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Sentencia CP-193-21 — Registro 17070

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios y por el delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala de lo Penal considera que debe observarse nuestra realidad como Estado, nuestras falencias, nuestras dificultades y en el caso subjudice, las graves dificultades que se tenía para ofrecer un servicio medianamente adecuado a aquellos derechos habientes del Régimen de Enfermedad y Maternidad; por lo que, las razones que expusieron el director ejecutivo, el Gerente Administrativo y Financiero y los miembros de la Junta Directiva del IHSS fueron totalmente justificadas y acordes a la realidad que estaban viviendo; de ahí pues que el Tribunal Sentenciador al realizar la valoración conjunta y armónica de toda la prueba evacuada en juicio lo hizo en respeto irrestricto a las Reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 193-2021 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-193-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual falló; Primero: Absolvió al señor José Ramón Bertetty Osorio, del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio del La Administración Pública. Segundo: Absolvió al señor Mario Roberto Zelaya Rojas, del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio del La Administración Pública. Tercero: Absolvió al señor Arturo Bendaña Pinel, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Cuarto: Absolvió al señor Carlos Montes Rodriguez, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Quinto: Absolvió al señor José Hilario Espinoza Herrera, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Sexto: Absolvió al señor Luis Alonso Mayorga, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Séptimo: Absolvió al señor Javier Adolfo Pastor Vasquez, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Octavo: Absolvió al señor Leonardo Villeda Bermúdez, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Noveno: Absolvió al señor Oscar Manuel Galeano Florentino, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Décimo: Absolvió al señor Daniel Antonio Durón Romero, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Décimo Primero: Absolvió al señor José Humberto Lara Enamorado, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Décimo Segundo: Absolvió a la señora Odessa del Carmen Henríquez Rivas, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Décimo Tercero: Absolvió al señor Arnoldo Gabriel Solís Cordova, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Décimo Cuarto: Absolvió al señor José Manuel Espinal Rodríguez, del delito de Prevaricato Administrativo, en perjuicio del La Administración Pública. Décimo Quinto: Exoneró del pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República. Décimo Sexto: No procedió declarar el comiso. Décimo Séptimo: Revocó las medidas cautelares impuestas a los señores José Ramón Bertetty Osorio, Mario Roberto Zelaya Rojas, Arturo Bendaña Pinel, Carlos Montes Rodriguez, José Hilario Espinoza Herrera, Luis Alonso Mayorga, Javier Adolfo Pastor Vasquez, Leonardo Villeda Bermúdez, Oscar Manuel Galeano Florentino, Daniel Antonio Durón Romero, José Humberto Lara Enamorado, Odessa del Carmen Henríquez Rivas, Arnoldo Gabriel Solís Cordova, José Manuel Espinal Rodríguez. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Ligia Cristina Roque, en su condición de fiscal del Ministerio Público y al Abogado Fernando Jose Navarro Vásquez, en su condición de procurador judicial del Estado de Honduras, como partes recurrentes. Y las Abogadas Danelia Ferrera Turcios y Nolvia Judith Montoya, en su condición de defensoras privadas del señor Jose Manuel Espinal; el Abogado Juan Sánchez Cantillano, en su condición de defensor privado del señor Leonardo Villeda Bermúdez; la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, en su condición de defensora privada de los señores Jose Humberto Lara Enamorado, Luis Alonso Mayorga Gálvez, Odessa Del Carmen Henríquez Rivas, Daniel Antonio Durón Romero, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Arnoldo Gabriel Solís Cordova y Oscar Manuel Galeano Florentino; el Abogado Jose Marcelino Vargas, en su condición de defensor privado del señor Carlos Montes Rodríguez; los Abogados Mario Reniery Amador Espinal y Dinabel López Durón, en su condición de defensores públicos del señor Mario Roberto Zelaya Rojas; y la Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales, en su condición de defensora privada del señor Jose Ramon Bertetty Osorio, todos como partes recurridas. Hechos Probados “PRIMERO: Para el año dos mil once (2011) la Junta Directiva del IHSS, se encontraba integrada por: el señor Carlos Montes Rodríguez, en su condición de Sub Secretario de Trabajo, quien presidía dicha Junta; asimismo por el señor Arturo Bendaña Pinel, en su condición de Secretario de Salud; el señor Javier Rodolfo Pastor Vásquez, en su condición de Sub Secretario de Salud; por parte del sector laboral, el señor Luís Alonzo Mayorga Gálvez en representación de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras CUTH; el señor Daniel Antonio Durón Romero, en representación de la Central General de Trabajadores CGT; señor José Humberto Lara Enamorado, en representación de la Central General de Trabajadores CGT; señor José Hilario Espinoza Herrera, en representación de la Confederación de Trabajadores de Honduras CTH; por parte del sector empresarial, el señor Leonardo Villeda Bermúdez, en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP; señor Oscar Manuel Galeano Florentino, en representación de la Cámara de Comercio; señor Amoldo Gabriel Solís Córdova, de igual manera en representación de la empresa privada; por parte del Colegio Médico, el señor José Manuel Espinal y la Señora Odessa del Carmen Henríquez; entre otros miembros directores designados para ese periodo. Asimismo, el Director Ejecutivo del IHSS era el señor Mario Roberto Zelaya Rojas; el Gerente administrativo y financiero del IHSS era el señor José Ramón Bertetty; quienes durante varias sesiones estuvieron discutiendo la forma de solventar los problemas existentes en dicha institución, y para ello presentaron a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros un plan para el rescate. SEGUNDO: Como producto de opinión solicitada por la Junta Directiva del IHSS, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ésta emitió la Resolución SS Mo. 155/27-01-2011 de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil once (2011), mediante la cual se establece que a criterio de dicha comisión, no resulta favorablemente, ni procedente, para solventar los problemas financieros del Régimen de Enfermedad y Maternidad (REM), otorgar un préstamo con los fondos del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de dicho instituto, extremo que fue del conocimiento de los directivos del IHSS. TERCERO: Pese a la recomendación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y lo dispuesto en la propia ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Junta Directiva del IHSS, en sesión ordinaria No. 12-2011 del veintitrés (23) de marzo del año dos mil once (2011) y mediante Resolución SOJD No. 06-23-03-2011, resolvieron aprobar por unanimidad de votos de sus miembros, la solicitud de consolidación de la deuda que el Régimen de Enfermedad y Maternidad EM tiene con el Régimen Invalidez, Vejez y Muerte IVM, a solicitud de la Gerencia Administrativa y Financiera, quedando consolidada en un monto de novecientos cuarenta y dos millones setecientos setenta mil ciento cincuenta y ocho lempiras con treinta centavos (L. 942,770,158.30), con un plazo de quince (15) años, a una tasa de interés de 8.70% con pagos mensuales de doce millones de lempiras (L.12,000,000.00), que incluye el capital más intereses. CUARTO: De igual forma, pese a existir una prohibición legal, el Gerente Administrativo y Financiero, señor José Ramón Bertetty Osario, presentó ante la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, la propuesta del otorgamiento de un préstamo con los fondos del régimen de IVM al fondo del régimen de EM por un monto de seiscientos millones de lempiras (L. 600.000.000.00), moción que fue discutida en sesión extraordinaria No. 22- 2011 del veinticuatro (24) de mayo del año dos mil once (2011), y mediante Resolución No. SEJD-01-24-05-2011, resolvieron, por unanimidad de votos de sus miembros, aprobar dicho préstamo. QUINTO: Para hacer efectivo dicho préstamo se realizaron transferencias del dinero desde el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (RIVM) al Régimen de Enfermedad y Maternidad (REM), desde las cuentas No.11103-01-000027-2 suscrita en el Banco Central de Honduras por cuatrocientos ochenta y dos millones seiscientos setenta y dos mil doscientos doce lempiras con treinta y ocho centavos (L. 482,672,212.38), cuenta No. 102-01-101-4597-1 registrada en el Banco Lafise por noventa y un millones cientos dos mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con setenta y tres centavos (L. 91,102,254.73.), cta. No. 22100-01-000002- 1 del Banco Continental por veintiséis millones doscientos veinticinco mil quinientos treinta y dos lempiras con ochenta y nueve centavos (L. 26,225,532.89) todas a nombre del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (RIVM), hacia la cuenta No. 11103-01-000026-4 registrada en el Banco Central a nombre del Régimen de Enfermedad Maternidad (REM) por un monto aprobado de seiscientos millones de lempiras (L.600,000,000.00.). SEXTO: Pero la crisis financiera que imperaba al interior del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y en especial del Régimen de Enfermedad y Maternidad (REM), el cual como producto de la falta de pago de las cotizaciones del sector privado, así como del propio Estado, este se encontraba operando en números rojos; razón por la cual, el nueve (9) de enero del año dos mil trece (2013), el Gerente del Régimen Invalidez Vejez y Muerte (RIVM), Licenciado Víctor Martínez Cáceres, mediante memorando del IHSS No. 053-2013-RIVM-IHSS, informó al Director Ejecutivo del IHSS, Doctor Mario Zelaya Rojas, el detalle de la deuda pendiente que mantiene el REM con el RIVM, indicando que hasta esa fecha no se había realizado ningún pago para amortizar la deuda suscrita. SÉPTIMO: La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, emitió el dictamen técnico ME-190 ET CNBS 2015, mediante el cual se establece que como producto de las operaciones irregulares realizadas por la Junta Directiva del IHSS, la deuda total asciende a la cantidad de dos mil ciento veintiocho millones setecientos tres mil seiscientos noventa y ocho lempiras con dos centavos (L. 2,128,703,698.02), dividida de la siguiente manera: Se adeuda sólo en capital la cantidad de mil quinientos ochenta y ocho millones novecientos seis mil cuatro lempiras con veinticinco centavos (L. 1,588,906,004.25), lo cual incluye novecientos diecisiete millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos once lempiras con ochenta y cinco centavos (L. 917,747,411.85) de la consolidación, aprobada en la resolución SOJD No. 06-23-03-2011 y los seiscientos millones de lempiras (L. 600,000,000.00) del préstamo, aprobados en resolución SEJD-01-24-05-2011, incluyendo además L. 71,158,592.40 por concepto de las transferencias de cheques del Régimen IVM al Régimen EM; asimismo se establece que por concepto de intereses se da un total de quinientos treinta y nueve millones setecientos noventa y siete mil seiscientos noventa y tres lempiras con setenta y siete centavos (L. 539,797,693.77) que incluye intereses de la consolidación por doscientos chenta y cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos nueve lempiras con ochenta centavos (L. 284,389,609.80), préstamo doscientos cuarenta y ocho millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 248,217,447.45) y por transferencias (L. 7,190,636.52). Reflejando una deuda total, que incluye capital e intereses por un valor de dos mil ciento veintiocho millones setecientos tres mil seiscientos noventa y ocho lempiras con dos centavos (L. 2,128,703,698.02). Todas estas acciones a pesar de ser contrarias a ley, tuvieron como finalidad garantizar una adecuada atención de los derechohabientes del IHSS, por tanto, las mismas no fueron realizadas con la finalidad de ocasionar un perjuicio a dicha institución, sino por el contrario, buscar un alivio financiero sin acudir a la banca privada.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. - PRIMER MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica; ya que luego de valorar la prueba el sentenciador concluyó en que los acusados no son responsables de los hechos por los cuales fueron llevados a juicio, exponiendo el fundamento de su decisión de la manera siguiente: En relación a los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social, el Tribunal consideró que: “Apreciándose en el caso concreto, que si bien la resolución SOJD 06-23-03-2011 del Acta de sesión ordinaria 12-2011 del 23 de marzo del 2011, aprobada por los encausados Carlos Montes, Hilario Espinoza, por la Secretaria de Salud el señor Javier Pastor, así como Luis Mayorga, Leonardo Villeda, Humberto Lara y la señora Odesa Henríquez, en su condición de miembros de la Junta Directiva del IHSS, así como la Resolución SEJD 01-24-2011 del Acta de sesión ordinaria 22-2011, de 24 de mayo del 2011, aprobada por los señores Carlos Montes, Hilario Espinoza y Luis Mayorga, Javier Pastor, Oscar Galeano, Arnoldo Solís, José Espinal y Daniel Durón; si bien contravino la normativa vigente del IHSS, en su artículo 58, lo cierto es que dicha resolución está motivada y los encausados dieron suficientes razones para adoptarla, sin tener como finalidad ocasionar un perjuicio a la institución, sino por el contrario dar una solución rápida a la crisis del REM.” En atención a los encausados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio estimó: “De conformidad a los hechos controvertidos en juicio, el actuar del señor Mario Roberto Zelaya Rojas en su condición de Director Ejecutivo del IHSS, así como de José Ramón Bertetty en su condición de Gerente Administrativo y Financiero del IHSS, actuaron de conformidad a la resolución SOJD N° 06-23-03-2011, emanada en sesión ordinaria N° 12-2011 del 23 de marzo del 2011, de la Junta Directiva del IHSS; así como de la Resolución N° SEJD-01-24-05-2011. Aprobada en sesión extraordinaria N.22-2011 del 24 de mayo del año 2011, por la Junta Directiva del IHSS en su condición de órgano rector del IHSS, por tanto, no omitieron dar cumplimiento a lo ordenado por la Junta Directiva” (Ver Apartado de la fundamentación jurídica, inciso C décimo párrafo página 80 e inciso E, sexto párrafo, página82 de la sentencia). La conclusión a la que arribó el Tribunal, es errónea, producto de la inobservancia de las reglas de la sana crítica al realizar la valoración probatoria, ya que con la prueba evacuada en juicio sí se demostró que se ejecutaron los delitos de Prevaricato por parte de la Junta Directiva del IHSS y Violación de los Deberes de los Funcionarios por parte de los acusados Mario Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty. El Tribunal toma su decisión absolutoria aún y cuando admitió que los acusados ejecutaron las acciones que se configuran en los ilícitos por los cuales fueron llevados a juicio, al establecer en la sentencia que ellos cometieron “acciones contrarias a la ley”, sin embargo, al mismo tiempo, el Tribunal emite una sentencia absolutoria en favor de los acusados, al no realizar una valoración probatoria de forma conjunta, ni apegada a las reglas de la sana crítica, tal y como se explica a continuación: EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL DELITO DE PREVARICATO ADMINISTRATIVO En el caso de la Junta Directiva integrada por los señores CARLOS MONTES RODRIGUEZ, JOSE HILARIO ESPINOZA HERRERA Y LUIS ALONZO MAYORGA GALVEZ, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, DANIEL ANTONIO DURON ROMERO, JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO, ODESA DEL CARMEN HENRIQUEZ, ARNOLDO GABRIEL SOLIS CORDOVA Y JOSE MANUEL ESPINAL el Tribunal erróneamente consideró que no se logró configurar el tipo penal de Prevaricato Administrativo, al no concurrir (según su criterio) el segundo requisito de tipicidad denominado “a sabiendas de la injusticia”, el cual considera el Juzgador que es un elemento subjetivo distinto al dolo, que no se cumple en cada uno de los miembros Directivos del IHSS ya que de las Actas de Sesión Ordinaria 12-2011 del 23 de Marzo de 2011, aprobada por los encausados Carlos Montes, Hilario Espinoza, Javier Pastor, Luis Mayorga, Leonardo Villeda, Humberto Lara y Odessa Henríquez; así como la Resolución SEJD 01-24-05-2011 del Acta de sesión ordinaria 22-2011, de 24 de mayo de 2011, aprobada por los señores Carlos Montes, Hilario Espinoza, Luis Mayorga, Javier Pastor, Oscar Galeano, Arnoldo Solís, José Espinal y Daniel Durón, “están motivadas y los encausados dieron suficientes razones para adoptarlas”, además de que “no tenían como finalidad ocasionar un perjuicio a la Institución, sino por el contrario, dar una solución rápida a la crisis del REM”; justificando de esta forma, el Tribunal, el accionar de la Junta Directiva, pues señala que al no cumplirse éste requisito del tipo penal, “queda descartada toda posible configuración delictiva y asimismo la participación de los encausados”; criterio que consideramos que no se apega a una sana crítica racional, ni se deriva de lo demostrado con la prueba de cargo evacuada en juicio. En relación a ésta apreciación por parte del Juzgador, es necesario hacer mención al dolo, pues erróneamente el Juzgador consideró que los miembros de la Junta Directiva “no sabían de la injusticia” que constituía la acción por ellos ejecutada (en el entendido de que éste requisito no se limita únicamente al conocimiento de la mera ilegalidad); en ese sentido, es preciso señalar que el Dolo “es aquella acción voluntaria cuyo significado y resultado antijurídicos, una vez representados al agente, son queridos o consentidos por el mismo; está constituido por dos elementos: a) El factor intelectivo, referido al conocimiento actual de los hechos que, concatenadamente, en íntimo ensamblaje, darán luz a la infracción delictuosa… y, b) Factor volitivo, consistente en un querer directo del hecho y del haz de consecuencias que de él se deriven” ;dichos elementos que componen el dolo fueron plenamente demostrados con la prueba allegada al proceso, pero así mismo quedó plenamente demostrado con la prueba que la Junta Directiva quiso tomar la decisión arbitraria, tuvo la voluntad de hacerlo, aún y cuando sabía las consecuencias perjudiciales para la Institución y estando conscientes de que con ello llevarían a la misma a un descalabro financiero; lo cual se deriva de los siguientes medios probatorios, en conjunto con el resto de la prueba: Oficio N° 013-DE-IHSS mediante el cual la Junta Directiva conjuntamente con el Director Ejecutivo del IHSS solicitan opinión a la Comisión Nacional de Banca y Seguros para el otorgamiento de un préstamo de mil doscientos millones de Lempiras, a una tasa de 8.7% anual, a diez años plazo; Memorando M-SSYP-0099/2011 y Certificación de la Resolución SSN° 155/27-01-2011, emitida por la CNBS; que contienen el Dictamen emitido por la Superintendencia de Seguros y Pensiones como órgano técnico especializado de la CNBS, que mediante una opinión técnica motivada, estableció: “Existen fundamentos legales que prohíben cualquier tipo de transferencia o utilización de fondos de un régimen en perjuicio de otro; es decir, quedó demostrado que la Comisión resolvió “Opinar desfavorablemente sobre la solicitud presentada por la Junta Directiva y Director Ejecutivo del IHSS, contentiva a obtener un préstamo para el Régimen Enfermedad y Maternidad de los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte RIVM de dicho instituto”; Acta de Declaración Jurada de notificación de fecha 31 de Enero de 2011, emitida por la CNBS; mediante la cual se acreditó que la oficial de Secretaría General, Abogada Edith Espinal en fecha 31 de Enero de 2011 notificó la Resolución SSN° 155/27-01-2011, referente a la opinión desfavorable en cuanto a la realización de préstamos entre regímenes; misma que es de cumplimiento inmediato y fue puesta en conocimiento, con todos los alcances jurídicos correspondientes, a la Junta Directiva del IHSS; Acta de Sesión Ordinaria celebrada por la Junta Directiva del IHSS N° 08-2011 de fecha 01 de Febrero de 2011 en la cual se procede a la lectura de la Resolución emitida por la CNBS; Primer Informe de la Comisión Interventora del IHSS, de fecha 6 de Marzo de 2014 el cual concluye que no se cumplieron las disposiciones establecidas en el artículo 58 de la Ley del IHSS, respecto a la prohibición de transferir bajo cualquier circunstancia, los recursos de un régimen a otro, así como en la separación debida de los fondos de los diferentes regímenes; La Resolución emitida por la CNBS está fundamentada en lo que establecen los artículos 58 de la Ley del Seguro Social y 15 del Reglamento para la Inversión de los Fondos de los Regímenes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),que señalan que deberá existir separación financiera y contable de los Regímenes de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales y de Invalidez, Vejez y Muerte y los que en el futuro puedan crearse; también señala que los recursos del Instituto bajo ninguna circunstancia podrán transferirse de un régimen a otro; asimismo, no puede utilizarse recursos del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, para el financiamiento de las operaciones del Instituto; por lo que la Junta Directiva estaba obligada a dar cumplimiento a dicho dictamen y al haber dictado la Junta Directiva, una resolución arbitraria contraria a lo establecido por la Comisión Nacional de Banca y Seguros en su dictamen, con pleno conocimiento del contenido de la opinión Jurídica emitida por la Comisión, incurrió en el delito de Prevaricato Administrativo; especialmente porque la misma opinión de la CNBS propuso acciones específicas para solventar la problemática planteada por las autoridades del IHSS, como ser: Separación legal y operativa del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Pago de la deuda del Estado al IHSS, más titulación de aportes estatales futuros. Readecuar la deuda de Enfermedad y Maternidad respecto a Invalidez Vejez y Muerte. Revisión de Gastos en el IHSS. Realizar estudio actuarial e incrementar los techos y porcentajes de aportación y cotización para EM e IVM Estudiar la posibilidad de titularizar las aportaciones futuras de IVM. La CNBS es clara en indicarle al IHSS que una solución integral al problema no se basa en una transferencia de IVM a EM ya que la causa del problema persistiría y esto únicamente pospondría el colapso financiero de toda la institución, deteriorando y agravando exponencialmente la insolvencia institucional por el lado del IVM; agrega que cualquier solución al problema debe estar compuesta por una serie de medidas integrales y complementarias entre sí, que aseguren la perpetuidad del IHSS y disponer de los recursos para brindar los beneficios que otorga, en un contexto de mejoramiento continuo. Toda la amplitud de éste Dictamen que establece también que una simple transferencia entre regímenes no resuelve ni actuarial ni financieramente el problema de iliquidez de EM; le fue debidamente notificada a la Junta Directiva, tal y como se acreditó con el acta de declaración jurada de notificación de fecha 31 de enero del 2011, emitida por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (donde opina en forma desfavorable en cuanto a la realización de préstamos entre regímenes), así como también el acta de sesión ordinaria n.- 08-2011 de fecha 01 de febrero del 2011 celebrada por la Junta Directiva (indicando como punto 3 de la agenda: “Lectura de la resolución de la CNBS”), es decir, que los miembros de la Junta Directiva hoy procesados, conocían por haber sido debidamente informados, los perjuicios que ocasionarían a la Institución al dictar esa resolución. Aún con todas las opciones de acción que la CNBS indicó al IHSS debía tomar, la Junta Directiva del IHSS optó por la acción contraria a la Ley, la que pondría en riesgo a la Institución, y ello sin haber intentado siquiera poner en práctica ninguna de las seis acciones anteriormente señaladas que fueron propuestas en el Dictamen de la Comisión; el Juzgador justifica infundadamente el actuar de la Junta Directiva señalando que la decisión por ellos tomada “no tenía como finalidad ocasionar un perjuicio a la institución, sino por el contrario, dar una solución rápida a la crisis del Régimen de Enfermedad y Maternidad” (Ver página 57 de la Sentencia); pero ésta conclusión del Juzgador, no se deriva de la prueba evacuada, pues el Dictamen al que hemos venido haciendo referencia, señalaba de forma expresa y clara que de tomarse la decisión, el problema persistiría y esto únicamente pospondría el colapso financiero de toda la institución, deteriorando y agravando exponencialmente la insolvencia institucional por el lado de IVM. Lo anterior deja en evidencia, que la Junta Directiva del Seguro Social no podía considerar que con dicha decisión “daría una solución rápida a la crisis” o que su finalidad “no era perjudicar a la Institución”, si el dictamen claramente establecía justamente lo contrario, es decir que con dicha decisión lo que se provocaría era un colapso financiero y que se agravaría la situación, además de que el problema persistiría; sin embargo el sentenciador no arriba a la conclusión que se desprende o deriva de la prueba, es decir, la responsabilidad de los acusados. En base a lo expuesto, es evidente que sí se configura el segundo elemento del delito de Prevaricato Administrativo: (“a sabiendas de su injustica”)pues como hemos expuesto, la Junta Directiva sí sabía y sí tenía conocimiento de la injusticia de su accionar, pues estaba enterada perfectamente no sólo de que estaba infringiendo los artículos58 de la Ley del Seguro Social y 15 del Reglamento para la Inversión de los Fondos de los Regímenes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que les prohíbe realizar esas acciones (es decir de que su decisión no estaba revestida de legalidad); sino que también sabían que dicha decisión no es justificable, pues el simple hecho de