Sentencia CP-204-18 — Registro 17563
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados como autores del delito de Asociación Ilícita, como autores del delito de Tenencia de Droga para Consumo Personal, uno de los imputados como autor del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual y concreto, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva al desarrollar un escrito que no obedece a ningún tipo de recurso, ni a quebrantamiento de forma por inobservancia de las reglas de la sana crítica, ni a infracción de ley por aplicación indebida. Sus argumentos ni siquiera deambulan entre un tipo de recurso u otro, sino que se limitan a meras apreciaciones subjetivas en las cuales considera la ilicitud de la prueba de cargo y su insuficiencia para sostener el juicio de culpabilidad. En este sentido, tiene razón la parte recurrida al argüir que el escrito del recurso es una mezcla de varios alegatos propios de instancia, que no permiten la elaboración de un pronunciamiento de fondo sobre algunas de las causales que argumenta, obedecen a reflexiones propias de su pensamiento que evitan hacer un contraste o examen de juricidad de la base fáctica de la sentencia. Por lo anterior, el motivo no es de recibo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Carlos Alberto García, la pena principal de trece (13) años y cuatro (4) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de asociación ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; y, la pena de seis (6) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00), por ser autor penalmente responsable de un delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada de ambos delitos. La primera conducta reprochada al acusado está prevista en el artículo 554 del Código Penal 130-2017, como delito de asociación para delinquir, cuya pena es de seis (6) a diez (10) años de prisión más una multa de cien (100) a quinientos (500) días, para quienes se encuentren en calidad de miembro como en el presente caso. Asimismo, la segunda conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando concurra algunas de las agravantes del artículo 312. En el caso presente, no es procedente la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, en virtud que en instancia el acusado fue condenado a una pena acumulada de 19 años y 4 meses de reclusión, más una multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00); en instancia casacional, al hacer el análisis de ponderación, se verifica la aplicación de dos agravantes respecto al delito de tráfico ilícito de drogas (artículo 312 numerales 3 y 8), lo que nos da un margen abstracto para este delito de 15 a 20 años de prisión, a lo cual se suma el margen abstracto de 6 a 10 años de prisión por el delito de Asociación Para Delinquir contemplado en el artículo 554 del Código Penal 130-2017. Ergo, el margen abstracto acumulado para ambos delitos es de 21 a 30 años de prisión, más una multa de 100 a 500 días, el cual es superior a la pena concreta impuesta en instancia..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-204-2018, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 204-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Carlos Alberto García García, Melvin Noel Granados Escoto, Nery Rolando Ávila, Nohe Corea y Laura Lila Aguilera Moncada, como autores del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión. Segundo: Condenó al señor Carlos Alberto García García, como autor del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras a la pena de seis años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República. Tercero: Condenó a los señores Melvin Noel Granados Escoto, Nery Rolando Ávila y Nohe Corea, como autores del delito de Tenencia de Droga para Consumo Personal, en perjuicio de su Propia Salud a la pena de treinta días de Internamiento en el Centro de Rehabilitación que designe el Juez de Ejecución y una multa de quinientos lempiras. Cuarto: Condenó a los señores Carlos Alberto García García, Melvin Noel Granados Escoto, Nery Rolando Ávila, Nohe Corea y Laura Lila Aguilera Moncada a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Quinto: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Carlos Alberto García García, Melvin Noel Granados Escoto, Nery Rolando Ávila, Nohe Corea y Laura Lila Aguilera Moncada. Sexto: Se ordenó la destrucción de 73.29 gramos de marihuana encontrados al acusado Carlos Alberto García; 3,37 gramos de cocaína clorhidrato que llevaba el acusado Nohe Corea; 3.54 gramos de cocaína clorhidrato que llevaba el acusado Melvin Noel Granados; 3.90 gramos de cocaína clorhidrato decomisados a la acusada Laura Lila Aguilera Moncada y 66.2 gramos de marihuana encontrados en el vehículo Marca Honda modelo Civic motor d17a25428121, los cuales se encuentran en el Almacén de evidencias del Ministerio Público. Séptimo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Octavo: Absolvió al señor Melvin Noel Granados Escoto, del delito de Portación Ilegal de Uniforme de Uso Exclusivo de la Policía, en perjuicio de La Fe Pública. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Carlos Iván Ordóñez Rodríguez, en su condición de defensor privado de Melvin Noel Granados Escoto, Noé Corea, Carlos Alberto García, Nery Rolando Ávila y Laura Lila Aguilera Moncada. Son partes en única instancia: Los Abogados Abraham Moisés Meza Rivera y Darlan Obed Valladares García, como recurrentes; y, la Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este tribunal de sentencia declara probados, de manera expresa y terminante, el siguiente hecho: PRIMERO: Los señores CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCIA,LAURA LILA AGUILERA MONCADA, MELVIN NOEL GRANADOS ESCOTO, NERY ROLANDO AVILA y NOHE COREA, formaban parte del grupo conocido como "banda de Carlos Tajada", cuya forma de operar era ingresar en instituciones bancarias para observar a las personas que retiraban fuertes cantidades de dinero, les daban seguimiento cuando estas salían y después de interceptarlas las despojaban del dinero, usando para ello dos vehículos, uno marca Honda Civic sin placas, el cual tenía cola de pato y otro tipo pick up marca Dodge RAM, como también armas de fuego y uniformes similares a los de la policía, lo que generalmente hacían en los bancos ubicados en el bulevar Centroamérica y en el bulevar Morazán de la ciudad de Tegucigalpa. SEGUNDO: El día diecisiete de noviembre de dos mil catorce, agentes de investigación recibieron información que una banda armada iba a despojar de una fuerte cantidad de dinero a una persona que realizaría un retiro en el Centro Comercial Metromall; por lo que aproximadamente a las tres de la tarde llegaron al lugar equipos conformados por varios investigadores acompañados del informante, quien les indicó que cerca de la entrada al centro financiero se encontraba estacionado el vehículo tipo pick up marca Dodge RAM color verde placa número PAG 4498. Dicho vehículo era conducido por CARLOS ALBERTO GARCIA quien se encontraba acompañado de la señora LAURA LILA AGUILERA MONCADA, ambos habían ingresado a la sucursal de Banco Atlántida, con el propósito de observar la clase retiros que hacían los clientes, pero al ser avisados sobre la presencia policial regresaron al vehículo. Cuando estaban dentro, los agentes de policía se les acercaron y procedieron a requerirlos y realizar un registro a la señora LAURA LILA AGUILERA MONCADA quien tenía en su cartera ocho envoltorios de plástico transparente conteniendo cocaína clorhidrato con un peso total de tres coma cuarenta y ocho gramos (3,48 g) además de un teléfono celular marca BLUE, asimismo le practicaron un registro al señor CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA quien llevaba en el lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo pistola; y debajo del asiento del conductor donde se encontraba, llevaba veintiséis envoltorios de papel periódico conteniendo marihuana con un peso total de setenta y tres coma dos gramos (73,2 g) con el propósito traspasarlos a terceras personas. TERCERO: En otro lado del estacionamiento del centro comercial en dirección a la salida que conduce a la Cervecería se encontraba estacionado y apagado el vehículo marca Honda, modelo Civic color plateado sin placas, en cuyo interior se encontraban MELVIN NOEL GRANADOS ESCOTO, NERY ROLANDO AVILA y NOHE COREA, esperando la información que les iba a dar Carlos Garcia sobre la persona a quien le iban a dar seguimiento al salir del banco. Dicho vehículo era conducido por el señor MELVIN NOEL GRANADOS ESCOTO, quien en el lado derecho de su cintura llevaba un arma de fuego tipo pistola semiautomática marca Girsan modelo Yavuz 16 compact, calibre 9mm serie T6368-11 B00118 cargada con 10 cartuchos, asimismo un teléfono celular marca Samsung color blanco y un teléfono celular marca L.G color negro; dentro del bolsillo izquierdo del pantalón tenía siete envoltorios plásticos conteniendo cocaína clorhidrato con un peso total de tres punto cincuenta y cuatro gramos (3,54 g) los cuales tenía destinados a su consumo personal; y en la bolsa de atrás del pantalón tenía un gorro pasamontañas color negro. Debajo el asiento del conductor MELVIN NOEL llevaba veinticuatro envoltorios de papel periódico conteniendo marihuana con un peso total de sesenta y seis coma dos gramos (66,2 g) y en el asiento de atrás del vehículo dos prendas de vestir similares a los uniformes que usan los agentes de la Policía Nacional Preventiva y del Comando de Operaciones Especiales COBRAS. CUARTO: El señor NERY ROLANDO AVILA llevaba en la cintura un arma de fuego tipo revolver; un teléfono marca Samsung color negro con forro negro y morado; en la bolsa delantera del pantalón del lado izquierdo seis envoltorios plásticos transparentes conteniendo cocaína clorhidrato con un peso de tres coma noventa gramos (3,90 q) los cuales tenía destinados para su consumo personal; y en la bolsa de atrás del pantalón llevaba un gorro pasamontañas color negro. QUINTO: El señor NOHE COREA, llevaba en la cintura un arma de fuego tipo pistola marca Girson serie T6368-10 cargada con tres cartuchos y en la bolsa de atrás del lado derecho del pantalón llevaba siete envoltorios plásticos conteniendo cocaína clorhidrato con un peso total de tres punto treinta y siete gramos (3,37 g) los cuales tenía destinados a su consumo personal, en la mano derecha tenía un pasamontañas color negro y en la mano izquierda un teléfono marca AMGOO color rojo.”. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La parte recurrente, el Abogado Carlos Iván Ordóñez Rodríguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION MOTIVO UNICO: por haber incurrido el sentenciador en infracción de Precepto Penal 332, por aplicación indebida de los artículos 198, 200, 202, 209 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE MOTIVOS Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal regla cuarta numeral dos, que establece los requisitos de la sentencia especialmente la valoración de la prueba que literalmente se expresaran las pruebas teniendo en cuenta para declarar probados los hechos justificados, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en el juicio y en su caso al razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a través de indicios, igualmente declarados probados. Se ataca la sentencia dictada por el A—quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica lo llevo a incurrir en un error in indicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto a mis representados la sentencia fundamentada y reglamentada. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en la sala cuarta por unanimidad de votos declaro como hecho probado el siguiente: UNICO: Que el día diecisiete de noviembre del año dos mil catorce agentes de la DPI, recibieron una llamada anónima que en el centro comercial METRO MALL habían unas personas que se conducían en dos vehículos los cuales tenían la intención de secuestrar y posteriormente despojar a una persona de una gran cantidad de dinero que estaba haciendo una transacción Bancaria en uno de los bancos ubicados en el centro financiero de este centro comercial, COMENZANDO CON UNA GRAN MENTIRA POR PARTE DE LOS TESTIOS DE CARGO GLORIA CASCO Y MANUEL AMADOR YA QUE EN ESE CENTRO COMERCIAL LA CANTIDAD MAS ALTA QUE SE PUEDE COBRAR ES DE NOVENTA MIL LEMPIRAS POR SER AGENCIAS BANCARIAS Y NO ESTAN AUTORIZADAS PARA PAGAR FUERTES CANTIDADES DE DINERO, HECHO QUE ES DE CONOCIMIENTO PUBLICO; es por ello que se forman dos equipos y se trasladan hasta este sector de METRO MALL, ya que habían dado las características de los vehículos los cuales consistían en un vehículo tipo pick up color verde y el otro un turismo color gris, ubicados estos vehículos dentro del MALL, uno por el acceso a la cervecería, y el otro estacionado en el parqueo central de este lugar, en el vehículo turismo se encontraba los señores MELVIN NOE GRANADOS, NERY ROLANDO AVILA Y NOE COREA, así mismo en el vehículo tipo pick up se encontraban los señores CARLOS ALBERTO GARCIA junto con su señora LAURA LILA AGUILERA; estas personas fueron requeridas en virtud de que eran los vehículos que les habían señalado en la llamada anónima y que les habían dicho que estas personas iban a cometer este hecho pertenecían a una banda conocida como la banda de CARLOS TAJADA, ya que vienen operando de la misma forma y que venían siendo investigados de años anteriores, ya que según ellos CARLOS GARCIA lo ponían como cabecilla de la organización y junto con LAURA LILA AGUILERA, ingresaban a las instituciones bancarias a observar a las personas que retiraban fuertes cantidades de dinero e identificaban a las posibles víctimas e identificar las características de los vehículos donde se conducían para que los otros miembros de la banda les dieran seguimiento y que posteriormente los interceptaran y los despojaran de las cantidades de dinero, MIS REPRESENTADOS FUERON DETENIDOS EN ESTE CENTRO COMERCIAL Y TRASLADADOS POLICIA NACIONAL SIN PRACTICARLES EL REGISTRO PERSONAL EN EL LUGAR DONDE LOS DETUVIERON, YA QUE ELLOS FUERON MONTADOS EN VEHICULOS DE LA POLICIA Y PUESTOS EN CELDAS, VIOLENTANDO DEBIDO PROCESO, LOS VEHICULOS NO FUERON REGISTRADOS EN EL LUGAR DE DETENCION VIOLENTANDO LA NORMA LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 209 DEL CODIGO PROCESAL PENAL YA QUE LOS IMPUTADOS SE ENCONTRABAN EN UN LUGAR PUBLICO POR SER ESTAS PERSONAS SOSPECHOSAS DE COMETER UN ILICITO SIN MAS TRAMITE EL REGISTRO SE TENIA QUE PRACTICAR EN DICHO LUGAR Y CON LA PRESENCIA DE LOS IMPUTADOS; EL TESTIGO DE CARGO MANIFIESTA QUE NO LOS REGISTRARON EN METRO MALL POR SER UN LUGAR PUBLICO Y QUE SE PODIA PERDER LA EVIDENCIA Y NO FUE ASI, SI NO QUE POLICIÄS CONDUCIERON ESTOS VEHICULOS A LA CEDE POLICIAL Y LES PRACTICARON EL REGISTRO SIN LA PRESENCIA DE LOS IMPUTADOS YA QUE ELLOS FUERON TRASLADADOS A OTRO LUGAR DIFERENTE DE DONDE ESTABAN LOS VEHICULOS Y ahí encontraron lo siguiente: a) gorros pasamontañas, b) municiones de alto calibre y NO ASI ARAS DE ALTO CALIBRE c) armas de fuego de uso comercial, ESTAS ARMAS PERTENECIAN A LOS SEÑORES MELVIN NOEL GRANADOS ESCOTOS Y NOHE COREA QUIENES PORTABAN SU PERMISO PARA PORTAR ARMAS Y ESTA CAUSA FUE SOBRESEIDA DEFINITIVAMENTE AQUÍ SE DEMOSTRO COMO VA SER POSIBLE QUE UNA PERSONA VA IR DELINQUIR CON SU ARMA DE FUEGO DEBIDAMENTE REGISTRADA d) curiosamente a todos se les encontró droga YA QUE EL REGISTRO LO REALIZARON DESPUES DE LA DETENCION Y LES PUSIERON LA MISMA CANTIDAD A 4 DE ELLOS Y CARLOS GARCIA LE PONEN 26 ENVOLTORIOS QUE FUERON ENCONTRADOS DEBAJO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO PICK UP COLOR VERDE (PRUEBA ILEGAL) e) un par de placas que no pertenecían a los vehículos, f) aparatos telefónicos DE ESTOS TELEFONOS SE PRACTICO UN VACIADO TELEFONICO LO SORPRENDENTE AQUÍ ES QUE ELLOS FUERON DETENIDOS EL DIA 16 DE NOVIEMBRE A LAS 3:00 PM Y HABIAN LLAMADAS ENTRE AMBOS TELEFONOS DESPUES DE SU DETENCION, AQUÍ QUEDA CLARO QUE LOS AGENTES DE INVESTIGACION MANIPULARON LOS TELEFONOS YA QUE ELLOS LOS TENIAN Y COMO ERA POSIBLE QUE PUDIERAN HABER LLAMADAS LOS DIAS 17 después de su detención, 18, llamadas a las 7:47 am 19, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR LO QUE ESTA PRUEBA CARECE DE EFICACIA PROBATORIA PORQUE SE COMETIERON ACTOS Y HECHOS QUE VULNERAN GARANTIAS PROCESALES DE CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, YA QUE HAY HECHO NOTORIO ENCONTRARSE LLAMADAS ENTRE LOS TELEFONOS DECOMISADOS DESPUES DE SU DETENCION VIOLENTANDOSE AQUÍ LOS ARTICULOS 200, 201, 202 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, ya que con estos actos irregulares no se tuvo que haber admitido esta prueba. ERROR IN INDICANDO POR INTERPRETACION ERRONEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURRI LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El sentenciador incurre sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el erro es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual creemos, QUE POR SUPOSICIONES SUJETIVAS DE COMETER UN DELIT0 QUE CAUSA AGRAVIOS A LA JUSTICIA Y A MIS REPRESENTADOS, YA QUE CON UNA LLAMADA SIN HABER INVESTIGACION ALGUNA POR LA SUPUESTA SUPOSICION DE UNA PERSONA ANONIMA LE DAN CAPTURA A ESTAS PERSONAS Y LES CONDENAN POR ASOCIACION ILICITA Y POR FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE A UNO DE ELLOS SIENDO ESTE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA. Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad... entonces el error consiste en la diferencia entre la presunción y la realidad t verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del profesional 1980, pag.39) Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que de todas maneras es un problema de conocimiento, representación no corresponde objetivo, (ver Jesús Ignacio García Valencia, Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134). Al establecer el A—quo como hecho mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpreto erróneamente la Ley Sustantiva en su artículo 332 cuando deciden declarar culpables a mis representados y los condenan por el delito de PERTENENCIA COMO MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA por existir una supuesto agrupación conocida como la banda CARLOS TAJADA Dolo Directo y la participación a título de integrantes, situación que no logro probar el ente acusador, ya que antes de su detención según declaraciones de los policía s JOSE MANUEL AMADOR SANCHEZ Y GLORIA YANETH CASCO FERNANDEZ ambos manifiestan que al llegar al centro comercial a preguntas de la defensa si conocían los nombres de los imputados antes de su detención manifestaron que no los conocían loso sabían de que CARLOS ESTABA VOLVIENDO HACER HECHOS. Como es posible que se les condene por este delito si no hay un expediente investigativo de estas personas que manifieste quien era el jefe a que se dedicaba esta banda, el domicilio de ellos y lo sorprendente los condenan a todos como integrantes de una banda sin jefe no hay cabecilla. Para ser responsable de la comisión de este delito penal, primero debe cumplir con todo lo establecido en el artículo 332 o LEY ANTI MARAS del código penal, Y EN ESTE CASO QUE NOS OCUPA NO SE DIO NINGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ARTICULO QUE LOS DELITOS QUE SE FUNDAMENTAN PARA SENTENCIARLOS ES LA DROGA Y LAS ARMAS QUE ENCONTRARON EN LOS VEHICULOS DONDE PRACTICARON EL REGISTRO SIN LA PRESENCIA DE LOS IMPUTADOS CLARAMENTE EN LA DECLARACION DE CARLOS GARCIA EXPRESA QUE DOS HORAS DESPUES DE SU DETENCION LOS SACAN DE LAS CELDAS Y LA SORPRESA ES QUE HABIA UNA MESA LLENA DE EVIDENCIAS DE ILICITOD QUE LES FUERON PUESTOS PARA ACREDITAR LA ASOSIACION ILICITA SITUACION POR CUAL NO FIRMO EL ACTA DE REGISTRO YA QUE EL NO ESTABA PRESENTE CUANDO SE PRACTICO EL MISMO. Es necesario tener participación en el mismo, ya sea a título de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa; Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. De esta definición se desprende que el dolo está constituido por dos elementos: A.- ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo.- B.- ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, necesario, además, querer realizarlos.- El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supra indicada páginas 269, 270, 271, 272). Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual o volitivo) tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual. DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad): el autor quería asociarse para delinquir y se asocia, quería hacer un daño y comete un delito, etc. » DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización. El sujeto no quiere el resultado, pero «cuenta con él», «admite su producción», «acepta el riesgo». (Ver ídem Págs. 272 y 273). El párrafo segundo del artículo 13 de nuestro Código Penal establece que: "el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor saber o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan": La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo director mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual. PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, el A—quo interpreto erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo, Autoría y Delito. Esta defensa tal y como queda plasmado que la ley les da la Facultad de REPRESENTAR. DEFENDER Y PROTEGER, los intereses generales de la sociedad al Ministerio Publico, pero nos preguntamos donde queda la objetividad establecida en el artículo 93 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Publico debe practicar pruebas de Cargo como de descargo que puedan favorecer a una persona que se cree puede haber tenido alguna participación en alguna conducta impropia que se pueda tipificar como delito o falta, pero en este caso no es así ya que la acción de la detención de estas personas se produce a través de una llamada anónima, donde un informante les manifiesta que hay unas personas sospechosas de cometer un ilícito en METRO MALL donde un supuesto iba a retirar una fuerte cantidad de dinero y ellos lo van a interceptar, los agentes policiales arman dos equipos y proceden ir a capturarlos DESCONOCIENDO QUIENES POR QUE NO HABIA NIGUNA ACTA DE INVESTIGACION O INFORME SOBRE ESTAS PERSONAS INCLUSO EL SEÑOR NERY ROLANDO AVILA TENIA DIAS DE HABER SIDO DEPORTADO DE ESTADOS UNIDOS; así mismo queda probado con la persona que realizo las inspecciones oculares a los vehículos que él lo hizo solo sin la presencia de los imputados y detalla por cuadrantes las evidencias que encontró. Situación que nos lleva a una PRUEBA ILICITA NADIE NOS PUEDE GARANTIZAR QUE EFECTIVAMENTE SE ENCONTRABAN EN LOS VEHICULOS O FUERON PUESTAS POR LOS AGENTES POLICIALES. Velando por el respeto y cumplimiento de las garantías constitucionales de nuestro estado de Derecho, como habla tratadista FRANCISCO CARRARA en su libro clásicos del Derecho Penal que establece que la SOCIEDAD no es un principio, sino un instrumento indispensable de la Ley eterna. La autoridad no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable para la sociedad. El derecho de punir no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable para la autoridad, cadena de medios indisolubles. Emanaciones todas del principio absoluto y todas convergentes a la armonía universal. Y el tribunal juzgador solo se remite a decir que los imputados fueron autores como miembros de una banda criminal que no existe. De tal manera, el derecho de punir se remonta a dos grandes principios: la justicia absoluta y la defensa de los derechos del hombre. La necesidad de la defensa en el derecho de punir. La justicia determina los límites y la medida del mismo. Porque remontarnos a lo establecido por este tratadista, ya que el Ministerio Publico pierde su dirección dentro del papel que tiene dentro de la sociedad que no es tan solo el de acusar, sino también el de defender y no seguir permitiendo que nuestros jueces sigan cometiendo atroces errores que terminan de hundir más en la impunidad los delitos cometidos por otros pero que para que no queden en estadísticas hay que buscar un culpable sin investigar. El tribunal de sentencia, al valorar los TESTIMONIOS DE LOS agentes de investigación GLORIA YANETH CASCO FERNANDEZ Y JOSE MANUEL AMADOR SANCHEZ que, a criterio de esta defensa, nos da un margen de duda para lograr establecer que los hoy imputados no tuvieron participación alguna en el hecho que se les quiere imputar: por lo cual vuelvo a traer a colación las palabras del tratadista FRANCESCO CARRARA, al decir muy puntualmente con palabras que se describen textualmente. Así, pudo echar amplias raíces el sentimiento de respeto que se debe al ciudadano aunque este acusado de un crimen, y junto con la caridad hacia el infeliz sobre el que pende una acusación creció el respeto a los sagrados derechos de la defensa, cuyas potestades deben de constituirse sobre la base de la igualdad con las potestades de acusación para disminuir lo más que sea posible el peligro de la condena de un inocente en lo cual no solo existe daño privado, sino el grave daño social de la impunidad del culpable. Deben trazarse los límites de los poderes de la acusación, o sea que se induzca engaño a la justicia por exceso de celo o miras ambiciosas. La defensa en la audiencia de debate mantuvo su tesis inicial, la cual sostuvo con prueba que ya estaba contaminada en virtud de la mala investigación que solo con el sustento de declaraciones testifical, y con el vaciado telefónico donde hay cruce de llamadas entre ellos solo el día de su captura y fueron hechas después de que se les dio detención incluso ya estaban en el centro penitenciario y aparecen llamadas en los teléfonos es así; que quieren hacer ver culpables a los señores MELVIN NOE GRANADOS ESCOTO, NOHE COREA, CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, NERY ROLANDO AVILA Y LAURA LILA AGUILERA MONCADA. Al no presentar actas de vigilancia o investigativas de estas personas que se reunían o asociaban para cometer un ilícito lo más grave no sabían ni los nombres de estas personas el agente dice que hace años lo investigaban a CARLOS GARCIA solo porque él tiene un antecedente penal del año 2008. Otro elemento importante de destacar, al momento de su detención, no se les practico el registro personal y registro de los vehículos en el lugar donde les fue detenidos violentando el artículo 209 del código procesal penal, otro elemento importantísimo que el tribunal no tomo en consideración, para poder comprobar y vincular directamente con el hecho, faltan a la verdad al señalar a los imputados como participes de un hecho criminoso del cual no tuvieron participación alguna, y es por todas estas circunstancias que rodean el entorno de este caso que al ser tan complejo y confuso, AL VER EL VACIO DE LA INVESTIGACION Y LA FALTA DE OBJETIVIDAD Y EFICIENCIA, por tal razón refiero las palabras nuevamente del tratadista FRANCESCO CARRARA al decir: Yo también pienso que es un error unificar en el solo principio moral la génesis del derecho punitivo, porque en ellos se transmuta función práctica del magisterio penal, impulsándolo a la dirección INTERNA del hombre, con evidente exceso que sobrepasa el FIN al cual está dirigido, sometiéndolo a las indefinidas exigencias del ascetismo. La defensa de los imputados mantuvo en su tesis como se determina la responsabilidad de los imputados si no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 332 del Código Penal o LEY ANTI MARAS, por eso las palabras sabias del FRANCISCO CARRARA al decir CIENCIA DEL DERECHO PENAL NO ES, POR LO TANTO, UNA CIENCIA CON LA CUAL SE ANDE BUSCANDO LO QUE UNO U OTRO LE PLACE ESTABLECER. ES EL DESENVOLVIMIENTO DE PRINCIPIO DE RAZÓN ETERNA; ES LA BUSQUEDA DE VERDADES ABSULAS. Solo porque el ministerio publico considere que existen elementos deberá decretarse una sentencia condenatoria si el mismo solicita algo en contra de su objetividad, porque no se rige por el principio de la objetividad y de la verdad absoluta, sin analizar la teoría del delito que enmarca tres elementos esenciales, como ser el SUJETO ACTIVO, EL SUJETO PASIVO Y EL CUERPO DEL DELITO, que haciendo una valoración conjunta y en armonía producirá el efecto que es encontrar al culpable del delito y no a un culpable, y que nuevamente se quede otro hecho en la impunidad, y nos preguntamos donde quedaron supuestamente arma que portaba mi patrocinado, si en la valoración de la prueba el tribunal habla de un supuesto, pero sabemos que para condenar una persona se tiene que tener la certeza y no hablar de un supuesto, y por tal razón pecan de irresponsables para con los principios del derecho, y abusan del poder que les ha conferido la ley para encontrar la verdad absoluta y no unos supuestos.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada de Carlos Alberto García. Único motivo. Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: artículo 332 del Código Penal; y, 198, 200, 202 y 209 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: aplicación indebida. Pretensión: darle el curso legal que corresponde al recurso. El censor del fallo alega que la valoración de la prueba se hizo contrario a las reglas de la sana crítica y que los hechos probados de la sentencia comienzan con una gran mentira por parte de los testigos de cargo, ya que en ese centro comercial (Metro mall), la mayor cantidad que se puede cobrar es de noventa mil lempiras (L 90, 000.00); asimismo, luego de relacionar los hechos probados de la sentencia, arguye que los vehículos no fueron registrados en el lugar de la detención, violentando la norma legal establecida en el artículo 209 del Código Procesal Penal, así como que los agentes de investigación manipularon los teléfonos ya que ellos los tenían y se realizaron llamadas posteriores al decomiso, por lo que considera que esta prueba carece de eficacia de conformidad a la norma procesal. También arguye que se comete un error in iudicando puesto que se comete un agravio a los acusados al condenársele por suposiciones subjetivas, no hay investigación y se les condena por la supuesta llamada anónima. Finalmente, concluye explicando en qué consiste el elemento intelectivo y el elemento volitivo. De la debida técnica recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual y concreto, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva al desarrollar un escrito que no obedece a ningún tipo de recurso, ni a quebrantamiento de forma por inobservancia de las reglas de la sana crítica, ni a infracción de ley por aplicación indebida. Sus argumentos ni siquiera deambulan entre un tipo de recurso u otro, sino que se limitan a meras apreciaciones subjetivas en las cuales considera la ilicitud de la prueba de cargo y su insuficiencia para sostener el juicio de culpabilidad. En este sentido, tiene razón la parte recurrida al argüir que el escrito del recurso es una mezcla de varios alegatos propios de instancia, que no permiten la elaboración de un pronunciamiento de fondo sobre algunas de las causales que argumenta, obedecen a reflexiones propias de su pensamiento que evitan hacer un contraste o examen de juricidad de la base fáctica de la sentencia. Por lo anterior, el motivo no es de recibo. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la defensa privada del Carlos Alberto García. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.
Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Carlos Alberto García, la pena principal de trece (13) años y cuatro (4) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de asociación ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; y, la pena de seis (6) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00), por ser autor penalmente responsable de un delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada de ambos delitos. La primera conducta reprochada al acusado está prevista en el artículo 554 del Código Penal 130-2017, como delito de asociación para delinquir, cuya pena es de seis (6) a diez (10) años de prisión más una multa de cien (100) a quinientos (500) días, para quienes se encuentren en calidad de miembro como en el presente caso. Asimismo, la segunda conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando concurra algunas de las agravantes del artículo 312. En el caso presente, no es procedente la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, en virtud que en instancia el acusado fue condenado a una pena acumulada de 19 años y 4 meses de reclusión, más una multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00); en instancia casacional, al hacer el análisis de ponderación, se verifica la aplicación de dos agravantes respecto al delito de tráfico ilícito de drogas (artículo 312 numerales 3 y 8), lo que nos da un margen abstracto para este delito de 15 a 20 años de prisión, a lo cual se suma el margen abstracto de 6 a 10 años de prisión por el delito de Asociación Para Delinquir contemplado en el artículo 554 del Código Penal 130-2017. Ergo, el margen abstracto acumulado para ambos delitos es de 21 a 30 años de prisión, más una multa de 100 a 500 días, el cual es superior a la pena concreta impuesta en instancia. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal; 616 del Código Penal 130-2017; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar, el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de Carlos Alberto García. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a Carlos Alberto García. Tercero: Se declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha 14 de diciembre de 2017, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. – Firmas y Sello. -José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-204-2018.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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