Sentencia CP-257-19 — Registro 16906
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por el delito de tentativa de femicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa, No procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, a partir de lo alegado por la recurrente, ha hecho confrontación de la norma penal sustantiva: artículo 118-A del Código Penal decreto 144-83, que contiene el delito de femicidio, con la narración histórica que se ha fijado en la sentencia como hecho declarado probado, determinando que existe identidad entre uno y otro, es decir el supuesto situacional de la norma se ve reproducido en el factum. Los hechos declarados probados, como verdades incuestionables, señalan: • Los señores Erik Rolando Díaz y Mayra Marleny Núñez Girón, habían sostenido una relación sentimental, estableciéndose como compañeros de hogar; • El día 14 de noviembre del año 2016, a la 1:30 pm. la señora Mayra Marleny Núñez Girón, transitaba por una calle de la colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso; los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, se aproximaron a la señora Núñez Girón, y apuntándola con armas de fuego la obligaron a subirse a un vehículo tipo camioneta color gris, el cual era conducido justamente por su ex compañero de hogar el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, llevándola hasta un lugar conocido como el Achiotial, la bajaron del vehículo, es tomada por el pelo por parte del señor Erick Rolando Díaz Ortiz, quien le propinó con arma blanca dos heridas alrededor del cuello para luego dejarla tirada en el suelo, huyendo del lugar los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres. Posteriormente la señora Mayra Marleny Núñez Girón se levantó del suelo y salió a la carretera en busca de auxilio; siendo auxiliada por un desconocido quien la trasladó a un centro hospitalario donde fue intervenida quirúrgicamente. El relato fáctico da cuenta de una conducta alevosa por parte del acusado, quien con una clara intención de matar, quien con ayuda de dos personas más del sexo masculino, los imputados Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, interceptan a la ofendida y la amenazan con armas de fuego, es introducida en un vehículo que era conducido por su excompañero de hogar Erick Rolando Díaz Ortiz, luego es conducida hasta cierto lugar donde este procede a atacarle con un arma blanca, infiriéndole dos heridas a la altura del cuello, pero no logrando su cometido ello por la reacción de la ofendida, quien logró salir del lugar donde fue abandonada y fue auxiliada y conducida a un centro hospitalario por un tercero desconocido y logra salvar su vida. Empero, la resolución delictiva del acusado era firme, primero al asegurarse que ésta no pudiera repeler el ataque al verse sometida por los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres (valiéndose de la ventaja física que la biología masculina les proporciona a todos los actores);quienes amenazándola con arma de fuego, la suben a la camioneta, una vez adentro se aseguran que ésta no tuviera la opción de huir, la conducen hasta un lugar donde la sometieron, es bajada por estos, para que el señor Erick Rolando Díaz Ortiz pudiera asestarle dos heridas con una arma blanca en su cuello, parte vital del cuerpo humano, para luego dejarla tirada en el suelo y huyendo del lugar junto con los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, pero el plan de los autores no pudo concretarse, esta vez por ser interrumpido por una persona de sexo masculino que atendió el llamado de auxilio a favor de la ofendida. Lo anterior devela una conducta de desprecio hacía la ofendida en su condición de mujer: no solo por el hecho de intentar privarle de la vida, sin importar que esta se encontraba en estado de gestación y que había sostenido una relación sentimental que motivó cohabitación con el señor Erick Rolando Díaz Ortiz; sino porque dicho ataque fue realizado en vía pública y utilizando armas de fuego: el acusado y sus acompañantes (los co-imputados) estaban conscientes que de que su actuar llamaría la atención, deseando exhibir su desprecio hacia la ofendida. El reclamo de la recurrente no es atendible, dado que la descripción del factum, permite establecer que el hecho fue cometido por los acusados quienes actuaron alevosamente y con desprecio a la que había sido la compañera de hogar de uno de estos; cumpliéndose así todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de femicidio..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 118 A (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de Lex Praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017 (Art. 616 CP): • Determinación de la pena concreta conforme al CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; • Determinación de la pena concreta conforme al CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y • Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal, previo a la decisión. C.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, como autores responsables de un delito de femicidio tentado, en perjuicio de la señora Mayra Marleny Núñez Girón, la pena principal de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal decreto 130-2017, como delito de femicidio (Art. 208), con una tipología básica y agravada, previéndose dos penas principales, más penas accesorias, a saber: a. Tipo Penal básico con dos penas principales: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta previstas en el Art. 210 último párrafo en relación con el artículo 51 CP, de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. Pena que debe rebajarse 1/4 cuando se trate de delitos en tentativa acabada (Art. 62 NCP), siendo la nueva pena abstracta: i.- Prisión de 15 años a 20 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión; o b. Tipo Penal agravado cuando, entre otros, concurra alevosía o cuando entre el sujeto activo y pasivo haya existido cohabitación; con dos penas principales: i.- Prisión de 25 a 30 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión.- Pena que debe rebajarse en 1/4 cuando se trate de delitos en tentativa acabada, siendo las nueva pena abstracta: i.- Prisión de 18 años 9 meses a 25 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. En el caso de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres , conforme a los hechos probados, realizaron la conducta en perjuicio de la persona que fue la compañera de hogar del primero de los acusados y además bajo la modalidad criminosa de alevosía y premeditación (femicidio agravado); a pesar que ejecutaron todos los actos que debieron provocar la muerte de la ofendida, ésta no se produjo (tentativa acabada); conducta que castiga el NCP con la pena de prisión de 18 años 9 meses a 25 años y reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 al caso conocido en contra de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, esto no solo porque la pena principal individualizada de 20 años de reclusión se encuentra dentro del marco abstracto previsto en la nueva normativa penal (de 18 años 9 meses a 25 años de prisión), sino porque en conjunto el CP-144-83 les es más beneficioso al prever una única pena principal, entretanto el CP-130-2017 prevé dos penas principales para el mismo delito: la prisión y las reglas de conducta a cumplir en un plazo de 3 meses a 10 años de manera sucesiva a la pena de prisión. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-257-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-257-2019| por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha 22 de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danli, departamento de El Paraíso, mediante la cual: Primero: Condenó a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz,Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, como autores del delito de femicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la señora Mayra Marleny Núñez Girón, a la pena de veinte años de reclusión; Segundo: Condenó a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz,Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, responsables civilmente a favor de la víctima por el delito que son condenados; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz,Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres.Son partes en única instancia: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y José Roberto Izaguirre, defensores públicos a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, como parte recurrente y la Abogada Anayansi Melisa Ávila fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Primero: En fecha 14 de noviembre del año dos mil dieciséis, la señora Mayra Marleny Núñez Girón, quien se encontraba en estado de embarazo, transitaba por una colonia San Juan, de la ciudad de El Paraíso, cuando fue interceptada por los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres quienes utilizando armas de fuego, la obligaron por la fuerza abordar una camioneta Mitsubishi, Montero, color gris, la cual era conducido por el señor Erick Rolando Díaz Ortiz,( expareja) de la víctima. Segundo: Una vez a bordo de dicha camioneta los señores Lester Edgardo Alvarenga Cáceres y Nelson José Alemán Fortín, eran los encargados de vigilarla y entre tanto el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, los trasladaba hasta el lugar conocido como El Achiotillal, en donde la bajaron y el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, la tomo del pelo y la llevo a cierto lugar, utilizando un arma blanca, le profirió dos heridas alrededor del cuello, dejándola tirada en el suelo y dándose de inmediato todos a la fuga. Tercero: Posteriormente, la señora Mayra Marleny Núñez Girón, como pudo se levantó del suelo y salió hacia la carreta en busca de auxilio, en donde fue auxiliado por un individuo desconocido, quien la traslado al centro hospitalario, en donde fue intervenida quirúrgicamente. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley La recurrente Abogada Ingrid García Gaytán en su condición de defensora publica de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO UNICO: infracción de ley por aplicación indebida del articulo 118-A en relación al 15 del Cosido Penal y falta de aplicación del artículo 179-B y 33 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Cuando se interpone recurso de casación por infracción de ley solo le corresponde al Tribunal de Casación actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte del Tribunal de alzada, de la interpretación de la ley que hagan los tribunales de sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídicamente. Esa tarea de controlador jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia, en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que él vivió en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajen a la verdad enunciada por la narración fáctica ( hechos probados). La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente, que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde. El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando no armonizan cabe hablar de aplicación indebida. La aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección de un precepto, se trata de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. En nuestro caso el juzgado declaro como hecho probado el siguiente: PRIMERO: En fecha 14 de noviembre del año dos mil dieciséis, la señora Mayra Marleny Núñez Girón, quien se encontraba en estado de embarazo, transitaba por una colonia San Juan, de la ciudad de El Paraíso, cuando fue interceptada por los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres quienes utilizando armas de fuego, la obligaron por la fuerza abordar una camioneta Mitsubishi, Montero, color gris, la cual era conducido por el señor Erick Rolando Díaz Ortiz,( expareja) de la víctima. SEGUNDO: Una vez a bordo de dicha camioneta los señores Lester Edgardo Alvarenga Cáceres y Nelson José Alemán Fortín, eran los encargados de vigilarla y entre tanto el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, los trasladaba hasta el lugar conocido como El Achiotillal, en donde la bajaron y el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, la tomo del pelo y la llevo a cierto lugar, utilizando un arma blanca, le profirió dos heridas alrededor del cuello, dejándola tirada en el suelo y dándose de inmediato todos a la fuga. TERCERO: Posteriormente, la señora Mayra Marleny Núñez Girón, como pudo se levantó del suelo y salió hacia la carreta en busca de auxilio, en donde fue auxiliado por un individuo desconocido, quien la traslado al centro hospitalari565yyo, en donde fue intervenida quirúrgicamente. Por lo anterior mis representados fueron condenados a la pena de veinte años de reclusión. De lo dicho anteriormente, compete analizar un análisis jurídico del tipo penal que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia. El artículo 118-A del Código penal establece: incurre en el delito de feminicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigara con una pena de TREINTA (30) A CUARENTA (40) AÑOS DE RECLUSIÓN, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: 1) cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la victima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación a fin en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental. 2) cuando el delito este precedido de actos de violencia domestica intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia;3) cuando el delito este precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza y 4) cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infringido lesionados infamante, degradante o mutilaciones previas o posteriores a la privación de vida. Lo esencial de este tipo penal es saber ¿Quién es el sujeto activo? En todo caso tiene que ser del género masculino, el objeto del delito es dar muerte a una mujer por razones de género masculino, el objeto del delito es dar muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer, en tal sentido debemos entender por género: como la calificación de masculino o femenino. En cuanto al odio, la terminología “delitos de odio” se ha acuñado para definir a una categoría de conductas que presentan como factor significativo común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación. Los delitos de odio son aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado en: la discapacidad, la raza, origen étnico o país de procedencia, la religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social y cual otra circunstancia o condición social o personal. Cualquier persona puede ser victima de un delito de odio, con independencia de que pertenezca al grupo al que va dirigida la hostilidad o prejuicio. En el relato del hecho probado claramente se pueden observar que no concurren todos los elementos objetivos del tipo penal de femicidio en su grado de ejecución de tentativa, pues en el mismo no se refleja se haya cometido por razones de género, desprecio u odio por el solo hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres. Este término se introdujo al idioma español a partir de la segunda mitad de la década de 1990, a raíz de la traducción del concept aporta do Russell en el marco de las celebraciones sobre impunidad en los asesinatos de mujeres en la ciudad de Juárez en México, para poder expresar la gravedad de una conducta generalizad en la sociedad contemporánea, para lo que no había una palabra en especial. El CEDAW también ha señalado que la “violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en plano de igualdad con el hombre”. Según PALACIOS MEJÍA, la declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia, es entonces: “el arranque”, es un presupuesto necesario del fallo, porque mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el proceso: pero no integra propiamente la motivación de su decisión. La importancia del hecho probado en la sentencia penal, lo constituye que debe reunir todos los elementos de la tipicidad del delito requerido para llegar a una condena y todos los elementos facticos en que se fundamenta la sentencia, es una parte fundamental del fallo, el cual debe consignarse de manera precisa y circunstancial del hecho que se tuvo por demostrado que, evidentemente, ha de coincidir con lo acusado. La consignación del relato factico en la sentencia es fundamental, puesto que constituye la premisa fáctica del silogismo en que la misma consiste, y supones el pronunciamiento sobre lo que es realmente objeto del proceso (los hechos). Debe rechazarse, así, la construcción de un relato de hechos por remisión al contenido al contendido de las actuaciones, sea el contenido de una pericia o de un documento que obre en las actuaciones. La declaración de hecho probados en la sentencia deberá consistir en un auténtico relato factico, por eso es su vital importancia en la sentencia. Con lo argumentado, se deja evidencia que el Honorable Tribunal de Sentencia de Danli aplico indebidamente el articulo 118-A DEL Código Penal al subsumir equivocadamente la conducta del imputado en d delito de femicidio, pues en ninguna parte del factum cuestionado se logra extraer la intención de cometerlo por despreció u odio por el solo hecho que la víctima es mujer. Del mismo relato se desprende que los hechores andaban armas de fuego, si la intención de mis representados hubiese sido quitarle la vida a la señora Mayra Marleny Núñez Girón lo hubiesen hecho y sin ningún impedimento para ejecutarlo. En el hecho probado no se refleja actos tendientes a causar un daño físico con despreció o tratos crueles e inhumanos por cuestiones de género. Una vez realizada la intención (causar un daño a la integridad física) en contra de la víctima, los hoy acusados por iniciativa propia proceden abandonar el lugar de los acontecimientos, sin que haya un obstáculo para cometer el delito de acusado, del presente análisis podemos establecer que no se cumplen con todos los requisitos del artículo 15 del Código Penal. Las exigencias subjetivas (odio, desprecio por razones de género) del tipo penal de Femicidio, no fueron probadas en el juicio oral y público, por ende, el tribunal no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico, pero si recoge la problemática que se dan entre los ex -cónyuges por haber mantenido una relación de pareja y que no necesariamente se califica por el delito acusado. Por nuestra parte diremos que es inaudito e inaceptable para un tribunal de sentencia que le ha acarrea perjuicio a mi poderdante en no aplicarle el injusto penal acusado, dicho yerro solo pueden corregirlo ustedes Honorables Señores Magistrados de esta Sala de lo Penal, al declarar aplicación indebida del articulo 118-A del Código Penal, hacer un análisis exhaustivo del hecho probado claramente se puede determinar que se configuran todos los elementos del tipo penal de Violencia intrafamiliar agravada, misma que está sancionada en el artículo 179-B del Código al vigente, donde establece: "Será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años quien haga objeto de malo tratamientos de obra a su cónyuge, excónyuge, concubina, exconcubina o a la persona con quien haya procreado un en cualquiera de las circunstancias siguientes: a)...b) Le infiera grave daño corporal. c)... La violencia intrafamiliar es ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación que se producen en el seno de un hogar o la expareja y que se perpetra por lo menos un miembro de la familia contra algún otro familiar. En nuestro caso en el factum de la sentencia recurrida se configuran todos los elementos de la normativa antes citada, ya que se logró determinar que el acusado Erick Rolando Diaz Ortiz era la ex pareja de la hoy víctima, la intención en todo caso fue ocasionarle un grave daño en la integridad física de la ofendida (dos heridas alrededor del cuello, sin especificar la gravedad de las mismas), mas no la de cometer el delito de femicidio. En cuanto a los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres se desprende que interceptaron a la víctima, quienes utilizando la fuerza la obligan abordar un vehículo que era conducido por el señor ERICK ROLANDO DIAZ ORTIZ y posteriormente se encargaron de vigilarla, con estas acciones queda evidenciado que solamente colaboraron en la ejecución del hecho. En todo caso se trata de una situación de celos, siendo estos una problemática profunda que se remite a la historia de la especie humana, cumpliendo así funciones específicas relacionadas con la supervivencia que Involucra hombres y mujeres, que manifiestan la emoción de los celos de diferentes formas por ejemplo los actos violentos por medio de los cuales el hombre siente que sus derechos deben quedar claros, mientras que la mujer busca llamar la atención de su pareja. En el juicio oral y público y sin ánimo de valorar la prueba evacuada solamente a manera de ilustración, quedó demostrado según la declaración del señor Armando Said Morazán Sánchez que todo se origina por celos del señor Erick Rolando Díaz Ortiz al manifestar: "actualmente es pareja sentimental de la señora Marleni Núñez, cuando la conocía se encontraba dejada del señor Erick Diaz Ortiz, después de un tiempo ella le decía que el (refiriéndose al todavía la llamaba por teléfono, la insultaba, y que otras veces le reclamaba del porque la había dejado". INTERPRETACION PRETENDIDA. Los Juzgadores incurrieron en la sentencia en aplicación indebida, al invocar el articulo 118-A del código penal que se refiere al delito de Femicidio que es ajeno a verdad consignada en el hecho probado, apreciándose la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se duce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados, por lo que pretendemos que el Tribunal de Casación fique la conducta por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en contra ERICK ROLANDO DIAZ Y COMPLICES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR contra de NELSON JOSE ALEMAN FORTIN Y LESTER EDGARDO WARENGA CACERES fundamentado en el artículo 179-B del Código Penal .FUNDAMENTOS DE DERECHO. fundó el presente recurso de Casación en los artículos 80 y 82 de la Constitución República; 14, 179-B del Código Penal; 359, 360, 363, 364 y 366 del Código Procesal Penal; 8 numeral 2, inciso h) de la Convención Americana sobre derechos Humanos. PETICIÓN. Honorable Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, reiterándole mi respeto PIDO: Tener por formalizado el presente Recurso de casación por Infracción de Ley en tiempo y forma, junto con la copia simple que acompaña, darle el trámite de ley y conceder vista a la parte contraria para que pronunciarse sobre el contenido del recurso, emplazar a las partes para que se personen a la Corte Suprema de Justicia con remisión de las actuaciones para Tribunal Supremo dicte lo procedente conforme a derecho. Danli, El Paraíso 14 de febrero del 2019. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de LeyEstablece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo• Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 118-A y 179-B en relación con el artículo 15 y 33 del Código Penal decreto 144-83; • Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la figura delictiva de femicidio tentado; y falta de aplicación del delito de violencia intrafamiliar agravada. • Pretensión: Sea declarado con lugar el recurso, que el Tribunal de Casación califique la conducta por el delito de violencia intrafamiliar, señalado en el artículo 179-B del Código Penal. La defensora pública señala que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danli, El Paraíso ha hecho una aplicación indebida de la norma penal que contiene el delito de femicidio; al subsumir equivocadamente la conducta del imputado en el delito de femicidio, explica que en ninguna parte del factum cuestionado se logra extraer la intención que el sujeto activo haya realizado la conducta motivado por odio o desprecio al sujeto pasivo por su condición de mujer, alerta que los sujetos activos andaban armas de fuego, si la intención hubiese sido de quitarle la vida a la víctima lo hubiesen hecho sin ningún impedimento. Además, consideró que del hecho probado no se reflejan actos tendientes a causar un daño físico con desprecio o trato crueles e inhumanos por cuestiones de género. Del delito de Femicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este tribunal afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art. 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio doloso y culposo, homicidio cualificado, asesinato, parricidio y femicidio. El delito de femicidio, protege la vida independiente de la mujer, sancionando al hombre que realice la conducta; el legislador, con la creación de un tipo penal con sujeto activo y pasivo cualificado, hace un reconocimiento de que la vida de la mujer requiere especial protección y un reproche bastante profundo, cuando sea objeto de agresión por parte de un hombre.- El delito de femicidio estaba tipificado en el otrora vigente Código Penal 144-83 en el artículo 118-A el que indicaba: “Incurre en el delito de Femicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigará con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: 1) Cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la victima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental; 2) Cuando el delito esté precedido de actos de violencia doméstica intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia; 3) Cuando el delito este precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza; y, 4) Cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesionados infamante, degradante o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.”. La construcción típica permite identificar como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto Activo cualificado: El responsable del delito debe ser una o varias personas del género masculino; b. Sujeto Pasivo cualificado: debe ser una mujer, diferente a: i.- Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y iii.- Diferente a la presidenta de un Poder del Estado de Honduras o un jefa de Estado o jefa de Gobierno de un Estado extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la mujer como bien jurídico protegido, por cuanto debe ser una persona ya nacida y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre viva al momento de sufrir el delito; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida. La conducta criminosa debe preceder de circunstancias específicas, entre ellas que entre el sujeto activo (hombre) y el sujeto pasivo (mujer), exista o haya existido una relación sentimental de pareja, reconocida por la ley (matrimonio, unión de hecho) o no reconocida (relación de hecho, noviazgo o relación sentimental clandestina). e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, incluyendo mediante alevosía, premeditación, grandes estragos, ensañamiento o mediante riña tumultuaria, pues aun cuando tales modalidades pertenezcan a otras figuras delictivas, la especialidad que determina los sujetos activos, pasivos y el elemento subjetivo hace que el femicidio sea preferente;f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo, el tipo penal de femicidio requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Además, también como elemento subjetivo, se requiere que el sujeto activo actúe por “razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer”; que implica que el sujeto activo busque comprometer o limitar el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer desde una posición de género: i.- Queriendo valerse de una ventaja física que la biología masculina le proporciona; y/o ii.- Queriendo valerse de la posición social que desarrolla una dinámica errónea de que tiene el derecho de dirigir, mandar y disponer sobre aspectos de la vida de la mujer por encima de sus propios deseos; situaciones que implican desprecio a la dignidad de la persona a razón del género de la víctima. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio, las siguientes: Según su Estructura: i.- Tipo Penal Especial: por describir un modelo de comportamiento humano a partir de un delito básico (homicidio); ii.- Tipo Penal Simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; a. Según su Contenido: i.- Tipo Penal de Resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal Cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; b. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal cualificado, al exigir que el responsable debe ser necesariamente una persona del género masculino; c. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal pluri-ofensivo, al proteger no solo la vida independiente, sino que además la dignidad de la mujer; ii.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. El delito de femicidio es el tipo penal evolucionado del de homicidio.- Los tipos penales referidos tienen como puntos equidistantes: objeto del delito y conducta criminosa, siendo sus puntos desiguales, la cualificación de los sujetos activos y pasivos y el elemento subjetivo por un dolo reforzado, lo que marca una conducta aún más reprochable, justificándose una punibilidad también distinta: una pena de reclusión de veinte (20) a treinta (30) años (pena igual que para el delito de asesinato). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, a partir de lo alegado por la recurrente, ha hecho confrontación de la norma penal sustantiva: artículo 118-A del Código Penal decreto 144-83, que contiene el delito de femicidio, con la narración histórica que se ha fijado en la sentencia como hecho declarado probado, determinando que existe identidad entre uno y otro, es decir el supuesto situacional de la norma se ve reproducido en el factum. Los hechos declarados probados, como verdades incuestionables, señalan: • Los señores Erik Rolando Díaz y Mayra Marleny Núñez Girón, habían sostenido una relación sentimental, estableciéndose como compañeros de hogar; • El día 14 de noviembre del año 2016, a la 1:30 pm. la señora Mayra Marleny Núñez Girón, transitaba por una calle de la colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso; los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, se aproximaron a la señora Núñez Girón, y apuntándola con armas de fuego la obligaron a subirse a un vehículo tipo camioneta color gris, el cual era conducido justamente por su ex compañero de hogar el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, llevándola hasta un lugar conocido como el Achiotial, la bajaron del vehículo, es tomada por el pelo por parte del señor Erick Rolando Díaz Ortiz, quien le propinó con arma blanca dos heridas alrededor del cuello para luego dejarla tirada en el suelo, huyendo del lugar los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres. Posteriormente la señora Mayra Marleny Núñez Girón se levantó del suelo y salió a la carretera en busca de auxilio; siendo auxiliada por un desconocido quien la trasladó a un centro hospitalario donde fue intervenida quirúrgicamente. El relato fáctico da cuenta de una conducta alevosa por parte del acusado, quien con una clara intención de matar, quien con ayuda de dos personas más del sexo masculino, los imputados Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, interceptan a la ofendida y la amenazan con armas de fuego, es introducida en un vehículo que era conducido por su excompañero de hogar Erick Rolando Díaz Ortiz, luego es conducida hasta cierto lugar donde este procede a atacarle con un arma blanca, infiriéndole dos heridas a la altura del cuello, pero no logrando su cometido ello por la reacción de la ofendida, quien logró salir del lugar donde fue abandonada y fue auxiliada y conducida a un centro hospitalario por un tercero desconocido y logra salvar su vida. Empero, la resolución delictiva del acusado era firme, primero al asegurarse que ésta no pudiera repeler el ataque al verse sometida por los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres (valiéndose de la ventaja física que la biología masculina les proporciona a todos los actores);quienes amenazándola con arma de fuego, la suben a la camioneta, una vez adentro se aseguran que ésta no tuviera la opción de huir, la conducen hasta un lugar donde la sometieron, es bajada por estos, para que el señor Erick Rolando Díaz Ortiz pudiera asestarle dos heridas con una arma blanca en su cuello, parte vital del cuerpo humano, para luego dejarla tirada en el suelo y huyendo del lugar junto con los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, pero el plan de los autores no pudo concretarse, esta vez por ser interrumpido por una persona de sexo masculino que atendió el llamado de auxilio a favor de la ofendida. Lo anterior devela una conducta de desprecio hacía la ofendida en su condición de mujer: no solo por el hecho de intentar privarle de la vida, sin importar que esta se encontraba en estado de gestación y que había sostenido una relación sentimental que motivó cohabitación con el señor Erick Rolando Díaz Ortiz; sino porque dicho ataque fue realizado en vía pública y utilizando armas de fuego: el acusado y sus acompañantes (los co-imputados) estaban conscientes que de que su actuar llamaría la atención, deseando exhibir su desprecio hacia la ofendida. El reclamo de la recurrente no es atendible, dado que la descripción del factum, permite establecer que el hecho fue cometido por los acusados quienes actuaron alevosamente y con desprecio a la que había sido la compañera de hogar de uno de estos; cumpliéndose así todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de femicidio. Decisión: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de Lex Praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017 (Art. 616 CP): • Determinación de la pena concreta conforme al CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; • Determinación de la pena concreta conforme al CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y • Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal, previo a la decisión. C.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, como autores responsables de un delito de femicidio tentado, en perjuicio de la señora Mayra Marleny Núñez Girón, la pena principal de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal decreto 130-2017, como delito de femicidio (Art. 208), con una tipología básica y agravada, previéndose dos penas principales, más penas accesorias, a saber: a. Tipo Penal básico con dos penas principales: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta previstas en el Art. 210 último párrafo en relación con el artículo 51 CP, de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. Pena que debe rebajarse 1/4 cuando se trate de delitos en tentativa acabada (Art. 62 NCP), siendo la nueva pena abstracta: i.- Prisión de 15 años a 20 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión; o b. Tipo Penal agravado cuando, entre otros, concurra alevosía o cuando entre el sujeto activo y pasivo haya existido cohabitación; con dos penas principales: i.- Prisión de 25 a 30 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión.- Pena que debe rebajarse en 1/4 cuando se trate de delitos en tentativa acabada, siendo las nueva pena abstracta: i.- Prisión de 18 años 9 meses a 25 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. En el caso de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres , conforme a los hechos probados, realizaron la conducta en perjuicio de la persona que fue la compañera de hogar del primero de los acusados y además bajo la modalidad criminosa de alevosía y premeditación (femicidio agravado); a pesar que ejecutaron todos los actos que debieron provocar la muerte de la ofendida, ésta no se produjo (tentativa acabada); conducta que castiga el NCP con la pena de prisión de 18 años 9 meses a 25 años y reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 al caso conocido en contra de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, esto no solo porque la pena principal individualizada de 20 años de reclusión se encuentra dentro del marco abstracto previsto en la nueva normativa penal (de 18 años 9 meses a 25 años de prisión), sino porque en conjunto el CP-144-83 les es más beneficioso al prever una única pena principal, entretanto el CP-130-2017 prevé dos penas principales para el mismo delito: la prisión y las reglas de conducta a cumplir en un plazo de 3 meses a 10 años de manera sucesiva a la pena de prisión. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 118-A en relación al artículo 15, 179-B en relación con el artículo 33 del Código Penal, decreto 144-83 616 del Código Penal decreto 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la abogada Ingrid García Gaytán, en su condición de defensora pública, de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz,Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres a quienes se les condenó por el delito e Femicidio en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Mayra Marleny Nuñez Girón. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, a las conductas reprochadas a los ahora condenados Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres. Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho (f. 55), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danli, Departamento de El Paraíso. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a nueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-257-2019. Wily Alexander Medina Perez RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-257-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-257-2019| por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha 22 de junio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danli, departamento de El Paraíso, mediante la cual: Primero: Condenó a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz,Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, como autores del delito de femicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la señora Mayra Marleny Núñez Girón, a la pena de veinte años de reclusión; Segundo: Condenó a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz,Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, responsables civilmente a favor de la víctima por el delito que son condenados; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz,Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres. Son partes en única instancia: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y José Roberto Izaguirre, defensores públicos a los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, como parte recurrente y la Abogada Anayansi Melisa Ávila fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Primero: En fecha 14 de noviembre del año dos mil dieciséis, la señora Mayra Marleny Núñez Girón, quien se encontraba en estado de embarazo, transitaba por una colonia San Juan, de la ciudad de El Paraíso, cuando fue interceptada por los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres quienes utilizando armas de fuego, la obligaron por la fuerza abordar una camioneta Mitsubishi, Montero, color gris, la cual era conducido por el señor Erick Rolando Díaz Ortiz,( expareja) de la víctima. Segundo: Una vez a bordo de dicha camioneta los señores Lester Edgardo Alvarenga Cáceres y Nelson José Alemán Fortín, eran los encargados de vigilarla y entre tanto el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, los trasladaba hasta el lugar conocido como El Achiotillal, en donde la bajaron y el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, la tomo del pelo y la llevo a cierto lugar, utilizando un arma blanca, le profirió dos heridas alrededor del cuello, dejándola tirada en el suelo y dándose de inmediato todos a la fuga. Tercero: Posteriormente, la señora Mayra Marleny Núñez Girón, como pudo se levantó del suelo y salió hacia la carreta en busca de auxilio, en donde fue auxiliado por un individuo desconocido, quien la traslado al centro hospitalario, en donde fue intervenida quirúrgicamente. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley La recurrente Abogada Ingrid García Gaytán en su condición de defensora publica de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO UNICO: infracción de ley por aplicación indebida del articulo 118-A en relación al 15 del Cosido Penal y falta de aplicación del artículo 179-B y 33 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Cuando se interpone recurso de casación por infracción de ley solo le corresponde al Tribunal de Casación actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte del Tribunal de alzada, de la interpretación de la ley que hagan los tribunales de sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídicamente. Esa tarea de controlador jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia, en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que él vivió en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajen a la verdad enunciada por la narración fáctica ( hechos probados). La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente, que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde. El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando no armonizan cabe hablar de aplicación indebida. La aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección de un precepto, se trata de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. En nuestro caso el juzgado declaro como hecho probado el siguiente: PRIMERO: En fecha 14 de noviembre del año dos mil dieciséis, la señora Mayra Marleny Núñez Girón, quien se encontraba en estado de embarazo, transitaba por una colonia San Juan, de la ciudad de El Paraíso, cuando fue interceptada por los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres quienes utilizando armas de fuego, la obligaron por la fuerza abordar una camioneta Mitsubishi, Montero, color gris, la cual era conducido por el señor Erick Rolando Díaz Ortiz,( expareja) de la víctima. SEGUNDO: Una vez a bordo de dicha camioneta los señores Lester Edgardo Alvarenga Cáceres y Nelson José Alemán Fortín, eran los encargados de vigilarla y entre tanto el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, los trasladaba hasta el lugar conocido como El Achiotillal, en donde la bajaron y el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, la tomo del pelo y la llevo a cierto lugar, utilizando un arma blanca, le profirió dos heridas alrededor del cuello, dejándola tirada en el suelo y dándose de inmediato todos a la fuga. TERCERO: Posteriormente, la señora Mayra Marleny Núñez Girón, como pudo se levantó del suelo y salió hacia la carreta en busca de auxilio, en donde fue auxiliado por un individuo desconocido, quien la traslado al centro hospitalari565yyo, en donde fue intervenida quirúrgicamente. Por lo anterior mis representados fueron condenados a la pena de veinte años de reclusión. De lo dicho anteriormente, compete analizar un análisis jurídico del tipo penal que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia. El artículo 118-A del Código penal establece: incurre en el delito de feminicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigara con una pena de TREINTA (30) A CUARENTA (40) AÑOS DE RECLUSIÓN, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: 1) cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la victima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación a fin en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental. 2) cuando el delito este precedido de actos de violencia domestica intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia;3) cuando el delito este precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza y 4) cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infringido lesionados infamante, degradante o mutilaciones previas o posteriores a la privación de vida. Lo esencial de este tipo penal es saber ¿Quién es el sujeto activo? En todo caso tiene que ser del género masculino, el objeto del delito es dar muerte a una mujer por razones de género masculino, el objeto del delito es dar muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer, en tal sentido debemos entender por género: como la calificación de masculino o femenino. En cuanto al odio, la terminología “delitos de odio” se ha acuñado para definir a una categoría de conductas que presentan como factor significativo común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación. Los delitos de odio son aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado en: la discapacidad, la raza, origen étnico o país de procedencia, la religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social y cual otra circunstancia o condición social o personal. Cualquier persona puede ser victima de un delito de odio, con independencia de que pertenezca al grupo al que va dirigida la hostilidad o prejuicio. En el relato del hecho probado claramente se pueden observar que no concurren todos los elementos objetivos del tipo penal de femicidio en su grado de ejecución de tentativa, pues en el mismo no se refleja se haya cometido por razones de género, desprecio u odio por el solo hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres. Este término se introdujo al idioma español a partir de la segunda mitad de la década de 1990, a raíz de la traducción del concept aporta do Russell en el marco de las celebraciones sobre impunidad en los asesinatos de mujeres en la ciudad de Juárez en México, para poder expresar la gravedad de una conducta generalizad en la sociedad contemporánea, para lo que no había una palabra en especial. El CEDAW también ha señalado que la “violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en plano de igualdad con el hombre”. Según PALACIOS MEJÍA, la declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia, es entonces: “el arranque”, es un presupuesto necesario del fallo, porque mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el proceso: pero no integra propiamente la motivación de su decisión. La importancia del hecho probado en la sentencia penal, lo constituye que debe reunir todos los elementos de la tipicidad del delito requerido para llegar a una condena y todos los elementos facticos en que se fundamenta la sentencia, es una parte fundamental del fallo, el cual debe consignarse de manera precisa y circunstancial del hecho que se tuvo por demostrado que, evidentemente, ha de coincidir con lo acusado. La consignación del relato factico en la sentencia es fundamental, puesto que constituye la premisa fáctica del silogismo en que la misma consiste, y supones el pronunciamiento sobre lo que es realmente objeto del proceso (los hechos). Debe rechazarse, así, la construcción de un relato de hechos por remisión al contenido al contendido de las actuaciones, sea el contenido de una pericia o de un documento que obre en las actuaciones. La declaración de hecho probados en la sentencia deberá consistir en un auténtico relato factico, por eso es su vital importancia en la sentencia. Con lo argumentado, se deja evidencia que el Honorable Tribunal de Sentencia de Danli aplico indebidamente el articulo 118-A DEL Código Penal al subsumir equivocadamente la conducta del imputado en d delito de femicidio, pues en ninguna parte del factum cuestionado se logra extraer la intención de cometerlo por despreció u odio por el solo hecho que la víctima es mujer. Del mismo relato se desprende que los hechores andaban armas de fuego, si la intención de mis representados hubiese sido quitarle la vida a la señora Mayra Marleny Núñez Girón lo hubiesen hecho y sin ningún impedimento para ejecutarlo. En el hecho probado no se refleja actos tendientes a causar un daño físico con despreció o tratos crueles e inhumanos por cuestiones de género. Una vez realizada la intención (causar un daño a la integridad física) en contra de la víctima, los hoy acusados por iniciativa propia proceden abandonar el lugar de los acontecimientos, sin que haya un obstáculo para cometer el delito de acusado, del presente análisis podemos establecer que no se cumplen con todos los requisitos del artículo 15 del Código Penal. Las exigencias subjetivas (odio, desprecio por razones de género) del tipo penal de Femicidio, no fueron probadas en el juicio oral y público, por ende, el tribunal no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico, pero si recoge la problemática que se dan entre los ex -cónyuges por haber mantenido una relación de pareja y que no necesariamente se califica por el delito acusado. Por nuestra parte diremos que es inaudito e inaceptable para un tribunal de sentencia que le ha acarrea perjuicio a mi poderdante en no aplicarle el injusto penal acusado, dicho yerro solo pueden corregirlo ustedes Honorables Señores Magistrados de esta Sala de lo Penal, al declarar aplicación indebida del articulo 118-A del Código Penal, hacer un análisis exhaustivo del hecho probado claramente se puede determinar que se configuran todos los elementos del tipo penal de Violencia intrafamiliar agravada, misma que está sancionada en el artículo 179-B del Código al vigente, donde establece: "Será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años quien haga objeto de malo tratamientos de obra a su cónyuge, excónyuge, concubina, exconcubina o a la persona con quien haya procreado un en cualquiera de las circunstancias siguientes: a)...b) Le infiera grave daño corporal. c)... La violencia intrafamiliar es ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación que se producen en el seno de un hogar o la expareja y que se perpetra por lo menos un miembro de la familia contra algún otro familiar. En nuestro caso en el factum de la sentencia recurrida se configuran todos los elementos de la normativa antes citada, ya que se logró determinar que el acusado Erick Rolando Diaz Ortiz era la ex pareja de la hoy víctima, la intención en todo caso fue ocasionarle un grave daño en la integridad física de la ofendida (dos heridas alrededor del cuello, sin especificar la gravedad de las mismas), mas no la de cometer el delito de femicidio. En cuanto a los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres se desprende que interceptaron a la víctima, quienes utilizando la fuerza la obligan abordar un vehículo que era conducido por el señor ERICK ROLANDO DIAZ ORTIZ y posteriormente se encargaron de vigilarla, con estas acciones queda evidenciado que solamente colaboraron en la ejecución del hecho. En todo caso se trata de una situación de celos, siendo estos una problemática profunda que se remite a la historia de la especie humana, cumpliendo así funciones específicas relacionadas con la supervivencia que Involucra hombres y mujeres, que manifiestan la emoción de los celos de diferentes formas por ejemplo los actos violentos por medio de los cuales el hombre siente que sus derechos deben quedar claros, mientras que la mujer busca llamar la atención de su pareja. En el juicio oral y público y sin ánimo de valorar la prueba evacuada solamente a manera de ilustración, quedó demostrado según la declaración del señor Armando Said Morazán Sánchez que todo se origina por celos del señor Erick Rolando Díaz Ortiz al manifestar: "actualmente es pareja sentimental de la señora Marleni Núñez, cuando la conocía se encontraba dejada del señor Erick Diaz Ortiz, después de un tiempo ella le decía que el (refiriéndose al todavía la llamaba por teléfono, la insultaba, y que otras veces le reclamaba del porque la había dejado". INTERPRETACION PRETENDIDA. Los Juzgadores incurrieron en la sentencia en aplicación indebida, al invocar el articulo 118-A del código penal que se refiere al delito de Femicidio que es ajeno a verdad consignada en el hecho probado, apreciándose la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se duce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados, por lo que pretendemos que el Tribunal de Casación fique la conducta por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en contra ERICK ROLANDO DIAZ Y COMPLICES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR contra de NELSON JOSE ALEMAN FORTIN Y LESTER EDGARDO WARENGA CACERES fundamentado en el artículo 179-B del Código Penal .FUNDAMENTOS DE DERECHO. fundó el presente recurso de Casación en los artículos 80 y 82 de la Constitución República; 14, 179-B del Código Penal; 359, 360, 363, 364 y 366 del Código Procesal Penal; 8 numeral 2, inciso h) de la Convención Americana sobre derechos Humanos. PETICIÓN. Honorable Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, reiterándole mi respeto PIDO: Tener por formalizado el presente Recurso de casación por Infracción de Ley en tiempo y forma, junto con la copia simple que acompaña, darle el trámite de ley y conceder vista a la parte contraria para que pronunciarse sobre el contenido del recurso, emplazar a las partes para que se personen a la Corte Suprema de Justicia con remisión de las actuaciones para Tribunal Supremo dicte lo procedente conforme a derecho. Danli, El Paraíso 14 de febrero del 2019. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de LeyEstablece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo• Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 118-A y 179-B en relación con el artículo 15 y 33 del Código Penal decreto 144-83; • Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la figura delictiva de femicidio tentado; y falta de aplicación del delito de violencia intrafamiliar agravada. • Pretensión: Sea declarado con lugar el recurso, que el Tribunal de Casación califique la conducta por el delito de violencia intrafamiliar, señalado en el artículo 179-B del Código Penal. La defensora pública señala que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danli, El Paraíso ha hecho una aplicación indebida de la norma penal que contiene el delito de femicidio; al subsumir equivocadamente la conducta del imputado en el delito de femicidio, explica que en ninguna parte del factum cuestionado se logra extraer la intención que el sujeto activo haya realizado la conducta motivado por odio o desprecio al sujeto pasivo por su condición de mujer, alerta que los sujetos activos andaban armas de fuego, si la intención hubiese sido de quitarle la vida a la víctima lo hubiesen hecho sin ningún impedimento. Además, consideró que del hecho probado no se reflejan actos tendientes a causar un daño físico con desprecio o trato crueles e inhumanos por cuestiones de género. Del delito de Femicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este tribunal afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art. 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio doloso y culposo, homicidio cualificado, asesinato, parricidio y femicidio. El delito de femicidio, protege la vida independiente de la mujer, sancionando al hombre que realice la conducta; el legislador, con la creación de un tipo penal con sujeto activo y pasivo cualificado, hace un reconocimiento de que la vida de la mujer requiere especial protección y un reproche bastante profundo, cuando sea objeto de agresión por parte de un hombre.- El delito de femicidio estaba tipificado en el otrora vigente Código Penal 144-83 en el artículo 118-A el que indicaba: “Incurre en el delito de Femicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigará con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: 1) Cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la victima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental; 2) Cuando el delito esté precedido de actos de violencia doméstica intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia; 3) Cuando el delito este precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza; y, 4) Cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesionados infamante, degradante o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.”. La construcción típica permite identificar como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto Activo cualificado: El responsable del delito debe ser una o varias personas del género masculino; b. Sujeto Pasivo cualificado: debe ser una mujer, diferente a: i.- Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y iii.- Diferente a la presidenta de un Poder del Estado de Honduras o un jefa de Estado o jefa de Gobierno de un Estado extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la mujer como bien jurídico protegido, por cuanto debe ser una persona ya nacida y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre viva al momento de sufrir el delito; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida. La conducta criminosa debe preceder de circunstancias específicas, entre ellas que entre el sujeto activo (hombre) y el sujeto pasivo (mujer), exista o haya existido una relación sentimental de pareja, reconocida por la ley (matrimonio, unión de hecho) o no reconocida (relación de hecho, noviazgo o relación sentimental clandestina). e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, incluyendo mediante alevosía, premeditación, grandes estragos, ensañamiento o mediante riña tumultuaria, pues aun cuando tales modalidades pertenezcan a otras figuras delictivas, la especialidad que determina los sujetos activos, pasivos y el elemento subjetivo hace que el femicidio sea preferente;f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo, el tipo penal de femicidio requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Además, también como elemento subjetivo, se requiere que el sujeto activo actúe por “razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer”; que implica que el sujeto activo busque comprometer o limitar el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer desde una posición de género: i.- Queriendo valerse de una ventaja física que la biología masculina le proporciona; y/o ii.- Queriendo valerse de la posición social que desarrolla una dinámica errónea de que tiene el derecho de dirigir, mandar y disponer sobre aspectos de la vida de la mujer por encima de sus propios deseos; situaciones que implican desprecio a la dignidad de la persona a razón del género de la víctima. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio, las siguientes: Según su Estructura: i.- Tipo Penal Especial: por describir un modelo de comportamiento humano a partir de un delito básico (homicidio); ii.- Tipo Penal Simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; a. Según su Contenido: i.- Tipo Penal de Resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal Cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; b. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal cualificado, al exigir que el responsable debe ser necesariamente una persona del género masculino; c. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal pluri-ofensivo, al proteger no solo la vida independiente, sino que además la dignidad de la mujer; ii.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. El delito de femicidio es el tipo penal evolucionado del de homicidio.- Los tipos penales referidos tienen como puntos equidistantes: objeto del delito y conducta criminosa, siendo sus puntos desiguales, la cualificación de los sujetos activos y pasivos y el elemento subjetivo por un dolo reforzado, lo que marca una conducta aún más reprochable, justificándose una punibilidad también distinta: una pena de reclusión de veinte (20) a treinta (30) años (pena igual que para el delito de asesinato). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, a partir de lo alegado por la recurrente, ha hecho confrontación de la norma penal sustantiva: artículo 118-A del Código Penal decreto 144-83, que contiene el delito de femicidio, con la narración histórica que se ha fijado en la sentencia como hecho declarado probado, determinando que existe identidad entre uno y otro, es decir el supuesto situacional de la norma se ve reproducido en el factum. Los hechos declarados probados, como verdades incuestionables, señalan: • Los señores Erik Rolando Díaz y Mayra Marleny Núñez Girón, habían sostenido una relación sentimental, estableciéndose como compañeros de hogar; • El día 14 de noviembre del año 2016, a la 1:30 pm. la señora Mayra Marleny Núñez Girón, transitaba por una calle de la colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso; los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, se aproximaron a la señora Núñez Girón, y apuntándola con armas de fuego la obligaron a subirse a un vehículo tipo camioneta color gris, el cual era conducido justamente por su ex compañero de hogar el señor Erick Rolando Díaz Ortiz, llevándola hasta un lugar conocido como el Achiotial, la bajaron del vehículo, es tomada por el pelo por parte del señor Erick Rolando Díaz Ortiz, quien le propinó con arma blanca dos heridas alrededor del cuello para luego dejarla tirada en el suelo, huyendo del lugar los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres. Posteriormente la señora Mayra Marleny Núñez Girón se levantó del suelo y salió a la carretera en busca de auxilio; siendo auxiliada por un desconocido quien la trasladó a un centro hospitalario donde fue intervenida quirúrgicamente. El relato fáctico da cuenta de una conducta alevosa por parte del acusado, quien con una clara intención de matar, quien con ayuda de dos personas más del sexo masculino, los imputados Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, interceptan a la ofendida y la amenazan con armas de fuego, es introducida en un vehículo que era conducido por su excompañero de hogar Erick Rolando Díaz Ortiz, luego es conducida hasta cierto lugar donde este procede a atacarle con un arma blanca, infiriéndole dos heridas a la altura del cuello, pero no logrando su cometido ello por la reacción de la ofendida, quien logró salir del lugar donde fue abandonada y fue auxiliada y conducida a un centro hospitalario por un tercero desconocido y logra salvar su vida. Empero, la resolución delictiva del acusado era firme, primero al asegurarse que ésta no pudiera repeler el ataque al verse sometida por los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres (valiéndose de la ventaja física que la biología masculina les proporciona a todos los actores);quienes amenazándola con arma de fuego, la suben a la camioneta, una vez adentro se aseguran que ésta no tuviera la opción de huir, la conducen hasta un lugar donde la sometieron, es bajada por estos, para que el señor Erick Rolando Díaz Ortiz pudiera asestarle dos heridas con una arma blanca en su cuello, parte vital del cuerpo humano, para luego dejarla tirada en el suelo y huyendo del lugar junto con los señores Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, pero el plan de los autores no pudo concretarse, esta vez por ser interrumpido por una persona de sexo masculino que atendió el llamado de auxilio a favor de la ofendida. Lo anterior devela una conducta de desprecio hacía la ofendida en su condición de mujer: no solo por el hecho de intentar privarle de la vida, sin importar que esta se encontraba en estado de gestación y que había sostenido una relación sentimental que motivó cohabitación con el señor Erick Rolando Díaz Ortiz; sino porque dicho ataque fue realizado en vía pública y utilizando armas de fuego: el acusado y sus acompañantes (los co-imputados) estaban conscientes que de que su actuar llamaría la atención, deseando exhibir su desprecio hacia la ofendida. El reclamo de la recurrente no es atendible, dado que la descripción del factum, permite establecer que el hecho fue cometido por los acusados quienes actuaron alevosamente y con desprecio a la que había sido la compañera de hogar de uno de estos; cumpliéndose así todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de femicidio. Decisión: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de Lex Praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017 (Art. 616 CP): • Determinación de la pena concreta conforme al CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; • Determinación de la pena concreta conforme al CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y • Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal, previo a la decisión. C.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, como autores responsables de un delito de femicidio tentado, en perjuicio de la señora Mayra Marleny Núñez Girón, la pena principal de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal decreto 130-2017, como delito de femicidio (Art. 208), con una tipología básica y agravada, previéndose dos penas principales, más penas accesorias, a saber: a. Tipo Penal básico con dos penas principales: i.- Prisión de 20 a 25 años; y ii.- Reglas de conducta previstas en el Art. 210 último párrafo en relación con el artículo 51 CP, de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. Pena que debe rebajarse 1/4 cuando se trate de delitos en tentativa acabada (Art. 62 NCP), siendo la nueva pena abstracta: i.- Prisión de 15 años a 20 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión; o b. Tipo Penal agravado cuando, entre otros, concurra alevosía o cuando entre el sujeto activo y pasivo haya existido cohabitación; con dos penas principales: i.- Prisión de 25 a 30 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión.- Pena que debe rebajarse en 1/4 cuando se trate de delitos en tentativa acabada, siendo las nueva pena abstracta: i.- Prisión de 18 años 9 meses a 25 años; y ii.- Reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. En el caso de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres , conforme a los hechos probados, realizaron la conducta en perjuicio de la persona que fue la compañera de hogar del primero de los acusados y además bajo la modalidad criminosa de alevosía y premeditación (femicidio agravado); a pesar que ejecutaron todos los actos que debieron provocar la muerte de la ofendida, ésta no se produjo (tentativa acabada); conducta que castiga el NCP con la pena de prisión de 18 años 9 meses a 25 años y reglas de conducta de 03 meses a 10 años, a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 al caso conocido en contra de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres, esto no solo porque la pena principal individualizada de 20 años de reclusión se encuentra dentro del marco abstracto previsto en la nueva normativa penal (de 18 años 9 meses a 25 años de prisión), sino porque en conjunto el CP-144-83 les es más beneficioso al prever una única pena principal, entretanto el CP-130-2017 prevé dos penas principales para el mismo delito: la prisión y las reglas de conducta a cumplir en un plazo de 3 meses a 10 años de manera sucesiva a la pena de prisión. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 118-A en relación al artículo 15, 179-B en relación con el artículo 33 del Código Penal, decreto 144-83 616 del Código Penal decreto 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la abogada Ingrid García Gaytán, en su condición de defensora pública, de los señores Erick Rolando Díaz Ortiz,Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres a quienes se les condenó por el delito e Femicidio en su grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Mayra Marleny Nuñez Girón. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, a las conductas reprochadas a los ahora condenados Erick Rolando Díaz Ortiz, Nelson José Alemán Fortín y Lester Edgardo Alvarenga Cáceres. Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho (f. 55), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danli, Departamento de El Paraíso. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a nueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-257-2019. Wily Alexander Medina PerezRECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL”