Sentencia CP-248-17 — Registro 18072
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Malversación de Caudales Públicos, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece de que el sistema de valoración de la prueba, es el de La Sana Crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador en su motivación ha elaborado razonamientos en base a la lógica, observando una derivación adecuada a partir de los hechos demostrados en juicio, que indica: “Este Tribunal considera, que en Andrés Eduardo Flores, quedó claro para estos juzgadores que el señor Flores en su condición de sub Auditor, confirmó que efectivamente todos liquidaron y que todos fueron a la Paz, que se presentaron las liquidaciones con los documentos de respaldo, como facturas de hoteles, en las cuales se consignaba capacitaciones y que se presentaron correctamente; laboraba en Conatel y era Sub Auditor; revisaba planillas de pago, compras y viáticos y adujo que todos ellos llevaron documentación soporte y que todos ellos trabajaron allá en la cuarta Urna; todo lo cual ha sido un indicativo para éste Tribunal de Sentencias, que dicho0s empleados, si recibieron dichos viáticos y asistieron a realizar actividades políticas y seminarios relacionados al tema de la cuarta urna, contradiciéndose entre sí y fue en su afán de evitar ser obligados a devolver dichos valores al Estado, señalaron al señor Ramírez como la persona a quien afirman, le dieron el dinero en efectivo de los cheques cambiados y que éste les extendió un recibo; este Tribunal de Sentencias, le confiere credibilidad al Señor Andrés Eduardo Flores, sus dichos son congruentes con los demás medios de prueba, en cuanto que ha dejado claro a éste Tribunal, que efectivamente se dieron viáticos para socializar lo relacionado a la cuarta urna, que efectivamente se presentaron las liquidaciones respectivas con sus documentos de soporte y que ciertamente todos estuvieron realizando las giras a los lugares respectivos, lo cual evidentemente dichos fondos fueron utilizados para ese efecto por todos los empleados y funcionarios referenciados.” En juicio el testigo Andrés Eduardo Flores Vallecillo, declaró: que conoce al señor Ramírez, era el Gerente Administrativo de Conatel; que en su condición de Sub Auditor él laboró hasta Junio del 2009, estuvo Siete meses; en junio se les encomendó para trabajar en la socialización de “la cuarta urna” y lo hicieron en el Departamento de la Paz, porque este le fue asignado al Presidente de Conatel; se emitieron tres cheques a su favor de los cuales eran para el gasto de “la cuarta urna”; el Licenciado Ramírez le entrego un cheque para que lo cambiara y le diera el dinero al Presidente de la Comisión; lo cambió y se lo entregó al Presidente de la Comisión; el cheque era por cuarenta mil lempiras (40.000.00) y otro por cincuenta mil lempiras (50.000.00), ambos se los dio el efectivo al Presidente de Conatel; ese dinero, se utilizó para la cuarta Urna; asimismo, manifiesta que tiene un recibo que ese dinero se recibió y estuvieron allá trabajando en eso, otro cheque por veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco ( L 24,475.00), estos fueron para sus gastos e hizo liquidaciones y entregó facturas de hoteles, en las cuales se consignaba capacitaciones; que él laboraba en Conatel y era Sub Auditor y revisaba planillas de pago, compras, viáticos y todos llevaban documentación soporte; todos, trabajaron allá en “la cuarta urna”; que él le dijo a José María que no podían estar haciendo eso y emitiendo esos cheques; pero, había un decreto en el cual se ordenaba que todas las instituciones debían colaborar con “la cuarta urna”; se presentaron como documentación soporte en las liquidaciones, informes de actividades, facturas de hoteles, pasajes o gasto de combustibles; no hubo problemas con esas liquidaciones, porque todos esos documentos se presentaron adjuntos y están en los archivos, que el presidente de Conatel, era el Licenciado José Raúl Valladares, y que él ordenó que se ayudara a “la cuarta urna”. De la misma manera el a quo dedujo: “Los Testigos de cargo Jakelyn Soraya Touche, Claudia Mariela Mercadal y Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya, se contradijeron entre si al manifestar que devolvieron el dinero a Noé, a la Secretaria de la Administración, pero si afirmaron que sí estuvieron de giras en la Paz y en otros Departamentos; asimismo, no dijeron, que hayan hecho esas giras con su propio dinero por lo que evidentemente, ha quedado acreditado que si recibieron dichos cheques, los cambiaron y fueron a dichas giras e hicieron uso de dichas cantidades de dinero, lo cual fue confirmado con lo manifestado por el Testigo Andrés Eduardo Flores, Sub Auditor de dicha Institución y quien llevaba el registro contable de dichos gastos en su condición de tal; asimismo, confirmó con sus dich0s que el presidente de Conatel, de ese entonces, ordenó dichas actividades, por lo que ha quedado acreditado para estos juzgadores, que no fue el Señor José María Ramírez Romero, quien emitió instrucciones, para tal efecto; en consecuencia, se les resta credibilidad a las Señoras Testigos; se le confiere credibilidad y virtualidad probatoria a los dichos del Señor Andrés Eduardo Flores en lo relacionado al uso de dichos viáticos, liquidación de los mismos y que efectivamente todos fueron a las giras para socializar la cuarta urna.” Durante su declaración los testigos de cargo: Jakelyn Soraya Touche, Claudia Mariela Mercadal y Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya, manifestaron lo siguiente: Testigo Jackeline Soraya Toushe Wilt: Que inició en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), estuvo también como asistente de del Espectro Radioeléctrico y luego fue trasladada al departamento del Call Center, el cual fue creado para que el público pudiera interponer sus quejas, observaciones y sugerencias; que ella recibió en el mes de junio un cheque por cincuenta mil lempiras (Lps. 50.000.00), para cambiarlo y fue al Banco Ficohsa y entregó el efectivo a don José María, que él no le dio nada a ella, pero que le dio un recibo; que no sabía con exactitud para que era ese dinero; expresa que no recibió Seminarios sobre Operadores de Radio Difusión en la Ceiba, Progreso, San Pedro Sula o Santa Bárbara; refirió, que liquidó esos cheques, que le brindaron algunas facturas de hotel almuerzos ejecutivos y que se imagina para justificarlo, pero que ella no fue a esos seminarios o a esos almuerzos, que ella no sabía que las facturas eran reales hasta que el Ministerio Publico se lo informó que estas facturas eran diferentes; refirió, que no sabe en que se gastaron esos cincuenta mil lempiras; no recuerda, en qué fecha exacta recibió el cheque pero, que fue en el mes de junio y que ese mismo día le entregó el dinero a don José María; refirió, que ella recibió una orden superior para cambiar ése cheque y que fue el Presidente Raúl Valladares quien le ordenó, en conjunto con don José María le dieron la orden; refirió que ella estuvo su mayoría del tiempo en Conatel, Como secretaria de la Presidencia y que presidente era Rail Valladares; no hubo cambio de Administración y que la orden de liquidación fue por orden del Presidente Rail Valladares, que él le dijo que tenían que hacer liquidación siempre sustentado la Administración, porque es un procedimiento de la Institución; La Testigo Claudia Mariela Mercadal: Que laboró en Conatel; en Recursos Humanos; que en relación a unos cheques que se emitieron y que están involucrados todos, pues resulta que en el año 2009, se emitieron (50.000.00), todo se utilizó para la cuarta urna; se cambiaron y se entregaron a la Administración y después de esto no sabe que se hizo con ese dinero; laboró como un año y medio; ella refiere, que era sub jefe de recursos humanos; que no recibió seminarios en Ocotepeque y que no recuerda si fue o unos chequeada Su nombre por cincuenta mil lempiras no a esos seminarios; que el dinero, se lo entregó a una asistente del área administrativa; ese dinero, se utilizó en actividades políticas y cambió ésos cheques en Ficohsa, por instrucciones de José María y que el efectivo se lo entregó Noé quien era el conductor del área administrativa; era, el motorista de José María; le extendieron un recibo por el efectivo entregado; no recuerda, quien le proporciono los documentos para la liquidación. Recuerda, si firmó esa liquidación, no recuerda la documentación eran de hoteles, no recuerda, que hoteles; solo siguió instrucciones se le dio constancia de haber reintegrado ese dinero a la empresa; laboró en Conatel; refiere que ella fue a una gira al Departamento de la Paz a reuniones políticas; La Testigo Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya: Que laboró en Conatel, que se emitieron cheques a nombre suyo, lo cambió y entrego el dinero, ella laboraba por contrato, hubo problemas políticos y dejó de laborar; era asistente de la Administración su jefe inmediato el Señor José María Ramírez, ella cambió el cheque y le dio el dinero al Motorista Noé; Noé iba a entregar el dinero a no sabe quién; que esta entrega, se la ordenó el señor José María Ramírez; que le dieron unas facturas y una liquidación para que las llenara no recuerda que facturas; si participó en Seminarios en la Ciudad de la Paz. De la misma manera el juzgador razonó: “En cuanto a los recibos, que aducen los testigos fueron emitidos por el Señor José María Ramírez Romero, al recibir el efectivo, una vez que cambiaban los cheques; éste Tribunal de Sentencias, no les confiere credibilidad a estos medios de prueba en virtud de que a esas firmas que aparecen en dichos recibos, no se les practicó una pericia caligráfica para determinar si efectivamente corresponden a la firma que usa en todos sus actos legales y administrativos, el Señor José María Ramírez Romero; en Consecuencia el Tribunal les resta credibilidad a éstos recibos, dado que el Ministerio Publico no coadyuvó dicha Auditoria, con prueba científica por ende, los mismos no son objetivamente confiables.” Expresa a si mismo el juzgador en sus razonamientos que: “… si bien se acreditó que el señor José María Ramírez Romero, era el Gerente Administrativo de Conatel, lo cual no fue un hecho controvertido; sin embargo, por el principio de jerarquía funcional, quedó acreditado que quien emitió la orden para efectos de ejecutar dicho gasto fue el Presidente Manuel Zelaya Rosales, mediante decreto y como Consecuencia de ello, el presidente de Conatel emitió dichas instrucciones en su condición de dependiente del Poder Ejecutivo; por lo que la prueba documental de la Defensa, desvanece la tesis planteada por el Ministerio Publico la niacina es de superior categoría probatoria, dado que el acciona del acusado durante su gestión en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, fue amparada bajo el Decreto Ejecutivo PCM O20-2009, de fecha 26 de mayo del año 2009 p publicado en la Gaceta en fecha 25 de junio del año 2009 mediante jerarquías; en este caso, bajo subordinación a la presidencia de Conatel” Conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Código Penal: “El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años si el valor de aquellos no excede de un mil (L 1, 000.00) lempiras y de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa de dicha cantidad, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión”. Es oportuno establecer que, en el tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, el sujeto activo es la autoridad o funcionario público, pero el carácter de sujeto de este delito no lo da sólo el hecho de ser autoridad o funcionario público, sino la relación de estas personas con el objeto material del delito: los caudales y efectos públicos. Por caudal o efecto se entiende cualquier objeto o cosa mueble, dinero, efectos negociables, etc.; que tengan un valor económico apreciable. El carácter público se determina por la pertenencia de los bienes a la Administración Pública, pudiendo decirse que tal pertenencia comienza desde el momento en que existe un derecho expectante de la Administración a la entrega de los caudales, aunque aún no hayan ingresado formalmente en las arcas de la entidad…”[5]. Asimismo, el verbo rector del tipo penal, el verbo “apropiarse” equivale a “sustraer” y “sustraer” ha de entenderse en el sentido amplio de separar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos, apartándolos de su destino o desviándolos del servicio, para hacerlos propios. Concretamente se precisa la intención o ánimo de aprehensión, animus rem sibi habendi con carácter definitivo. No en vano, “apropiar” tiene como una de sus acepciones en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de “tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella”. Ahora bien, el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de delitos de apropiación. En particular, el delito de Malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos”[6]. No existe razón en la interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma; el pretensor argumentó no estar de acuerdo con la valoración, que la conclusión del Tribunal es eminentemente subjetiva, en virtud que no se encuentra basada en los datos o información que arroja la prueba y que habían sido razones no derivadas y por tanto violatorias a la lógica, las que motivaron al a quo a calificar la prueba testifical; sin embargo esta Sala de lo Penal ha constatado que las razones citadas no son incuestionables, y la valoración fue muy desarrollada, amplia y bien explicada en la argumentación judicial, en donde se exponen las razones por las cuales los Juzgadores negaron credibilidad a la prueba. Por todo lo antes expuesto es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-248-2017, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-248-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de noviembre dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor José María Ramírez Romero, del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública; Segundo: No procede la condena en costas procesales ni personales, a ninguna de las partes; Tercero: No procede decretar el comiso, ya que no fue aportada ninguna pieza de convicción ni de ejecución. SON PARTES: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Norman Oswaldo Reaños y Rubén Darío Ramírez Romero, en su condición de defensores privados del señor José María Ramírez Romero, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: En fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil doce (2012), el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal contra el Señor José María Ramírez Romero, por el Delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública, quien fue puesto a la orden de las Autoridades competentes.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado Foad Alejandro Castillo, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: Primer Motivo: “Exclusión de prueba de valor decisivo”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: Una forma de exclusión indebida de un medio de prueba, es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de una desacertada calificación de ilicitud. Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de Valor Decisivo, consistente en el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B emitido por el Tribunal Superior de Cuentas e incorporado al debate como prueba documental por parte del ente acusador, por considerar que se constituye en una prueba Ilícita, en vista que dicha entidad al emitir el Pliego de Responsabilidad del encausado, no le dio la oportunidad de agotar la correspondiente vía administrativa, violentando consecuentemente las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho de Defensa establecidos en los artículos 82 y 90 de La Carta Magna. Asimismo expresa el a-quo en el citado apartado, que el Informe de Auditoría en comento, violentó la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, propiamente en sus artículos 82: “... en los casos de sumario administrativo o de investigaciones especiales, se deberá resguardar a los indiciados el derecho de defensa y las demás garantías del debido proceso; y 84, el cual establece la resolución en los casos de enriquecimiento ilícito y que dice literalmente: “cuando como consecuencia de las investigaciones efectuadas para determinar enriquecimiento ilícito, se detectaren indicios de responsabilidad, el Tribunal dictara, dentro de los diez (10) días hábiles de concluidas las mismas, resolución contentiva de informe provisional, el cual se notificará al indiciado para que dentro del término de cuarenta y cinco (45) días hábiles pueda impugnar y formular las alegaciones que estime pertinentes para su defensa y de igual manera cuestiona, que la Secretaría del Tribunal de Cuentas no era la competente para emitir un juicio de valoración penal contra el señor José María Ramírez Romero, a través de una auditoria incompleta y carente de toda objetividad. Se determina de la motivación del juzgador, que en esencia, la exclusión por ilicitud del informe 0712009-DASH-B realizado por el Tribunal Superior de Cuentas que tiene la condición de prueba decisiva, por cuanto se trata de la prueba técnica idónea en la figura de Malversación de Caudales Público, en la que se documenta la emisión arbitraria de cheques por parte del acusado como Director Administrativo de CONATEL a favor de empleados de dicha institución, sin la documentación soporte que legalice el pago en concepto de viáticos a diferentes lugares del país, por procedimientos de capacitación que nunca se realizaron y de donde se evidencia la conducta arbitraria del imputado, al recibir el dinero producto de esos cheques en una suma de Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Lempiras, de parte de los empleados, es producto de no haber sido notificado el acusado del pliego de responsabilidades emitido por el ente contralor, asumiendo el A quo, requisitos o condiciones, que corresponden a otro tipo penal, que nunca ha sido la pretensión acusatoria (Enriquecimiento Ilícito)[1] y que por ende, su omisión se torna improcedente para excluir de valoración el Informe Especial No.07-2009-DASH-B. También se desprende de la sección de valoración probatoria, que el juzgador cuestiona que en el equipo de auditores haya intervenido el ciudadano Cristian Josué Elvir, ya que este trabajó en el Tribunal Superior de Cuentas y CONATEL al mismo tiempo, constituyendo esto un quebrantamiento al Código de Ética del Funcionario Público que vició el medio de prueba descrito. El Ministerio Público refuta tal afirmación, puesto que, por una parte, no se hace patente que su participación haya tenido alguna incidencia en los resultados del informe del Tribunal Superior de Cuentas, por cuanto la auditora al ratificarlos, aclara que este intervino en el primer informe, pero fue despedido, aunado al hecho, que la encargada y responsable del informe fue Nora Marina Rosa Lobo y esa causa de exclusión que argumenta el ente jurisdiccional es meramente subjetiva. Finalmente, el resto de circunstancias que aborda el Tribunal para excluir de valoración el Informe 07/2009-DASH-B realizado por el Tribunal Superior de Cuentas, no resultan legítimas, en virtud que el mismo fue realizado por una experta, conforme a la información que ella consideró suficiente de acuerdo a su práctica, por ende, le bastó con la información brindada por los dueños de los hoteles, donde se concluye que los documentos que se utilizaron para liquidar (facturas) presentan logos, RTN y firmas diferentes y que fue certificada por el Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas; aunado al hecho, que no tienen registradas las cantidades que allí aparecen y siendo que la conducta que se atribuye es malversar fondos del Estado y no Falsificación de Documentos, las omisiones probatorias que cita el juzgador para suprimir su apreciación no poseen trascendencia, de modo, que el medio de prueba supra mencionado, sí resultaba útil, pertinente, proporcional y lícito para la acreditación del delito, resultando evidente que al haber sido excluido se limitó la visión del Tribunal, ya que si bien es cierto, dicho informe del Tribunal Superior de Cuentas no conllevaba de manera automática a una condena, su presencia era decisiva, en vista de que constituía la columna vertebral de la tesis acusatoria; por lo que, al eliminarse dicho informe, desapareció el soporte técnico contable. Debemos referir, que para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, es necesario recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, a modo de verificar si con la aportación de los datos que proporciona el mismo, el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, tal como ocurre en el caso objeto de análisis, donde al no ser considerado el informe de Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, se ve afectada la conclusión a la que arriba el ente jurisdiccional. La Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90- 2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “…El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322- 2009. (Lo resaltado es nuestro) Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Continúa manifestando el recurrente en el recurso de casación por quebrantamiento de forma: “Segundo Motivo: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: Testifical: 1.- Declaración de Andrés Eduardo Flores Vallecillo: quien manifestó: que trabajó en CONATEL de Noviembre de 2008 a Julio de 2009 y conoce al acusado, JOSÉ María Ramírez Romero, puesto que este fue el Gerente Administrativo de CONATEL hasta junio de 2009, que en Junio de 2009 a CONATEL se le encomendó trabajar en la socialización de la Cuarta Urna en el Departamento de La Paz, en virtud que al Presidente de dicha institución le asignaron esa región, y que para ello, le dieron un cheque para que lo cambiara y le diera el dinero al Presidente de CONATEL; al cambiarlos le entregó el dinero en efectivo, y que los cheques eran por 40 y 50 mil Lempiras; refiere, que a él se le dio otro cheque, el cual sí cambió para su beneficio propio, por la suma de 24,475 Lempiras para sus gastos de viáticos en la realización de la gira, el cual liquidó, ya que él trabajaba en CONATEL como Sub Auditor. De igual manera señala el deponente, que después de entregar los Noventa Mil Lempiras al presidente de CONATEL por instrucciones del imputado, tuvo que liquidar con las facturas que le daban en la administración y que se referían a capacitaciones en diferentes lugares del país, que él nunca acudió a ningún seminario. A preguntas de las partes respondió: que él le dijo al acusado que no podía estar haciendo cheques a nombre de empleados, porque los estaba metiendo en problemas, que las visitas que se hicieron a La Paz no eran seminarios, sino que el presidente de CONATEL, era el coordinador de la cuarta urna en La Paz y entonces, él los envió allá para ayudarlos. 2.- Declaración de Claudia Mariela Mercadal: quien aseveró, que ella trabajó en el área de recursos humanos de CONATEL y que en el año 2009 mientras fungía como Subjefe de capital humano se emitieron unos cheques a su nombre por la cantidad de 50 mil Lempiras para la actividad de la Consulta Popular denominada Cuarta Urna, por lo que lo cambió en una agencia del Banco Ficohsa y por instrucciones del acusado lo entregó a un sujeto sólo conocido por Noé, quien era el motorista del área administrativa. A preguntas de las partes contestó: que recuerda que se les pidió cambiar los cheques para algunas actividades políticas y por eso necesitaban el efectivo, que se les extendió recibo firmado por el acusado, para acreditar que entregaron el dinero al área administrativa, que el cheque lo cambio por instrucciones del administrador don José María Ramírez y que lo liquidó sin haber participado en ninguna actividad, porque como después se retornaría a la empresa no le vio problema. 3.- Declaración de Jennifer Johana Valeriano Zelaya: Quien expresó que en el 2009 era la asistente de José María Ramírez en CONATEL, que cambió un cheque por la cantidad de Cincuenta Mil Lempiras, que fue emitido supuestamente para la cuarta urna y que una vez que lo cobró, le entregó el dinero al motorista de este, llamado Noé.- Expone en su relato, que la entrega del efectivo la ordenó el acusado, que posteriormente le proporcionaron unas facturas para que las llenara en la oficina y liquidara el cheque, que nunca recibió seminario de parte de CONATEL 4.- Declaración de Javier Hernández: Refirió el deponente, que en el año 2009 se desempeñó como Director del Departamento de Espectro Radioeléctrico, encargado de frecuencias en CONATEL, que su dirección nunca impartió seminarios, porque es meramente técnica y a lo único que se dedican es a la administración del espectro y la parte de comprobación de emisiones eléctricas 5.- Declaración de Jackeline Soraya Toushe Wilt: (introducida por lectura al debate) quien manifestó: que ella recibió en el mes de junio de 2009 un cheque por 50 mil Lempiras a su nombre para que lo cambiara y después entregara el dinero en efectivo; también refirió, que liquidó esos cheques y que se le brindaron algunas facturas de hotel y almuerzos ejecutivos, pero que ella nunca fue a esos seminarios. Dijo que ella no sabía que esas facturas no eran reales hasta que el Ministerio Público le informó que eran diferentes, y que cambió el cheque porque recibió una, orden del imputado y de Raúl Valladares, presidente de CONATEL, y que de este último era su secretaria. La liquidación la hizo por órdenes de Raúl Valladares, expresó. Documental: 1.- Investigación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada por la auditora Nora Rosa Lobo, que contiene la lista de los empleados que recibieron cheques a nombre del acusado y los memorándums emitidos por las autoridades de CONATEL, mediante la cual ordena se extiendan los cheques a los empleados para realizar seminarios a diferentes partes del país. 2.- Memorándum DIGER-2009-M-368 mediante el cual el Director de Gestión del Espectro radioeléctrico informa a la auditoría que esa Dirección no cuenta con un Departamento, funcionario o Empleados responsables de organizar, planificar e impartir seminarios-talleres con operadores de radio y televisión, firmado por Javier Hernández. 3.- Memorándum DF-154-2009 mediante el cual se hace de conocimiento de la auditoría que el departamento de Fiscalización, no cuenta con un Departamento, funcionario o Empleado responsable de organizar, planificar e impartir seminarios- talleres, firmado por el ingeniero Regulo Pastor Erazo. Al examinar en su conjunto la prueba supra descrita, se evidencia que la conclusión a la que ha arribado el Tribunal Sentenciador, en cuanto a la responsabilidad del acusado en el delito que se le atribuye, no obedece a una acertada valoración de la prueba allegada legalmente al juicio, conforme a las Reglas de la Sana Crítica y por el contrario ha vulnerado las mismas de la manera que se expone a continuación: 1.- Merece especial atención la apreciación que hizo el sentenciador de la declaración de Andrés Eduardo Flores Vallecillo, en el apartado de valoración conjunta de la prueba, en virtud de que vulnera o transgrede la regla de la lógica en el principio de Derivación, en su apartado de razón suficiente y su característica de veracidad, puesto que el juzgador no se informa del contenido de esta prueba, al darle una connotación o interpretación diferente al relato del mencionado testigo. Se instituye en el fallo la idea de que Andrés Eduardo Flores Vallecillo, en su condición de Sub Auditor de CONATEL, valida los procedimientos de liquidación de los viajes al departamento de La Paz, debido a la presentación “correcta” de los documentos de respaldo, tales como facturas de hoteles, en donde se consignaban capacitaciones e incluso llega a afirmar el Tribunal, que adujo que todos llevaron documentación soporte, en virtud de que en su totalidad trabajaban en la Cuarta Urna, cuando en realidad consta del acta de debate que dijo lo siguiente: “en administración nos entregaban la documentación para que nosotros liquidáramos. Eran facturas de Hoteles.” A preguntas de la Fiscalía contesta que sólo firmaba las facturas que le proporcionaban y que nunca acudió a un seminario, por lo que estampaba su rúbrica porque eran directrices de la administración que liquidaran de esa manera, aunque él tenía documentos verdaderos, pero como estos no acreditaban los lugares que había visitado no correspondían. A preguntas de la Defensa manifiesta que dio visto bueno porque todo estaba “arreglado”, y ese fue el motivo para recriminarle a José María Ramírez Romero que él no podía estar haciendo cheques a nombre de empleados, porque los estaba metiendo en problemas. Precisamente por eso no quiso cambiar los cheques inmediatamente, porque sabía que era un problema, subraya en su declaración. Es claro también el deponente, en torno a que el acusado le dio las instrucciones para que cobrara un cheque en concepto de viáticos para un seminario y que una vez que tuviese el efectivo a disposición se lo diera inmediatamente al presidente de CONATEL. Del relato del testigo en mención se determina, que no resulta coherente que pueda haber afirmado como asevera el juzgador, que el trámite de liquidación estaba correcto, cuando ha expresado, cómo le pidió al acusado que utilizara la partida que se creó para La Cuarta Urna en lugar de simular pagos en concepto de viáticos a empleados, vinculando a este, en el trámite irregular de las liquidaciones que se hacían con documentos que brindaba la oficina de Administración, de la cual era jefe el imputado. Entonces, en miramiento a las circunstancias antes señaladas, vemos, que las consideraciones del sentenciador, referentes a lo manifestado por Andrés Eduardo Flores Vallecillo evidentemente infringen la regla lógica de razón suficiente en su característica de veracidad, ya que su decisión se basa en apreciaciones propias de su imaginación, que carecen de sustento derivado del contenido de esta probanza evacuada en el juicio. 2.- El Tribunal en la valoración intelectiva del resto de prueba testifical incorporada al juicio, consistente en las declaraciones de Jackeline Soraya Toushe Wilt, Claudia Mariela Mercadal, Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya y Javier Hernández nuevamente incurre en errores de valoración, ya que le resta credibilidad a sus dichos, partiendo de situaciones que no son objeto de discusión en el caso subjudice y restando la relevancia que corresponde al contenido de las deposiciones, de las cuales se deduce que sin lugar a dudas, todos han sido congruentes en cuanto, recibieron cheques a su nombre, emitidos por CONATEL, los cuales cobraron e hicieron entrega de su efectivo al acusado, bajo la justificación de seminarios relacionados con la Dirección del Espectro Radioeléctrico que nunca se llevaron a cabo y fueron liquidados con documentación que les entregaban en administración, no con la que ellos hubieran obtenido producto del uso de viáticos; es decir, su relatos sitúan al acusado como uno de los responsables de generar la simulación de talleres y seminarios destinados a radio operadores de las ciudades de La Ceiba, Santa Bárbara, Trujillo, Tocoa, La Esperanza, La Paz, San Pedro Sula, El Progreso, Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Olanchito y Comayagua, y así justificar la orden de emisión de varios cheques a sus nombres, que ya sumados ascienden a un valor total de 655,550 Lempiras, para que los cobraran con el objetivo de que el efectivo fuera destinado a él, por lo que, consecuentemente, al concluir el juzgador que no se logró demostrar la responsabilidad del imputado en el delito de Malversación de Caudales Públicos, vulnera también la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. 3.- Por otra parte, se debe tomar en consideración que el dicho de los testigos de cargo se encuentra sustentado con la prueba documental presentada en el debate, como son los memorándums girados por CONATEL, donde se ordena se emita cheques a favor de los empleados para realizar seminarios a diferentes partes del país y los memorándums DIGER-2009-M-368 Y DF-154-2009 donde se indica que esas dependencias no realizaron capacitaciones sobre Espectro Radioeléctrico. Advierte el ente Fiscal de las valoraciones del Tribunal, que su conclusión es eminentemente subjetiva, en virtud que no se encuentra basada en los datos o información que arroja la prueba, sino en meras apreciaciones, como es el hecho de las condiciones políticas del país, cuando se ejecuta el ilícito, que a su criterio torna la prueba carecen de objetividad. De los razonamientos relacionados, no se desprende una línea de argumentación clara y coherente en orden a tener por establecida la no participación del imputado en el delito de Malversación de Caudales Públicos; por el contrario, parte del contenido de la sentencia lo constituye una relación pormenorizada de la prueba testimonial recabada, hasta concluir en la ausencia de credibilidad. En tal sentido, la pretendida falta de comprobación de quien cometió el ilícito, carece de un adecuado análisis y fundamentación, transgrediendo el principio de razón suficiente. En consecuencia y siendo que la prueba de cargo era suficiente para dictar un fallo condenatorio, el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente tal convencimiento, dada su errónea valoración de la probanza en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; defectos éstos, que anunciamos hasta en este momento, ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente, consecuentemente, no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvío y evacuación de un nuevo juicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 del Código Procesal Penal; • Norma que se denuncia infringida: Artículo 362 n°2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Exclusión de prueba de valor decisivo; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Que se anule el fallo. Establece el recurrente de que el Tribunal excluyó prueba de Valor Decisivo, consistente en el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B emitido por el Tribunal Superior de Cuentas e incorporado al debate como prueba documental por parte del ente acusador, por considerar que se constituye en una prueba Ilícita, en vista que dicha entidad al emitir el Pliego de Responsabilidad del encausado, no le dio la oportunidad de agotar la correspondiente vía administrativa, alega el recurrente que tiene la condición de prueba decisiva, por cuanto se trata de la prueba técnica idónea en la figura de Malversación de Caudales Público, en la que se documenta la emisión arbitraria de cheques por parte del acusado como Director Administrativo de CONATEL a favor de empleados de dicha institución, sin la documentación soporte que legalice el pago en concepto de viáticos a diferentes lugares del país, por procedimientos de capacitación que nunca se realizaron y de donde se evidencia la conducta arbitraria del imputado, al recibir el dinero producto de esos cheques en una suma de (L 655,500.00) seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos Lempiras, de parte de los empleados, es producto de no haber sido notificado el acusado del pliego de responsabilidades emitido por el ente contralor; también se desprende de la sección de valoración probatoria, que el juzgador cuestiona que en el equipo de auditores haya intervenido el ciudadano Cristian Josué Elvir, ya que este trabajó en el Tribunal Superior de Cuentas y CONATEL al mismo tiempo, constituyendo esto un quebrantamiento al Código de Ética del Funcionario Público que vició el medio de prueba descrito, el recurrente refuta tal afirmación, puesto que, por una parte, no se hace patente que su participación haya tenido alguna incidencia en los resultados del informe del Tribunal Superior de Cuentas, por cuanto la auditora al ratificarlos, aclara que este intervino en el primer informe, pero fue despedido, aunado al hecho, que la encargada y responsable del informe fue Nora Marina Rosa Lobo y esa causa de exclusión que argumenta el ente jurisdiccional es meramente subjetiva, que al haber sido excluido se limitó la visión del Tribunal, ya que si bien es cierto, dicho informe del Tribunal Superior de Cuentas no conllevaba de manera automática a una condena, su presencia era decisiva, en vista de que constituía la columna vertebral de la tesis acusatoria; por lo que, al eliminarse dicho informe, desapareció el soporte técnico contable. De la exclusión y de la falta de consideración de prueba de valor decisivo. El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto de los principios de legalidad y el debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la admisión, reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (artículo 199 del Código Procesal Penal); seguidamente, se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del artículo 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del artículo 333 del Código Procesal Penal), y, finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el tribunal de sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Por otra parte, existe falta de consideración cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, no hace mención alguna de dicho medio de prueba, es decir, omite toda referencia a ella y, consecuentemente, deja de valorarla. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido o no considerado posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. El recurso no es de recibo. Ha analizado cuidadosamente la Sala de lo Penal el recurso de casación que ha interpuesto el Ministerio Público, en el cual denuncia quebrantamiento de forma, invocando como motivo la indebida exclusión de prueba de Valor Decisivo, consistente en el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B emitido por el Tribunal Superior de Cuentas, e incorporado al debate como prueba documental por parte del ente acusador, por considerar que se constituye en una prueba Ilícita, en vista que dicha entidad al emitir El Pliego de Responsabilidad del encausado, no le dio la oportunidad de agotar la correspondiente vía administrativa, y considera el ente acusador que tiene la condición de prueba decisiva, por cuanto se trata de la prueba técnica idónea en la figura de Malversación de Caudales Público, en la que se documenta la emisión arbitraria de cheques por parte del acusado como Director Administrativo de CONATEL, a favor de empleados de dicha institución, sin la documentación soporte que legalice el pago en concepto de viáticos a diferentes lugares del país; al examen de la sentencia, encuentran los Jueces de Casación que el a-quo excluye valor al Informe Especial No. 07/2009-DASH-B por considerar que es una prueba prohibida o ilícita al ser del criterio que no satisfizo los requisitos exigidos por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de cuentas: En los casos de sumario administrativo o de investigaciones especiales, se deberá resguardar a los indiciados el derecho de defensa y las demás garantías del debido proceso. El recurrente manifiesta que el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B fue indebidamente excluido por un erróneo criterio de que era ilícito, empero al dar lectura de la sentencia la Sala de lo Penal encuentra que el medio de prueba fue valorado por los jueces, dándole una calificación negativa a partir de una serie de razonamientos judiciales (con independencia de la propiedad de dichos razonamientos); Para los jueces el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B, no merece credibilidad debido a que: i. La Auditora manifestó no haber practicado una auditoria de campo, sino que se limitó a llamar por teléfono y solicitar la información; evidentemente y de acuerdo a lo principios y normas generales e internacionales de Auditoria, no completó su investigación, no sustentó su investigación con otros medios de prueba; para el caso, anexar a su informe los ejemplares de las facturas originales que según ésta eran las que utilizaban los hoteles; ii. Que las facturas traídas al proceso como medios de prueba, no pueden cotejarse de manera individualizada su número correlativo, en consecuencia, por si mismas no pueden arrojar una no correlatividad, que indique la existencia o no de dicho extremo plasmado en el informe de auditoría; iii. La Auditora, no practicó auditoria de campo, es decir, no acceso a los archivos contables de los hoteles a efecto de corroborar en los talonarios que quedan como copias de las facturas y que respaldan a las empresas hoteleras, en caso de investigación por pago de impuestos al Estado; lo anterior, a efecto de verificar contra las facturas adjuntas a las liquidaciones por viáticos presentadas por los empleados y funcionarios de CONATEL; iv. El Informe de Auditoría, no anexa facturas distintas, sellos falsos, o la tenencia de talonarios de facturas falsos o investigado a la imprenta que fabricó talonarios; tampoco, el informe de auditoría anexa constancia de que estas facturas no corresponden a los talonarios reportados por el hotel como parte del control de facturación y que fuera esta constancia emitida por autoridad competente, en este caso la DEI, o Cámara de Comercio o a quien corresponda; v. Considera el a quo, que la Auditora no presentó soporte documental, mediante el cual fuera confirmado ser falsos los RTN de las facturas; no se anexa al informe ni se trajo a dicho Tribunal de justicia, la constancia emitida por la autoridad competente, en la cual se consignase cuáles son los formatos, membretes, RTN y sellos registrados para ser utilizados en un determinado negocio o empresa en este caso el de los hoteles; vi. no se practicó ninguna pericia caligráfica comparativa a las firmas de los empleados de los hoteles; vii. No se insertó en los anexos de dicho informe Especial, los oficios de los superiores jerárquicos del Tribunal Superior de Cuentas, mediante el cual se autorizara o facultara a la Auditora, practicar una ampliación de la Auditoria en el sentido de intervenir in situ, el renglón presupuestario de viáticos, dado que supuestamente había nuevos hallazgos en su investigación; viii. No se extendió ni notificó el pliego de reparos al acusado, para efectos de que dentro del término de ley pudiese establecer una defensa ante el Departamento de Impugnaciones del Tribunal Superior de Cuentas, agotar la vía administrativa interna; evidentemente, el Tribunal Superior de Cuentas, omitió dicho procedimiento, y remitió directamente al Ministerio Publico dicho informe. En general, el medio de prueba Informe Especial No. 07/2009-DASH-B, no fue excluido indebidamente, como lo señala el recurrente, sino que fue incluido en la valoración de la prueba, determinando el a-quo que la prueba allegada y evacuada durante la audiencia de juicio oral y público, no solo es insuficiente, sino que no es prueba lícita para determinar la participación del acusado en los hechos; a su vez señala que por el principio de jerarquía funcional, que quedó acreditado para el sentenciador, que quien emitió la orden para efectos de ejecutar dicho gasto fue el Presidente Manuel Zelaya Rosales, mediante decreto y como consecuencia de ello, el Presidente de CONATEL emitió dichas instrucciones, en su condición de dependiente del Poder Ejecutivo; por lo que la prueba documental de la Defensa, desvanece la tesis planteada por el Ministerio Publico; la misma es de superior categoría probatoria, dado que el accionar del acusado durante su gestión en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, fue amparado bajo el Decreto Ejecutivo PCM 020-2009, de fecha 26 de mayo del año 2009 y publicado en la Gaceta en fecha 25 de junio del año 2009 y mediante las instrucciones superiores jerárquicas, en su caso, bajo subordinación a la Presidencia de CONATEL; dichas acciones fueron realizadas dentro del marco de la vigencia del referido Decreto. Para finalizar es importante señalar nuevamente que la Sala de lo Penal no hace criterio de valor respecto a la propiedad de los razonamientos judiciales en que se apoyan los jueces de sentencia para concluir que el medio de prueba no merece crédito, sino que solo se limita a constatar su existencia, y por ende, a descartar la denuncia hecha en el recurso: la indebida exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, por un desatinado criterio de ilicitud; la prueba no fue excluida, sino que fue objeto de valoración intelectiva, siendo independiente si dicha valoración es propia o impropia a la luz de las reglas de la sana critica, lo que solo puede ser revisado con la interposición un motivo distinto de casación al que nos ocupa, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de casación.
Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 del Código Procesal Penal; • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Que se anule el fallo. Establece el recurrente que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica, al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria; de que la falta de comprobación de quien cometió el ilícito, carece de un adecuado análisis y fundamentación, transgrediendo el principio de razón suficiente. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la valoración de la prueba testifical Ciertamente la valoración del medio de prueba testifical es uno de los procesos más difíciles en la tarea de un juzgador, aun cuando sea la más común; ello debido a la multiplicidad de variables a tener en cuenta al momento de hacer dicha valoración, que van desde los aspectos relativos a la percepción de los hechos objeto de relato, hasta la forma en que el testigo da a conocer dicha información. La valoración individual de las declaraciones testificales debe partir de la concepción que toda declaración es el relato de un hecho pasado que ha percibido una persona por conducto de sus sentidos, ergo es el acto mediante el cual la persona acude a su memoria para describir un suceso, reproduciendo no solo hechos sino también sentimientos y sensaciones, por tanto, su captación y reproducción puede verse condicionada por muchos factores. Es común el error en los tribunales de justicia de hacer la valoración binaria de la prueba testifical, al señalar que el testigo dice la verdad o miente, más esta es una forma de valoración simplista que desconoce la propia naturaleza humana, la cual es mucho más compleja. En principio, el tribunal de sentencia debe de valorar las condiciones imperantes al momento de que el testigo percibió por sus sentidos los hechos objetos del relato, tales como: a. Aspecto biológico: Capacidad biológica del testigo de percibir los hechos por medio de sus sentidos; así pues, la capacidad visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil del testigo debe de ser objeto de valoración por el tribunal; b. aspecto ambiental: Condiciones imperantes al momento del hecho que le hayan permitido al testigo poder percibir con sus sentidos los hechos objeto del relato; c. Aspecto psicológico: Estado anímico del testigo al momento del hecho; así pues, en condiciones estresantes los hechos se percibirán de una forma distinta que en condiciones relajantes o de alegría, viéndose afectadas las ideas sobre tiempo, distancia, colores, etc. Además, el aspecto psicológico nos manda a tener en consideración la capacidad de mantener en la memoria los hechos y que dichos recuerdos no se vean condicionados por vivencias anteriores (por ejemplo, perjuicios preexistentes sobre un hecho o una persona) o afectados por vivencias posteriores (por ejemplo, la captación de información sobre el hecho de otras fuentes como testigos o medios de comunicación). En la valoración del testimonio el tribunal de sentencia debe de realizar un debido análisis del contenido del relato prestado en la audiencia de debate, discerniendo aquellos aspectos de la personalidad del testigo que pudiesen afectar la forma de transmitir la información, con otros que sean parte de una intencionalidad de ocultar, tergiversar o inventar una verdad. Así pues considérese que el nerviosismo, miedo o timidez en una declaración no necesariamente son signos de que el testigo está faltando a la verdad, sino que pueden obedecer a la personalidad, al hecho de enfrentarse ante una situación nueva (prestar declaración testifical) o al hecho de verse obligado revivenciar un hecho estresante (en especial para las víctimas); por otro lado el enojo, reticencia o hasta la arrogancia de un testigo no deben de ser necesariamente valorado como una actitud adoptada para ocultar la verdad, pues igual puede obedecer a los mismos aspectos antes apuntados. Por otra parte, el tribunal de sentencia debe de considerar que ningún testigo es objetivo con su relato, pues toda persona al declarar aspira a que se le crea, en especial aquellas cuyas vidas han sido afectadas por el acontecimiento narrado, y por ello buscaran presentar su relato lo más creíble posible, lo que no implica necesariamente falsedad sino una forma de presentar los hechos en procura de que sean aceptados. El análisis individual, después de la consideración de los aspectos personales, debe de implicar un estudio sobre la coherencia interna del relato, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; además que la actitud descrita del testigo de las otras personas presentes y de la propia sea acorde con las reglas de la psicología y finalmente que el hecho sea verosímil al obedecer a las máximas de la experiencia común; de lo contrario el relato resultaría poco o nada fiable. La labor de valoración no termina con el análisis individual de la prueba testifical, sino que además debe de hacerse una valoración conjunta, entendiéndose como la confrontación de la información proporcionada por el testigo con la información que se deriva de otros medios de prueba, incluyendo otros testigos, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, reconstruyendo el hecho histórico donde cada una de los medios de prueba sea una pieza articulada de un todo. Tratándose de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el tribunal de sentencia no puede limitarse hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararan de manera idéntica aun cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues como se ha señalado ya, los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas determinaran que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos; por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al tribunal de sentencia por su anormalidad. Así entonces los testigos valorados conjuntamente deben de brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. La prueba testifical además debe de calzar con el resto de la prueba, en especial con la prueba científica, explicando una lo que la otra no puede, reforzando recíprocamente la información brindada y construyendo entre toda el relato histórico objeto de juzgamiento; la coincidencia perfecta entre la prueba es improbable y jamás debe de ser la exigencia del juzgador, sino la coherencia entre los medios de prueba lógica, razonable y verosímil, que construya unos hechos necesarios, descartando toda otra posibilidad razonable inclusive a nivel de duda, y por tanto dejando como resultado la certeza de lo declarado probado. Retomando entonces, en la declaración testifical, el tribunal imprescindiblemente deberá de hacer una valoración individual como conjunta, en la que tenga en cuenta la multiplicidad de los factores apuntados, ello le permitirá diferenciar los casos en donde un testigo sea sincero, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de condiciones y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponde a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración solo podrá realizarse mediante una correcta inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las reglas de la psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las máximas de la experiencia común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano). (Ver sentencia dictada por la Sala de lo Penal en fecha 23 de enero del 2008, en el expediente SP 014-2007; y sentencia dictada por la Sala de lo Penal en fecha 28 de julio del 2011, en el expediente SP 060-2010). De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece de que el sistema de valoración de la prueba, es el de La Sana Crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador en su motivación ha elaborado razonamientos en base a la lógica, observando una derivación adecuada a partir de los hechos demostrados en juicio, que indica: “Este Tribunal considera, que en Andrés Eduardo Flores, quedó claro para estos juzgadores que el señor Flores en su condición de sub Auditor, confirmó que efectivamente todos liquidaron y que todos fueron a la Paz, que se presentaron las liquidaciones con los documentos de respaldo, como facturas de hoteles, en las cuales se consignaba capacitaciones y que se presentaron correctamente; laboraba en Conatel y era Sub Auditor; revisaba planillas de pago, compras y viáticos y adujo que todos ellos llevaron documentación soporte y que todos ellos trabajaron allá en la cuarta Urna; todo lo cual ha sido un indicativo para éste Tribunal de Sentencias, que dicho0s empleados, si recibieron dichos viáticos y asistieron a realizar actividades políticas y seminarios relacionados al tema de la cuarta urna, contradiciéndose entre sí y fue en su afán de evitar ser obligados a devolver dichos valores al Estado, señalaron al señor Ramírez como la persona a quien afirman, le dieron el dinero en efectivo de los cheques cambiados y que éste les extendió un recibo; este Tribunal de Sentencias, le confiere credibilidad al Señor Andrés Eduardo Flores, sus dichos son congruentes con los demás medios de prueba, en cuanto que ha dejado claro a éste Tribunal, que efectivamente se dieron viáticos para socializar lo relacionado a la cuarta urna, que efectivamente se presentaron las liquidaciones respectivas con sus documentos de soporte y que ciertamente todos estuvieron realizando las giras a los lugares respectivos, lo cual evidentemente dichos fondos fueron utilizados para ese efecto por todos los empleados y funcionarios referenciados.” En juicio el testigo Andrés Eduardo Flores Vallecillo, declaró: que conoce al señor Ramírez, era el Gerente Administrativo de Conatel; que en su condición de Sub Auditor él laboró hasta Junio del 2009, estuvo Siete meses; en junio se les encomendó para trabajar en la socialización de “la cuarta urna” y lo hicieron en el Departamento de la Paz, porque este le fue asignado al Presidente de Conatel; se emitieron tres cheques a su favor de los cuales eran para el gasto de “la cuarta urna”; el Licenciado Ramírez le entrego un cheque para que lo cambiara y le diera el dinero al Presidente de la Comisión; lo cambió y se lo entregó al Presidente de la Comisión; el cheque era por cuarenta mil lempiras (40.000.00) y otro por cincuenta mil lempiras (50.000.00), ambos se los dio el efectivo al Presidente de Conatel; ese dinero, se utilizó para la cuarta Urna; asimismo, manifiesta que tiene un recibo que ese dinero se recibió y estuvieron allá trabajando en eso, otro cheque por veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco ( L 24,475.00), estos fueron para sus gastos e hizo liquidaciones y entregó facturas de hoteles, en las cuales se consignaba capacitaciones; que él laboraba en Conatel y era Sub Auditor y revisaba planillas de pago, compras, viáticos y todos llevaban documentación soporte; todos, trabajaron allá en “la cuarta urna”; que él le dijo a José María que no podían estar haciendo eso y emitiendo esos cheques; pero, había un decreto en el cual se ordenaba que todas las instituciones debían colaborar con “la cuarta urna”; se presentaron como documentación soporte en las liquidaciones, informes de actividades, facturas de hoteles, pasajes o gasto de combustibles; no hubo problemas con esas liquidaciones, porque todos esos documentos se presentaron adjuntos y están en los archivos, que el presidente de Conatel, era el Licenciado José Raúl Valladares, y que él ordenó que se ayudara a “la cuarta urna”. De la misma manera el a quo dedujo: “Los Testigos de cargo Jakelyn Soraya Touche, Claudia Mariela Mercadal y Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya, se contradijeron entre si al manifestar que devolvieron el dinero a Noé, a la Secretaria de la Administración, pero si afirmaron que sí estuvieron de giras en la Paz y en otros Departamentos; asimismo, no dijeron, que hayan hecho esas giras con su propio dinero por lo que evidentemente, ha quedado acreditado que si recibieron dichos cheques, los cambiaron y fueron a dichas giras e hicieron uso de dichas cantidades de dinero, lo cual fue confirmado con lo manifestado por el Testigo Andrés Eduardo Flores, Sub Auditor de dicha Institución y quien llevaba el registro contable de dichos gastos en su condición de tal; asimismo, confirmó con sus dich0s que el presidente de Conatel, de ese entonces, ordenó dichas actividades, por lo que ha quedado acreditado para estos juzgadores, que no fue el Señor José María Ramírez Romero, quien emitió instrucciones, para tal efecto; en consecuencia, se les resta credibilidad a las Señoras Testigos; se le confiere credibilidad y virtualidad probatoria a los dichos del Señor Andrés Eduardo Flores en lo relacionado al uso de dichos viáticos, liquidación de los mismos y que efectivamente todos fueron a las giras para socializar la cuarta urna.” Durante su declaración los testigos de cargo: Jakelyn Soraya Touche, Claudia Mariela Mercadal y Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya, manifestaron lo siguiente: Testigo Jackeline Soraya Toushe Wilt: Que inició en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), estuvo también como asistente de del Espectro Radioeléctrico y luego fue trasladada al departamento del Call Center, el cual fue creado para que el público pudiera interponer sus quejas, observaciones y sugerencias; que ella recibió en el mes de junio un cheque por cincuenta mil lempiras (Lps. 50.000.00), para cambiarlo y fue al Banco Ficohsa y entregó el efectivo a don José María, que él no le dio nada a ella, pero que le dio un recibo; que no sabía con exactitud para que era ese dinero; expresa que no recibió Seminarios sobre Operadores de Radio Difusión en la Ceiba, Progreso, San Pedro Sula o Santa Bárbara; refirió, que liquidó esos cheques, que le brindaron algunas facturas de hotel almuerzos ejecutivos y que se imagina para justificarlo, pero que ella no fue a esos seminarios o a esos almuerzos, que ella no sabía que las facturas eran reales hasta que el Ministerio Publico se lo informó que estas facturas eran diferentes; refirió, que no sabe en que se gastaron esos cincuenta mil lempiras; no recuerda, en qué fecha exacta recibió el cheque pero, que fue en el mes de junio y que ese mismo día le entregó el dinero a don José María; refirió, que ella recibió una orden superior para cambiar ése cheque y que fue el Presidente Raúl Valladares quien le ordenó, en conjunto con don José María le dieron la orden; refirió que ella estuvo su mayoría del tiempo en Conatel, Como secretaria de la Presidencia y que presidente era Rail Valladares; no hubo cambio de Administración y que la orden de liquidación fue por orden del Presidente Rail Valladares, que él le dijo que tenían que hacer liquidación siempre sustentado la Administración, porque es un procedimiento de la Institución; La Testigo Claudia Mariela Mercadal: Que laboró en Conatel; en Recursos Humanos; que en relación a unos cheques que se emitieron y que están involucrados todos, pues resulta que en el año 2009, se emitieron (50.000.00), todo se utilizó para la cuarta urna; se cambiaron y se entregaron a la Administración y después de esto no sabe que se hizo con ese dinero; laboró como un año y medio; ella refiere, que era sub jefe de recursos humanos; que no recibió seminarios en Ocotepeque y que no recuerda si fue o unos chequeada Su nombre por cincuenta mil lempiras no a esos seminarios; que el dinero, se lo entregó a una asistente del área administrativa; ese dinero, se utilizó en actividades políticas y cambió ésos cheques en Ficohsa, por instrucciones de José María y que el efectivo se lo entregó Noé quien era el conductor del área administrativa; era, el motorista de José María; le extendieron un recibo por el efectivo entregado; no recuerda, quien le proporciono los documentos para la liquidación. Recuerda, si firmó esa liquidación, no recuerda la documentación eran de hoteles, no recuerda, que hoteles; solo siguió instrucciones se le dio constancia de haber reintegrado ese dinero a la empresa; laboró en Conatel; refiere que ella fue a una gira al Departamento de la Paz a reuniones políticas; La Testigo Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya: Que laboró en Conatel, que se emitieron cheques a nombre suyo, lo cambió y entrego el dinero, ella laboraba por contrato, hubo problemas políticos y dejó de laborar; era asistente de la Administración su jefe inmediato el Señor José María Ramírez, ella cambió el cheque y le dio el dinero al Motorista Noé; Noé iba a entregar el dinero a no sabe quién; que esta entrega, se la ordenó el señor José María Ramírez; que le dieron unas facturas y una liquidación para que las llenara no recuerda que facturas; si participó en Seminarios en la Ciudad de la Paz. De la misma manera el juzgador razonó: “En cuanto a los recibos, que aducen los testigos fueron emitidos por el Señor José María Ramírez Romero, al recibir el efectivo, una vez que cambiaban los cheques; éste Tribunal de Sentencias, no les confiere credibilidad a estos medios de prueba en virtud de que a esas firmas que aparecen en dichos recibos, no se les practicó una pericia caligráfica para determinar si efectivamente corresponden a la firma que usa en todos sus actos legales y administrativos, el Señor José María Ramírez Romero; en Consecuencia el Tribunal les resta credibilidad a éstos recibos, dado que el Ministerio Publico no coadyuvó dicha Auditoria, con prueba científica por ende, los mismos no son objetivamente confiables.” Expresa a si mismo el juzgador en sus razonamientos que: “… si bien se acreditó que el señor José María Ramírez Romero, era el Gerente Administrativo de Conatel, lo cual no fue un hecho controvertido; sin embargo, por el principio de jerarquía funcional, quedó acreditado que quien emitió la orden para efectos de ejecutar dicho gasto fue el Presidente Manuel Zelaya Rosales, mediante decreto y como Consecuencia de ello, el presidente de Conatel emitió dichas instrucciones en su condición de dependiente del Poder Ejecutivo; por lo que la prueba documental de la Defensa, desvanece la tesis planteada por el Ministerio Publico la niacina es de superior categoría probatoria, dado que el acciona del acusado durante su gestión en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, fue amparada bajo el Decreto Ejecutivo PCM O20-2009, de fecha 26 de mayo del año 2009 p publicado en la Gaceta en fecha 25 de junio del año 2009 mediante jerarquías; en este caso, bajo subordinación a la presidencia de Conatel” Conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Código Penal: “El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años si el valor de aquellos no excede de un mil (L 1, 000.00) lempiras y de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa de dicha cantidad, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión”. Es oportuno establecer que, en el tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, el sujeto activo es la autoridad o funcionario público, pero el carácter de sujeto de este delito no lo da sólo el hecho de ser autoridad o funcionario público, sino la relación de estas personas con el objeto material del delito: los caudales y efectos públicos. Por caudal o efecto se entiende cualquier objeto o cosa mueble, dinero, efectos negociables, etc.; que tengan un valor económico apreciable. El carácter público se determina por la pertenencia de los bienes a la Administración Pública, pudiendo decirse que tal pertenencia comienza desde el momento en que existe un derecho expectante de la Administración a la entrega de los caudales, aunque aún no hayan ingresado formalmente en las arcas de la entidad…”[2]. Asimismo, el verbo rector del tipo penal, el verbo “apropiarse” equivale a “sustraer” y “sustraer” ha de entenderse en el sentido amplio de separar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos, apartándolos de su destino o desviándolos del servicio, para hacerlos propios. Concretamente se precisa la intención o ánimo de aprehensión, animus rem sibi habendi con carácter definitivo. No en vano, “apropiar” tiene como una de sus acepciones en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de “tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella”. Ahora bien, el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de delitos de apropiación. En particular, el delito de Malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos”[3]. No existe razón en la interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma; el pretensor argumentó no estar de acuerdo con la valoración, que la conclusión del Tribunal es eminentemente subjetiva, en virtud que no se encuentra basada en los datos o información que arroja la prueba y que habían sido razones no derivadas y por tanto violatorias a la lógica, las que motivaron al a quo a calificar la prueba testifical; sin embargo esta Sala de lo Penal ha constatado que las razones citadas no son incuestionables, y la valoración fue muy desarrollada, amplia y bien explicada en la argumentación judicial, en donde se exponen las razones por las cuales los Juzgadores negaron credibilidad a la prueba. Por todo lo antes expuesto es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su dos motivos, interpuesto por el Abogado Foad Alejandro, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia absolutoria de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió al señor José María Ramírez Romero, del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-248-2017.
Wily Alexander Medina Perez
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL
“ CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-248-2017, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-248-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de noviembre dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor José María Ramírez Romero, del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública; Segundo: No procede la condena en costas procesales ni personales, a ninguna de las partes; Tercero: No procede decretar el comiso, ya que no fue aportada ninguna pieza de convicción ni de ejecución. SON PARTES: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Norman Oswaldo Reaños y Rubén Darío Ramírez Romero, en su condición de defensores privados del señor José María Ramírez Romero, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: En fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil doce (2012), el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal contra el Señor José María Ramírez Romero, por el Delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública, quien fue puesto a la orden de las Autoridades competentes.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado Foad Alejandro Castillo, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: Primer Motivo: “Exclusión de prueba de valor decisivo”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: Una forma de exclusión indebida de un medio de prueba, es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de una desacertada calificación de ilicitud. Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de Valor Decisivo, consistente en el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B emitido por el Tribunal Superior de Cuentas e incorporado al debate como prueba documental por parte del ente acusador, por considerar que se constituye en una prueba Ilícita, en vista que dicha entidad al emitir el Pliego de Responsabilidad del encausado, no le dio la oportunidad de agotar la correspondiente vía administrativa, violentando consecuentemente las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho de Defensa establecidos en los artículos 82 y 90 de La Carta Magna. Asimismo expresa el a-quo en el citado apartado, que el Informe de Auditoría en comento, violentó la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, propiamente en sus artículos 82: “... en los casos de sumario administrativo o de investigaciones especiales, se deberá resguardar a los indiciados el derecho de defensa y las demás garantías del debido proceso; y 84, el cual establece la resolución en los casos de enriquecimiento ilícito y que dice literalmente: “cuando como consecuencia de las investigaciones efectuadas para determinar enriquecimiento ilícito, se detectaren indicios de responsabilidad, el Tribunal dictara, dentro de los diez (10) días hábiles de concluidas las mismas, resolución contentiva de informe provisional, el cual se notificará al indiciado para que dentro del término de cuarenta y cinco (45) días hábiles pueda impugnar y formular las alegaciones que estime pertinentes para su defensa y de igual manera cuestiona, que la Secretaría del Tribunal de Cuentas no era la competente para emitir un juicio de valoración penal contra el señor José María Ramírez Romero, a través de una auditoria incompleta y carente de toda objetividad. Se determina de la motivación del juzgador, que en esencia, la exclusión por ilicitud del informe 0712009-DASH-B realizado por el Tribunal Superior de Cuentas que tiene la condición de prueba decisiva, por cuanto se trata de la prueba técnica idónea en la figura de Malversación de Caudales Público, en la que se documenta la emisión arbitraria de cheques por parte del acusado como Director Administrativo de CONATEL a favor de empleados de dicha institución, sin la documentación soporte que legalice el pago en concepto de viáticos a diferentes lugares del país, por procedimientos de capacitación que nunca se realizaron y de donde se evidencia la conducta arbitraria del imputado, al recibir el dinero producto de esos cheques en una suma de Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Lempiras, de parte de los empleados, es producto de no haber sido notificado el acusado del pliego de responsabilidades emitido por el ente contralor, asumiendo el A quo, requisitos o condiciones, que corresponden a otro tipo penal, que nunca ha sido la pretensión acusatoria (Enriquecimiento Ilícito)[4] y que por ende, su omisión se torna improcedente para excluir de valoración el Informe Especial No.07-2009-DASH-B. También se desprende de la sección de valoración probatoria, que el juzgador cuestiona que en el equipo de auditores haya intervenido el ciudadano Cristian Josué Elvir, ya que este trabajó en el Tribunal Superior de Cuentas y CONATEL al mismo tiempo, constituyendo esto un quebrantamiento al Código de Ética del Funcionario Público que vició el medio de prueba descrito. El Ministerio Público refuta tal afirmación, puesto que, por una parte, no se hace patente que su participación haya tenido alguna incidencia en los resultados del informe del Tribunal Superior de Cuentas, por cuanto la auditora al ratificarlos, aclara que este intervino en el primer informe, pero fue despedido, aunado al hecho, que la encargada y responsable del informe fue Nora Marina Rosa Lobo y esa causa de exclusión que argumenta el ente jurisdiccional es meramente subjetiva. Finalmente, el resto de circunstancias que aborda el Tribunal para excluir de valoración el Informe 07/2009-DASH-B realizado por el Tribunal Superior de Cuentas, no resultan legítimas, en virtud que el mismo fue realizado por una experta, conforme a la información que ella consideró suficiente de acuerdo a su práctica, por ende, le bastó con la información brindada por los dueños de los hoteles, donde se concluye que los documentos que se utilizaron para liquidar (facturas) presentan logos, RTN y firmas diferentes y que fue certificada por el Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas; aunado al hecho, que no tienen registradas las cantidades que allí aparecen y siendo que la conducta que se atribuye es malversar fondos del Estado y no Falsificación de Documentos, las omisiones probatorias que cita el juzgador para suprimir su apreciación no poseen trascendencia, de modo, que el medio de prueba supra mencionado, sí resultaba útil, pertinente, proporcional y lícito para la acreditación del delito, resultando evidente que al haber sido excluido se limitó la visión del Tribunal, ya que si bien es cierto, dicho informe del Tribunal Superior de Cuentas no conllevaba de manera automática a una condena, su presencia era decisiva, en vista de que constituía la columna vertebral de la tesis acusatoria; por lo que, al eliminarse dicho informe, desapareció el soporte técnico contable. Debemos referir, que para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, es necesario recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, a modo de verificar si con la aportación de los datos que proporciona el mismo, el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, tal como ocurre en el caso objeto de análisis, donde al no ser considerado el informe de Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, se ve afectada la conclusión a la que arriba el ente jurisdiccional. La Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90- 2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “…El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322- 2009. (Lo resaltado es nuestro) Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Continúa manifestando el recurrente en el recurso de casación por quebrantamiento de forma: “Segundo Motivo: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: Testifical: 1.- Declaración de Andrés Eduardo Flores Vallecillo: quien manifestó: que trabajó en CONATEL de Noviembre de 2008 a Julio de 2009 y conoce al acusado, JOSÉ María Ramírez Romero, puesto que este fue el Gerente Administrativo de CONATEL hasta junio de 2009, que en Junio de 2009 a CONATEL se le encomendó trabajar en la socialización de la Cuarta Urna en el Departamento de La Paz, en virtud que al Presidente de dicha institución le asignaron esa región, y que para ello, le dieron un cheque para que lo cambiara y le diera el dinero al Presidente de CONATEL; al cambiarlos le entregó el dinero en efectivo, y que los cheques eran por 40 y 50 mil Lempiras; refiere, que a él se le dio otro cheque, el cual sí cambió para su beneficio propio, por la suma de 24,475 Lempiras para sus gastos de viáticos en la realización de la gira, el cual liquidó, ya que él trabajaba en CONATEL como Sub Auditor. De igual manera señala el deponente, que después de entregar los Noventa Mil Lempiras al presidente de CONATEL por instrucciones del imputado, tuvo que liquidar con las facturas que le daban en la administración y que se referían a capacitaciones en diferentes lugares del país, que él nunca acudió a ningún seminario. A preguntas de las partes respondió: que él le dijo al acusado que no podía estar haciendo cheques a nombre de empleados, porque los estaba metiendo en problemas, que las visitas que se hicieron a La Paz no eran seminarios, sino que el presidente de CONATEL, era el coordinador de la cuarta urna en La Paz y entonces, él los envió allá para ayudarlos. 2.- Declaración de Claudia Mariela Mercadal: quien aseveró, que ella trabajó en el área de recursos humanos de CONATEL y que en el año 2009 mientras fungía como Subjefe de capital humano se emitieron unos cheques a su nombre por la cantidad de 50 mil Lempiras para la actividad de la Consulta Popular denominada Cuarta Urna, por lo que lo cambió en una agencia del Banco Ficohsa y por instrucciones del acusado lo entregó a un sujeto sólo conocido por Noé, quien era el motorista del área administrativa. A preguntas de las partes contestó: que recuerda que se les pidió cambiar los cheques para algunas actividades políticas y por eso necesitaban el efectivo, que se les extendió recibo firmado por el acusado, para acreditar que entregaron el dinero al área administrativa, que el cheque lo cambio por instrucciones del administrador don José María Ramírez y que lo liquidó sin haber participado en ninguna actividad, porque como después se retornaría a la empresa no le vio problema. 3.- Declaración de Jennifer Johana Valeriano Zelaya: Quien expresó que en el 2009 era la asistente de José María Ramírez en CONATEL, que cambió un cheque por la cantidad de Cincuenta Mil Lempiras, que fue emitido supuestamente para la cuarta urna y que una vez que lo cobró, le entregó el dinero al motorista de este, llamado Noé.- Expone en su relato, que la entrega del efectivo la ordenó el acusado, que posteriormente le proporcionaron unas facturas para que las llenara en la oficina y liquidara el cheque, que nunca recibió seminario de parte de CONATEL 4.- Declaración de Javier Hernández: Refirió el deponente, que en el año 2009 se desempeñó como Director del Departamento de Espectro Radioeléctrico, encargado de frecuencias en CONATEL, que su dirección nunca impartió seminarios, porque es meramente técnica y a lo único que se dedican es a la administración del espectro y la parte de comprobación de emisiones eléctricas 5.- Declaración de Jackeline Soraya Toushe Wilt: (introducida por lectura al debate) quien manifestó: que ella recibió en el mes de junio de 2009 un cheque por 50 mil Lempiras a su nombre para que lo cambiara y después entregara el dinero en efectivo; también refirió, que liquidó esos cheques y que se le brindaron algunas facturas de hotel y almuerzos ejecutivos, pero que ella nunca fue a esos seminarios. Dijo que ella no sabía que esas facturas no eran reales hasta que el Ministerio Público le informó que eran diferentes, y que cambió el cheque porque recibió una, orden del imputado y de Raúl Valladares, presidente de CONATEL, y que de este último era su secretaria. La liquidación la hizo por órdenes de Raúl Valladares, expresó. Documental: 1.- Investigación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada por la auditora Nora Rosa Lobo, que contiene la lista de los empleados que recibieron cheques a nombre del acusado y los memorándums emitidos por las autoridades de CONATEL, mediante la cual ordena se extiendan los cheques a los empleados para realizar seminarios a diferentes partes del país. 2.- Memorándum DIGER-2009-M-368 mediante el cual el Director de Gestión del Espectro radioeléctrico informa a la auditoría que esa Dirección no cuenta con un Departamento, funcionario o Empleados responsables de organizar, planificar e impartir seminarios-talleres con operadores de radio y televisión, firmado por Javier Hernández. 3.- Memorándum DF-154-2009 mediante el cual se hace de conocimiento de la auditoría que el departamento de Fiscalización, no cuenta con un Departamento, funcionario o Empleado responsable de organizar, planificar e impartir seminarios- talleres, firmado por el ingeniero Regulo Pastor Erazo. Al examinar en su conjunto la prueba supra descrita, se evidencia que la conclusión a la que ha arribado el Tribunal Sentenciador, en cuanto a la responsabilidad del acusado en el delito que se le atribuye, no obedece a una acertada valoración de la prueba allegada legalmente al juicio, conforme a las Reglas de la Sana Crítica y por el contrario ha vulnerado las mismas de la manera que se expone a continuación: 1.- Merece especial atención la apreciación que hizo el sentenciador de la declaración de Andrés Eduardo Flores Vallecillo, en el apartado de valoración conjunta de la prueba, en virtud de que vulnera o transgrede la regla de la lógica en el principio de Derivación, en su apartado de razón suficiente y su característica de veracidad, puesto que el juzgador no se informa del contenido de esta prueba, al darle una connotación o interpretación diferente al relato del mencionado testigo. Se instituye en el fallo la idea de que Andrés Eduardo Flores Vallecillo, en su condición de Sub Auditor de CONATEL, valida los procedimientos de liquidación de los viajes al departamento de La Paz, debido a la presentación “correcta” de los documentos de respaldo, tales como facturas de hoteles, en donde se consignaban capacitaciones e incluso llega a afirmar el Tribunal, que adujo que todos llevaron documentación soporte, en virtud de que en su totalidad trabajaban en la Cuarta Urna, cuando en realidad consta del acta de debate que dijo lo siguiente: “en administración nos entregaban la documentación para que nosotros liquidáramos. Eran facturas de Hoteles.” A preguntas de la Fiscalía contesta que sólo firmaba las facturas que le proporcionaban y que nunca acudió a un seminario, por lo que estampaba su rúbrica porque eran directrices de la administración que liquidaran de esa manera, aunque él tenía documentos verdaderos, pero como estos no acreditaban los lugares que había visitado no correspondían. A preguntas de la Defensa manifiesta que dio visto bueno porque todo estaba “arreglado”, y ese fue el motivo para recriminarle a José María Ramírez Romero que él no podía estar haciendo cheques a nombre de empleados, porque los estaba metiendo en problemas. Precisamente por eso no quiso cambiar los cheques inmediatamente, porque sabía que era un problema, subraya en su declaración. Es claro también el deponente, en torno a que el acusado le dio las instrucciones para que cobrara un cheque en concepto de viáticos para un seminario y que una vez que tuviese el efectivo a disposición se lo diera inmediatamente al presidente de CONATEL. Del relato del testigo en mención se determina, que no resulta coherente que pueda haber afirmado como asevera el juzgador, que el trámite de liquidación estaba correcto, cuando ha expresado, cómo le pidió al acusado que utilizara la partida que se creó para La Cuarta Urna en lugar de simular pagos en concepto de viáticos a empleados, vinculando a este, en el trámite irregular de las liquidaciones que se hacían con documentos que brindaba la oficina de Administración, de la cual era jefe el imputado. Entonces, en miramiento a las circunstancias antes señaladas, vemos, que las consideraciones del sentenciador, referentes a lo manifestado por Andrés Eduardo Flores Vallecillo evidentemente infringen la regla lógica de razón suficiente en su característica de veracidad, ya que su decisión se basa en apreciaciones propias de su imaginación, que carecen de sustento derivado del contenido de esta probanza evacuada en el juicio. 2.- El Tribunal en la valoración intelectiva del resto de prueba testifical incorporada al juicio, consistente en las declaraciones de Jackeline Soraya Toushe Wilt, Claudia Mariela Mercadal, Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya y Javier Hernández nuevamente incurre en errores de valoración, ya que le resta credibilidad a sus dichos, partiendo de situaciones que no son objeto de discusión en el caso subjudice y restando la relevancia que corresponde al contenido de las deposiciones, de las cuales se deduce que sin lugar a dudas, todos han sido congruentes en cuanto, recibieron cheques a su nombre, emitidos por CONATEL, los cuales cobraron e hicieron entrega de su efectivo al acusado, bajo la justificación de seminarios relacionados con la Dirección del Espectro Radioeléctrico que nunca se llevaron a cabo y fueron liquidados con documentación que les entregaban en administración, no con la que ellos hubieran obtenido producto del uso de viáticos; es decir, su relatos sitúan al acusado como uno de los responsables de generar la simulación de talleres y seminarios destinados a radio operadores de las ciudades de La Ceiba, Santa Bárbara, Trujillo, Tocoa, La Esperanza, La Paz, San Pedro Sula, El Progreso, Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Olanchito y Comayagua, y así justificar la orden de emisión de varios cheques a sus nombres, que ya sumados ascienden a un valor total de 655,550 Lempiras, para que los cobraran con el objetivo de que el efectivo fuera destinado a él, por lo que, consecuentemente, al concluir el juzgador que no se logró demostrar la responsabilidad del imputado en el delito de Malversación de Caudales Públicos, vulnera también la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. 3.- Por otra parte, se debe tomar en consideración que el dicho de los testigos de cargo se encuentra sustentado con la prueba documental presentada en el debate, como son los memorándums girados por CONATEL, donde se ordena se emita cheques a favor de los empleados para realizar seminarios a diferentes partes del país y los memorándums DIGER-2009-M-368 Y DF-154-2009 donde se indica que esas dependencias no realizaron capacitaciones sobre Espectro Radioeléctrico. Advierte el ente Fiscal de las valoraciones del Tribunal, que su conclusión es eminentemente subjetiva, en virtud que no se encuentra basada en los datos o información que arroja la prueba, sino en meras apreciaciones, como es el hecho de las condiciones políticas del país, cuando se ejecuta el ilícito, que a su criterio torna la prueba carecen de objetividad. De los razonamientos relacionados, no se desprende una línea de argumentación clara y coherente en orden a tener por establecida la no participación del imputado en el delito de Malversación de Caudales Públicos; por el contrario, parte del contenido de la sentencia lo constituye una relación pormenorizada de la prueba testimonial recabada, hasta concluir en la ausencia de credibilidad. En tal sentido, la pretendida falta de comprobación de quien cometió el ilícito, carece de un adecuado análisis y fundamentación, transgrediendo el principio de razón suficiente. En consecuencia y siendo que la prueba de cargo era suficiente para dictar un fallo condenatorio, el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente tal convencimiento, dada su errónea valoración de la probanza en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; defectos éstos, que anunciamos hasta en este momento, ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente, consecuentemente, no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvío y evacuación de un nuevo juicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 del Código Procesal Penal; • Norma que se denuncia infringida: Artículo 362 n°2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Exclusión de prueba de valor decisivo; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Que se anule el fallo. Establece el recurrente de que el Tribunal excluyó prueba de Valor Decisivo, consistente en el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B emitido por el Tribunal Superior de Cuentas e incorporado al debate como prueba documental por parte del ente acusador, por considerar que se constituye en una prueba Ilícita, en vista que dicha entidad al emitir el Pliego de Responsabilidad del encausado, no le dio la oportunidad de agotar la correspondiente vía administrativa, alega el recurrente que tiene la condición de prueba decisiva, por cuanto se trata de la prueba técnica idónea en la figura de Malversación de Caudales Público, en la que se documenta la emisión arbitraria de cheques por parte del acusado como Director Administrativo de CONATEL a favor de empleados de dicha institución, sin la documentación soporte que legalice el pago en concepto de viáticos a diferentes lugares del país, por procedimientos de capacitación que nunca se realizaron y de donde se evidencia la conducta arbitraria del imputado, al recibir el dinero producto de esos cheques en una suma de (L 655,500.00) seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos Lempiras, de parte de los empleados, es producto de no haber sido notificado el acusado del pliego de responsabilidades emitido por el ente contralor; también se desprende de la sección de valoración probatoria, que el juzgador cuestiona que en el equipo de auditores haya intervenido el ciudadano Cristian Josué Elvir, ya que este trabajó en el Tribunal Superior de Cuentas y CONATEL al mismo tiempo, constituyendo esto un quebrantamiento al Código de Ética del Funcionario Público que vició el medio de prueba descrito, el recurrente refuta tal afirmación, puesto que, por una parte, no se hace patente que su participación haya tenido alguna incidencia en los resultados del informe del Tribunal Superior de Cuentas, por cuanto la auditora al ratificarlos, aclara que este intervino en el primer informe, pero fue despedido, aunado al hecho, que la encargada y responsable del informe fue Nora Marina Rosa Lobo y esa causa de exclusión que argumenta el ente jurisdiccional es meramente subjetiva, que al haber sido excluido se limitó la visión del Tribunal, ya que si bien es cierto, dicho informe del Tribunal Superior de Cuentas no conllevaba de manera automática a una condena, su presencia era decisiva, en vista de que constituía la columna vertebral de la tesis acusatoria; por lo que, al eliminarse dicho informe, desapareció el soporte técnico contable. De la exclusión y de la falta de consideración de prueba de valor decisivo. El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto de los principios de legalidad y el debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la admisión, reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (artículo 199 del Código Procesal Penal); seguidamente, se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del artículo 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del artículo 333 del Código Procesal Penal), y, finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el tribunal de sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Por otra parte, existe falta de consideración cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, no hace mención alguna de dicho medio de prueba, es decir, omite toda referencia a ella y, consecuentemente, deja de valorarla. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido o no considerado posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. El recurso no es de recibo. Ha analizado cuidadosamente la Sala de lo Penal el recurso de casación que ha interpuesto el Ministerio Público, en el cual denuncia quebrantamiento de forma, invocando como motivo la indebida exclusión de prueba de Valor Decisivo, consistente en el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B emitido por el Tribunal Superior de Cuentas, e incorporado al debate como prueba documental por parte del ente acusador, por considerar que se constituye en una prueba Ilícita, en vista que dicha entidad al emitir El Pliego de Responsabilidad del encausado, no le dio la oportunidad de agotar la correspondiente vía administrativa, y considera el ente acusador que tiene la condición de prueba decisiva, por cuanto se trata de la prueba técnica idónea en la figura de Malversación de Caudales Público, en la que se documenta la emisión arbitraria de cheques por parte del acusado como Director Administrativo de CONATEL, a favor de empleados de dicha institución, sin la documentación soporte que legalice el pago en concepto de viáticos a diferentes lugares del país; al examen de la sentencia, encuentran los Jueces de Casación que el a-quo excluye valor al Informe Especial No. 07/2009-DASH-B por considerar que es una prueba prohibida o ilícita al ser del criterio que no satisfizo los requisitos exigidos por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de cuentas: En los casos de sumario administrativo o de investigaciones especiales, se deberá resguardar a los indiciados el derecho de defensa y las demás garantías del debido proceso. El recurrente manifiesta que el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B fue indebidamente excluido por un erróneo criterio de que era ilícito, empero al dar lectura de la sentencia la Sala de lo Penal encuentra que el medio de prueba fue valorado por los jueces, dándole una calificación negativa a partir de una serie de razonamientos judiciales (con independencia de la propiedad de dichos razonamientos); Para los jueces el Informe Especial No. 07/2009-DASH-B, no merece credibilidad debido a que: i. La Auditora manifestó no haber practicado una auditoria de campo, sino que se limitó a llamar por teléfono y solicitar la información; evidentemente y de acuerdo a lo principios y normas generales e internacionales de Auditoria, no completó su investigación, no sustentó su investigación con otros medios de prueba; para el caso, anexar a su informe los ejemplares de las facturas originales que según ésta eran las que utilizaban los hoteles; ii. Que las facturas traídas al proceso como medios de prueba, no pueden cotejarse de manera individualizada su número correlativo, en consecuencia, por si mismas no pueden arrojar una no correlatividad, que indique la existencia o no de dicho extremo plasmado en el informe de auditoría; iii. La Auditora, no practicó auditoria de campo, es decir, no acceso a los archivos contables de los hoteles a efecto de corroborar en los talonarios que quedan como copias de las facturas y que respaldan a las empresas hoteleras, en caso de investigación por pago de impuestos al Estado; lo anterior, a efecto de verificar contra las facturas adjuntas a las liquidaciones por viáticos presentadas por los empleados y funcionarios de CONATEL; iv. El Informe de Auditoría, no anexa facturas distintas, sellos falsos, o la tenencia de talonarios de facturas falsos o investigado a la imprenta que fabricó talonarios; tampoco, el informe de auditoría anexa constancia de que estas facturas no corresponden a los talonarios reportados por el hotel como parte del control de facturación y que fuera esta constancia emitida por autoridad competente, en este caso la DEI, o Cámara de Comercio o a quien corresponda; v. Considera el a quo, que la Auditora no presentó soporte documental, mediante el cual fuera confirmado ser falsos los RTN de las facturas; no se anexa al informe ni se trajo a dicho Tribunal de justicia, la constancia emitida por la autoridad competente, en la cual se consignase cuáles son los formatos, membretes, RTN y sellos registrados para ser utilizados en un determinado negocio o empresa en este caso el de los hoteles; vi. no se practicó ninguna pericia caligráfica comparativa a las firmas de los empleados de los hoteles; vii. No se insertó en los anexos de dicho informe Especial, los oficios de los superiores jerárquicos del Tribunal Superior de Cuentas, mediante el cual se autorizara o facultara a la Auditora, practicar una ampliación de la Auditoria en el sentido de intervenir in situ, el renglón presupuestario de viáticos, dado que supuestamente había nuevos hallazgos en su investigación; viii. No se extendió ni notificó el pliego de reparos al acusado, para efectos de que dentro del término de ley pudiese establecer una defensa ante el Departamento de Impugnaciones del Tribunal Superior de Cuentas, agotar la vía administrativa interna; evidentemente, el Tribunal Superior de Cuentas, omitió dicho procedimiento, y remitió directamente al Ministerio Publico dicho informe. En general, el medio de prueba Informe Especial No. 07/2009-DASH-B, no fue excluido indebidamente, como lo señala el recurrente, sino que fue incluido en la valoración de la prueba, determinando el a-quo que la prueba allegada y evacuada durante la audiencia de juicio oral y público, no solo es insuficiente, sino que no es prueba lícita para determinar la participación del acusado en los hechos; a su vez señala que por el principio de jerarquía funcional, que quedó acreditado para el sentenciador, que quien emitió la orden para efectos de ejecutar dicho gasto fue el Presidente Manuel Zelaya Rosales, mediante decreto y como consecuencia de ello, el Presidente de CONATEL emitió dichas instrucciones, en su condición de dependiente del Poder Ejecutivo; por lo que la prueba documental de la Defensa, desvanece la tesis planteada por el Ministerio Publico; la misma es de superior categoría probatoria, dado que el accionar del acusado durante su gestión en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, fue amparado bajo el Decreto Ejecutivo PCM 020-2009, de fecha 26 de mayo del año 2009 y publicado en la Gaceta en fecha 25 de junio del año 2009 y mediante las instrucciones superiores jerárquicas, en su caso, bajo subordinación a la Presidencia de CONATEL; dichas acciones fueron realizadas dentro del marco de la vigencia del referido Decreto. Para finalizar es importante señalar nuevamente que la Sala de lo Penal no hace criterio de valor respecto a la propiedad de los razonamientos judiciales en que se apoyan los jueces de sentencia para concluir que el medio de prueba no merece crédito, sino que solo se limita a constatar su existencia, y por ende, a descartar la denuncia hecha en el recurso: la indebida exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, por un desatinado criterio de ilicitud; la prueba no fue excluida, sino que fue objeto de valoración intelectiva, siendo independiente si dicha valoración es propia o impropia a la luz de las reglas de la sana critica, lo que solo puede ser revisado con la interposición un motivo distinto de casación al que nos ocupa, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de casación.
Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 del Código Procesal Penal; • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Que se anule el fallo. Establece el recurrente que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica, al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria; de que la falta de comprobación de quien cometió el ilícito, carece de un adecuado análisis y fundamentación, transgrediendo el principio de razón suficiente. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la valoración de la prueba testifical Ciertamente la valoración del medio de prueba testifical es uno de los procesos más difíciles en la tarea de un juzgador, aun cuando sea la más común; ello debido a la multiplicidad de variables a tener en cuenta al momento de hacer dicha valoración, que van desde los aspectos relativos a la percepción de los hechos objeto de relato, hasta la forma en que el testigo da a conocer dicha información. La valoración individual de las declaraciones testificales debe partir de la concepción que toda declaración es el relato de un hecho pasado que ha percibido una persona por conducto de sus sentidos, ergo es el acto mediante el cual la persona acude a su memoria para describir un suceso, reproduciendo no solo hechos sino también sentimientos y sensaciones, por tanto, su captación y reproducción puede verse condicionada por muchos factores. Es común el error en los tribunales de justicia de hacer la valoración binaria de la prueba testifical, al señalar que el testigo dice la verdad o miente, más esta es una forma de valoración simplista que desconoce la propia naturaleza humana, la cual es mucho más compleja. En principio, el tribunal de sentencia debe de valorar las condiciones imperantes al momento de que el testigo percibió por sus sentidos los hechos objetos del relato, tales como: a. Aspecto biológico: Capacidad biológica del testigo de percibir los hechos por medio de sus sentidos; así pues, la capacidad visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil del testigo debe de ser objeto de valoración por el tribunal; b. aspecto ambiental: Condiciones imperantes al momento del hecho que le hayan permitido al testigo poder percibir con sus sentidos los hechos objeto del relato; c. Aspecto psicológico: Estado anímico del testigo al momento del hecho; así pues, en condiciones estresantes los hechos se percibirán de una forma distinta que en condiciones relajantes o de alegría, viéndose afectadas las ideas sobre tiempo, distancia, colores, etc. Además, el aspecto psicológico nos manda a tener en consideración la capacidad de mantener en la memoria los hechos y que dichos recuerdos no se vean condicionados por vivencias anteriores (por ejemplo, perjuicios preexistentes sobre un hecho o una persona) o afectados por vivencias posteriores (por ejemplo, la captación de información sobre el hecho de otras fuentes como testigos o medios de comunicación). En la valoración del testimonio el tribunal de sentencia debe de realizar un debido análisis del contenido del relato prestado en la audiencia de debate, discerniendo aquellos aspectos de la personalidad del testigo que pudiesen afectar la forma de transmitir la información, con otros que sean parte de una intencionalidad de ocultar, tergiversar o inventar una verdad. Así pues considérese que el nerviosismo, miedo o timidez en una declaración no necesariamente son signos de que el testigo está faltando a la verdad, sino que pueden obedecer a la personalidad, al hecho de enfrentarse ante una situación nueva (prestar declaración testifical) o al hecho de verse obligado revivenciar un hecho estresante (en especial para las víctimas); por otro lado el enojo, reticencia o hasta la arrogancia de un testigo no deben de ser necesariamente valorado como una actitud adoptada para ocultar la verdad, pues igual puede obedecer a los mismos aspectos antes apuntados. Por otra parte, el tribunal de sentencia debe de considerar que ningún testigo es objetivo con su relato, pues toda persona al declarar aspira a que se le crea, en especial aquellas cuyas vidas han sido afectadas por el acontecimiento narrado, y por ello buscaran presentar su relato lo más creíble posible, lo que no implica necesariamente falsedad sino una forma de presentar los hechos en procura de que sean aceptados. El análisis individual, después de la consideración de los aspectos personales, debe de implicar un estudio sobre la coherencia interna del relato, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; además que la actitud descrita del testigo de las otras personas presentes y de la propia sea acorde con las reglas de la psicología y finalmente que el hecho sea verosímil al obedecer a las máximas de la experiencia común; de lo contrario el relato resultaría poco o nada fiable. La labor de valoración no termina con el análisis individual de la prueba testifical, sino que además debe de hacerse una valoración conjunta, entendiéndose como la confrontación de la información proporcionada por el testigo con la información que se deriva de otros medios de prueba, incluyendo otros testigos, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, reconstruyendo el hecho histórico donde cada una de los medios de prueba sea una pieza articulada de un todo. Tratándose de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el tribunal de sentencia no puede limitarse hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararan de manera idéntica aun cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues como se ha señalado ya, los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas determinaran que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos; por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al tribunal de sentencia por su anormalidad. Así entonces los testigos valorados conjuntamente deben de brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. La prueba testifical además debe de calzar con el resto de la prueba, en especial con la prueba científica, explicando una lo que la otra no puede, reforzando recíprocamente la información brindada y construyendo entre toda el relato histórico objeto de juzgamiento; la coincidencia perfecta entre la prueba es improbable y jamás debe de ser la exigencia del juzgador, sino la coherencia entre los medios de prueba lógica, razonable y verosímil, que construya unos hechos necesarios, descartando toda otra posibilidad razonable inclusive a nivel de duda, y por tanto dejando como resultado la certeza de lo declarado probado. Retomando entonces, en la declaración testifical, el tribunal imprescindiblemente deberá de hacer una valoración individual como conjunta, en la que tenga en cuenta la multiplicidad de los factores apuntados, ello le permitirá diferenciar los casos en donde un testigo sea sincero, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de condiciones y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponde a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración solo podrá realizarse mediante una correcta inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las reglas de la psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las máximas de la experiencia común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano). (Ver sentencia dictada por la Sala de lo Penal en fecha 23 de enero del 2008, en el expediente SP 014-2007; y sentencia dictada por la Sala de lo Penal en fecha 28 de julio del 2011, en el expediente SP 060-2010). De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece de que el sistema de valoración de la prueba, es el de La Sana Crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador en su motivación ha elaborado razonamientos en base a la lógica, observando una derivación adecuada a partir de los hechos demostrados en juicio, que indica: “Este Tribunal considera, que en Andrés Eduardo Flores, quedó claro para estos juzgadores que el señor Flores en su condición de sub Auditor, confirmó que efectivamente todos liquidaron y que todos fueron a la Paz, que se presentaron las liquidaciones con los documentos de respaldo, como facturas de hoteles, en las cuales se consignaba capacitaciones y que se presentaron correctamente; laboraba en Conatel y era Sub Auditor; revisaba planillas de pago, compras y viáticos y adujo que todos ellos llevaron documentación soporte y que todos ellos trabajaron allá en la cuarta Urna; todo lo cual ha sido un indicativo para éste Tribunal de Sentencias, que dicho0s empleados, si recibieron dichos viáticos y asistieron a realizar actividades políticas y seminarios relacionados al tema de la cuarta urna, contradiciéndose entre sí y fue en su afán de evitar ser obligados a devolver dichos valores al Estado, señalaron al señor Ramírez como la persona a quien afirman, le dieron el dinero en efectivo de los cheques cambiados y que éste les extendió un recibo; este Tribunal de Sentencias, le confiere credibilidad al Señor Andrés Eduardo Flores, sus dichos son congruentes con los demás medios de prueba, en cuanto que ha dejado claro a éste Tribunal, que efectivamente se dieron viáticos para socializar lo relacionado a la cuarta urna, que efectivamente se presentaron las liquidaciones respectivas con sus documentos de soporte y que ciertamente todos estuvieron realizando las giras a los lugares respectivos, lo cual evidentemente dichos fondos fueron utilizados para ese efecto por todos los empleados y funcionarios referenciados.” En juicio el testigo Andrés Eduardo Flores Vallecillo, declaró: que conoce al señor Ramírez, era el Gerente Administrativo de Conatel; que en su condición de Sub Auditor él laboró hasta Junio del 2009, estuvo Siete meses; en junio se les encomendó para trabajar en la socialización de “la cuarta urna” y lo hicieron en el Departamento de la Paz, porque este le fue asignado al Presidente de Conatel; se emitieron tres cheques a su favor de los cuales eran para el gasto de “la cuarta urna”; el Licenciado Ramírez le entrego un cheque para que lo cambiara y le diera el dinero al Presidente de la Comisión; lo cambió y se lo entregó al Presidente de la Comisión; el cheque era por cuarenta mil lempiras (40.000.00) y otro por cincuenta mil lempiras (50.000.00), ambos se los dio el efectivo al Presidente de Conatel; ese dinero, se utilizó para la cuarta Urna; asimismo, manifiesta que tiene un recibo que ese dinero se recibió y estuvieron allá trabajando en eso, otro cheque por veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco ( L 24,475.00), estos fueron para sus gastos e hizo liquidaciones y entregó facturas de hoteles, en las cuales se consignaba capacitaciones; que él laboraba en Conatel y era Sub Auditor y revisaba planillas de pago, compras, viáticos y todos llevaban documentación soporte; todos, trabajaron allá en “la cuarta urna”; que él le dijo a José María que no podían estar haciendo eso y emitiendo esos cheques; pero, había un decreto en el cual se ordenaba que todas las instituciones debían colaborar con “la cuarta urna”; se presentaron como documentación soporte en las liquidaciones, informes de actividades, facturas de hoteles, pasajes o gasto de combustibles; no hubo problemas con esas liquidaciones, porque todos esos documentos se presentaron adjuntos y están en los archivos, que el presidente de Conatel, era el Licenciado José Raúl Valladares, y que él ordenó que se ayudara a “la cuarta urna”. De la misma manera el a quo dedujo: “Los Testigos de cargo Jakelyn Soraya Touche, Claudia Mariela Mercadal y Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya, se contradijeron entre si al manifestar que devolvieron el dinero a Noé, a la Secretaria de la Administración, pero si afirmaron que sí estuvieron de giras en la Paz y en otros Departamentos; asimismo, no dijeron, que hayan hecho esas giras con su propio dinero por lo que evidentemente, ha quedado acreditado que si recibieron dichos cheques, los cambiaron y fueron a dichas giras e hicieron uso de dichas cantidades de dinero, lo cual fue confirmado con lo manifestado por el Testigo Andrés Eduardo Flores, Sub Auditor de dicha Institución y quien llevaba el registro contable de dichos gastos en su condición de tal; asimismo, confirmó con sus dich0s que el presidente de Conatel, de ese entonces, ordenó dichas actividades, por lo que ha quedado acreditado para estos juzgadores, que no fue el Señor José María Ramírez Romero, quien emitió instrucciones, para tal efecto; en consecuencia, se les resta credibilidad a las Señoras Testigos; se le confiere credibilidad y virtualidad probatoria a los dichos del Señor Andrés Eduardo Flores en lo relacionado al uso de dichos viáticos, liquidación de los mismos y que efectivamente todos fueron a las giras para socializar la cuarta urna.” Durante su declaración los testigos de cargo: Jakelyn Soraya Touche, Claudia Mariela Mercadal y Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya, manifestaron lo siguiente: Testigo Jackeline Soraya Toushe Wilt: Que inició en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), estuvo también como asistente de del Espectro Radioeléctrico y luego fue trasladada al departamento del Call Center, el cual fue creado para que el público pudiera interponer sus quejas, observaciones y sugerencias; que ella recibió en el mes de junio un cheque por cincuenta mil lempiras (Lps. 50.000.00), para cambiarlo y fue al Banco Ficohsa y entregó el efectivo a don José María, que él no le dio nada a ella, pero que le dio un recibo; que no sabía con exactitud para que era ese dinero; expresa que no recibió Seminarios sobre Operadores de Radio Difusión en la Ceiba, Progreso, San Pedro Sula o Santa Bárbara; refirió, que liquidó esos cheques, que le brindaron algunas facturas de hotel almuerzos ejecutivos y que se imagina para justificarlo, pero que ella no fue a esos seminarios o a esos almuerzos, que ella no sabía que las facturas eran reales hasta que el Ministerio Publico se lo informó que estas facturas eran diferentes; refirió, que no sabe en que se gastaron esos cincuenta mil lempiras; no recuerda, en qué fecha exacta recibió el cheque pero, que fue en el mes de junio y que ese mismo día le entregó el dinero a don José María; refirió, que ella recibió una orden superior para cambiar ése cheque y que fue el Presidente Raúl Valladares quien le ordenó, en conjunto con don José María le dieron la orden; refirió que ella estuvo su mayoría del tiempo en Conatel, Como secretaria de la Presidencia y que presidente era Rail Valladares; no hubo cambio de Administración y que la orden de liquidación fue por orden del Presidente Rail Valladares, que él le dijo que tenían que hacer liquidación siempre sustentado la Administración, porque es un procedimiento de la Institución; La Testigo Claudia Mariela Mercadal: Que laboró en Conatel; en Recursos Humanos; que en relación a unos cheques que se emitieron y que están involucrados todos, pues resulta que en el año 2009, se emitieron (50.000.00), todo se utilizó para la cuarta urna; se cambiaron y se entregaron a la Administración y después de esto no sabe que se hizo con ese dinero; laboró como un año y medio; ella refiere, que era sub jefe de recursos humanos; que no recibió seminarios en Ocotepeque y que no recuerda si fue o unos chequeada Su nombre por cincuenta mil lempiras no a esos seminarios; que el dinero, se lo entregó a una asistente del área administrativa; ese dinero, se utilizó en actividades políticas y cambió ésos cheques en Ficohsa, por instrucciones de José María y que el efectivo se lo entregó Noé quien era el conductor del área administrativa; era, el motorista de José María; le extendieron un recibo por el efectivo entregado; no recuerda, quien le proporciono los documentos para la liquidación. Recuerda, si firmó esa liquidación, no recuerda la documentación eran de hoteles, no recuerda, que hoteles; solo siguió instrucciones se le dio constancia de haber reintegrado ese dinero a la empresa; laboró en Conatel; refiere que ella fue a una gira al Departamento de la Paz a reuniones políticas; La Testigo Jennifer Jhoana Valeriano Zelaya: Que laboró en Conatel, que se emitieron cheques a nombre suyo, lo cambió y entrego el dinero, ella laboraba por contrato, hubo problemas políticos y dejó de laborar; era asistente de la Administración su jefe inmediato el Señor José María Ramírez, ella cambió el cheque y le dio el dinero al Motorista Noé; Noé iba a entregar el dinero a no sabe quién; que esta entrega, se la ordenó el señor José María Ramírez; que le dieron unas facturas y una liquidación para que las llenara no recuerda que facturas; si participó en Seminarios en la Ciudad de la Paz. De la misma manera el juzgador razonó: “En cuanto a los recibos, que aducen los testigos fueron emitidos por el Señor José María Ramírez Romero, al recibir el efectivo, una vez que cambiaban los cheques; éste Tribunal de Sentencias, no les confiere credibilidad a estos medios de prueba en virtud de que a esas firmas que aparecen en dichos recibos, no se les practicó una pericia caligráfica para determinar si efectivamente corresponden a la firma que usa en todos sus actos legales y administrativos, el Señor José María Ramírez Romero; en Consecuencia el Tribunal les resta credibilidad a éstos recibos, dado que el Ministerio Publico no coadyuvó dicha Auditoria, con prueba científica por ende, los mismos no son objetivamente confiables.” Expresa a si mismo el juzgador en sus razonamientos que: “… si bien se acreditó que el señor José María Ramírez Romero, era el Gerente Administrativo de Conatel, lo cual no fue un hecho controvertido; sin embargo, por el principio de jerarquía funcional, quedó acreditado que quien emitió la orden para efectos de ejecutar dicho gasto fue el Presidente Manuel Zelaya Rosales, mediante decreto y como Consecuencia de ello, el presidente de Conatel emitió dichas instrucciones en su condición de dependiente del Poder Ejecutivo; por lo que la prueba documental de la Defensa, desvanece la tesis planteada por el Ministerio Publico la niacina es de superior categoría probatoria, dado que el acciona del acusado durante su gestión en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, fue amparada bajo el Decreto Ejecutivo PCM O20-2009, de fecha 26 de mayo del año 2009 p publicado en la Gaceta en fecha 25 de junio del año 2009 mediante jerarquías; en este caso, bajo subordinación a la presidencia de Conatel” Conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Código Penal: “El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años si el valor de aquellos no excede de un mil (L 1, 000.00) lempiras y de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa de dicha cantidad, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión”. Es oportuno establecer que, en el tipo penal de Malversación de Caudales Públicos, el sujeto activo es la autoridad o funcionario público, pero el carácter de sujeto de este delito no lo da sólo el hecho de ser autoridad o funcionario público, sino la relación de estas personas con el objeto material del delito: los caudales y efectos públicos. Por caudal o efecto se entiende cualquier objeto o cosa mueble, dinero, efectos negociables, etc.; que tengan un valor económico apreciable. El carácter público se determina por la pertenencia de los bienes a la Administración Pública, pudiendo decirse que tal pertenencia comienza desde el momento en que existe un derecho expectante de la Administración a la entrega de los caudales, aunque aún no hayan ingresado formalmente en las arcas de la entidad…”[5]. Asimismo, el verbo rector del tipo penal, el verbo “apropiarse” equivale a “sustraer” y “sustraer” ha de entenderse en el sentido amplio de separar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos, apartándolos de su destino o desviándolos del servicio, para hacerlos propios. Concretamente se precisa la intención o ánimo de aprehensión, animus rem sibi habendi con carácter definitivo. No en vano, “apropiar” tiene como una de sus acepciones en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de “tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella”. Ahora bien, el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de delitos de apropiación. En particular, el delito de Malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos”[6]. No existe razón en la interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma; el pretensor argumentó no estar de acuerdo con la valoración, que la conclusión del Tribunal es eminentemente subjetiva, en virtud que no se encuentra basada en los datos o información que arroja la prueba y que habían sido razones no derivadas y por tanto violatorias a la lógica, las que motivaron al a quo a calificar la prueba testifical; sin embargo esta Sala de lo Penal ha constatado que las razones citadas no son incuestionables, y la valoración fue muy desarrollada, amplia y bien explicada en la argumentación judicial, en donde se exponen las razones por las cuales los Juzgadores negaron credibilidad a la prueba. Por todo lo antes expuesto es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su dos motivos, interpuesto por el Abogado Foad Alejandro, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia absolutoria de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió al señor José María Ramírez Romero, del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-248-2017
Wily Alexander Medina Perez
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL
[1] Ver Numeral Tercero del apartado de fundamentación Jurídica del presente fallo y apartado de valoración conjunta de la prueba
[2] Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal, Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 1033.
[3] De Diego Diez, Alfredo, Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Ediciones San Miguel, Honduras, 2006, pág. 56.
[4] Ver Numeral Tercero del apartado de fundamentación Jurídica del presente fallo y apartado de valoración conjunta de la prueba
[5] Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal, Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 1033.
[6] De Diego Diez, Alfredo, Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Ediciones San Miguel, Honduras, 2006, pág. 56.