Sentencia CP-252-19 — Registro 18053
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Asesinato y a uno de ellos por Encubrimiento en perjuicio de una menor, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal resuelve con base a las consideraciones siguientes: En el presente caso la recurrente presenta un recurso vació de contenido, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho que no hace una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, porque expone la infracción de dos preceptos constitucionales en un solo motivo, pero, además, porque los sustenta mediante argumentos propios de instancia tales como, las declaraciones de los testigos protegidos con claves, 26-03-15-A, 26-03-15-B, y 26-03-15-C: ‘’Esta defensa considera que las tres declaraciones no son contestes, ni veraces, pues las mismas son contradictorias entre ellas, y no se acredita con estas que el imputado José Noé Cárcamo Martínez hubiese participado en darle muerte a MENOR 1, o que hubiesen sucedido los hechos como determino en los hechos probados por el Tribunal de Sentencia al momento de dictar su fallo. Considero que el tribunal sentenciador no debió darle valor probatorio a la prueba testifical de cargo por ser la misma inconsciente y dudosa…’’ Posteriormente se observa que la recurrente fundamenta su recurso en plasmar así los hechos probados, la valoración conjunta de la prueba, los fundamentos jurídicos y la parte resolutiva, con relación al voto disidente emitido por uno de los miembros del tribunal. Mas la recurrente no confronta el contenido y alcances de los preceptos constitucionales que se arguyen como infringidos (debido proceso y estado de inocencia), con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, que es en todo caso lo que debe ser el objeto de impugnación del recurso. Elabora argumentos propios de instancia que más parecen aproximarse a un quebrantamiento de las formas procesales por infracción a las reglas de la sana crítica, pero que en esencia son valoraciones particulares y subjetivas de la recurrente. Siendo así la esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias, para lo que la censora deberá: a. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios); Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; b. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; c. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; d. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el Censor/a deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; e. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; Tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. La censora hace decaer el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados FABIO ROLANDO POSADA LARIOS Y JOSÉ NOÉ CÁRCAMO MARTÍNEZ, la pena principal de veinte (20) años de reclusión por ser autores responsables penalmente de un delito de ASESINATO, en perjuicio de MENOR 1, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193) cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Asimismo, se impuso al señor DIEGO ARMANDO LOPEZ ÁVILA, una pena principal de reclusión de tres años (03), por haber sido encontrado responsable del delito de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la persona responsable del delito de encubrimiento (Art. 513), debe de imponerse una pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que encubrió el acusado DIEGO ARMANDO LOPEZ ÁVILA fue un delito de asesinato el cual conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, artículo 193 código penal vigente, pena que como se ha indicado debe de ser rebajada en dos tercios (2/3) para determinar la pena abstracta de encubrimiento, siendo ésta de seis años ocho meses de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado DIEGO ARMANDO LOPEZ ÁVILA conforme el código penal decreto 144-83 al ser de tres años de prisión, es menor a la pena concreta que le puede corresponder conforme las normas del código penal decreto 130-17; Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-252-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de agosto del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian: En Nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 252-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los acusados Fabio Rolando Posada Larios Y José Noé Cárcamo Martínez, como responsables a título de autores del delito de Asesinato, en perjuicio de la niña MENOR 1 a la pena de Veinte (20) Años de reclusión, penas que deberán cumplir en el centro penal que designe el juez de ejecución de esta sentencia; quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. Segundo: Condenó al acusado Diego Armando López ÁVILA, como responsable a título de autor del delito de Encubrimiento, en perjuicio De La Administración Pública, a la pena de Tres (3) Años de reclusión; penas que deberá cumplir en el centro penal que designe el juez de ejecución de esta sentencia; quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: Absolvió de toda responsabilidad penal al señor Diego Armando Lopez Ávila, del delito de Asesinato en perjuicio de MENOR 1. Cuarto: Condenó a los señores Fabio Rolando Posada Larios y Jose Noe Cárcamo a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. Quinto: Condeno a Diego Armando Lopez Ávila a las penas accesorias de Inhabilitación Especial E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. Sexto: Declaró la responsabilidad civil de los señores Fabio Rolando Posada Larios y José Noé Cárcamo Martínez, la que debe hacerse efectiva en la fase de ejecución de la pena. Séptimo: No procede el comiso por no existir ninguna pieza de convicción en el presente juicio. Octavo: Exoneró en el pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Patricia Margarita Flores en su condición de Defensora Pública del señor Jose Noe Cárcamo Martínez. Son partes en única instancia: La Abogada Patricia Margarita Flores Martínez, en su condición de defensora pública del señor José Noé Cárcamo Martínez, como recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos Probados De La Instancia “PRIMERO: Que en fecha 24 de marzo del año 2015 a eso de las 10:57 de la mañana la niña MENOR 1, salió del instituto Central Vicente Cáceres junto a una compañera de clases cuando fue abordada por dos sujetos del sexo masculino que vestían el uniforme del Instituto Central Vicente Cáceres, conversaron y los cuatro se dirigieron con rumbo al bulevar de las fuerzas armadas. SEGUNDO: Minutos más tarde es vista dirigiéndose con rumbo al sector de la colonia la Esperanza ubicada frente al referido bulevar en compañía de José Noé Cárcamo, y dos sujetos más del sexo masculino; posteriormente es vista en las gradas del sector de las Flores, sector cinco conocido como el Picachito junto a José Noé Cárcamo Martínez, Fabio Rolando Posadas y dos sujetos más desconocidos dirigiéndose todos a la última casa de las gradas la cual está constituida por una sola pieza de material de madera, pedazos de playwood y techo de asbestos, donde procedieron a colocarle un pedazo de tela en la boca para amordazarla y evitar que esta gritara, le amarraron las manos y los pies con unos cordones blancos, para luego José Noé Cárcamo Martínez y Fabio Rolando Posadas le golpearon la cabeza, el abdomen, las piernas y luego asfixiarla provocándole la muerte. TERCERO: Horas más tarde siendo ya el día 25 de marzo del 2015 en horas de la madrugada trasladaron el cadáver de MENOR 1 a la terminal de buses de la ruta de Tiloarque cerca del edificio de Hondutel: el cual fue encontrado a eso de las 06:20 en horas de la mañana envuelta en costales de color blanco y sabanas de color blanco. CUARTO: En esa misma fecha siendo las 11:30 de la mañana llegó a la casa del sector 5 de las Flores donde perdió la vida MENOR 1, el joven Diego Armando López, quien le ordeno a tres jóvenes que estaban en dicho lugar que limpiaran la sangre de la casa porque la muchacha ya había salido por las noticias.” Recurso De Casación. Motivos Y Argumentos. La recurrente, Abogada Patricia Margarita Flores, en su condición de defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la siguiente manera: “Único Motivo: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 89 en relación con los artículos 1 y 90 de la misma carta magna, 8 no 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2 del código procesal penal. Norma Adjetiva Infringida: Se invoca como normal adjetiva inobservancia la contenida en el artículo 202 del código procesal penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del código procesal penal. Explicación Del Motivo: Las normas sustantivas infringidas son los artículos 89 de la constitución de la República que establece: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 90.- Constitución de la República: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…’’ Artículo 2 Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. Articulo 8 No.2 de las Garantías Judiciales. Convención Americana Sobre Derechos Humanos: "...Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...’’ PRIMERO: Artículos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencia, al considerar que se ha quebrantado el estado de inocencia de mi representado, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de "Asesinato". Para ello me referiré a la valoración de la prueba de cargo consistente en las declaraciones testificales de los testigos protegidos 26-03-15-A: Este testigo expresó que el día martes 24 de marzo del año 2015, salió como a eso de las nueve y media de la noche, pasó por el cuarto donde habían matado a la muchacha, en eso llegó a la casa y al día siguiente el día miércoles 25 no le tocaba trabajar, estuvo en la casa como a eso de las once y media de la mañana llegaron tres muchachos al cuarto de la Nueva Esperanza, sector las Flores, no estando él tan largo de ellos, llegaron al cuarto una chava y dos muchachos, estuvieron ahí un buen rato y como a las once y media llego Diego Armando Ávila Ponce, estuvo un rato y después salió y cuando iba por la ventana del cuarto donde ellos estaban miro la sangre en el piso que estaba derramada y que salía afuera, y les dijo a los muchachos que limpiaran allí, porque la muchacha había salido en las noticias por la televisión y por si llega la policía que no miraran nada, ellos se quedaron limpiando y no volvieron a llegar. Se refiere a las personas como Diego, el Roquerito, Fernanda la colocha y el chinillo. Describe el cuarto como de madera no pintado, un poco pequeño, no tiene puertas, ni ventanas el techo es de lámina. Describe a las personas que dijo ver en el lugar, y al momento de ponerle álbumes fotográficos no reconoce a José Noé Cárcamo Martínez. De este testigo esta defensa considera que es extraña la coincidencia de que ese da no trabajo, que su relato es poco creíble en el sentido que ese día estuvo toda la mañana pendiente de lo que hacían las personas a que se refiere que vio ese día en el cuarto, al grado de que dice que estuvo cerca de ellos y les escuchó lo que platicaban, y a pesar de esto no establece que lo hubiesen visto estas personas, más allá de esto que los jóvenes que refiere fríamente estuvieron más de dos horas platicando en el lugar en el cual dijo que estaba ensangrentado y luego se pusieran a limpiar por órdenes de Diego Ávila, pero si fuese cierto que estos estaban limpiando la escena donde ellos estaban para ocultar la muerte de la niña MENOR 1, se pregunta esta defensa ¿por qué no se llevaron una falda de tela color negro, un short de tela color azul y una sábana estampada, que fueron recolectados como indicios al momento de realizar la inspección ocular y recolección de indicios como consta en el acta elaborada por 409-15. Debido a estas observaciones considero que este testigo a faltado a la verdad en sus dichos, y el Tribunal no debió haberle dado valor probatorio. Con relación al Testigo Protegido 26-03-15-B: quien establece que el día martes 24 de marzo del año 2015, miro a ella (refiriéndose a MENOR 1), con tres muchachos que uno andaba vestido con el uniforme del central y los otros dos muchachos andaban de color ella andaba vestida con el uniforme del central, los miro a ellos subiendo por la cuesta de la Escuela Tomas Alvares Dolmo, como a eso de las doce del mediodía, ellos iban platicando normalmente hasta llegar a unas gradas y subieron hasta cierta parte se detuvieron y estuvieron platicando de dos a dos y media de la tarde, después miro que subieron todas las gradas, no la volvió a ver, hasta el 25 de marzo en las noticias. Declara que la vio con "cusu", "Fabio" u el "chinillo". Establece que ellos iban platicando normalmente, entre otras cosas le preguntaron que si los reconocería si se los pusieran a la vista, para lo que se le puso a la vista 3 álbumes y en ninguno de ellos reconoce a José Noé Cárcamo Martínez. El ministerio público en su afán de acreditar la participación de mi representado llevo posteriormente a la declaración de prueba anticipada a este testigo para que lo reconociera y lo que se hizo fue ponerlo atrás del testigo protegido, pero en su deposición al momento del interrogatorio de la Defensa manifestó: "yo no lo conozco, yo he escuchado de él". Al momento de considerar lo dicho por este testigo no es contundente en establecer que mi representado se hubiese llevado a la joven MENOR 1, va que no determino que alguna de estas personas que describe y dijo ver junto a la menor Fuese el encartado, y establece que ella se fue platicando con las personas con las que salió de Instituto Central, por lo que tampoco el Tribunal sentenciador debió haberle dado valor probatorio. Finalmente el testigo Protegido 26-03-15-C: manifestó que el dila veinticuatro de Marzo estaba en la pulpería con su novia y estaba con la niña, ella estaba con tres manes más y después al ratito se fueron caminado los cuatro para la colonia Nueva Esperanza y de allí no la volvía ver a la niña porque los manes se perdieron con la niña y después apareció en las noticias que la niña apareció muerta, describe a las personas que andaban con la joven MENOR 1 como el chinillo, Cusu y Víctor, y que Víctor y Cusu andaban con uniforme del central y Chinillo con una camiseta beige y chumpa rojo vino, testigo que contradice lo dicho por el testigo 26-03-15-B al describir las vestimentas diferentes. Este testigo es contradictorio hasta en sus dichos va que inicialmente establece que los vio irse a la colonia Nueva Esperanza v no los volvió a ver, pero luego en el interrogatorio modifica su versión ya que expresa que los iba siguiendo ya que dijo que los No ir hacia la casa loca. Dijo conocer bien a las personas con las que se fue la niña MENOR 1, pero al momento de identificar por medio de las fotografías al igual que los otros testigos no identifica al encartado. No debiendo en base a las reglas de la sana Critica haberle dado valor probatorio. De las declaraciones antes señaladas al valorarlas manifestó el A-quo que fueron suficientes para el esclarecimiento de los hechos y que con ellos se acreditaron que los jóvenes José Noé Cárcamo y Fabio Rolando Posadas Larios y compañía tuvieron oportunidad suficiente para engañar a MENOR 1, llevarla por su propia voluntad al sector y una vez confiada someterla amarrándole de pies y manos, proceder a golpearla en distintas partes del cuerpo para después entre ambos ponerle dos pedazos de tela en el cuello y asfixiarla mediante estrangulación". Pero esta defensa considera que las tres declaraciones no son contestes, ni veraces, pues las mismas son contradictorias entre ellas, y no se acredita con estas que el imputado José Noé Cárcamo Martínez hubiese participado en darle muerte a MENOR 1, o que hubiesen sucedido los hechos como lo determino en los hechos probados el Tribunal de Sentencia al momento de dictar su fallo condenatorio. SEGUNDO: En cuanto a la prueba documental consistente en: Autopsia No. 542-2015 emitida por Dra. Ana Florizel Molina, Dictamen de Serología Forense 2017-0801-0510-933 emitido por Dra. Cinthia Yaneth Moya Lanza, dictamen de biología Forense 2547-02015-0801-0523, 2015-0801-2850Dr. Saulo Romero, acta de inspecciones ocular y recolección de indicios 409-15, acta de levantamiento de cadáver numero 476-2015, álbum fotográfico, que se evacuaron en el juicio oral, lo único que se acreditó fue la muerte real de la joven MENOR 1 un hecho no controvertido. TERCERO: Se evacuo el dictamen de video forense 2015-0801-0508-03271, en el cual no se determinó fehacientemente quienes eran las personas puesto que el mismo perito estableció que se necesitaban fotografías de comparación para determinar si es o no una persona en especificó, este solo menciono a las personas como individuos enumerados. Asimismo, el dictamen de extracción de información digital emitido por Junior Edgardo Portillo, este medio de prueba no aportó información que influyera en el caso, igualmente el vaciado telefónico 97849885 ratificado por Hilda Leticia Casco. CUARTO: Considero que el Tribunal sentenciador no debió darle valor probatorio a la prueba testifical de cargo por ser la misma inconsistente y dudosa, siendo que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana critica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba sea dudosa y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba que da lugar a dudas no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales debemos "VENERAR" nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. QUINTO: Es necesario para continuar fundamentando este recurso mencionar que este fallo condenatorio no fue de manera UNANIME, debido a que existe el VOTO DISIDENTE de la Jueza de Sentencia WENDY CAROLINA RIVERA ESTRADA, el cual expresa: ".HECHOS PROBADOS, valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, la suscrita jueza disidente declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El dia 24de marzo del año 2016 a las once de la mañana, la joven MENOR 1, fue interceptada a inmediaciones del instituto Central Vicente Cáceres, por dos individuos no identificados, quienes la trasladaron a la colonia Nueva Esperanza, hacia el lugar denominado el Picachito, ingresándola a una casa de madera, donde perdió la vida, por asfixia. VALORACION CONJUTA DE LA PRUEBA. La jueza Disidente, valorando conjuntamente, conforme a las reglas de la sana critica, las pruebas practicadas en juicio han llegado a las siguientes conclusiones: Considera esta jueza Disidente que de los medios de prueba periciales como ser el acta de inspección ocular no. 476-2015, 490-2015, 196-2015 así como el dictamen de autopsia no 542-2015, relacionado con el dictamen de ADN y el análisis de patrón tricológico, dictámenes descritos en la sentencia y ratificados por especialista en la materia; nos acreditan la fecha y el lugar donde perdió la vida la victima MENOR 1, mas no acredita, quien fue la persona o personas que le quitaron la vida, en cuanto al dictamen 2015-0801-0508-03271 video forense, únicamente nos refleja cuando es interceptada la víctima en las afueras del instituto Central Vicente Cáceres, pero no nos brinda la certeza de quien o quienes son las personas con las que se ve irse a la víctima, con las pericias de vaciado telefónico Hilda Casco, la misma perito señalo no haber encontrado nada de utilidad para el caso, en relación a la extracción forense del celular propiedad de uno de los encausados Fabio Rolando Posadas, no brinda ningún dato relevante, más que en su agenda de contactos tuvo contacto con una persona denominada cuso, al analizar toda la prueba en su conjunto así como las declaraciones incorporadas por lectura de los testigos protegidos a, b, c, quienes manifiestan haber visto platicando normalmente a MENOR 1 y a dos encausados, no brinda certeza a esta juzgadora para acreditar que ellos hayan dado muerte a la misma, va que tal y como lo refirió el mismo ministerio Publico en sus conclusiones no se ha desarrollado prueba directa que incrimine a los mismos en dicho ilícito penal. FUNDALENTOS JURIDICOS. Primero: La Prueba Indiciaria. El indicio se define como una circunstancia o un hecho (indiciario) a partir del cual se puede llevar a conocer a otro desconocido (indicado). Doctrinariamente el indicio permite al Juez valore un hecho conocido a través de la inducción y lleque al convencimiento de la existencia de otro desconocido. La necesidad de ese hecho indiciario este debidamente probado en el proceso es indispensable, además deben existir otros indicios probados, no bastando uno solo, agrega a esto, el ligamento o vinculo existe entre el hecho indiciario y el indicado debe ser lógico, racional y por último, que todo lo anterior ser plasmado en la sentencia por el órgano sentenciador. Dicho lo anterior los indicios deben estar probado deber ser concomitantes, que debe existir pluralidad de indicios, que debe existir univocidad entre el indicio indicador con el indicado, que tenga homogeneidad inculpatoria, que permitan establecer un nexo lógico-causal entre el contenido de las pruebas indiciarias y las conclusiones obtenidas por la sala sentenciadora. Lo que a criterio de esta juzgadora no se da en el presente caso. SEGUNDO: Es criterio de esta Juez disidente en el oprese te caso, el Ministerio Público no aporto prueba alguna que quebrantase el estado de inocencia del mismo y por consiguiente precede emitir un fallo absolutorio a favor de los señores José Noé Cárcamo y Fabio Rolando Posadas. TERCERO: Para emitir una sentencia condenatoria contra determinada persona son necesarios dos requisitos indispensables: que se haya comprobado la comisión de un delito y haber determinado claramente y más allá de toda duda, tal y como lo establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, que el imputado haya participado en dicho ilícito. Es aquí donde se realiza la aplicación directa e inmediata de la presunción de inocencia, a la que como Tribunal estamos sometidos según lo que regula los artículos 26 párrafo primero de la Declaración Americana de derechos y deberes del Hombre, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 89 de la Constitución de la República de Honduras y 2 del Código Procesal Penal, tiene como efecto, en primer lugar, el desplazamiento de la carga probatoria sobre la acusación. Son las partes acusadoras quienes han de acreditar en el juicio oral los hechos constitutivos, los hechos que conforman el tipo penal, ya que sin la prueba de tales hechos no cabe imponer sentencia condenatoria alguna. Así pues, en irrestricto respeto al principio acusatorio y a la congruencia que debe existir entre la sentencia y la acusación, sin la prueba de cargo no procede imponer sentencia condenatoria alguna, va que no ha acreditado el ente acusador los extremos en que fundó su requerimiento inicial en vista de que no pudo acreditar la participación de los acusados en el hecho, en consecuencia no enervó la presunción de inocencia, por lo que procede entonces dictar un fallo absolutorio a favor de los señores José Noé Cárcamo y Fabio Rolando Posadas. PARTE RESOLUTIVA. Por todo ello, esta Jueza Disidente WENSY CAROLINA RIVERA E. FALLA: PRIMERO: ABSOLVER de responsabilidad penal a JOSE NOE CARCAMO Y FABIO ROLANDO POSADAS, cuyos datos de identificación se encuentran en el preámbulo de la sentencia, del delito de ASESINATO en perjuicio de MENOR 1. SEGUNDO: ordena el cese de la medida cautelar impuesta al señor JOSE NOE CARCAMO Y FABIO ROLANDO POSADAS, debiéndose extender la carta de libertad definitiva una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe la interposición del recurso de casación, dentro del término de (20) días hábiles. Este voto disidente afianza lo que esta defensa ha considerado que ha pasado con la sentencia condenatoria dictada por mayoría en contra de José Noé Cárcamo Martínez, esto es que se han vulnerado las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en cuanto a la sana crítica, debido a que los testigos protegidos no han sido suficientes para acreditar la participación del encartado en el ilícito de Asesinato. En consecuencia, se vulnera la presunción de inocencia, como principio constitucional, solicitando a la Sala Penal absolver al imputado por el delito de ASESINATO, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que mi representado sea culpable de dicho delito.’’ fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentados (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; • Concepto de la Infracción: Sin Definir por el Censor; • Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin Determinar por el Censor; • Pretensión: Sin Definir por el Censor. Arguye el recurrente que en el caso de mérito el Tribunal de Sentencia dictó fallo condenatorio en evidente transgresión a lo previsto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, al no valorar los elementos de cargo y descargo de manera objetiva, violentando con ello el debido proceso. Del debido proceso La garantía genérica del debido proceso, invocada por la censora como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De La Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: A. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. B. Legitimidad Subjetiva: Que la Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y C. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa[2], explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio:1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal resuelve con base a las consideraciones siguientes: En el presente caso la recurrente presenta un recurso vació de contenido, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho que no hace una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, porque expone la infracción de dos preceptos constitucionales en un solo motivo, pero, además, porque los sustenta mediante argumentos propios de instancia tales como, las declaraciones de los testigos protegidos con claves, 26-03-15-A, 26-03-15-B, y 26-03-15-C: ‘’Esta defensa considera que las tres declaraciones no son contestes, ni veraces, pues las mismas son contradictorias entre ellas, y no se acredita con estas que el imputado José Noé Cárcamo Martínez hubiese participado en darle muerte a MENOR 1, o que hubiesen sucedido los hechos como determino en los hechos probados por el Tribunal de Sentencia al momento de dictar su fallo. Considero que el tribunal sentenciador no debió darle valor probatorio a la prueba testifical de cargo por ser la misma inconsciente y dudosa…’’ Posteriormente se observa que la recurrente fundamenta su recurso en plasmar así los hechos probados, la valoración conjunta de la prueba, los fundamentos jurídicos y la parte resolutiva, con relación al voto disidente emitido por uno de los miembros del tribunal. Mas la recurrente no confronta el contenido y alcances de los preceptos constitucionales que se arguyen como infringidos (debido proceso y estado de inocencia), con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, que es en todo caso lo que debe ser el objeto de impugnación del recurso. Elabora argumentos propios de instancia que más parecen aproximarse a un quebrantamiento de las formas procesales por infracción a las reglas de la sana crítica, pero que en esencia son valoraciones particulares y subjetivas de la recurrente. Siendo así la esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias, para lo que la censora deberá: a. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios); Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; b. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; c. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; d. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el Censor/a deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; e. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; Tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. La censora hace decaer el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la abogada Claudia Pereira en su condición de defensora pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. as leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. A. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. A. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Fabio Rolando Posada Larios Y José Noé Cárcamo Martínez, la pena principal de veinte (20) años de reclusión por ser autores responsables penalmente de un delito de Asesinato, en perjuicio de MENOR 1, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193) cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Asimismo, s+e impuso al señor Diego Armando Lopez Ávila, una pena principal de reclusión de tres años (03), por haber sido encontrado responsable del delito de Encubrimiento, en perjuicio de la Administración del Estado de Honduras. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la persona responsable del delito de encubrimiento (Art. 513), debe de imponerse una pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que encubrió el acusado Diego Armando Lopez Ávila fue un delito de asesinato el cual conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, artículo 193 código penal vigente, pena que como se ha indicado debe de ser rebajada en dos tercios (2/3) para determinar la pena abstracta de encubrimiento, siendo ésta de seis años ocho meses de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado Diego Armando Lopez Ávila conforme el código penal decreto 144-83 al ser de tres años de prisión, es menor a la pena concreta que le puede corresponder conforme las normas del código penal decreto 130-17; Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66, 580 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Patricia Margarita Flores, en su condición de Defensora Pública del señor José Noé Cárcamo Martínez a quien se le condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de MENOR 1. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a once días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-252-2019.
Wily Alexander Medina Perez
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL
“CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-252-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de agosto del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian: En Nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 252-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los acusados Fabio Rolando Posada Larios Y José Noé Cárcamo Martínez, como responsables a título de autores del delito de Asesinato, en perjuicio de la niña MENOR 1 a la pena de Veinte (20) Años de reclusión, penas que deberán cumplir en el centro penal que designe el juez de ejecución de esta sentencia; quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. Segundo: Condenó al acusado Diego Armando López ÁVILA, como responsable a título de autor del delito de Encubrimiento, en perjuicio De La Administración Pública, a la pena de Tres (3) Años de reclusión; penas que deberá cumplir en el centro penal que designe el juez de ejecución de esta sentencia; quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: Absolvió de toda responsabilidad penal al señor Diego Armando Lopez Ávila, del delito de Asesinato en perjuicio de MENOR 1. Cuarto: Condenó a los señores Fabio Rolando Posada Larios y Jose Noe Cárcamo a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. Quinto: Condeno a Diego Armando Lopez Ávila a las penas accesorias de Inhabilitación Especial E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. Sexto: Declaró la responsabilidad civil de los señores Fabio Rolando Posada Larios y José Noé Cárcamo Martínez, la que debe hacerse efectiva en la fase de ejecución de la pena. Séptimo: No procede el comiso por no existir ninguna pieza de convicción en el presente juicio. Octavo: Exoneró en el pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Patricia Margarita Flores en su condición de Defensora Pública del señor Jose Noe Cárcamo Martínez. Son partes en única instancia: La Abogada Patricia Margarita Flores Martínez, en su condición de defensora pública del señor José Noé Cárcamo Martínez, como recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos Probados De La Instancia “PRIMERO: Que en fecha 24 de marzo del año 2015 a eso de las 10:57 de la mañana la niña MENOR 1, salió del instituto Central Vicente Cáceres junto a una compañera de clases cuando fue abordada por dos sujetos del sexo masculino que vestían el uniforme del Instituto Central Vicente Cáceres, conversaron y los cuatro se dirigieron con rumbo al bulevar de las fuerzas armadas. SEGUNDO: Minutos más tarde es vista dirigiéndose con rumbo al sector de la colonia la Esperanza ubicada frente al referido bulevar en compañía de José Noé Cárcamo, y dos sujetos más del sexo masculino; posteriormente es vista en las gradas del sector de las Flores, sector cinco conocido como el Picachito junto a José Noé Cárcamo Martínez, Fabio Rolando Posadas y dos sujetos más desconocidos dirigiéndose todos a la última casa de las gradas la cual está constituida por una sola pieza de material de madera, pedazos de playwood y techo de asbestos, donde procedieron a colocarle un pedazo de tela en la boca para amordazarla y evitar que esta gritara, le amarraron las manos y los pies con unos cordones blancos, para luego José Noé Cárcamo Martínez y Fabio Rolando Posadas le golpearon la cabeza, el abdomen, las piernas y luego asfixiarla provocándole la muerte. TERCERO: Horas más tarde siendo ya el día 25 de marzo del 2015 en horas de la madrugada trasladaron el cadáver de MENOR 1 a la terminal de buses de la ruta de Tiloarque cerca del edificio de Hondutel: el cual fue encontrado a eso de las 06:20 en horas de la mañana envuelta en costales de color blanco y sabanas de color blanco. CUARTO: En esa misma fecha siendo las 11:30 de la mañana llegó a la casa del sector 5 de las Flores donde perdió la vida MENOR 1, el joven Diego Armando López, quien le ordeno a tres jóvenes que estaban en dicho lugar que limpiaran la sangre de la casa porque la muchacha ya había salido por las noticias.” Recurso De Casación. Motivos Y Argumentos. La recurrente, Abogada Patricia Margarita Flores, en su condición de defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la siguiente manera: “Único Motivo: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 89 en relación con los artículos 1 y 90 de la misma carta magna, 8 no 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2 del código procesal penal. Norma Adjetiva Infringida: Se invoca como normal adjetiva inobservancia la contenida en el artículo 202 del código procesal penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del código procesal penal. Explicación Del Motivo: Las normas sustantivas infringidas son los artículos 89 de la constitución de la República que establece: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 90.- Constitución de la República: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…’’ Artículo 2 Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. Articulo 8 No.2 de las Garantías Judiciales. Convención Americana Sobre Derechos Humanos: "...Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...’’ PRIMERO: Artículos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencia, al considerar que se ha quebrantado el estado de inocencia de mi representado, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de "Asesinato". Para ello me referiré a la valoración de la prueba de cargo consistente en las declaraciones testificales de los testigos protegidos 26-03-15-A: Este testigo expresó que el día martes 24 de marzo del año 2015, salió como a eso de las nueve y media de la noche, pasó por el cuarto donde habían matado a la muchacha, en eso llegó a la casa y al día siguiente el día miércoles 25 no le tocaba trabajar, estuvo en la casa como a eso de las once y media de la mañana llegaron tres muchachos al cuarto de la Nueva Esperanza, sector las Flores, no estando él tan largo de ellos, llegaron al cuarto una chava y dos muchachos, estuvieron ahí un buen rato y como a las once y media llego Diego Armando Ávila Ponce, estuvo un rato y después salió y cuando iba por la ventana del cuarto donde ellos estaban miro la sangre en el piso que estaba derramada y que salía afuera, y les dijo a los muchachos que limpiaran allí, porque la muchacha había salido en las noticias por la televisión y por si llega la policía que no miraran nada, ellos se quedaron limpiando y no volvieron a llegar. Se refiere a las personas como Diego, el Roquerito, Fernanda la colocha y el chinillo. Describe el cuarto como de madera no pintado, un poco pequeño, no tiene puertas, ni ventanas el techo es de lámina. Describe a las personas que dijo ver en el lugar, y al momento de ponerle álbumes fotográficos no reconoce a José Noé Cárcamo Martínez. De este testigo esta defensa considera que es extraña la coincidencia de que ese da no trabajo, que su relato es poco creíble en el sentido que ese día estuvo toda la mañana pendiente de lo que hacían las personas a que se refiere que vio ese día en el cuarto, al grado de que dice que estuvo cerca de ellos y les escuchó lo que platicaban, y a pesar de esto no establece que lo hubiesen visto estas personas, más allá de esto que los jóvenes que refiere fríamente estuvieron más de dos horas platicando en el lugar en el cual dijo que estaba ensangrentado y luego se pusieran a limpiar por órdenes de Diego Ávila, pero si fuese cierto que estos estaban limpiando la escena donde ellos estaban para ocultar la muerte de la niña MENOR 1, se pregunta esta defensa ¿por qué no se llevaron una falda de tela color negro, un short de tela color azul y una sábana estampada, que fueron recolectados como indicios al momento de realizar la inspección ocular y recolección de indicios como consta en el acta elaborada por 409-15. Debido a estas observaciones considero que este testigo a faltado a la verdad en sus dichos, y el Tribunal no debió haberle dado valor probatorio. Con relación al Testigo Protegido 26-03-15-B: quien establece que el día martes 24 de marzo del año 2015, miro a ella (refiriéndose a MENOR 1), con tres muchachos que uno andaba vestido con el uniforme del central y los otros dos muchachos andaban de color ella andaba vestida con el uniforme del central, los miro a ellos subiendo por la cuesta de la Escuela Tomas Alvares Dolmo, como a eso de las doce del mediodía, ellos iban platicando normalmente hasta llegar a unas gradas y subieron hasta cierta parte se detuvieron y estuvieron platicando de dos a dos y media de la tarde, después miro que subieron todas las gradas, no la volvió a ver, hasta el 25 de marzo en las noticias. Declara que la vio con "cusu", "Fabio" u el "chinillo". Establece que ellos iban platicando normalmente, entre otras cosas le preguntaron que si los reconocería si se los pusieran a la vista, para lo que se le puso a la vista 3 álbumes y en ninguno de ellos reconoce a José Noé Cárcamo Martínez. El ministerio público en su afán de acreditar la participación de mi representado llevo posteriormente a la declaración de prueba anticipada a este testigo para que lo reconociera y lo que se hizo fue ponerlo atrás del testigo protegido, pero en su deposición al momento del interrogatorio de la Defensa manifestó: "yo no lo conozco, yo he escuchado de él". Al momento de considerar lo dicho por este testigo no es contundente en establecer que mi representado se hubiese llevado a la joven MENOR 1, va que no determino que alguna de estas personas que describe y dijo ver junto a la menor Fuese el encartado, y establece que ella se fue platicando con las personas con las que salió de Instituto Central, por lo que tampoco el Tribunal sentenciador debió haberle dado valor probatorio. Finalmente el testigo Protegido 26-03-15-C: manifestó que el dila veinticuatro de Marzo estaba en la pulpería con su novia y estaba con la niña, ella estaba con tres manes más y después al ratito se fueron caminado los cuatro para la colonia Nueva Esperanza y de allí no la volvía ver a la niña porque los manes se perdieron con la niña y después apareció en las noticias que la niña apareció muerta, describe a las personas que andaban con la joven MENOR 1 como el chinillo, Cusu y Víctor, y que Víctor y Cusu andaban con uniforme del central y Chinillo con una camiseta beige y chumpa rojo vino, testigo que contradice lo dicho por el testigo 26-03-15-B al describir las vestimentas diferentes. Este testigo es contradictorio hasta en sus dichos va que inicialmente establece que los vio irse a la colonia Nueva Esperanza v no los volvió a ver, pero luego en el interrogatorio modifica su versión ya que expresa que los iba siguiendo ya que dijo que los No ir hacia la casa loca. Dijo conocer bien a las personas con las que se fue la niña MENOR 1, pero al momento de identificar por medio de las fotografías al igual que los otros testigos no identifica al encartado. No debiendo en base a las reglas de la sana Critica haberle dado valor probatorio. De las declaraciones antes señaladas al valorarlas manifestó el A-quo que fueron suficientes para el esclarecimiento de los hechos y que con ellos se acreditaron que los jóvenes José Noé Cárcamo y Fabio Rolando Posadas Larios y compañía tuvieron oportunidad suficiente para engañar a MENOR 1, llevarla por su propia voluntad al sector y una vez confiada someterla amarrándole de pies y manos, proceder a golpearla en distintas partes del cuerpo para después entre ambos ponerle dos pedazos de tela en el cuello y asfixiarla mediante estrangulación". Pero esta defensa considera que las tres declaraciones no son contestes, ni veraces, pues las mismas son contradictorias entre ellas, y no se acredita con estas que el imputado José Noé Cárcamo Martínez hubiese participado en darle muerte a MENOR 1, o que hubiesen sucedido los hechos como lo determino en los hechos probados el Tribunal de Sentencia al momento de dictar su fallo condenatorio. SEGUNDO: En cuanto a la prueba documental consistente en: Autopsia No. 542-2015 emitida por Dra. Ana Florizel Molina, Dictamen de Serología Forense 2017-0801-0510-933 emitido por Dra. Cinthia Yaneth Moya Lanza, dictamen de biología Forense 2547-02015-0801-0523, 2015-0801-2850Dr. Saulo Romero, acta de inspecciones ocular y recolección de indicios 409-15, acta de levantamiento de cadáver numero 476-2015, álbum fotográfico, que se evacuaron en el juicio oral, lo único que se acreditó fue la muerte real de la joven MENOR 1 un hecho no controvertido. TERCERO: Se evacuo el dictamen de video forense 2015-0801-0508-03271, en el cual no se determinó fehacientemente quienes eran las personas puesto que el mismo perito estableció que se necesitaban fotografías de comparación para determinar si es o no una persona en especificó, este solo menciono a las personas como individuos enumerados. Asimismo, el dictamen de extracción de información digital emitido por Junior Edgardo Portillo, este medio de prueba no aportó información que influyera en el caso, igualmente el vaciado telefónico 97849885 ratificado por Hilda Leticia Casco. CUARTO: Considero que el Tribunal sentenciador no debió darle valor probatorio a la prueba testifical de cargo por ser la misma inconsistente y dudosa, siendo que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana critica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba sea dudosa y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba que da lugar a dudas no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales debemos "VENERAR" nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. QUINTO: Es necesario para continuar fundamentando este recurso mencionar que este fallo condenatorio no fue de manera UNANIME, debido a que existe el VOTO DISIDENTE de la Jueza de Sentencia WENDY CAROLINA RIVERA ESTRADA, el cual expresa: ".HECHOS PROBADOS, valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, la suscrita jueza disidente declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El dia 24de marzo del año 2016 a las once de la mañana, la joven MENOR 1, fue interceptada a inmediaciones del instituto Central Vicente Cáceres, por dos individuos no identificados, quienes la trasladaron a la colonia Nueva Esperanza, hacia el lugar denominado el Picachito, ingresándola a una casa de madera, donde perdió la vida, por asfixia. VALORACION CONJUTA DE LA PRUEBA. La jueza Disidente, valorando conjuntamente, conforme a las reglas de la sana critica, las pruebas practicadas en juicio han llegado a las siguientes conclusiones: Considera esta jueza Disidente que de los medios de prueba periciales como ser el acta de inspección ocular no. 476-2015, 490-2015, 196-2015 así como el dictamen de autopsia no 542-2015, relacionado con el dictamen de ADN y el análisis de patrón tricológico, dictámenes descritos en la sentencia y ratificados por especialista en la materia; nos acreditan la fecha y el lugar donde perdió la vida la victima MENOR 1, mas no acredita, quien fue la persona o personas que le quitaron la vida, en cuanto al dictamen 2015-0801-0508-03271 video forense, únicamente nos refleja cuando es interceptada la víctima en las afueras del instituto Central Vicente Cáceres, pero no nos brinda la certeza de quien o quienes son las personas con las que se ve irse a la víctima, con las pericias de vaciado telefónico Hilda Casco, la misma perito señalo no haber encontrado nada de utilidad para el caso, en relación a la extracción forense del celular propiedad de uno de los encausados Fabio Rolando Posadas, no brinda ningún dato relevante, más que en su agenda de contactos tuvo contacto con una persona denominada cuso, al analizar toda la prueba en su conjunto así como las declaraciones incorporadas por lectura de los testigos protegidos a, b, c, quienes manifiestan haber visto platicando normalmente a MENOR 1 y a dos encausados, no brinda certeza a esta juzgadora para acreditar que ellos hayan dado muerte a la misma, va que tal y como lo refirió el mismo ministerio Publico en sus conclusiones no se ha desarrollado prueba directa que incrimine a los mismos en dicho ilícito penal. FUNDALENTOS JURIDICOS. Primero: La Prueba Indiciaria. El indicio se define como una circunstancia o un hecho (indiciario) a partir del cual se puede llevar a conocer a otro desconocido (indicado). Doctrinariamente el indicio permite al Juez valore un hecho conocido a través de la inducción y lleque al convencimiento de la existencia de otro desconocido. La necesidad de ese hecho indiciario este debidamente probado en el proceso es indispensable, además deben existir otros indicios probados, no bastando uno solo, agrega a esto, el ligamento o vinculo existe entre el hecho indiciario y el indicado debe ser lógico, racional y por último, que todo lo anterior ser plasmado en la sentencia por el órgano sentenciador. Dicho lo anterior los indicios deben estar probado deber ser concomitantes, que debe existir pluralidad de indicios, que debe existir univocidad entre el indicio indicador con el indicado, que tenga homogeneidad inculpatoria, que permitan establecer un nexo lógico-causal entre el contenido de las pruebas indiciarias y las conclusiones obtenidas por la sala sentenciadora. Lo que a criterio de esta juzgadora no se da en el presente caso. SEGUNDO: Es criterio de esta Juez disidente en el oprese te caso, el Ministerio Público no aporto prueba alguna que quebrantase el estado de inocencia del mismo y por consiguiente precede emitir un fallo absolutorio a favor de los señores José Noé Cárcamo y Fabio Rolando Posadas. TERCERO: Para emitir una sentencia condenatoria contra determinada persona son necesarios dos requisitos indispensables: que se haya comprobado la comisión de un delito y haber determinado claramente y más allá de toda duda, tal y como lo establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, que el imputado haya participado en dicho ilícito. Es aquí donde se realiza la aplicación directa e inmediata de la presunción de inocencia, a la que como Tribunal estamos sometidos según lo que regula los artículos 26 párrafo primero de la Declaración Americana de derechos y deberes del Hombre, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 89 de la Constitución de la República de Honduras y 2 del Código Procesal Penal, tiene como efecto, en primer lugar, el desplazamiento de la carga probatoria sobre la acusación. Son las partes acusadoras quienes han de acreditar en el juicio oral los hechos constitutivos, los hechos que conforman el tipo penal, ya que sin la prueba de tales hechos no cabe imponer sentencia condenatoria alguna. Así pues, en irrestricto respeto al principio acusatorio y a la congruencia que debe existir entre la sentencia y la acusación, sin la prueba de cargo no procede imponer sentencia condenatoria alguna, va que no ha acreditado el ente acusador los extremos en que fundó su requerimiento inicial en vista de que no pudo acreditar la participación de los acusados en el hecho, en consecuencia no enervó la presunción de inocencia, por lo que procede entonces dictar un fallo absolutorio a favor de los señores José Noé Cárcamo y Fabio Rolando Posadas. PARTE RESOLUTIVA. Por todo ello, esta Jueza Disidente WENSY CAROLINA RIVERA E. FALLA: PRIMERO: ABSOLVER de responsabilidad penal a JOSE NOE CARCAMO Y FABIO ROLANDO POSADAS, cuyos datos de identificación se encuentran en el preámbulo de la sentencia, del delito de ASESINATO en perjuicio de MENOR 1. SEGUNDO: ordena el cese de la medida cautelar impuesta al señor JOSE NOE CARCAMO Y FABIO ROLANDO POSADAS, debiéndose extender la carta de libertad definitiva una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe la interposición del recurso de casación, dentro del término de (20) días hábiles. Este voto disidente afianza lo que esta defensa ha considerado que ha pasado con la sentencia condenatoria dictada por mayoría en contra de José Noé Cárcamo Martínez, esto es que se han vulnerado las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en cuanto a la sana crítica, debido a que los testigos protegidos no han sido suficientes para acreditar la participación del encartado en el ilícito de Asesinato. En consecuencia, se vulnera la presunción de inocencia, como principio constitucional, solicitando a la Sala Penal absolver al imputado por el delito de ASESINATO, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que mi representado sea culpable de dicho delito.’’ fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentados (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; • Concepto de la Infracción: Sin Definir por el Censor; • Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin Determinar por el Censor; • Pretensión: Sin Definir por el Censor. Arguye el recurrente que en el caso de mérito el Tribunal de Sentencia dictó fallo condenatorio en evidente transgresión a lo previsto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, al no valorar los elementos de cargo y descargo de manera objetiva, violentando con ello el debido proceso. Del debido proceso La garantía genérica del debido proceso, invocada por la censora como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De La Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: A. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. B. Legitimidad Subjetiva: Que la Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y C. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa[4], explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio:1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal resuelve con base a las consideraciones siguientes: En el presente caso la recurrente presenta un recurso vació de contenido, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho que no hace una exposición científica del porque considera que cada una de las normas constitucionales enumeradas han sido violentadas, porque expone la infracción de dos preceptos constitucionales en un solo motivo, pero, además, porque los sustenta mediante argumentos propios de instancia tales como, las declaraciones de los testigos protegidos con claves, 26-03-15-A, 26-03-15-B, y 26-03-15-C: ‘’Esta defensa considera que las tres declaraciones no son contestes, ni veraces, pues las mismas son contradictorias entre ellas, y no se acredita con estas que el imputado José Noé Cárcamo Martínez hubiese participado en darle muerte a MENOR 1, o que hubiesen sucedido los hechos como determino en los hechos probados por el Tribunal de Sentencia al momento de dictar su fallo. Considero que el tribunal sentenciador no debió darle valor probatorio a la prueba testifical de cargo por ser la misma inconsciente y dudosa…’’ Posteriormente se observa que la recurrente fundamenta su recurso en plasmar así los hechos probados, la valoración conjunta de la prueba, los fundamentos jurídicos y la parte resolutiva, con relación al voto disidente emitido por uno de los miembros del tribunal. Mas la recurrente no confronta el contenido y alcances de los preceptos constitucionales que se arguyen como infringidos (debido proceso y estado de inocencia), con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, que es en todo caso lo que debe ser el objeto de impugnación del recurso. Elabora argumentos propios de instancia que más parecen aproximarse a un quebrantamiento de las formas procesales por infracción a las reglas de la sana crítica, pero que en esencia son valoraciones particulares y subjetivas de la recurrente. Siendo así la esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias, para lo que la censora deberá: a. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios); Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; b. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; c. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; d. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el Censor/a deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; e. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; Tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. La censora hace decaer el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la abogada Claudia Pereira en su condición de defensora pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. as leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. A. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. A. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Fabio Rolando Posada Larios Y José Noé Cárcamo Martínez, la pena principal de veinte (20) años de reclusión por ser autores responsables penalmente de un delito de Asesinato, en perjuicio de MENOR 1, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193) cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Asimismo, se impuso al señor Diego Armando Lopez Ávila, una pena principal de reclusión de tres años (03), por haber sido encontrado responsable del delito de Encubrimiento, en perjuicio de la Administración del Estado de Honduras. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la persona responsable del delito de encubrimiento (Art. 513), debe de imponerse una pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que encubrió el acusado Diego Armando Lopez Ávila fue un delito de asesinato el cual conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, artículo 193 código penal vigente, pena que como se ha indicado debe de ser rebajada en dos tercios (2/3) para determinar la pena abstracta de encubrimiento, siendo ésta de seis años ocho meses de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado Diego Armando Lopez Ávila conforme el código penal decreto 144-83 al ser de tres años de prisión, es menor a la pena concreta que le puede corresponder conforme las normas del código penal decreto 130-17; Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66, 580 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Patricia Margarita Flores, en su condición de Defensora Pública del señor José Noé Cárcamo Martínez a quien se le condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de MENOR 1. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a once días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-252-2019.Firma y Sello.
Wily Alexander Medina Perez
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217)
[3] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[4] (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217)