Sentencia CP-212-18 — Registro 17362
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados como autores del delito de Asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Ha expresado la Sala de lo Penal que el conocimiento de los Recursos de Casación a resolver queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios (artículo 350 del Código Procesal Penal); como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por este Ad-Quem, porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional; es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad, por el tribunal de casación, conforme el principio iuria novit curia. En el presente caso, el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional resulta ininteligible e imposible de atender en respuesta de fondo, debido a que el recurrente hace varias denuncias en torno a la prueba testifical de cargo y de descargo, cuestiona la labor intelectiva del sentenciador y la posterior resolución de fallo de condena, todas estas denuncias acompañadas de argumentos propios de instancia en donde atribuye un subjetivo y particular valor probatorio a los medios de prueba evacuados en juicio, para luego concluir que no resultan suficientes para acreditar el juicio de culpabilidad en contra de los acusados. La Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, por ejemplo: por carecer el acusado de defensa técnica; por no poder ejercer su derecho de defensa material; por no poder presentar en juicio prueba de descargo o rebatir la prueba de cargo; por no permitírsele recurrir una resolución judicial contraria a sus intereses; por no concedérsele el derecho a la última palabra; entre otros. Entretanto, el debido proceso puede ser infringido en una o varias de sus vertientes: prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; derecho a un juez predeterminado por la ley; derecho a la imparcialidad e independencia del juez; derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; derecho a la igualdad de armas procesales; derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; respeto al principio de presunción de inocencia; posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; derecho a ser oído en un plazo razonable; entre otros. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por el recurrente al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su tesis, labor que no ha sido llevada a cabo en manera alguna en el presente caso, porque la exposición se ve acompañada de apreciaciones propias de instancia y ajenas a sede casacional. Bien ha señalado el Ministerio Público en la contestación del recurso que el impetrante acude a reflexiones muy propias de sus pensamientos que no se relacionan con derechos fundamentales aludidos y se limita a la exposición de su no conformidad con lo resuelto en la sentencia, todo ello impropio de sede casacional. Adicionalmente, el recurrente cuestiona la infracción a dos derechos constitucionales en un mismo escrito, a lo cual la Sala considera que estas denuncias y su desarrollo debió partir desde diferentes motivos casacionales, en donde de manera individual se identifique, explique y compruebe el vicio y su incidencia relevante en el fallo. Lo anterior conlleva a la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación a las reglas de la sana crítica como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación a las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se dedica a exponer alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, ya que se limita a asignar el valor probatorio que a su parecer le corresponde a cada uno de los medios de prueba y posteriormente concluir que el fallo debió ser absolutorio y no condenatorio. Al respecto, es menester de este Tribunal de Casación poner énfasis en que las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de transgresión a las reglas de la sana crítica en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No se tiene duda la Sala de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el tercer motivo decae y debe ser desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes enconflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados José Encarnación Calix y Delvin Ovely Hernández Sauceda, la pena principal de veinte (20) años de reclusión por ser autores responsables penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Ricardo Humberto Figueroa López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193) cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-212-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de fenrero del año dos mil veintitrés (2023), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 212-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó los señores José Encarnación Calix López y Delvin Ovely Hernández Sauceda, como autores del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Ricardo Humberto Figueroa López, a la pena de veinte (20) años de reclusión. Segundo: Condenó los señores José Encarnación Calix López y Delvin Ovely Hernández Sauceda, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil de los señores José Encarnación Calix López y Delvin Ovely Hernández Sauceda. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No se declaró el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada Wendy Lizeth Morales Rodríguez, en su condición de defensora privada de los señores José Encarnación Calix López y Delvin Ovely Hernández Sauceda. Son partes en única instancia: la Abogada Wendy Lizeth Morales Rodríguez, apoderada defensora de Delvin Ovely Hernández Sauceda, como recurrente; los Abogados Marco Antonio Varela Sánchez y Blanca Argentina Gómez Matamoros, apoderados defensores de José Encarnación Calix Lopez, como recurrentes; y Yanory de Jesús Ramos González, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. Hechos Probados de la Instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: El día 10 de agosto del año 2011, entre las 10:00 a 10:15 de la mañana, el señor Ricardo Humberto Figueroa López, se encontraba en el interior del vehículo tipo Pick Up, Marca Toyota, que conducía y que estaba estacionado contiguo al Banco de Occidente, ubicado en el Barrio La Mora de Catacamas, Olancho, cuando se acercó a saludarlo el señor José Encarnación Calix, quien se transportaba en un vehículo Toyota, Pick Up, mismo que iba en compañía de cuatro personas que transportaba en la paila del vehículo que conducía, entre ellos, el señor Delvin Ovely Hernández Sauceda; minutos después, el señor Ricardo Humberto Figueroa López se trasladó al Banco Bancafé, enfrente de un repostería denominada Fresa y Chocolate, ubicada en el mismo Barrio la Mora de Catacamas Olancho, lugar en que también se estacionó y al que también llegó el señor Encarnación Calix, a bordo del mismo vehículo en que se conducía, bajándose de inmediato los cuatro individuos con armas de fuego en mano, entre ellos, el señor Delvin Ovely Hernández, quienes se dirigieron hacia el vehículo del señor Ricardo Humberto Figueroa, a quien, de manera repentina, le dispararon en reiteradas ocasiones, cuando se encontraba en el interior de su vehículo, perdiendo la vida de manera inmediata debido a las heridas producidas por arma de fuego, luego de lo cual, los cuatro individuos que le dispararon volvieron a subir al vehículo conducido por el señor José Encarnación Calix y se fueron huyendo del lugar.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. La parte recurrente, Abogada la Abogada Wendy Lizeth Morales Rodríguez, en su condición de defensora privada de los señores José Encarnación Calix López y Delvin Oveli Hernández Sauceda, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “A.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO: Por violación de los Artículos 82 y 90 de La Constitución de la República de Honduras, en relación a lo que establece el Artículo 14 del Código Procesal Penal, así como a lo que establecen los tratados y convenios internacionales, relativos a dichas garantías. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, en donde se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; EXPLICACION DEL MOTIVO: Bajo este motivo de Casación se alude a la infracción del precepto Constitucional del derecho a la Defensa y al debido proceso, de la Sentencia Definitiva ahora Recurrida en Casación, cuando el Tribunal de Sentencia al dictar la Sentencia Definitiva ahora en casación no hace una correcta valoración de la prueba vertida en la Audiencia de Juicio Oral y Público, al SOBREVALORAR, la prueba de cargo, dándole el valor a Medios de Prueba que carecían de él, sin justificar motivadamente dicha sobrevaloración como lo manda la Ley; sin justificar motivadamente tal desvalorización como lo manda también la Ley; Cuando Infringe Preceptos Legales, sin lógica, sin razón, utilizando solamente criterios personales y no jurídicos.- La Sentencia Condenatoria de fecha dos (02) del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), hoy objeto de Casación, por la abierta violación a las Formalidades, Derechos y Garantías, en donde la Constitución le otorga a todo ciudadano, como lo es el debido proceso (artículo 90 de La Constitución de la República de Honduras) puesto que el Debido Proceso, requiere como mínimo la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, es decir la interrelación de defensa-pruebas-sentencia- recursos, observando que este derecho se vulnera en el juicio público, puesto que se emite Sentencia condenatoria, solamente contando con declaraciones testificales de los testigos protegidos k3, k4 y la declaración del señor José de Jesús Figueroa López los cuales no son testigos en la totalidad de los hechos como se asevera, y que su contenido será descrito en lo sucesivo a través de la explicación del motivo de Casación denominado Quebrantamiento de forma.- de igual manera la no valoración de la prueba de descargo, viene a perjudicar a mis defendidos, dado a que quebranta el Derecho a la Defensa que todo imputado tiene (Artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras) por haber dictado el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, una Sentencia Condenatoria contraria a lo que prescribe el artículo 14. en relación con lo que establecen los artículos 94 y 101, del mismo Código Procesal Penal, es entendido que el Derecho de Defensa es inviolable, lo que conlleva un proceso en el que se enmarquen todas las garantías procesales, mencionando entre otras; El derecho a la igualdad de Armas procesales, que la doctrina describe” como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir que tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio” dicho lo anterior considero que tanto el derecho a la Defensa y el derecho al debido proceso conllevan una intrínseca relación en la que la violación a uno de estos preceptos lo es también para el otro.- Señores Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la SENTENCIA CONDENATORIA emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, restringe, ¡imita y tergiversa, el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la constitución de la república, por cuanto a mis Representados en el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, se les ha limitado y despojado del Derecho que tiene para demostrar sus argumentos en defensa de sus Derechos que las Leyes les Otorgan, en cuanto se refiere a la NO VALORACION O DESVALORIZACION DE LA PRUEBA DE DESCARGO PRESENTADA EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO y a la forma en que se desarrolló el Proceso penal.- Sus Señorías, las Actuaciones del Tribunal de Sentencia Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Sentencia condenatoria de mérito, restringe, limita y tergiversa, el derecho al debido proceso, cuando violenta normas procedimentales señaladas en el código procesal penal, violando entonces, el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales que en todo juicio, deben cumplirse al pie de lo señalado en la norma general (Constitución de la República de Honduras) como en la ley específica (Código Procesal Penal y Código Penal).- En virtud de lo antes relacionado, con todo. respeto ruego, que se declare con lugar el presente Recurso, a fin de que se restituyan las garantías Constitucionales violentadas a mis defendidos, se dicten las resoluciones apegadas a derecho que correspondan, revocando la sentencia condenatoria, emitida por el Tribunal de Sentencia Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y ordenando lo que en derecho corresponde. B.- MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO: En la valoración de la prueba no se observaron las Regias de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se enmarca en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Al decretarse Sentencia Condenatoria en perjuicio de los señores JOSÉ ENCARNACIÓN CALIX LÓPEZ y: DELVIN OVELY HERNÁNDEZ SAUCEDA, en fecha dos (02) del mes Junio del año dos mil diecisiete (2017), dicha Sentencia contiene vicios, en vista que violenta lo que establece el Artículo 202 del Código Procesal Penal, mismo que refiere que las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Critica.- El Órgano Jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica, toda la Prueba Producida”.- En la Normativa de LA SANA CRÍTICA RACIONAL que implementa nuestro Ordenamiento Procesal Penal, en lo que se refiere a la Valoración de la Prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero al contrario, se les exige, que las Conclusiones a las que arriben, sean el fruto razonado de las pruebas, en que se apoyan.- Dentro de esta Normativa, El Juzgador no tiene reglas legales que establezcan El Valor que debe consignársele a cada Prueba, pero esa Libertad tiene Límites, y son: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En a Sana Crítica Racional, El Juzgador logra sus Conclusiones sobre los Hechos de la Causa Instruida, Valorando la Eficacia Convencional de cada Prueba, con Total Libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.- Dentro de las Reglas de La Lógica, a las que debe sujetarse el Juzgador, en la Valoración de la Prueba allegada a su presencia, se encuentran las que exigen los Artículos 202 y 336 Numeral 2°, del Código Procesal Penal vigente, y recalcadas, en el Artículo 338, Regla 4°, Numeral 2°, del mismo Código Procesal Penal (….Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio….) Aparece EL PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE, mismo que refiere... “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Dicho lo anterior, El Tribunal debe estructurar sus Conclusiones de las Pruebas que obren en Juicio, y en la dirección en que éstas apuntan, de tal forma que no pueda establecer su convicción, en un sentido distinto, al que todas ellas se refieren, sobre las circunstancias del hecho, es decir, EL juzgador debe reconstruir conceptualmente los hechos, de la forma en que le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo, vulneraria la característica de la lógica, la que debe reunir la motivación fáctica (de los hechos) o de lo contrario, vulnerando a su vez, el sistema de la sana critica racional, que informa de la valoración de la prueba.- Así mismo, en la Valoración de la Prueba que forma parte de la fundamentación de la Sentencia El Juzgador debe fundamentarse en las normas de la experiencia común, que según la doctrina refiere a que: las. normas de la experiencia común, son las nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto, como verdades indiscutibles, de tal manera, que la Sentencia que razona en contra de esas máximas, contiene un Vicio en su Motivación, que será controlable en Casación, puesto que al ser del Dominio de cualquiera, puede Juzgar con más propiedad la Información que le brinda la Prueba y así poder, representarse mentalmente el acontecimiento Histórico, que pretende reconstruir.- Honorables Jueces, en el caso de mérito, al momento de dictar la Sentencia Condenatoria en perjuicio de los señores JOSÉ ENCARNACIÓN CALIX LÓPEZ y DELVIN OVELY HERNÁNDEZ SAUCEDA, han incurrido en violación a las Reglas de la Sana Crítica por considerar que las Conclusiones a que arribaron los Honorables Jueces del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de que ahora son condenados, son Responsables de cometer el Delito de: ASESINATO, es producto de la Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, por parte de los Jueces de Sentencia, ya que al momento de Valorar La Prueba evacuada, medio de prueba testifical evacuada mediante lectura del señor Secretario del Tribunal, declaraciones que fueron rendidas en etapa preparatoria del proceso, se recibió la declaración testifical de DOS testigos “protegidos” k3 y k4 y la declaración del señor José de Jesús Figueroa López, prueba documental, el reporte de llamadas entrantes y salientes corren a (folio 169 al 171), acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios, álbum fotográfico de folio 40 al 45, levantamiento 022-2011 CAT-GR, siendo todo el legajo probatorio de cargo, le dan el valor de ser útiles para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, y es congruente la declaración de los testigos, VALOR QUE NO LO TIENEN, lo que en tal sentido afecto su ánimo interior, a tal extremo, que los hizo incurrir en el vicio denunciado, ya que mencionan en sus Motivaciones Valorativas, que esas Declaraciones vertidas por los testigos, medio de prueba testifical evacuada mediante lectura del señor Secretario del Tribunal, declaraciones que fueron rendidas en etapa preparatoria del proceso, fueron congruentes en sus decires, CUANDO EN REALIDAD CARECIERON DE VERACIDAD EN SUS DECLARACIONES, pues definitivamente que son CONTRADICTORIAS, E INCONGRUENTES, ya que no es cierto como así lo aseguran que estuvieron presentes todos estos testigos protegidos en los momentos que se realizaron los hechos, mismos que si han sido aceptados por el tribunal, que así fue, aun así. Los Jueces de Sentencia, les confieren Valor Probatorio, dicen por ser Creíbles y Congruentes, por no ser Contradictorias- En tal sentido, ÉSTE RAZONAMIENTO JUDICIAL ES ATENTATORIO CONTRA LA REGLA DE LA LÓGICA DE NO CONTRADICCIÓN, contemplada la Lógica corno una Regla de la Sana Crítica, que se subsume como Vicio de la Sentencia, cuando la Regla es inobservada por los Jueces de Sentencia, al momento de Pronunciar su Fallo Judicial, tal como a continuación lo explico: El Vicio acontece en la Sentencia Recurrida en la Valoración de la Prueba, específicamente en las Dos declaraciones de los testigos protegidos k3 y k4 y la declaración del señor José de Jesús Figueroa López, medios de prueba testifical evacuada mediante lectura del señor Secretario del Tribunal, declaraciones que fueron rendidas en etapa preparatoria del proceso, bien pues a criterio del Honorable Tribunal esta prueba, SON COINCIDENTES, CREIBLES Y CONSTATABLES CON LOS DEMAS MEDIOS DE PRUEBA, no obstante en dichas declaraciones existe una serie de Contradicciones, en cuanto a ciertos hechos: el testigo el señor José de Jesús Figueroa López. Declaración rendida en etapa preparatoria del proceso y evacuada mediante lectura del señor secretario del Tribunal agregado a folio 25. Quien declaro sucedieron cosas entre la familia Calix y Figueroa, al inicio dos muchachos andaban tomando juntos y un día un pariente mato a uno de ellos, al tiempo de haber sucedido, un finado de ese señor mato a un niño pariente de nosotros en venganza, transcurrió el tiempo el 16 de marzo del 2011, no sé perfectamente cómo empezó la discordia entre las familiares y la familia Calix mato a un tío y un primo mío de allí comenzó esa guerra entre dos familias, incluso nosotros buscamos hacer la paz con ellos estuvo un comisario y las iglesia, pero solo fue para engañarnos a nosotros, ellos deshicieron las cosas, nosotros caminábamos con zozobra, el 10 de agosto del 2011 estaba en mi casa cuando recibí una llamada de mi hermano Ricardo Alberto y me dijo hermano fíjate qué estoy preocupado, estoy frente al banco de occidente y paso Chon Calix con 4 hombres armados en la paila parado a la par mía y me saludo y me pregunto por vos, le dije que estabas en la casa- como a los diez (10) minutos le volví a hablar, me dijo no te preocupes estoy frente a Bancafé, de allí me dijo perate, ya te llamo, ya te llamo, que allí viene Chon Calix, como a los ocho (8) minutos me había llamado que lo habían matado, me dijo que andaba en la paila Delvin Oveli, Félix Santos, otro cipote y chico de nelda, el otro no sé, andaban todos armados, de ahí para acá nosotros nos fuimos de allí, ellos nos robaron toda la cosecha del café, se robaron todo, la cosecha de todos, ellos destruyeron las casas, veintitrés (23) viviendas destruidas con almágana, se llevaron cuatrimotos, ellos no solo a nuestra familia le han hecho daño, sino a toda la comunidad, si usted tenía ganado ellos lo llegaban y lo agarraban; y el testigo protegido k3, declaración rendida en la etapa preparatoria del proceso y evacuada mediante lectura del señor secretario del tribunal, agregado a folio 25/v. Quien declaro ese día yo estaba haciendo diligencias en Catacamas a unos diez (10) o doce (12) pasos de allí y yo mire cuando paso don Encarnación Calix con cuatro (04) hombres atrás de su carro, uno de ellos no los reconocí, los otros eran Delvin y Félix y el otro es Chico de Nelda, mire cuando ellos iban agachados y se levantaron a dispararle al señor, de allí se subieron al carro 2.8 blanco, cabina sencilla, el que manejaba era Chon Calix y los otros en la paila, cuando dispararon y se fueron me dio temor ir, porque. ahí en el carro estaba Quique y una niña, fui a ver hasta que estaba bastante gente rodeando al señor; Testigo protegido K4, Declaración rendida en etapa preparatoria del proceso y evacuada mediante lectura del señor Secretario del Tribunal, agregado a folio 26.