señalar que pretendían una “solución rápida a la crisis” o que “su intención no era perjudicar a la Institución” no desvanece el riesgo que les fue extensamente advertido: Que al tomarse la decisión, la situación problemática persistiría y se pospondría el colapso financiero de toda la institución, además de agravar exponencialmente la insolvencia institucional por el lado de IVM; sin embargo, a sabiendas de éstos riesgos que perjudicarían gravemente a la Institución, la Junta Directiva procedió a dictar las resoluciones arbitrarias, consumando con ello el delito de Prevaricato Administrativo. EN RELACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO Y GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO De la misma manera el Tribunal al referirse a la actuación de los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, admite también que ellos ejecutaron la acción por la cual fueron enjuiciados pues con la prueba esto quedó debidamente demostrado, el Juzgador consideró que los mismos no tienen responsabilidad penal, ya que únicamente cumplieron con lo que les ordenó la Junta Directiva y en ese sentido no omitieron cumplir con sus deberes como funcionarios, sin embargo las acciones ejecutadas por los acusados se enmarcan en el numeral 2 del artículo 499 del Código Penal Vigente, pues ambos omitieron realizar actos propios de la función que desempeñaban ya que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social expresamente establece que el Director Ejecutivo (Cargo que desempeñaba Mario Roberto Zelaya Rojas)estaba obligado a velar por el cumplimiento de la Ley y los Reglamentos del Instituto y a manifestarse en relación a aquellas resoluciones contrarias a la Ley, a sus Reglamentos o a los intereses del Instituto, que fueran dictadas por la Junta Directiva debiendo hacerlo constar en acta, en virtud de que la Resolución de la Junta Directiva estaba infringiendo la prohibición que la Ley establece sobre el traslado de fondos de régimen a régimen y por haber sido debidamente notificado por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, al igual que también fue notificado el Gerente Administrativo y Financiero (Función desempeñada por José Ramón Bertetty Osorio) quien tenía a su cargo la correcta ejecución en cuanto al manejo y traslado de los fondos de la Institución, así como ejercer su labor respetando las Leyes, normas y procedimientos establecidos, tal y como se especifica en el Manual de Descripción de Puestos y Funciones, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que establece las funciones atinentes a su cargo. De la prueba también se deriva, porque así se demostró, que los encausados Mario Zelaya y José Bertetty incurrieron en el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios al omitir los deberes propios de sus cargos en lo referente a las acciones tomadas por la Junta Directiva del IHSS, al no haberse pronunciado respecto a las resoluciones contrarias a la ley que fueron dictadas por la Junta Directiva, contrario a lo que establece el Juzgador en la Sentencia, la imputación formulada por el ente acusador sí fue clara y está provista de fundamentos legales al establecer que la omisión en que incurrieron los señores Zelaya y Bertetty es no manifestarse ante la ilegalidad de las resoluciones dictadas por la Junta Directiva y con ello no velar por el cumplimiento de la Ley y sus Reglamentos. En el caso del enjuiciado José Ramón Bertetty, como encargado de la administración de los recursos financieros del IHSS, estaba obligado a respetar las leyes, normas y procedimientos establecidos; pero contario a ello, él promueve que se dicte esas resoluciones arbitrarias, omitiendo de esta forma cumplir con las funciones propias de su cargo, al no procurar, además, una correcta administración de los bienes del estado, en este caso de los fondos del régimen Invalidez, vejez y muerte. Con todo lo anterior se evidencia que el Tribunal incurrió en el vicio que motivó el presente recurso pues, arriba a una conclusión errónea por los motivos que antes hemos expuesto y dicha conclusión no se deriva de los medios probatorios evacuados en juicio, ya que quedó plenamente establecido que los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio en su condición de Director Ejecutivo y Gerente Administrativo y Financiero respectivamente, realizaron acciones tipificadas en la ley como ilícitos al omitir lo que expresamente establece la ley en el sentido de manifestarse ante una decisión ilegal, incumpliendo con ello los deberes a los que estaban obligados de acuerdo a los cargos que desempeñaban. Consideramos de importancia relacionar la sentencia dictada por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la Casación CP-CP-294-14 de fecha 2 de noviembre del 2016, en cuanto a la calificación legal del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios: “Puntualmente el delito de violación de los deberes de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aún cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se produce o no algún resultado. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: Empleado o Funcionario Público, entendiéndose como tal a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de las funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, según lo prevé el artículo 393 del Código Penal; 2 Sujeto Pasivo: Lo constituye el Estado de Honduras; 3. Conducta Criminosa: a. Deber de realizar el acto, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público esté obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b. Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c. Omitir, rehusar o retardar el acto obligado. 4. Verbos Rectores: Omitir, Rehusar o Retardar un acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo: a. Omitir implica dejar de realizar el acto de manera definitiva…”;la sentencia también hace referencia al Dolo, a la intención de los imputados de cometer el ilícito y sobre este aspecto señala: “Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe de cumplir el empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe de realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del M. de atribuciones del empleado o funcionario público a determinar en cada caso concreto bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto, sin importar si existe o no resultado dañoso.” De acuerdo a la opinión de la Sala Penal, en la sentencia anteriormente transcrita, se puede concluir que en el caso de los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty, se cumplen los requisitos del tipo penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios, tanto en sus elementos objetivos como subjetivos, al omitir cumplir con las obligaciones o deberes propios de sus cargos que desempeñaban en el IHSS como Director Ejecutivo y Gerente Administrativo y Financiero respectivamente, al no manifestarse, ninguno de ellos, en relación a las Resoluciones contrarias a la Ley, dictadas por la Junta Directiva y por tanto no velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos, a lo que ambos estaban obligados. La conclusión errónea a la que llegó el Tribunal tanto en los cargos imputados a los miembros de la Junta Directiva, como a Mario Zelaya y José Bertetty, se debió a que no llevó a cabo una valoración de la prueba conforme a la Sana Crítica, pues tampoco realizó una valoración conjunta de todo el andamiaje probatorio allegado al proceso, sino que erróneamente fue valorando la prueba de forma individual o en bloques de medios probatorios, a su arbitrio; resultando con ello en una apreciación distorsionada y equívoca de lo demostrado con la prueba; pues el sentenciador debió llevar a cabo una valoración de todos los medios probatorios allegados a juicio, de forma conjunta, tanto la de cargo como la de descargo, lo que le hubiera permitido arribar a una conclusión acertada, y apegada a realidad derivada de la prueba; sin embargo, al no realizarlo de dicha manera, arribó a una decisión errónea que se traduce en el vicio que ahora motiva el presente recurso. Finalmente, cabe resaltar que del resultado de la prueba evacuada en juicio quedó demostrada la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social en la comisión del delito de Prevaricato Administrativo así como también se demostró la responsabilidad criminal de los encausados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, en el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, la prueba al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de que los acusados sí cometieron los hechos delictivos por los cuales fueron enjuiciados; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Recurrentes: Fiscalía del Ministerio Público y por Adhesión la procuraduría General de la República Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por los censores. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna. Pretensión: que se declare procedente el motivo, que se anule el fallo recurrido. Explicó el recurrente que el fallo que se cuestiona contiene un vicio grave al observarse que a la conclusión a la que arribó el Sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. Afirmó que, en relación a los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social, el Tribunal consideró que: "Apreciándose en el caso concreto, que si bien la resolución SOJD 06-23-03-2011 del Acta de sesión ordinaria 12-2011 del 23 de marzo del 2011, aprobada por los miembros de la Junta Directiva del IHSS, asi como la Resolución SEJD 01-24-2011 del Acta de sesión ordinaria 22-2011, de 24 de mayo del 2011; si bien contravino la normativa vigente del IHSS, en su artículo 58, lo cierto es que dicha resolución está motivada y los encausados dieron suficientes razones para adoptarla, de sin tener como finalidad ocasionar un perjuicio a la institución, sino por el contrario dar una solución rápida a la crisis del REM » En atención a los encausados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio estimó: "De conformidad a los hechos controvertidos en juicio, el actuar del Señor Mario Roberto Zelaya Rojas en su condición de Director Ejecutivo del IHSS, así como de José Ramón Bertetty en su condición de Gerente Administrativo y Financiero del IHSS, actuaron de conformidad a la resolución SOJD N° 06-23-03-2011, emanada In sesión ordinaria N° 12-2011 del 23 de marzo del 2011, de la Junta Directiva del lHSS; así como de la Resolución N° SEJD-01-24-05-2011, aprobada en sesión extraordinaria N 22-2011 del 24 de mayo del año 2011, por la Junta Directiva del IHSS en su condición de órgano rector del IHSS, por tanto, no omitieron dar cumplimiento a lo ordenado por la Junta Directiva. Consideran los recurrentes que la conclusión a la que arribó el Tribunal, es errónea, producto de la inobservancia de las reglas de la sana crítica al realizar la valoración probatoria, ya que con la prueba evacuada en juicio sí se demostró que se ejecutaron los delitos de Prevaricato por parte de la Junta Directiva del IHSS y Violación de los Deberes de los Funcionarios por parte de los acusados Mario Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty. El Tribunal toma su decisión absolutoria aún y cuando admitió que los acusados ejecutaron las acciones que se configuran en los ilícitos por los cuales fueron llevados a juicio, al establecer en la sentencia que ellos cometieron "acciones contrarias a la ley" sin embargo, al mismo tiempo, el Tribunal emite una sentencia absolutoria en favor de los acusados, al no realizar una valoración probatoria de forma conjunta, ni apegada a las reglas de la sana crítica. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: … La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal, los razonamientos utilizados por el Sentenciador para valorar las pruebas evacuadas en el juicio fueron totalmente coherentes y adecuadas, utilizando en su conformación las reglas de la sana crítica, por lo que consideramos necesario consignar parte de la valoración probatoria utilizada por el Sentenciador, pues el fallo recurrido contiene una valoración extensa de cada elemento de prueba evacuado, mismo que se detallan a continuación: “PRUEBA TESTIFICAL: 1. MIRIAM ODETTE CHÁVEZ RIVERA, de nacionalidad hondureña, mayor de edad, de sesenta y un (61) años de edad, con Identidad No. 0801-1959-02565, de este domicilio, Doctora en Medicina, oncóloga, quien labora en el IHSS desde el año 2004. Testigo Común a la Defensa de Carlos Montes y del señor Leonardo Bermúdez. 2.- VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ CÁCERES, de nacionalidad hondureña, mayor de edad, Abogado, con Identidad No. 0801-1973-01238, nació el veintidós (22) de febrero del año de mil novecientos setenta y tres (1973), de cuarenta y siete (47) años de edad, de este domicilio, quien es Gerente del Régimen de Previsión Social, antes Régimen de Invalidez. El testigo rindió su declaración libre, espontánea y de manera coherente, de sus dichos es posible establecer que en efecto el Régimen IVM trasladó fondos al Régimen en EM en el año dos mil once (2011), lo cual se respalda con el Informe de la Comisión Interventora del IHSS que consta en la prueba documental 16 del ente fiscal, próximo a analizar. También aportó datos relevantes en relación al préstamo de seiscientos millones de lempiras (L. 600,000,000.00), así como a la falta de pagos de la deuda consolidada, ya que éstos se producían de forma aislada, lo cual es analizado en el medio de prueba 18 del ente fiscal. Por otro lado, de sus dichos, se precisa que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte IVM ha contado con un mayor presupuesto, liquidez y respaldo financiero, a diferencia del Régimen de Enfermedad y Maternidad EM, que ha contado con un precario presupuesto, siendo esta la razón de la falta de pago de este último régimen. Finalmente, dicho testimonio es prueba común de la defensa del señor Carlos Montes, del señor Leonardo Villeda y de la defensa del señor Luís Alonso Mayorga y otros. 3. PEDRO ANTONIO VARGAS TURCIOS, de nacionalidad hondureña, mayor de edad, con identidad 0801-1958-03993, de sesenta y dos (62) años de edad, Licenciado en administración de empresas y labora en INJUPEMP en el área de beneficios. El testigo rindió su declaración libre, espontánea y de manera coherente, de sus dichos e posible establecer que dicho testigo en su condición de Sub Gerente administrativo financiero, conoció sobre la situación de transferencias del Régimen IVM al Régimen EM lo que se respalda con la prueba 25 documental del Ministerio Público, advirtiéndose que por razón de su cargo, y por instrucción del señor Ramón Bertetty era lógico que el testigo suscribiera los Memorandos de Autorización de desembolso de las transferencias en regímenes. (Lo resaltado es nuestro) En cuanto a la prueba testifical, el Sentenciador ha valorado correctamente sus testimonios, pues ha extraído de sus dichos lo que cada uno de ellos expresó de manera espontánea ante el Tribunal y expresando el conocimiento que ellos tenían en relación a la transferencia de fondos del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (RIVM) al régimen de Enfermedad y Maternidad (REM) sin extraer de ellos ningún otro detalle que no hayan expresado libremente. En relación a la prueba DOCUMENTAL se evacuó entre otros: “12. Oficio No. 013-DE-IHSS de fecha doce (12) de enero del año dos mil once (2011). Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, permitiendo apreciar que en fecha doce (12) de enero del año dos mil once (2011), el señor Mario Zelaya en su condición de Director ejecutivo del IHSS y los miembros de la Junta Directiva del IHSS, los señores Carlos Montes, Daniel Durón, Javier Pastor, Benjamín Bográn y Fabricio Vásquez, solicitaron a la Comisión Nacional de Banca y Seguro (CNBS) opinión sobre la viabilidad en el otorgamiento de un préstamo por un valor de mil doscientos millones de lempiras (L. 1,200,000,000.00), a una tasa del ocho punto siete por ciento (8.7%) anual a diez (10) años plazo, con una amortización mensual de catorce millones ochocientos noventa y ocho mil, novecientos treinta lempiras con setenta y seis centavos ( L. 14,898,930.76), para el Régimen Enfermedad y Maternidad (EM) de parte del Régimen Invalidez Vejez y Muerte (IVM). Documento que advierte relevancia, en el sentido que se aprecia que la Dirección Ejecutiva y miembros de la Junta Directiva, precisaban saber si era viable legal y financieramente dicho préstamo, por medio de opinión de una autoridad competente en la materia. Lo cual tuvo respuesta en el siguiente medio de prueba a analizar. 13. Memorando M-SSYP-0099/2011 de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil once (2011), que contiene Dictamen emitido por la Superintendencia de Seguros y Pensiones como órgano técnico especializado de la CNBS, con relación al oficio N. 013-DE IHSS de fecha doce (12) de enero del año dos mil once (2011). Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente y ratificado por la Licenciada Marta Magdalena Bonilla, en su condición de funcionaria de la Superintendencia de Seguros y Pensiones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), permitiendo determinar el parecer de dicha Comisión, por medio de una opinión técnica motivada, que expresó que: "Existen fundamentos legales que prohíben cualquier tipo de transferencia o utilización de fondos de un régimen en perjuicio de otro." Asimismo, la opinión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), propuso acciones para solventar la problemática planteada por las autoridades del IHSS, entre ellas: a) Separar Invalidez Vejez y Muerte (IVM), legal y operativamente. b) Pago de la deuda del Estado al IHSS, más titulación de aportes estatales futuros. c) Readecuar deuda de EM respecto a IVM. d) Revisión de Gastos en el IHSS. e) Realizar estudio actuarial e incrementar los techos y porcentajes de aportación y cotización para EM e IVM. f) Estudiar la posibilidad de titularizar las aportaciones futuras de IVM. En consecuencia, la Comisión resolvió, "Opinar desfavorablemente sobre la solicitud presentada por la Junta Directiva y Director Ejecutivo del IHSS, contentiva a obtener un préstamo para el Régimen Enfermedad y Maternidad (REM) de los fondos del Régimen Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) de dicho instituto". Por otro lado, le indicó al IHSS que debe tomar en consideración las seis medidas anteriormente expresadas, a efecto de viabilizar las opciones planteadas que podrían mejorar la situación del instituto dentro de un contexto integral de los Regímenes que lo conforman. De esta opinión técnica recomendatoria, se aprecian los fundamentos legales y financieros por lo que no procedía un préstamo entre Regímenes del IHSS, e inclusive se proponen otras opciones viables y legales, para solventar la problemática que enfrentaba el Régimen Enfermedad y Maternidad (REM); extremo que como se advierte en el medio de prueba 16 documental del Ministerio Público, fue del conocimiento de todas las autoridades del IHSS, y que dichas autoridades en desapego a la ley y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, acordaron en Sesiones de la Junta Directiva No. 12-2011 del veintitrés (23) de marzo del año dos mil once (2011) y la sesión de la Junta Directiva No. 22-2011 del veinticuatro (24) de mayo del año dos mil once (2011), que más adelante se analizarán, la consolidación de deuda, así como un préstamo entre regímenes, con la intención de buscar un alivio financiero para el régimen de Enfermedad y Maternidad. 14. Certificación de la Resolución SS No. 155/27-01-2011, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguro en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil once (2011). Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, como lo es el Secretario General de la CNBS, el cual certifica la Resolución SS No. 155/27-01-2011, emitida por la CNBS en fecha veintisiete (27) de enero del año dos once (2011), el cual refiere a la resolución analizada en el medio de prueba documental anterior, para el cual ya se ha realizado valoración oportuna. El cual, a su vez, ha sido propuesto como prueba común del señor Carlos Montes en su numeral 7; así como prueba común del señor Arturo Bendaña Pinel, en su medio documental. 4; asimismo común con la prueba documental 2 del señor Leonardo Villeda; y finalmente común con la prueba documental 3 de los señores Luis Alonso Mayorga, José Humberto Lara Enamorado, Odessa del Carmen Henríquez, Arnoldo Solís, Daniel Durón, Javier Pastor, José Manuel Espinal y del señor Oscar Manuel Galeano Florentino. 15. Acta Declaración jurada de notificación de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil once (2011) sobre la Resolución No. 155/27-01-2011, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, en la que acredita que la Oficial de Secretaría General, Abogada Edith Espinal en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil once (2011), notificó la referida Resolución SS No. 155/27-01-2011, emitida por la CNBS en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil once (2011) a la Dirección Ejecutiva del IHSS por medio de su sub Director Abogado Héctor Hernández, la cual se refiere a la opinión desfavorable en cuanto a la realización de préstamos entre regímenes, indicando en la notificación de la resolución, que la misma es de ejecución inmediata y susceptible al recurso de reposición, que en derecho procede. Documentación que acredita que lo resuelto por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS en su Resolución SS No. 155/27-01-2011, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil once (2011), fue puesto en conocimiento debido a las autoridades del IHSS, con los alcances jurídicos correspondientes, extremo que a su vez fue puesto en conocimiento a la Junta Directiva del IHSS, tal como se advierte en el medio de prueba documental 16 próximo a analizar(Lo resaltado es nuestro). Tal como lo ha relacionado adecuadamente el Sentenciador, es notorio que el director ejecutivo del IHSS, el Gerente administrativo y Financiero del IHSS y la junta directiva de esa institución, ante la problemática que se estaba viviendo en el Régimen de Enfermedad y Maternidad, tomaron a bien consultar a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la viabilidad de la transferencia de fondos mediante una consolidación de la deuda que el Régimen de Enfermedad y Maternidad tenía con el Régimen de invalidez, vejez y muerte por un monto de 942,770,158.30; la respuesta de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros fue negativa y categórica al advertir que no se pueden hacer transferencias entre regímenes y les propone varias acciones para solventar esa situación, sin embargo, esas propuestas eran todas a largo plazo, muchas no dependían de la junta directiva del IHSS sino que del Gobierno Central y de voluntad política, como el pago de la deuda que el Estado tiene con el Seguro social o las reformas legislativas para separar el régimen de invalidez, vejez y muerte, legal y operativamente; por tanto ninguna de esas recomendaciones daban una solución inmediata y rápida a la problemática existente en el régimen de enfermedad y maternidad, quienes sufrían de faltas de insumos, materiales, maquinarias etcétera. Continúa razonando el Sentenciador la prueba documental: “16. Acta de Sesión Ordinaria No. 08-2011 de fecha uno (01) de febrero del año dos mil once (2011), celebrada por la Junta Directiva del IHSS. Proponiendo los folios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Documento que resulta confiables para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, la cual acredita que en Sesión Ordinaria No. 08-2011 realizada el uno (1) de febrero del año dos mil once (2011) de Junta Directiva del IHSS, en su punto Número 3, se desarrolló, "Lectura de la Resolución de la CNBS en relación a la viabilidad de obtener un préstamo puente del Régimen IVM a EM", extremo con el que se arriba, que todos los miembros directivos participantes en dicha sesión tuvieron conocimiento de los extremos vertidos en Resolución No. 155/27-01-2011, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ya analizada. Por otro lado, en dicha sesión, al final del folio 60, se propuso moción referente a solicitar al Sistema Financiero Nacional un préstamo puente por la cantidad de Cuatrocientos Millones de Lempiras (L. 400,000,000.00) con vencimiento al treinta (30) de diciembre del año dos mil once (2011) a una tasa de interés que no debe ser superior al 12%, en tanto se buscan las soluciones que permitan viabilizar al Seguro Social desde el punto de vista económico, ya sea un préstamo puente a largo plazo que pueda obtenerse de INJUPEMP o INPREMA, así como del resultado del ahorro interno que pueda tener la Institución con la reducción drástica del gasto. Quedando dicha moción no aprobada, ya que votaron cinco directivos en contra y tres a favor. Aspecto que deriva que, si hubo miembros de la Junta Directiva del IHSS, que apreciaron otras opciones, que contravenir a lo recomendado por la CNBS y al artículo 58 de la Ley del IHSS. 17. Primer Informe de la Comisión Interventora del IHSS de fecha seis (6) de marzo del año dos mil catorce (2014), correspondiente al contenido del punto No. 8. (Transferencias y Préstamos entre Regímenes). Documento que resulta confiables para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, permitiendo comprender a este Tribunal por medio de dicho Informe, que se realizaron depósitos de cheques de manera incorrecta. desviándose fondos con sus intereses, correspondientes del Régimen IVM al Régimen EM. En consecuencia, y así como lo afirman las conclusiones de dicho Informe, no se cumplieron con las disposiciones establecidas en el artículo 58 de la Ley del IHSS, tanto en la prohibición transferir bajo ninguna circunstancia recursos de un régimen a otro, y en consecuencia en la separación debida de los fondos de los diferentes regímenes. De allí se desprende la consolidación inadecuada que se ventiló en la Resolución SOJD No. 06-23-03-2011 de la Junta Directiva del IHSS, discutida en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil once (2011), por un valor de novecientos cuarenta y dos millones setecientos setenta mil ciento cincuenta y ocho lempiras, con treinta centavos (L 942,770,158.30); así como el préstamo del Régimen de Invalidez Vejez, y Muerte al Régimen de Enfermedad y Maternidad, por la cantidad de seiscientos millones de lempiras (L. 600,000,000.00), lo cual fue resuelto en Resolución SOJD-01-24-05-2011 de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, realizada y discutida el veinticuatro (24) de mayo del año dos mil once (2011), lo cual viene a constituir un exceso de parte de los miembros de la Junta-Directiva del IHSS, dado que contraviene el referido artículo 58 de la Ley del IHSS, y con conocimiento y voluntad realizaron dicho acto, lo cual se deriva o infiere de las mismas motivaciones que tuvieron algunos directivos, de lo cual el resto de encausados participantes en sesiones se adhirieron, que consentían dichas transferencias irregulares, lo cual se aprecian en el medio documental anterior del Ministerio Público, es decir del Acta de Sesión Ordinaria No. 08-2011 de fecha uno (1) de febrero del año dos mil once (2011). 18. Memorando No. 053-2013 RIVM-IHSS de fecha nueve (9) de enero del año dos mil trece (2013), enviado por el señor Víctor Martínez de la Gerencia del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al Director Ejecutivo. Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, permitiendo establecer que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil trece (2013), el Gerente del Régimen Invalidez, Vejez y Muerte Abogado Víctor Martínez ponía en conocimiento al Director Ejecutivo del IHSS, Doctor Mario Zelaya, que existía una deuda pendiente por inversión que mantenía el Régimen IVM. 20) Certificación del Acta de Sesión Ordinaria de la Junta Directiva No. 12-2011 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil once (2011), misma que contiene la resolución No. SOJD No. 06-23-03-2011. (Consta de 11 folios, proponiendo los folios 1, 2, 8, 10 y 11.) Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, permitiendo establecer que en la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva No. 12-2011 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil once (2011), se dictó la resolución No. SOJD No. 06-23-03-2011, aprobada por unanimidad de votos, donde se aprueba la consolidación de la deuda que el Régimen de Enfermedad y Maternidad tenía con el Régimen Invalidez, Vejez, y Muerte, por un valor de novecientos cuarenta y dos millones setecientos setenta mil ciento cincuenta y ocho lempiras con treinta centavos (L. 942,770,158.30), resolución que se establece es de cumplimiento y ejecución inmediata; solicitud que fue presentada ante la Junta Directiva del IHSS por el Gerente administrativo y financiero, Licenciado José Ramón Bertetty Osorio. En dicha sesión ordinaria de la Junta Directiva, se aprecia que la junta directiva en contravención al artículo 58 de la ley del IHSS consolida una deuda y a la vez autoriza la remisión de fondos del Régimen Invalidez, Vejez y Muerte al Régimen Enfermedad y Maternidad. 21. Memorando DT-IHSS-625-2017 de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con documentación soporte. Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, permitiendo establecer que la consolidación de la deuda aprobada en la resolución No. SOJD No. 06-23-03-2011, discutida en Sesión Ordinaria de la Junta Directiva No. 12-2011 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil once (2011), por un valor de novecientos cuarenta y dos millones setecientos setenta mil ciento cincuenta y ocho lempiras con treinta centavos (L. 942,770,158.30), corresponde a la integración de ocho (8) préstamos aprobados por las junta directiva en los periodos comprendidos del año dos mil dos (2002) al año dos mil once (2011) con recursos que pertenecían al Régimen Invalidez, Vejez y Muerte, mediante las resoluciones Números 03-06-03-2002, No. 01-22-03-2004, No. 05-28-04-2005, No. 03-27-06-2006, N. 03-10-04-2007, No. 04-23-06-2009, No. 01-08-01-2010 y No. 06-23-03-2011. Con lo que se logra apreciar que la situación de préstamos con recursos del Régimen IVM. devenía como práctica desde el año dos mil dos (2002), en contravención al artículo 58 de la Ley del IHSS; sin embargo, lo anterior, no aporta mayor extremo a lo controvertido, más que a lo resuelto en la Resolución No. 06-23-03-2011, mismo que ya fue analizado en el medio de prueba anterior documental del ente fiscal. Pero si aporta en favor de los encausados, dado que al ser un practica reiterada les permitió alcanzar el convencimiento de la licitud de sus actuaciones (Lo resaltado es nuestro). En relación a estas pruebas documentales, esta Sala de lo penal considera que el Juzgador llega a la conclusión que la transferencia de fondos entre regímenes, si bien no son legales, si es una práctica utilizada en años anteriores, pues resulta más viable solventar la problemática existente entre regímenes, determinando además que eso dio seguridad a los miembros de la junta directa de que sus actuaciones eran necesarias para solventar una problemática grave en el régimen de EM, sin llegar al nivel de conciencia que estaban incurriendo en una contravención a la ley. 22. Acta de sesión extraordinaria N. 2624 de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diez (2010) que contiene la resolución No. 01-24-08-2010, proponiendo los folios 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, permitiendo establecer que durante la administración del Dr. Mario Zelaya, la Junta Directiva del IHSS, mediante resolución número 01-24-08-2010, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diez (2010), emitió el acuerdo No. 002-JD-2010, por medio del cual, se declaró en estado o situación de emergencia presupuestaria al Régimen de Enfermedad y Maternidad del IHSS, debido al déficit del presupuesto correspondiente al año dos mil diez (2010) y a la falta de aprobación del presupuesto real correspondiente al año dos mil once (2011), proyectado sobre la base de datos reales de los costos de los servicios médicos y administrativos programados de acuerdo a la gestión clínica; lo anterior por un periodo de seis (6)meses, en tal sentido se proyectó un déficit de Mil Doscientos Millones de Lempiras (L.1,200,000.000.00) para el año dos mil once (2011), denotándose con esto la insuficiencia financiera que atravesaba el régimen de Enfermedad y Maternidad, extremo que era del conocimiento de los ahora encausados desde el año dos mil diez (2010), y sirvió de fundamento para adoptar la decisión para aprobar transferencias del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al régimen de Enfermedad y Maternidad, en contraposición al artículo 58 de la Ley del IHSS. 23. Memorando UNYS N. 135-2019, de fecha veinticinco (25) de enero del año diecinueve (2019), con documentación soporte. 26) Memorando N. 7314-GAYF-2017, memorando DT-1642-IHSS-2017, memorando No. 8481-GAYF-2017 y memorando DT-IHSS-1911-2017, con documentación soporte que respaldan las veintidós (22) transferencias para el préstamo de seiscientos millones de lempiras (L. 600,000,000.00), dinero que fue debitado del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y acreditadas al régimen Enfermedad y Maternidad durante el periodo del veintiuno (21) de junio del año dos mil once (2011) al treinta y uno (31) de enero del año dos mil doce (2012). (Consta de 74 folios). Memorando 7314 (Folio 228 Anexo II); Memorando 1642 (Folio 264 Anexo II); Memorando 8481 (Folio 276 Anexo II); Memorando 1911 (Folio 283 Anexo II). Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, permitiendo establecer las veintidós (22) transferencias a través de las cuales se realizaron los desembolsos para la ejecución del préstamo de los seiscientos millones de lempiras (L. 600,000.000.00), de los fondos del régimen de IVM hacia el régimen de EM, autorizado por la Junta Directiva del IHSS mediante resolución No. SEJD-01-24-05-2011. Lo cual fue en contravención al artículo 58 de la ley del IHSS. Lo cual acredita que en efecto se ventilaron veintidós (22) transferencias, que corresponden a los quince (15) Memorándums de solicitud de desembolso, que detallan las transferencias por un valor de seiscientos millones de lempiras (L.600,000,000,00), durante la administración de Mario Zelaya, a lo interno de los regímenes referidos, las cuales eran solicitadas por la Gerencia administrativa y financiera y autorizadas por la Dirección Ejecutiva del IHSS. Dicho medio de prueba se relaciona con el documental 27 del Ministerio Público, próximo analizar, donde se establecen las cuentas afectadas del Régimen IVM a favor de las cuentas de EM. 27. Memorando DT-IHSS-1659-2017 del Departamento de Tesorería General del IHSS de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecisiete (2017). Documento que resulta confiable para este tribunal, al no dudar sobre su procedencia y al haber sido extendido por funcionario competente, permitiendo establecer el detalle de las cuentas bancarias del IHSS afectadas por los desembolsos del préstamo de seiscientos millones de tempiras (L. 600.000.000.00), siendo estas las cuentas número_1103-01000027-2 del BANCO Central de Honduras; número 102-01-10-14597-1 del BANCO LAFISE; número SWITH T/F Continental 22100-01-000002-1, pertenecientes al régimen de IVM; siendo beneficiada la cuenta del IHSS número 11103-01000026-4 del Banco Central de Honduras que pertenece al Régimen de EM. Lo que acredita que en efecto existieron transferencias a lo interno de los referidos regímenes, contraviniendo el artículo 58 de la ley del IHSS (Lo resaltado es nuestro). Con el resto de prueba documental razonada por el Sentenciador, es posible determinar que la misma fue debidamente razonada, pues extrae de ellas el valor probatorio correcto, por ejemplo que la junta directa del IHSS liderada por Mario Zelaya llegó al grado de decretar estado de emergencia en el Régimen de Enfermedad y Maternidad ante el déficit del presupuesto del año 2010 y a la falta de aprobación del presupuesto del año 2011, lo que sin duda alguna fue el detonante para que la Junta directiva en pleno y por unanimidad, aprobara la transferencia de fondos entre regímenes mediante la consolidación de la deuda existente y el otorgamiento de un nuevo préstamo por un valor de 600 millones de lempiras; de ahí pues que la procedencia de la junta directiva del IHSS no es una decisión antojadiza y arbitraria, sino que corresponde a una situación grave y de calamidad en un régimen que es bastante exigente por ser enfermedades comunes y todo lo relacionado a maternidad, éste último uno de los rubros que más exigencias tienen en el área de la salud. El Sentenciador determinó además que los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte fueron transferidos a las cuentas del mismo IHSS, pero enfocados para cubrir la problemática del Régimen de Enfermedad y Maternidad, de ahí pues que se concluye, que ninguno de los miembros de la junta directa utilizó estos fondos para otros fines que los acordados y ningún de estos dineros fueron a parar a cuentas personales de ninguno de ellos, por lo que es posible determinar que los fondos si se utilizaron para cubrir las necesidades de emergencia del régimen de enfermedad y maternidad. Esta Sala de Casación entiende perfectamente los argumentos del censor al expresar que el Tribunal Sentenciador aun y cuando acepta que los miembros de la Junta directiva del IHSS conocían que no era posible el traslado de fondos entre regímenes por una disposición legal del artículo 58 de la Ley del Seguro Social, éstos decidieron aprobar la consolidación de deuda y el otorgamiento de un nuevo préstamo entre los regímenes de IVM y EM, lo que sin duda alguna es contrario a la ley, por tanto la conclusión del Sentenciador seria de condena y no absolución; ahora bien, si se analizan estas circunstancias de forma superficial y formalista, diríamos que el recurrente tiene razón y que el Juzgador incurrió en un error casacional; pero si se analiza más a fondo y acorde a la realidad que se atravesaba el seguro social, las razones que tuvo la junta directa para tomar las decisiones que ejecutó, no solo son justificadas sino que coherentes. Como todos sabemos el Derecho Penal protege bienes jurídicos, muchos de ellos lo constituyen derechos fundamentales inherentes al ser humano. La doctrina del Derecho Penal a través de la teoría del bien jurídico ha convertido esos derechos fundamentales en bienes jurídicos a los que el Derecho Penal concede su máxima protección, castigando con los instrumentos sancionatorios más radicales y contundentes de cuantos dispone el Estado de Derecho las conductas que pueden lesionarlos o ponerlos en peligro. El concepto de bien jurídico pertenece al conjunto de las categorías más recurrentemente empleadas por la doctrina penal de la parte especial. Con el concepto de bien jurídico se refiere la doctrina al objeto de protección, que no debe confundirse con el objeto material del delito. Así, en el hurto, el objeto viene dado por la cosa sustraída, mientras que el bien jurídico por el patrimonio. El bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con la persona y su desarrollo. Vida, salud, integridad, libertad, indemnidad, patrimonio… son bienes jurídicos. Pero también lo son la Administración pública, entendida como conjunto de circunstancias de funcionamiento de la Administración que posibilitan el desarrollo de las personas; también la Administración de Justicia, el medio ambiente, la salud pública… Se trata de bienes supraindividuales, que también son objeto de protección por el Derecho penal. El Derecho penal de la actualidad protege bienes jurídicos personalísimos, pero también el patrimonio y algunos bienes supraindividuales, entre los que se incluyen los llamados "intereses difusos", como el medio ambiente, la salud pública…, realidades valoradas socialmente que afectan a diversas personas sin hallarse encarnadas en objetos materialmente tangibles. El concepto de bien jurídico cumple una función instrumental, en cuanto permite clasificar los diversos delitos en torno a sus respectivos bienes jurídicos. Se habla así de una función sistemática. Cumple también una función interpretativa, en cuanto permite interpretar los diversos preceptos a la luz y desde el prisma del bien jurídico que vienen a tutelar. Por tanto, es clave poder identificar cuál es el bien protegido en cada delito; para ello, resultaría inidóneo afirmar que es aquel que la ley dice se protege (así, por ejemplo, en los delitos contra la Administración Pública, el bien jurídico protegido es la Administración Pública), porque se trata de una tautología. Lo relevante es poder definir qué se entiende por tal bien jurídico. Cuando recurrimos al canon teleológico de interpretación, solemos emplear el bien jurídico como elemento para dar contenido a los términos gramaticales de cada delito. El bien jurídico cumple además una tercera función, la político-criminal, que significa que sirve para establecer límites a la acción del legislador cuando define conductas como delitos. Un Derecho penal garantista es aquel que ofrece límites y barreras a un uso desmedido del ius puniendi, en cuanto no sometido al ius poenale. El bien jurídico ofrece un límite en cuanto no es posible crear legislativamente delitos carentes de bien jurídico, en cuanto no pueden elevarse a la categoría de delito conductas que solamente atentan contra intereses políticos, ideologías…, y no contra realidades valoradas socialmente. En virtud de lo antes expuesto, es posible concluir que en el presente caso nos encontramos ante dos bienes jurídicos en conflicto, por un lado, el buen funcionamiento de la Administración Pública y por el otro el derecho a la salud de cientos de personas afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social; de ahí pues que al no permitirse el traslado de fondos entre regímenes por disposición de la ley del seguro social, se estaba salvaguardando la correcta administración pública o del Estado; pero al tomar la determinación unánime de la Junta Directiva del IHSS de la transferencia de fondos entre los regímenes de IVM y EM lo que hizo fue proteger el bien jurídico “salud pública” de los afiliados a la seguridad social, por tanto ante dos bienes jurídicos en conflicto se debe decidir por el más sensible, por el que protege al individuo, en este caso por el derecho a la salud de muchas personas. Esta Sala de lo Penal considera que debe observarse nuestra realidad como Estado, nuestras falencias, nuestras dificultades y en el caso subjudice, las graves dificultades que se tenía para ofrecer un servicio medianamente adecuado a aquellos derechos habientes del Régimen de Enfermedad y Maternidad; por lo que, las razones que expusieron el director ejecutivo, el Gerente Administrativo y Financiero y los miembros de la Junta Directiva del IHSS fueron totalmente justificadas y acordes a la realidad que estaban viviendo; de ahí pues que el Tribunal Sentenciador al realizar la valoración conjunta y armónica de toda la prueba evacuada en juicio lo hizo en respeto irrestricto a las Reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores: 1) José Ramón Bertetty Osorio y Mario Roberto Zelaya Rojas, a quienes se les absolvió del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública. 2) Arturo Bendaña Pinel, Carlos Montes Rodríguez, José Hilario Espinoza Herrera, Luis Alonzo Mayorga Gálvez, Javier Rodolfo Pastor Vasquez, Leonardo Villeda Bermúdez, Oscar Manuel Galeano Florentino, Daniel Antonio Duron Romero, José Humberto Lara Enamorado, Odessa del Carmen Henríquez Rivas, Arnoldo Gabriel Solís Cordova y Jose Manuel Espinal a quienes absolvió del delito de Prevaricato Administrativo en perjuicio de La Administración Pública. Segundo: Declarar Firme la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los dos días del mes de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 193-2021.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL