Sentencia CP-219-20 — Registro 17566
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Secuestro, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. La motivación sobre hechos (fáctica) supone la parte esencial de la exigencia motivadora, en tanto es aquella por la que se conoce el proceso de convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, en el sentido de la participación o no en el hecho delictivo imputado, la que justifica el ejercicio de la jurisdicción. Esta función solo puede realizarla el órgano jurisdiccional que ha percibido la prueba con la derivada practica de esta. El incumplimiento de dicho deber o su cumplimiento defectuoso, ya no solo puede suponer un defecto o vicio interno de la resolución que compromete su validez, sino que constituye una lesión directa al derecho a la tutela judicial efectiva que puede arrastrar como consecuencia la nulidad de la sentencia. La motivación actúa para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también, como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; más no obliga a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes pueden tener en la cuestión que se decide. La Sala de lo Penal ha hecho estudio de la sentencia que ahora se impugna, concluyendo que la misma no fue construida en respeto de los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal; el Tribunal de Sentencia ha elaborado una motivación fáctica contradictoria que no permite conocer el proceso racional y analítico del que hizo mano el sentenciador para concluir en el quantum de pena del señor Marco Antonio Prado Aquino. Basta remitirse a la fundamentación jurídica de la sentencia, para comprobar que el sentenciador no expreso motivadamente las razones de hecho que lo llevaron a concluir la pena impuesta de 20 años con seis meses a razón de una sentencia condenatoria por el delito de Secuestro en su grado de participación de cómplice simple; y, lo expresado ha resultado contradictorio al hacer el contraste entre la participación del hecho con el quantum de pena a imponer. Por todo lo anteriormente expuesto, el motivo resulta ser de recibo. Siendo ser de recibo el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo y a efecto de mantener la coherencia en el pronunciamiento judicial de esta Única Instancia, resulta no oportuno hacer un análisis en cuanto a la denuncia hecha por el resto de motivos por el Recurso de Casación por Infracción de Ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-219-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 219-2020, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Raúl Armando Fajardo Vindel, a título de autor como responsable del delito de secuestro en perjuicio de Luis Daniel Mourra Luna, a la pena de veinticinco años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Erick Josué Amaya Corea, a título de autor como responsable del delito de secuestro en perjuicio de Luis Daniel Mourra Luna, a la pena de veinticinco años de reclusión. Tercero: Condenó al señor Kevin Johan Urbina Paz, a título de autor como responsable del delito de secuestro en perjuicio de Luis Daniel Mourra Luna, a la pena de veinticinco años de reclusión. Cuarto: Condenó al señor Prospero Oswaldo Pacheco Rodríguez, a título de autor como responsable del delito de secuestro en perjuicio de Luis Daniel Mourra Luna, a la pena de veinticinco años de reclusión. Quinto: Condenó al señor Marco Antonio Prado Aquino, a título de cómplice simple como responsable del delito de secuestro en perjuicio de Luis Daniel Mourra Luna, a la pena de veinte años con seis meses de reclusión. Sexto: Condenó a los señores Raúl Armando Fajardo Vindel, Kevin Johan Urbina Paz, Erick Josué Amaya Corea, Prospero Oswaldo Pacheco Rodríguez y Marco Antonio Prado Aquino, como responsables del delito de secuestro en perjuicio de Luis Daniel Mourra Luna, a las penas accesorias de Inhabilitacion Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena de reclusión impuesta a cada uno. Septimo: Declaró a los condenados Raúl Armando Fajardo Vindel, Kevin Johan Urbina Paz, Erick Josué Amaya Corea, Prospero Oswaldo Pacheco Rodríguez y Marco Antonio Prado Aquino, responsables civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. Octavo: Declaró el comiso de estos objetos siguientes: Dos (02) teléfonos celulares, uno (01) marca Samsung Galaxy S6 Edge, color dorado. Un (01) celular marca NOBA II NYX color negro; un teléfono celular marca Samsung, color negro; un celular marca Nokia color gris sin batería y sin chip y un (1) celular marca CLARO color negro con gris con batería y con chip de la empresa CLARO; un teléfono celular de color negro marca NYX; un teléfono celular marca BLU color negro con franja Azul; Siete aparatos móviles que se describen a continuación: Un (1) teléfono marca IPHONE de color blanco. Un (1) teléfono celular marca OLA de color blanco. Un (I) teléfono celular marca NYX de color negro. Un (1) teléfono celular marca BLACKBERRY color gris. Un (1) teléfono celular marca IPOD color gris con negro. Un (1) teléfono Samsung de color blanco. Un (1) teléfono celular marca Samsung color café, decomisados en la casa de que habitaba el señor Marco Antonio Prado Aquino; salvo que se demuestre que alguno de ellos es un tercero no responsable; un televisor gris con negro marca Orion con su respectiva caratula de embalaje; Una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior Una tarjeta porta chip de la empresa TIGO con número 97413850. Una tarjeta porta chip de la empresa claro con pin 1111 PUK 70932773; Una cámara de grabación color blanco marca MASTER LINE con modelo ML 3106S36 con serie 06121075062 con su respectivo cable de color negro; dos gorros pasamontañas, uno de color negro y el otro de color café; Cuatro llaves, una de ellas utilizada para chachas o esposas en la cual se lee SMITH WESSON; Un tozo de Cartón que sujeta dos cadenas metálicas cubiertas con cinta adhesiva color gris (plateado) en deterioro, unidas en el centro por un candado marca VIKINGO con el Número "3" manuscrito. En uno de sus extremos sujeta un trozo de metal con una argolla color gris (plateado) y un tornillo color dorado, en el otro extremo dos aros de presión; en uno de los cuales se lee la serie K63292 y en el otro se observa la leyenda M100-1 MADE IN USA, MARCAS REGISTRADAS SMITH & WESON HOULTON, ME; un cargador de pistola color negro dicho cargador en su interior conteniendo varios proyectiles; una cámara análoga de color gris marca QUICK CAM con rollo marca KONICA con su respectivo estuche de color negro; Una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior una computadora color gris con negro marca HP. Noveno: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Luis Ramón Romero Ochoa, en su condición de defensor privado del imputado Marco Antonio Prado Aquino. Son partes en única instancia: El Abogado Augusto Rafael Fletes, defensor privado, en su condición de recurrente; el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día miércoles 07 de septiembre del año 2016, aproximadamente a las siete de la noche, el señor ELIAS DANIEL MOURRA LUNA, salía de las instalaciones de su empresa, la Escuela de aviación Horizonte, ubicada en la 4ta avenida, 15 calle, N. O. sector cervecería de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en compañía de su novia la señorita JOSSELINE ELENA JALLO FUNEZ, cuando fue interceptado por tres individuos armados y encapuchados quienes lo introdujeron por la fuerza a un vehículo, tipo turismo, color champagne, llevándoselo contra su voluntad. En el trayecto hicieron trasbordo a otro vehículo tipo turismo color rojo para evitar seguimientos de la policía, hasta llegar a una casa en la colonia Luisiana propiedad de la señora BLANCA ESTELA URBINA PAZ, que había sido facilitada por su hijo KEVIN JOHAN URBINA PAZ y preparada con cámaras de vigilancia y una estructura metálica, para mantener encadenado y en cautiverio al señor Mourra. SEGUNDO: Ese mismo día los padres del señor Mourra recibieron llamada al número 99914783, proveniente del número 31847187 donde una voz masculina les manifestaba tener en su poder a su hijo y que lo liberarían a cambio de dinero, especificando la cantidad de quinientos mil dólares, lo que estaba fuera del alcance de la familia Mourra en ese momento, por lo que se inició un proceso de negociación de la exigencia económica, entre los plagiarios y la familia Mourra, utilizando para ello varios números de teléfono y celulares, realizando las llamadas en movimiento para evitar ser rastreadas. Estas negociaciones eran llevadas a cabo por parte de los señores RAÚL FAJARDO VINDEL y PROPERO OSWALDO PACHECO RODRÍGUEZ, a través de los números 31849214, 89474085, 89731897, 33026414 quienes se alternaban para hacer las llamadas telefónicas extorsivas a la familia Mourra, manifestándoles en reiteradas ocasiones que si no pagaban le harían daño a su hijo. TERCERO: Mientras se llevaban a cabo las negociaciones de pago de rescate a cambio de la libertad del señor ELIAS DANIEL MOURRA, su familia recibió dos pruebas de vida a través de mensajes de voz y videos que el joven Mourra hizo por exigencia de sus captores, con la finalidad de solicitar a sus padres, reunieran la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible, incluso revelando información de su situación financiera para complementar los dineros que sus padres pudiesen reunir, sin embargo ya sus secuestradores habían realizado una investigación de la situación de la familia y empresas asociadas, a través del joven MARCO ANTONIO PRADO AQUINO quien era alumno de la escuela de Aviación Horizonte y era pareja sentimental de la asistente administrativa del señor MOURRA, quienes hasta ese momento había mantenido buenas relaciones con dicha familia. Sin embargo el señor PRADO AQUINO reveló información privilegiada, como la situación económica de la empresa como ser datos exactos del costo de los aviones que eran parte de sus bienes, así como el estado de las cuentas bancarias y las movilizaciones de la familia MOURRA que ayudaron a que se perpetrara su sustracción exitosamente. CUARTO: A lo largo de trece días, el señor ELIAS DANIEL MOURRA fue mantenido en cautiverio, encadenado de pies y manos, amarrado a una estructura metálica incrustada a una pared y vendado la mayor parte del tiempo, dentro de una habitación de la casa de la colonia Louisiana, sin más enseres que una colchoneta y cámara de monitoreo permanente, donde solo se le permitió bañarse una vez, se le suministraban su alimentación, amenazándole en una ocasión con cortarle un dedo para enviárselo a su familia y era vigilado constantemente, y de manera alterna por los señores RAÚL ARMANDO FAJARDO VINDEL y ERICK JOSUÉ AMAYA COREA con quienes el señor Mourra llegó a entablar conversaciones por medio de las cuales entendió que sus captores eran personas con cierto nivel educativo y conocían datos muy íntimos de su familia y el funcionamiento, e incidencias de sus empresas, que no podían haber sido suministrados sino por personas que lo conocían, además logro identificar sus voces, una de las cuales luego reconoció como una de las mismas voces de las personas que hacían llamadas a su familia, incluso el tatuaje en un brazo del señor RAÚL ARMANDO FAJARDO VINDEL, y la apariencia física del señor ERICK JOSUÉ AMAYA ya que este último le quitó los vendajes a la víctima. QUINTO: Durante el periodo de cautiverio del señor Elias Mourra, las autoridades llegaron a tener conocimiento de los hechos e iniciaron oficiosamente una investigación, y mediante asociaciones con modus operandi similares de otras estructuras dedicadas al mismo tipo de crímenes, lograron identificar números de teléfono de interés en las investigaciones, los cuales fueron interceptados mediante la técnica especializada de escuchas telefónicas, autorizada judicialmente, durante las cuales se logró interceptar comunicaciones entre los señores RAÚL FAJARDO VINDEL con PROSPERO OSWALDO PACHECO RODRÍGUEZ, entre RAÚL FAJARDO VINDEL Y KEVIN JOHAN URBINA PAZ y entre RAÚL FAJARDO VINDEL Y MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, manifestándose entre ellos avances y estado de las negociaciones del pago de rescate del señor ELIAS MOURRA y los detalles de una detención que sufrió el señor MARCO AQUINO por parte de personas desconocidas que le hicieron preguntas sobre el secuestro y los posibles hechores. A través de las escuchas telefónicas, las autoridades antisecuestros obtienen información acerca de una reunión que se produciría en una gasolinera salida a Puerto Cortés, donde estarían presentes los involucrados, en fecha 20 de septiembre del 2016, en horas de la tarde, por lo cual se organizó un equipo de reacción, logrando darles detención a los señores PROSPERO OSWALDO PACHECO, RAÚL FAJARDO VINDEL Y KEVIN JOHAN URBINA PAZ, decomisándoles sus aparatos telefónicos que luego confirmaron ser los mismos números interceptados y posteriormente la policía se dirigen a la casa de la Colonia Louisiana donde se procede a la liberación del señor ELIAS DANIEL MOURRA y se da detención al señor ERICK JOSUÉ AMAYA COREA.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Luis Ramón Romero Ochoa, en su condición de defensor privado delo imputado Marco Antonio Prado Aquino, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MOTIVO INVOCADO Infracción por aplicación indebida del artículo 69 del Código Penal en relación con los artículos 33 y 27 numeral 24 PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 360 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal, reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Por lo anterior, a la Sala de lo Penal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de instancia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse a partir de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o aiena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma" ver sentencia 90-2012 de fecha 03-3-2015. Los preceptos penales que citan como infringidos prescriben Artículo 69: "El juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica." Artículo 27: "Son circunstancias agravantes: 1)...2)....3)..4)...5)...6)...24)la violación de deberes especiales que las relaciones de respeto, amistad, gratitud, dependencia u hospitalidad impongan al inculpado respecto del ofendido... Artículo 33: " son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos... Artículo 66: " Al autor de una tentativa y al cómplice de delito consumado se sancionará con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio (1/3). De lo anteriormente descrito consideramos que la pena impuesta a nuestro representado de veinte años seis meses de reclusión está por encima de lo establecido al tenor del artículo 66 del Código Penal, ya que al haber sido declarado culpable en su grado de participación de cómplice, se le debe rebajar un tercio de la pena establecida, y partiendo que la pena mínima a imponer por la comisión del delito de secuestro es de 20 años, haciendo cálculos matemáticos, la pena de reclusión para nuestro representado debería de ser de 13 años 4 meses de reclusión. Lo anterior en virtud que quedó acreditado en juicio mediante la hoja de antecedentes judiciales que mi representado no tiene antecedentes de haber cometido delito o falta alguna. Por lo anteriormente expuesto solicito sea declarado con lugar este motivo de casación. EXPOSICIÓN Del MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: "Adolecer la sentencia proferida de motivación Jurídica Contradictoria". El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El articulo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que establece: "Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Critica. Tal y como lo referimos en el primer motivo del presente recurso, el Artículo 141 del Código Procesal Penal establece que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. De igual forma, El artículo 338, regla cuarta, numeral 3), del Código Procesal Penal, establece: "Las sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes:.CUARTA: .3. Fundamentación Jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas y otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados...", partiendo de esta disposición legal, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a darle respuesta a todas las cuestiones debatidas en el juicio, debiendo motivar su decisión, por ende su fallo debe ser congruente con la acusación, pues al no pronunciarse respecto a una de esas cuestiones estaríamos ante una incongruencia omisiva, que consiste en la ausencia de pronunciamiento, en el fallo de alguna de las cuestiones que constituyeron objeto de debate. De conformidad a lo que prescribe el artículo 141 párrafos segundo y tercero del Código Procesal Penal, las sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; y que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución: y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; todo ello en relación con lo prescrito en los numerales 2 y 3 regla cuarta del artículo 338 de la misma Ley Adjetiva. En el artículo 338 del Código Procesal Penal, se establecen los requisitos de la sentencia; entre ellos lo que consigna la regla cuarta numerales 2 y 3, que establecen: 2) Valoración de la Prueba: Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. 3) Fundamentación jurídica: En párrafos también separados y numerados se consignaran, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubieren tenido para cada uno de los procesados, de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal. En relación a la obligatoriedad que tienen los Jueces de motivar adecuadamente sus fallos y de valorar como corresponde la prueba, es imprescindible para el juzgador, que las conclusiones a las que arribe, sea el fruto racional del coniunto de las pruebas que se hayan incorporado al proceso, sin afectar en cada razonamiento, el principio lógico de razón suficiente o de la derivación, el cual le exige al sentenciador que la prueba en que funde la decisión, solo permita llegar a una única conclusión y no a otra distinta, lo anterior significa que el Juzgador en el momento de fallar y establecer su cuadro fáctico, debe hacerlo de tal forma que su decisión sea concordante su cuadro fáctico con la prueba ejecutada, para sustentar adecuadamente el fundamento de su fallo o sentencia y no en su convencimiento personal, debiendo hacerlo en una forma razonada o motivada aplicando por supuesto las normas que rectoran la Sana Crítica Racional; es decir, su convencimiento debe ser el fruto extraído del conjunto de pruebas aportadas y debatidas en juicio, analizadas en forma armónica, objetiva y cientificamente de conformidad a derecho, sin dejar por fuera o sin dejar de considerar la totalidad de las pruebas allegadas al proceso, dándole el valor que le corresponde a cada medio o elemento, explicando porque un medio de prueba le merece fe y porque a otro le resta credibilidad; estándole prohibido hacer razonamientos a su arbitrio sin apoyarse o sustentarse en la prueba que justifique su decisión. La motivación para ser lógica debe responder a las leyes del entendimiento humano, con la especial característica de ser coherente, es decir constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, debiendo para ello ser congruente, no contradictoria e inequívoca. El vicio que hoy se alega se pone de manifiesto en la sentencia proferida, cuando en los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Juzgador se denota irrespeto a dicho principio de coherencia al no existir congruencia en el contenido de la sentencia que constituye un todo armónico, al haber entrado el juzgador en juicios inconciliables, es decir contradictorios, entre lo relatado en los hechos probados y lo manifestado en los juicios de fundamentación jurídica. El Tribunal en la Fundamentación Jurídica de la sentencia impugnada, en el numeral Quinto, segundo párrafo, establece lo siguiente* En relación con el señor MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, de acuerdo al artículo 33 del código penal resulta ser responsable en este delito de secuestro a titulo de COMPLICE SIMPLE, pues colaboró con actos simultáneos al hecho proporcionando información de la víctima y su familia a los demás acusados, familia del ofendido a quienes conocía muy bien, información que les sirvió para la ejecución del hecho como ser las finanzas exactas de las cuentas bancarias del ofendido, el precio de los aviones que tenia la familia, asi como la información el lugar donde estaban los padres del ofendido mientras se daba el hecho manteniéndolos informados de todos los movimientos de la familia que se enteraba sin embargo esta información no resultó ser tan fundamental pues haciendo la operación de supresión hipotética este Tribunal llega a la conclusión que igual se hubiese realizado pues alguno de los acusados ya conocían a la víctima, y ese aporte no forma parte de los elementos de ejecución, además que conocían de manera general que la familia Moura tenía buena capacidad económica al ser los dueños de una escuela de Aviación" Con solo la lectura simple de esta fundamentación jurídica de la sentencia, se aprecia la enorme contradicción que se da en la misma, pues primero dice el Tribunal que mi defendido es responsable del delito de secuestro a titulo de COMPLICE SIMPLE, pues éste colaboró dando información a los acusados, ya que conocía muy bien a la familia de la víctima, pero no dice que esa suposición subjetiva de que "conocía muy bien" de donde la sacaron, pues no existe elemento de prueba evacuado en el juicio que así lo establezca; y luego dentro de la misma fundamentación y a renglón seguido, el mismo Tribunal dice" que esa información no resultó ser tan fundamental, pues la misma podía haber sido hecha por cualquiera de los acusados que ya conocían a la víctima, dándose por lo tanto una enorme contradicción dentro de la fundamentación de la sentencia, que tiene como efecto la anulación del fallo condenatorio en contra de mi defendido. En lo que respecta a la motivación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido: "Que en el ámbito del Derecho Procesal la motivación puede ser definida como: "la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión. Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de «racionalización» de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (extema) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos circulos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. Una motivación lógica de la sentencia debe responder entre otras características a las que demanda la coherencia, de ahí que la motivación deberá estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, y para ello deberá ser a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas, b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contradictorios que se anulen entre sí, y c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones respectivas[1] lo resaltado es nuestro De lo antes expresado, es evidente que el sentenciador ha incurrido en el vicio in procedendo que se alega, por lo que el presente motivo del recurso de casación debe ser declarado admisible. Es evidente que el Tribunal sentenciador a olvidado que: "las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas (condenatoria y absolutoria) que le han presentado las partes[2]» Hacemos la aclaración que no habíamos hecho el reclamo previo porqué él mismo se da en la redacción de la sentencia.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Considera esta Sala de lo Penal, que la respuesta a cada recurso planteado por los recurrentes, debe de realizarse en consideración a su naturaleza y principalmente en razón de su incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Es por ello que el orden de respuesta a los recurrentes, haciendo pronunciamiento de cada recurso, será en el siguiente orden: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada del acusado Marco Antonio Prado Aquino. Único Motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 141, 338 regla cuarta, numeral 3) del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica contradictoria; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad en virtud que el vicio está contenido en la sentencia definitiva;; Pretensión: Declarar admisible el recurso. Denuncia el recurrente, que el vicio que hoy se alega, pone de manifiesto en la sentencia proferida, cuando en los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Juzgador se denota irrespeto a dicho principio de coherencia al no existir congruencia en el contenido de la sentencia que constituye un todo armónico, al haber entrado el juzgador en juicios inconciliables, es decir contradictorios, entre lo relatado en los hechos probados y lo manifestado en los juicios de fundamentación jurídica; continuó en su relato recursivo, que el Tribunal en la Fundamentación Jurídica de la sentencia impugnada, en el numeral Quinto, segundo párrafo, establece lo siguiente: En relación con el señor MARCO ANTONIO PRADO AQUINO, de acuerdo al artículo 33 del código penal resulta ser responsable en este delito de secuestro a título de COMPLICE SIMPLE, pues colaboró con actos simultáneos al hecho proporcionando información de la víctima y su familia a los demás acusados, familia del ofendido a quienes conocía muy bien, información que les sirvió para la ejecución del hecho como ser las finanzas exactas de las cuentas bancarias del ofendido, el precio de los aviones que tenía la familia, así como la información del lugar donde estaban los padres del ofendido, mientras se daba el hecho manteniéndolos informados de todos los movimientos de la familia De la motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir qué es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la sana critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (la motivación legítima y respetuosa de la sana crítica está asociado con el motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de motivación fáctica o jurídica: acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación fáctica o jurídica insuficiente: se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Artículo 2-D del Código Penal). De la procedencia del recurso. El Recurso es de recibo. La motivación sobre hechos (fáctica) supone la parte esencial de la exigencia motivadora, en tanto es aquella por la que se conoce el proceso de convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, en el sentido de la participación o no en el hecho delictivo imputado, la que justifica el ejercicio de la jurisdicción. Esta función solo puede realizarla el órgano jurisdiccional que ha percibido la prueba con la derivada practica de esta. El incumplimiento de dicho deber o su cumplimiento defectuoso, ya no solo puede suponer un defecto o vicio interno de la resolución que compromete su validez, sino que constituye una lesión directa al derecho a la tutela judicial efectiva que puede arrastrar como consecuencia la nulidad de la sentencia. La motivación actúa para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también, como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; más no obliga a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes pueden tener en la cuestión que se decide. La Sala de lo Penal ha hecho estudio de la sentencia que ahora se impugna, concluyendo que la misma no fue construida en respeto de los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal; el Tribunal de Sentencia ha elaborado una motivación fáctica contradictoria que no permite conocer el proceso racional y analítico del que hizo mano el sentenciador para concluir en el quantum de pena del señor Marco Antonio Prado Aquino. Basta remitirse a la fundamentación jurídica de la sentencia, para comprobar que el sentenciador no expreso motivadamente las razones de hecho que lo llevaron a concluir la pena impuesta de 20 años con seis meses a razón de una sentencia condenatoria por el delito de Secuestro en su grado de participación de cómplice simple; y, lo expresado ha resultado contradictorio al hacer el contraste entre la participación del hecho con el quantum de pena a imponer. Por todo lo anteriormente expuesto, el motivo resulta ser de recibo. Siendo ser de recibo el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo y a efecto de mantener la coherencia en el pronunciamiento judicial de esta Única Instancia, resulta no oportuno hacer un análisis en cuanto a la denuncia hecha por el resto de motivos por el Recurso de Casación por Infracción de Ley. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Luis Ramón Romero Ochoa, actuando en su condición de defensor privado del encausado Marco Antonio Prado Aquino. Segundo: Casa Parcialmente la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Marco Antonio Prado Aquino, como autor responsable penalmente del delito de secuestro en su grado de participación de cómplice simple, en perjuicio de Luis Daniel Mourra Luna; decretando parcialmente su nulidad y de la audiencia de debate que le origina de fecha siete de enero del año dos mil diecinueve; asimismo de la audiencia de determinación de pena de fecha quince de mayo del año dos mil diecinueve; únicamente en relación al imputado Marco Antonio Prado Aquino, por el delito de secuestro en su grado de participación de cómplice simple. Tercero: Ante lo dispuesto en apartado anterior, Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos primero, segundo, tercero, cuarto, parcialmente los apartados sexto y séptimo con excepción del acusado Marco Antonio Prado Aquino, octavo y noveno de la parte resolutiva de la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de Marco Antonio Prado Aquino, por el delito de secuestro en perjuicio de Luis Daniel Mourra Luna, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve. Segundo A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. – Firmas y Sello. – Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. – Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-219-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1]Sentencia de diez de junio de 2010, recaída en el Recurso de Casación Penal No.259-08.
[2]Sentencia de fecha 16 de mayo del año 2013, recaída en el Recurso de Casación Penal No. SP-240-2011.