Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-247-17 — Registro 18015

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Asesinato a uno y al otro Asesinato en su Grado de Ejecución de Complicidad en Concurso Ideal con el delito de Maltrato por Transgresión, en perjuicio del menor 1, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Por todo ello esta Sala de lo Penal determina que la valoración del Tribunal de Sentencia, deriva que los medios de prueba fueron suficientes y legalmente incorporados a juicio, son de total crédito para acreditar el reproche de culpabilidad en contra del señor Juan Carlos Reyes Hernández, la valoración es coherente y obedece a las reglas de la sana crítica. La prueba que ocupó la audiencia de debate fue suficiente; los jueces del Tribunal de Sentencia, estando en una posición privilegiada respecto a la prueba, de la cual tuvieron su inmediación, concluyeron unánimemente que les generaba certeza no solo sobre la existencia de los hechos delictivos, sino también sobre la participación del acusado en éstos, decidiendo declarar su responsabilidad penal y como consecuencia de ello, imponerle la sanción penal prevista en la ley sustantiva; no debe pretender el recurrente que este Tribunal de Casación suplante a los jueces de instancia, en el sentido de imponer su criterio valorativo por sobre prueba de la que aquéllos tuvieron inmediación, por lo que se limita a evaluar la legalidad de la obtención probatoria, el debido proceso probatorio, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria, siendo el resultado de tal examen la conclusión de que no ha existido violación al estado de inocencia que reconoce en su artículo 89 nuestra Constitución de la República..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83: 1.Declaró responsable al acusado Juan Carlos Reyes Hernández, de: Delito: Asesinato (Art.117) Ofendido: menor 1. Pena: 25 años de reclusión. Penas Accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Se declaró la responsabilidad civil del acusado. 2.Declaró responsable a la acusada Amanda Yamileth López García, de: Delito: Asesinato en su grado de ejecución de complicidad en concurso ideal con el delito de Maltrato por Transgresión (Art.117), (179-D) Ofendido: menor 1. Pena: 20 años de reclusión. Penas Accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Se declaró la responsabilidad civil del acusado. En cuanto al decreto 130-2017 las acciones cometidas: El Acusado Juan Carlos Reyes Hernández, de: Delito de Asesinato (Art.93) Ofendido: menor 1. Pena: 20 a 25 años de prisión. La acusada Amanda Yamileth López García, de: 1. Delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, el cual, al habérsele condenado como cómplice, según el artículo 61 párrafo segundo, establece: “…A los cómplices de un delito consumado o intentado, se le debe imponer la pena prevista por la Ley para los autores del mismo delito, rebajada en un tercio (1/3)”. Quedando la pena con un margen abstracto de trece (13) años cuatro (4) meses a veinte (20) años de prisión. 2. El delito de Maltrato Familiar, (art. 289) se penaliza así: Con las penas de prisión de seis (6) meses a un (1) año Multa de cien (100) a doscientos (200) días o prestación de servicios de utilidad práctica a las víctimas por el mismo tiempo. Se debe agravar en un tercio (1/3) la pena cuando el maltrato se realiza concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad o persona con discapacidad; 2) En presencia de menores 3) Utilizando armas o instrumentos peligrosos, o, 4) En el domicilio de la víctima. En el caso sometido a juzgamiento se establece que la señora Amanda Yamileth López García al se le encontró culpable de: Delito de maltrato familiar a su menor hijo, por lo que la pena debe ser aumentada conforme al numeral 1 del precitado artículo en 1/3, quedando la nueva pena abstracta en un (1) año a un (1) año cuatro (4) meses de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Juan Carlos Reyes Hernández y Amanda Yamileth López García, conforme el CP-144-83 se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-247-2017, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de junio del dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-247-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de noviembre dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Juan Carlos Reyes Hernández, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del menor 1, a la pena de veinticinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Segundo: Condenó a la señora Amanda Yamileth López García, como autora del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Complicidad en Concurso Ideal con el delito de Maltrato por Transgresión, en perjuicio del menor 1, a la pena de veinte años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró a los condenados Juan Carlos Reyes Hernández y Amanda Yamileth López García, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido; Cuarto: No condenó en costas procesales a los condenados. SON PARTES: El abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, en su condición de defensor privado del señor Juan Carlos Reyes Hernández, como parte recurrente; y la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: Primero: “En fecha veinte (20) de abril del dos mil quince (2015), menor1, junto a su hermanito recién nacido, se quedaron bajo el cuidado de Juan Carlos Reyes, (compañero sentimental de Amanda), como era costumbre, mientras Amanda (madre de los menores) salía todos los días a sus labores cotidianas en busca del sustento diario y regresando como al medio día a dejarles el almuerzo; ese día en mención, encontró al menor 1 acostado en una hamaca, y sucio su pañal (con heces fecales), a lo que la madre se altera y lo castiga (chancletazos), manifestándole que debe de avisar antes de ensuciar el pañal, lo sube a la pila a efecto de limpiarlo, este tipo de castigos por parte de Amanda hacia el menor eran frecuentes; como a eso de la una de la tarde, Amanda se retira a su trabajo dejándolo nuevamente al cuidado de Juan Carlos Reyes por un lapsus de tres a cuatro horas más. Segundo: En horas no determinadas de la tarde noche, de ese mismo día Amanda Yamileth Lopez, regresa a su vivienda encontrando al menor mareado y vomitado, preguntándole a Juan Carlos Reyes, porque su hijo estaba en esas condiciones y que significaba ese vómito, contestándole éste, que su hijo refiriéndose a menor 1 lo había hecho; seguidamente, Amanda Yamileth Lopez se interesa simplemente en limpiar el desorden que encontró en la vivienda, ignorando la condición de salud del menor, minutos después se retira a descansar junto a menor 1, tiempo después menor 1 fallece. Tercero: El propio Juan Carlos adujo que menor 1 ese día fue tirado contra el suelo y agredido a puñetazos, la señora Jesús Argentina Gomes, (vecina) observo, ese día en horas del medio día como Amanda castigo a menor 1, no adujo de golpes contra el piso ni puñetazos; siendo así que durante el lapsus de tiempo que Juan Carlos queda a cargo del menor, fue éste, quien le propino esos severos golpes, ya que el cuerpo de menor 1 presentaba, traumatismo en labio inferior, en abdomen, excoriaciones en espalda, contusión renal, laceración del intestino delgado, que posteriormente le produjeron la muerte.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos “El recurrente Abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: Primer Motivo: Casación por Quebrantamiento de Forma. Precepto Autorizante: Articulo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal: Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica. Explicación Del Motivo Primero: La sentencia objeto del presente recurso concluye en su hecho probado Tercero (aunque debo decir completamente desapegado de la técnica correcta de redacción de los hechos probados, pues lejos de narrar hechos fácticos con claridad, precisión y coherencia, lleva a cabo en el mismo una especie de valoración de la prueba), que fue durante el lapsus de tiempo que Juan Carlos (acusado) queda a cargo del menor, fue este, quien le propinó esos severos golpes, ya que el cuerpo de menor 1 presentaba traumatismo en labio inferior, en abdomen, escoriaciones en espalda, contusión renal, laceración de intestino delgado, que posteriormente le produjeron la muerte. Es importante hacer ver, previo a internarme en la explicación del presente motivo, que esta representación tiene muy claro qué temas son objetos de estudio en un recurso como el que nos ocupa y que temas no lo son, así las cosas, debo dejar establecido, que si bien, me referiré a los medios de prueba evacuados en la vista Oral y Publica y la valoración que a los mismos se les otorgó por parte del sentenciador, no cuestionaré dicha valoración, sin embargo, sí se cuestionara a lo largo del presente recurso el iter lógico utilizado por dicho tribunal a fin de arribar a la conclusión cuestionada, pues estamos plenamente convencidos que el mismo violenta las reglas fundamentales de la lógica, pues la motivación es una operación fundada únicamente en certeza, en ese sentido “el Juez debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos” (Casación Penal, Fernando de la Rúa, pag.154), en el caso que nos ocupa, vemos violentado el principio lógico de razón suficiente, el cual se extrae de la Ley de Derivación; por el cual todo juicio para ser realmente verdadero necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad, en consecuencia, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Comayagua al momento de emitir sentencia en el presente caso, debió someterse a estas reglas de la lógica. Digo que el tribunal sentenciador violó el principio lógico de razón suficiente, pues no se evacuó en la vista oral y pública medio de prueba alguno que señalara al señor Juan Carlos Reyes Hernandez, como el autor de los golpes que produjeron las lesiones en el cuerpo del menor 1; es más, así lo asegura la sentencia recurrida en su motivación al advertir en su página treinta y cinco (35) lo siguiente: “Si bien es cierto no hay prueba directa de que el imputado de autos ejerció golpes contra el menor, no es menos cierto que al menor siempre se le observo con preocupación, pánico, intranquilidad, y rechazo ante la presencia del imputado de autos...” frente a esta aseveración hecha por el tribunal sentenciador, la prueba evacuada en juicio, tanto testimonial como pericial (Dictamen de trabajo social, Lic. Martha Estela Suazo Romero) apuntan que era la acusada Amanda Yamileth Lopez Garcia, la que castigaba con fuertes golpes al menor 1, no solo en fechas anteriores al hecho, sino, también el mismo día veinte (20) de abril del año dos mil quince (2015), así las cosas estudiaremos la declaración de los testigos de cargo y de descargo que acudieron a la vista oral y publica, así como las declaraciones que fueron referenciadas en su dictamen de trabajo social por la Licenciada Martha Estela Suazo, y como se dijo líneas arriba no para efecto de provocar una nueva valoración por parte del tribunal de casación, sino, para acreditar que de los mismos no se deriva que fuese el imputado Juan Carlos Reyes, quien propinó los golpes al menor y por ende evidenciar la violación de la lógica en su principio de razón suficiente: La testigo Protegido A: Su relato no tiene nada que ver con el día en que ocurrieron los hechos (20 de abril), sino, con lo sucedido el 21 de abril día en que se llevó a cabo el levantamiento cadavérico del cuerpo del menor, sin embargo, arroja datos importantes en cuanto a las versiones que la madre de la víctima le dio sobre las lesiones del cuerpo del menor y la supuesta causa de muerte, en cuanto a esta última, le adujo que el niño se había comido unos mínimos y agua y que eso le había causado la muerte y en cuanto a las lesiones en el cuello del menor le manifestó que una niña lo había golpeado, por otra parte, le manifestó que lo que interesaba hacer era enterrar al menor lo antes posible, todas esas versiones son evidentemente justificativas, también dice esta testigo que la señora Amanda Yamileth Lopez Garcia, le dijo que si llegaba la policía no la dejaran entrar y que cuando los agentes del orden llegaron ella les dio la misma versión, agregando que ella (La acusada madre del menor) nunca mostró amor maternal y que no decía nada de los moretes del niño y que no observó una madre dolida. La testigo Jesús Argentina Gomez declaró: Que el veinte (20) de abril menor 1 a hoy imputada se fue a trabajar como a las ocho de la mañana (8:00am) junto con su hijo menor 1 y regresó como a eso de las dos de la tarde (2:00pm), el niño estaba durmiendo y lo acostó en la hamaca a la media hora se recordó y lo castigo con una chancleta, lo seco y lo entro y a eso de las cuatro volvió a ver a la acusada que se iba para el trabajo y el niño se quedó llorando; a preguntas del Ministerio Publico aclaró que el niño había estado en esa casa no todo el día, sino, durante toda la tarde (Ver página 37 del acta de juicio). El Testigo René Molina Cervantes (policía) manifestó que: El veintiuno de abril del dos mil quince como a eso de las nueve y quince recibió una llamada que en la colonia las vegas por la bodega de Marvin Chacón había un niño muerto, llego y pregunto, primero se lo negaron, que doña Amanda no lo dejaba entrar le pregunto y Amanda le dijo que el niño comió mínimos tomo agua y comenzó a vomitar después dijo que lo dejo con el padrastro y no nos dejaba ver el niño. Este testigo no menciona nada acerca de maltratos en perjuicio del menor. El testigo Edgardo David Salgado Nieto (agente de investigación) manifiesta que hizo consultas con los vecinos pero que estos no quisieron rendir declaración, sin embargo, relata que uno de estos le manifestó que al niño lo dejaban solo y que ellos le pasaban comida por las persianas, dijo que como a las dos vio al niño sentado que estaba durmiendo y que ella lo agarro y lo acostó en la hamaca, dijo que él lo golpeaba y otra señora dijo que doña Amanda lo estaba limpiando en la pila, terminó manifestando que iniciaron investigaciones porque no les dieron referencias de los golpes que el menor tenía en el cuerpo. La testigo Vanessa Nohemy Pérez declaró: “Que ella trabajaba en un billar, que se hizo amiga de Amanda que frecuentaba ese lugar, asimismo, manifestó que conoció el lugar donde vivía Amanda con el niño, pues su novio de nombre Roy también vivió en esa cuartería, esta testigo sigue manifestando que en una ocasión vio llorar al niño y que ella (refiriéndose a Amanda) lo regañaba y luego le pegó, dejando al niño llorando, luego ella (refiriéndose nuevamente a la acusada Amanda) lo encontró hecho pupú lo llevó a lavar y lo bañó, le echo unas pailas de agua y lo encerró y un hombre que estaba con ella le decía: “No le pegues” a lo que ella le contestaba: “No te metas” y a preguntas del Ministerio Publico manifestó que la última fecha que había estado en ese lugar fue el diecinueve (19) y veinte (20) de abril. (Ver páginas cuarenta y cinco y cuarenta y seis del acta de juicio oral y público). Aunado a las anteriores declaraciones testificales citadas, se evacuó en la vista oral y pública el dictamen de trabajo social por parte de la Licenciada Martha Estela Suazo Romero, en este dictamen la perito referenció entrevistas con dos vecinos de la cuartería en la que habitaba el menor, la vecina número uno le manifestó que escuchaba que los niños lloraban durante el día y la noche casi siempre, asimismo, esta vecina le manifestó que el niño, salía a sentarse a las gradas frente de su cuarto y cuando el padrastro le decía que entrara el niño no quería y siempre reflejó en su rostro angustia y miedo; en ese mismo orden de cosas, este dictamen de trabajo social hace referencia a una entrevista con otra persona a la que denomina como vecina número dos, esta persona le arroja datos por demás interesantes y es que le manifiesta que el lunes veinte (20) a eso de las dos de la tarde (sin duda alguna haciendo referencia al día de los hechos) ella estaba en su cuarto y observó que la madre del niño llegó y lo llevó hacia la pila y lo insultaba porque se había hecho pupú que tenía que avisar, y le tiraba las pailas llenas de agua y le pegaba, luego entró al cuarto y cerró la puerta y se escuchó que le daba golpes esto fue con un lapso de media hora que le estuvo pegando, luego escuchó que el niño lloro como una hora y después un silencio, para esto ya eran las cuatro de la tarde.” Nótese que ninguna de las declaraciones testificales rendidas en juicio hacen referencia a que el acusado Juan Carlos Reyes Hernández, en algún momento golpeó o maltrató físicamente al menor 1, por el contrario, estos dichos concuerdan al establecer que quien maltrataba a dicho menor era su madre la acusada Amanda Yamileth Lopez Garcia, al punto que los mismos concuerdan al establecer que el propio veinte de abril, día de los hechos, la acusada maltrató físicamente a su hijo por medio de golpes y abuso físico, por lo que sí tiene sustento la declaración brindada por el imputado Juan Carlos Reyes, al manifestar que ese día (veinte de abril) fue la señora Amanda Yamileth Lopez Garcia quien golpeó a su hijo menor 1 a puñetazos y agarrándolo del pelo, si bien es cierto, esta es la declaración del imputado, y que lejos de constituir un medio de prueba es un medio de defensa material, es importante decir también que éste sí se sustenta con los verdaderos medios probatorios (declaraciones de testigos y dictámenes periciales) evacuados en la vista Oral, en consecuencia, al no existir medio probatorio alguno que sirva al tribunal para llegar a la conclusión esbozada en su sentencia (Que el señor Juan Carlos Reyes Hernández fue la persona que le propinó golpes a la víctima), esto significa que al momento de valorar la prueba no se observaron las reglas de la sana critica, violentándose específicamente el principio lógico de razón suficiente, pues de la prueba anteriormente señalada no se deriva elemento alguno para sostener verdaderamente y más allá de toda duda razonable que fue el señor Juan Carlos Reyes Hernández, quien le propinó esos golpes al hoy occiso y mucho menos que fueran estos los que provocaron su muerte. Segundo: Siempre en ese orden de ideas toca referirnos ahora a si el tribunal sentenciador contó con los elementos de prueba que constituyeran razón suficiente para concluir sobre la causa de muerte de la víctima menor 1, y quien fue la persona responsable de causar la misma, para ello es importante traer a colación los medios de prueba científicos evacuados en la vista oral y publica, como ser: El acta de levantamiento de cadáver, ratificada por la doctora Dunia Marisol Hernández y el dictamen de autopsia setecientos cuarenta y dos guion dos mil quince (742-2015), ratificado por la Doctora Enoe Arely Vásquez Zelaya; en cuanto a este ultimo la sentencia impugnada refiere en su motivación que: “Si bien no se acreditó en autos la manera de muerte del menor, esto por las discrepancias encontradas en el dictamen de autopsia, en el cual no se acredita la muerte por estrangulación...” (Ver página treinta y tres de la sentencia), en ese orden de cosas, el tribunal sentenciador al referirse a esta prueba científica aduce que no es de recibo para el tribunal el que se hayan hecho en el cuerpo de la víctima hallazgos que no se sometieron a estudios especializados, entre estos la ruptura en el intestino delgado y un edema en el cerebro del menor, so-pretexto de la médico autopsiante de que ya se había determinado que el menor había muerto por estrangulación, lo anterior hace concluir al tribunal sentenciador que al momento de emitir sentencia se encuentra en una encrucijada, es decir, en sus propias palabras y cito: “No sabemos a ciencia cierta que lesión de los hallazgos encontrados en la autopsia fue la que provoco la muerte del menor” (ver página veinticinco de la sentencia), en otra parte del fallo recurrido el tribunal sentenciador refiere que la madre de la víctima (acusada Amanda Yamileth Lopez Garcia) adujo haberlo encontrado detrás de la puerta mareado y vomitado tiempo antes de su muerte y que estos eventos guardan coherencia con los hallazgos encontrados con la autopsia forense y que ese indicio ligado al resto del material probatorio le indican una alta probabilidad de que fue este trauma a nivel de intestino delgado del menor el que produjo su muerte y como su único autor a Juan Carlos Reyes Hernández. Es importante para esta representación dejar plenamente establecido que la sentencia condenatoria debe basarse en la certeza, es decir, en la convicción razonada y positiva de que los hechos existieron y ocurrieron de cierta manera; la duda o la simple probabilidad solo serán admisibles cuando operan en favor del acusado, (Casación Penal Fernando de la Rúa. Página 152), de lo anterior que una sentencia condenatoria no puede basarse en una simple probabilidad, por muy alta que esta sea, pues eso hace endeble el grado de convicción de la culpabilidad del acusado, en el caso estudio, al ser evacuadas las pruebas en su conjunto, en especial la científica, no se logró derivar de, la misma con la certeza requerida (más allá de toda duda razonable), cual fue la causa de muerte de la víctima, y si de esta prueba no se logra derivar con razón suficiente la causa de muerte de la víctima, tampoco se logró derivar con certeza quien produjo la misma, esta incertidumbre fue ampliamente reconocida por el tribunal sentenciador en el fallo hoy recurrido (Ver paginas veinticinco, treinta y tres y treinta y cuatro de la sentencia), tan es así, que la misma sentencia, usando como pretexto el sentido común y la lógica es que concluye que los traumas encontrados en el menor fueron producto de puñetazos y golpes contra el suelo propinados horas antes de su fallecimiento y que por ende no descarta que esos maltratos físicos produjeron los traumas internos del menor, sin embargo, nótese honorables magistrados, la forma en que el Tribunal sentenciador se refiere a sus endebles conclusiones, pues a las mismas no ha arribado con la certeza requerida en una sentencia condenatoria, al utilizar términos como “no descartamos que...” o por otro lado cuando afirma que “...ese indicio ligado al fuerte material probatorio nos indican la alta probabilidad de que fue ese trauma a nivel de intestino delgado del menor que produjo la muerte...” concluimos que al no existir certeza de la causa de muerte, no se puede asegurar quien produjo la misma, de lo anterior que no se deriva con razón suficiente del bagaje probatorio evacuado en la vista oral, en primer lugar, que la causa de muerte sea un trauma con ruptura a nivel del intestino delgado del menor, si bien este fue advertido en la autopsia, pero el mismo no fue objeto de estudios, como sabiamente lo advirtió el mismo tribunal en su sentencia, y en segundo lugar; y con mucho menos razón, que el mismo haya sido provocado por el acusado, pues tal y como se adujo en el numeral primero de este motivo, no se evacuó prueba que hiciera concluir al tribunal que el señor Juan Carlos Reyes Hernández, fue quien propinó las lesiones encontradas en el cuerpo del menor. En cuanto a este tema (El de las lesiones) se vuelve muy relevante acotar las características de las mismas encontradas en el cuerpo de la víctima al momento del levantamiento cadavérico por parte de la Doctora Dunia Marisol Hernández, quien describe que todas las equimosis encontradas en dicho cuerpo son de color violáceo y que dicho color indica que dichas lesiones (equimosis) tienen una edad aproximada de cuatro a seis días (Ver acta de juicio oral y público, pagina dieciocho, interrogatorio del Ministerio Publico), lo cual fue corroborado por el consultor técnico Doctor Denis Castro Bobadilla y por la misma médico autopsiante, frente a estas características, que los especialistas adujeron no podían cambiar, se encuentra la conclusión del tribunal de que esos golpes encontrados en el cuerpo de la víctima le fueron propiciados por mi representado en el lapsus de tiempo en que este se quedó a cargo del menor, es decir, entre cuatro de la tarde y siete u ocho de la noche del veinte de abril del dos mil quince; o sea aproximadamente 15 a 18 horas antes del levantamiento cadavérico, lo cual científicamente es imposible dada las características de color violáceo (Azul claro) referidas por la médico del levantamiento, en lo que a este tema respecta, cito la obra “Compendio de Medicina Forense” de los reconocidos Médicos Dennis Castro Bobadilla y Arema R. Dickerman Kraunick, la que en su capítulo 36 referente a Las Contusiones, pagina 506 sobre el tema específico de las Equimosis nos dice: Una vez la sangre fuera de su espacio de circulación, el componente conocido como hemoglobina empieza a tener una cadena de colores propios de los cambios biológicos. Hasta las primeras doce (12) horas es de color hepático, posteriormente va tomándose de color más oscuro tipo azul profundo que durará alrededor de tres días (3), luego azul más claro que va desde el cuarto (4to.) hasta el sexto (6to.) día, luego va cambiando al color verde azulado y se da este fenómeno entre el séptimo al décimo segundo día. Luego se vuelve color amarillento aproximadamente al vigesimotercer día. Lo importante de este fenómeno consiste en el hecho que nos da la suficiente información sobre la edad cronológica de un evento. De lo anterior que la conclusión a la que llegó el honorable Tribunal de Sentencia en cuanto a que fue mi representado y nadie más quien le propinó dichas lesiones al menor 1, no encuentra sustento dentro del bagaje de la prueba introducida legalmente y evacuada en juicio, pues de esta no se deriva cual fue la causa de muerte del menor, ni mucho menos que fuese el señor Juan Carlos Reyes Hernández, que causara la misma, por lo que el tribunal al concluir la condena de mi representado lo hace en total inobservancia de las reglas de la sana critica específicamente de la lógica en su Ley de Derivación Principio Lógico de Razón Suficiente, es más, tan es cierta esta aseveración que de manera ilegal el tribunal sentenciador utilizó prueba no introducida legalmente al juicio en la cual basó su conclusión, esto cuando en su motivación introduce en reiteradas ocasiones el buscador de información de internet ampliamente conocido como google con el fin de sustentar su conclusión o traer al juicio características, diagnósticos u opiniones, sin embargo, esto será objeto de un motivo especifico líneas abajo del presente recurso. De acuerdo a Fernando de La Rúa en su obra La Casación Penal que se ha venido citando en el presente recurso: La motivación debe ser derivada y respetar el principio de razón suficiente, por lo que el razonamiento debe estar constituido por inferencias racionales deducidas de las pruebas, y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, a la vez que de los principios de la psicología y de la experiencia común. La motivación debe ser concordante es decir a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, el elemento probatorio debe referirse a lo que se pretenda probar; para que esa concordancia pueda existir el razonamiento o la convicción deben derivar de elementos verdaderos y suficientes. En el caso de autos, la evidencia probatoria legalmente propuesta y evacuada en la vista oral no son elementos suficientes de los cuales se deriven lógicamente las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Sentencia, es decir para tener como hecho probado: Que durante el lapsus de tiempo que Juan Carlos queda a cargo del menor fue este quien le propinó severos golpes ya que el cuerpo de menor 1 presentaba traumatismo en labio inferior, en abdomen, excoriaciones en espalda, contusión renal, laceración del intestino delgado que posteriormente le produjeron la muerte, tal como lo tiene por acreditado la reprochada sentencia. Preceptos Violentados: La sentencia hoy recurrida viola el artículo 202 del Código Procesal Penal que manda que las pruebas deban ser valoradas conjunta y armónicamente con arreglo a las reglas de la sana crítica. Agravio: El agravio que se le causa a mi defendido, es haberlo condenado ilegalmente. Aplicación Pretendida: Que se declare la nulidad de la Sentencia y del Juicio, para que el mismo sea celebrado de nueva cuenta. - El presente reclamo se hace hasta en este escrito por haberse incurrido en el vicio procesal denunciado en la sentencia definitiva hoy recurrida.” Continúa manifestando el recurrente en el segundo motivo del recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “Segundo Motivo: Casación por Quebrantamiento de Forma. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. Explicación del Motivo. Primero: Como se expuso en el motivo anterior, el tribunal sentenciador no tuvo certeza sobre cuál fue la causa que ocasionó la muerte del menor 1, pues de los hallazgos encontrados en el dictamen de autopsia, “no supo a ciencia cierta” cuál de ellos provocó dicha muerte; lo cual fue expresamente admitido por el tribunal en su sentencia (ver página veinticinco de la misma), éste vacío probatorio el tribunal sentenciador buscó compensarlo con elementos no incorporados legalmente al juicio y me refiero, honorables magistrados, a que el tribunal sentenciador de manera ilegal y a fin de sustentar su conclusión condenatoria se basó en comentarios sustraídos del conocido buscador de internet “Google” mediante el cual pretende explicar algunos síntomas u opiniones con el objetivo de justificar que la causa de muerte del menor en realidad fue “un Trauma con ruptura a nivel del intestino delgado del menor” esto a pesar de que dicho hallazgo no fue corroborado mediante los estudios de histología de especialistas de Medicina Forense, lo cual fue aceptado por la médico Autopsiante en juicio (Ver página veintisiete del acta de juicio oral y público interrogatorio del Consultor técnico de la defensa), y por otra parte, que dicha información sustraída del buscador de internet mencionado no es objetivamente confiable, y la misma jamás fue introducida legalmente al Juicio Oral y Público a fin de fundamentar en ella un fallo de culpabilidad. Así las cosas, la sentencia reprochada al referirse a los traumas encontrados en el menor, específicamente en la página veinticinco, introduce ilegalmente la siguiente motivación: “Que según la página de Google produce hinchazón abdominal, distensión abdominal severo, que puede interferir con los procesos normales del cuerpo como la respiración y la digestión. Todo ello puede conducir al desarrollo de ciertos síntomas que amenazan la vida, así como la ictericia y mareos”. La introducción ilegal de este elemento el tribunal la hace con el único objetivo de comparar algunos datos proporcionados por la madre en su declaración, a pesar de que esta declaración no encontró sustento en la prueba evacuada en el juicio y es así que la sentencia reprochada introduce a través del buscador Google ciertos síntomas como ser hinchazón abdominal, distensión abdominal severo, la ictericia, entre otros; pero lo importante en este caso es que el tribunal tiene prohibido arribar a una conclusión mediante instrumentos distintos a los medios de prueba legalmente introducidos y evacuados en la vista oral y publica, por lo que, los síntomas referidos podrían haber sido tomados en cuenta por el tribunal únicamente si hubieran sido proporcionados por un medio de prueba objetivamente confiable, en el caso estudio, al tratarse de síntomas clínicos, estos debieron haber sido introducidos al proceso mediante una prueba pericial y no haciendo referencia a un simple buscador de internet (Google), que arroja en sus primeros link o enlaces, información que no es confiable pues referencia, en primer lugar, las palabras o ideas que concuerdan con frases que han sido plasmadas en blog personales o foros comunes y páginas a las que nos remite dicho buscador, pero más importante que todo esto, es el hecho que estos síntomas de hinchazón y distensión abdominal severo y la ictericia, no fueron introducidos al proceso por prueba pericial alguna, pues ni el levantamiento cadavérico ratificado en juicio por la doctora Dunia Marisol Hernández, ni el dictamen de autopsia número 742-2015 ratificado por la doctora Enoe Arely Vásquez Zelaya, aducen que la víctima los presentaba. Segundo: Seguimos manifestando, honorables magistrados, que la introducción de información vaga y no confiable en la sentencia reprochada, como lo es una simple búsqueda de internet a través del buscador “Google” lo lleva acabo el tribunal sentenciador de forma ilegal en vista de que ha reconocido expresamente en la misma, no tener certeza de cuál de los hallazgos en la autopsia constituyen causa de muerte de la víctima; tan es evidente esta aseveración, que podemos encontrar en la motivación de la resolución hoy reprochada específicamente en la página treinta y tres lo siguiente: “Motivación. Si bien no se acredito en autos la manera de muerte del menor, esto por las discrepancias encontradas en el dictamen de autopsia, en el cual no se acredita la muerte por estrangulación, ni la violación especial; no es menos cierto, que el resultado fue consumado, el mismo dictamen de autopsia revela traumatismo abdominal,” para inmediatamente después justificar mediante una nueva introducción ilegal de un elemento no admitido ni evacuado legalmente en juicio lo siguiente: “(según información de la página de Google) ese traumatismo abdominal puede ser producido por golpes contusos o heridas penetrantes”. Aseverando la sentencia que de autos consta que el menor presentaba golpes, producto de maltratos, lo cual en realidad no es discutible, sin embargo, lo que sí se discute, es quien le propinó los mismos, lo cual dejamos claramente sentada nuestra posición en el motivo primero del presente recurso, lo que es atinente a este numeral es que la sentencia continúa introduciendo de manera ilegal evidencia al juicio al argumentar en su fallo que “según Google el traumatismo abdominal es una causa frecuente de mortalidad, esto debido a potenciales heridas anatómicas y funcionales de las vísceras y tejidos blandos abdominales incluyendo hígado, intestino, medula espinal, o los grandes vasos sanguíneos, que si No son tratados rápida y adecuadamente pueden dar como resultado la muerte. Los signos y síntomas de un trauma abdominal incluyen dolor abdominal, y moretones de la pared externa del abdomen, presentando pérdida de sangre e infección”.- Tal y como lo aseveramos en el numeral primero de la explicación del presente motivo, el Tribunal sentenciador se vuelve a apoyar en un medio introducido ilegalmente a juicio para explicar algunos síntomas, sin embargo, ratificamos que esos síntomas únicamente pudieron ser introducidos en el Juicio Oral y Público por medio de un dictamen pericial, pero en el caso de marras el único dictamen pericial introducido que podría arrojarlos es el dictamen de Autopsia número 742-2015, pero la médico Autopsiante aceptó de manera expresa en la vista oral y publica que los hallazgos que tenían que ver con la rotura del intestino delgado no fueron enviados a estudios de histología para saber si fueron o no causa de muerte, en ese mismo orden de cosas, que ese dictamen de autopsia no refleja ningún hallazgo en hígado, medula espinal o vasos sanguíneos, en consecuencia, si la prueba legalmente introducida y evacuada en juicio no arroja estos aspectos, la sentencia no puede sustentarse en otros, cuya introducción y valoración posterior es completamente ilegal. Tercero: Continua relatando la sentencia reprochada en su página treinta y dos que el dictamen de la médico Autopsiante describe entre otras lesiones: “equimosis en región torácico abdominal” es importante recalcar, a pesar de que fue ampliamente expuesto en el primer motivo del presente recurso, que todas las equimosis encontradas en el cuerpo de la víctima tenían como característica invariable un color violáceo (azul claro), esto a fin de acreditar que las mismas tenían una edad cronológica de cuatro a seis días, sin embargo posteriormente a esta aseveración (existencia de equimosis) el tribunal sentenciador vuelve a introducir de manera ilegal criterios, opiniones y diagnósticos de personas que no rindieron su declaración en el juicio oral y público, que desconocemos quienes son y si tienen la capacidad científica para opinar en el campo, y es que vuelve el tribunal en su sentencia a introducir ilegalmente opiniones vertidas por supuestos médicos en algún foro o blog al cual el buscador google remitió una simple búsqueda de internet, en este caso la sentencia reprochada en su motivación, específicamente al final de su página treinta y tres e inicios de la página treinta y cuatro dice lo siguiente: “(según Google, Dres. Pediatras Ricardo Martino Alba, María Ángeles García Herrero):“...la constitución anatómica del niño expone los órganos abdominales a un riesgo a un riesgo mayor de lesión traumática que en el adulto; las vísceras solidas son relativamente mayores en comparación con los adultos, lo que incrementa el nesgo de lesión por traumatismo directo. La musculatura abdominal esta menos desarrollada, hay menos grasa pre visceral y los ligamentos de sujeción son más elásticos; la vejiga urinaria rebasa la sínfisis del pubis y se coloca en la cavidad abdominal. Existen diversas causas de traumatismo, ya sea por accidente, bicicletas, traumatismos directos (deportes, artes marciales, precipitaciones contra el suelo, etc. Etc. Etc.) Empero, No hay que olvidamos del Maltrato Infantil,... los golpes directos por patadas puñetazos o mecanismos de aceleración bruscos al ser zarandeados pueden producir lesiones, que por no sospechadas y no diagnosticadas pueden comprometer la vida del niño (lesiones renales)” como hemos venido analizando el tribunal introduce de manera ilegal estas opiniones, aparentemente científicas, lo cual no nos consta, pues no constituye prueba legalmente introducida y evacuada en juicio, con el fin único y primordial de justificar su sentencia condenatoria a través de la búsqueda en elementos exógenos al proceso penal de una causa de muerte, pues es evidente que la prueba pericial legalmente evacuada en juicio (dictamen de autopsia numero setecientos cuarenta y dos guion dos mil quince) fue incapaz de servir como vehículo a los sentenciadores para arribar con certeza, más allá de toda duda razonable a la conclusión que realmente la causa de muerte de la víctima había sido: “Laceración de intestino delgado con salida de heces fecales a cavidad abdominal” lo anterior, tal como lo hemos venido exponiendo, ha sido aceptado expresamente por el tribunal en su sentencia, inclusive al afirmar en su motivación frases como la siguiente: “ No descartamos que esos maltratos físicos produjeron los traumas internos en el menor, que no gozo de la intervención médica oportuna; a razón de la lógica, que nos permite ser utilizada por no contar con un diagnostico forense, es que intuimos que ante dichos traumas el infante padeció de dolores internos, que desencadenaron el resultado típico en cuestión de un corto lapsus de tiempo” Nótese honorables magistrados que esta motivación carece de la certeza requerida para una sentencia condenatoria, la misma es dubitativa, vacilante pues introduce términos como “no descartar” esto indica que el tribunal al momento de decidir contaba con otras hipótesis también valorables sin embargo se decidió por la más perjudicial al imputado, ante la duda procedió a dictar una sentencia condenatoria motivada ilegalmente, pues como hemos demostrado introdujo en la misma elementos no incorporados ni evacuados legalmente en juicio como ser las opiniones de supuestos especialistas a las que hemos hecho referencia en el presente numeral a través del buscador de internet denominado “Google”. De lo anterior esta representación está plenamente convencida de que el tribunal sentenciador ha incurrido en un vicio de nulidad pues ha basado su decisión en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, pues ha buscado en elementos exógenos y no confiables (internet) la justificación para concluir dubitativamente en una causa de muerte no reportada por la prueba pericial legalmente evacuada en la vista oral y pública. Preceptos Violentados: La sentencia hoy recurrida viola el artículo 202 y 336 del Código Procesal Penal los que mandan que el Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado en el debate, mismas que deban ser valoradas conjunta y armónicamente con arreglo a las reglas de la sana crítica. Agravio: El agravio que se le causa a mi defendido, es haberlo condenado ilegalmente. Aplicación Pretendida: Que se declare la nulidad de la Sentencia y del Juicio, para que el mismo sea celebrado de nueva cuenta. El presente reclamo se hace hasta en este escrito por no haberse incurrido en el vicio procesal denunciado en la sentencia definitiva hoy recurrida.” Continúa manifestando el recurrente en su tercer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: Tercer Motivo: Casación por Infracción de Precepto Constitucional. - Violación del Debido Proceso. Precepto Autorizante: Articulo 361 del Código Procesal Penal: En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. - Explicación Del Motivo. Primero: Tal y como es plenamente conocido la sentencia debe basarse en la certeza, es decir, en la convicción razonada y positiva que los hechos existieron y que los mismos ocurrieron de una sola manera la duda o la probabilidad solo se admiten cuando operan en favor del acusado (in dubio pro reo), frente a esta premisa debemos entender que una sentencia condenatoria no puede basarse en la mera probabilidad o la duda; o como lo afirma el autor José María Paz Rubio en su obra “La Prueba en el Proceso Penal”: “En virtud de este derecho, nadie puede ser condenado por un hecho del que el tribunal no esté cierto, es decir, con vencido de su certeza, a lo que hay que añadir naturalmente, que a este juicio de certeza no puede llegar el tribunal sino mediante la apreciación racional de una prueba de sentido incriminatorio, constitucionalmente lícita, y celebrada en las debidas condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones propias de un proceso justo”; por otra parte, y en esa misma corriente de pensamiento es ampliamente conocido que el principio in dubio pro reo no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba sino que es un mandato legal del cual el juez no puede sustraerse. El mismo autor José María Paz Rubio nos dice: “El principio in dubio pro reo sí puede ser invocado para basar la casación, y por tanto solo es admisible cuando resulta vulnerado su aspecto normativo, es decir, en la medida en la que esté acreditado que el tribunal ha condenado a pesar de su duda “continua manifestando este autor que “Cuando el tribunal expresa directa o indirectamente su duda, es decir, no pude descartar con seguridad que los hechos hayan tenido lugar de una, manera diferente y más favorable al acusado y no obstante ello adopta la versión más perjudicial al mismo “En el orden de ideas del párrafo anterior debemos traer a colación la motivación de la sentencia reprochada, misma que está basada en dudas o meras probabilidades, al punto que al referirse a la prueba científica o pericial evacuada en la vista oral y publica, específicamente al dictamen de autopsia número 742-15, en cuanto al tema de la causa de muerte de la víctima lo hizo de la Siguiente, forma: No es de recibo para este tribunal, que si bien la perito Autopsiante aduce haber encontrado rotura en el intestino delgado, así como un edema en la parte del cerebro del menor, no se sometió a estudio por parte del especialista de esa entidad, para determinar si fueron producto de muerte, en virtud de que, según la perito, ya se habla determinado que el menor murió por estrangulación, consideramos que todos los hallazgos encontrados en un cadáver deben ser objeto de estudio, y no dar un veredicto con el primer hallazgo, ya que al no haber sido objeto de histología (estudio de tejidos orgánicos), nos encontramos en esta encrucijada; es decir no sabemos a ciencia cierta que lesión de los hallazgos encontrados en la autopsia fue la que provoco la muerte del menor. (Ver página 25 de la sentencia) Como podemos observar el tribunal sentenciador jamás tuvo certeza en el presente caso sobre la causa de muerte de la víctima, mucho menos sobre quien fue el responsable de la misma, de la simple lectura de la motivación anteriormente citada podemos deducir, sin mucho esfuerzo, que la sentencia no tiene por acreditado certeramente que los hechos ocurrieron de cierta manera, pues cuando opta por tener como acreditado que la causa de muerte del menor fue la “laceración del intestino delgado”, se olvida que existieron otros hallazgos en el dictamen de autopsia que no fueron corroborados para concluir cuál de todos ellos era la verdadera causa de muerte y qué pudo haberlos provocado, por ejemplo, el edema en el cerebro del menor, el tribunal expresó directamente su duda pues no puede descartar con seguridad que los hechos hayan ocurrido de una manera diferente a la que concluyó. Siempre refiriéndonos a la motivación de la sentencia reprochada, debemos decir que la misma está basada en meras probabilidades y no en la certeza, lo cual ha sido aceptado por el tribunal sentenciador en el fallo, en este punto me obligo a citar parte de esa motivación que dice: Tal y como la madre lo adujo, encontró al menor detrás de la puerta mareado y vomitado, tiempo antes de su muerte; estos eventos guardan coherencia con los hallazgos encontrados en la autopsia forense; es este fuerte indicio que ligado al resto del material probatorio nos indican la alta probabilidad de que fue este trauma a nivel del intestino delgado del menor, produjo la muerte y como su único autor a Juan Carlos Reyes Hernández. (Ver página 25 de la sentencia) Nótese, honorables magistrados que la sentencia admite expresamente que sus conclusiones descansan sobre meras probabilidades, sin embargo, por muy altas que estas sean, nos permite advertir que existe la probabilidad de que los hechos hayan ocurrido de una manera diferente y más favorable al acusado, esto se ratifica cuando la sentencia reprochada en su motivación en cuanto al tema de los maltratos físicos, específicamente en su página 34, esgrime que en aras del sentido común y aplicando la lógica los traumas encontrados en el menor fueron producto de puñetazos y golpes contra el suelo propinados horas antes de su fallecimiento, para líneas abajo decir: “No descartamos que esos maltratos físicos produjeron los traumas internos del menor, que no gozo de la intervención médica oportuna; a razón de la lógica que nos permite ser utilizada por no contar con un diagnostico forense, es que intuimos que ante dichos traumas el infante padeció de dolores internos, que desencadenaron el resultado tipo...”.- Nótese que según la declaración de la acusada Amanda Yamileth López García, esta no manifiesta que el niño le dijera que tenía algún tipo de dolor, únicamente manifiesta que el niño le pidió agua, importante pues esto denota que el menor, a pesar de su edad, podía comunicarse, pensamos básicamente para pedir cosas o manifestar dolor; tan es así, que los hechos probados de la sentencia (intangibles) en ningún momento dan por acreditado que el niño padecía de dolor alguno al momento que lo encontró la madre.- Como volvemos a observar la anterior motivación carece de la certeza requerida para una sentencia condenatoria, la misma es dubitativa y vacilante pues introduce términos como “no descartamos que” o “intuimos que” esto indica que el tribunal al momento de decidir contaba con otras hipótesis también valorables, sin embargo, en desapego al mandato legal estatuido en el artículo 339 del Código Procesal Penal (in dubio pro reo), se decidió por la más perjudicial al imputado, ante la duda procedió a dictar una sentencia condenatoria motivada ilegalmente; no debemos olvidar que este principio aplica cuando en un proceso penal existe prueba válida pero su contenido es tan inespecífico e inconsistente (Como lo es en el caso de marras) que el Tribunal se debe inclinar por la opción más favorable al acusado, en consecuencia, debió absolverlo por existir Duda Razonable, al no haberlo hecho de esa forma el Tribunal sentenciador violentó el Principio Garantía del Debido Proceso establecido en el artículo 90 Constitucional que nos dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, es decir, se le violentó a mi representado el Derecho que tiene a una verdadera tutela judicial efectiva, pues el tribunal sentenciador se apartó del mandato estatuido en el artículo 339 mencionado y escogió la opción más perjudicial al imputado, cuando su obligación era proceder favor rei. Preceptos Violentados: La sentencia hoy recurrida viola el artículo 90 de la Constitución de la República que dice: Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; asimismo viola el artículo 339 del Código Procesal Penal que dice: Si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable. Agravio: El agravio que se le causa a mi defendido, es haberlo condenado ilegalmente. Aplicación Pretendida: Que se declare Con Lugar el presente Motivo de Casación y por ende, al haberse condenado a mi representado ilegalmente, sin que la prueba lograra enervar su Estado de Inocencia, por existir duda razonable expresada por el miso tribunal en su sentencia, se dicte una nueva sentencia en la cual case el fallo recurrido y se absuelva al señor Juan Carlos Reyes Hernández.” Continúa manifestando el recurrente en su cuarto motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Cuarto Motivo: Casación por Infracción de Precepto Constitucional. - Violación del Estado de Inocencia. Precepto Autorizante: Articulo 361 del Código Procesal Penal: En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. - Explicación del Motivo. Primero: El artículo ochenta y nueve de nuestra Carta Magna reconoce que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, en ese sentido el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos nos dice que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad; este principio constitucional tiene como alcance, reconocido en sentencias anteriores de esa Corte, el que no se pueda condenar a un acusado, y por ende restringirle su derecho a la Libertad, sino, cuando exista prueba suficiente que enerve ese estado natural de inocencia, contrario a esto, es decir, condenar a una persona a pesar de que la prueba legalmente introducida al juicio no ha logrado superar esa barrera de protección constitucional, es sin lugar a dudas violatorio del Estado de Inocencia constitucional y convencionalmente reconocido. En el caso de autos se evacuó en la vista oral y publica prueba testifical, documental y pericial, sin embargo, de la misma no se deriva la participación del imputado, en este apartado y a fin de demostrar que la condena reprochada no está basada en prueba alguna de cargo suficiente para enervar el Estado de Inocencia, me permito hacer un resumen de la misma Prueba Testifical: rindieron declaración en la vista oral y pública los siguientes testigos: La testigo protegido A, quien a pesar de no conocer los hechos sucedidos el día veinte de abril de dos mil quince, arroja datos importantes en cuanto a las versiones que la madre de la víctima le dio a cerca de las lesiones del cuerpo del menor y la supuesta causa de muerte, en cuanto a esta última, le adujo que el niño se había comido unos mínimos y agua y que eso le había causado la muerte y en cuanto a las lesiones en el cuello del menor le manifestó que una niña lo había golpeado, por otra parte, le manifestó que lo que interesaba hacer era enterrar al menor lo antes posible, también declaró esta testigo que la señora Amanda Yamileth Lopez Garcia, le dijo que si llegaba la policía no la dejaran entrar y que cuando los agentes del orden llegaron ella les dio la misma versión, agregando que ella (La acusada madre del menor) nunca mostró amor maternal y que no decía nada de los moretes del niño y que no observó una madre dolida. La testigo Jesús Argentina Gomez declaró: Que el veinte (20) de abril la hoy imputada se fue a trabajar como a las ocho de la mañana (8:00am) junto con su hijo menor 1 y regresó como a eso de las dos de la tarde (2:00pm), el niño estaba durmiendo y lo acostó en la hamaca a la media hora se recordó y lo castigo con una chancleta, lo seco y lo entro y a eso de las cuatro volvió a ver a la acusada que se iba para el trabajo y el niño se quedó llorando (Ver página 37 del acta de juicio). El Testigo René Molina Cervantes (policía) manifestó que: El veintiuno de abril del dos mil quince como a eso de las nueve y quince recibió una llamada que en la colonia las vegas por la bodega de Marvin Chacón había un niño muerto, llego y pregunto, primero se lo negaron, que doña Amanda no lo dejaba entrar le pregunto y Amanda le dijo que el niño comió mínimos tomo agua y comenzó a vomitar después dijo que (o dejo con el padrastro y no nos dejaba ver el niño. Este testigo no menciona nada acerca de maltratos en perjuicio del menor. El testigo Edgardo David Salgado Nieto (agente de investigación) manifestó que hizo consultas con los vecinos pero que estos no quisieron rendir declaración, sin embargo, relata que uno de estos le manifestó que al niño lo dejaban solo y que ellos le pasaban comida por las persianas, dijo que como a las dos vio al niño sentado que estaba durmiendo y que ella lo agarro y lo acostó en la hamaca, do que él lo golpeaba y otra señora dijo que doña Amanda lo estaba limpiando en la pila, terminó manifestando que iniciaron investigaciones porque no les dieron referencias de los golpes que el menor tenía en el cuerpo. La testigo Vanessa Nohemy Perez declaró: Que ella trabajaba en un billar, que se hizo amiga de Amanda que frecuentaba ese lugar, asimismo, manifestó que conoció el lugar donde vivía Amanda con el niño, pues su novio de nombre Roy también vivió en esa cuartería, esta testigo sigue manifestando que en una ocasión vio llorar al niño y que ella (refiriéndose a Amanda) lo regañaba y luego le pegó, dejando al niño llorando, luego ella (refiriéndose nuevamente a la acusada Amanda) lo encontró hecho pupú lo llevó a lavar y lo bañó, le echo unas pailas de agua y lo encerró y un hombre que estaba con ella le decía: “No le pegues” a lo que ella le contestaba: “No te metas” y a preguntas del Ministerio Publico manifestó que la última fecha que había estado en ese lugar fue el diecinueve (19) y veinte (20) de abril. Honorables magistrados, de estas pruebas testificales no se deriva que el señor Juan Carlos Reyes Hernández, le haya propinado golpes o maltratos físicos al menor 1, ni el día veinte de abril del año dos mil quince, ni en días anteriores y a efecto de ratificar estos testimonios es importante traer a colación también el dictamen pericial de trabajo social llevado a cabo por la Licenciada Martha Estela Suazo Romero, en esté dictamen la perito referenció entrevistas con dos vecinos de la cuartería en la que habitaba el menor, la vecina número uno le manifestó que escuchaba que los niños lloraban durante el día y la noche casi siempre, asimismo, esta vecina le manifestó que el niño salía a sentarse a las gradas frente de su cuarto y cuando el padrastro le decía que entrara el niño no quería y siempre reflejó en su rostro angustia y miedo.- Es importante aclarar, honorables magistrados, que la referencia que hace la perito en su dictamen sobre esta vecina no constituye prueba directa ni indirecta que fuese el señor Juan Carlos Reyes Hernández, quien maltrataba al menor 1, pues no existe antecedente alguno que apunte este extremo; sin embargo, este dictamen de trabajo social hace referencia a una entrevista con otra persona a la que denomina como vecina número dos, esta persona arroja datos por demás interesantes a esta pericia y es que le manifiesta que el lunes veinte (20) a eso de las dos de la tarde (sin duda alguna haciendo referencia al día de los hechos) ella estaba en su cuarto y observó que la madre del niño llegó y lo llevó hacia la pila y lo insultaba porque se había hecho pupú que tenía que avisar, y le tiraba las pailas llenas de agua y le pegaba, luego entró al cuarto y cerró la puerta y se escuchó que le daba golpes esto fue con un lapso de media hora que le estuvo pegando, luego escuchó que el niño lloro como una hora y después un silencio, para esto ya eran las cuatro de la tarde. A las pruebas anteriormente referidas debemos aunar las de carácter pericial legalmente introducidas y evacuadas en la vista oral y publica, como ser el acta de levantamiento cadavérico ratificada en juicio por la Doctora Dunia Marisol Hernández, la que si bien es cierto, arroja que la víctima fue objeto de varias agresiones físicas las que le provocaron equimosis en tórax, espalda, región mandibular, región mentoneana, todas estas lesiones tenían una edad cronológica aproximada de cuatro a seis días y no existe prueba alguna de la cual se derive que fuese el señor Juan Carlos Reyes Hernández, quien le provocó las mismas, por el contrario todos los testigos que rindieron su declaración concuerdan que quien propinaba los maltratos físicos al menor era su madre la acusada Amanda Yamileth Lopez Garcia. Como prueba pericial también se evacuó el dictamen de autopsia numero setecientos cuarenta y dos guion dos mil quince, sin embargo, el mismo fue incapaz de corroborar la causa de muerte de la víctima, pues a lo largo de la vista oral y publica quedó descartado completamente que el menor 1, hubiese muerto por estrangulación, asimismo, quedó claramente establecido que el hallazgo de laceración de intestino delgado no puede constituir una causa de muerte en el presente caso, puesto que el mismo no fue sometido a estudios por parte de los especialistas de medicina forense. Frente al vacío probatorio que arrojaron los medios de prueba anteriormente mencionados, el tribunal sentenciador sin sustento alguno arriba a una conclusión condenatoria del señor Juan Carlos Reyes Hernández y esto lo hace únicamente por lo siguiente, en palabras del propio tribunal este adujo que al manifestar mi representado en su declaración en el juicio oral y público que el menor 1, habla sido agredido por su madre a puñetazos y que lo agarraba del pelo, sin que este tipo de castigos hubiese sido mencionado por la testigo Jesús Argentina Gomez, concluyó sin sustento probatorio alguno que fue este y nadie más quien le infirió los mismos, como hemos venido manifestando no existe prueba alguna de la cual se derive esta conclusión, por lo que al asumirla sin sustento, el tribunal sentenciador violenta flagrantemente el estado de inocencia del señor Juan Carlos Reyes Hernández a quien termina castigando penalmente ante tal carencia probatoria, cuando lo correcto era absolverlo de toda responsabilidad penal pues la prueba producida en juicio no logró vencer el Estado de Inocencia constitucionalmente reconocido. Preceptos Violentados. La sentencia hoy recurrida viola el artículo 89 de la Constitución de la República que dice: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Agravio: El agravio que se le causa a mi defendido, es haberlo condenado ilegalmente. Aplicación Pretendida: Que se declare con Lugar el presente Motivo de Casación y por ende, al haberse condenado a mi representado ilegalmente, sin que la prueba lograra enervar su Estado de Inocencia, se dicte una nueva sentencia en la cual case el fallo recurrido y se absuelva al señor Juan Carlos Reyes Hernández.” FUNDAMENTACIÓN. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que: “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”[2] La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal penal; Concepto de la infracción expuesto: Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Vicio Procesal denunciado en la Sentencia Definitiva; Pretensión: Se declare con lugar el motivo anulando el fallo. Arguye el recurrente, de que la sentencia objeto del presente recurso, concluye en su hecho probado tercero (aunque debo decir completamente desapegado de la técnica correcta de redacción de los hechos probados, pues lejos de narrar hechos fácticos con claridad, precisión y coherencia, lleva a cabo en el mismo una especie de valoración de la prueba), que fue durante el lapsus de tiempo que Juan Carlos (acusado) queda a cargo del menor, fue este, quien le propinó esos severos golpes, ya que el cuerpo de menor 1 presentaba traumatismo en labio inferior, en abdomen, escoriaciones en espalda, contusión renal, laceración de intestino delgado, que posteriormente le produjeron la muerte; de la misma manera razona el recurrente de que: en el caso que nos ocupa, vemos violentado el principio lógico de razón suficiente, el cual se extrae de la Ley de Derivación; por el cual todo juicio para ser realmente verdadero necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad, en consecuencia, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Comayagua al momento de emitir sentencia en el presente caso, debió someterse a estas reglas de la lógica, que el tribunal sentenciador violó el principio lógico de razón suficiente, pues no se evacuó en la vista oral y pública medio de prueba alguno que señalara al señor Juan Carlos Reyes Hernández, como el autor de los golpes que produjeron las lesiones en el cuerpo del menor 1, es más, así lo asegura la sentencia recurrida en su motivación; de igual manera el censor transcribe la declaración de los testigos y realiza alegatos de instancia. Del Principio de Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la Procedencia del Recurso. el primer motivo no es de recibo. Conforme al Principio de Debida Técnica Recursiva ampliamente explicado en el apartado anterior, es posible detectar que el censor no ha utilizado adecuadamente dichas normas y lineamientos, pues al momento de desarrollar su impugnación el impetrante efectúa argumentos de instancia, enlista de que la sentencia objeto del presente recurso, concluye en su hecho probado tercero (aunque debo decir completamente desapegado de la técnica correcta de redacción de los hechos probados, pues lejos de narrar hechos fácticos con claridad, precisión y coherencia, lleva a cabo en el mismo una especie de valoración de la prueba), desaprueba la motivación de la sentencia y la describe doctrinalmente, luego señala la prueba evacuada, específicamente los testigos y en base a ello considera que el Sentenciador no efectuó una adecuada valoración y procede a hacer su propia valoración probatoria, ejercicio mental que es prohibido en esta etapa de casación, pues dicha tarea compete al a-quo quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. Es importante mencionar que, en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en el cual se denuncia la violación a las reglas de la sana crítica, el censor debe darse a la tarea de señalar cuáles son los razonamientos contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano que el Juzgador efectuó, cuál es la regla que considera infringida -lógica, experiencia común, psicología- y cómo se da dicha infracción en las valoraciones de los Sentenciadores. Recordemos que la valoración probatoria se realiza de toda la prueba evacuada en el juicio y por tanto en el momento de cuestionar la valoración probatoria debe considerarse la prueba en su conjunto y no solo la que favorece en la defensa del acusado. El recurrente lo que hace es cuestionar las declaraciones de los testigos de la acusación, pero en ningún momento señala cual es la valoración probatorio errónea del juzgador y cómo dichos razonamientos son contrarios a las reglas de la sana crítica, por todo lo cual es procedente desestimar el primer motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio; Acciones de saneamiento: No determinado por el recurrente; Pretensión: Que se declare la nulidad de la sentencia y del juicio, para que el mismo sea celebrado de nueva cuenta. Establece el recurrente que, la sentencia reprochada introduce ilegalmente motivación de la página de Google, la introducción ilegal de este elemento, el tribunal la hace con el único objetivo de comparar algunos datos proporcionados, a pesar de que esta declaración no encontró sustento en la prueba evacuada en el juicio y es así que la sentencia reprochada introduce a través del buscador Google ciertos síntomas como ser hinchazón abdominal, distensión abdominal severo, la ictericia, entre otros; pero lo importante en este caso es que el tribunal tiene prohibido arribar a una conclusión mediante instrumentos distintos a los medios de prueba legalmente introducidos y evacuados en la vista oral y publica, por lo que, los síntomas referidos podrían haber sido tomados en cuenta por el tribunal únicamente si hubieran sido proporcionados por un medio de prueba objetivamente confiable, en el caso estudio, al tratarse de síntomas clínicos, estos debieron haber sido introducidos al proceso mediante una prueba pericial y no haciendo referencia a un simple buscador de internet Google. Incorporación Indebida de un medio de prueba En relación al motivo invocado, es importante apuntar que el diseño del proceso penal previsto en el Código Procesal Penal está dispuesto de modo que la legalidad del debido proceso impere en todas sus etapas, legalidad que incluye el Principio Probatorio de Aportación de Parte, el cual interesa que todos los medios de prueba que sean finalmente valorados por el Tribunal de Sentencia hayan sido previamente reproducidos en el debate como consecuencia de petición de alguna de las partes intervinientes en el proceso; dicho de otro modo: como regla general la carga de la prueba en sentido formal corresponde a las partes, estándole vedado al Tribunal de Sentencia incorporar y valorar a su iniciativa medios de prueba que no hayan sido propuestos por las partes, (Salvo las excepciones apuntadas en el artículo 333 del Código Procesal Penal, mismas que deben ser analizadas bajo un criterio restrictivo).- Señala el artículo 317 del Código de Rito que el Tribunal de Sentencia convocará a las partes para la celebración de los medios de prueba que respalden sus respectivas teorías del caso, donde además de realizarse el control de admisibilidad, los intervinientes del proceso podrán enterarse de los medios de prueba de su contraparte (Principio de Igualdad de Armas) y así tendrán la oportunidad de controvertirlos debidamente en la audiencia de debate (Principio de Defensa); se relaciona con lo anterior el artículo 333 que señala que, como regla general, solo podrán reproducirse en el debate aquellos medios de prueba que hayan sido propuestos por las partes y admitidos por el Tribunal de Sentencia y, finalmente, el artículo 202 vinculado con la regla tercera numeral 2) del artículo 338 que señalan que los juzgadores solo podrán valorar, para formarse su convicción respecto al caso, los medios de prueba que hayan sido legalmente reproducidos en la audiencia de debate.- Así las cosas, prevé el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia incurrirá en un vicio in procedendo cuando: 1. Se haya incorporado a la audiencia de debate un medio de prueba que no sea parte del abanico probatorio propuesto por alguna de las partes intervinientes en el proceso y no se trate de la excepción prevista en la segunda parte del artículo 333 procesal.- Al acontecer lo descrito, no solo compromete la imparcialidad de los jueces, ya que los ubicaría, de inicio y en apariencia, en una posición de interés frente al resultado del proceso, sino que además provocaría indefensión a la parte litigante que vea la incorporación de un medio de prueba del cual no pudo prepararse para efecto de hacer el debido contradictorio, mucho menos poder proponer contraprueba para desvirtuarlo. 2. En la sentencia se valora un medio de prueba que no haya sido reproducido en la audiencia de debate. - El perjuicio material de este supuesto estriba igualmente en la violación del derecho de defensa, al haber los juzgadores contado y valorado un medio de prueba el cual no ha sido controlado ni controvertido por las partes litigantes, quienes ven como los juzgadores en su sentencia hacen cuenta de un medio de prueba que no fue parte del debate. De la Procedencia del Recurso. el segundo motivo no es de recibo. Denunció el recurrente en su segundo motivo de casación, que la sentencia se basa en medios de prueba no incorporados legalmente al juicio, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que, para dictar sentencia condenatoria contra su patrocinado, el Juzgador introduce ilegalmente motivación de la página de Google mismos que según su criterio no han sido incorporados legalmente. Estableció el denunciante de que el tribunal sentenciador introduce de manera ilegal la información del buscador de la página de Google, y toma de internet para su motivación criterios, opiniones y diagnósticos de personas que no rindieron su declaración en el juicio oral y público, que se desconoce quiénes son y si tienen la capacidad científica para opinar en el campo. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar lo que establece el artículo 338, sección cuarta, numeral 2 de Código Procesal Penal, que indica, en el apartado “Valoración de Prueba”, que el tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. Para entender los antecedentes y como llegaron al reclamo que plantea el recurrente es importante establecer un contexto procesal: El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en fecha 22 de abril de 2015, en contra del señor Juan Carlos reyes Hernández, por suponerlo responsable a título de autor de los delitos consumados de Parricidio y Maltrato por Transgresión, todo en perjuicio del menor 1; acción penal que fue admitida y que dio paso al desarrollo del correspondiente proceso penal, el cual después de transitar por la etapa preparatoria e intermedia, llegó a la etapa de juicio, celebrándose en fecha 05 de febrero de 2016 la audiencia de proposición de medios de prueba (f 150) en donde las partes ofertaron los medios de prueba que tuvieron a bien para sostener sus posiciones en la audiencia de debate, habiendo sido la posición de las partes: i.- Ministerio Público ofertó como medios de prueba testifical, las declaraciones de Edwin Alexis Martinez Mejía, 2. Allan Wiuley Martinez Maybeth, 3. Cristina Martinez Reyes, 4. Jesús argentina Gómez, 5. Dalia Patricia Zelaya Yánez, 6. Edgardo David Salgado Nieto; Como prueba documental: 1. Acta de levantamiento de cadáver realizado por Iveth Servellón (f. 24-26 y set de fotografías (f.43-4 7 tomo I), 2. Certificación de acta de Nacimiento del niño menor 1 (f.27 tomo I), 3. Declaración de los imputados Juan Carlos Reyes Hernández y Amanda Yamileth López García (f.52-66 tomo I), 4. Dictamen de levantamiento de cadáver practicado al ofendido elaborado por la Doctora Forense Dunia Hernández, (folio 28 tomo I); como medio de prueba pericial: l. Se propone a la Licenciada Marta Estela Suazo, trabajadora social con la finalidad de establecer las condiciones en que vivía el menor ofendido y el maltrato de que era objeto por parte de los hoy imputados, 2. Se propone a la Doctora Enoe Arely Vásquez medico autopsiaste, para que ratifique el dictamen número 742-2015, ( f. 48 tomo I); y ii.- Defensa del acusado ofertó como medios de prueba testifical, las declaraciones de: 1.Cristina Martinez Reyes, 2. Jesús Argentina Gómez, 3. José David Aguilar Pérez, 4. Juana Aracely Rodríguez Ponce, 5. Vanessa Nohemy Pérez Sánchez; como prueba documental: 1. Acta de levantamiento de cadáver (f. 7-9 tomo I), 2. La declaración del testigo Protegido "A" (f. 73-76 tomo I). Tras la oferta, el Tribunal de Sentencia admitió la totalidad de los medios de prueba propuestos, a excepción de la prueba documental consistente en las declaraciones de los imputados, ambas rendidas en audiencia inicial. En fecha 02 de agosto de 2016, se dio inicio a la audiencia de debate, momento en que la defensa del acusado propuso al Consultor Técnico Doctor Denis Armando Castro Bobadia, y el Ministerio Público propuso la declaración del Testigo Protegido “A”, la declaración de Rene Molina Cervantes, La ratificación del Acta de Levantamiento cadavérico del menor, por la oficial Iveth Servellón, y un CD con fotos ilustrativas de la autopsia realizada al menor, prueba que admitió el Tribunal de Sentencia. Fue así que en el desarrollo del debate se evacuó la prueba propuesta. Como consecuencia de la audiencia de debate el Tribunal de Sentencia emitió Sentencia en fecha 09 de noviembre de 2016, en donde declaró responsable al señor Juan Carlos Reyes Hernández, como autor directo del delito consumado de Asesinato, en perjuicio del menor 1.- Los jueces en su sentencia señalaron que la certeza de la existencia del delito y de la responsabilidad del acusado fue tras la valoración de los medios de prueba que fueron evacuados en la audiencia de debate: los testigos siguientes: Testigo Protegido “A”, Jesús Argentina Gómez, Rene Molina Cervantes, Edgardo David Salgado Nieto, Edwin Alexis Martinez Mejía, José David Aguilar Pérez, Vanessa Nohemy Pérez Sánchez, Acta de levantamiento cadavérico ratificado por Ivet Servellón (f. 26) Acta de levantamiento de cadáver junto con set de fotografías (f. 28, 43-47) ratifica Dunia Marisol Hernández, Conclusiones del Consultor Técnico Doctor Denis Castro Bobadia, Dictamen de autopsia (f.48) ratifica Doctora Enol Arely Vasquez, Informe al entorno social del menor ofendido (f. 156-160) ratifica Licenciada Marta Estela Suazo; de la misma manera el a-quo tuvo por ingresada mediante exhibición la prueba documental del MP como ser: Informe al Entorno Social del menor ofendido (f. 156-160) ratificada por Licenciada Marta Estela Suazo, Certificación de Acta de Nacimiento del niño menor 1 (f. 27), Acta de Inspección ocular (f. 43-47), Dictamen de levantamiento de cadáver (f.289 Sinopsis del informe investigativo número 505-2015, elaborado por el agente Martiniano David Nieto (f. 1-5). El vicio que señala el recurrente ocurriría entonces, cuando el Juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen el proceso penal en la actividad probatoria, lo que no ha sucedido en el caso que nos ocupa; asimismo al examen de las diligencias la Sentencia no se ha basado en prueba prohibida o prueba ilícita, por lo que no ha vulnerado la “garantía judicial” de principio de legalidad, según la cual el juicio penal debe desarrollarse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido; el tribunal no ha utilizado tampoco como elemento de convicción algún elemento no incorporado en el acto de debate. Es así que ante lo denunciado por el recurrente, que se incorporó en la sentencia información del buscador de la página de Google; esta Sala observa que dicho contenido, no fue propuesto ni admitido como medio de prueba y no fue parte de la actividad probatoria evacuada en el juicio; constatamos que no se encuentra en el apartado “Valoración de la Prueba” un medio de prueba denominado: Información del buscador de la página de Google, así como que el mismo no se ha reproducido en la audiencia de debate y no se ha incluido en la valoración de la prueba. Por las razones antes expuestas es procedente desestimar el presente motivo de casación por quebrantamiento de forma. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas constitucionales que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al Debido Proceso; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Que se resuelva conforme a derecho. El recurrente denuncia que, la motivación de la sentencia reprochada, está basada en dudas o meras probabilidades, al punto que al referirse a la prueba científica o pericial evacuada en la vista oral y publica, específicamente al dictamen de autopsia número 742-15, se puede observar que el tribunal sentenciador jamás tuvo certeza en el presente caso sobre la causa de muerte de la víctima, mucho menos sobre quien fue el responsable de la misma, de la simple lectura de la motivación anteriormente citada podemos deducir, sin mucho esfuerzo, que la sentencia no tiene por acreditado certeramente que los hechos ocurrieron de cierta manera, pues cuando opta por tener como acreditado que la causa de muerte del menor fue la “laceración del intestino delgado”, se olvida que existieron otros hallazgos en el dictamen de autopsia que no fueron corroborados para concluir cuál de todos ellos era la verdadera causa de muerte y qué pudo haberlos provocado. Que el Tribunal se debe inclinar por la opción más favorable al acusado, en consecuencia, debió absolverlo por existir Duda Razonable, al no haberlo hecho de esa forma el Tribunal sentenciador violentó el Principio Garantía del Debido Proceso establecido en el artículo 90 Constitucional que nos dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, es decir, se le violentó a mi representado el Derecho que tiene a una verdadera tutela judicial efectiva. Del debido proceso legal La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha sido inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. En el caso que nos ocupa, el recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe el precepto constitucional que garantiza el Debido Proceso, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República. El Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. En este caso el recurrente considera infringidos el Debido proceso, por considerar que en el presente caso la motivación de la sentencia reprochada, está basada en dudas o meras probabilidades, que el tribunal sentenciador jamás tuvo certeza en el presente caso sobre la causa de muerte de la víctima, mucho menos sobre quien fue el responsable de la misma, que de la simple lectura de la motivación anteriormente citada puede deducir, sin mucho esfuerzo, que la sentencia no tiene por acreditado certeramente que los hechos ocurrieron de cierta manera. Esta Sala al analizar los antecedentes del caso, encuentra en la prueba de los testigos de cargo, las siguientes declaraciones: Testigo Jesús Argentina Gomez, quien observó el día de los hechos que: “…el niño se hizo pupú, ella lo castigó, le dio chancletazos, después ella se fue a su trabajo, después ya no volvió a ver el niño ni a Juan Carlos, que eran vecino y estuvo todo el día en el cuarto”; El Testigo Edwin Alexis Martinez Mejia, relata su testimonio de los hechos: “eran como las cinco, que la madre del menor andaba acompañada de Juan Carlos, no tenían donde velar el niño, les prestó un cuarto, y al preguntar porque no lo llevaba al hospital, dijo que sería un gasto sacarlo después; El Testigo protegido “A” señaló que el día de los hechos: “se acercó a la madre del niño y la vio tranquila y serena, cuando le preguntó ella le respondió que por unos mínimos que se comió y agua de eso murió el menor; le dijo que porque no lo llevó al médico y le contestó que porque no la dejó pasar el guardia, miro que el niño tenía duro el estómago, le mira moretes en el cuello y le señaló que fue una niña que le apretó el cuello, que cuando llegó la policía ella estaba preocupada nerviosa, que el que llevó el ataúd estaba nervioso, pálido, sudoroso él se llama Juan Carlos Reyes; La Testigo Amanda Yamileth Lopez Garcia, (madre de la víctima) quien declaró: Ese día yo anduve mi hijo todo el día en el mercado de 8 a 1 de la pm, yo trabajaba de 8 a 12 y de 4 a 10 pm, después de las cuatro de la tarde los dos niños quedaron a cargo de Juan Carlos, con él yo tenía una relación, la verdad ese día no los iba a dejar, porque siempre pasaban problemas con la familia de él, pero ese día me dijo que los podía cuidar, cuando yo le deje el niño quedo cambiado y bañado y bien, esa tarde yo todavía estaba de 7 a 8 en el negocio porque el trabajo era de hacer en la cocina y tome la decisión de llevarles Comida a los niños, y me costó llegar no pude encontrar taxi, y cuando llegue la puerta estaba medio alerta y vi el piso como arrojada o vomito del niño, y él me dijo como siempre los desastres de tu hijo, lo vi mareado al niño pero no me contesto, cuando le pregunte qué había pasado, fui donde una vecina le pregunte si tenía canela, porque no sabía que tenía el niño, yo mire al niño bien mal, yo trate de sobarlo, lo último que me dijo el niño es que quería agua, el evitaba que tocara el niño y lo viera, el otro niño lo tenía enfermo y le daba pecho, y como a la diez de la noche el niño ya estaba muerto, ese día pegue un grito, él se opuso a que le avisara a los vecinos, pero él me lo impidió, trate de llevar a niño al hospital y el no quiso, y el tomo la decisión de que sacara el niño del cuarto, yo al niño no lo encontré con la misma ropa, y la ropa de cama, estaba en el piso, quizá quería irse él porque sabía que había hecho, ese día yo busque la ayuda de la señora donde trabajaba, antes de que pasara eso yo tenía una muchacha, pero el Siempre pasaba allí, no buscaba que hacer y supuestamente el niño andaba desnudo, con el niño de la muchacha que yo tenía y me dijeron a mí, y ese día al niño lo habían castigado, y el andaba desnudo y solo, el castigo ese día al mío y ella a la de ella; una vez yo lo estaba bañando y lo encontré golpeado y el niño me dijo, el me golpeo, (señalando a Juan Carlos), él ya tenía lesiones en el cuello, otro día y le encontré con algo en el cuello, en mi cara nunca lo hacía lo hacían a mi espalda, yo lo conocí a él, ya nos habíamos dejado por la pareja de él que tenía, tenía un mes de nacido mi niño, y él decía que quería estar cerca de mi hijo, se le notaba celos con mi niño, como le dije a el que me lo hubiera violado pero no me lo hubiera matado, eso se lo dije cuando lo llame al presidio, no sé nada de mi otro hijo desde que caí allí, ese día 20 de abril, salí a las ocho de la mañana regrese a la una, salí de nuevo a las cuatro regrese a las ocho. ese día encontré al niño mareado y no podía hablar, lo último que quería era agua, Juan Carlos, no salió de la casa, el niño estaba paradito, atrás de la puerta no revise al niño, yo pensé que tenía un dolor o algo, no supe que había en el piso, no había un espacio en el piso que estuviera aseado; la ropa con la que deje al niño y la ropa de cama allí estaba, esa ropa la deje en la esquina de la cama; lo raro fue que yo acosté el niño al lado mío, pero cuando desperté el niño estaba en los pie ceros de la cama, a Juan Carlos, lo vi al lado de la cama, al niño lo toque helado, yo lo primero que hice fue quererle dar aire de boca a boca, Juan Carlos decide sacarlo del lugar; acostumbraba que los niños durmieron en medio mío, pero lo raro es que cuando desperté no estaba allí si no en los pie ceros de la cama, él no me dejaba que tocara al niño; él me dijo que después que enterráramos al niño todo iba hacer normal, Cuando llego medicina forense, me dijo, él había cambiado al niño, me di cuenta de la violación hasta que vine a la audiencia, y hasta que medicina forense vino vi al niño con los golpes; le di un poquito de esencia y le sobe el estómago, yo me confié que era por comer mínimos, me confié en eso, él no me dejo que no le avisara al niño, tenia 3 hijos, uno de 3 meses uno de dos años, y ocho años, este último esta con mi papa, no le había dado desayuno ese día, de ocho a una el niño andaba bien; a la una llegue me puse asear y los niños estaban en el cuarto, ese día sentí que el niño no se quería quedar, ese día se quedó llorando pero en el negocio no lo podía tener el niño estaba atrás de la puerta mareado, en ese momento Juan Carlos estaba acostado en la cama; eso que habla en el piso era una cosa amarilla, pero no sabía que era, el tomo la decisión y el que se le ocurrió la idea de hacerle un cajón a él, no teníamos mucho tiempo de estar Juntos, él no quería trabajar, yo lo mantenía prácticamente, ese día yo quería hablar con él, y nos pasaban visitas allí me comunicaron que la mamá del quería hablar con migo, allí es donde le dijo Juan Carlos porque no decía la edad, y se puso bien raro, y uno de los muchachos que casi nos crecimos juntos allí estaba y me dijo, vaya yo lo hice y que quería que te dijera, estábamos dentro del presidio; yo declare en la tercera audiencia en un careo que tuvimos un careo; Juan Carlos se quedó con el bebé muerto de 8 a 1 p.m., ese día salí dos veces de la casa, no habían bastantes inquilinos, solo dos parejas más, nuevamente A preguntas del Ministerio Publico contesto: Uno se quien le dio muerte a mi hijo, Juan Carlos, no quiso buscar ayuda de la familia de él si no de un amigo, en la casa del amigo de él hicimos el ataque, en la colonia la vega, el que se encargaba de eso era él, eso fue como a la seis de la mañana del siguiente día, 20 de abril de 2015; yo estaba esperando a ver qué es lo que pasaba, la señora con la que yo trabajaba estaba ayudándome a dar las vueltas, y el cómo que se quiso ir, no sé dónde lo agarraron, era como a las diez de la mañana; no se quien denunció el hecho, pero si había un muchacho que yo lo conocía, y él me dijo que el niño le noto algo que no estaba bien, que no fue muerte natural; yo presumo de Juan Carlos Reyes es el único que estaba con ellos; El Testigo Edgardo David Salgado Nieto, (Agente de investigación): relató: nosotros recibimos información de la existencia de un cadáver, nos trasladamos al lugar, llegamos a una cuartería, nos encontramos el cuerpo de un menor en caja rustica de madera; en ese momento llego el fiscal; el niño observamos que tenía los moretones hasta arriba, la forense lo desviste y le observamos lesiones en el cuerpo; la madre del menor estaba en otro cuarto, le preguntamos ella nos dijo que estaba con su esposo Juan Carlos Reyes, dijo que el niño estaba mal y que lo llevaron a la clínica, estaba nervioso, nos dijo que ese día llego del trabajo a dejarle comida, y ella vio que el menor lloraba y no quería quedarse con él, encontró dijo en el piso vomito y pupú, y dice que le dijo el papá que ese niño estaba haciendo un desastre, dice lo mire mareado y vomitando, dijo que se acostó con él, y minutos después notaron al niño frio; que lo llevaron a una clínica y que no lo quisieron atender, cuando le preguntamos la señor Juan Carlos no quiso contestar, lo miramos reacio, le pregunte a dos vecinos y me relataron alguna versión, pero no quisieran declarar, nos dijo que al niño lo dejaban solo y que ellos le pasaban comida por las persianas, dijo que como a las dos vio al niño sentado que estaba durmiendo y que ella lo agarro y que lo acostó en la hamaca, dijo que él lo golpeaba, al menor, otra señora dijo que doña Amanda lo estaba limpiando en la pila. Rene Molina Cervantes (Policía): Ese día martes 21 de abril de 2015, como a las 9:15 recibí llamada que en la colonia las vegas por la bodega de Marvin chacón, había un niño muerto, llegue y pregunte, primero me lo negaron después dijeron que allí era, doña Amanda no me autorizaba entrar, luego yo pregunte que paso y ella dijo que el niño comió mínimos, luego tomo agua y comenzó a vomitar, después dijo que lo dejo con el padrastro, ella no nos dejaba ver al niño, y se miró insegura de lo que decía, y entonces pedí apoyo, Juan Carlos llego con un ataúd me dijo que era el padrastro, reacción de Juan Carlos con el ataúd él se puso nervioso, cuando llegó Medicina Forense sacamos la gente y cerramos el portón, como a las once y veinte detuvimos, allí estaba la Médico Forense la doctora Dunia. Esta Sala considera que en este caso, el acusado Juan Carlos Reyes Hernández, ha sido sometido a juicio y juzgado por el tribunal de sentencia con estricta observancia de los derechos, formalidades y garantía que componen el Debido Proceso, entre ellos el derecho de defensa, en tanto que ha tenido derecho al juicio contradictorio, en plano de igualdad frente a su acusador público, en la que ha recaído prueba de cargo suficiente con la que se ha enervado la presunción de inocencia, con prueba directa de cargo a la que el juzgador ha otorgado veracidad y confiabilidad, al no haber motivos para considerar que los testigos han querido distorsionar la verdad, ya que dichas declaraciones se corroboran con la prueba documental, inspecciones oculares de mérito, así como del dictamen de autopsia 2015-0801-0401-742, (AT-742-15) en la que se establece como manera de muerte homicida. Por lo anterior, el acusado Juan Carlos Reyes Hernández, ha estado representados por su abogado defensor en igualdad de condiciones con el Fiscal del Ministerio Público, de presentar todo tipo de incidentes, medios de pruebas, alegaciones y presentación de recursos, por lo que concluye que la sentencia impugnada no infringe los preceptos constitucionales que garantizan el derecho de Debido Proceso consignados en el artículo 90 de la Constitución de la República. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas constitucionales que se denuncian infringidas: 89 de la Constitución de la República, 8.2.h, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Concepto de la infracción: Violación al Principio In dubio Pro Reo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Que se resuelva conforme a derecho. El recurrente denuncia que, la sentencia hoy recurrida violenta el artículo 89 de la Constitución de la República que dice: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. En el caso de autos se evacuó en la vista oral y publica prueba testifical, documental y pericial, sin embargo, de la misma no se deriva la participación del imputado, la condena reprochada no está basada en prueba alguna de cargo suficiente para enervar el estado de inocencia; que el a quo concluyó sin sustento probatorio alguno que fue este y nadie más quien le infirió los mismos, que no existe prueba alguna de la cual se derive esta conclusión, por lo que al asumirla sin sustento, el tribunal sentenciador violenta flagrantemente el estado de inocencia del señor Juan Carlos Reyes Hernández, a quien termina castigando penalmente ante tal carencia probatoria, cuando lo correcto era absolverlo de toda responsabilidad penal pues la prueba producida en juicio no logró vencer el Estado de Inocencia constitucionalmente reconocido. Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma). De lo anterior resulta entonces, que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo, practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en expediente SP 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio del estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente SP 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana…”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (artículo 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe mostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar, además, que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente SP 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte, a la defensa del acusado, le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia, según las reglas de la sana crítica; así pues, en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente SP 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad. Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto, la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. En el caso que nos ocupa, el recurrente denuncia la violación al artículo 89 de la Constitución de la República, en relación con el artículo8.2.h, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle, tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él, del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Así las cosas, luego de analizado el recurso interpuesto se observa por esta superioridad, que el recurrente del fallo denuncia la infracción del estado de inocencia por insuficiencia probatoria. En lo que respecta al debido razonamiento probatorio, el recurrente del fallo, cuestiona que frente al vacío probatorio que arrojaron los medios de prueba anteriormente mencionados, el tribunal sentenciador sin sustento alguno arriba a una conclusión condenatoria del señor Juan Carlos Reyes Hernández, que en palabras del propio tribunal este adujo que al manifestar su representado en su declaración en el juicio oral y público que el menor 1, había sido agredido por su madre a puñetazos y que lo agarraba del pelo, sin que este tipo de castigos hubiese sido mencionado por la testigo Jesús Argentina Gomez, concluyó sin sustento probatorio alguno que fue este y nadie más quien le infirió los mismos, y no existe prueba alguna de la cual se derive esta conclusión. En ese sentido, los testigos de la acusación expresaron: 1-Testigo Jesús Argentina Gómez, quien observó el día de los hechos que: “…el niño se hizo pupú, ella lo castigó, le dio chancletazos, después ella se fue a su trabajo, después ya no volvió a ver el niño ni a Juan Carlos, que eran vecino y estuvo todo el día en el cuarto”; 2- El Testigo Edwin Alexis Martínez Mejia, relata su testimonio de los hechos: “eran como las cinco, que la madre del menor andaba acompañada de Juan Carlos, no tenían donde velar el niño, les prestó un cuarto, y al preguntar porque no lo llevaba al hospital, dijo que sería un gasto sacarlo después”; 3-El Testigo protegido “A” señaló que: “el día de los hechos: “se acercó a la madre del niño y la vio tranquila y serena, cuando le preguntó ella le respondió que por unos mínimos que se comió y agua de eso murió el menor; le dijo que porque no lo llevó al médico y le contestó que porque no la dejó pasar el guardia, miro que el niño tenía duro el estómago, le mira moretes en el cuello y le señaló que fue una niña que le apretó el cuello, que cuando llegó la policía ella estaba preocupada nerviosa, que el que llevó el ataúd estaba nervioso, pálido, sudoroso él se llama Juan Carlos Reyes”; 4-La Testigo Amanda Yamileth Lopez Garcia, (madre de la víctima) quien declaró: “Ese día yo anduve mi hijo todo el día en el mercado de 8 a 1 de la pm, yo trabajaba de 8 a 12 y de 4 a 10 pm, después de las cuatro de la tarde los dos niños quedaron a cargo de Juan Carlos, con él yo tenía una relación, la verdad ese día no los iba a dejar, porque siempre pasaban problemas con la familia de él, pero ese día me dijo que los podía cuidar, cuando yo le deje el niño quedo cambiado y bañado y bien, esa tarde yo todavía estaba de 7 a 8 en el negocio porque el trabajo era de hacer en la cocina y tome la decisión de llevarles Comida a los niños, y me costó llegar no pude encontrar taxi, y cuando llegue la puerta estaba medio alerta y vi el piso como arrojada o vomito del niño, y él me dijo como siempre los desastres de tu hijo, lo vi mareado al niño pero no me contesto, cuando le pregunte qué había pasado, fui donde una vecina le pregunte si tenía canela, porque no sabía que tenía el niño, yo mire al niño bien mal, yo trate de sobarlo, lo último que me dijo el niño es que quería agua, el evitaba que tocara el niño y lo viera, el otro niño lo tenía enfermo y le daba pecho, y como a la diez de la noche el niño ya estaba muerto, ese día pegue un grito, él se opuso a que le avisara a los vecinos, pero él me lo impidió, trate de llevar a niño al hospital y el no quiso, y el tomo la decisión de que sacara el niño del cuarto, yo al niño no lo encontré con la misma ropa, y la ropa de cama, estaba en el piso, quizá quería irse él porque sabía que había hecho, ese día yo busque la ayuda de la señora donde trabajaba, antes de que pasara eso yo tenía una muchacha, pero el Siempre pasaba allí, no buscaba que hacer y supuestamente el niño andaba desnudo, con el niño de la muchacha que yo tenía y me dijeron a mí, y ese día al niño lo habían castigado, y el andaba desnudo y solo, el castigo ese día al mío y ella a la de ella; una vez yo lo estaba bañando y lo encontré golpeado y el niño me dijo, el me golpeo, (señalando a Juan Carlos), él ya tenía lesiones en el cuello, otro día y le encontré con algo en el cuello, en mi cara nunca lo hacía lo hacían a mi espalda, yo lo conocí a él, ya nos habíamos dejado por la pareja de él que tenía, tenía un mes de nacido mi niño, y él decía que quería estar cerca de mi hijo, se le notaba celos con mi niño, como le dije a el que me lo hubiera violado pero no me lo hubiera matado, eso se lo dije cuando lo llame al presidio, no sé nada de mi otro hijo desde que caí allí, ese día 20 de abril, salí a las ocho de la mañana regrese a la una, salí de nuevo a las cuatro regrese a las ocho. ese día encontré al niño mareado y no podía hablar, lo último que quería era agua, Juan Carlos, no salió de la casa, el niño estaba paradito, atrás de la puerta no revise al niño, yo pensé que tenía un dolor o algo, no supe que había en el piso, no había un espacio en el piso que estuviera aseado; la ropa con la que deje al niño y la ropa de cama allí estaba, esa ropa la deje en la esquina de la cama; lo raro fue que yo acosté el niño al lado mío, pero cuando desperté el niño estaba en los pie ceros de la cama, a Juan Carlos, lo vi al lado de la cama, al niño lo toque helado, yo lo primero que hice fue quererle dar aire de boca a boca, Juan Carlos decide sacarlo del lugar; acostumbraba que los niños durmieron en medio mío, pero lo raro es que cuando desperté no estaba allí si no en los pie ceros de la cama, él no me dejaba que tocara al niño; él me dijo que después que enterráramos al niño todo iba hacer normal, Cuando llego medicina forense, me dijo, él había cambiado al niño, me di cuenta de la violación hasta que vine a la audiencia, y hasta que medicina forense vino vi al niño con los golpes; le di un poquito de esencia y le sobe el estómago, yo me confié que era por comer mínimos, me confié en eso, él no me dejo que no le avisara al niño, tenía 3 hijos, uno de 3 meses uno de dos años, y ocho años, este último esta con mi papa, no le había dado desayuno ese día, de ocho a una el niño andaba bien; a la una llegue me puse asear y los niños estaban en el cuarto, ese día sentí que el niño no se quería quedar, ese día se quedó llorando pero en el negocio no lo podía tener el niño estaba atrás de la puerta mareado, en ese momento Juan Carlos estaba acostado en la cama; eso que habla en el piso era una cosa amarilla, pero no sabía que era, el tomo la decisión y el que se le ocurrió la idea de hacerle un cajón a él, no teníamos mucho tiempo de estar Juntos, él no quería trabajar, yo lo mantenía prácticamente, ese día yo quería hablar con él, y nos pasaban visitas allí me comunicaron que la mamá del quería hablar con migo, allí es donde le dijo Juan Carlos porque no decía la edad, y se puso bien raro, y uno de los muchachos que casi nos crecimos juntos allí estaba y me dijo, vaya yo lo hice y que quería que te dijera, estábamos dentro del presidio; yo declare en la tercera audiencia en un careo que tuvimos un careo; Juan Carlos se quedó con el bebé muerto de 8 a 1 p.m., ese día salí dos veces de la casa, no habían bastantes inquilinos, solo dos parejas más, nuevamente a preguntas del Ministerio Publico contesto: Uno se quien le dio muerte a mi hijo, Juan Carlos, no quiso buscar ayuda de la familia de él si no de un amigo, en la casa del amigo de él hicimos el ataque, en la colonia la vega, el que se encargaba de eso era él, eso fue como a la seis de la mañana del siguiente día, 20 de abril de 2015; yo estaba esperando a ver qué es lo que pasaba, la señora con la que yo trabajaba estaba ayudándome a dar las vueltas, y el cómo que se quiso ir, no sé dónde lo agarraron, era como a las diez de la mañana; no se quien denunció el hecho, pero si había un muchacho que yo lo conocía, y él me dijo que el niño le noto algo que no estaba bien, que no fue muerte natural; yo presumo de Juan Carlos Reyes es el único que estaba con ellos”; 5-El Testigo Edgardo David Salgado Nieto, (Agente de investigación): relató: “nosotros recibimos información de la existencia de un cadáver, nos trasladamos al lugar, llegamos a una cuartería, nos encontramos el cuerpo de un menor en caja rustica de madera; en ese momento llego el fiscal; el niño observamos que tenía los moretones hasta arriba, la forense lo desviste y le observamos lesiones en el cuerpo; la madre del menor estaba en otro cuarto, le preguntamos ella nos dijo que estaba con su esposo Juan Carlos Reyes, dijo que el niño estaba mal y que lo llevaron a la clínica, estaba nervioso, nos dijo que ese día llego del trabajo a dejarle comida, y ella vio que el menor lloraba y no quería quedarse con él, encontró dijo en el piso vomito y pupú, y dice que le dijo el papá que ese niño estaba haciendo un desastre, dice lo mire mareado y vomitando, dijo que se acostó con él, y minutos después notaron al niño frio; que lo llevaron a una clínica y que no lo quisieron atender, cuando le preguntamos la señor Juan Carlos no quiso contestar, lo miramos reacio, le pregunte a dos vecinos y me relataron alguna versión, pero no quisieran declarar, nos dijo que al niño lo dejaban solo y que ellos le pasaban comida por las persianas, dijo que como a las dos vio al niño sentado que estaba durmiendo y que ella lo agarro y que lo acostó en la hamaca, dijo que él lo golpeaba, al menor, otra señora dijo que doña Amanda lo estaba limpiando en la pila”; 6-El Testigo Rene Molina Cervantes (Policía): “Ese día martes 21 de abril de 2015, como a las 9:15 recibí llamada que en la colonia las vegas por la bodega de Marvin chacón, había un niño muerto, llegue y pregunte, primero me lo negaron después dijeron que allí era, doña Amanda no me autorizaba entrar, luego yo pregunte que paso y ella dijo que el niño comió mínimos, luego tomo agua y comenzó a vomitar, después dijo que lo dejo con el padrastro, ella no nos dejaba ver al niño, y se miró insegura de lo que decía, y entonces pedí apoyo, Juan Carlos llego con un ataúd me dijo que era el padrastro, reacción de Juan Carlos con el ataúd él se puso nervioso, cuando llegó Medicina Forense sacamos la gente y cerramos el portón, como a las once y veinte detuvimos, allí estaba la Médico Forense la doctora Dunia. El Tribunal de Sentencia al momento de realizar la valoración del testimonio de los testigos de cargo, lo realizó señalando que existía coherencia en sus deposiciones y estableciendo que: “no quedó duda alguna que el menor de tan solo dos añitos convivía con los imputados y que estuvo solo con estos, el día del fatal resultado, que antes de la tragedia suscitada, al menor se le apreciaba su aspecto físico, es decir en total descuido desde su alimentación hasta su vestimenta, además lo observaron con golpes en diferentes parte de su cuerpo, y en muchas ocasiones vagando en áreas lejos de su vivienda solo y desprotegido, quedó evidenciado la falta de afecto y tristeza que el menor reflejaba.” Establece el a quo que, todo ello permite intuir de la participación de ambos en las acciones penales (Asesinato, complicidad de Asesinato y Maltrato por Transgresión.) En el presente caso, con la prueba de cargo establecida en el acápite de la valoración de la prueba (f. 263 al 281), el a quo llega a la categórica conclusión que durante el lapsus de tiempo que Juan Carlos queda a cargo del menor, fue este, quien le propinó esos severos golpes, ya que el cuerpo de menor 1 presentaba, traumatismo en labio inferior, en abdomen, excoriaciones en espalda, contusión renal, laceración del intestino delgado, que posteriormente le produjeron la muerte. Como prueba documental se contó con: 1- Acta de inspección ocular y acta de levantamiento de cadáver (f.26), 2- Certificación de acta de nacimiento del menor 1 (f.27), 3-Sinopsis del informe investigativo numero 505-2015 (f.1-5 Tomo I), 4- Dictamen Pericial Psicológico Forense (f.225-226 Tomo II), practicado a Amanda Yamileth López Gómez; 5- Acta de levantamiento de cadáver y set de fotografías, ratificado por la Doctora Dunia Marisol Hernandez, (f.24-26 y 43-47 Tomo I); 6- Dictamen de autopsia (f.48) ratifica Doctora Enol Arely Vasquez; 7-Informe al Entorno Social del menor ofendido (f. 156-160) ratifica Licenciada Marta Estela Suazo, así las cosas, la relación de contenido de los medios de prueba que se ha hecho en el párrafo anterior, determina que el Juzgador tuvo a su consideración, carga probatoria destinada a acreditar los diferentes elementos que componen la infracción penal; en general, los medios de prueba fueron valorados por el juzgador, concluyendo que éstos en su conjunto acreditaron lo señalado como hecho probado. Es oportuno insistir que la suficiencia probatoria no es evaluada por este Tribunal de Casación desde una constatación valorativa de cada uno de los medios de prueba a fin de determinar qué hechos acredita cada uno de ellos y si éstos en conjunto logran acreditar aquello que se declara probado, pues ello, no es más que realizar de nueva cuenta el proceso de valoración de prueba; la tarea que ha encomendado la ley a la Sala de lo Penal -ante la denuncia de insuficiencia probatoria- es la verificación de que el factum que soporta el pronunciamiento condenatorio esté cimentado en prueba suficiente y obtenida de manera regular con la calidad para arrebatar la condición interina de inocencia: i. Por suficiente: interesa que la prueba esté destinada a acreditar los aspectos básicos de acreditación de la infracción penal, comprobación de una conducta humana, elementos objetivos y subjetivos, aspectos de antijuricidad y culpabilidad deben verse reflejados en el contenido que dice el juzgador fueron identificados en la prueba; ii. Por obtención regular: interesa que la prueba sea lícita y legal, debidamente incluida al proceso y motivada correcta y suficientemente. Por todo ello esta Sala de lo Penal determina que la valoración del Tribunal de Sentencia, deriva que los medios de prueba fueron suficientes y legalmente incorporados a juicio, son de total crédito para acreditar el reproche de culpabilidad en contra del señor Juan Carlos Reyes Hernández, la valoración es coherente y obedece a las reglas de la sana crítica. La prueba que ocupó la audiencia de debate fue suficiente; los jueces del Tribunal de Sentencia, estando en una posición privilegiada respecto a la prueba, de la cual tuvieron su inmediación, concluyeron unánimemente que les generaba certeza no solo sobre la existencia de los hechos delictivos, sino también sobre la participación del acusado en éstos, decidiendo declarar su responsabilidad penal y como consecuencia de ello, imponerle la sanción penal prevista en la ley sustantiva; no debe pretender el recurrente que este Tribunal de Casación suplante a los jueces de instancia, en el sentido de imponer su criterio valorativo por sobre prueba de la que aquéllos tuvieron inmediación, por lo que se limita a evaluar la legalidad de la obtención probatoria, el debido proceso probatorio, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria, siendo el resultado de tal examen la conclusión de que no ha existido violación al estado de inocencia que reconoce en su artículo 89 nuestra Constitución de la República. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en sus dos motivos. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83: 1.Declaró responsable al acusado Juan Carlos Reyes Hernández, de: Delito: Asesinato (Art.117) Ofendido: menor 1. Pena: 25 años de reclusión. Penas Accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Se declaró la responsabilidad civil del acusado. 2.Declaró responsable a la acusada Amanda Yamileth López García, de: Delito: Asesinato en su grado de ejecución de complicidad en concurso ideal con el delito de Maltrato por Transgresión (Art.117), (179-D) Ofendido: menor 1. Pena: 20 años de reclusión. Penas Accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Se declaró la responsabilidad civil del acusado. En cuanto al decreto 130-2017 las acciones cometidas: El Acusado Juan Carlos Reyes Hernández, de: Delito de Asesinato (Art.93) Ofendido: menor 1. Pena: 20 a 25 años de prisión. La acusada Amanda Yamileth López García, de: 1. Delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, el cual, al habérsele condenado como cómplice, según el artículo 61 párrafo segundo, establece: “…A los cómplices de un delito consumado o intentado, se le debe imponer la pena prevista por la Ley para los autores del mismo delito, rebajada en un tercio (1/3)”. Quedando la pena con un margen abstracto de trece (13) años cuatro (4) meses a veinte (20) años de prisión. 2. El delito de Maltrato Familiar, (art. 289) se penaliza así: Con las penas de prisión de seis (6) meses a un (1) año Multa de cien (100) a doscientos (200) días o prestación de servicios de utilidad práctica a las víctimas por el mismo tiempo. Se debe agravar en un tercio (1/3) la pena cuando el maltrato se realiza concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad o persona con discapacidad; 2) En presencia de menores 3) Utilizando armas o instrumentos peligrosos, o, 4) En el domicilio de la víctima. En el caso sometido a juzgamiento se establece que la señora Amanda Yamileth López García al se le encontró culpable de: Delito de maltrato familiar a su menor hijo, por lo que la pena debe ser aumentada conforme al numeral 1 del precitado artículo en 1/3, quedando la nueva pena abstracta en un (1) año a un (1) año cuatro (4) meses de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Juan Carlos Reyes Hernández y Amanda Yamileth López García, conforme el CP-144-83 se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos; y declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en sus dos motivos, interpuestos por el Abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, en su condición de Defensor Privado del señor Juan Carlos Reyes Hernández. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.Tercero: Declara Firme y ejecutable la Sentencia de fecha nueve de noviembre dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. - Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de junio de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-247-2017.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL

Página 1 | 1

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115).