Sentencia CP-253-19 — Registro 17730
Resumen
En primer instancia se condena al menor infractor por la infracción penal de homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: El censor plantea un recurso por Quebrantamiento de Forma bastante confuso, no logra establecer cuál ha sido la regla de la sana crítica que según el recurrente ha resultado violada por el Juzgador de instancia, presentándose el motivo como falto de claridad y precisión, tornándose totalmente ineficaz para las pretensiones del impetrante, denunciando vicios de diferente naturaleza arguyendo que: 1)‘’Del análisis de la sentencia de merito concluimos que los hechos probados no se derivan de elementos probatorios concluyentes evacuados en juicio…’’ posteriormente manifiesta el censor ‘’Al analizar los dos hechos probados, los mismos de forma imperativa deben tener sustento probatorio a través de los razonamientos que realice el Juez, y necesariamente debe quedar así plasmado en la valoración de la prueba de la sentencia; por lo que si analizamos la prueba en su conjunto evacuada en el caso sub judice, no nos explicamos como el Juzgado sentenciador pudo llegar al razonamiento de culpar a mi defendido por la infracción penal de Homicidio Simple basándose en prueba de cargo contradictoria…’’, motivo asociado al artículo 362.1 del Código Procesal Penal. Aunado a ello el recurrente hace mención en relación a dos medios de prueba de cargo consistentes en actas de levantamiento de cadáver (f 24-34), arguyendo que se contradicen con la declaración del Testigo Protegido con clave ‘’Águila A1’’ ya que al establecer en la narración de hechos plasmada en el acta (f 31) manifiesta el Teniente Coronel Cesar Joaquín Canales ‘’que el día de hoy converso con un primo del hoy occiso de nombre Alcides Canales, el cual les manifestó que el día 18 de mayo del año 2018 a eso de las 22:40 horas de la noche, él se encontraba departiendo en un establecimiento cerca del Banco Central, cuando disponían a retirarse del lugar cuando ya iban hacia Laguardia de honor un vehículo paso en dirección hacia San Pedro Sula, empezó a dispararles impactándole en la humanidad de Melvin Medardo Cruz Corrales...’’. El Medio de prueba documental consistente en el acta de levantamiento de cadáver tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno al proceso de levantamiento de cadáver siendo así el estudio médico legal que realiza el forense con la colaboración del equipo de profesionales de las ciencias forenses, de todo lo existente en el lugar de los hechos o del lugar del hallazgo del cadáver o restos humanos, con la finalidad de establecer el tipo de muerte, que puede ser: violenta, natural o sospechosa de criminalidad. Es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe esta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico. Siendo así que éstos no aportan información que percibieron accidentalmente a través de sus sentidos, los peritos ilustran al Tribunal con opiniones basadas en sus conocimientos especializados, ya sea por ser estudiosos de un campo de la ciencia o por tener la experiencia en un arte u oficio determinado. 2) Más adelante expresa que no existió prueba de absorción atómica que indicara que fuese su representado quien disparara contra la víctima, careciendo así el Ministerio Publico de pruebas como el arma y casquillos. Hace gravitar su motivo en torno a medios de prueba que no fueron propuestos por las partes procesales tal y como se puede apreciar en audiencia de proposición de medios de prueba de fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve (f81-83) y en audiencia de juicio oral y reservado de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, en su apartado de incidentes, donde las partes nuevamente no proponen los medios de prueba antes mencionados, por lo tanto los mismos no fueron objeto de reproducción del debate, ni entraron a formar parte del conjunto probatorio, consecuentemente, que no pueden ser valorados (positiva o negativamente) por la Juez, confundiendo así y constituyendo un motivo totalmente diferente. En todo el planteamiento del recurso, no se logra establecer cuál ha sido la regla de la sana crítica que según el recurrente ha resultado violada por el Juzgador de instancia, presentándose el motivo como falto de claridad y precisión, tornándose totalmente ineficaz para