Sentencia CP-262-19 — Registro 17075
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Homicidio Simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa, se aleja de lo anterior al exponer su disconformidad con el fallo condenatorio en contra de su representado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo la recurrente señala; Los testigos del Ministerio Público, no son creíbles, ya que estos no pudieron identificar plenamente a su representado, solo refirieron a una persona de nombre José Omar o Omar, por lo que no se puede establecer que es la misma persona; no se realizo reconocimiento en rueda para asegurase fehacientemente, que los testigos señalan a la persona de José Omar o Omar como José Omar Maldonado Galo. Los testigos Oscar David Martínez Prada y José Jeremías Martínez, se contradicen al asegurar que el occiso, quien era el padre de ambos (aspecto que no se acredito), el primero refirió que el occiso recibió cinco disparos dos en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, y el segundo testigo dijo que solo recibió solo un disparo en el pecho. Ambos testigos refirieron no haber alcanzado al ofendido, a pesar de que según ellos caminaban despacio y se encontraba a 20 metros de distancia. • El Tribunal, tuvo que haber valorado de manera directa con la combinación de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que permita al juzgador valorar el testimonio de cada testigo, a través de las características personales, sus relaciones con las partes y analizar el testimonio con otras declaraciones vertidas en el juicio, con respecto a lo anterior, es importante la fidelidad de la percepción y la transmisión, de lo percibido a través del desarrollo y calidad de facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos es esencial, pues quien carece de un sentido del cual es necesario contar para percibir el hecho sobre el cual declara, no podrá con solvencia declarar, se debe tomar en cuenta los factores exógenos ( físicos) condiciones de luz, distancia y endógenos, con respecto al testigo ( ira, miedo, atención ) , estos elementos no fueron apreciados en el fallo condenatorio en contra de su representado, ya que siempre alegaron un problema familiar con la intención de perjudicar. • Los testigos de la defensa fueron claros al manifestar donde se encontraba el acusado el día de los hechos, sin embargo, el Tribunal, no les dio valor porque no presentaron recibos f de transacciones de secado del café de la bodega, estableciendo que la defensa no aporto prueba que sustente de forma irrefutable para acreditar este extremo. Resulta evidente, que el recurso de la Defensa contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, la condena emitida por el Tribunal de sentencia se basa en la declaración de tres testigos; dejando ver que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino la declaración de los testigos y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, pero sin individualizar la regla de la sana critica que se considera infringida, siendo esta un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano, por lo que la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-262-2019, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raul Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP. 262-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor José Omar Maldonado Galo, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Pablo Roberto Martínez a la pena de quince años de reclusión. Segundo: Condenó al señor José Omar Maldonado Galo a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor José Omar Maldonado Galo. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma el abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de Defensor Privado. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor Privado del imputado, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gomez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados UNICO: El día 28 de febrero del año dos mil dieciséis entre las nueve y once de la mañana el Señor PABLO ROBERTO MARTINEZ en compañía de sus hijos JOSE GEREMIAS MARTINEZ PARADA Y OSCAR DAVID MARTINEZ PARADA se dirigian hacia su casa de habitación ubicada en Aldea El Encinal del Municipio de Santiago de Puringla y cuando transitaban frente a la propiedad del Señor JESUS MALDONADO observaron que de una finca de cafe salio el señor (imputado). JOSE OMAR MALDONADO GALO quien portaba un arma de fuego con la cual le disparo al Señor PABLO ROBERTO MARTINEZ causandole la muerte, huyendo del lugar. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal Para los efectos del presente recurso de casación, se consideran violados el artículo 202 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; así mismo el artículo 338, sección cuarta, numeral 2) que específicamente manda a los Tribunales a dictar las sentencias, justificando según las reglas de la sana critica el valor que le haya dado a las pruebas practicadas en juicio. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es oportuno tener en claro en qué consiste el sistema de valoración de la regla de la sana critica- Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. En el caso que nos ocupa, el sentenciador al momento de dictar sentencia condenatoria lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Critica transgrediendo el postulado de la derivación, específicamente el principio de razón suficiente, tal como se demuestra a continuación: Tribunal sentenciador expresa estimado y declarado probado lo siguiente: UNICO: El día 28 de febrero del año dos mil dieciséis entre las nueve y once la mañana el señor PABLO ROBERTO MARTÍNEZ en compañía de sus hijos JOSÉ GEREMIAS MARTÍNEZ PARADA Y OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA se dirigían hacia su casa de habitación ubicada en la Aldea El Encinal del Municipio de Santiago de Puringla y cuando transitaban frente a la propiedad de JESUS MALDONADO GALO observaron que de una finca de café salió el señor (imputado) JOSÉ OMAR MALDONADO GALO quien portaba un arma de fuego con la cual le disparo al señor PABLO ROBERTO MARTÍNEZ, causándole la muerte, huyendo del lugar. En primer lugar partiremos de la valoración de la prueba ya que el tribunal ha manifestado que ha valorado la prueba de acuerdo a las reglas de la Sana critica, de manera que los hechos declarados probados anteriormente han sido demostrados mediante prueba suficiente aportada por el Ministerio Publico, que la defensa no ha aportado prueba en relación que sustente de forma irrefutable lo declarados por sus testigos, por el contrario el ministerio publico cuenta con testigos presenciales que narran una historia creible y Sustentada con prueba periférica y cientifica que no deja ninguna duda sobre de la identificación y participación del imputado JOSÉ OMAR MALDONADOGALO. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba que incurrió el sentenciador de instancia: El hecho probado por parte del Tribunal de Sentencia origina lo que la doctrina general establece sobre motivación y congruencia, entendiéndose la misma cuando se omite todo razonamiento respecto de algún punto esencial, lo que no es extensivo a todas las alegaciones (incongruencia omisiva), ya que refiere que los testigos JOSÉ GEREMIAS MARTÍNEZ PARADA Y OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA narran una historia creíble y sustentada con prueba periférica y cientifica que no deja ninguna duda sobre la identificación y participación del imputado JOSÉ OMAR MALDONADO GALO. (Véase página 11 de valoración individual de la prueba de la defensa).Se evacuo la declaración de JOSÉ GEREMIAS MARTÍNEZ PARADA: El caso fue asi papi iba para donde ni abuela tina dijo que lo acompañara, yo lo acompañe no estaba mi abuela estaba en Santiago Puringla solo estaba el nieto que se llama Ludis martinez, nosotros fuimos a la pulperia papi compro un arroz y una manteca de allí nos fuimos devuelta para la casa, en la casa Tio Jorge y papi estaban platicando, papi se adelantó unos minutos, nosotros nos quedamos ahi con tio Jorge, entonces nosotros nos pusimos detrás de el. 20 metros atrás, veniamos nosotros cuando José Orlando salió con un arma y le disparo a papa Pablo Roberto Martinez nosotros vimos que cayo, nos devolvimos donde mi tio Jorge y mi papi estaba muerto. Pregunta del Ministerio Publico, Responde- fue el 28 de febrero del 6, osotros de la casa salimos a las 9:30, y nos vinimos como a las 11 nos dirigimos de vuelta donde Tio Jorge para decirle que mi papa estaba muerto, papi se adelantó entonces nosotros caminamos de ahí sale de una finca estaba escondido cuando el salió y disparo con arma de fuego en el pecho disparo), cuando nosotros llegamos donde mi papi ya estaba la policia, la misma gente de la comunidad llamo a la policía A Pregunta de la Defensa, Responde. La hora que mataron a mi papa fue 10 o 11 de la mañana, que estaba a 20 metros cuando vio a Omar, con Omar habia más gente pero no la conoció, solo mire el carro cuando lo Tiro no se mas(ver Acta) no me fije como andaba vestido. A interrogantes del tribunal, responde: el problema que ellos tuvieron fue por un lazo, papi tenia amarrado un macho amarrado en la carretera entonces paso le corto el lazo José Omar, que este le dijo muchas cosas que lo iba a matar ya lo tenia sentenciado desde antes, el problema fue en el dos mil quince. OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA: quien declara: un dia domingo a las 9:30 am fuimos con mi papa a pascar con mi abuela, ella no estaba entonces estuvo papi platicando con el cipote, compro 2 libras de arros y 1 de manteca, nos devolvimos, nos fuimos el caminaba despacio, nos fuimos y el señor Martinez le disparo, entonces nosotros lo vimos por donde le disparo, dos tiros en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, nos fuimos a devolver porque nos podia matar, alli llego a policía. A Pregunta del Ministerio Publico, Responde: el 28 de febrero del 2016, salimos jeremias, mi papa y yo, nos pusimos a platicar, el sale de una finca, habia salido a dispararle nos fuimos a ver pero ya se habia ido, bueno nosotros vimos a alguien al lado de Omar.Pregunta de la Defensa, Responde lo vimos cuando él le disparo a 20 metros, es una finca ya grande, la finca está cercada. A interrogantes del tribunal, responde: al lado de la cuneta donde pasa el agua alli esta donde cayó el cuerpo, casi a la orilla del poste de cerco. No entiende esta defensa como dichas declaraciones SON CREIBLES y que las mismas no dejan duda sobre la identificación de JOSÉ OMAR MALDONADO GALO en los hechos imputados si estos en primer lugar solo se refieren a JOSÉ OMAR o OMAR, no hay una identificación completa de nombres y apellidos de que estemos hablando de la misma persona, no se realizó un reconocimiento en rueda para asegurar fehacientemente que los testigos señalan a la persona de José Omar o Omar como JOSÉ OMAR MALDONADO GALO, así mismo estos se contradicen al decir que el hoy occiso quien supuestamente es su papa pero que no se acredito recibió solo un disparo en el pecho como ser el caso de JOSÉ GEREMIAS MARTINEZ PARADA y el OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA refirió que recibió cinco disparos es decir dos en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, diferenciando lo expresado con el acta de Levantamiento de cadáver en cuanto a la ubicación de las heridas. Asi mismo el juzgador refiere que los testigos mencionados vieron al imputado ejecutando a muerte padre el ofendido PABLO ROBERTO MARTÍNEZ, si estos refieren ESPECIALMENTE JOSE GEREMIAS MARTINEZ al interrogatorio contesto: solo mire el carro cuando lo Tiro no se mas (ver Acta) no me fije como andaba vestido. Refirieron no haber alcanzado al ofendido a pesar de que según ellos camina despacio, que estaban a 20 metros entonces ¿Cómo pudo observar con precisión quieren era si estaba supuestamente escondido en una finca?; véase que el tribunal, no hace uso correcto de los principios de la recta razón; es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, ya que la misma MARTINA PARADA SAENZ: al declarar contradice todo lo manifestado por los testigos JOSÉ GEREMIAS MARTÍNEZ PARADA y el OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA: ya que dice que estos fueron lo que le informaron lo sucedido y estos como puede notarse refirieron que fue la misma gente que le aviso a la mama yo al momento recibi la noticia que JOSÉ OMAR había asesinado a mi compañero y yo fui a los hechos él estaba solo no había nadie particular solo dos personas, llego la policia y me preguntaron si yo habia llegado en el momento y yo le dije que si porque me avisaron mis hijos. Por lo manifestado el Tribunal tuvo que haber valorado dichos testimonios manera directa con la combinación de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que permita al juzgador valorar el testimonio de cada testigo, a través de las caracteristicas personales, sus relaciones con las partes y analizar el testimonio con otras declaraciones vertidas en el juicio, con respecto a lo anterior, es importante la fidelidad de la percepción y de la transmisión de lo percibido atraves del desarrollo y calidad de facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos es esencial, pues quien carece de un sentido del cual es necesario contar para percibir el hecho sobre el cual declara, no podría con solvencia declarar, se debe tomar en cuenta los factores exógenos (fisico) condiciones de luz, distancia, etc.... y endógenos con respecto al testigo (ira, miedo, atención) y con respecto a la sinceridad del testimonio deben tomarse en cuenta el interés del deponente, relaciones de familia, odio, ira, afecto o si la declaración fue producida por un discurso premeditado, la mentira vertida en alguna parte de la declaración (mendax in uno, mendax in totum) "el que es mentiroso en una parte, será mentiroso en todo". Vemos entonces que estos elementos no fueron apreciados en el fallo condenatorio contra el señor JOSÉ OMAR MALDONADO GALO ya que siempre alegaron un problema familiar con la intención de perjudicar. Se propusieron como prueba también lo siguiente:ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER, practicada por el Dr. ANGEL DE JESUS BUSTILLO BONILLA, al fallecido: PABLO ROBERTO MARTÍNEZ, 1) Dos orificios de forma circular, bordes regulares, distribuidos asi: causa de muerte preliminar: trauma cráneo ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER E INSPECCION OCULAR EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, realizada en fecha 28 de febrero 2016 en la Aldea El Encinal, Santiago de Puringla, La Paz, se observa cadáver en decúbito dorsal a orilla de calle frente a una finca de café cercada con alambre de puas propiedad de VICTOR ORELLANA, en otro extremo de la calle hay un bosque de pino, el cadáver está ubicado con cabeza al sur, LESIONES: 1.- Orificio de forma circular con bordes invertidos con anillo de contusión y enjugamiento en región subclavicular derecha a 4 centimetros de linca 2.- Orificio forma circular de bordes regulares invertidos con anillo de contusion y enjugamiento en lado derecho 3- Orificio de forma irregular evertidos en región temporal derecho mide 1.05 centimetros. A estos apartados refiere el tribunal que no hubo contradicción salvo en la primera se encontró una ojiva lo que evidencio la utilización de arma de fuego, tal como lo declararon los testigos. Notese que en la misma refieren unas dos heridas y la otra tres, no se plasmo indicio recolectado. ACTA DE ALLANAMIENTO de fecha diez de agosto del 2016 siendo las 105 am a la casa de habitación de JESUS MALDONADO, ACTA DE INSPECCION OCULAR Y RECOLECCION DE INDICIOS practicada el día diez de agosto del año 2016. DICTAMEN DE BALISTICA FORENSE NUMERO 2016-0801-0502-6500, de fecha 15 de agosto del 2016 Conclusiones: 7.1 De los dos (2) casquillos recibidos como indicio uno corresponde al calibre 38 SPL/357 magnum y el otro al calibre 9mm OBSERVACIONES: NO SE REALIZO NINGUNA COMPARACION MICROSCOPICA. Estas últimas el tribunal refiere que no fueron útiles por no existir una comparación microscópica Por lo cual no se explica la defensa que se expresa que hubo prueba cientifica para acreditar la participación de JOSÉ OMAR MALDONADO GALO, mismo que se encontró en su casa de habitación el dia del allanamiento estableciendose asi que este nunca participo en la muerte PABLO ROBERTO MARTÍNEZ ya que si hubiese participado lo más lógico era que este se diera a la fuga. Así mismo los testigos de la defensa fueron claros al manifestar donde se encontraba este el dia de los hechos 1.- WILMER RENIERY MEJÍA MALDONADO yo le ayudo al papa de Omar a hacer trabajo de café, lo que tengo que decir un domingo 28 de febrero del 2016 llego Omar a mi casa que manda a decir mi papa si me podes ayudar a llevar un café a un señor Francisco Alvarado, a bueno pues me fui yo con el cargamos el café, hechamos 3 viajes con el carrito que ellos tienen, el señor dijo que lo tiraramos en el patio para secar el café, si a las siete de la mañana (llego Omar), mire como nosotros hechamos 3 viajes, y esta a 20 minutos de la bodega como a las 9 am el ultimo viaje, nos pusimos a regar café en el patio, nosotros lo estamos moviendo asi, llevamos como unos 70 sacos TESTIGO GABRIEL MEJÍA ARGUETA, DECLARA: Yo el dia 28 de febrero de 2016 llegue a la bodega de Omar Alvarado, llegue como a las 8:30 am el me dijo que si lo queria comprar, pero que si lo queria refinar alli estaba en el patio, yo le dije que estaba bien, allí me encontré con Omar, en lo mismo, después yo me dedique a refinar mi café, La Bodega está en el centro de Santiago, allí hay como dos patios, se llama FRANCISCO ALVARADO (el dueño de la bodega), yo llegue como a las 8:30 alli, alli trabaja bastante personal, habían otros alli creo que eran trabajadores, no me fije quienes eran, TESTIGO PAULINO MEJÍA GALO, Yo el dia 28 de febrero estaba en el beneficio vendiendo mi café, allí estábamos platicando, alli estuve platicando con un muchacho que se llama Omar, mire que yo ando vendiendo también cafe, estaba en el beneficio de FRANCISCO ALVARADO. A los cuales el tribunal no les da valor porque no presentaron recibos de transacciones de secado del café de la bodega, estableciendo que la defensa o ha aportado prueba en relación que sustente de forma irrefutable esta versión de los hechos. Sobre la base del planteamiento estructurado, se reitera que si el Tribunal enciador, hubiese valorado las pruebas conforme el recto entendimiento mano (sana critica) el resultado se hubiese traducido en certeza de que E OMAR MALDONADO GALO en ningún momento privo de la vida PABLO ROBERTO MARTÍNEZ. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar no ha sido posible reclamar su subsanación. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Me fundo en los articulos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, artículos 202, 338, 359, 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. PETICION Al Honorable Tribunal de Sentencias PIDO: Admitir el presente escrito, darle el trámite que corresponda, conceder el término de diez días hábiles a la parte recurrida a efecto de que pueda pronunciarse sobre el contenido del mismo y consecuentemente remitir las actuaciones a la Honorable Corte Suprema de Justicia después de haber emplazado a las partes para que se personen ante ese Tribunal, dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación respectiva y en definitiva darle el curso legal correspondiente al presente recurso, que su conocimiento y decisión corresponde a la Corte Suprema de Justicia, y siendo que se trata de un Recurso por Quebrantamiento en la Forma, se pide que se case la sentencia y se anule, debiéndose remitir los antecedentes para que sea otro Tribunal con nuevos Jueces los que conozcan y ventilen un nuevo juicio. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: Sin determinar por el censor. • Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Que se anule el fallo y se celebre un nuevo debate. Explicó el recurrente que el Juzgador arribó a su fallo condenatorio sin seguir una valoración de los medios de prueba conforme a las reglas del correcto entendimiento humano; Los testigos del Ministerio Público, no son creíbles, ya que estos no pudieron identificar plenamente a su representado, solo refirieron a una persona de nombre José Omar o Omar, por lo que no se puede establecer que es la misma persona; no se realizó reconocimiento en rueda para asegurase fehacientemente, que los testigos señalan a la persona de José Omar o Omar como José Omar Maldonado Galo; Los testigos Oscar David Martínez Prada y José Jeremías Martínez, se contradicen al asegurar que el occiso, quien era el padre de ambos (aspecto que no se acredito), el primero refirió que el occiso recibió cinco disparos dos en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, y el segundo testigo dijo que solo recibió solo un disparo en el pecho; Ambos testigos refirieron no haber alcanzado al ofendido, a pesar de que según ellos caminaban despacio y se encontraba a 20 metros de distancia; El Tribunal, tuvo que haber valorado de manera directa con la combinación de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que permita al juzgador valorar el testimonio de cada testigo, a través de las características personales, sus relaciones con las partes y analizar el testimonio con otras declaraciones vertidas en el juicio, con respecto a lo anterior, es importante la fidelidad de la percepción y la transmisión, de lo percibido a través del desarrollo y calidad de facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos es esencial, pues quien carece de un sentido del cual es necesario contar para percibir el hecho sobre el cual declara, no podrá con solvencia declarar, se debe tomar en cuenta los factores exógenos ( físicos) condiciones de luz, distancia y endógenos, con respecto al testigo ( ira, miedo, atención ) , estos elementos no fueron apreciados en el fallo condenatorio en contra de su representado, ya que siempre alegaron un problema familiar con la intención de perjudicar;Los testigos de la defensa fueron claros al manifestar donde se encontraba el acusado el día de los hechos, sin embargo el Tribunal, no les dio valor porque no presentaron recibos f de transacciones de secado del café de la bodega , estableciendo que la defensa no aporto prueba que sustente de forma irrefutable para acreditar ese extremo. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. a. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: • Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa, se aleja de lo anterior al exponer su disconformidad con el fallo condenatorio en contra de su representado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo la recurrente señala; Los testigos del Ministerio Público, no son creíbles, ya que estos no pudieron identificar plenamente a su representado, solo refirieron a una persona de nombre José Omar o Omar, por lo que no se puede establecer que es la misma persona; no se realizo reconocimiento en rueda para asegurase fehacientemente, que los testigos señalan a la persona de José Omar o Omar como José Omar Maldonado Galo. Los testigos Oscar David Martínez Prada y José Jeremías Martínez, se contradicen al asegurar que el occiso, quien era el padre de ambos (aspecto que no se acredito), el primero refirió que el occiso recibió cinco disparos dos en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, y el segundo testigo dijo que solo recibió solo un disparo en el pecho. Ambos testigos refirieron no haber alcanzado al ofendido, a pesar de que según ellos caminaban despacio y se encontraba a 20 metros de distancia. • El Tribunal, tuvo que haber valorado de manera directa con la combinación de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que permita al juzgador valorar el testimonio de cada testigo, a través de las características personales, sus relaciones con las partes y analizar el testimonio con otras declaraciones vertidas en el juicio, con respecto a lo anterior, es importante la fidelidad de la percepción y la transmisión, de lo percibido a través del desarrollo y calidad de facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos es esencial, pues quien carece de un sentido del cual es necesario contar para percibir el hecho sobre el cual declara, no podrá con solvencia declarar, se debe tomar en cuenta los factores exógenos ( físicos) condiciones de luz, distancia y endógenos, con respecto al testigo ( ira, miedo, atención ) , estos elementos no fueron apreciados en el fallo condenatorio en contra de su representado, ya que siempre alegaron un problema familiar con la intención de perjudicar. • Los testigos de la defensa fueron claros al manifestar donde se encontraba el acusado el día de los hechos, sin embargo, el Tribunal, no les dio valor porque no presentaron recibos f de transacciones de secado del café de la bodega, estableciendo que la defensa no aporto prueba que sustente de forma irrefutable para acreditar este extremo. Resulta evidente, que el recurso de la Defensa contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, la condena emitida por el Tribunal de sentencia se basa en la declaración de tres testigos; dejando ver que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino la declaración de los testigos y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, pero sin individualizar la regla de la sana critica que se considera infringida, siendo esta un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano, por lo que la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. Decisión: Desestimar el Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado José Omar Maldonado Galo, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado José Omar Maldonado Galo, del delito de Homicidio, por lo que, en consecuencia, impuso una pena principal de 15 años de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a la nueva regulación penal decreto 130-2017 el delito de homicidio está regulado en el artículo 192 de la nueva ley penal y tiene señalada una pena de 15 a 20 años de prisión; por lo que, la pena impuesta al acusado con el Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen de la nueva legislación, por lo que no procede la aplicación retroactiva del nuevo código penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; ; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217; 116 del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de Defensor Privado del señor José Omar Maldonado Galo a quien se le condenó por el delito de Homicidio en perjuicio Pablo Roberto Martínez. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecisiete del mes de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a ocho días del mes de enero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el dos de agosto del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-262-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-262-2019, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raul Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP. 262-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor José Omar Maldonado Galo, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Pablo Roberto Martínez a la pena de quince años de reclusión. Segundo: Condenó al señor José Omar Maldonado Galo a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor José Omar Maldonado Galo. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma el abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de Defensor Privado. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor Privado del imputado, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gomez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados UNICO: El día 28 de febrero del año dos mil dieciséis entre las nueve y once de la mañana el Señor PABLO ROBERTO MARTINEZ en compañía de sus hijos JOSE GEREMIAS MARTINEZ PARADA Y OSCAR DAVID MARTINEZ PARADA se dirigian hacia su casa de habitación ubicada en Aldea El Encinal del Municipio de Santiago de Puringla y cuando transitaban frente a la propiedad del Señor JESUS MALDONADO observaron que de una finca de cafe salio el señor (imputado). JOSE OMAR MALDONADO GALO quien portaba un arma de fuego con la cual le disparo al Señor PABLO ROBERTO MARTINEZ causandole la muerte, huyendo del lugar. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal Para los efectos del presente recurso de casación, se consideran violados el artículo 202 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; así mismo el artículo 338, sección cuarta, numeral 2) que específicamente manda a los Tribunales a dictar las sentencias, justificando según las reglas de la sana critica el valor que le haya dado a las pruebas practicadas en juicio. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es oportuno tener en claro en qué consiste el sistema de valoración de la regla de la sana critica- Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. En el caso que nos ocupa, el sentenciador al momento de dictar sentencia condenatoria lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Critica transgrediendo el postulado de la derivación, específicamente el principio de razón suficiente, tal como se demuestra a continuación: Tribunal sentenciador expresa estimado y declarado probado lo siguiente: UNICO: El día 28 de febrero del año dos mil dieciséis entre las nueve y once la mañana el señor PABLO ROBERTO MARTÍNEZ en compañía de sus hijos JOSÉ GEREMIAS MARTÍNEZ PARADA Y OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA se dirigían hacia su casa de habitación ubicada en la Aldea El Encinal del Municipio de Santiago de Puringla y cuando transitaban frente a la propiedad de JESUS MALDONADO GALO observaron que de una finca de café salió el señor (imputado) JOSÉ OMAR MALDONADO GALO quien portaba un arma de fuego con la cual le disparo al señor PABLO ROBERTO MARTÍNEZ, causándole la muerte, huyendo del lugar. En primer lugar partiremos de la valoración de la prueba ya que el tribunal ha manifestado que ha valorado la prueba de acuerdo a las reglas de la Sana critica, de manera que los hechos declarados probados anteriormente han sido demostrados mediante prueba suficiente aportada por el Ministerio Publico, que la defensa no ha aportado prueba en relación que sustente de forma irrefutable lo declarados por sus testigos, por el contrario el ministerio publico cuenta con testigos presenciales que narran una historia creible y Sustentada con prueba periférica y cientifica que no deja ninguna duda sobre de la identificación y participación del imputado JOSÉ OMAR MALDONADOGALO. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba que incurrió el sentenciador de instancia: El hecho probado por parte del Tribunal de Sentencia origina lo que la doctrina general establece sobre motivación y congruencia, entendiéndose la misma cuando se omite todo razonamiento respecto de algún punto esencial, lo que no es extensivo a todas las alegaciones (incongruencia omisiva), ya que refiere que los testigos JOSÉ GEREMIAS MARTÍNEZ PARADA Y OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA narran una historia creíble y sustentada con prueba periférica y cientifica que no deja ninguna duda sobre la identificación y participación del imputado JOSÉ OMAR MALDONADO GALO. (Véase página 11 de valoración individual de la prueba de la defensa).Se evacuo la declaración de JOSÉ GEREMIAS MARTÍNEZ PARADA: El caso fue asi papi iba para donde ni abuela tina dijo que lo acompañara, yo lo acompañe no estaba mi abuela estaba en Santiago Puringla solo estaba el nieto que se llama Ludis martinez, nosotros fuimos a la pulperia papi compro un arroz y una manteca de allí nos fuimos devuelta para la casa, en la casa Tio Jorge y papi estaban platicando, papi se adelantó unos minutos, nosotros nos quedamos ahi con tio Jorge, entonces nosotros nos pusimos detrás de el. 20 metros atrás, veniamos nosotros cuando José Orlando salió con un arma y le disparo a papa Pablo Roberto Martinez nosotros vimos que cayo, nos devolvimos donde mi tio Jorge y mi papi estaba muerto. Pregunta del Ministerio Publico, Responde- fue el 28 de febrero del 6, osotros de la casa salimos a las 9:30, y nos vinimos como a las 11 nos dirigimos de vuelta donde Tio Jorge para decirle que mi papa estaba muerto, papi se adelantó entonces nosotros caminamos de ahí sale de una finca estaba escondido cuando el salió y disparo con arma de fuego en el pecho disparo), cuando nosotros llegamos donde mi papi ya estaba la policia, la misma gente de la comunidad llamo a la policía A Pregunta de la Defensa, Responde. La hora que mataron a mi papa fue 10 o 11 de la mañana, que estaba a 20 metros cuando vio a Omar, con Omar habia más gente pero no la conoció, solo mire el carro cuando lo Tiro no se mas(ver Acta) no me fije como andaba vestido. A interrogantes del tribunal, responde: el problema que ellos tuvieron fue por un lazo, papi tenia amarrado un macho amarrado en la carretera entonces paso le corto el lazo José Omar, que este le dijo muchas cosas que lo iba a matar ya lo tenia sentenciado desde antes, el problema fue en el dos mil quince. OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA: quien declara: un dia domingo a las 9:30 am fuimos con mi papa a pascar con mi abuela, ella no estaba entonces estuvo papi platicando con el cipote, compro 2 libras de arros y 1 de manteca, nos devolvimos, nos fuimos el caminaba despacio, nos fuimos y el señor Martinez le disparo, entonces nosotros lo vimos por donde le disparo, dos tiros en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, nos fuimos a devolver porque nos podia matar, alli llego a policía. A Pregunta del Ministerio Publico, Responde: el 28 de febrero del 2016, salimos jeremias, mi papa y yo, nos pusimos a platicar, el sale de una finca, habia salido a dispararle nos fuimos a ver pero ya se habia ido, bueno nosotros vimos a alguien al lado de Omar.Pregunta de la Defensa, Responde lo vimos cuando él le disparo a 20 metros, es una finca ya grande, la finca está cercada. A interrogantes del tribunal, responde: al lado de la cuneta donde pasa el agua alli esta donde cayó el cuerpo, casi a la orilla del poste de cerco. No entiende esta defensa como dichas declaraciones SON CREIBLES y que las mismas no dejan duda sobre la identificación de JOSÉ OMAR MALDONADO GALO en los hechos imputados si estos en primer lugar solo se refieren a JOSÉ OMAR o OMAR, no hay una identificación completa de nombres y apellidos de que estemos hablando de la misma persona, no se realizó un reconocimiento en rueda para asegurar fehacientemente que los testigos señalan a la persona de José Omar o Omar como JOSÉ OMAR MALDONADO GALO, así mismo estos se contradicen al decir que el hoy occiso quien supuestamente es su papa pero que no se acredito recibió solo un disparo en el pecho como ser el caso de JOSÉ GEREMIAS MARTINEZ PARADA y el OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA refirió que recibió cinco disparos es decir dos en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, diferenciando lo expresado con el acta de Levantamiento de cadáver en cuanto a la ubicación de las heridas. Asi mismo el juzgador refiere que los testigos mencionados vieron al imputado ejecutando a muerte padre el ofendido PABLO ROBERTO MARTÍNEZ, si estos refieren ESPECIALMENTE JOSE GEREMIAS MARTINEZ al interrogatorio contesto: solo mire el carro cuando lo Tiro no se mas (ver Acta) no me fije como andaba vestido. Refirieron no haber alcanzado al ofendido a pesar de que según ellos camina despacio, que estaban a 20 metros entonces ¿Cómo pudo observar con precisión quieren era si estaba supuestamente escondido en una finca?; véase que el tribunal, no hace uso correcto de los principios de la recta razón; es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, ya que la misma MARTINA PARADA SAENZ: al declarar contradice todo lo manifestado por los testigos JOSÉ GEREMIAS MARTÍNEZ PARADA y el OSCAR DAVID MARTÍNEZ PARADA: ya que dice que estos fueron lo que le informaron lo sucedido y estos como puede notarse refirieron que fue la misma gente que le aviso a la mama yo al momento recibi la noticia que JOSÉ OMAR había asesinado a mi compañero y yo fui a los hechos él estaba solo no había nadie particular solo dos personas, llego la policia y me preguntaron si yo habia llegado en el momento y yo le dije que si porque me avisaron mis hijos. Por lo manifestado el Tribunal tuvo que haber valorado dichos testimonios manera directa con la combinación de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que permita al juzgador valorar el testimonio de cada testigo, a través de las caracteristicas personales, sus relaciones con las partes y analizar el testimonio con otras declaraciones vertidas en el juicio, con respecto a lo anterior, es importante la fidelidad de la percepción y de la transmisión de lo percibido atraves del desarrollo y calidad de facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos es esencial, pues quien carece de un sentido del cual es necesario contar para percibir el hecho sobre el cual declara, no podría con solvencia declarar, se debe tomar en cuenta los factores exógenos (fisico) condiciones de luz, distancia, etc.... y endógenos con respecto al testigo (ira, miedo, atención) y con respecto a la sinceridad del testimonio deben tomarse en cuenta el interés del deponente, relaciones de familia, odio, ira, afecto o si la declaración fue producida por un discurso premeditado, la mentira vertida en alguna parte de la declaración (mendax in uno, mendax in totum) "el que es mentiroso en una parte, será mentiroso en todo". Vemos entonces que estos elementos no fueron apreciados en el fallo condenatorio contra el señor JOSÉ OMAR MALDONADO GALO ya que siempre alegaron un problema familiar con la intención de perjudicar. Se propusieron como prueba también lo siguiente:ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER, practicada por el Dr. ANGEL DE JESUS BUSTILLO BONILLA, al fallecido: PABLO ROBERTO MARTÍNEZ, 1) Dos orificios de forma circular, bordes regulares, distribuidos asi: causa de muerte preliminar: trauma cráneo ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER E INSPECCION OCULAR EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, realizada en fecha 28 de febrero 2016 en la Aldea El Encinal, Santiago de Puringla, La Paz, se observa cadáver en decúbito dorsal a orilla de calle frente a una finca de café cercada con alambre de puas propiedad de VICTOR ORELLANA, en otro extremo de la calle hay un bosque de pino, el cadáver está ubicado con cabeza al sur, LESIONES: 1.- Orificio de forma circular con bordes invertidos con anillo de contusión y enjugamiento en región subclavicular derecha a 4 centimetros de linca 2.- Orificio forma circular de bordes regulares invertidos con anillo de contusion y enjugamiento en lado derecho 3- Orificio de forma irregular evertidos en región temporal derecho mide 1.05 centimetros. A estos apartados refiere el tribunal que no hubo contradicción salvo en la primera se encontró una ojiva lo que evidencio la utilización de arma de fuego, tal como lo declararon los testigos. Notese que en la misma refieren unas dos heridas y la otra tres, no se plasmo indicio recolectado. ACTA DE ALLANAMIENTO de fecha diez de agosto del 2016 siendo las 105 am a la casa de habitación de JESUS MALDONADO, ACTA DE INSPECCION OCULAR Y RECOLECCION DE INDICIOS practicada el día diez de agosto del año 2016. DICTAMEN DE BALISTICA FORENSE NUMERO 2016-0801-0502-6500, de fecha 15 de agosto del 2016 Conclusiones: 7.1 De los dos (2) casquillos recibidos como indicio uno corresponde al calibre 38 SPL/357 magnum y el otro al calibre 9mm OBSERVACIONES: NO SE REALIZO NINGUNA COMPARACION MICROSCOPICA. Estas últimas el tribunal refiere que no fueron útiles por no existir una comparación microscópica Por lo cual no se explica la defensa que se expresa que hubo prueba cientifica para acreditar la participación de JOSÉ OMAR MALDONADO GALO, mismo que se encontró en su casa de habitación el dia del allanamiento estableciendose asi que este nunca participo en la muerte PABLO ROBERTO MARTÍNEZ ya que si hubiese participado lo más lógico era que este se diera a la fuga. Así mismo los testigos de la defensa fueron claros al manifestar donde se encontraba este el dia de los hechos 1.- WILMER RENIERY MEJÍA MALDONADO yo le ayudo al papa de Omar a hacer trabajo de café, lo que tengo que decir un domingo 28 de febrero del 2016 llego Omar a mi casa que manda a decir mi papa si me podes ayudar a llevar un café a un señor Francisco Alvarado, a bueno pues me fui yo con el cargamos el café, hechamos 3 viajes con el carrito que ellos tienen, el señor dijo que lo tiraramos en el patio para secar el café, si a las siete de la mañana (llego Omar), mire como nosotros hechamos 3 viajes, y esta a 20 minutos de la bodega como a las 9 am el ultimo viaje, nos pusimos a regar café en el patio, nosotros lo estamos moviendo asi, llevamos como unos 70 sacos TESTIGO GABRIEL MEJÍA ARGUETA, DECLARA: Yo el dia 28 de febrero de 2016 llegue a la bodega de Omar Alvarado, llegue como a las 8:30 am el me dijo que si lo queria comprar, pero que si lo queria refinar alli estaba en el patio, yo le dije que estaba bien, allí me encontré con Omar, en lo mismo, después yo me dedique a refinar mi café, La Bodega está en el centro de Santiago, allí hay como dos patios, se llama FRANCISCO ALVARADO (el dueño de la bodega), yo llegue como a las 8:30 alli, alli trabaja bastante personal, habían otros alli creo que eran trabajadores, no me fije quienes eran, TESTIGO PAULINO MEJÍA GALO, Yo el dia 28 de febrero estaba en el beneficio vendiendo mi café, allí estábamos platicando, alli estuve platicando con un muchacho que se llama Omar, mire que yo ando vendiendo también cafe, estaba en el beneficio de FRANCISCO ALVARADO. A los cuales el tribunal no les da valor porque no presentaron recibos de transacciones de secado del café de la bodega, estableciendo que la defensa o ha aportado prueba en relación que sustente de forma irrefutable esta versión de los hechos. Sobre la base del planteamiento estructurado, se reitera que si el Tribunal enciador, hubiese valorado las pruebas conforme el recto entendimiento mano (sana critica) el resultado se hubiese traducido en certeza de que E OMAR MALDONADO GALO en ningún momento privo de la vida PABLO ROBERTO MARTÍNEZ. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar no ha sido posible reclamar su subsanación. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Me fundo en los articulos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, artículos 202, 338, 359, 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. PETICION Al Honorable Tribunal de Sentencias PIDO: Admitir el presente escrito, darle el trámite que corresponda, conceder el término de diez días hábiles a la parte recurrida a efecto de que pueda pronunciarse sobre el contenido del mismo y consecuentemente remitir las actuaciones a la Honorable Corte Suprema de Justicia después de haber emplazado a las partes para que se personen ante ese Tribunal, dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación respectiva y en definitiva darle el curso legal correspondiente al presente recurso, que su conocimiento y decisión corresponde a la Corte Suprema de Justicia, y siendo que se trata de un Recurso por Quebrantamiento en la Forma, se pide que se case la sentencia y se anule, debiéndose remitir los antecedentes para que sea otro Tribunal con nuevos Jueces los que conozcan y ventilen un nuevo juicio. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: Sin determinar por el censor. • Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Que se anule el fallo y se celebre un nuevo debate. Explicó el recurrente que el Juzgador arribó a su fallo condenatorio sin seguir una valoración de los medios de prueba conforme a las reglas del correcto entendimiento humano; Los testigos del Ministerio Público, no son creíbles, ya que estos no pudieron identificar plenamente a su representado, solo refirieron a una persona de nombre José Omar o Omar, por lo que no se puede establecer que es la misma persona; no se realizó reconocimiento en rueda para asegurase fehacientemente, que los testigos señalan a la persona de José Omar o Omar como José Omar Maldonado Galo; Los testigos Oscar David Martínez Prada y José Jeremías Martínez, se contradicen al asegurar que el occiso, quien era el padre de ambos (aspecto que no se acredito), el primero refirió que el occiso recibió cinco disparos dos en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, y el segundo testigo dijo que solo recibió solo un disparo en el pecho; Ambos testigos refirieron no haber alcanzado al ofendido, a pesar de que según ellos caminaban despacio y se encontraba a 20 metros de distancia; El Tribunal, tuvo que haber valorado de manera directa con la combinación de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que permita al juzgador valorar el testimonio de cada testigo, a través de las características personales, sus relaciones con las partes y analizar el testimonio con otras declaraciones vertidas en el juicio, con respecto a lo anterior, es importante la fidelidad de la percepción y la transmisión, de lo percibido a través del desarrollo y calidad de facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos es esencial, pues quien carece de un sentido del cual es necesario contar para percibir el hecho sobre el cual declara, no podrá con solvencia declarar, se debe tomar en cuenta los factores exógenos ( físicos) condiciones de luz, distancia y endógenos, con respecto al testigo ( ira, miedo, atención ) , estos elementos no fueron apreciados en el fallo condenatorio en contra de su representado, ya que siempre alegaron un problema familiar con la intención de perjudicar;Los testigos de la defensa fueron claros al manifestar donde se encontraba el acusado el día de los hechos, sin embargo el Tribunal, no les dio valor porque no presentaron recibos f de transacciones de secado del café de la bodega , estableciendo que la defensa no aporto prueba que sustente de forma irrefutable para acreditar ese extremo. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. a. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: • Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa, se aleja de lo anterior al exponer su disconformidad con el fallo condenatorio en contra de su representado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo la recurrente señala; Los testigos del Ministerio Público, no son creíbles, ya que estos no pudieron identificar plenamente a su representado, solo refirieron a una persona de nombre José Omar o Omar, por lo que no se puede establecer que es la misma persona; no se realizo reconocimiento en rueda para asegurase fehacientemente, que los testigos señalan a la persona de José Omar o Omar como José Omar Maldonado Galo. Los testigos Oscar David Martínez Prada y José Jeremías Martínez, se contradicen al asegurar que el occiso, quien era el padre de ambos (aspecto que no se acredito), el primero refirió que el occiso recibió cinco disparos dos en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, y el segundo testigo dijo que solo recibió solo un disparo en el pecho. Ambos testigos refirieron no haber alcanzado al ofendido, a pesar de que según ellos caminaban despacio y se encontraba a 20 metros de distancia. • El Tribunal, tuvo que haber valorado de manera directa con la combinación de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que permita al juzgador valorar el testimonio de cada testigo, a través de las características personales, sus relaciones con las partes y analizar el testimonio con otras declaraciones vertidas en el juicio, con respecto a lo anterior, es importante la fidelidad de la percepción y la transmisión, de lo percibido a través del desarrollo y calidad de facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos es esencial, pues quien carece de un sentido del cual es necesario contar para percibir el hecho sobre el cual declara, no podrá con solvencia declarar, se debe tomar en cuenta los factores exógenos ( físicos) condiciones de luz, distancia y endógenos, con respecto al testigo ( ira, miedo, atención ) , estos elementos no fueron apreciados en el fallo condenatorio en contra de su representado, ya que siempre alegaron un problema familiar con la intención de perjudicar. • Los testigos de la defensa fueron claros al manifestar donde se encontraba el acusado el día de los hechos, sin embargo, el Tribunal, no les dio valor porque no presentaron recibos f de transacciones de secado del café de la bodega, estableciendo que la defensa no aporto prueba que sustente de forma irrefutable para acreditar este extremo. Resulta evidente, que el recurso de la Defensa contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, la condena emitida por el Tribunal de sentencia se basa en la declaración de tres testigos; dejando ver que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino la declaración de los testigos y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, pero sin individualizar la regla de la sana critica que se considera infringida, siendo esta un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano, por lo que la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. Decisión: Desestimar el Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado José Omar Maldonado Galo, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado José Omar Maldonado Galo, del delito de Homicidio, por lo que, en consecuencia, impuso una pena principal de 15 años de reclusión; como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta, la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme a la nueva regulación penal decreto 130-2017 el delito de homicidio está regulado en el artículo 192 de la nueva ley penal y tiene señalada una pena de 15 a 20 años de prisión; por lo que, la pena impuesta al acusado con el Código Penal 144-83 se encuentra dentro del margen de la nueva legislación, por lo que no procede la aplicación retroactiva del nuevo código penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; ; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217; 116 del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de Defensor Privado del señor José Omar Maldonado Galo a quien se le condenó por el delito de Homicidio en perjuicio Pablo Roberto Martínez. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecisiete del mes de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a ocho días del mes de enero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el dos de agosto del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-262-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA SALA PENAL