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Sentencia CP-189-19 — Registro 17069

Resumen

En primer instancia se condena a los imputados como autores del delito de Violación de los deberes de los funcionarios, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por lo que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica, como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia, tales como, que la prueba evacuada en juicio, en especial la declaración de los testigos Darwin Rene Reyes, Ruben Lozano Gutierrez, resulta insuficiente para identificar a los imputados y para individualizar sus acciones, considerando a criterio del recurrente, que dichas declaraciones no son creibles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios; luego rebatió la prueba documental, que los mismo fueron cuestionados constantemente y nuevamente como el anterior medio de prueba consideró, que la prueba documental no es creibles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios y así fue desarrollando su recurso con el resto de medios probatorios. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa -o no- de las reglas de la sana crítica, aunando, el no señalar cual de las reglas que componen la sana critica fue la arribada arbitrariamente por el juzgador. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo al basar su desarrollo recursivo en esos alegatos, no logra en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el motivo.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-189-2019, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raul Mirada Sabio en calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 189-2019, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a los señores Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, como autores responsables penalmente del delito de Violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres (03) años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a los señores Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial por el doble de tiempo que dure la reclusión, y a la Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión. TERCERO: Declaró a los condenados responsables civilmente del importe de la reparación, restitución e indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito por el que son condenados. CUARTO: No procedió a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procedió el comiso. SEXTO: Suspendió la ejecución de la pena a la que han sido condenados los señores Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, estableciéndose un periodo de prueba cinco años. Recurso de casación interpuesto por el Abogado Miguel Fernando Ruiz Figueroa, actuando en su condición de defensor privado. Son partes en única instancia: El Abogado Miguel Fernando Ruiz Figueroa, defensor privado, en su condición de recurrente, la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, agente fiscal del Ministerio Público y Víctor Antonio Fernández Guzmán, acusador privado, en sus condiciones de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: en fecha veintisiete de julio del dos mil catorce, entre las doce y media a una de la madrugada, entre la primera y segunda calle Sur oeste de esta ciudad de San Pedro Sula, frente al restaurante Johny Rockets, surgió un altercado entre el señor ROLANDO MEDINA y el señor DARWIN RENE REYES, propinando este ultimo una pedrada al vidrio de la puerta lateral izquierda del vehículo propiedad del señor MEDINA, para luego huir del lugar, razón por la cual ROLANDO MEDINA acudió a la posta policial de turismo que se encontraba a una cuadra del lugar solicitando ayuda, al ser atendido por el Agente de turno, se percataron que en el lugar del altercado ya se encontraba una patrulla militar en la que se conducían los señores NELSON RAFAEL LOPEZ MURILLO, RAMON ALEXIS COLINDRES GONZALES, MARIO RUBEN GUEVARA GONZALES, CARLOS ANTONIO BANEGAS GARCIA, MISAEL JONATHAN CAÑADAS FLORES y SANTOS IVAN MARADIAGA CERRATO, a quienes entonces informo lo que había sucedido, movilizándose los militares quienes encontraron en el boulevard Morazán al señor DARWIN RENE REYES a quien llevaron en la patrulla hasta el lugar de los hechos nuevamente. SEGUNDO: Una vez que regresaron los Agentes Militares antes mencionados con el señor DARWIN RENE REYES al lugar donde se encontraba el señor ROLANDO MEDINA, lo bajaron de la patrulla iniciando nuevamente un altercado entre ambos sujetos, hasta llegar a los golpes, sin que los Agentes Militares intervinieran para evitar el conflicto, por el contrario uno de ellos propinó una patada en la humanidad de DARWIN RENE REYES, para luego retirarse todos los militares del lugar en la patrulla, siendo indiferentes ante las agresiones físicas que observaban entre ambos sujetos, apartándose de cumplir con su obligación de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de las personas que en ese momento lo requerían...” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Miguel Fernando Ruiz Figueroa, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPOSICION DEL MOTIVO MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral uno (1) y tres (3) del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para los efectos de explicar este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente dice "LAS PRUEBAS SERAN VALORADAS CON ARREGLO A LA SANA CRITICA. EL ORGANO JURISDICCIONAL FORMARA SU CONVICCION VALORANDO EN FORMA CONJUNTA Y ARMONICA TODA LA PRUEBA PRODUCIDA".- Sucede que en la presente causa de autos tales preceptos no han sido observados en vista de que el razonamiento motivado debió estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando - El Tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio y en la dirección que estas apunten, de tal forma que no puede establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren a cierta circunstancia del hecho. La conclusión a la que llego este Tribunal al fallar en la presente causa, no corresponde a la inferencia racional que ofrecen las pruebas que obran en la misma, este Tribunal da por cierta la responsabilidad de los acusados NELSON RAFAEL LÓPEZ, RAMON ALEXIS COLINDRES GONZALEZ, MISAEL JONATAN CAÑADAS FLORES, MARIO RUBEN GUEVARA GONZALEZ, CARLOS ANTONIO BANEGAS GARCIA y SANTOS IVAN MARADIAGA CERRATO, en el Proceso instruido en su contra por suponerlos responsables de haber cometido el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos en perjuicio de la Administración Pública; que de acuerdo a esa prueba sostiene este Tribunal, que mis representados son responsables del delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Publica; pero que NUNCA se probó que hayan sido mis representados: 1.- CONSIDERACION A LA PRUEBA TESTIFICAL DE CARGO. Esta valoración es simplemente contradictoria con el UNICO hecho que considera probado el Tribunal: cuando de la declaración misma de los testigos de cargo, es incongruente y contradictoria entre sí y no individualiza la participación de ninguno de mis representados, tal y como lo expongo a continuación: A) DARWIN RENE REYES: quien depuso que los hechos ocurrieron frente al restaurante Johnny Rockets, cerca del estadio Morazán , a la una de la mañana y pidió ayuda a unos militares, quien en vez de ello lo agredieron más. Refiere el testigo que es conocido con el alias "Mónica Shakira”; que todo inicio cuando él iba pasando por el lugar y les ofreció servicio sexual al Doctor y su acompañante, pero le comenzaron a decir cosas feas, por lo que se molestó y les repelió sus palabras; luego cuando iba por el Boulevard Morazán, pasaron los del ejército y lo subieron a la patrulla militar y lo bajaron donde estaba el Doctor, quien comenzó a darle golpes en el rostro y de los seis militares que estaban uno lo golpeo también. Dijo que cuando vio la patrulla se sintió alegre porque pensó que le ayudarían y no fue así, por el contrario, se fueron sin hacer nada, ninguno de los militares le auxilio, solo uno lo agredió y que todo comenzó porque el Doctor y su acompañante le comenzaron a insultar. B) RUBEN LOZANO GUTIERREZ, el día de los hechos domingo 27 de julio del 2014, se encontraba turnando en la Policía de Turismo, en la 12 avenida entre primera y segunda calle, Barrio Los Andes, el cual recibió siendo las doce de la noche y a las doce y media a una de la mañana llego un joven informando un problema que tenía, diciendo que un chamero lo insultaba y le quería quebrarlos vidrios del carro y al salir a ver lo que ocurría y verificar el problema, pudo observar a cuadra y media una patrulla de militares que había llegado, por lo que el muchacho se fue corriendo y él se regresó a su oficina sin percatarse de lo que ocurrió. Ante el interrogatorio el testigo dijo que se encontraba con un periodista de canal 6 apellido Menjívar, quien se encontraba cargando su celular; que el carro de los militares era color verde olivo y ellos usaban uniforme verde y ellos no llevaron a nadie a la posta ni reportaron nada; la función de los Policías de guardia es informar a las patrullas de turno el problema que suceda pero en ese momento estaba solo y no informo nada porque no logro encargarse del problema ante la presencia de la patrulla de los militares en el lugar y según le dijo el muchacho solo era algo por unos insultos y estaba al otro lado del Boulevard. Sigue diciendo el testigo que los militares si podían intervenir porque la ley los facultaba para requerir a una persona; debieron requerir al agresor y apoyar a la víctima informando lo que debía hacer para interponer la denuncia. Ni el Testigo DARWIN RENE REYES, ni el testigo RUBEN LOZANO GUTIERREZ; identificaron a ninguno de los imputados; el Testigo RUBEN LOZANO GUTIERREZ, describe una Patrulla Color Verde Olivo v Uniforme Verde: lo cual contradice los demás medios de prueba como ser el video presentado como medio de prueba en donde la Patrulla que aparece es Gris y las personas que aparecen allí andan con Uniforme Moteado; al preguntarle sobre las características de la patrulla, este indico que tenia torreta con luces roias: y el vehículo que aparece en el video es color gris y no tiene torreta; la declaración de los testigos no individualiza la participación de ninguna de las personas a que hace referencia; por lo que esta defensa considera que los testigos de cargo, no son creíbles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios; esta clara la ausencia de la aplicación de las reglas de la Sana Critica al momento en que el Tribunal, valoro la prueba. B) Con respecto a los medios de prueba documentales consistentes en: a) Informe emitido por el Comandante de la 105 Brigada de Infantería, Porfirio Antonio Moreno Zavala, en fecha 30 de julio del 2014, estableciendo en la misma una relación de hechos de lo acontecido en fecha 27 de julio del 2014, en la cual se vio involucrada la patrulla del Primer Batallón de Comunicaciones al mando de Rafael López Murillo e integrada por Alexis Colindres, Santos Iván Maradiaga, Mario Rubén Guevara González, Carlos Antonio Banegas y Misael Jonathan Cañadas Flores.- b) Seis Constancias de Trabajo extendidas por el Jefe de Recursos Humanos de la 105 Brigada de Infantería de esta Ciudad de San Pedro Sula, las que señalan que los imputados son miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y asignados al Primer Batallón de Comunicaciones. Estos dos documentos fueron cuestionados por la Defensa y se hizo ver a Tribunal de Sentencia, que el Informe supuestamente fue firmado por el Comandante de la 105 Brigada de Infantería y las Constancias fueron firmadas por el Jefe de recursos Humanos de la 105 Brigada de Infantería; pero que ambos tienen una misma firma; no siendo posible que el Comandante de la 105 Brigada de Infantería Coronel Porfirio Antonio Moreno Zavala firme igual que el Jefe de recursos Humanos de la 105 Brigada de Infantería; a pesar de haber puesto en conocimiento al Tribunal esta situación comprobable con el simple cotejo de documentos que obran en el expediente. Por lo que dichos medios de prueba no son creíbles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios; está clara la ausencia de la aplicación de las reglas de la Sana Critica al momento en que el Tribunal, valoro la prueba. c) Acta de Decomiso practicada a Serapio Umanzor Díaz respecto a un DVD, el cual fue entregado hasta el 29 de septiembre de 2014; dos meses después de ocurridos los hechos. d) Acta de entrega de USB de parte del Señor Rolando Medina Godínez; estos dos últimos al igual que el video no hacen prueba en contra de mis representados, pues en el video si bien se aprecian personas, no es posible identificar a ninguno de los que allí aparecen y el vehículo que aparece allí es distinto al que describe detalladamente el Testigo Rubén Lozano Gutiérrez. C) En lo referente al dictamen de video, el perito Roberto Amerly Velásquez, se contradijo; pues por un lado aseguro que el video no podía ser modificado pero que, al ser repreguntado, acepto que el video, pudo ser cortado en secciones; (Lo cual implica que si se puede modificar) De todo lo antes expuesto se puede concluir que el motivo alegado en el presente recurso, que este Tribunal dictó una sentencia condenatoria en contra de mis representados NELSON RAFAEL LÓPEZ, RAMON ALEXIS COLINDRES GONZALEZ, MISAEL JONATAN CAÑADAS FIORES, MARIO RUBEN GUEVARA GONZALEZ, CARLOS ANTONIO BANEGAS GARCIA Y SANTOS IVAN MARADIAGA CERRATO, en el Proceso instruido en su contra por suponerlos responsables de haber cometido el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos en perjuicio de la Administración Pública; delito que de conformidad al Código Penal, Código Procesal Penal y Doctrina Aplicable, por la naturaleza de los mismos, al haber valorado este Tribunal las declaraciones TESTIFICALES DE CARGO, les da valor "probatorio positivo" y tiene por acreditados el tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos; teniéndolos como concluyentes y al efectuarse su relación con la prueba PERICIAL y DOCUMENTAL que igualmente considera válida y concluyente, al no haberse observado las reglas de la sana critica resultan como consecuencia excluyentes de un fallo condenatorio, en virtud de la insuficiencia de pruebas ya que los delitos imputados a mis Representados no han sido probados; lo cual genera además UNA DUDA MAS QUE RAZONABLE y que como consecuencia en este caso debe absolverse como bien franquea el artículo 339 del Código Procesal Penal el que literalmente dice: ARTICULO 339:RESOLUCION. SI EL TRIBUNAL CONSIDERA QUE NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA CONDENAR AL IMPUTADO, DICTARA SENTENCIA ABSOLUTORIA, ASIMISMO, SERA ABSUELTO EN CASO DE DUDA RAZONABLE. Queda demostrado que la prueba fue indebidamente apreciada, y en consecuencia ipso jure debió absolverse a mis Representados. El agravio que ocasionan los vicios citados consiste en que las pruebas en su análisis de conjunto, no son concluyentes para establecer la responsabilidad de mis Representados en los delitos de Detención Ilegal y Torturas, por ser insuficientes y que estas pruebas no arrojan más que una duda razonable y aún más en su relación de hechos no resulta congruente con los mismos, la antijuricidad no se ha establecido como tal por lo que dicha Sentencia no extrajo de esa prueba dicha conclusión y ante esa falta de apreciación, ha dictado un fallo condenatorio…” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículos 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 y 339 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Absolver a sus representados. El Censor, en su desarrollo recursivo ha denunciado el haberse infringido las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria, dado que, en la presente causa, el razonamiento motivado debió estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas; ha señalado que la conclusión que llego el tribunal al emitir fallo, no corresponde a la inferencia racional que ofrecen las pruebas y que dio por cierto la responsabilidad de sus representados, pero nunca se probó que hayan sido ellos. Luego el recurrente procede a señalar cada uno de los medios probatorios y a realizar su propia valoración de lo que resulto de cada prueba evacuada en el debate, para concluir en insuficiencia de prueba al no ser probados los delitos por los cuales fue condenado sus representados y que genera además duda razonable. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por lo que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica, como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia, tales como, que la prueba evacuada en juicio, en especial la declaración de los testigos Darwin Rene Reyes, Ruben Lozano Gutierrez, resulta insuficiente para identificar a los imputados y para individualizar sus acciones, considerando a criterio del recurrente, que dichas declaraciones no son creibles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios; luego rebatió la prueba documental, que los mismo fueron cuestionados constantemente y nuevamente como el anterior medio de prueba consideró, que la prueba documental no es creibles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios y así fue desarrollando su recurso con el resto de medios probatorios. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa -o no- de las reglas de la sana crítica, aunando, el no señalar cual de las reglas que componen la sana critica fue la arribada arbitrariamente por el juzgador. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo al basar su desarrollo recursivo en esos alegatos, no logra en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el motivo. DECISIÓN: • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada de los acusados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público ni la acusación privada hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato: i. Una pena principal de reclusión de tres (03) años de reclusión, por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública; ii. Pena accesoria de inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena de reclusión; iii. Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario; y, vi. Suspensión de la ejecución de la pena de reclusión por un periodo de prueba de cinco años. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título XXVII, Capítulo VIII, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado en artículo 499 numeral 2, como delito de Violación de los deberes de los funcionarios, sancionado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (03) a seis (06) años al funcionario o empleado público que ejecute alguna de las conductas siguientes: 1)….; 2) Indebidamente omite, reusa o retarda cualquier acto propio de las funciones que desempeña. Pena que, conforme al mismo artículo, numeral 2 párrafo último del Código Penal 130-2017, debe de ser incrementada en 1/3 cuando los actos se refieran a tareas de orden público, como ser que los acusados conociendo sus deberes, no intervinieron en el altercado entre Darwin Rene Reyes y Rolando Alberto Medina Godines, para evitar el conflicto, contrario a ello, los acusados se retiraron del lugar, siendo indiferentes a las agresiones físicas que ambos sujetos se propinaban; hecho acontecido entre la primera y segunda calle suroeste de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; obviando la disposición constitucional en su artículo 272 que dispone, las Fuerzas Armadas de Honduras, cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público; así entonces, la pena principal abstracta a imponer debe de ser de 06 años a 08 años de inhabilitación especial. Ante lo anterior, la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia, conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos, al contener para el mismo hecho, una pena alternativa no privativa de libertad, si bien, el Tribunal de Sentencia decidió suspender condicionalmente la ejecución de la pena, es a costa de un periodo de prueba de cinco años, que de delinquir los acusados nuevamente o no cumpliere las obligaciones civiles derivadas del delito, deberá hacerse efectiva la pena que fuese suspendida; por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 del Código Penal 130-2017 tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado: • No aprecia este tribunal en la descripción de hechos probados, la concurrencia de circunstancias agravantes, de las establecidas en el artículo 32 del NCP 130-217; • Se aprecian circunstancias atenuantes típicas descritas en el artículo 31 del NCP 130-2017, a favor de cada uno de los acusados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, el no tener antecedentes penales (F.208 al213), En relación a las circunstancias personales de los acusados, y conforme la foliada judicial, se señala: Nelson Rafael López Murillo, mayor de edad, con 28 años al momento de los hechos, Sargento Segundo de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, unión libre con Candida Alvarez con quien procrearon una niña, hondureño con tarjeta de identidad número 0703-1985-05313, lugar de nacimiento y residencia en la ciudad de Danli, departamento de El Paraíso, aldea San Miguelito, calle a la izquierda de la carretera a aldea El Sedral, frente a la pulpería de Francisco Zerón y Santos Pablo López, el 08 de agosto de 1985, sus padres son Santos Alejandro López y Martina del Carmen Murillo. a) Ramon Alexis Colindres Gonzales, mayor de edad, con 31 años al momento de los hechos, soltero, Sargento Raso de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño con tarjeta de identidad número 0704-1982-00061, lugar de nacimiento y residencia en El Paraíso, departamento de El Paraíso, El Ocotal, dos cuadras abajo de la Escuela Naciones Unidas, calle principal, Yuscarán, el 25 de diciembre de 1983, sus padres son Hernán Colindres Salgado y Julia Gonzales Vásquez. b) Mario Ruben Guevara Gonzales, mayor de edad, con 24 años al momento de los hechos, Soldado de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, soltero, hondureño con tarjeta de identidad número 0801-1990-15979, con lugar de nacimiento en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el 04 de agosto de 1990, con domicilio en colonia Catbil, segundo pasaje, casa #3, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes; sus padres son Santos Mario Fúnez Guevara y Valentina Gonzales. c) Carlos Antonio Banegas Garcia, mayor de edad, con 26 años al momento de los hechos, Soldado de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, unión libre con Cindy Raquel Talavera, hondureño con tarjeta de identidad número 0703-1988-03475, con lugar de nacimiento y domicilio en Jutiapa, Jamastran, departamento de El Paraíso, frente al expendio Kenia, el 25 de septiembre de 1988, sus padres son Angel de los Angeles Banegas Salgado y Esperanza García Hernández. d) Misael Jonathan Cañadas Flores, mayor de edad, con 22 años al momento de los hechos, Soldado de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, casado, hondureño con tarjeta de identidad 0701-1992-00046, con lugar de nacimiento en Choluteca, Choluteca el 23 de enero de 1992 y con domicilio en colonia Nuevo Amanecer, dos cuadras delante de ITP, casa #E36, de la ciudad de La Paz, departamento de La Paz; , sus padres son Jose Arturo Cerrato Cañadas y María Flores Fonseca. e) Santos Iván Maradiaga Cerrato, mayor edad, con 22 años al momento de los hechos, Soldado de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, soltero, hondureño con tarjeta de identidad número 0715-1992-00628, con lugar de nacimiento y domicilio en la ciudad de Teupasenti, departamento de El Paraíso, atrás de la escuela Jose Cecilio del Valle, casa color blanco, el 03 de julio de 1992, sus padres son Cayetano Maradiaga Santos y Cerapia Cerrato López Conforme a lo señalado, corresponde imponer a los acusados la pena mínima prevista como sanción para el delito por el cual son encontrados culpables, más las penas accesorias y demás consecuencias penales y legales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Miguel Fernando Ruiz Figueroa, actuando en su condición de defensor privado de los encausados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los ahora condenados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato; en consecuencia, se reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos a los acusados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, de generales conocidas en el acumulado judicial, como coautores penalmente responsable de un delito consumado de Violación de los Deberes de los Funcionarios Agravado, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, imponiéndoles a cada uno de ellos, la pena principal de Inhabilitación Especial para empleo o cargo público relacionado con la prevención del delito o de actos que se refieran a tareas de orden público que exijan un cumplimiento inmediato, durante seis años; pena que deberá de ejecutarse conforme las siguientes reglas: a.- El cumplimiento de la pena dará inicio hasta que la sentencia proceda a ser ejecutada por el Órgano Jurisdiccional competente; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas. Tercero: Por disposición constitucional (Art. 41.2) debemos condenar y condenamos a los reos Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, a cumplir simultáneamente la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía, por el tiempo de la pena principal. Cuarto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Quinto: No procede la declaratoria de comiso en el presente caso.- Sexto: No procede condenar a los reos Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cinco días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el seis de junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-189-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-189-2019, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raul Mirada Sabio en calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 189-2019, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a los señores Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, como autores responsables penalmente del delito de Violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres (03) años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a los señores Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial por el doble de tiempo que dure la reclusión, y a la Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión. TERCERO: Declaró a los condenados responsables civilmente del importe de la reparación, restitución e indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito por el que son condenados. CUARTO: No procedió a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procedió el comiso. SEXTO: Suspendió la ejecución de la pena a la que han sido condenados los señores Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, estableciéndose un periodo de prueba cinco años. Recurso de casación interpuesto por el Abogado Miguel Fernando Ruiz Figueroa, actuando en su condición de defensor privado. Son partes en única instancia: El Abogado Miguel Fernando Ruiz Figueroa, defensor privado, en su condición de recurrente, la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, agente fiscal del Ministerio Público y Víctor Antonio Fernández Guzmán, acusador privado, en sus condiciones de recurridos. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: en fecha veintisiete de julio del dos mil catorce, entre las doce y media a una de la madrugada, entre la primera y segunda calle Sur oeste de esta ciudad de San Pedro Sula, frente al restaurante Johny Rockets, surgió un altercado entre el señor ROLANDO MEDINA y el señor DARWIN RENE REYES, propinando este ultimo una pedrada al vidrio de la puerta lateral izquierda del vehículo propiedad del señor MEDINA, para luego huir del lugar, razón por la cual ROLANDO MEDINA acudió a la posta policial de turismo que se encontraba a una cuadra del lugar solicitando ayuda, al ser atendido por el Agente de turno, se percataron que en el lugar del altercado ya se encontraba una patrulla militar en la que se conducían los señores NELSON RAFAEL LOPEZ MURILLO, RAMON ALEXIS COLINDRES GONZALES, MARIO RUBEN GUEVARA GONZALES, CARLOS ANTONIO BANEGAS GARCIA, MISAEL JONATHAN CAÑADAS FLORES y SANTOS IVAN MARADIAGA CERRATO, a quienes entonces informo lo que había sucedido, movilizándose los militares quienes encontraron en el boulevard Morazán al señor DARWIN RENE REYES a quien llevaron en la patrulla hasta el lugar de los hechos nuevamente. SEGUNDO: Una vez que regresaron los Agentes Militares antes mencionados con el señor DARWIN RENE REYES al lugar donde se encontraba el señor ROLANDO MEDINA, lo bajaron de la patrulla iniciando nuevamente un altercado entre ambos sujetos, hasta llegar a los golpes, sin que los Agentes Militares intervinieran para evitar el conflicto, por el contrario uno de ellos propinó una patada en la humanidad de DARWIN RENE REYES, para luego retirarse todos los militares del lugar en la patrulla, siendo indiferentes ante las agresiones físicas que observaban entre ambos sujetos, apartándose de cumplir con su obligación de intervenir para garantizar la seguridad e integridad física de las personas que en ese momento lo requerían...” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Miguel Fernando Ruiz Figueroa, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPOSICION DEL MOTIVO MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral uno (1) y tres (3) del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para los efectos de explicar este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente dice "LAS PRUEBAS SERAN VALORADAS CON ARREGLO A LA SANA CRITICA. EL ORGANO JURISDICCIONAL FORMARA SU CONVICCION VALORANDO EN FORMA CONJUNTA Y ARMONICA TODA LA PRUEBA PRODUCIDA".- Sucede que en la presente causa de autos tales preceptos no han sido observados en vista de que el razonamiento motivado debió estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando - El Tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio y en la dirección que estas apunten, de tal forma que no puede establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren a cierta circunstancia del hecho. La conclusión a la que llego este Tribunal al fallar en la presente causa, no corresponde a la inferencia racional que ofrecen las pruebas que obran en la misma, este Tribunal da por cierta la responsabilidad de los acusados NELSON RAFAEL LÓPEZ, RAMON ALEXIS COLINDRES GONZALEZ, MISAEL JONATAN CAÑADAS FLORES, MARIO RUBEN GUEVARA GONZALEZ, CARLOS ANTONIO BANEGAS GARCIA y SANTOS IVAN MARADIAGA CERRATO, en el Proceso instruido en su contra por suponerlos responsables de haber cometido el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos en perjuicio de la Administración Pública; que de acuerdo a esa prueba sostiene este Tribunal, que mis representados son responsables del delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Publica; pero que NUNCA se probó que hayan sido mis representados: 1.- CONSIDERACION A LA PRUEBA TESTIFICAL DE CARGO. Esta valoración es simplemente contradictoria con el UNICO hecho que considera probado el Tribunal: cuando de la declaración misma de los testigos de cargo, es incongruente y contradictoria entre sí y no individualiza la participación de ninguno de mis representados, tal y como lo expongo a continuación: A) DARWIN RENE REYES: quien depuso que los hechos ocurrieron frente al restaurante Johnny Rockets, cerca del estadio Morazán , a la una de la mañana y pidió ayuda a unos militares, quien en vez de ello lo agredieron más. Refiere el testigo que es conocido con el alias "Mónica Shakira”; que todo inicio cuando él iba pasando por el lugar y les ofreció servicio sexual al Doctor y su acompañante, pero le comenzaron a decir cosas feas, por lo que se molestó y les repelió sus palabras; luego cuando iba por el Boulevard Morazán, pasaron los del ejército y lo subieron a la patrulla militar y lo bajaron donde estaba el Doctor, quien comenzó a darle golpes en el rostro y de los seis militares que estaban uno lo golpeo también. Dijo que cuando vio la patrulla se sintió alegre porque pensó que le ayudarían y no fue así, por el contrario, se fueron sin hacer nada, ninguno de los militares le auxilio, solo uno lo agredió y que todo comenzó porque el Doctor y su acompañante le comenzaron a insultar. B) RUBEN LOZANO GUTIERREZ, el día de los hechos domingo 27 de julio del 2014, se encontraba turnando en la Policía de Turismo, en la 12 avenida entre primera y segunda calle, Barrio Los Andes, el cual recibió siendo las doce de la noche y a las doce y media a una de la mañana llego un joven informando un problema que tenía, diciendo que un chamero lo insultaba y le quería quebrarlos vidrios del carro y al salir a ver lo que ocurría y verificar el problema, pudo observar a cuadra y media una patrulla de militares que había llegado, por lo que el muchacho se fue corriendo y él se regresó a su oficina sin percatarse de lo que ocurrió. Ante el interrogatorio el testigo dijo que se encontraba con un periodista de canal 6 apellido Menjívar, quien se encontraba cargando su celular; que el carro de los militares era color verde olivo y ellos usaban uniforme verde y ellos no llevaron a nadie a la posta ni reportaron nada; la función de los Policías de guardia es informar a las patrullas de turno el problema que suceda pero en ese momento estaba solo y no informo nada porque no logro encargarse del problema ante la presencia de la patrulla de los militares en el lugar y según le dijo el muchacho solo era algo por unos insultos y estaba al otro lado del Boulevard. Sigue diciendo el testigo que los militares si podían intervenir porque la ley los facultaba para requerir a una persona; debieron requerir al agresor y apoyar a la víctima informando lo que debía hacer para interponer la denuncia. Ni el Testigo DARWIN RENE REYES, ni el testigo RUBEN LOZANO GUTIERREZ; identificaron a ninguno de los imputados; el Testigo RUBEN LOZANO GUTIERREZ, describe una Patrulla Color Verde Olivo v Uniforme Verde: lo cual contradice los demás medios de prueba como ser el video presentado como medio de prueba en donde la Patrulla que aparece es Gris y las personas que aparecen allí andan con Uniforme Moteado; al preguntarle sobre las características de la patrulla, este indico que tenia torreta con luces roias: y el vehículo que aparece en el video es color gris y no tiene torreta; la declaración de los testigos no individualiza la participación de ninguna de las personas a que hace referencia; por lo que esta defensa considera que los testigos de cargo, no son creíbles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios; esta clara la ausencia de la aplicación de las reglas de la Sana Critica al momento en que el Tribunal, valoro la prueba. B) Con respecto a los medios de prueba documentales consistentes en: a) Informe emitido por el Comandante de la 105 Brigada de Infantería, Porfirio Antonio Moreno Zavala, en fecha 30 de julio del 2014, estableciendo en la misma una relación de hechos de lo acontecido en fecha 27 de julio del 2014, en la cual se vio involucrada la patrulla del Primer Batallón de Comunicaciones al mando de Rafael López Murillo e integrada por Alexis Colindres, Santos Iván Maradiaga, Mario Rubén Guevara González, Carlos Antonio Banegas y Misael Jonathan Cañadas Flores.- b) Seis Constancias de Trabajo extendidas por el Jefe de Recursos Humanos de la 105 Brigada de Infantería de esta Ciudad de San Pedro Sula, las que señalan que los imputados son miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y asignados al Primer Batallón de Comunicaciones. Estos dos documentos fueron cuestionados por la Defensa y se hizo ver a Tribunal de Sentencia, que el Informe supuestamente fue firmado por el Comandante de la 105 Brigada de Infantería y las Constancias fueron firmadas por el Jefe de recursos Humanos de la 105 Brigada de Infantería; pero que ambos tienen una misma firma; no siendo posible que el Comandante de la 105 Brigada de Infantería Coronel Porfirio Antonio Moreno Zavala firme igual que el Jefe de recursos Humanos de la 105 Brigada de Infantería; a pesar de haber puesto en conocimiento al Tribunal esta situación comprobable con el simple cotejo de documentos que obran en el expediente. Por lo que dichos medios de prueba no son creíbles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios; está clara la ausencia de la aplicación de las reglas de la Sana Critica al momento en que el Tribunal, valoro la prueba. c) Acta de Decomiso practicada a Serapio Umanzor Díaz respecto a un DVD, el cual fue entregado hasta el 29 de septiembre de 2014; dos meses después de ocurridos los hechos. d) Acta de entrega de USB de parte del Señor Rolando Medina Godínez; estos dos últimos al igual que el video no hacen prueba en contra de mis representados, pues en el video si bien se aprecian personas, no es posible identificar a ninguno de los que allí aparecen y el vehículo que aparece allí es distinto al que describe detalladamente el Testigo Rubén Lozano Gutiérrez. C) En lo referente al dictamen de video, el perito Roberto Amerly Velásquez, se contradijo; pues por un lado aseguro que el video no podía ser modificado pero que, al ser repreguntado, acepto que el video, pudo ser cortado en secciones; (Lo cual implica que si se puede modificar) De todo lo antes expuesto se puede concluir que el motivo alegado en el presente recurso, que este Tribunal dictó una sentencia condenatoria en contra de mis representados NELSON RAFAEL LÓPEZ, RAMON ALEXIS COLINDRES GONZALEZ, MISAEL JONATAN CAÑADAS FIORES, MARIO RUBEN GUEVARA GONZALEZ, CARLOS ANTONIO BANEGAS GARCIA Y SANTOS IVAN MARADIAGA CERRATO, en el Proceso instruido en su contra por suponerlos responsables de haber cometido el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos en perjuicio de la Administración Pública; delito que de conformidad al Código Penal, Código Procesal Penal y Doctrina Aplicable, por la naturaleza de los mismos, al haber valorado este Tribunal las declaraciones TESTIFICALES DE CARGO, les da valor "probatorio positivo" y tiene por acreditados el tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos; teniéndolos como concluyentes y al efectuarse su relación con la prueba PERICIAL y DOCUMENTAL que igualmente considera válida y concluyente, al no haberse observado las reglas de la sana critica resultan como consecuencia excluyentes de un fallo condenatorio, en virtud de la insuficiencia de pruebas ya que los delitos imputados a mis Representados no han sido probados; lo cual genera además UNA DUDA MAS QUE RAZONABLE y que como consecuencia en este caso debe absolverse como bien franquea el artículo 339 del Código Procesal Penal el que literalmente dice: ARTICULO 339:RESOLUCION. SI EL TRIBUNAL CONSIDERA QUE NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA CONDENAR AL IMPUTADO, DICTARA SENTENCIA ABSOLUTORIA, ASIMISMO, SERA ABSUELTO EN CASO DE DUDA RAZONABLE. Queda demostrado que la prueba fue indebidamente apreciada, y en consecuencia ipso jure debió absolverse a mis Representados. El agravio que ocasionan los vicios citados consiste en que las pruebas en su análisis de conjunto, no son concluyentes para establecer la responsabilidad de mis Representados en los delitos de Detención Ilegal y Torturas, por ser insuficientes y que estas pruebas no arrojan más que una duda razonable y aún más en su relación de hechos no resulta congruente con los mismos, la antijuricidad no se ha establecido como tal por lo que dicha Sentencia no extrajo de esa prueba dicha conclusión y ante esa falta de apreciación, ha dictado un fallo condenatorio…” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículos 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 y 339 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Absolver a sus representados. El Censor, en su desarrollo recursivo ha denunciado el haberse infringido las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria, dado que, en la presente causa, el razonamiento motivado debió estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas; ha señalado que la conclusión que llego el tribunal al emitir fallo, no corresponde a la inferencia racional que ofrecen las pruebas y que dio por cierto la responsabilidad de sus representados, pero nunca se probó que hayan sido ellos. Luego el recurrente procede a señalar cada uno de los medios probatorios y a realizar su propia valoración de lo que resulto de cada prueba evacuada en el debate, para concluir en insuficiencia de prueba al no ser probados los delitos por los cuales fue condenado sus representados y que genera además duda razonable. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por lo que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica, como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia, tales como, que la prueba evacuada en juicio, en especial la declaración de los testigos Darwin Rene Reyes, Ruben Lozano Gutierrez, resulta insuficiente para identificar a los imputados y para individualizar sus acciones, considerando a criterio del recurrente, que dichas declaraciones no son creibles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios; luego rebatió la prueba documental, que los mismo fueron cuestionados constantemente y nuevamente como el anterior medio de prueba consideró, que la prueba documental no es creibles, coherentes, lógicos y mucho menos congruentes, pero si contradictorios y así fue desarrollando su recurso con el resto de medios probatorios. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa -o no- de las reglas de la sana crítica, aunando, el no señalar cual de las reglas que componen la sana critica fue la arribada arbitrariamente por el juzgador. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo al basar su desarrollo recursivo en esos alegatos, no logra en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el motivo. DECISIÓN: • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada de los acusados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público ni la acusación privada hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato: i. Una pena principal de reclusión de tres (03) años de reclusión, por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública; ii. Pena accesoria de inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena de reclusión; iii. Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario; y, vi. Suspensión de la ejecución de la pena de reclusión por un periodo de prueba de cinco años. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título XXVII, Capítulo VIII, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado en artículo 499 numeral 2, como delito de Violación de los deberes de los funcionarios, sancionado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres (03) a seis (06) años al funcionario o empleado público que ejecute alguna de las conductas siguientes: 1)….; 2) Indebidamente omite, reusa o retarda cualquier acto propio de las funciones que desempeña. Pena que, conforme al mismo artículo, numeral 2 párrafo último del Código Penal 130-2017, debe de ser incrementada en 1/3 cuando los actos se refieran a tareas de orden público, como ser que los acusados conociendo sus deberes, no intervinieron en el altercado entre Darwin Rene Reyes y Rolando Alberto Medina Godines, para evitar el conflicto, contrario a ello, los acusados se retiraron del lugar, siendo indiferentes a las agresiones físicas que ambos sujetos se propinaban; hecho acontecido entre la primera y segunda calle suroeste de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; obviando la disposición constitucional en su artículo 272 que dispone, las Fuerzas Armadas de Honduras, cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público; así entonces, la pena principal abstracta a imponer debe de ser de 06 años a 08 años de inhabilitación especial. Ante lo anterior, la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia, conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos, al contener para el mismo hecho, una pena alternativa no privativa de libertad, si bien, el Tribunal de Sentencia decidió suspender condicionalmente la ejecución de la pena, es a costa de un periodo de prueba de cinco años, que de delinquir los acusados nuevamente o no cumpliere las obligaciones civiles derivadas del delito, deberá hacerse efectiva la pena que fuese suspendida; por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 del Código Penal 130-2017 tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado: • No aprecia este tribunal en la descripción de hechos probados, la concurrencia de circunstancias agravantes, de las establecidas en el artículo 32 del NCP 130-217; • Se aprecian circunstancias atenuantes típicas descritas en el artículo 31 del NCP 130-2017, a favor de cada uno de los acusados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, el no tener antecedentes penales (F.208 al213), En relación a las circunstancias personales de los acusados, y conforme la foliada judicial, se señala: Nelson Rafael López Murillo, mayor de edad, con 28 años al momento de los hechos, Sargento Segundo de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, unión libre con Candida Alvarez con quien procrearon una niña, hondureño con tarjeta de identidad número 0703-1985-05313, lugar de nacimiento y residencia en la ciudad de Danli, departamento de El Paraíso, aldea San Miguelito, calle a la izquierda de la carretera a aldea El Sedral, frente a la pulpería de Francisco Zerón y Santos Pablo López, el 08 de agosto de 1985, sus padres son Santos Alejandro López y Martina del Carmen Murillo. a) Ramon Alexis Colindres Gonzales, mayor de edad, con 31 años al momento de los hechos, soltero, Sargento Raso de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureño con tarjeta de identidad número 0704-1982-00061, lugar de nacimiento y residencia en El Paraíso, departamento de El Paraíso, El Ocotal, dos cuadras abajo de la Escuela Naciones Unidas, calle principal, Yuscarán, el 25 de diciembre de 1983, sus padres son Hernán Colindres Salgado y Julia Gonzales Vásquez. b) Mario Ruben Guevara Gonzales, mayor de edad, con 24 años al momento de los hechos, Soldado de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, soltero, hondureño con tarjeta de identidad número 0801-1990-15979, con lugar de nacimiento en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el 04 de agosto de 1990, con domicilio en colonia Catbil, segundo pasaje, casa #3, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes; sus padres son Santos Mario Fúnez Guevara y Valentina Gonzales. c) Carlos Antonio Banegas Garcia, mayor de edad, con 26 años al momento de los hechos, Soldado de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, unión libre con Cindy Raquel Talavera, hondureño con tarjeta de identidad número 0703-1988-03475, con lugar de nacimiento y domicilio en Jutiapa, Jamastran, departamento de El Paraíso, frente al expendio Kenia, el 25 de septiembre de 1988, sus padres son Angel de los Angeles Banegas Salgado y Esperanza García Hernández. d) Misael Jonathan Cañadas Flores, mayor de edad, con 22 años al momento de los hechos, Soldado de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, casado, hondureño con tarjeta de identidad 0701-1992-00046, con lugar de nacimiento en Choluteca, Choluteca el 23 de enero de 1992 y con domicilio en colonia Nuevo Amanecer, dos cuadras delante de ITP, casa #E36, de la ciudad de La Paz, departamento de La Paz; , sus padres son Jose Arturo Cerrato Cañadas y María Flores Fonseca. e) Santos Iván Maradiaga Cerrato, mayor edad, con 22 años al momento de los hechos, Soldado de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, soltero, hondureño con tarjeta de identidad número 0715-1992-00628, con lugar de nacimiento y domicilio en la ciudad de Teupasenti, departamento de El Paraíso, atrás de la escuela Jose Cecilio del Valle, casa color blanco, el 03 de julio de 1992, sus padres son Cayetano Maradiaga Santos y Cerapia Cerrato López Conforme a lo señalado, corresponde imponer a los acusados la pena mínima prevista como sanción para el delito por el cual son encontrados culpables, más las penas accesorias y demás consecuencias penales y legales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Miguel Fernando Ruiz Figueroa, actuando en su condición de defensor privado de los encausados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los ahora condenados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato; en consecuencia, se reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos a los acusados Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, de generales conocidas en el acumulado judicial, como coautores penalmente responsable de un delito consumado de Violación de los Deberes de los Funcionarios Agravado, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, imponiéndoles a cada uno de ellos, la pena principal de Inhabilitación Especial para empleo o cargo público relacionado con la prevención del delito o de actos que se refieran a tareas de orden público que exijan un cumplimiento inmediato, durante seis años; pena que deberá de ejecutarse conforme las siguientes reglas: a.- El cumplimiento de la pena dará inicio hasta que la sentencia proceda a ser ejecutada por el Órgano Jurisdiccional competente; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas. Tercero: Por disposición constitucional (Art. 41.2) debemos condenar y condenamos a los reos Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, a cumplir simultáneamente la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía, por el tiempo de la pena principal. Cuarto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Quinto: No procede la declaratoria de comiso en el presente caso.- Sexto: No procede condenar a los reos Nelson Rafael López Murillo, Ramón Alexis Colindres Gonzales, Mario Rubén Guevara Gonzáles, Carlos Antonio Banegas García, Misael Jonathan Cañadas Flores y Santos Iván Maradiaga Cerrato, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cinco días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el seis de junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-189-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA SALA PENAL