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Sentencia CP-241-20 — Registro 15855

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Extorsión Simple, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. En el caso actual y concreto, el recurrente arguye como uno de sus agravios que la prueba de cargo en cuya base se sustenta el pronunciamiento condenatorio es insuficiente, no se decomisó arma, no se decomisó celular, no se tomaron fotografía, no existió video de vigilancia y tampoco se presentó evidencia los billetes seriados para corroborar los dichos del testigo y del agente antiextorsión. Al respecto, la Sala de lo Penal ha explicado a través de su jurisprudencia que no se trata de hacer una evaluación cuantitativa para acreditar la participación del acusado en los hechos objetos de juzgamiento, se trata de hacer una evaluación cualitativa pues lo importante es que la prueba permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin la posibilidad que al mismo tiempo admita verdades alternas, siendo éste el contenido del concepto de la suficiencia probatoria (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 18 de septiembre de 2018, recaída en el expediente SP 480-2014). Se ha constatado en el presente caso que efectivamente el tribunal de instancia no contó con el acervo probatorio necesario para satisfacer la parte objetiva y subjetiva del tipo penal de extorsión. La prueba de cargo radica fundamentalmente para su corroboración de la declaración del testigo protegido, sobre la base de una misma fuente de prueba, esto es, sobre el agente de la unidad antiextorsión Elder Alexander Paz Sisnado, ya que este, aparte de rendir su declaración, fue el que elaboró y proporcionó acta de seriado de dinero y copia de tres billetes, el acta de registro personal y decomiso, el acta de vigilancia y seguimiento, el acta de decomiso de un vehículo, es decir, la documental proporcionada al juicio tiene como fuente la del mismo testigo. La Sala de lo Penal sí que considera que un fallo condenatorio pueda fundarse sobre la base única de un medio de prueba, pero ya ha referido a través de su jurisprudencia que ese único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe de implicar que debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. (Ver sentencia dictada por la Sala de lo Penal en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en el expediente SP 036-2014). En este caso, el recurrente hace cuestionamientos razonables respecto a la insuficiencia probatoria de cargo para acreditar el juicio de culpabilidad de Walter René Mejía Hernández, ya que como refirió en la exposición de su recurso, no se decomisó arma, no se decomisó celular, no se tomaron fotografía, no se acreditó su pertenencia a alguna organización criminal, no existió video de vigilancia y tampoco se presentó evidencia los billetes seriados para corroborar los dichos del testigo y los posteriores del agente antiextorsión; bastó la aportación documental y el testimonio del agente de la unidad antiextorsión, para tener por corroborado el testimonio del testigo protegido AB-125 para que el tribunal de instancia emitiese el fallo condenatorio. Considera la Sala de lo Penal que, en el caso puntualizado, se ha infringido el estado material de inocencia del acusado Walter René Mejía Hernández, ello porque el sentenciador no se ocupó de elaborar un riguroso proceso de valoración de la prueba rendida en juicio, aún a pesar de poder verse abatible por subjetividades derivadas de la propia naturaleza del testimonio de cargo, la valoración intelectiva de la prueba no cubre los aspectos cualitativos que permita alcanzar inferencias irrefutables y de certeza respecto a la culpabilidad. Por lo anterior, el motivo es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-241-2020 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis de febrero de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 241-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Walter René Mejía Hernández, como coautor del delito de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Protegido AB-125, a la pena de quince (15) años de reclusión, más una multa por cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422, 420.00). Segundo: Condenó al señor Walter René Mejía Hernández, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar por el tiempo que dure su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró al señor Walter René Mejía Hernández, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que fue condenado. Cuarto: No procedió la condena en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Quinto: No procedió el comiso de ningún objeto relacionado con el delito en virtud de no haberlo sido solicitado por el Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de defensor público del señor Walter René Mejía Hernández. Son partes en única instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Alba Regina Paniagua Pacheco, como recurrentes; y, la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos probados de la instancia “Luego de haber analizado y valorado la prueba evacuada durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal de Sentencia declara probados, de manera expresa y terminante, los siguientes hechos: PRIMERO: Considera este Tribunal que ha quedado plenamente probado: que a inicios del mes de enero del año dos mil diecisiete, llegó al negocio del Testigo Protegido AB-125 el señor Walter René Mejía, identificándose como miembro de la pandilla 18 y mostrándole un arma de fuego que portaba en la cintura le exigió la cantidad de setecientos lempiras que tenía que pagar todos los sábados de cada semana, resultó que en fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, el testigo protegido se abocó a la Fuerza Nacional Antiextorsión, a interponer la denuncia correspondiente. Siendo que en fecha sábado once de marzo del año dos mil diecisiete debía de pagar los setecientos lempiras, por lo que los agentes lo asesoraron sobre una entrega controlada para lo cual el testigo protegido proporcionó un billete de quinientos lempiras y dos billetes de cien lempiras los cuales fueron seriados para que los entregara ese mismo día. SEGUNDO: Ese día sábado once de marzo del año dos mil diecisiete, como a eso de las dos y veinticinco horas de la tarde en la colonia Villa Adela de Comayagüela llegó al negocio de testigo protegido AB-125, el señor Walter René Mejía, en compañía de dos mujeres, éste se conducía en una motocicleta marca génesis color rojo la que estacionó en las afueras del negocio y se quedó parado mientras las dos mujeres ingresaron al negocio del testigo protegido, procediendo el testigo protegido a entregarle a una de ellas la cantidad de setecientos lempiras una vez que recibieron el dinero abandonaron el lugar, saliendo estas del negocio y entregándole el dinero al señor Walter René Mejía, por lo que los agentes le dieron seguimiento y al ser requeridos le encontraron a Walter René Mejía el dinero que había sido previamente seriado.” Recurso de casación. Motivos y argumentos. La parte recurrente, Abogado Ramón Matamoros, en su condición de defensor público del señor Walter René Mejía Hernández, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción por Violación a los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Republica que dicen: "Articulo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” “Articulo 90. Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dicen: "Articulo 1.- Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la Republica, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado” "Articulo 2.- Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” PRIMERO: En el acápite Valoración de la Prueba en forma conjunta de la sentencia recurrida, el sentenciador estableció que con la prueba testifical del testigo Protegido clave AB-125 y la del Agente de la Dirección Anti Extorsión ELDER ALEXANDER PAZ SISNADO, las mismas fueron precisas y congruentes entres sí, en todas y cada una de sus circunstancias que rodearon la comisión del hecho. El testigo Protegido refirió la forma en que fue abordado en su negocio por el acusado Walter René Mejía Hernández, quien se levantó la camisa y le mostró un arma tipo escuadra, identificándose como miembro de la pandilla 18 y le exigió la cantidad de setecientos lempiras semanales que de no entregarlos lo pagarías a costa de su vida. Sin lugar a dudas el hecho que el imputado al manifestar que era miembro de la organización criminal conocida como pandilla 18, tiene un evidente carácter intimidatorio y amenazante, lo suficiente relevante para alterar la estabilidad emocional del testigo protegido AB-125, pues sabía las consecuencias de las mismas, ante la gran incidencia de este delito en el país, es un hecho conocido la negativa de las víctimas a complacer las exigencias de dinero por parte de los extorsionadores, ha traído consigo la muerte violenta de muchas personas. Por lo que para los miembros del Tribunal no existió duda alguna que el acusado se organizó con otras dos personas más no identificadas en este proceso en distintas tareas, como de cobro y vigilancia a fin de que uno se encargara de recoger el dinero y el encausado de hacer labores de vigilancia, la persona que cobró al testigo protegido fue una de las personas no identificadas en el proceso, mientras el acusado realizaba labores de vigilancia a quien posteriormente ésta le entregó a Walter René Hernández Mejía e1 dinero previamente seriado, e1 tribuna1 encontró creíble los testimonios en mención no advirtiendo que sus testimonios hayan sido rendidos con ánimo espurio hacia el acusado, por otra parte el dicho de la víctima fue persistente y consistente a lo largo de todo el procedimiento por lo tanto eran aptos para generar certeza en el Tribuna1 sobre la participación del encausado Walter René Hernández Mejía, en la realización del injusto penal por lo que en este caso es posible que haciendo uso de la lógica común y las máximas de la experiencia que el encausado fue la persona que exigió y cobrara el dinero por medio de amenazas al testigo Protegido AB-125. SEGUNDO: “La defensa del imputado discrepa por una parte en cuanto a lo expresado por el Tribunal Sentenciador en su fallo, en vista que si observamos el sentenciador le da credibilidad a la prueba testifical antes relacionada es decir a los testigos de cargo Protegido Clave AB-125 y Agente de la Dirección Anti Extorsión Elder Alexander Paz Sisnado, donde ambos participaron en el hecho, es decir uno como ofendido en la entrega del dinero y el otro como Agente Anti Extorsión encargado en haber sereado el dinero y estar vigilando la entrega controlada, haber hecho la requisa, leído la declaración de derechos y posterior captura". Siendo así del análisis de este último se puede observar que este agente extrañamente lo hizo casi todo, por otro lado que el Ministerio Público presentó como prueba documental un Acta de Sereo de una entrega controlada o vigilada, procedimiento este que a todas luces violentó el debido proceso, esto lo decimos porque si analizamos lo preceptuado en la Ley Especial de Lavado de Activos en su artículo 49 donde establece: “Técnicas Especiales de Investigación, procede el uso de técnicas especiales para la investigación y juzgamiento de todos los hechos constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal y leyes especiales, así como la identificación de sus autores, participes y bienes comprometidos" El artículo 51 nos da la definición de Entrega Vigilada o Controlada; y por último el artículo 52 nos indica la Autorización de la Entrega Vigilada por parte del Órgano Jurisdiccional Competente mediante resolución fundada y bajo la más estricta reserva y confiabilidad, puede autorizar la utilización de la entrega vigilada- Todo lo anterior era sumamente necesario para que dicha actuación tuviera el carácter de valor probatorio para el tribunal sentenciador, por lo que en el caso de marras en el juicio oral el Agente Anti Extorsión Elder Alexander Paz nunca habló de control Jurisdiccional, es decir que nunca se le informó al Ministerio Público del seriado de los billetes supuestamente decomisados al imputado el día de su captura, por una parte podemos decir que se violentó el Debido Proceso convirtiéndose en prueba irregular, por lo que existió ausencia de los requisitos procesales establecidos en la Ley Especial contra el Lavado de Activos; por otra parte y que no es menos importante queremos señalar el hecho que el Ministerio Público nunca en el proceso del juicio presentó como evidencia los billetes seriados para que sirvieran como respaldo al dicho del agente anti extorsión Elder Alexander Paz, sino que su dicho quedó huérfano al no haberse presentado los billetes en referencia- TERCERO: Por consiguiente consideramos que se dio un acto irregular en el acta de Sereo, por lo que puede considerarse una prueba ilícita o irregular violentándose de esta forma la Cadena de Custodia con prueba erróneamente manipulada durante la investigación policial, lesionándose de esta forma garantías procesales propias del imputado dentro de un Estado Constitucional de derecho como el que nos rige, y en perjuicio de un proceso penal que tiene como propósito esencial la averiguación de la verdad en forma absolutamente cristalina. Muchas veces se minimiza la trascendencia de la violación a la cadena de custodia de la prueba considerándose el problema con simpleza como un vicio de carácter estrictamente procesal, sin embargo es nuestro criterio considerar que con dicho defecto es viable la lesión al principio del DEBIDO PROCESO contenido en la Carta Magna; por lo que consideramos que la prueba pone siempre de manifiesto resultados probables, y por lo tanto no infalibles o absolutamente ciertos, esto debe conllevar a un acuerdo acerca de la necesidad de introducir las máximas garantías procesales posibles para lograr una mayor fiabi1idad en las conclusiones derivadas de 1as probanzas; en este sentido, debe aceptarse 1a adopción de un estricto apego a los procedimientos legales y científicos, ya que allí se encuentra precisamente la justificación que da origen al concepto jurídico que se denomina CADENA DE CUSTODIA DE LA EVIDENCIA, cuyo fin esencial es la certidumbre de que la evidencia decomisada no ha sido alterada o sustituida por otra durante el desarrollo del proceso. Por tanto la legalidad de la prueba dentro del proceso penal está ligada a un Sistema de Garantías que lo componen tres ejes; así: 1) El que establece los atributos del acto que debe ser juzgado; 2) Las condiciones bajo las cuales debe ser juzgado; y 3) El que fija los límites para la recolección y búsqueda de la información que nutrirá el proceso de verificación o proceso cognitivo. Por tanto, en este sentido entendemos por Prueba Ilícita aquella que se ha obtenido o valorado con vulneración de derechos constitucionales e implican perjuicio real y efectivo para alguna de las partes del proceso. Sin embargo, para esta defensa el razonamiento esbozado por el tribunal Sentenciador es una clara violación al principio al debido proceso. En tal sentido, la reconocida jurista española MARIA FELIX TENA ARAGON en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL, pagina 34 inciso 7 establece: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida” Tal como ocurre en el caso del señor Walter René Mejía Hernández, existe prueba de cargo pero que no es concluyente por ser irregular al obviarse el control jurisdiccional requerido por la Ley Especial contra el 1avado de Activos artícu1os 49, 51 y 52 para este caso de actuaciones, es decir el seriado de billetes en entregas vigiladas o controladas en este caso de Extorsión, y por otra la violación a la cadena de custodia. Sigue diciéndonos 1a jurista Tena Aragón: “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando lo órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria 1esiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de 1a prueba a1 hecho probado.” (Lo subrayado es nuestro)”. Siendo así el razonamiento hecho por el sentenciador fue en una clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que se llega a la conclusión, que tal como lo advierte la Jurista Maria Félix Tena, a nuestro representado Walter René Mejía Hernández se le violento su derecho constitucional del DEBIDO PROCESO, al condenársele con una prueba irregular. CUARTO: Sumado a lo anterior queremos referirnos al Registro Personal que se le hiciera a nuestro representado Walter René Mejía Hernández, donde también se violentó el Debido Proceso, justificándose que había cobrado un dinero por extorsión, en el caso que esto hubiera sido así los agentes o el agente que lo registró no siguió el procedimiento que manda la ley (Art. 206 del Código Procesal Penal) para registrar a una persona, es decir debieron requerirlo y que él consintiera el registro estando previamente informado de los alcances, consecuencias y su derecho a no permitir el registro sino en presencia de dos testigos hábiles, vecinos del sitio de la captura o de un abogado defensor, dejando constancia en el acta de lo actuado, una vez cumplido lo anterior debieron pedirle al acusado la entrega de cualquier objeto ilícito que tuviera en su poder, en el caso de marras (supuesto dinero seriado) y solo si aquél no accedía proceder a registrarlo, lo anterior no sucedió en este caso. Así es que con la finalidad de mantener la seguridad y el orden público, el Estado legisla y adopta diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de las Fuerzas Policiales en el espacio público. Siendo así se observa un incorrecto actuar de los agentes anti extorsión en el momento de registrar a supuestas personas que cometen un delito, representando dichos agentes una de las principales amenazas a derecho a la libertad personal, el cual cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y en algunos casos la vida. Siendo así los registros arbitrarios se han convertido en una constante en casi todo el país, se trata de una práctica abusiva y nefasta, tal y como lo ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Honduras especialmente el que fue publicado el 18 de febrero de 2016 en Washington, D.C., representa un riesgo para la vigencia de1 Estado de Derecho, pues durante 1a visita a Honduras para la preparación del informe, la Comisión observó que una de las causas de la inseguridad ciudadana provenía del mismo cuerpo policial. Se puede afirmar que todos los días un número muy considerable de ciudadanos que circulan a pie o conducen vehícu1os, o son encontrados en 1as vías púb1icas son retenidos y registrados de forma arbitraria por parte de Militares y /o Policías, tan es así que los ciudadanos en muchos sectores del país toleran o aceptan esos tipos de registros personales y vehiculares ilegales. Por consiguiente, el artículo 200 del Código Procesal Penal establece que carecen de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneran garantías procesales reguladas en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales relativas a Derechos Humanos y los que se derivan de esos actos. Por lo que a partir del precepto citado se infiere que en cualquier momento del proceso se puede declarar la ineficacia de la prueba cuando vu1nere, disminuya o tergiverse derechos, libertades o garantías de la persona, sea que hayan sido objeto de discusión o no en etapas anteriores del proceso; pues se tratan de derechos inherentes a la persona humana tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución de la República y el artículo 64 de la misma ley fundamental que en forma concluyente declara inaplicables las disposiciones de cualquier orden (incluye los mandatos judiciales), que disminuyan, restrinjan o tergiversen las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República· Consecuentemente la prueba practicada en el debate y examinada en la deliberación por el Tribunal, respecto al acusado, no debió de dar por acreditado el hecho atribuido a nuestro representado y enervar su estado de inocencia, porque en su gran mayoría es prueba prohibida, en otros casos se presentó prueba indiciaria que no tubo sustento probatorio quedándose huérfana sin respaldo alguno. QUINTO: Para finalizar queremos decir que a nuestro representado no se le decomisó arma, no se le decomisó celular, no le tomaron fotografías, no existió video de la vigilancia efectuada a nuestro representado Walter René Mejía Hernández, tampoco se presentó como evidencia los billetes seriados para corroborar el dicho del testigo protegido y agente anti extorsión; todos estos medios de prueba faltantes eran necesarios que el Tribunal Sentenciador los hubiera tomado en cuenta para dictar su fallo, pero lo que más nos sorprende sobremanera es el hecho que las autoridades investigativas no presentaran dichos medios de prueba en e1 proceso; por consiguiente el hecho que el Tribunal haya tomado como sustento valorativo la declaración del testigo Protegido AB-125 y la del policía anti extorsión mismas que quedaron huérfanas como se dijo antes al no haberse presentado a juicio las evidencias como ser los billetes seriados, arma, celular, videos o fotos, quedando sus dichos sin sustento probatorio, todo esto nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con e1 derecho a 1a presunción de inocencia; somos de criterio que el Tribunal no valoro toda la prueba en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana critica, violentando normas constitucionales, procedimentales y tratados internacionales de los cuales Honduras es signatario; debiéndose para tal efecto haberse dictado una sentencia absolutoria a favor de nuestro representado Walter René Mejía Hernández. INTERPRETACION PRETENDIDA En virtud de que a nuestro representado, el señor Walter René Mejía Hernández, fue condenado en una clara violación al debido proceso, ya que El sentenciador por una parte no contaba con el Control Jurisdiccional (Ley Especial de Lavado de Activos), en el seriado de billetes en una entrega vigilada o controlada en el delito de extorsión, en una clara violación a la Cadena de Custodia; Asimismo se le violentó el derecho a ser Registrado artículo 206 del Código Procesal Penal, asimismo se violentó el derecho a ser puesto de inmediato ante las autoridades competentes como ser la Fiscalía de turno, sino que se le detuvo a determinada hora y fue hasta tres horas después que se remitió a la Fiscalía, cuando la ley establece claramente que debe ser de inmediato ponerlo a la orden de la Fiscalía de turno; siendo así lo procedente en este caso, es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo de casación y anu1e dicha sentencia del A-quo por el delito de Extorsión, mediante la cual absuelva de toda responsabilidad a nuestro representado Walter René Mejía Hernández.”. Fundamentación jurídica Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general. los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa pública. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: infracción del estado de inocencia. Pretensión: casar el fallo impugnado y pronunciar la inocencia del señor Walter René Mejía Hernández. Quien ahora recurre expone varios argumentos mediante los cuales sustenta su recurso, considera que la sentencia habría vulnerado el derecho fundamental al estado inocencia en virtud de las siguientes razones: a) El Ministerio Público presentó como prueba documental un acta de sereo de entrega vigilada, procedimiento que quien ahora recurre considera que violenta el debido proceso, ya que, la ley especial de lavado de activos establece en el artículo 49 las técnicas especiales de investigación, y los artículos 51 y 52 de la misma ley, da la definición y procedimiento de la entrega vigilada o controlada, en el que se requiere la autorización por parte del órgano jurisdiccional competente, mediante resolución fundada, para hacer dicha actuación de investigación. Argumenta que en el presente caso no existe tal autorización, ni tampoco por parte del Ministerio Público, por lo que a todas luces se infringe el debido proceso y se convierte en prueba irregular. b) El Ministerio Público no presentó como evidencia los billetes seriados para que sirvieran como respaldo a la declaración del agente Elder Alexander Paz, lo cual ocasiona que el acta de sereo pueda considerarse como prueba ilícita o irregular, al violentarse la cadena de custodia. c) El registro personal realizado al señor Walter René Mejía Hernández, no siguió el procedimiento establecido en el artículo 206 del Código Procesal Penal, debieron requerirlo y que él consintiera el registro, debieron informarle los alcances, consecuencias y su derecho a no permitir el registro, sino en presencia de dos testigos, lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo cual dicho registro carece de eficacia probatoria por vulnerar garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y los convenios internacionales. d) Finalmente, considera que la prueba de cargo en cuya base se sustenta el pronunciamiento condenatorio es insuficiente, no se decomisó arma, no se decomisó celular, no se tomaron fotografía, no existió video de vigilancia y tampoco se presentó evidencia los billetes seriados para corroborar los dichos del testigo y del agente antiextorsión. Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en expediente SP 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio del estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente SP 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (artículo 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar, además, que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente SP 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte, a la defensa del acusado, le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente SP 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto, la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la procedencia del recurso. el motivo es de recibo. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. En el caso actual y concreto, el recurrente arguye como uno de sus agravios que la prueba de cargo en cuya base se sustenta el pronunciamiento condenatorio es insuficiente, no se decomisó arma, no se decomisó celular, no se tomaron fotografía, no existió video de vigilancia y tampoco se presentó evidencia los billetes seriados para corroborar los dichos del testigo y del agente antiextorsión. Al respecto, la Sala de lo Penal ha explicado a través de su jurisprudencia que no se trata de hacer una evaluación cuantitativa para acreditar la participación del acusado en los hechos objetos de juzgamiento, se trata de hacer una evaluación cualitativa pues lo importante es que la prueba permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin la posibilidad que al mismo tiempo admita verdades alternas, siendo éste el contenido del concepto de la suficiencia probatoria (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 18 de septiembre de 2018, recaída en el expediente SP 480-2014). Se ha constatado en el presente caso que efectivamente el tribunal de instancia no contó con el acervo probatorio necesario para satisfacer la parte objetiva y subjetiva del tipo penal de extorsión. La prueba de cargo radica fundamentalmente para su corroboración de la declaración del testigo protegido, sobre la base de una misma fuente de prueba, esto es, sobre el agente de la unidad antiextorsión Elder Alexander Paz Sisnado, ya que este, aparte de rendir su declaración, fue el que elaboró y proporcionó acta de seriado de dinero y copia de tres billetes, el acta de registro personal y decomiso, el acta de vigilancia y seguimiento, el acta de decomiso de un vehículo, es decir, la documental proporcionada al juicio tiene como fuente la del mismo testigo. La Sala de lo Penal sí que considera que un fallo condenatorio pueda fundarse sobre la base única de un medio de prueba, pero ya ha referido a través de su jurisprudencia que ese único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe de implicar que debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. (Ver sentencia dictada por la Sala de lo Penal en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en el expediente SP 036-2014). En este caso, el recurrente hace cuestionamientos razonables respecto a la insuficiencia probatoria de cargo para acreditar el juicio de culpabilidad de Walter René Mejía Hernández, ya que como refirió en la exposición de su recurso, no se decomisó arma, no se decomisó celular, no se tomaron fotografía, no se acreditó su pertenencia a alguna organización criminal, no existió video de vigilancia y tampoco se presentó evidencia los billetes seriados para corroborar los dichos del testigo y los posteriores del agente antiextorsión; bastó la aportación documental y el testimonio del agente de la unidad antiextorsión, para tener por corroborado el testimonio del testigo protegido AB-125 para que el tribunal de instancia emitiese el fallo condenatorio. Considera la Sala de lo Penal que, en el caso puntualizado, se ha infringido el estado material de inocencia del acusado Walter René Mejía Hernández, ello porque el sentenciador no se ocupó de elaborar un riguroso proceso de valoración de la prueba rendida en juicio, aún a pesar de poder verse abatible por subjetividades derivadas de la propia naturaleza del testimonio de cargo, la valoración intelectiva de la prueba no cubre los aspectos cualitativos que permita alcanzar inferencias irrefutables y de certeza respecto a la culpabilidad. Por lo anterior, el motivo es objeto de recibimiento. Decisión. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 del Código Procesal Penal: Falla: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa pública del señor Walter René Mejía Hernández. 2) Casa la sentencia definitiva dictada en fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (f. 151), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión; en consecuencia, se revoca la misma, procediendo este Tribunal de Casación a resolver la imputación de la siguiente manera: Primero: Que debemos absolver y absolvemos al señor Walter René Mejía Hernández, por suponerlo responsable a título de autor de un delito extorsión, en perjuicio del testigo protegido AB-125. Segundo: Se revocan las medidas cautelares impuestas al señor Walter René Mejía Hernández, con ocasión del presente proceso penal, ello sin perjuicio de otras medidas cautelares impuestas por procesos penales distintos. Tercero: Declara la no procedencia de la condena en costas personales, procesales o gastos ocasionados por el presente proceso penal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. - Firma y Sello. - Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. - Firma y Sello. JOSE RAMON CRUZ FERRERA. SECRETARIO ACTUANTE. SALA DE LO PENAL”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de marzo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-241-2020.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

SECRETARIO

SALA DE LO PENAL

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.