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Sentencia CP-234-19 — Registro 16904

Resumen

En primer instancia se absuelve al imputado Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Publico.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la no existencia del vicio que ha motivado a la Recurrente acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo mano de un criterio atinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, realizado en forma arbitral y violentando el derecho fundamental a la intimidad personal. Debemos recalcar, que existe una obligación por parte del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestas a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentren enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal como se lo mandaba la otrora vigentes Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que “Primero: El día 18 de mayo del 2017, en la Calle CA-13 frente a la colonia Los Laureles de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el señor Junior Alexander Molina Pérez, fue sometido a un registro personal ilegal en sus genitales por miembros de la Policía Nacional posteriormente fue detenido y se le siguió proceso por el delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga. Segundo: El 20 de agosto de 2017 el Doctor Darlan Wilfredo Membreño analizó la orina del señor Junior Molina Pérez resultando positivo a marihuana”, para los señores Jueces tal registro fue ilegitimo, pues consideran que en ese momento no existía motivos legales o justificados suficientes que haya motivado a los agentes del orden a realizar el registro personal como acto de intromisión a la intimidad. Es pertinente indicar, al menos brevemente, cual es el contenido del concepto de intimidad personal: El Derecho a la Intimidad, en su aspecto positivo se entiende como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio los aspectos de su vida privada que desee que sean conocidos y determinar la identidad y el número de personas que desee que tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho que toda persona le asiste para no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello. - Este derecho está reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y artículo 76 de la Constitución de la República. Uno de los aspectos que interesa a la Dignidad Humana y a la Intimidad son las intervenciones corporales que se pudiesen practicar al imputado(a) durante la investigación de un delito o durante el proceso penal. Por vía de ilustración HUERTAS MARTIN señala que, "al imputado puede vérsele desde dos dimensiones: la dimensión subjetiva, que ha de caracterizarse en todo momento, significa que sea tenido como parte procesal y por ello acreedor de una serie de derechos y facultades, que legítimamente le corresponden; la dimensión objetiva, en la que se considera que su entidad corporal puede ser fuente de datos que faciliten la investigación penal e incluso sea tenida en cuenta a efectos probatorios”, por lo que siguiendo la dimensión objetiva algunas veces se hace necesario la práctica de intervenciones corporales, las que son conceptualizadas por FERRERA TURCIOS como “actos de investigación realizados, dentro de ciertos límites de carácter constitucional, sobre el cuerpo de una persona atendiendo normas de proporcionalidad y que tienen como finalidad la búsqueda de elementos de prueba necesarios para la averiguación de la verdad real de un hecho de naturaleza delictiva”, mismas que son reguladas en el artículo 107 del Código Procesal Penal señalando que “Para la determinación de la verdad, el órgano jurisdiccional podrá, a petición de parte interesada, ordenar, de ser necesario, que se practiquen a la persona imputada exámenes corporales o extracciones de muestras que técnica y científicamente sean útiles, confiables y proporcionadas para aquel fin, siempre que no entrañen peligro para su salud.”, diligencias de investigación que encuentran su límite en la dignidad humana.- En principio y como regla general, las intervenciones corporales, por ser diligencias que afectan derechos fundamentales, solo podrán ser ordenadas por la autoridad judicial competente (Art. 273 del CPP), quien ante la solicitud deberá evaluar y resolver motivadamente. El Código Procesal Penal, en sus artículos 206 y 207, hace referencia a los registros personales y la forma en que habrán de practicarse, de la manera siguiente: “ARTICULO 206.- Registros Personales. Cuando existan motivos que hagan presumir que, dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicarán registros incautándosele las cosas encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su conducción en forma coactiva a las oficinas competentes. Antes de proceder al registro se advertirá a la persona sobre la sospecha que se tenga y se le invitará a que muestre o exhiba lo que lleva consigo y si la entrega voluntariamente, no se procederá al registro, salvo que haya motivos fundados para creer que aún oculta alguna cosa relacionada con el delito. Lo dispuesto en el párrafo anterior se hará, de ser posible, en presencia de dos testigos hábiles, si pidieran ser habidos sin demora, quienes preferiblemente deberán ser vecinos del sitio en que tuvieron lugar los hechos investigados, dejando constancia en el acta de lo actuado. Los agentes de la Policía Nacional no podrán llevar a cabo registros personales sobre zonas corporales que afecten el Pudor de las personas registradas. Salvo el caso en que existan motivos muy fundados para temer una agresión inminente por parte de dicha persona, su registro se hará por otra del mimo sexo. -LAS INSPECCIONES CORPORALES QUE AFECTEN A ZONAS ANATOMICAS INTIMAS, SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO EN VIRTUD DE MANDATO JUDICIAL, a petición fundada de parte, POR MEDICO O, EN SU DEFECTO, POR PERSONAL SANITARIO. El Juez, al tomar su decisión, POR AUTO MOTIVADO, ponderará la utilidad, proporcionalidad e insustituibilidad por otros procedimientos de examen, de la inspección corporal, NO PUEDA DEMORARSE EL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL y exista grave peligro de frustración del resultado de la medida, PODRA SER AUTORIZADO POR EL MINISTERIO PUBLICO, quien dará inmediata y razonada cuenta al Juez, el cual, por auto motivado, convalidará el registro o examen o lo dejará sin efecto”. ARTICULO 207-. “Forma de Practicar los Registros Personales. Los registros a que se refiere el Artículo anterior, SE PRACTICARAN INDIVIDUALMENTE Y CON RESPETO ABSOLUTO PARA LA DIGNIDAD, EL PUDOR, LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD DE LAS PERSONAS. El registro de personas será efectuado por agentes del mismo sexo y, de no haberlas, por dos (2) personas también del mismo sexo, designadas para el efecto. En ningún caso se empleará violencia para practicar el examen corporal y si éste afectare las zonas corporales íntimas, deberá ser hecho por un médico y de no haberlo, _por personal sanitario. La persona examinada tendrá derecho a requerir que, durante el examen, esté presente una persona de su confianza, siempre que pueda localizarse sin tardanza que implique riesgo de frustración de la finalidad perseguida por la medida. Los resultados del registro se harán constar en acta, que firmarán los pacientes de investigación que lo hayan practicado y, además, la persona registrada. Si ésta no quiere o no puede firmar, se dejará constancia de este hecho en dicha acta” Esta Sala de lo Penal coincide con el criterio del Tribunal A quo, de que en el presente caso la intervención corporal efectuado por los agentes policiales en contra de Junior Alexander Molina Pérez, no se ajusta a los parámetros legales establecido en el Código Procesal Penal, que regula las limitaciones al derecho fundamental a la intimidad y que proclaman la inviolabilidad de la dignidad humana, por lo que al haberse producido violación de precepto constitucional, tal actuación se convierte en ilícita, condición que es extensible a todas las demás actuaciones que se deriven de ella y que dependen necesariamente de la intervención corporal, todo ello a consecuencia de los siguientes hechos: 1) El imputado se encontraba en la carretera CA-13 (frente a la colina Los Laureles) y sin denuncia previa lo registran sin tener la más mínima sospecha de la comisión de un ilícito. 2) El señor Junior Alexander Molina Pérez, no fue informado de los alcances de tal acción (registro) ya que no aparece en el acta de Registro Personal, ni en ninguna otra actuación, que se le haya informado al acusado de su derecho a poder llamar a una persona de su confianza para que estuviese presente al momento de la diligencia. 3) Por tratarse de una intervención corporal que en este caso consistió en una exploración de una zona anatómica íntima como lo es donde se ubican los genitales del acusado, es claro que se trata de una actuación estatal que afecta el derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido, por lo que tal intervención debió realizarse siguiendo estrictamente el protocolo que señala el Código Procesal Penal. (Art.206 y 207 del Código Procesal Penal). Los puntos enumerados son fundamento para que esta Sala de lo Penal establezca que no es de recibo la denuncia formulada por la Censora y que la intervención corporal hecha al acusado Junior Alexander Molina Pérez, en fecha 18 de mayo de 2017 es de carácter ilícito por ser contraria a la normas constitucionales y por no ajustarse a las excepciones autorizadas por la ley procesal, pero además en cumplimiento del artículo 200 del Código Procesal Penal, es deber declarar que dicha ilicitud contamina los medios probatorios que le derivan consistentes en el acta de registro de partes intimas (F.08), acta de decomiso de lo sustraído en la intervención corporal (F.05) y dictamen toxicológico número 2017-0101-0506-0430 (F.26), así como la evidencia producto de lo extraído en la intervención corporal y por tanto deben ser declarados igualmente ilícitos, todas ellas carentes de valor probatorio. La declaración de ilicitud no afecta los medios de prueba consistentes declaración testifical de los Señores Agapito Guardado Alas y Merlín Antonio Aguilar Velásquez (testigos de cargo); declaración de Rosa Leiva Pérez y Claudia Paola Pérez, los que conforme a la valoración hecha por los Jueces de Sentencia resultan insuficientes para sostener el pronunciamiento condenatorio. Concluye esta Sala de lo Penal, que el Tribunal Sentenciador no excluyó indebidamente el acta de registro que alega el recurrente, pues expreso de manera detallada los fundamentos de hecho y de derecho que utilizó para separarlos del legajo probatorio, argumentos que esta Sala comparte, teniendo en consecuencia, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-234-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes septiembre del año dos mil veintitrés (2023), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 234-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: Absolvió por falta de prueba suficiente al justiciable Junior Alexander Molina Pérez ya identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del estado de Honduras. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. Tercero: Destrúyase la evidencia presentada, consistente en 44,9 gramos de hierba seca marihuana, la que se encuentra en custodia del Ministerio Público. Cuarto: Tener por notificada esta sentencia por estrados a las partes procesales y la persona identificada como ofendida; una vez firme se remitan las presentes diligencias al archivo de casos fenecidos del Poder judicial. QUINTO: Contra esta sentencia solo podrá interponerse el recurso de casación dentro de los veinte días hábiles después de su notificación. SON PARTES: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado Manuel David Martínez Ortiz, en su condición de defensor público del señor Junior Alexander Molina Pérez, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día 18 de Mayo del 2017, en la Calle CA-13 frente a la colonia Los Laureles de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el señor Junior Alexander Molina Pérez, fue sometido a un registro personal ilegal en sus genitales por miembros de la Policía Nacional posteriormente fue detenido y se le siguió proceso por el delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga. SEGUNDO: El 20 de agosto del 2017 el Doctor Darian Wilfredo Membreño analizó la orina del señor Junior Alexander Molina Pérez, resultando positivo a Marihuana”. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Lourdes Iveth Rivas, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. 1.- MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Haber Excluido el Juzgador Prueba de Valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de trascendencia explicar en que consiste el vicio supra referido, en este sentido, la sala de lo Penal a través de fallo de 4 de febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “…El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo…”posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de enero del año 2011, recaído en el recurso de casación Penal S.P. No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el acto de detención del acusado realizada por los policías AGAPITO GUADADO ALAS y MERLIN ANTONIO AGUILAR VELASQUEZ, pues considera que “los policías que tuvieron y registraron al acusado, manifestaron que se le vio sospechoso, pero objetivamente no se acreditó ninguna conducta sospechosa relacionado con algún ilícito, porque no era visible que el acusado portaba algún objeto ilícito (Previo) ex ante el registro personal, no tenían una denuncia previa por acciones ilícitas realizadas por éste, ni fue sorprendido en comisión flagrante de delito o falta, y el aspecto referido por los policías respecto al comportamiento sospechoso es un aspecto subjetivo, no corroborado con elementos objetivos, pes los policías solo mencionaron que el acusado se trató de esconderse o se puso nervioso al ver la policía; pero éste último punto fue refutado por el acusado, y sus testigos quien indicó a diferencia de lo referido por los policías, “ quienes referente como expresa la Testigo ROSA LEIVA PEREZ quien refiere que su hijo lo detuvieron el 18 de mayo de las once de la mañana y que a ella una señora le había dicho que habían detenido a su hijo, por lo que se convierte en un testigo referencial, asume que los policías le hicieron un Registro y cayeron unas bolsitas de su short y que estas eran de marihuana, y que la policía procedió a detenerlo ante el hallazgo”. El registro y la detención del acusado fue ilegal según el Tribunal de Sentencia porque, si bien los policías intentaron justificar su actuar en el hecho, que se le notó sospechoso (quiso correr, quiso esconderse), lo cual reiteramos no se acreditó; además, de haber intentado correr o ocultarse no era suficiente, pues tampoco los policías siguieron el procedimiento que manda la ley para registrar a una persona, es decir, debieron requerirlo, indicarle la sospecha que había en su contra y preguntarle si quería hacerse acompañar de alguna persona de su confianza o de un abogado defensor, una vez cumplido lo anterior debían pedirle al acusado entregar cualquier objeto ilícito que tenía en su poder y solo si aquel no accedía proceder a registrarlo, lo anterior no sucedió en este caso…”. Y es precisamente que bajo el argumento transcrito anteriormente es que excluye de valoración del resto de probanzas que se derivan de dicha detención, lo referido por los policías, respecto que el acusado llevaba droga, el acta de decomiso de 06 bolsas plásticas transparentes conteniendo marihuana, El Dictamen Toxicológico elaborado por la Dra. MATHA NOELIA PINEL TROCHEZ, la evidencia (44.9 GRAMOS de droga marihuana), en virtud que el juzgador es del criterio, que la probanza supraindicada fue obtenida mediante violación de garantías procesales, en definitiva constitucionales; al haberse restringido al acusado el derecho a la intimidad personal, garantías que constituyen también el debido proceso. Respecto a los cuestionamientos que realiza el Tribunal a la prueba de cargo, debemos señalar: 1) Que se desprende de las deposiciones de los policías que participaron en la detención del acusado, que si bien efectuaron un registro personal, procediendo el hecho controvertido entre lo manifestado por los policías y los testigos de la defensoría del encausado mismos que representan a criterio del ente acusado son valoradas como una prueba de interés ya que son parientes del acusado y de manera natural poseen interés en el proceso en manifestar situaciones en positivo respecto a la forma de realizar el Registro y que su declaración abone dudas a l proceso respecto de donde se encontraban las efectivas bolsas de droga decomisadas en debido proceso al acusado y que contenían hierba seca marihuana. La confiabilidad del testigo de la defensa se ve cuestionada, al establecer una versión diferente a la prueba testifical ofertada por el ente acusador. Y esta no puede ser mas que la deposición de los policías, respaldada con prueba documental y científica ofertada al proceso. 2) El policía Agapito Guardado Alas, refirió en su declaración que “…el jueves 18 de mayo del año 2017 se encontraba patrullando cuando reciben una denuncia verbal que en la carretera CA-13 frente a la Colonia Los Laureles estaban asaltando, encontrando al señor Junior Alexander Molina Pérez en forma sospechosa y LE PEDIMOS UN REGISTRO y le encontramos cuatro (4) bolitas conteniendo hierba seca y se le pregunto si andaba mas y el saco dos bolsitas mas de sus partes intimas de envoltorios de supuesta drogas…”.3) El policía Merlín Antonio Aguilar Velásquez, manifestó lo siguiente: “…el 18 de mayo del año 2017 nos encontrábamos realizando un patrullaje de rutina en la colonia casa blanca, recibiendo vía radio que en la colonia Los laureles estaban unas personas asaltando nos desplazamos a lugar encontrando a Junior Alexander Molina, le solicitamos un Registro y se le encontraron 4 bolsas transparentes con hierba seca marihuana y se le pregunto si andaba por lo que el saco de sus partes íntimas 2 bolsitas más., a preguntas de la Fiscalía el Testigo responde, “vimos al testigo sospechoso y le solicitamos un registro “el acusado estaba a al orilla de la CA-13 “el estaba nervioso y quiso huir” atendíamos una denuncia verbal de la central de comunicaciones”. Nos preguntamos cómo es posible que los Jueces de Sentencia establezcan que no se acreditó objetivamente la conducta sospechosa del acusado, que manifestaron los agentes de policía y que los obligó a que practicarle el registro al señor JUNIOR ALEXANDER MOLINA PEREZ, si éste estaba llevando consigo la droga tanto en su pantalón como en sus partes intimas y que se de mayor credibilidad a testigos que son parte interesada del proceso cuando la policía refiere coincidentemente en sus deposiciones que este al ser preguntado si portaba mas de las 4 bolsitas previamente encontradas en hallazgo del Registro ante la pregunta este saca de su ropa interior las dos bolsitas restantes para concluir con un decomiso de 6 bolsitas de droga (marihuana) lo cual es prohibido y penado por la Ley Especial Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo que representa es un peligro en contra de La salud de la Población del Estado de Honduras, puesto que el delito de tráfico de drogas es un delito de peligro abstracto, y de ejecución inmediata mientras dure la comisión del mismo, o sea mientras el sospechoso este llevando consigo este alucinógeno, por lo que estará en flagrante comisión del delito; por otra parte, la actuación de la policía en este tipo de diligencias debe ser rápida, ya que se corre el riesgo de que la persona pueda salir huyendo a sabiendas de que está cometiendo un ilícito penal. En virtud de lo anterior podemos concluir, que el imputado ante el requerimiento policial, se vio en la oportunidad de mostrar o exhibir lo que lleva consigo y proceder a la entrega voluntaria de la droga , cuando fue informado de que se le iba a practicar un registro, desde el momento que atiende la orden policial e intenta previamente huir generó un comportamiento sospechoso, quedando desde ese instante facultada la autoridad policial para intervenir, a través del registro personal, como así lo hizo; procediendo a realizar el resto de diligencias investigativas vinculadas con la detención, que merecen absoluta valía probatoria al tratarse de prueba licita. (Acta de Decomiso y el Dictamen Toxicológico realizado a la droga decomisada). Es importante señalar, que la policía preventiva posee entre otras, la atribución de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos faltas o infracciones, es por ello, que en el caso subjudice, requirió al acusado para efectuarle un registro, pues como ha indicado los testigos de cargo, el imputado INTENTA Huir al advertir la presencia policial y al solicitarle un Registro en su short portaba la cantidad de 4 bolsitas de marihuana y al ser preguntado si portaba algún otro elemento de constituyera delito es el quien entrega a policía las dos bolsitas restantes que portaba en su zonas intimas, desconociendo en un principio que era lo que contenía la misma, y de acuerdo a las máximas de la experiencia podemos concluir que dentro de la ropa ya sea esta visible o la interior en un Registro voluntario ya que el entrega este indicio a la policía, se pueden ocultar muchas evidencias o instrumentos para delinquir, por ejemplo, armas de fuego en sus diversas modalidades, drogas, como en el presente caso, por ende los agentes de policía actuaron amparados en su obligación de prevenir el delito en la comunidad, en apego al artículo 32 numeral 5) de la ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de seguridad y de Policía Nacional de Honduras, sin lesionar garantías constitucionales, pues reiteramos, se indicó inicialmente al acusado que se le iba a efectuar registro y no se realizó en zonas intimas de su cuerpo, como arguye el Tribunal, con lo cual pudiera vulnerarse Derecho a la intimidad y La práctica de la mencionada diligencia de detención, constituye parte de una actuación policial preventiva, tendiente a constatar la comisión de un delito, en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de policía y del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto, así lo ha dejado establecido la Sala de lo Penal, al haberse pronunciado de la manera siguiente: “Esta Sala de lo Penal, observa que en el presente caso, las Actas de: Inspección ocular de la Policía Nacional (folio No24), Acta de Decomiso de los monitores plasma, -folio No26-, y el acta de Decomiso de la pistola de impacto-folio No.27- constituyen lo que la legislación procesal penal denomina “Actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito”, es decir diligencias de investigación a cargo de la Policía Nacional a efecto de documentar sus actuaciones en los primeros momentos de la investigación de un hecho criminoso…esta Sala estima que con la práctica de las mencionadas diligencias preliminares de investigación policial, para constatar la comisión del delito, no se ha infringido el derecho de defensa de la encausad B.L.P., en tanto la ley procesal permite a las autoridades de Policía y del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto…” (lo entrelineado es nuestro). En virtud de lo anteriormente expuesto, considera este ente fiscal, que la detención del acusado se encuentra apegada a la ley, pues atendiendo su conducta dio motivos para sospechar que estaba perpetrando un delito, ya que ante el requerimiento policial hizo entrega de la droga que llevaba escondida dentro de su pantalón (short y dentro de sus partes íntimas), la omisión coloca en riesgo la salud de la población, aunado al hecho, que el registro no se realizó en zonas íntimas del cuerpo ya que este voluntariamente lo entrega a la policía sin acceder estos el cuerpo del Acusado en contacto físico, sino que consistió en lo que comúnmente se conoce como cacheo y estas dos últimas bolsas son entregadas al policía por el acusado voluntariamente sin hacer uso de registro minucioso a sus partes corporales violentando sus derecho a la intimidad y con ello vulnerar derechos establecido en la Constitución de la República resultando una prueba ilegal de un registro ilegal, consecuentemente, todas las pruebas que se derivan de eta detención son licitas, es decir el acta de decomiso de la droga incautada y el Dictamen Toxicológico que determinan la droga decomisada efectivamente es marihuana y que la cantidad de 44.9 gramos, cantidad que no es compatible para el consumo personal inmediato, por ende, el A quo tuvo que otorgarle valor probatorio a las mismas y no excluirlas del acervo fáctico, de manera arbitraria como lo hizo, en vista que con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado, y que de aceptar lo estipulado por el Tribunal de Sentencia sobre los registros practicados, se estaría abriendo una brecha enorme que contribuiría a la IMOUNIDAD e iría en detrimento absoluto de lo que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía y que debió conducir a conclusiones distintas de las que se extrajo el Tribunal, como ser una sentencia condenatoria por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS. Es importante establecer también que la Honorable sala de lo Penal, en la comisión de esta clase de delitos y por ende sobre los registros personales, ha establecido lo siguiente”la recurrente afirma que el medio de prueba consistente en el registro de la persona imputada y la incautación de la droga decomisada es de carácter ilícito, criterio que no comparte este Tribunal de Casación debido a que no fue habido dicho medio de prueba como consecuencia de un acto contrario a ley y que implicara la violación a un derecho fundamental o de un derecho humano de una persona(s), por el contrario, según se relata en la sentencia, las actas de decomiso o secuestro y de registro personal están suscritas por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, aceptadas y suscritas por el propio imputado, determinándose asimismo en la sentencia-lo cual constituye razón suficiente…No se debe olvidar que los miembros de la seguridad Privada de dicho lugar, llamaron a la Policía Nacional quienes se agenciaron de la evidencia, que mas tarde se constituyo como prueba, por diligencias que no están reñidas con la ley, mucho menos que significaran afectación de derechos de persona alguna, entonces la obtención de este medio de prueba no constituyen prueba ilícita”. De los fallos citados anteriormente se desprende que no existe vicio que pueda dar lugar a la exclusión de prueba de valor decisivo, como erróneamente lo aprecio el Juzgador, pues su decisión está basada en apreciaciones subjetivas y mayor valor probatorio a la declaración de testigos aportados por la defensa con marcado interés manifiesto en el proceso sin poder corroborarse la veracidad de esta información, no se escucho la versión del acusado quien era el directamente acusado si no que se ampara en su derecho a no declarar, se debió establecer primariamente la versión de lo ocurrido por el propio imputado y después ser reforzada con la declaración de sus parientes por lo que existe un quebranto de la Sana Crítica, por parte del Tribunal Sentenciador puesto que no ha derivado de manera correcta los razonamientos coherentes que se desprenden de las pruebas y consideramos procedente se conceda la nulidad del debate y de la sentencia recurrida ordenando la celebración de un nuevo Juicio Oral. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna por parte la subsanación del vicio”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Haber excluido el Juzgador Prueba de Valor Decisivo. Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el mismo acto de sentenciar. Pretensión: Se ordene la celebración de un nuevo juicio oral. Establece la recurrente que del fallo anterior se desprende que no existe vicio que pueda dar lugar a la exclusión de prueba de valor decisivo, como erróneamente lo aprecio el juzgador, consistente en el acto de registro y detención del acusado realizada por los policías Agapito Guardado Alas y Merlín Antonio Aguilar Velásquez, ya que el Tribunal de Sentencia establece que los policías intentaron justificar su actuar en el hecho, que se le notó sospechoso (quiso correr, quiso esconderse), lo cual no se acredito, tampoco los policías siguieron el procedimiento que manda la ley para registrar a una persona, es decir debieron requerirlo, indicarle la sospecha que había en su contra y preguntarle si quería hacerse acompañar de alguna persona de su confianza o de un abogado defensor, una vez cumplido lo anterior debían pedirle al acusado entregar cualquier objeto ilícito que tenia en su poder y solo si aquel no accedía proceder a registrarlo, lo anterior no sucedió en este caso”. Es este el argumento en la que el juzgador es del criterio que la probanza supraindicada fue obtenida mediante violación de garantías procesales y en definitiva constitucionales, al haberse restringido al acusado el derecho a la intimidad personal, motivo por el cual fue excluido el acta de decomiso de 06 bolsas plásticas transparentes conteniendo marihuana y el dictamen toxicológico y la evidencia (44,9 gramos de droga marihuana). De la exclusión y falta de consideración de prueba con valor decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De los Registros Personales/Corporales El registro personal/corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional consistente en auscultar a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias algún objeto de tenencia ilícita o relacionado con un delito en particular. Sin duda el registro corporal/personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva, empero también puede significar la violación del derecho básico a la dignidad humana, cuando es realizado con abuso por parte de la autoridad actuante, por ello se encuentran en la ley regulaciones específicas y estrictas para su práctica.- Existen dos clases de registro: i) El registro personal o cacheo; ii) Registro Corporal. 