- Quien declaro: yo iba pasando por la acera de Banco de Occidente y veo que el carro de Quique estaba ahí y paso Don Chon, lo saludo, iba Delvin, Chico de Nelda, Felito Santos y el que conducía el carro era Don Chon, camine despacio a la otra cuadra a una tienda mire que el carro de Don Quique estaba parado y el carro Don Chon iba despacio, se estaciono, los muchachos venían de pie agachados, disparan con armas larga y luego se van rendida siendo todo lo manifestado anteriormente por dichos testigos totalmente incongruente, contradictorio y falso, ya que el mismo tribunal en la valoración de la prueba testifical que los hechos en los cuales resulto la muerte del ahora occiso se desarrollaron en dos momentos primero en la parte externa esta don Quique en el Banco de Occidente y el segundo momento en el Bancafé específicamente enfrente de la repostería, barrio la mora de Catacamas Olancho y siendo estos dos momentos en lugares distintos o calles distintas entre las cuales no existe la más mínima posibilidad de visión de ambos escenarios a la vez, a menos que igualmente se le de persecución a los señores tanto Don Chon y Don Quique, ya que ellos se transportaban en vehículo, para poder observar el segundo momento de los hechos donde todos los testigos protegidos aducen haber visto como le disparan uno dice que el carro de Don Quique está estacionado en Banco de Occidente y el Carro de Don Chon va en marcha, es imposible que el occiso estuviera en dos lugares a la vez, oh que llegara primero a Bancafé, también da una descripción del arma.- dice que el carro de don Quique está estacionado y ellos agachados, siendo lo anterior totalmente falso ya que en ningún momento manifestaron tanto el testigo protegido K3 y K4, pero si asegura haber visto el carro de Don Quique con una niña si Don Quique está dentro del vehículo.... Y describe con tal claridad la descripción del vehículo y el color y quien lo conducía este testigo no dice haberse movilizado del lugar donde se encontraba a momento que ocurre el hecho o haberle dado persecución a los participantes, me refiero a la declaración del testigo K3, cosa que sería imposible; por lo cual está más que clara la preparación de los mismos en los argumentos y hechos que tenían que declarar en juicio.- por lo que es mi criterio que entre estos testigos efectivamente existe un sin número de contradicciones en contraposición de lo que apreciaron los señores jueces.-cabe señalar que el Tribunal considera que además de la prueba testifical, resultando ser falso dado a que las demás pruebas evacuadas en la audiencia no respaldan estas declaraciones, vemos que la doctrina se refiere en relación a los medios de prueba, “Será necesario además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria” ante tal situación puedo asegurar que el Honorable Tribunal de Enjuiciamiento no tomo en cuenta la valoración en su conjunto ni de manera armónica, toda la prueba vertida en juicio, pues considero que tal resolución se enfoca en el desconocimiento de los medios de prueba probatorios, ya que de acuerdo a la experiencia y la lógica, se encuentra que los testigos han realizado una derivación mental de los hechos conocidos y desconocidos, que subjetivamente los llevan a concluir que estos imputados son responsable de este hecho.- Para los efectos de este motivo cito como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, por considerar que el Honorable Tribunal de Enjuiciamiento no llevo a cabo el desahogo ni la valoración de la prueba Testifical presentada por parte de Ministerio Publico, quien es el que hace el ofrecimiento de la prueba al Honorable Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y este la Admite, el Honorable Tribunal de Enjuiciamiento NO desarrollo el desahogo de la prueba testifical, no se dio el interrogatorio ni él contra interrogatorio, ya que estos van hablar de un hecho que conocen a través de sus sentidos un documento como tal no puede ser admitido como una simple lectura por el señor Secretario del Tribunal, el Órgano Juzgador no considero la vía correcta para tomar tal declaración, es citar a la persona como testigo o perito, que lo elaboró, recolecto, para que nos hable en torno al documento como tal, es allí donde viene la posibilidad de contradicción de un documento, el interrogatorio y contrainterrogatorio que formula la persona que trajo el documento. que lo elaboró ese documento, que tiene conocimiento sobre ese documento, es Justo como se debió llevarse ese documento al Honorable Tribunal de Enjuiciamiento este a su vez escuchara al testigo respecto al documento, al perito respecto a la material acreditando sobre la misma la prueba testimonial — pericial es la base del Juicio, la prueba documental es la que refuerza la prueba testimonial en el juicio o la audiencia del juicio, en conclusión el desahogo de la prueba se trata de algo en particular personas hablando, personas explicando al Honorable Tribunal de Enjuiciamiento lo que saben al caso concreto, es a través de esas personas que hablan del caso concreto, las podemos reforzar con la prueba documental y con la prueba material. Asimismo, cabe mencionar en cuanto a la valoración conjunta de medios de Prueba 1.1 al 1.4, manifiesto el Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, considera que la declaración del testigo K4, es creíble, coherente y preciso, quedando establecido toda la dinámica en relación a las circunstancias de cómo sucedieron los hechos sometidos a juicio; pues el mismo nos ubica en los dos escenarios, no debiéndosele dar valor probatorio a dicha prueba pericial por los motivos siguientes: en primer lugar siendo lo anterior incorrecto y viciado dicha pericia desde ese punto solo se puede comprobar con exactitud el lugar donde se encontraba el occiso; basadas en el álbum fotográfico a folio 40 al 45 además, y las declaraciones de los testigos José de Jesús Figueroa López, testigo protegido K3 y K4, fue evacuada mediante lectura por el señor Secretario del Tribunal, no llevo a cabo el desahogo ni ¡a valoración de la prueba Testifical presentada por parte de Ministerio Publico, ya que se le dio total valoración y credibilidad a una lectura por parte de señor Secretario del Tribunal. Igualmente dicha conclusión se dan partiendo de tas declaración de los testigos.- En el momento que el testigo José de Jesús Figueroa López, tiene comunicación con su hermano él Honorable Tribunal de Enjuiciamiento dice que son congruente y que perfectamente se armonizan con el reporte de llamadas, remitido por la compañía Tigo en su reporte que corre en folio 169 al 171 en lo relacionado a quien y donde fueron comprados los aparatos telefónicos, informan que no hay registro, que ese día 10 de agosto de 2011 hay llamadas al número telefónico 9991-0500, el testigo y el occiso eran hermanos, es común que tenga llamadas a su número de teléfono, donde este dice no saberse el número telefónico de su hermano, NO hay veracidad ya que no consta como medio de prueba el audio de ese llamada para valorarla como una prueba documental, ni a quién pertenece ese número telefónico. En el acta de levantamiento cadavérico a folio 34 en relación Requisa de la escena de crimen.... Dicen los peritos que se requiso la escena del crimen y no se encontró ningún indicio. no se ubican a mis representados en la escena de crimen en base al reporte del Agente de investigación. En cuanto a la valoración conjunta medio de prueba numerales 2.1 al 2.3, el Honorable Tribunal de Enjuiciamiento en relación al levantamiento 022-2011CAT-GR (folio 21 al 23) manera de muerte homicida y que fue de manera frontal que se dio el ataque, No hay la armonización entre la narración los testigos protegidos K3 y K4, ni se enlazan con relación al álbum fotográfico. Sus Señorías, al iniciar nuestra explicación de la Invocación del Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, señalé como bien se sabe, la Violación de la Regla de la Sana Crítica, que corresponde a la Lógica. y que surge del principio de no contradicción, el cual, se sustenta en la fórmula, de que una cosa no puede entenderse en dos o más dimensiones al mismo tiempo.- Visto de otra manera, si se afirma una cosa o sujeto o hecho, en atención a una misma situación o relación o circunstancia en que se producen tales hechos, no puede hablarse de premisas jurídicas, unas objetivas, y otras subjetivas al mismo tiempo, o hacer deducciones probables, deducciones de hechos indicados como conocidos o desconocidos, peor aún, cuando estas, no provienen de los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia, sino que provienen de los testigos, como lo aseguran los jueces sentenciadores, atribuyendo a probabilidades sobre criterios desconocidos, la sentencia condenatoria dictada por los miembros de este tribunal sentenciador, a lo dicho por los testigos de cargo, y atribuibles a su conocimiento subjetivo de lo conocido y lo desconocido, de los hechos que son causa del juicio criminoso Dicho de otra manera, en el análisis por parte de los Jueces Sentenciadores, con respecto de los sujetos activos, pasivos, circunstancias en que produjeron los Hechos controvertidos en el Juicio Penal, los juzgadores, deben remitirse para dictar sentencia, al fruto de los hechos reales, conocidos, fehacientemente probados, construidos estos, sobre pilares reales y no probables, ya que en Materia Criminal, la Lógica de la Sentencia, ya sea ésta Absolutoria o Condenatoria, como es el caso, debe dictarse, sobre realidades, y no sobre supuestos, porque de encontrarse que la Sentencia está basada en probabilidades, la sentencia definitiva por dictarse, debe fundamentarse en la ley, y en consecuencia, nos remite obligatoriamente a la aplicación de la figura jurídica penal, de la duda razonable, (Artículo 339, parte final, del párrafo primero Código Procesal Penal) y por lo tanto, dicha Norma Penal señala, que ante la duda, el Tribunal debe proceder a dictar sentencia absolutoria, a favor del Imputado.- Dicho lo anterior, tenemos entonces, que el Tribunal de Sentencia en su Fallo Judicial Condenatorio, afirma Dos Juicios Contrarios entre sí, como lo es, cuando afirman: “estas declaraciones de los testigos que comparecieron han logrado coincidir que estuvieron presentes en los dos momentos en que se realizaron los hechos en cuestión el día 10 de agosto del 2011 a eso de las 10:00 am a 10:10 am de la mañana, dándole toda la credibilidad y valoración probatoria a los mismos, por lo que de acuerdo a la experiencia y la lógica, se encuentra que los testigos han realizado una derivación mental de los hechos conocidos y desconocidos, que subjetivamente los llevan a concluir que estos imputados son culpables y que no existe ningún eximente de responsabilidad como lo es la duda razonable absuelve de responsabilidad”.- En el caso de mérito, Señorías, queda claramente establecido que los sentenciadores, le da credibilidad de los hechos acaecidos, a las declaraciones subjetivas de los testigos de cargo, a pesar de estar evidenciado la preparación de los mismos en cuanto a los hechos que declararían en juicio no importando los dos momentos en que estos se realizaron sino en que si vieron y son testigos de la totalidad de los mismos, no por haber llegado a tal convencimiento judicial, sino porque señala en su sentencia, como hechos probados las derivaciones mentales de tales testigos (hechos conocidos y desconocidos que llevan a los testigos de cargo, a considerar la responsabilidad penal de los hechos de mis defendidos, y no al criterio o conclusión jurídica del Sentenciador, este Recurrente es del criterio, que si el Legislador ha establecido el Artículo 338, Regla Cuarta, Numeral 2°, del Código Procesal Penal que dice.. “……… , 2) VALORACION DE LA PRUEBA.- Seguidamente, se expresarán las Pruebas tenidas en Cuenta, para Declarar Probados esos Hechos, Justificando según las Reglas de la Sana Crítica, el Valor que se haya dado a las practicadas en Juicio y, en su caso, el Razonamiento utilizado para obtener Conclusiones Por Presunción, a partir de indicios igualmente declarados”.- Debe interpretarse, que lo ha hecho, para que dentro del principio de legalidad y de tutela judicial efectiva, los Jueces y Magistrados deben formular en esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, los razonamientos que han utilizado, para darle valor a esas pruebas evacuadas en el desarrollo del juicio oral y público; pero además de esa Cualidad, debe ese razonamiento poseer como atributo indispensable, que esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, que lo contenga, no sea contradictoria en sus términos, es decir,, que no anteponga proposiciones, que se contrarían entre sí mismas, imposibles de conciliar en razón, como ya se dijo, del no poder ser conocidas y desconocidas, a un mismo tiempo, como se encuentra Acreditado en la Prueba Testifical de Cargo, Documental, y pericial, todas contenidas en las Pruebas de Cargo presentadas, en el Juicio de Debate. Ahora bien Sus Señorías, la Razón del Derecho nos señala y debemos tener en cuenta, que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emiten los jueces de sentencia, deben de tener una estructura de pensamiento, que controle a través de las leyes de la lógica, es decir, vista a través de la sentencia misma, como un silogismo, que este compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho, que se aplica a ese hecho, y una conclusión a que se llega, como tal, debe tener una estructura de pensamiento. Tal es el caso que hoy nos ocupa Sus Señorías, los Testigos protegidos de Cargo en sus decires, no pueden ser creíbles, ya que según los mismos Sentenciadores, señalan, que Depusieron sobre hechos conocidos y desconocidos, lo que es lo mismo, hechos probables y hechos improbables, cuando el libre convencimiento de los señores Jueces, debe formarse sobre la base de una Prueba conjunta y armónica, pero sustentada sobre realidades y no sobre supuestos.- Sus Señorías, tal Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación que exponen los Jueces del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, constituye en consecuencia, una incoherencia que da vida al vicio de la sentencia ahora recurrida, específicamente a la Regla de la Sana Crítica, de la Ley Fundamental de la Lógica, en su Principio Lógico de No Contradicción. RECLAMACIONES PRESENTADAS PARA SUBSANAR EL VICIOS PROCESAL: El Vicio Procesal que sirve de Fundamento al presente MOTIVO DE CASACION, desarrollado por el Impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora Recurrida, y, por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su Subsanación, ya que no era el momento Procesal indicado, por ello, es que ahora que se Interpone el presente Recurso.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: infracción al derecho de defensa y al debido proceso. Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. Arguye el recurrente la infracción al derecho de defensa y al debido proceso en virtud de que el sentenciador no hace una correcta valoración probatoria, sobrevalora la prueba de cargo dándole valor del que carece, sin justificar motivadamente dicha sobrevaloración. Asimismo, explica que la sentencia solamente cuenta con las declaraciones de los testigos protegidos K3, K4 y de José de Jesús Figueroa, los cuales considera no son testigos de la totalidad de los hechos. Concluye que la sentencia infringe el derecho de defensa porque no valora la prueba de descargo, y el debido proceso cuando violenta las normas procedimentales señaladas en el Código Procesal Penal. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia e un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acude al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal Penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así; éste, por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del Tribunal de Sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Del debido proceso legal La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquella que ha sido inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez o jueza, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero, cómo debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan con una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Ha expresado la Sala de lo Penal que el conocimiento de los Recursos de Casación a resolver queda definido a los puntos de decisión que el recurrente fija como agravios (artículo 350 del Código Procesal Penal); como consecuencia, los defectos de interposición no pueden ser remediados por este Ad-Quem, porque ello le está impedido por su propia competencia excepcional; es importante asentar que tal rigor se refiere solo a la claridad y precisión de los motivos que sirven de medio para la denuncia del vicio y no a las formas posibles en que tal vicio puede ser corregido, pues ello puede ser apreciado a libertad, por el tribunal de casación, conforme el principio iuria novit curia. En el presente caso, el presente recurso de casación por infracción de precepto constitucional resulta ininteligible e imposible de atender en respuesta de fondo, debido a que el recurrente hace varias denuncias en torno a la prueba testifical de cargo y de descargo, cuestiona la labor intelectiva del sentenciador y la posterior resolución de fallo de condena, todas estas denuncias acompañadas de argumentos propios de instancia en donde atribuye un subjetivo y particular valor probatorio a los medios de prueba evacuados en juicio, para luego concluir que no resultan suficientes para acreditar el juicio de culpabilidad en contra de los acusados. La Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que el derecho de defensa puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, por ejemplo: por carecer el acusado de defensa técnica; por no poder ejercer su derecho de defensa material; por no poder presentar en juicio prueba de descargo o rebatir la prueba de cargo; por no permitírsele recurrir una resolución judicial contraria a sus intereses; por no concedérsele el derecho a la última palabra; entre otros. Entretanto, el debido proceso puede ser infringido en una o varias de sus vertientes: prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; derecho a un juez predeterminado por la ley; derecho a la imparcialidad e independencia del juez; derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; derecho a la igualdad de armas procesales; derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; respeto al principio de presunción de inocencia; posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; derecho a ser oído en un plazo razonable; entre otros. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por el recurrente al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su tesis, labor que no ha sido llevada a cabo en manera alguna en el presente caso, porque la exposición se ve acompañada de apreciaciones propias de instancia y ajenas a sede casacional. Bien ha señalado el Ministerio Público en la contestación del recurso que el impetrante acude a reflexiones muy propias de sus pensamientos que no se relacionan con derechos fundamentales aludidos y se limita a la exposición de su no conformidad con lo resuelto en la sentencia, todo ello impropio de sede casacional. Adicionalmente, el recurrente cuestiona la infracción a dos derechos constitucionales en un mismo escrito, a lo cual la Sala considera que estas denuncias y su desarrollo debió partir desde diferentes motivos casacionales, en donde de manera individual se identifique, explique y compruebe el vicio y su incidencia relevante en el fallo. Lo anterior conlleva a la desestimación del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno procurando sanearlo sin éxito (art. 363 párrafo tercero CPP); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3 Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas de la sana crítica. Reclamaciones previas: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. Pretensión: declarar ha lugar el recurso interpuesto. Quien ahora recurre inicia la exposición de su recurso explicando en qué consisten las reglas de la sana crítica. Seguidamente, arguye que en el caso de mérito se han infringido las reglas de la sana crítica, debido a que el sentenciador al valorar la prueba de cargo le atribuye valor que no lo tiene, las declaraciones testificales carecen de veracidad, son contradictorias e incongruentes y cuando el juez las califica de creíbles, congruentes y no contradictorias, infringe la regla de la lógica de no contradicción, porque la prueba sí es contradictoria. Relaciona las declaraciones testificales de cargo y colige que según su criterio sí son contradictorias y la demás prueba no respalda las declaraciones. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación a las reglas de la sana crítica como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación a las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se dedica a exponer alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, ya que se limita a asignar el valor probatorio que a su parecer le corresponde a cada uno de los medios de prueba y posteriormente concluir que el fallo debió ser absolutorio y no condenatorio. Al respecto, es menester de este Tribunal de Casación poner énfasis en que las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de transgresión a las reglas de la sana crítica en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No se tiene duda la Sala de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el tercer motivo decae y debe ser desestimado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados José Encarnación Calix y Delvin Ovely Hernández Sauceda, la pena principal de veinte (20) años de reclusión por ser autores responsables penalmente de un delito de asesinato, en perjuicio de Ricardo Humberto Figueroa López, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193) cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 31, 32, 68, 70 y 373 del Código Penal 130-2017; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Wendy Lizeth Morales Rodríguez, defensora privada de los acusados José Encarnación Calix López y Delvin Ovely Hernández Sauceda. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Wendy Lizeth Morales Rodríguez, defensora privada de los acusados José Encarnación Calix López y Delvin Ovely Hernández Sauceda. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada a los acusados José Encarnación Calix López y Delvin Ovely Hernández Sauceda. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. - Firma y Sello. – Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrado - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-212-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España. pág. 141.