar o no el delito, nos referimos que los mismos se quedan cortos y dejan ideas inconclusa. Para el caso en Fundamento jurídico SEGUNDO, en su segundo párrafo, en cual enumeran una serie de aspectos por los que se puede cometer el delito CONTRA EL DERECHO DE GENTES, y señalan los sentenciadores, que, la norma penal no se puede aplicar los acusados, ya que los mismos solamente actuaron en la toma de la escuela por proteger los derechos de los niños, hasta ahí, se quedan cortos en decir en consecuencia, que bajo que parámetros de interpretación de la norma penal, o utilizando que doctrina, esas acciones de los padres, sirven de una causal de Justificación, no señalan que parte de la letra de la norma penal escrita en el artículo 321 del Código Penal no se cumplió por las acciones de los imputados, no nos dice como considera que el dolo no se dio en el presente caso, tampoco señala que prueba en especifico tomaron en cuenta para decidir la absolución, o el desvalor que tuvieron las de cargo para arribar a la decisión de decir que no existe la figura penal alegada, en las acciones de los imputados. Si vemos en cuanto al delito de Sedición es mas insuficiente la Fundamentación jurídica, ya que el Tribunal en ese mismo Fundamento Jurídico nos dice que ese delito se aplicaría a otro tipo de acción, pero hasta ahí, no vuelve el tribunal a referirse, a ese "otro tipo de acción" que considera que seria el caso, o sea no señala el tribunal a manera de ilustración, en general para que tipo de acciones es que según su criterio jurídico esta reservada la aplicación del artículo 337 del Código Penal; ya que da como justificación, El Tribunal, que no considera no darse el delito de SEDICIÓN, porque según ellos esta reservado para otro tipo de situaciones, debían ellos de ir señalando porque arriban a tal conclusión, pero cortan su misma idea de tajo, lo cual vuelve insuficientes sus argumentos, y deja como consecuencia, que en el fondo no se sepa en realidad a que se refieren con esa expresión, o sea queda inconclusa la idea, solo señalando la premisa, pero sin desarrollar un argumento, mucho menos una conclusión. Luego en otros apartados de la Fundamentación jurídica, no desarrolla esos argumentos faltantes, ya que se refiere a aspectos como la congruencia de la acusación, las motivaciones legales de la acusación y al tema de las costas; o sea nos dice el tribunal que absuelve pero no nos señala con profundidad el "Porqué" de esa absolución. Consideramos entonces que debemos interpretar que la incoherencia en insuficiencia de la fundamentación jurídica, no permite que la misma logre su fin de ser clara y contundente, para dar explicaciones del porque jurídico de su Fallo, por lo tanto la sentencia adolecería de un vicio de nulidad, en consecuencia la misma debe de anularse. Por lo dicho con anterioridad consideramos que el presente Motivo de Casación es DE RECIBO, y por lo tanto pedimos a esa Sala que el mismo sea declarado HA LUGAR, y se proceda a anular la sentencia impugnada, y siendo que la nulidad tendría que ser absoluta, ya que versa sobre la fundamentación Jurídica basada en los hechos y las pruebas debe ser hecho un nuevo Juicio pero con otro Tribunal diferente al que escucho el debate. Contra las violaciones señaladas no se pudo interponer recurso anterior alguno ya que el mismo apareció hasta la sentencia que impugnamos se pidió en diversos momentos su nulidad, incluido un incidente planteado en la apertura del juicio, pidiendo la nulidad de la obtención de la prueba relacionada, Incidente que el Tribunal decidió hasta la sentencia que estamos impetrando. TERCER MOTIVO: Los Hechos probados carecen de la debida claridad y coherencia respecto a lo que fue discutido en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El articulo 362 NO 1) del Código procesal Penal es el que me autoriza a invocar este motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: La norma procesal penal que se considera infringida en su parte conducente es la del Artículo 338, REGLA CUARTA, numeral 1), que dice: "Artículo 338.- Requisitos de la Sentencia. Las Sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: REGLA PRIMERA:….. REGLA SEGUNDA:….. REGLA TERCERA:….. REGLA CUARTA: Se consignara la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1.- Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse….” Podrán observar los honorables magistrados, que los hechos probados de la sentencia que estamos recurriendo, se refiere mas a aspectos que atañen a la responsabilidad laboral de mi cliente, que los propios acusados, en tales hechos declarados probados de la sentencia que estamos recurriendo por medio de este recurso de Casación, no existe la Coherencia necesaria, entre el hecho en si discutido en las audiencia del juicio oral y público, a través de del elenco probatorio, claro está, y los Hechos Probados a que nos estamos refiriendo en este Motivo de Casación; lo anterior lo aseveramos ya que lo que se discutió es una acusación contra los imputados, no fue una discusión de delito o falta alguna contra mi cliente, ni el juicio era uno administrativo para valorar la conducta laboral de mi representada. La forma en que están redactados los hechos probados, si no supiéramos mas del caso y solo los leyéramos, sin haber tenido oportunidad de ver el expediente y las actas del debate, pareciera que a lo que se van a referir en el resto de la sentencia sobre la que versan esos hechos, es a alguna acción legal que se siguió en contra de mi poderdante, no que fue un proceso penal en contra de los hoy imputados, incluso en su hecho probado. PRIMERO, resulta paradójico —o sea incoherente- que el único nombre que se menciona es de nuestra cliente, y no inicia la sentencia sus hechos probados, refiriéndose a las personas que fueron el verdadero sujeto activo del proceso penal o sea los procesados, luego en ese mismo Hecho Probado, refiere el tribunal la frase: “….incurrió con inasistencia a lugar de trabajo en la escuela Avaro Contreras….”, refiriéndose no a alguna acción de los imputados, si no a supuestas acciones negligentes de mi patrocinada, lo cual no guarda coherencia alguna entre lo discutido en juicio y su misma redacción dentro de los hechos probados ya que el procedimiento de orden administrativo en si que se siguió a mi representada y que se demostró con amplia y clara prueba documental, no es de la incumbencia de este proceso penal, máxime que tal proceso administrativo concluyo con una resolución favorable a mi cliente, en la instancia superior de La Secretaría de Estado en los Despachos de Educación la cual no fue recurrida, y es firme y por ende no podían los jueces argumentar tampoco sobre incumplimientos a sus deberes o negligencias de parte de mi clienta, ya que sobre eso la instancia y autoridad legal adecuada para decidir sobre ello ya lo había hecho, o sea que eso no era objeto del Debate Penal, si no la ocurrencia o no de un DELITO CONTRA EL DERECHO DE GENTES Y SEDICION por parte de los imputados. En el hecho probado SEGUNDO, el Tribunal nuevamente pierde el hilo coherente conductor del proceso que esta juzgando, cuando dice: “……los padres del referido centro educativo, decidieron salvaguardar el derecho de sus hijos a recibir la educación de calidad y para exigir ese derecho tomaron la decisión de hacer tomas del centro educativo……”, al hacer una referencia en forma general sobre "los padres de familia" nuevamente el tribunal olvida que no esta juzgando a todos los padres de familia, no esta dilucidando sobre las acciones de "Los padres de familia" en general (que englobaría a todo el conjunto de padres de familia con hijos en la escuela que labora mi poderdante) si no solo a los directamente imputados, también esa frase no es clara en una circunstancia que fue probada en juicio, varios padres de familia no participaron de las tomas, y si apoyaban que mi poderdante ejerciera su derecho legal a ejercer el magisterio y su deber de dar las clases a los alumnos bajo su responsabilidad; el Tribunal si va referir circunstancias relativas al conflicto administrativo, al menos debió de ser claro en todos los aspectos de los antecedentes de el conflicto que provoco la presente causa, o sea al decir "los padres de Familia", no es claro su argumento, ya que no establece que hubo de hecho, otros padres que no apoyaron la toma de la escuela, y que mas bien sus hijos padecieron discriminación por esa causa y tuvieron que recibir clases con mi clienta en condiciones atentatorias a la dignidad tanto de ellos como de mi poderdante. Hay en general concurrente a los dos Hechos Probados, un falta de claridad, en una circunstancia que el mismo tribunal en su apartado de valoración de la prueba, nos dijo que le da confiabilidad: La resolución NO 115 SE-2012, de fecha veintinueve de mayo del año dos mil doce, tal resolución es dictada por La Secretaria de Educación, y en la cual anula la resolución N° 69-DD.E-2011 de fecha veintisiete de julio del año dos mil once, esta emitida por la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso. La segunda resolución que señalamos decía en resumen que por faltas graves de mi clienta, la misma era trasladada a otro centro educativo; o sea que la resolución dada por El Secretario de Estado en los Despachos de Educación, ANULA CUALQUIER ARGUMENTO DE NEGLIGENCIA O DE HABER COMETIDO CUALQUIER FALTA GRAVE POR PARTE DE NUESTRA CLIENTA, pero aun así en su conjunto los hechos probados exponen una idea general de que mi representada incurrió en faltas, cuando menciona las frases "Inasistencias" y "el incumplimiento de sus labores educativas", cuando de la resolución Ministerial se desprendía que legalmente mi defendida no era responsable de ningún incumplimiento de sus labores — amén, de la falta de coherencia ya señalada que estos eventos de naturaleza administrativa no atañen a la causa-. Consideramos que la falta de claridad y Coherencia de los hechos probados colocados en la sentencia que se esta recurriendo traen como consecuencia una falta de precisión en los mismos, y no los vuelve terminantes, sino mas bien desvinculados del hecho en sí que se esta juzgando. Por lo que planteamos que la interpretación que debe de dar esa sala es que los mismos no cumplen con los requisitos señalados, contenidos en la Norma procesal que se considera como infringida, y al no cumplir los mismos la consecuencia legal es que se debe de Anular la sentencia en su totalidad, ya que los hechos probados son el resultado del análisis probatorio y factico, y tendría que repetirse tal análisis, claro por un Tribunal diferente al que Fallo en esta primera ocasión. Por todo lo dicho en este motivo de casación consideramos que el mismo es DE RECIBO, y pedimos sea declarado HA LUGAR, en consecuencia que se anule todo el juicio desde su inicio y que se vuelva a practicar por tribunal distinto al que conoció este caso. No pudimos recurrir esta violación procesal más que por el presente recurso que estamos interponiendo, ya que el mismo consto hasta la redacción y puesta por escrito de esta sentencia.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. B. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio:1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp. 228-2011, entre otras.) Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la acusación privada. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 321 relacionado al 337 numeral 3 y 36 del Código Penal 144-83. Concepto de la Infracción: Inaplicación del tipo penal de Derecho de Gentes y Sedición; Pretensión: Case la sentencia recurrida y emitir un nuevo fallo, debiendo condenar a los imputados en un concurso ideal entre los delitos de sedición y el delito contra el derecho de gentes. Del extenso desarrollo recursivo, ha expuesto entre otras cosas el recurrente, que el tribunal sentenciador en el numeral segundo de fundamentación jurídica, hace un somero comentario, que pareciera referirse a la configuración del delito, no realizando más análisis, ni argumentación para definir la razón de no darse los elementos de la tipificación legal; continuó el censor, haciendo referencia de la fundamentación jurídica, asimismo de lo evacuado en juicio; realizando un análisis personal, al exponer que si se dieron los presupuesto generales del delito. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar. Partiendo de tal mandado la Sala de lo Penal, en ésta y en todas la sentencias en que resuelve el recurso de casación por infracción de ley, hace una breve explicación de su naturaleza, de los motivos que le componen y de las pretensiones que pueden ser perseguidas con su interposición; sin embargo, y desafortunadamente, el recurrente, al momento de plantear su único motivo, desoyó lo mandado por la norma procesal in comento, y procedió a formular su recurso en torno a la prueba y a la fundamentación jurídica de la sentencia, refutando aquello que resultó de la evacuación de la prueba, dando a conocer lo que en lo personal consideró que si se dio como probado; concluyendo que se dan los elementos básicos de todo delito, en el caso particular del delito contra derecho de gentes y de sedición. Es así entonces que, al estar construido el único motivo de manera ajena a una correcta técnica recursiva, se ha imposibilitado a esta Sala de lo Penal el poder hacer un estudio de la sentencia y si en ésta se ha realizado una correcta o incorrecta aplicación de las normas sustantivas. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la acusación privada. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 338 regla cuarta, numeral 2 en relación con el 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: No haberse aplicado la sana crítica en la valoración de la prueba; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: No se impulsó acción alguna, siendo que el vicio se desarrolla al momento de redacción de la sentencia; Pretensión: Declarar ha lugar. El recurrente inicia su exposición, desarrollando conceptos que creé fueron infringidos de las reglas de la sana crítica, cuestiona la valoración de la prueba, de la cual, según él censor, se describe una simple enumeración de las pruebas y un sumario de lo que desarrollo cada prueba, que las apreciaciones valorativas que hace el tribunal es una nueva descripción del contenido de la prueba con escuetos análisis; señala la valoración del testimonio de la ofendida Santos Audilia Álvarez Lagos, se violó el principio de identidad y de razón suficiente, que del análisis al acta de debate, resulta que los testimonios son complementarios entre si, por lo cual, no es razonable lo expresado por el Tribunal de Sentencia que el testimonio de la ofendida no es creíble. Concluye que también se rompe el principio de la lógica de la razón suficiente en el análisis de la prueba de cargo referido en el acuerdo 115-SE-2012 y al 69-DDE-2011, el tribunal les da credibilidad, pero los mismos no le sirven para demostrar responsabilidad. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El Primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del presente recurso es darse a la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debió explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y que por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada, nada de eso desarrolla el recurrente. Así las cosas, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por la recurrente, dado que su señalamiento recursivo, no es, en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello, implicaría valoración de prueba. Expone el recurrente, una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el censor como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional; asimismo, su desarrollo recursivo se vuelve confuso, por una parte denuncia escuetos análisis de los juzgadores a las pruebas evacuadas y por otra parte la existencia de violación en la valoración de las pruebas en las reglas de la sana crítica, si la valoración es escueta o insuficiente de valoración intelectiva, entonces no hay posibilidad por ello, de una violación en la valoración de las reglas de la sana crítica, al ser insuficiente de la misma. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la acusación privada. Segundo motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 338 regla cuarta, numeral 3 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: La fundamentación jurídica es insuficiente y contradictoria; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: No se impulsó acción alguna, siendo que el vicio se desarrolla al momento de redacción de la sentencia; Pretensión: Declarar ha lugar. Aqueja el recurrente, la forma individualizada para cada procesado, no fue respetado por los juzgadores, al no tomar en cuenta la situación fáctica y jurídica por cada imputado, lo hizo de manera colectiva, violentando la norma procesal, volviendo imprecisos los fundamentos jurídicos y por ello, insuficientes; no se hizo mención en que concepto se absuelve a los imputados, si por insuficiencia probatoria o por duda razonable; denuncia además el censor, que al enumerar la fundamentación jurídica, se salta del párrafo cuarto al sexto, obviando decir la sentencia que contenía el párrafo quinto. Según el recurrente, ese hecho revelaría una falta de congruencia en la sentencia, siendo que la norma manda que sean debidamente separados y enumerados los fundamentos jurídicos de la sentencia, dejando en duda la falencia, si se valoro un párrafo quinto en la sentencia o que contenía el mismo, volviendo incompleta la fundamentación jurídica. De la motivación. En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (la motivación legítima está asociado con el motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de motivación fáctica o jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación fáctica o jurídica insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (artículo 2-D del Código Penal). De la procedencia del recurso. El Segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal pone de manifiesto la trascendencia de la suficiencia de la motivación al constituir la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de racionalización de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución de la República, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 10 de junio de 2010, recaída en el expediente SP 259-2008). En el caso actual y concreto, no tiene razón el recurrente, pues el sentenciador ha elaborado una motivación jurídica suficiente que permite conocer el proceso racional y analítico del que hizo mano para concluir en el veredicto de absolución de los señores Juan de Dios Sánchez García, Leyla Marleni Navaz Pérez, Fredis Antonio Hernández, Martha Ondina Hernández, Santos Cosme Soriano Pérez, Antonia Pérez, José Isabel Carranza Pérez, Marlen Alicia Carranza, Natividad Soriano Pérez y Doris Audelia Álvarez Lagos, por los delitos de de los delitos de Derecho de Gentes y Sedición. Basta remitirse a la sentencia recurrida para comprobar que el sentenciador sí ha expresado motivadamente las razones jurídicas que lo llevaron a concluir que dichos acusados no realizaron la parte objetiva y subjetiva del tipo penal imputado. Debe tener presente el censor del fallo que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza exigir un razonamiento jurídico exhaustivo pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles hayan sido los criterios fácticos jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir la “ratio decidendi” que ha determinado aquella. En definitiva, se concluye por esta superioridad que contrario indica el recurrente, el sentenciador sí ha hecho una motivación jurídica que resulta suficiente para conocer el proceso lógico que ha conducido al sentenciador al estado intelectivo de absolución. Puede o no estar de acuerdo con ella, pero lo que no puede alegar, con razón, es que la misma es insuficiente. Por todo lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la acusación privada. Tercer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 338 regla cuarta, numeral 1 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Los hechos probados carecen de la debida claridad y coherencia respecto a lo que fue discutido en juicio; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: No se impulsó acción alguna, siendo que el vicio se desarrolla al momento de redacción de la sentencia; Pretensión: Declarar ha lugar. Refiere el recurrente, que los hechos probados describen más aspectos que atañen a la responsabilidad laboral de su representada, que de los propios acusados, por lo cual no existe coherencia necesaria, entre lo discutido en el debate a través del elenco probatorio; según el recurrente, le resulta paradójico que el único nombre que se menciona en el hecho probado primero sea el de su representada y no el de los acusados; que el segundo hecho probado, el Tribunal nuevamente pierde el hilo coherente conductor del proceso que está juzgando, cuando dice: “……los padres del referido centro educativo, decidieron salvaguardar el derecho de sus hijos a recibir la educación de calidad y para exigir ese derecho tomaron la decisión de hacer tomas del centro educativo……”, lo hace en forma general sobre "los padres de familia" olvidando que no está juzgando a todos los padres de familia, no está dilucidando sobre las acciones de "Los padres de familia" en general, si no solo a los directamente imputados. De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate.- Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; Motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el Juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de Valoración de la Prueba, así pues, el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado, sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; Así entonces dentro de la Sentencia los hechos probados cumplen dos funciones: 1. Función Descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; 2.Función Justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as Juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso. - Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los Juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse.- Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Existirá omisión de declaración fáctica, no solo cuando la sentencia carezca de un apartado en donde se señale como probado una concreta narración histórica de hechos objeto de debate, sino cuando en tal apartado se consignen aspectos distintos a éstos, como actuaciones procesales, relaciones de medios de prueba, relación de normas jurídicas, etc. De la procedencia del recurso. El Tercer motivo no es de recibo. La Sentencia venida en casación declara como probado que durante los años 2004 al 2011, la profesora Santos Audilia Álvarez Lagos, incurrió con inasistencia a su centro de trabajo, denominado Escuela Álvaro Contreras de la Aldea El Escaño, Municipio de Liure, Departamento de El Paraíso. Debido a esas circunstancias los padres del referido Centro Educativo, decidieron salvaguardar el derecho de sus hijos en recibir la educación de calidad y para exigir este derecho, decidieron hacer tomas en el Centro de Educativo, como una medida presión a las autoridades educativas, a efecto de que se solventara el conflicto con la profesora Santos Audilia Álvarez Lagos por el incumplimiento de sus labores educativas; tal declaración reproduce aspectos de hecho que han sido acreditados mediante la actividad probatoria, generando con ello, claridad y coherencia en el relato histórico de la sentencia impugnada, por lo cual, no concurre el defecto de forma denunciado que prevé el artículo 362.1 del Código Procesal Penal. En la causa que nos ocupa se celebró audiencia de debate, en donde se dio actividad probatoria testifical y documental no comprometida con el vicio de ilicitud, sin embargo, al ser apreciada por los señores jueces, las declaraciones de cargo por parte de Santos Audilia Álvarez Lagos, resulto merecedora de una credibilidad parcial, al ser creíble únicamente la fecha en que acontecieron los hechos, pero no que la génesis del conflicto se origina por supuestas discriminaciones de orden político, para que no impartiera clases, que no fue sustentado por ningún otro medio de prueba, el tribunal concluyo que no tuvo por acreditado la comisión de delito alguno; asimismo en relación a la declaración de la testigo Xenia Yohana Betanco Mondragón y de Porfirio Flores Herrera ha considerado el tribunal, igual que la anterior, concederles credibilidad parcial, al serles creíble la forma como obtuvieron la información de cómo sucedieron los hechos acontecidos en el año 2012, pero resultan carente de corroboración por otro medio de prueba, en relación a las amenazas a muerte que recibió la ofendida Santos Audilia Álvarez Lagos; y por último, los medios de prueba documental consistentes en Actas del Distrito Escolar número 11 ratificadas por Juan Ramón Perez Herrera y resolución N0. 115 SE-2012 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, resultaron de credibilidad para los juzgadores, de las cuales se evidencia el origen del conflicto, debido a la inconformidad de los padres de familia con las ausencia injustificada de la profesora Santos Audilia, a su centro escolar, con ello, le contradicen, pues aseguro en su declaración, que el conflicto ha sido por discriminación de índole político, concluyendo los juzgadores, que dicho conflicto no le atañe al derecho penal, ante lo anterior, no todos los medios de prueba relacionados han arrojado información de convencimiento para la construcción de un hecho factico histórico, pues en su mayoría no fueron de credibilidad total para los juzgadores, tanto para acreditar la existencia de los dos ilícitos penales, menos la participación de los acusados, por ello, solo pudo sustraer lo plasmado como verdad incuestionable, como resultado del análisis intelectivo de la prueba que se le dio credibilidad parcial; por lo cual, no le asiste la razón al recurrente, siendo que el Tribunal de Sentencia no solo determinó la dinámica de los hechos probados, sino que los mismos reúnen los requisitos de fondo como ser claros, terminantes y coherentes. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos; interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García, actuado en su condición de acusador privado. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor de los señores Juan de Dios Sánchez García, Leyla Marleni Navaz Pérez, Fredis Antonio Hernández, Martha Ondina Hernández, Santos Cosme Soriano Pérez, Antonia Pérez, José Isabel Carranza Pérez, Marlen Alicia Carranza, Natividad Soriano Pérez y Doris Audelia Álvarez Lagos, por los delitos de Derecho de Gentes y Sedición, en perjuicio de los alumnos de la Escuela Álvaro Contreras del Municipio de Liure y la señora Santos Audilia Álvarez Lagos. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a la parte personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacto la presente sentencia el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-264-2018.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL

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