las pretensiones del impetrante. Este Tribunal de Casación ha sostenido reiteradamente que “Es criterio jurisprudencial de la sala que el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo” (véase sentencias pronunciadas en expedientes SP 23- 2010, SP 164-09), señalamiento que no ha verificado el recurrente, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo. No obstante, esta Sala de lo Penal, aprecia que el censor realiza una revaloración y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron contradicciones en la prueba. Los argumentos del recurrente arriba señalados, confirman la indebida técnica recursiva en la que incurrieron al revalorar la pruebas y expresar argumentos de instancia, razones suficientes para declarar no ha lugar el recurso de casación presentado. DECISIÓN Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la abogada Claudia Pereira en su condición de defensora pública..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-253-2019, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian: En Nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 253-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Que debo condenar y condeno a J. A. D. H. por la infracción de Homicidio, en perjuicio de Melvin Medarno Cruz Canales, se declara responsable criminalmente, ante la situación se le impone la sanción estipulada en el artículo 195 literal 3 del código de la Niñez reformado en centros certificados o especializados por la Dirección de la Niñez Adolescencia y Familia (DINAF), sanción que deberá cumplir por el termino de Cuatro Años contando el tiempo que se ha mantenido con medida cautelar de Detención. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Claudia Pereira en su condición de Defensora Pública del menor infractor J. A. D. H.. Son partes en única instancia: La Abogada Cristina Roque, fiscal del Ministerio Público, como recurrido; la Abogada Claudia Pereira, en su condición de defensor público del menor infractor J. A. D.. H., como recurrente. Hechos Probados De La Instancia “PRIMERO: Que el día viernes dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho, aproximadamente a eso de las 10:40 de la noche, en la colonia Las Brisas, por el parquecito que se encuentra ubicado esquina opuesta del Banco Central, específicamente por las palmeras, previo a estar tomando cervezas con unos amigos en una pulpería de la zona, decide marcharse a pie por la orilla del bulevar Fuerzas Armadas el señor MELVIN MEDARDO CRUZ CANALES, cuando de repente se le acercaron dos sujetos del sexo masculino, con las siguientes características: uno de ellos vestía camisa blanca, pantalón oscuro, tenis y gorra quien fue identificado con el alias "Empachado", y el otro vestía camisa blanca y pantalón oscuro siendo identificado con el de nombre J. A. D. H. alias L., quien lo intercepta y después de un forcejeo e irse a los golpes, le dispara en una ocasión con arma de fuego impactándole en el costado izquierda, quien es auxiliada por el testigo protegido y remitido en una patrulla de la policía nacional al Seguro Social, expirando al día siguiente en el hospital militar. SEGUNDO: Como resultado de las heridas que recibió el señor MELVIN MEDARDO CRUZ CANALES, según dictamen médico legal, la causa de muerte fue por: Herida por proyectil de arma de fuego, lo que le ocasiono shock hipovolemico (pérdida de sangre), encontrándose un orificio de entrada: en región pectoral izquierda, de 0.7 cm de diámetro con anillo de contusión de 0.3 centímetros de ancho excéntrico hacia arria, 7.5 cm de la línea media anterior del cuerpo y a 114 cm de la altura de los talones, b) trayecto de adelante hacia atrás de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda con laceración de la grasa subcutánea y de músculos anteriores y posteriores del abdomen, de musculo diafragma (musculo que separa cavidad toracidad de abdominal) intestino delgado e intestino grueso, c) orificio de salida en región inferior izquierda de la espalda, de 1.3 x 0,6 cm a 9 cm la línea posterior del cuerpo y 107 cm de altura del talón rodeada por un área de equimosis de 5 x 4.5 cm., 2) escoriación rojiza en región media izquierda de espalda de 7 x 1.5 om. Manera de muerte Homicida desde el punto de vista médico legal.” Recurso De Casación. Motivos Y Argumentos. La recurrente, Abogada Claudia Pereira, en su condición de defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera:“Único Motivo: Por haberse violentado en la valoración de las pruebas las reglas de la sana critica. Norma Adjetiva Infringida: Se invoca como normal adjetiva inobservancia la contenida en el artículo 202 del código procesal penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Explicación Del Motivo: PRIMERO: En la sentencia recurrida constan dos hechos probados (Primero y Segundo), y siendo de pleno conocimiento ser los mismos de gran importancia por vincular a una parte de la teoría general del derecho procesal, en especial del derecho probatorio cuando el juez frente al material de prueba recibido en el expediente debe proceder a valorarlo como un trabajo previo al dictado de la sentencia. Por lo que en el presente caso el Juzgado sentenciador llega a tener como hechos probados, situaciones que no se derivan de la prueba aportada en su conjunto en juicio oral y público, es decir que si bien es cierto que el Juzgador dispone de libertad para extraer de cualquier medio de prueba su propia convicción que lo conduzca a reproducir el hecho objeto del juicio oral al analizar la prueba, pero esa libertad de que dispone el mismo no debe considerarse de un modo absoluto ya que debe explicar las razones que lo conducen a decidirse por la prueba que mas le convence, explicaciones tal y como lo dice el Jurista Ángel Llorente Fernández de la Reguera en su libro los recursos página 123 "La valoración de la Prueba" que debe de realizarse de un modo razonable y razonado en el que prime la lógica, la Racionalidad y el sentido común para poder llegar a una conclusión cierta e incuestionable de esta manera es controlable en la casación y el proceso lógico que utilizo el Juzgador en su razonamiento al indicar por qué se ha decidido por cierta prueba para fundamentar su convicción a fin de verificar la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica y si en la valoración de la prueba se han observado las reglas de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. Es así que del análisis de la sentencia de mérito concluimos que los hechos probados no se derivan de elementos probatorios concluyentes evacuados en juicio, habiendo en tal sentido el tribunal declarado como probado los hechos siguientes: "PRIMERO: que el día viernes dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho, aproximadamente a eso de las 10:40 de la noche, en la Colonia las Brisas, por el parqueo que se encuentra ubicado esquina opuesta del Banco Central, específicamente por las palmeras, previo a estar tomando cervezas con unos amigos en una pulpería de la zona, decide marcharse a pie por las orilla del bulevar Fuerzas Armadas el señor MELVIN MEDARDO CRUZ CANALES, cuando de repente se le acercaron dos sujetos del sexo masculino, con las siguientes características: uno de ellos vestía camisa blanca, pantalón oscuro, tenis y gorra quien fue identificado con el alías "Empachado", y el otro vestía camisa blanca y pantalón oscuro siendo identificado con el nombre J. A. D. H. alias L., quien lo intercepta y después de un forcejeo e irse a los golpes, le dispara en una ocasión con un arma de fuego impactándole en el costado izquierdo, quien es auxiliado por el testigo protegido y remitido en una patrulla de la policía nacional al Seguro Social, expirando al día siguiente en el hospital Militar. SEGUNDO: Como resultado de las heridas que recibió el señor MELVIN MEDARDO CRUZ CANALES, según dictamen médico legal, la causa de muerte fue por Herida por proyectil de arma de fuego, lo que le ocasiono shock hipovolemico (pérdida de sangre), encontrándose un orificio de entrada: en región pectoral izquierda de 0.7 cm de diámetro con anillo de contusión de 0.3 centímetros de ancho excéntrico hacia arriba, 7.5. cm de la línea media anterior del cuerpo y a 114 cm de la altura de los talones, b) trayecto de adelante hacia atrás de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda con laceración de la grasa subcutánea y de músculos anteriores y posteriores del abdomen, de músculo diafragma (músculo que separa cavidad toracidad de abdominal) intestino delgado e intestino grueso, c) orificio de salida en región inferior izquierda de la espalda de 1.3 x 0.6 cm a 9 cm de la línea posterior del cuerpo y 107 cm de altura del talón rodeada por un área de equimosis de 5 x 4.5 cm, 2) Escoriación rojiza en región media izquierda de espalda de 7 x 1.5 cm. Manera de muerte Homicida desde el punto de vista médico legal". SEGUNDO: Por consiguiente al analizar los dos hechos probados, los mismos de forma imperativa deben tener sustento probatorio a través de los razonamiento que realice el Juez, y necesariamente debe quedar así plasmado en la valoración de la prueba de la sentencia; por lo que si analizamos la prueba en su conjunto evacuada en el caso sub judice, no nos explicamos como el Juzgado sentenciador pudo llegar al razonamiento de culpar a mi defendido por la Infracción Penal de Homicidio Simple basándose en prueba de cargo contradictoria: Como ser las dos actas de levantamiento de cadáver de fecha 19 de mayo de 2018 donde ambas son coincidentes que al ofendido Melvin Medardo Cruz Canales le dispararon desde un vehículo en marcha en dirección hacia San Pedro Sula, estableciéndose en dicha acta manifestar el Teniente Coronel Canales encargado del personal de la Guardia de Honor Presidencial que la persona que se acompañaba y se encontraba en el lugar de los hechos el día 18 de mayo de 2018 (Testigo Protegido Águila A1) quien le manifestó que desde un vehículo en marcha en dirección hacia San Pedro sula empezó a dispararles impactándole en la humanidad de Melvin Medardo Cruz, contradiciéndose con la declaración rendida por el Testigo Protegido "Águila A1" quien declaró: "Que el día viernes 18 de mayo del año 2018 aproximadamente de 8:00 s 10:30 de la noche se encontraba con el hoy occiso Melvin Medardo Cruz Canales departiendo bebidas alcohólicas en una pulpería sin rótulo de la colonia las Brisas de Comayagüela, quien lo invita a tomarse una cerveza, después de 2 horas y media de estar en la zona el señor Melvin les refiere que tiene que estar temprano en su trabajo de casa presidencial por lo que decide marcharse acompañándolo a tomar un taxi, por el puente peatonal quien después de 10 minutos de esperar, se despide y emprende su marcha solo a pie, por la orilla del bulevar fuerza armadas, uno de los amigos después decide acompañarlo quien camina tras él pero no logra alcanzarlo debido a que Melvin Medardo caminaba rápido por su entrenamiento militar, cuando iba cruzando por la posta policial de la zona que está cerca del parquecito recreativo esquina opuesta o el que está a la par del banco Central, lo interceptan dos individuos y exactamente en el muro perimetral donde están las palmeras empiezan a forcejear con uno de ellos mientras el otro bandereaba quien después de intercambiar golpes saco su arma de la cintura y le infirió un disparo quien posterior al hecho salieron corriendo por el callejón de las brisas rumbo a su casa de habitación, identificándolos plenamente a uno con el alias el empachado Y el otro como J. A. D. H. con el alias L., quien manifestó que los conoce desde hace años por haber vivido en la zona y también porque estaba iluminado, estando herido Melvin Medardo Cruz Canales cruza el bulevar Fuerzas Armadas y cae al suelo frente a la pulpería que se encuentra a unas casas de la gasolinera, después el decide cruzar también el bulevar para auxiliarlo quien de inmediato pide ayuda a una patrulla quien lo conduce al seguro social. Denotando a todas luces que dicho Testigo Protegido Águila Al cambió su versión de cómo sucedieron los hechos; por lo que tampoco su declaración concuerda con lo que se observó en el video, ni con la prueba científica ofertada y evacuada en juicio como ser el dictamen de autopsia final. TERCERO: Que todas estas contradicciones según las máximas de la experiencia generan duda razonable si en verdad dicho testigo Protegido Águila Al se encontraba el día de los hechos en dicho lugar y que hayan ocurrido de esa forma que él lo expresa, además el testigo protegido refiere que el presenció los hechos y que los victimarios únicamente lo observaron sin hacerle absolutamente nada, dejándolo ir del lugar; siendo así la lógica nos indica que cuando se dan este tipo de hechos los criminales o malhechores no dejan con vida ningún testigo presencial que posteriormente los pueda reconocer y denunciar ante las autoridades policiales, máxime cuando dicho testigo protegido manifiesto que eran conocidos porque se criaron en el mismo lugar, declaración esta que da lugar a dudas que no debió revertirse en contra de la inocencia de nuestro representado. Sumado a lo anterior lo declarado por el testigo protegido Águila Al no coincide con la prueba científica ofertada por el Ministerio Público como ser el dictamen final de Autopsia número AT - 1217 - 2014 ratificado por el Doctor RAMON ANTONIO SOSA en el cual se establece de igual forma los hechos en relación a que el 18 de mayo de 2018 a las 22:40 desde un vehículo le dispararon a la víctima. Asimismo se describen las lesiones encontradas en las cuales en ningún momento refiere que haya tenido golpes, hematomas, que pudieran tener relación con la supuesta versión narrada por el testigo Protegido Águila A1, quien dijo que previo al disparo hubieron intercambios de golpes entre la víctima y el victimario, extremo este que no concuerda con la prueba científica, claramente porque esto no ocurrió tal y como lo manifestó en juicio oral y público. Asimismo el dictamen si establece un orificio de entrada en región pectoral izquierda con anillo de contusión y la trayectoria de la bala dentro del cuerpo el disparo lo recibe de frente y de arriba hacia abajo, lo que indica que el disparador "estaba en una posición más elevada o que la víctima haya estado en el suelo" hecho científico que contradice totalmente la versión narrada en la audiencia de juicio oral por el testigo protegido Águila A1, es importante resaltar que el orificio de salida tiene una equimosis alrededor que generalmente se produce cuando la parte del cuerpo por donde sale la bala está apoyada sobre una superficie firme que podría ser el piso o una pared, es decir que la versión del testigo protegido de que el disparo fue de frente y que ambos estaban parados en vía pública, contradice las pruebas científicas la cual es irrefutable. Otra situación que puso ocurrir al momento del disparo fue que la víctima estuviera con el tronco inclinado hacia delante cuando recibió el disparo y que esté de acuerdo con la trayectoria que refiere el dictamen forense, o podría ser que ambos estuvieran parados pero que la víctima fuera mucho más baja que el agresor. Mas sin embargo en el juicio oral a pregunta de la defensa pública el testigo Protegido Águila Al estableció claramente que la víctima Melvin Medardo Cruz era mucho más alto que su agresor por lo que queda completamente evidenciado que lo narrado por este testigo protegido es espurio faltando a la verdad, siendo su declaración inverosímil narrando unos hechos imposibles y difíciles de creer según la ciencia y las máximas de la experiencia. Asimismo con el medio de prueba ofertado por el Ministerio Público consistente en los videos vaciados de las cámaras del Banco Central ubicado en las Brisas, lo que quedo claramente demostrado es la falta a la verdad por parte del testigo protegido Águila A1 que fue a declarar ante ese Juzgado, esto lo decimos porque dicho testigo protegido manifestó en su declaración que el día del hecho cuando Melvin cae herido al otro lado del boulevard solo estaban ellos dos, es decir el herido y él, que no habían más personas, sin embargo este dicho por el testigo protegido Águila A1 se contradice con lo observado en el video extraído de las cámaras del Banco Central donde se observa a una persona en el suelo donde se acercan más personas al lugar, por consiguiente el testigo protegido Águila A1 faltó a la verdad en su dicho. Por último queremos manifestar que no existió prueba relacionada con el arma de fuego utilizada para darle muerte al ofendido Melvin Medardo Cruz, asimismo no existió prueba de absorción atómica que indicara que fuese mi representado quien disparara contra la víctima en vista que el mismo no fue detenido en flagrancia, además los ententes investigadores como el Ministerio Público carecieron de pruebas como el arma y los casquillos obtenidos en la escena del crimen, como tampoco se pudo establecer que tipo se arma se utilizó, siendo así podemos concluir que el Ministerio Público imputa a mi representado la infracción penal de Homicidio Simple a título de autor directo, existiendo únicamente la declaración del testigo protegido águila A1, que ubica a nuestro representado como la persona que le dio muerte a la víctima Melvin Medardo Cruz, sin embargo al confrontar su dicho en juicio oral con la prueba de cargo aportada por el ente Fiscal como ser la prueba científica denota inferirse el ánimo doloso de querer incriminar a mi representado, desconociendo en esta audiencia por la protección que tiene y goza el testigo como protegido, mismo que pudiera tratarse de un enemigo personal en vista que a todas luces ha faltado a la verdad al evidenciarse en las múltiples contradicciones observadas y descritas en este recurso, contradicciones estas que se vuelven únicamente sospechas, dudas o verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de nuestro representado. TERCERO: Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del menor Infractor, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar al menor J. A. D. H., no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad del menor infractor como autor por el delito de "HOMICIDIO SIMPLE" en vista que no podemos presumir que él fue porque la declaración del testigo protegido de cargo Águila A1 como indicios no pudieron ser verificados con hechos perfectamente acreditados, más bien contradiciéndose con la prueba científica violentándose así las garantías que le asisten a mi representado.- Por consiguiente como defensa del menor infractor consideramos que el pronunciamiento condenatorio del Juzgado Sentenciador se sustentó esencialmente en prueba indiciaria no sustentada por otra prueba quedando huérfana la misma; violentándose así la Regla de la Lógica constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, siendo esta última ignorada por el Juzgador sentenciador. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación del detenido para conocer la actividad realizada por este.- Por todo ello los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical, pericial y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que nos permita emitir una sentencia objetiva como debe ser y que sea una prueba confiable como para condenar por autor de la infracción penal de "Homicidio Simple" a mi representado J. A. D. H., debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es a título de autor, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser basado en elementos de pruebas suficientes como para extraer una conclusión cierta y terminante de culpabilidad del menor Infractor como lo manda la ley de la derivación como para dictar un fallo condenatorio, tomando en consideración como se ha supra indicado que existió prueba científica que se contradecía con la declaración del único testigo Protegido Águila A1 que es la que no hubiera dejado ninguna duda sobre la participación o no en el hecho delictivo, máxime en un caso como el que nos ocupa, lo que propicia el reproche del fallo condenatorio por esta vía impugnativa.’’ fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye el recurrente que en el caso de mérito se han infringido las reglas de la sana crítica, debido a que el sentenciador al dictar su fallo debió ser basado en elementos de pruebas suficientes como para extraer una conclusión cierta para acreditar la participación de su representado. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De La Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa[1], explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes: El censor plantea un recurso por Quebrantamiento de Forma bastante confuso, no logra establecer cuál ha sido la regla de la sana crítica que según el recurrente ha resultado violada por el Juzgador de instancia, presentándose el motivo como falto de claridad y precisión, tornándose totalmente ineficaz para las pretensiones del impetrante, denunciando vicios de diferente naturaleza arguyendo que: 1)‘’Del análisis de la sentencia de merito concluimos que los hechos probados no se derivan de elementos probatorios concluyentes evacuados en juicio…’’ posteriormente manifiesta el censor ‘’Al analizar los dos hechos probados, los mismos de forma imperativa deben tener sustento probatorio a través de los razonamientos que realice el Juez, y necesariamente debe quedar así plasmado en la valoración de la prueba de la sentencia; por lo que si analizamos la prueba en su conjunto evacuada en el caso sub judice, no nos explicamos como el Juzgado sentenciador pudo llegar al razonamiento de culpar a mi defendido por la infracción penal de Homicidio Simple basándose en prueba de cargo contradictoria…’’, motivo asociado al artículo 362.1 del Código Procesal Penal. Aunado a ello el recurrente hace mención en relación a dos medios de prueba de cargo consistentes en actas de levantamiento de cadáver (f 24-34), arguyendo que se contradicen con la declaración del Testigo Protegido con clave ‘’Águila A1’’ ya que al establecer en la narración de hechos plasmada en el acta (f 31) manifiesta el Teniente Coronel Cesar Joaquín Canales ‘’que el día de hoy converso con un primo del hoy occiso de nombre Alcides Canales, el cual les manifestó que el día 18 de mayo del año 2018 a eso de las 22:40 horas de la noche, él se encontraba departiendo en un establecimiento cerca del Banco Central, cuando disponían a retirarse del lugar cuando ya iban hacia Laguardia de honor un vehículo paso en dirección hacia San Pedro Sula, empezó a dispararles impactándole en la humanidad de Melvin Medardo Cruz Corrales...’’. El Medio de prueba documental consistente en el acta de levantamiento de cadáver tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno al proceso de levantamiento de cadáver siendo así el estudio médico legal que realiza el forense con la colaboración del equipo de profesionales de las ciencias forenses, de todo lo existente en el lugar de los hechos o del lugar del hallazgo del cadáver o restos humanos, con la finalidad de establecer el tipo de muerte, que puede ser: violenta, natural o sospechosa de criminalidad. Es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe esta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico. Siendo así que éstos no aportan información que percibieron accidentalmente a través de sus sentidos, los peritos ilustran al Tribunal con opiniones basadas en sus conocimientos especializados, ya sea por ser estudiosos de un campo de la ciencia o por tener la experiencia en un arte u oficio determinado. 2) Más adelante expresa que no existió prueba de absorción atómica que indicara que fuese su representado quien disparara contra la víctima, careciendo así el Ministerio Publico de pruebas como el arma y casquillos. Hace gravitar su motivo en torno a medios de prueba que no fueron propuestos por las partes procesales tal y como se puede apreciar en audiencia de proposición de medios de prueba de fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve (f81-83) y en audiencia de juicio oral y reservado de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, en su apartado de incidentes, donde las partes nuevamente no proponen los medios de prueba antes mencionados, por lo tanto los mismos no fueron objeto de reproducción del debate, ni entraron a formar parte del conjunto probatorio, consecuentemente, que no pueden ser valorados (positiva o negativamente) por la Juez, confundiendo así y constituyendo un motivo totalmente diferente. En todo el planteamiento del recurso, no se logra establecer cuál ha sido la regla de la sana crítica que según el recurrente ha resultado violada por el Juzgador de instancia, presentándose el motivo como falto de claridad y precisión, tornándose totalmente ineficaz para las pretensiones del impetrante. Este Tribunal de Casación ha sostenido reiteradamente que “Es criterio jurisprudencial de la sala que el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo” (véase sentencias pronunciadas en expedientes SP 23- 2010, SP 164-09), señalamiento que no ha verificado el recurrente, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo. No obstante, esta Sala de lo Penal, aprecia que el censor realiza una revaloración y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron contradicciones en la prueba. Los argumentos del recurrente arriba señalados, confirman la indebida técnica recursiva en la que incurrieron al revalorar la pruebas y expresar argumentos de instancia, razones suficientes para declarar no ha lugar el recurso de casación presentado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la abogada Claudia Pereira en su condición de defensora pública. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Claudia Pereira, en su condición de Defensora Pública; 4) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha catorce de marzo del dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redacto Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al un día del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-253-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
[1] (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217)