1) El Registro Personal o Cacheo Procedimiento mediante el cual se palpa por encima de las ropas a una persona, sin comprometer zonas púdicas, en busca de objetos prohibidos o relacionados con un delito. Este registro personal se practica sin control fiscal ni jurisdiccional, con o sin consentimiento de la persona: a. Existe consentimiento cuando la persona expresamente manifiesta su aquiescencia para que se le haga dicho registro, o tácitamente cuando consciente y voluntariamente se coloca en una situación en donde será objeto de registro, como por ejemplo al ingresar a un centro deportivo o a un concierto; b. El registro se realizará sin el consentimiento cuando la autoridad pública, basado en un fundamento razonable que descanse en la licitud, requiere a una persona para la realización del registro. Sin duda alguna en esta clase de registros personales, hecho en contra de la voluntad de la persona, la libertad ambulatoria y la intimidad puede resultar momentáneamente restringida pues el individuo no solo debe someterse a las indicaciones policiales respecto al registro deteniendo su marcha, sino que además debe soportar una intromisión a su intimidad al tener que dejar que la autoridad policial palme su cuerpo, todo ello justificable en pro de la seguridad pública, lo que obliga a toda persona a someterse al derecho de policía ejercido por los agentes. Entiéndase que tal sometimiento no constituye privación de la libertad, sino un mero constreñimiento provisional durante el tiempo indispensable para que la autoridad realice el control de seguridad. Recordemos que mediante el artículo 61 de la Constitución de la República el Estado de Honduras se compromete a garantizar la seguridad personal de los nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional; tal seguridad en parte se logra garantizar mediante el derecho policial y el derecho penal, siendo parte del primero la ejecución de medidas preventivas, que si bien pueden causar molestia y hasta restricciones momentáneas a ciertos derechos, ello es admisible constitucionalmente en aras de la salvaguarda de la exigencia de seguridad pública; Sobre esto, Chávez (Chávez, Orlan Arturo, en Derechos Fundamentales y la Investigación Criminal, Editorial O.I.M., Honduras, 2011), explica que “… como todo derecho es necesario que tenga limitaciones para salvaguardar otros derechos de la misma naturaleza y hallar el equilibrio o la tensión entre el bien protegido y el que aparece como limitado.”. Entre las acciones preventivas están por ejemplo: la potestad de la policía de exigir a toda persona mayor de edad que se identifique plenamente mediante un documento oficial, pudiendo la autoridad policial conducirle a su casa o a la oficina estatal más cercana para efectos de proceder a la debida identificación (Art. 45 Ley de Policía y Convivencia Social); también la policía nacional puede “ […] establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, […], al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. […].” (Art. 55 Ley de Policía y Convivencia Ciudadana). En específico para practicar registro personal In Situ, deberá realizarse cuando concurran las siguientes circunstancias: i. Existencia de un fundamento razonable que aconseje la necesidad a la autoridad policial de realizar dicho registro derivado de la sospecha que se tenga de que una persona lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito; tal fundamento razonable puede desprenderse de la forma como la persona se conduce en vía pública, del lugar específico donde se encuentre al tratarse de una zona en donde con recurrencia se den actos delictivos, de la proximidad de la persona al lugar en donde se ha cometido un delito, u otra circunstancia análoga; ii. El registro sea realizado bajo el procedimiento legal y con estricto respeto de la dignidad humana. La policía, primero debe informar a la persona sobre la necesidad de realizar el registro, y en los casos en que se tenga sospecha preexistente de que éste porta un objeto ilícito o relacionado con el delito, se le invitará para que haga entrega de él, invitación que claramente no puede realizarse cuando el registro se realice como un acto de control de seguridad espontáneo. El registro personal se practicará por encima de las ropas evitando palpar zonas corporales que afecten el pudor, por personal del mismo sexo que el sujeto a registrar y en su caso por persona del mismo género que sea designada por la autoridad policial en el momento, lo que puede ocurrir cuando en el operativo policial solo se encuentren agentes del sexo masculino y exista la necesidad de realizar registro a una persona del sexo femenino, por lo que el agente policial de mayor rango podrá solicitar la colaboración ciudadana a cualquier dama que se encuentra próxima para que haga la palpación. Este tipo de registro podrá realizarse por la Policía Nacional Preventiva en vía pública y sin orden judicial, debiendo presenciar la diligencia dos testigos (personas no relacionadas con la agencia policial) cuando pudiesen ser habidos sin demora. De todo lo actuado se levantará acta, la que firmarán las personas que hayan intervenido. 2) El Registro Corporal Se realizará cuando se sospeche que la persona porta consigo objetos de tenencia ilícita o relacionados con el delito en partes del cuerpo que afecten el pudor. Esta diligencia se llevará a cabo en un lugar reservado, por persona del mismo sexo y con presencia de alguien de confianza del que será registrado, siempre que pueda ser habida sin demora. Cuando el registro afecte directamente zonas corporales intimas que requieran experticia, el registro deberá ser realizado por un médico o personal sanitario capacitado. Para la práctica de este tipo de registros es necesario orden de órgano jurisdiccional, el que evaluará que la necesidad de la medida justifique la intromisión a la intimidad, sin perjuicio de que pueda ser dispuesta por el Ministerio Público por razones de urgencia, evaluando la situación de urgencia y debiendo solicitar su convalidación judicial en forma inmediata. Solo le es permitido a la Policía Nacional Preventiva la práctica de este tipo de registros sin orden fiscal o judicial, cuando se tenga conocimiento cierto de que la persona esconde algún objeto que pueda ser utilizado en forma ofensiva contra la autoridad, contra terceras personas o contra la vida de la propia persona sospechosa; sin embargo, siempre deberá ser practicado por una persona del mismo sexo y, en la medida de lo posible, en un lugar reservado o alejado de la vista pública. Los Agentes de Policía, además, deberán solicitar la convalidación judicial en forma inmediata, por conducto del Ministerio Público. Tanto en los registros personales (cacheos) como, y especialmente, en los registros corporales, la autoridad estatal dispondrá lo relativo a lugar, tiempo, forma y personas intervinientes en atención a las circunstancias particulares del momento, pero siempre en estricto respeto a la dignidad humana.- Recuérdese que “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad; desde una perspectiva iusnaturalista, la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Hurtas Martín (Huertas Martin, Isabel, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374), al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona". La dignidad humana se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental; al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la no existencia del vicio que ha motivado a la Recurrente acudir a la única instancia; el A-Quo, haciendo mano de un criterio atinado, procedió a excluir indebidamente un conjunto de medios de prueba por considerar que se realizó una actuación policial ilícita, realizado en forma arbitral y violentando el derecho fundamental a la intimidad personal. Debemos recalcar, que existe una obligación por parte del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestas a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentren enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal como se lo mandaba la otrora vigentes Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado que “Primero: El día 18 de mayo del 2017, en la Calle CA-13 frente a la colonia Los Laureles de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el señor Junior Alexander Molina Pérez, fue sometido a un registro personal ilegal en sus genitales por miembros de la Policía Nacional posteriormente fue detenido y se le siguió proceso por el delito de Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga. Segundo: El 20 de agosto de 2017 el Doctor Darlan Wilfredo Membreño analizó la orina del señor Junior Molina Pérez resultando positivo a marihuana”, para los señores Jueces tal registro fue ilegitimo, pues consideran que en ese momento no existía motivos legales o justificados suficientes que haya motivado a los agentes del orden a realizar el registro personal como acto de intromisión a la intimidad. Es pertinente indicar, al menos brevemente, cual es el contenido del concepto de intimidad personal: El Derecho a la Intimidad, en su aspecto positivo se entiende como el derecho de la persona de controlar a su arbitrio los aspectos de su vida privada que desee que sean conocidos y determinar la identidad y el número de personas que desee que tengan acceso a ella y, en su aspecto negativo, como el derecho que toda persona le asiste para no sufrir o tolerar injerencias de terceros en la vida privada personal y familiar y de rechazar cualquier intento de ello. - Este derecho está reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y artículo 76 de la Constitución de la República. Uno de los aspectos que interesa a la Dignidad Humana y a la Intimidad son las intervenciones corporales que se pudiesen practicar al imputado(a) durante la investigación de un delito o durante el proceso penal. Por vía de ilustración HUERTAS MARTIN señala que, "al imputado puede vérsele desde dos dimensiones: la dimensión subjetiva, que ha de caracterizarse en todo momento, significa que sea tenido como parte procesal y por ello acreedor de una serie de derechos y facultades, que legítimamente le corresponden; la dimensión objetiva, en la que se considera que su entidad corporal puede ser fuente de datos que faciliten la investigación penal e incluso sea tenida en cuenta a efectos probatorios”, por lo que siguiendo la dimensión objetiva algunas veces se hace necesario la práctica de intervenciones corporales, las que son conceptualizadas por FERRERA TURCIOS como “actos de investigación realizados, dentro de ciertos límites de carácter constitucional, sobre el cuerpo de una persona atendiendo normas de proporcionalidad y que tienen como finalidad la búsqueda de elementos de prueba necesarios para la averiguación de la verdad real de un hecho de naturaleza delictiva”, mismas que son reguladas en el artículo 107 del Código Procesal Penal señalando que “Para la determinación de la verdad, el órgano jurisdiccional podrá, a petición de parte interesada, ordenar, de ser necesario, que se practiquen a la persona imputada exámenes corporales o extracciones de muestras que técnica y científicamente sean útiles, confiables y proporcionadas para aquel fin, siempre que no entrañen peligro para su salud.”, diligencias de investigación que encuentran su límite en la dignidad humana.- En principio y como regla general, las intervenciones corporales, por ser diligencias que afectan derechos fundamentales, solo podrán ser ordenadas por la autoridad judicial competente (Art. 273 del CPP), quien ante la solicitud deberá evaluar y resolver motivadamente. El Código Procesal Penal, en sus artículos 206 y 207, hace referencia a los registros personales y la forma en que habrán de practicarse, de la manera siguiente: “ARTICULO 206.- Registros Personales. Cuando existan motivos que hagan presumir que, dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito, se le practicarán registros incautándosele las cosas encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su conducción en forma coactiva a las oficinas competentes. Antes de proceder al registro se advertirá a la persona sobre la sospecha que se tenga y se le invitará a que muestre o exhiba lo que lleva consigo y si la entrega voluntariamente, no se procederá al registro, salvo que haya motivos fundados para creer que aún oculta alguna cosa relacionada con el delito. Lo dispuesto en el párrafo anterior se hará, de ser posible, en presencia de dos testigos hábiles, si pidieran ser habidos sin demora, quienes preferiblemente deberán ser vecinos del sitio en que tuvieron lugar los hechos investigados, dejando constancia en el acta de lo actuado. Los agentes de la Policía Nacional no podrán llevar a cabo registros personales sobre zonas corporales que afecten el Pudor de las personas registradas. Salvo el caso en que existan motivos muy fundados para temer una agresión inminente por parte de dicha persona, su registro se hará por otra del mimo sexo. -LAS INSPECCIONES CORPORALES QUE AFECTEN A ZONAS ANATOMICAS INTIMAS, SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO EN VIRTUD DE MANDATO JUDICIAL, a petición fundada de parte, POR MEDICO O, EN SU DEFECTO, POR PERSONAL SANITARIO. El Juez, al tomar su decisión, POR AUTO MOTIVADO, ponderará la utilidad, proporcionalidad e insustituibilidad por otros procedimientos de examen, de la inspección corporal, NO PUEDA DEMORARSE EL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL y exista grave peligro de frustración del resultado de la medida, PODRA SER AUTORIZADO POR EL MINISTERIO PUBLICO, quien dará inmediata y razonada cuenta al Juez, el cual, por auto motivado, convalidará el registro o examen o lo dejará sin efecto”. ARTICULO 207-. “Forma de Practicar los Registros Personales. Los registros a que se refiere el Artículo anterior, SE PRACTICARAN INDIVIDUALMENTE Y CON RESPETO ABSOLUTO PARA LA DIGNIDAD, EL PUDOR, LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD DE LAS PERSONAS. El registro de personas será efectuado por agentes del mismo sexo y, de no haberlas, por dos (2) personas también del mismo sexo, designadas para el efecto. En ningún caso se empleará violencia para practicar el examen corporal y si éste afectare las zonas corporales íntimas, deberá ser hecho por un médico y de no haberlo, _por personal sanitario. La persona examinada tendrá derecho a requerir que, durante el examen, esté presente una persona de su confianza, siempre que pueda localizarse sin tardanza que implique riesgo de frustración de la finalidad perseguida por la medida. Los resultados del registro se harán constar en acta, que firmarán los pacientes de investigación que lo hayan practicado y, además, la persona registrada. Si ésta no quiere o no puede firmar, se dejará constancia de este hecho en dicha acta” Esta Sala de lo Penal coincide con el criterio del Tribunal A quo, de que en el presente caso la intervención corporal efectuado por los agentes policiales en contra de Junior Alexander Molina Pérez, no se ajusta a los parámetros legales establecido en el Código Procesal Penal, que regula las limitaciones al derecho fundamental a la intimidad y que proclaman la inviolabilidad de la dignidad humana, por lo que al haberse producido violación de precepto constitucional, tal actuación se convierte en ilícita, condición que es extensible a todas las demás actuaciones que se deriven de ella y que dependen necesariamente de la intervención corporal, todo ello a consecuencia de los siguientes hechos: 1) El imputado se encontraba en la carretera CA-13 (frente a la colina Los Laureles) y sin denuncia previa lo registran sin tener la más mínima sospecha de la comisión de un ilícito. 2) El señor Junior Alexander Molina Pérez, no fue informado de los alcances de tal acción (registro) ya que no aparece en el acta de Registro Personal, ni en ninguna otra actuación, que se le haya informado al acusado de su derecho a poder llamar a una persona de su confianza para que estuviese presente al momento de la diligencia. 3) Por tratarse de una intervención corporal que en este caso consistió en una exploración de una zona anatómica íntima como lo es donde se ubican los genitales del acusado, es claro que se trata de una actuación estatal que afecta el derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido, por lo que tal intervención debió realizarse siguiendo estrictamente el protocolo que señala el Código Procesal Penal. (Art.206 y 207 del Código Procesal Penal). Los puntos enumerados son fundamento para que esta Sala de lo Penal establezca que no es de recibo la denuncia formulada por la Censora y que la intervención corporal hecha al acusado Junior Alexander Molina Pérez, en fecha 18 de mayo de 2017 es de carácter ilícito por ser contraria a la normas constitucionales y por no ajustarse a las excepciones autorizadas por la ley procesal, pero además en cumplimiento del artículo 200 del Código Procesal Penal, es deber declarar que dicha ilicitud contamina los medios probatorios que le derivan consistentes en el acta de registro de partes intimas (F.08), acta de decomiso de lo sustraído en la intervención corporal (F.05) y dictamen toxicológico número 2017-0101-0506-0430 (F.26), así como la evidencia producto de lo extraído en la intervención corporal y por tanto deben ser declarados igualmente ilícitos, todas ellas carentes de valor probatorio. La declaración de ilicitud no afecta los medios de prueba consistentes declaración testifical de los Señores Agapito Guardado Alas y Merlín Antonio Aguilar Velásquez (testigos de cargo); declaración de Rosa Leiva Pérez y Claudia Paola Pérez, los que conforme a la valoración hecha por los Jueces de Sentencia resultan insuficientes para sostener el pronunciamiento condenatorio. Concluye esta Sala de lo Penal, que el Tribunal Sentenciador no excluyó indebidamente el acta de registro que alega el recurrente, pues expreso de manera detallada los fundamentos de hecho y de derecho que utilizó para separarlos del legajo probatorio, argumentos que esta Sala comparte, teniendo en consecuencia, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 140 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada Lourdes Iveth Rivas, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara FIRME la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Siendo Ponente el Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-234-2019RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL