Sentencia CP-24-19 — Registro 18427
Resumen
El tribunal de sentencia resolvió absolver al imputado del delito de adquisición de vehículo robado, resolviendo en segunda instancia la sala penal no ha lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el presente caso, el recurrente formula el alegato de que existe violación a la regla lógica de derivación como consecuencia de haberse dictado una sentencia absolutoria a favor del acusado Jorge Alberto Osorio Portillo, cuando a su criterio ésta debió haber sido condenado por el delito de adquisición de vehículo robado, para ello procede a hacer un recuento de la prueba, hace su propia valoración, hace alegatos de instancia, así como el desarrollo de elementos objetivos y subjetivos el tipo penal de adquisición de vehículos lo cual es propio de otro recurso de casación. El Recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de razón suficiente y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; contrario a ello el Recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia y examine la prueba, y proceda a comprobar, mediante su valoración, que ésta demuestra la responsabilidad del acusado, invitación que no aceptan estos jueces de casación, por ser violatoria al debido proceso judicial. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido respetando las reglas de la sana crítica; Ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas, a consecuencia de una indebida inferencia lógica. Adicionalmente, existe una ausencia total de motivación descriptiva de los medios de prueba por parte del juzgador y en la que el recurrente debió de plantearlo en otro motivo casacional por la insuficiencia de motivación fáctica, y en la que no es posible que esta Sala de lo Penal oficiosamente proceda a revisarlo, pues nos encontramos limitados a los motivos que los recurrentes hayan planteado en su impugnación, Esta Sala de lo Penal insiste que la sentencia debe de ser autosuficiente, de su lectura cualquier persona debe de poder llegar a obtener la información que fue presentada a los Jueces para así acompañar a éstos en el proceso de valoración intelectiva; El solo enumerar prueba sin hacer una síntesis de su contenido, impide ese control social de la decisión judicial, pues a la postre se desconoce qué es lo que está valorando el Órgano Jurisdiccional y así poder determinar si esta valoración es consecuente o inconsecuente. No existe en el escrito la fijación del silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el recurrente. Por lo que se desestima el recurso presentado por el recurrente.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 24-2019 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 24-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Jorge Alberto Osorio Portillo, del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de Mirna Teresa Beltrand Hernández. Segundo: Revocó la medida cautelar impuesta al mismo Jorge Alberto Osorio Portillo, y se ordenó se le extendiera su carta de libertad respectiva. Tercero: Se declaró al señor Jorge Alberto Osorio Portillo, exento de responsabilidad civil, y del pago de costas procesales. Son partes en única instancia: La Abogada Marla Iris Cárdenas, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte de recurrente y el Abogado Mario Amilcar Portillo Conteras, en su condición de defensor privado del señor Jorge Alberto Osorio Portillo, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Se declaran expresamente probados los siguientes hechos: UNICO: A eso de las cinco de la tarde del día nueve (9) de julio del año dos mil quince, precisamente sobre la salida que de la carretera pavimentada que de la ciudad de La Esperanza, conduce a la ciudad de Siguatepeque, Agentes de la Policía Nacional practicaban un operativo de rutina, encontraron al señor JORGE ALBETO OSORIO PINEDA, conduciendo el vehículo Marca Honda Civic, Tipo Turismo. Color oro, Año 2002, Motor D1742-2434635. Chasis 2HGES26742H324493. y PDM-5556; con revisión a nombre de JOSUE ELIAS SALINAS ACOSTA, y que se dijo con reporte de robo en la ciudad de San Pedro Sula, siendo la denunciante la señora Mirna Teresa Beltrand Hernández, señora esta que no fue traída y por ende no identificada en el trámite del proceso.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Jhon Cesar Mejía procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN UNICO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la Valoración de la prueba las reglas de la Saya Crítica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica, al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria. Al hacer la valoración de la prueba y al referirse el Tribunal a la prueba de cargo refiere “El Tribunal desea saber quién es la persona agraviada en el presente proceso ya que no se hizo presente la señora MIRNA TERESA BELTRAN, (ofendida) a declarar en el juicio, y que la revisión del vehículo Mazda, se encuentra a nombre de JOSE ELIAS SALINAS ACOSTA, así mismo reprocha el hecho que no fue llevado a juicio el vehículo Mazda año 2002 color oro, desconociendo si el mismo fue entregado a su dueño, tampoco se presentó documento alguno, para establecer la existencia del vehículo. siendo que también se carece de una hoja de cadena de custodia, por lo anterior se abstuvo de analizar el tipo penal de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO la sentencia página 8 y 9 en su apartado valoración de la prueba) En virtud de lo anterior, debemos señalar que las apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como una infracción a Regla Lógica de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, pues el sentenciador considera que existen falencias en la prueba de cargo, sin embargo, consideramos que con la prueba aportada se pudo no solamente comprobar la existencia del delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, sino también la participación del imputado JORGE ALBERTO OSORIO PORTILLO, a esta misma conclusión hubiese llegado el Juzgador, de haber valorado la prueba de forma conjunta y armónica y en apego a la Sana Critica pues con la misma se logró acreditar sin lugar a dudas los siguientes hechos: Quedó plenamente establecido que al momento de la detención del encausado en fecha 9 de julio del año 2016 se le encontró en poder de un vehículo Mazda, año 2002 color oro, sobre el cual pesaba un reporte de robo de fecha 06 de agosto del año 2015 hecho sucedido en la colonia Prado Alto de San Pedro Sula, lo cual quedó acreditado con el acta de decomiso del vehículo. Al ser requerido el imputado JORGE ALBERTO OSORIO PORTILLO, presentó la boleta de revisión, la cual aparece a nombre de JOSUE ELIAS SALINAS ACOSTA, quien no es la persona con la que dice el imputado realizó la permuta ya que su nombre es JORGE ALBERTO REYES, con estos dos medios de prueba anteriormente mencionados, se estableció que efectivamente el imputado adquirió un vehículo de ajena pertenencia robado. Se presentó por parte del imputado como prueba de descargo, un documento privado de compromiso de fecha 20 de febrero del año 2016 pretende acreditar que es dueño de un vehículo, marca Honda Civic año 2002, color blanco, el cual permuta con el señor JORGE ALBERTO REYES, entregándole el vehículo anteriormente descrito y el señor REYES le hace entrega de un vehículo Honda Civic, año 2002 color oro, quedándole también a deber la cantidad de cuarenta mil lempiras. Si efectivamente el imputado hubiera realizado esta permuta, el señor JORGE REYES se hubiera presentado a la audiencia de juicio a declarar sobre el contenido del documento, evidenciándose entonces que el mismo es falso, por lo que no quedó acreditada la buena fe del imputado al adquirir dicho vehículo robado, ya que además el documento carece de la formalidad de la fe pública que solamente se obtiene ante un Notario. Se acreditó con la constancia de la denuncia que interpuso la señora MIRNA TERESA BELTRAN, que efectivamente el vehículo fue objeto de robo, lo que no es congruente con la tesis de la defensa, ya que el imputado no poseía documentación del vehículo mazda color oro, año 2002, pues en juicio se presentaron los documentos de un vehículo mazda año 2002 color blanco, y si la persona identificada como JORGE REYES, con quien supuestamente realizó un contrato de permuta, aún le debía dinero al imputado este debía tener en su poder la documentación original del vehículo Mazda color oro, pero no la tenía por qué el vehículo es robado. Al momento en que el Tribunal aplica las Reglas de la Sana Critica, en la valoración probatoria, plasmándola en una sentencia, también debe de aplicar las reglas de la experiencia, resulta entonces ilógico pensar, que dos personas cambiarían un vehículo de iguales características, es decir año en que el vehículo fue fabricado, marca del vehículo, etc. (la diferencia es el color) y aun así una de estas le deba a la otra la cantidad de cuarenta mil lempiras, siendo que una de ellas tiene más que perder de la otra dicho negocio resulta una pérdida total. Consideramos oportuno analizar el tipo penal del delito de adquisición de vehículo robado contenido en el artículo 218-D del Código Penal, "Será sancionado con pena de reclusión de nueve a doce años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe." A) Son elementos objetivos del tipo Penal: 1) Sujeto Activo: El delito puede ser realizado por cualquier persona, sin que requiera calificación especial, pero deberá de ser una persona distinta a la que cometió el robo o hurto del vehículo: 2) Sujeto Pasivo: Conforme al bien jurídico protegido, el sujeto pasivo es el Estado de Honduras; 3) Verbos Rectores: Son tres los verbos rectores del tipo penal: i) Ocultar un Vehículo Robado, Hurtado o Abandonado, lo que constituye el FAVORECIMIENTO REAL del delito, por cuanto la acción de ocultar no es más que el esfuerzo de imposibilitar a los operadores de justicia poder localizar el objeto del delito (Vehículo robado o hurtado), reivindicar sus efectos perniciosos e incluso capturar a los responsables; ii) Transferir el Vehículo robado, hurtado o abandonado, que implica traspasar (transferir) a un tercero la propiedad, la posesión o el uso y goce del vehículo automotor, independientemente que se obtenga o no algún tipo de beneficio (Con o sin ánimo de lucro): Generalmente esta conducta tiene por objeto el BLANQUEO DEL BIEN MUEBLE, es decir, el tráfico de la propiedad, simulando una procedencia licita donde el tercero que adquiere desconoce el verdadero origen del bien, más también puede ocurrir que dicho tercero conozca el origen ilícito, con lo cual igualmente concurriría el delito, donde el que transfiere y el que adquiere se convertirían ambos en sujetos activos; iii) Adquirir el vehículo robado hurtado o abandonado, que no es otra cosa que la RECEPTACIÓN DE VEHÍCULOS CON PROCEDENCIA ILICITA. en donde el adquirente. conociendo que el vehículo procede de un robo o un hurto. lo hace suyo. B) Son elementos Subjetivos del tipo Penal: El tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, es decir, que sepa que el vehículo es el producto de un robo o un hurto, siendo indiferente que esté enterado de la fecha en que ocurrió éste, los autores o la persona perjudicada, y que además quiera ocultar, transferir o adquirir el mismo. Es muy importante subrayar, que en el caso de las conductas de “ocultar” o “transferir” no se requiera ánimo de lucro como integrante del elemento volitivo del dolo, en cambio, en la conducta de “adquirir” si se requerirá ánimo de lucro, que implica buscar obtener algún provecho con la acción. C) Son Características del tipo Penal: 1) Según su Estructura: i) Tipo Penal Especial, por contener los elementos básicos del tipo penal general del artículo 388.3 del Código Penal aumentando la pena en virtud del objeto material del delito: Vehículos Automotores; 11) Tipo Penal Compuesto: En virtud de que describe tres modelos de comportamientos a partir de sus tres verbos rectores, cada uno de ellos conformando una descripción típica distinta; 2) Según su Contenido: i) De Mera Actividad: Por no requerir resultado alguno, es indiferente entonces que el ocultamiento del vehículo haya sido efectivo o que al haberlo transferido se haya podido disimular su procedencia o que al haber adquirido el vehículo se haya o no obtenido un provecho: ii) Tipo Penal de Consumación Permanente: Atinente solo al verbo rector de “Ocultar”, debido a que dicha conducta se renueva de manera continua mientras la acción se esté ejecutando; iii) Tipo Penal de Consumación Instantánea: Referente a los verbos rectores “transferir” y “adquirir”, por ser supuestos de hecho cuya realización se agota en un solo momento; iv) Tipo Penal de Comisión o Acción: Los tres verbos rectores describen conductas de carácter comisivo; v) Tipo Penal Cerrado: El tipo penal determina con precisión los tres supuestos de hecho que le configuran, de tal manera que las conductas prohibidas se desprenden con claridad en la norma; 3) Según el Sujeto Activo: i) Tipo Penal Un subjetivo: Debido a que las conductas descritas pueden ser ejecutadas por una sola persona; ii) Tipo Penal Común: El Sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad especial; 4) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Mono ofensivo: En vista que protege un bien jurídico determinado, tal cual es la Administración Pública, la que para efectos penales y en un sentido lato, debe de entenderse como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Democrático de Derecho, siendo una de esas actividades la efectiva investigación, persecución y castigo de todos los delitos que corresponda al Estado de Honduras conocer y resolver; ii) Tipo Penal de Amenaza: Al requerirse para su consumación la puesta en peligro del bien jurídico protegido del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Democrático de Derecho, siendo una de esas actividades la efectiva investigación, persecución y castigo de todos los delitos que corresponda al Estado de Honduras conocer y resolver; ii) Tipo Penal de Amenaza: Al requerirse para su consumación la puesta en peligro del bien jurídico protegido.” Tomando en cuenta que en el presente caso el imputado no pudo justificar que el vehículo que manejaba el día de su detención, era obtenido de buena fe, mediante algún engaño por parte de JORGE REYES, quien dicho sea de paso, no se logró siquiera establecer su existencia física, que el tipo penal no exige que la persona que obtiene un vehículo robado tenga un provecho económico de él, lo que se exige es el dolo o el conocimiento que el vehículo es robado, consideramos que en el presente caso al carecer el imputado de documento legal fehaciente que lo acredite como comprador de buena fe del vehículo Mazda, año 2002 color oro, consideramos que quedo establecida la comisión del delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, y la participación del acusado JORGE ALBERTO OSORIO PORTILLO, en mismo. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público, no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejo de valorar el contenido de la misma, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la conclusión de que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue procesado y por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de la Razón Suficiente. Por lo anteriormente expuesto solicitamos se declare procedente el motivo de casación anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procediendo denunciado en el acto mismo de sentenciar. no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuesto por el Ministerio Público. Norma autorizante: Articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto de mismo de sentenciar. Pretensión: Que se declare ha lugar el motivo. Establece el recurrente que no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejo de valorar el contenido de la prueba, al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la conclusión de que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue procesado por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, por lo que se vulneró la sana crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente. DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El articulo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que "el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica.”. Al respecto, se ha señalado que: “... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva...”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297- 09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “... las reglas de la sana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza...” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) LAS REGLAS DE LA LOGICA: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión “X” solo puede ser “X”, sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones "A" es igual que "B", y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión; por ende el Recurrente al alegar la violación del Principio De Derivación por falta de Razón Suficiente asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la/s premisa/s menores y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas Ut Supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma-planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación- ocupa un gran porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal, y un gran porcentaje de ellos interpuestos por el Ministerio Público; desafortunadamente no en pocos casos el Recurrente acude a tal motivo como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que éste debe ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el presente caso, el recurrente formula el alegato de que existe violación a la regla lógica de derivación como consecuencia de haberse dictado una sentencia absolutoria a favor del acusado Jorge Alberto Osorio Portillo, cuando a su criterio ésta debió haber sido condenado por el delito de adquisición de vehículo robado, para ello procede a hacer un recuento de la prueba, hace su propia valoración, hace alegatos de instancia, así como el desarrollo de elementos objetivos y subjetivos el tipo penal de adquisición de vehículos lo cual es propio de otro recurso de casación. El Recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de razón suficiente y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; contrario a ello el Recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia y examine la prueba, y proceda a comprobar, mediante su valoración, que ésta demuestra la responsabilidad del acusado, invitación que no aceptan estos jueces de casación, por ser violatoria al debido proceso judicial. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido respetando las reglas de la sana crítica; Ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas, a consecuencia de una indebida inferencia lógica. Adicionalmente, existe una ausencia total de motivación descriptiva de los medios de prueba por parte del juzgador y en la que el recurrente debió de plantearlo en otro motivo casacional por la insuficiencia de motivación fáctica, y en la que no es posible que esta Sala de lo Penal oficiosamente proceda a revisarlo, pues nos encontramos limitados a los motivos que los recurrentes hayan planteado en su impugnación, Esta Sala de lo Penal insiste que la sentencia debe de ser autosuficiente, de su lectura cualquier persona debe de poder llegar a obtener la información que fue presentada a los Jueces para así acompañar a éstos en el proceso de valoración intelectiva; El solo enumerar prueba sin hacer una síntesis de su contenido, impide ese control social de la decisión judicial, pues a la postre se desconoce qué es lo que está valorando el Órgano Jurisdiccional y así poder determinar si esta valoración es consecuente o inconsecuente. No existe en el escrito la fijación del silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el recurrente. Por lo que se desestima el recurso presentado por el recurrente. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 140 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Jhon Cesar Mejia, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua. Y MANDA: Que la secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLOS. JOSÈ OLIVIO RODRÌGUEZ VÀSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. JOSÈ RAMÒN CRUZ FERRERA. SECRETARIO SALA DE LO PENAL” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 24-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL