Sentencia CP-186-19 — Registro 18014
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Juan Manuel Rivas Riera: i. Pena principal de dieciséis (16) años de reclusión; ii. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii. Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. La conducta reprochada al acusado Juan Manuel Rivas Riera está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Juan Manuel Rivas Riera, conforme el CP-144-83 al ser de dieciséis (16) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que toda sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión. Las Premisas son hechos tenidos por ciertos a razón de valoración hecha al amparo de las reglas de la sana critica. Por ende, el Recurrente al alegar la violación de las Reglas de la Sana Critica asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de no solo identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, sino de demostrar su incompatibilidad con las reglas de la sana critica, al realizar la debida confrontación, y aún más explicando después por qué ese malogrado razonamiento judicial es relevante para la decisión final. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o se acreditó los medios probatorios, sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La confección del recurso parte de un proceso básico, a saber: Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba. Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; Identificación de los razonamientos judiciales: El razonamiento es un proceso mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba; Determinación que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; Identificación de las reglas de la sana critica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; Confrontación de los principios o reglas de la sana critica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que éste último no sigue lo mandado por el primero; y Determinación del porque el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevo a la decisión adoptada. Desafortunadamente el Recurrente se sirve del motivo en estudio como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como un medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a-quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. En el caso de marras la Recurrente se ocupa de la prueba y no del razonamiento judicial; transcribe los medios de prueba de cargo, realiza valoraciones propias de la prueba, señalando las declaraciones de los testigos Águila 17 y León 17, la Inspección Ocular junto con su álbum fotográfico número 1521-2017, Acta de Levantamiento cadavérico con número 425-2017, expone el criterio que ha tenido la Sala sobre las reglas de la Sana Critica, para luego reprochar al tribunal de sentencia el haber dado una valoración distinta a la que expone el Recurrente, pues en su opinión no es posible que el a-quo dio por probados los hechos siguientes: “Único: En fecha 23 de marzo de 2017 a eso de las 3 de la tarde, la señora Brendi Karina Solís Soriano, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Jordán, Pimienta, Cortés, donde funcionaba una pulpería: hasta ese lugar llegó el señor Juan Manuel Rivas Riera, quien se hizo pasar como cliente, preguntó quién era la dueña del negocio y cuando la señora Brendi Karina Solís Soriano, se identificó como tal, el señor Juan Manuel Rivas Riera le infirió tres disparos, causándole la muerte instantáneamente por laceración cardiaca y hemo pericardio. Seguidamente el señor Juan Manuel Rivas Riera, huyó del lugar en una motocicleta color verde con franjas blancas." Así entonces el reproche parte como base la valoración personal y subjetiva que tiene el recurrente sobre la prueba, la que compara con la hecha por el tribunal y recrimina por no ser idéntica; no es la construcción de razonamientos judiciales colisionantes con las reglas de la sana critica lo planteado, sino la construcción de razonamientos judiciales colisionantes con la valoración personal del recurrente. De la misma manera, la recurrente plantea un recurso confuso en el cual no identifica eficientemente la regla lógica por la que impugna en su motivo, desconociendo lo que se ha recomendado sobre el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Lo alegado por la Recurrente hace insistir a la Sala de lo Penal que no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. A partir de lo alegado la Sala de lo Penal no tiene duda que la Recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el Recurso, esta Sala de lo Penal debe de desestimar el motivo del Recurrente, el que además tiene un planteamiento erróneo al anunciar la interposición de siete motivos distintos, en lugar de citar solamente aquel que se relaciona con los argumentos recursivos..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-186-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-186-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Juan Manuel Rivas Riera, del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Brendi Karina Solis Soriano-Segundo: Declaró la responsabilidad civil del condenado Juan Manuel Rivas Riera. Tercero: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Juan Manuel Rivas Riera. Cuarto: Declaró el comiso de un teléfono celular, color negro, aparentemente en buen estado de funcionamiento, que fue puesto a la orden del Tribunal de Sentencia como evidencia física. SON PARTES: La Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de Defensora Privada del señor Juan Manuel Rivas Riera, como parte recurrente; y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS Único: En fecha 23 de marzo de 2017 a eso de las 3 de la tarde, la señora Brendi Karina Solís Soriano, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Jordán, Pimienta, Cortés, donde funcionaba una pulpería: hasta ese lugar llegó el señor Juan Manuel Rivas Riera, quien se hizo pasar como cliente, preguntó quién era la dueña del negocio y cuando la señora Brendi Karina Solís Soriano se identificó como tal, el señor Juan Manuel Rivas Riera le infirió tres disparos, causándole la muerte instantáneamente por laceración cardiaca y hemo pericardio. Seguidamente el señor Juan Manuel Rivas Riera, huyó del lugar en una motocicleta color verde con franjas blancas." RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Recurrente Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: "Exposición del Motivo de Casación. Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. Motivo Único: la declaración del hecho probado no sea clara y terminante. Precepto Autorizante: ART. 362.1.- que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias, o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica. Precepto Autorizante: ART. 362.3 del. código procesal penal. Explicación Del Motivo De Casación. El hecho probado es su epígrafe Único: contiene el siguiente tramo: En fecha veintitrés de marzo del 2017 a eso de las tres de la tarde, la señora Brendi Karina Solís Soriano se encontraba en su casa de habitación ubicada en la Colonia Jordán, Pimienta, Cortes, donde funcionaba una pulpería; hasta ese lugar llego el señor Juan Manuel Rivas Riera, quien se hizo pasar como cliente, pregunto quién era la dueña del negocio y cuando la señora Brendi Karina Solís Soriano se identificó como tal, el señor Juan Manuel Rivas Riera le infirió tres disparos, causándole la muerte instantáneamente por laceración cardiaca y hemo pericardio. Seguidamente el señor Juan Manuel Rivas Riera huyo del lugar en una motocicleta color verde con franjas blancas.-, . . .
La defensa considera que se ha incurrido en este primer motivo de casación, al analizar el escueto hecho Único, establecido como probado a consideración del sentenciador, esto es, que este único hecho, lo establece el sentenciador en base a un testimonio único ofrecido en Juicio (testigo protegido León 2017), en cuyo contradictorio fue objeto de varias contradicciones y de manifestaciones de animosidad por parte del declarante, al evadir reiteradamente las respuestas hechas por esta parte, es así, que este único testimonio sin otro medio de prueba que le sustente, es considerado por el A Quo, para establecer como hecho probado que En fecha veintitrés de marzo del 2017 a eso de las tres de la tarde, la señora Brendi Karina Solís Soriano se encontraba en su casa de habitación ubicada en la Colonia Jordán, Pimienta, Cortes, donde funcionaba una pulpería; hasta ese lugar llego el señor Juan Manuel Rivas Riera, quien se hizo pasar como cliente, pregunto quién era la dueña del negocio y cuando la señora Brendi Karina Solís Soriano se identificó como tal, el señor Juan Manuel Rivas Riera le infirió tres disparos, causándole la muerte instantáneamente por laceración cardiaca y hemo pericardio. Seguidamente el señor Juan Manuel Rivas Riera huyo del lugar en una motocicleta color verde con franjas blanca, Lo anterior descrito en la sentencia que hoy se recurre, es lo manifestado por el único testigo de cargo, que supuestamente es testigo presencial de los hechos sucedidos en este caso, testimonio del que se pueden apreciar discrepancias sustanciales entre su testimonio ofrecido en la audiencia de Juicio Oral y Público y el resto de la prueba testifical evacuada, contradicciones que menoscaban su credibilidad en la descripción de los hechos que manifiesta haber escuchado y observado; A tal efecto durante la evacuación de los medios de prueba de cargo de los que se hizo valer el Ministerio Público para sustentar su acusación contra mi representado, tenemos como medio de prueba de cargo la declaración introducida por lectura (ante la ausencia) del testigo águila 2017, de cuya
lectura no se puede establecer que se haya referido a mi representado, pues en ningún momento lo señala o menciona como la persona que refiere haber disparado en perjuicio de la humanidad de la joven Brendi Karina; esta testigo se limita a referir que observo a un joven de 20 a 25 años de edad, ni alto ni bajo, ni oscuro ni claro, apuntar y disparar en contra de la víctima en su casa de habitación; lo que si queda establecido con su declaración es que el día de los hechos no había más persona que la víctima, y dos mujeres más en el lugar, lo que descarta la presencia del testigo protegido León 17 en el lugar del hecho; aunado a lo anterior las inconsistencias manifestadas por el testigo León 17, y su interés manifiesto de evadir las respuestas ante el interrogatorio de la defensa, lo que demostró la falsedad de sus argumentos, pues no pudo responder cosas tan sencillas como que personas se encontraban en el lugar o como vestían estas, aunado a lo anterior el testimonio de León 17, se vuelve inverosímil, pues quedo establecido que al momento de los hechos, la casa tenía portones, un cerco perimetral lo que impedía que se pudiera haber observado desde el exterior de la vivienda o de la propiedad, lo que sucedía al interior de esta,.. tal aspecto también quedo establecido con el medio de prueba documental consistente en la Inspección Ocular con álbum fotográfico número 1521-2017 que obra en el expediente de mérito, donde el Técnico que realizo la pericia, el agente Franklin Osmín Lopez, establece efectivamente la existencia de un muro perimetral, con verjas y balcones, portones, lo que imposibilita que se pueda haber observado desde afuera lo que establece el testigo León 2017 haber observado, y nos encontramos, con que no existe medio de prueba alguno que corrobore lo manifestado por el Testigo Protegido León 2017, a tal efecto su testimonio se vuelve un testimonio in corroborado; si a los hechos antes expuestos le agregamos, que el referido testigo de cuya declaración le basto al sentenciador, establecer el único hecho probado, analizamos el hecho que el refiere haber estado observando como una persona arma de fuego en mano apuntaba y disparaba en contra de la joven Brendi Karina, desde un callejón,.. el medio de prueba consistente en el acta de inspección ocular bajo número 1521-17, establece en el apartado observaciones, que tal callejón está a aproximadamente 90 metros del lugar donde se suscitó el hecho, en una calle hacia abajo, lo que descarta toda posibilidad de visualización manifestada por León 2017, desde ese lugar; lo anterior nos deja sin lugar a dudas ante un testigo mentiroso con un interés manifiesto en perjudicar a mi representado con su deposición, y no deja duda alguna que este testigo no observo lo que refirió haber observado, pues una persona tomando un refresco, jugando con el celular, con un casco en una mano y un arma en otra mano apuntándole a alguien, no puede haber realizado todos estos actos al mismo tiempo, lo que vuelve increíbles los testimonios ofertados por el ente fiscal para sustentar el caso; lo anterior debió ser advertido por el sentenciador conforme a la Lógica y la Sana Critica y contrario sensu, expone en el apartado valoración (página 7 vuelta penúltimo párrafo) de la sentencia que hoy se recurre,“ las anteriores declaraciones gozan de total credibilidad al haberse observado que los deponentes narraron los hechos de manera natural, sin que se advirtiese animadversión hacia el acusado" si bien es cierto los testigos León 17 Y águila 17 transmitieron los hechos que dicen haber percibido, estos hechos no concuerdan entre sí, pues no menos cierto es, que el testimonio de uno excluye la participación de observador que pudo haber tenido el otro, pues ni uno ni el otro observo al primero en el lugar del hecho; no existe en el resto del elenco probatorio traído a este juicio, reconocimiento en rueda realizado por persona alguna que señale a mi representado como autor o participe de este hecho. Si analizamos la prueba pericial consistente en la Autopsia número 0578-17, observamos que la declaración del testigo león 2017, dista mucho de concordar con la trayectoria de los disparos establecidos por el autopsiante, lo que nuevamente nos viene a establecer contradicciones con el testimonio de este testigo; Con el medio de prueba documental consistente en el Acta De Levantamiento De Cadáver número 425-2017, realizada un 23 de marzo del año 2017 y que obra en el expediente de mérito, nos establece, el lugar exacto en el que sucedieron los hechos, medio de prueba que al ser comparado con el medio de prueba pericial 1521-2017 consistente en el acta de Inspección Ocular, nos establece que efectivamente el suceso ocurrió en la Colonia Jordán, en la vivienda de la occisa, que comparado con el medio de prueba pericial consistente en la vinculación telefónica de los aparatos usados por la víctima y el acusado hasta el momento de su detención, mismos que nos establecen que la víctima y el acusado, al momento de sucedidos los hechos se encontraban en lugares diferentes,.. distantes entre sí, lo aunado a los medios de prueba testificales de descargo nos acreditan que efectivamente Juan Manuel Rivas, se encontraba a una distancia específica y distinta del lugar donde perdiera la vida Brendi Karina Soliz, sin embargo tal medio de prueba no solo no fue valorado conforme a la lógica y la experiencia por el sentenciador, sino que refiere que nada asegura que fuera el acusado quien estuviera haciendo esa llamada en un lugar distinto al que ocurrieron los hechos, estableciendo en la sentencia, que aun y cuando este teléfono haya sido decomisado seis meses después de los hechos al acusado, y que contenga en sus registro llamadas realizadas por su persona, desde su lugar de trabajo (taller de mecánica) el tribunal no considera que la persona que utilizaba ese día el teléfono en un lugar distinto a donde se le dio muerte a la joven Brandi fuera el acusado; tal apreciación manifiesta la parcialidad en la valoración de la prueba pericial, realizada por el ente Fiscal, mas no propuesta por este, por tratarse de prueba a favor, es introducida mas no valorada a favor del acusado, aun y cuando este teléfono le fue encontrado en posesión el día de su arresto seis meses después del hecho, contiene prueba irrefutable, primero, que ha sido de uso del acusado y segundo, que lo ubica por el celdaje en un lugar distinto al hecho del cual se le acusa, contrario a lo establecido por el testigo León 2017; Cabe mencionar que en la mayoría de casos traídos a juicios donde se involucra la muerte o secuestro de una persona, es precisamente la ubicación del celdaje de los teléfonos utilizados lo que permiten vincular a una persona con la participación en un ilícito; en el caso que nos ocupa, esta pretendida vinculación establece, la ocurrencia del hecho y la ubicación del portador del teléfono (ubicado por celdas y captación de antenas), en lugares diferentes, y aun así este hecho no es valorado conforme a la lógica por el sentenciador; Esta defensa considera, que al no haberse realizado un reconocimiento conforme a la ley, entre la supuesta testigo águila 2017 y mi representado, que nos estableciera que efectivamente la persona que refiere haber observado dispararle a una persona desconocida, se trata de mi representado Juan Manuel Rivas, y si sumado a esto no se establece en forma alguna la veracidad de Los dichos del testigo LEON 2017, en cuanto a la hora, el lugar en que sucedieran, y el lugar donde él se encontraba, y si la prueba tanto pericial como documental del mismo ente fiscal, nos determina una ubicación distinta del acusado al lugar donde ocurrieran los hechos, no se puede llegar a la certeza de convicción exigido para establecer la participación de mi representado en el hecho que se le imputa, tanto por prueba insuficiente, como por la duda que nos genera el testimonio de este testigo león 2017. En base a los extremos antes expuestos y que fueran los sucedidos durante la evacuación de los medios de prueba ofertados por el ente acusador en contra de los hechos incoados en contra de mi representado, es de establecer que el hecho probado establecido por el Juzgador como único, no es claro ni preciso y lejos de establecer en forma concreta, clara y determinante la declaración de este hecho formulado como probado, denota la inexistencia de base fáctica y probatoria requerida para llegar a tal extremo. - el Articulo 82 de la Constitución de la Republica de Honduras, que taxativamente describe: " "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes' - el Artículo 89 establece: “” Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente"". Lo anterior está relacionado con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2, inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone: “”el Derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos””.-El derecho a un proceso justo con todas las garantías legales, exige, como regla general, que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio oral, para efectos de contradicción e inmediación de las partes en un sistema acusatorio donde rige el principio de inmediación, la exigencia es especialmente imperiosa, en materia de la práctica de la prueba, lo que implica la relación entre jueces y partes directamente con los medios de prueba, máxime, en materia testifical, pues en ese acto donde el juzgador obtiene o se forma el grado de credibilidad y firmeza de los dichos del declarante o testigo.- En el presente caso se incorpora el medio de prueba que sirvió en la etapa inicial del presente caso como indicio probatorio en contra de mi representado, esta es la declaración que brindara el Testigo Protegido águila 2017, Considerando esta defensa que no merece darle el valor probatorio que solicito el ente fiscal, pues fue un testimonio in corroborado.- Siempre en base a los extremos expuestos en los epígrafes anteriores concernientes a los medios de prueba incorporados a juicio para acreditar la participación de Juan Manuel Rivas Riera, en los hechos incoados en su contra concernientes a acreditar su supuesta participación en la muerte de la Joven Brendi Soliz, no es suficiente conforme a Los principios de la sana crítica y la experiencia, la valoración de un solo medio de prueba testifical, in Corroborado en sus extremos, debe estar apoyado en probanza para llegar a una sentencia condenatoria, pues este testimonio debió ser corroborado con otros medios de prueba o indicios mínimos probatorios que permitieran establecer lo denunciado, lo que no existió en el presente caso,- De acuerdo al Tribunal Europeo De Derechos Humanos, (TEDH) para poder erigir como absoluta en prueba de cargo la declaración de un testigo debe reunir como requisito entre otros "que la declaración del testigo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia'"' En el caso que nos ocupa y específicamente en cuanto a la supuesta participación de mi representado Juan Manuel Rivas Riera, al no existir a su vez prueba de cargo que señale a mi representado como participe en la muerte de una persona, surge entonces una duda razonable respecto a la responsabilidad que dicho acusado pueda tener realmente en los hechos.” En lo anterior expuesto, es de observar, en tanto es de conocimiento el criterio de la Honorable Corte Suprema, como así lo fundamenta el Asesor Legal de Vuestra Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Guzmán Valladares[1]. Así mismo lo ha dictaminado el mismo Coordinador General de Fiscales de Honduras, Rolando Argueta, quien siguiendo la línea trazada por el Jurista Muñoz Conde, ha dictaminado: "En este sentido ésta despacho estima que si bien las diligencias de investigación orientan a concluir que el investigado posiblemente participó en la comisión del ilícito, su participación no fue acreditada o vital en el núcleo del delito, al menos así se desprende del escaso material probatorio, pues éste fue insuficiente”[2]
Entonces la cuestión a la cual reducimos nuestra impugnación es confrontar dicha actividad probatoria que fue no solo insuficiente con la sentencia que hoy se recurre, sino a la vez, no fue valorada conforme a las máximas de la experiencia, la lógica y la sana critica devenidas en el Juzgador y contrario a lo esperado, El juzgador erradamente le concedió como probado dicho extremo, en una clara violación de la sana crítica en la apreciación del material probatorio o por omisión de resolver sobre tal aspecto. En cuanto a la calificación jurídica a la que arriba el sentenciador, considera esta defensa que también fueron excluidas la lógica, la sana crítica y la experiencia en las apreciaciones del Juzgador, pues es de todos conocido, que cuando una parte pretende que se tengan probados sus conceptos fácticos, (la existencia de alevosía, la premeditación, el plan preconcebido, de dolo, imprudencia, etc. …), para con ellos basar su pretensión, debe primeramente haber manifestado ello en su acusación (o contestación) y haber acreditado en el debate suficientes elemento para sostener la concurrencia de esas circunstancias. Si aun así el juzgador erradamente no le concedió argumentos para establecer como probados dichos extremos, se establece, claramente un yerro en su sentencia, sea por violación de la sana crítica en la apreciación del material probatorio o por omisión de resolver sobre tal aspecto. Y es que, durante todo este proceso, de más de 2 años, donde se debió haber investigado este hecho, únicamente, se fundamentó la acusación en el testimonio in corroborado, de un solo supuesto testigo protegido que dice haber presenciado la muerte de la víctima de este caso; partiendo de este único testigo, aquí no se ha determinado ni establecido: - el móvil de esta muerte - y es que incluso de la víctima por el cual acusan a mi representado, ni siquiera se estableció su identificación, o algo que nos pudiera dar una mínima idea, de porque perdió la vida. Así, ni a instancia de parte ni de oficio, no es tarea del órgano jurisdiccional hacer cualquier clase de alteración al material fáctico, sea restarle o añadirle. Tal discusión es materia de un recurso por quebranto de forma. Así toda conclusión a que se deba llegar a partir de las pruebas aportadas, debe ser asentada por el tribunal que tuvo contacto directo con la prueba. Así cito el tribunal supremo español: "Pero todo ello por supuesto sin que, en ningún caso, resulte permisible que nuestra actividad se inmiscuya en la función estrictamente valorativa de la prueba, que corresponde, en principio, a la soberanía del Tribunal "a quo". Habiéndose afirmado reiteradamente en este sentido que la prueba practicada en el juicio oral es inmune a la revisión en lo que depende de la inmediación.”[3] Así entonces queda engarzado que es una exigencia del principio de inmediación que el órgano jurisdiccional que determina toda cuestión sobre los hechos sea el mismo órgano que tuvo contacto directo con la prueba en el debate. Y este principio no tiene excepciones, así la inmediación no es fraccionable, por ello no tiene cabida que el tribunal declare los hechos tangibles cuando no tuvo contacto con la prueba, (introducción de un testimonio por lectura autoriza). Ello deriva en quebrantar subrepticiamente la inmediación, y por consiguiente la sana critica en la valoración de la prueba. - Ante ello, el recurso de casación por quebrantamiento de forma ofrece la ventaja que, en caso de declararse con lugar, por haber el A QUO concluido de forma incoherente u omisa sobre los hechos, el caso se remite nuevamente al tribunal de instancia para un nuevo debate. Entonces toda situación sobre los hechos se volverá a debatir y se llegará a determinar mediante fallo de un tribunal que goce de inmediación con la prueba. Por eso el recurso casación de quebranto de forma, en la modalidad descrita, es el único adecuado para la revisión de la coherencia u exhaustividad que condujo al tribunal de para llegar a cada una de sus partes del hecho probado. El Tribunal Sentenciador, da o determina su hecho probado con la única declaración de un testigo, cuyo testimonio no fue corroborado con otro medio de prueba ya sea pericial o documental, que pudiera mínimamente indiciariamente, sustentar los dichos del testigo, Es decir es indispensable determinar e individualizar el autor material del hecho, para consiguientemente precisar cuál es la acción con cuyo acto no se hubiera podido consumar el hecho, y que medios de prueba corroboran y sustentan el dicho de un testigo único, para determinar, con certeza, si efectivamente existe una autoría en el hecho antijurídico consistente en quitarle la vida a una persona e imputar su responsabilidad al acusado.- Agotamiento de Recursos de Instancia: En virtud que el presente recurso ocurre en el mismo acto de la sentencia, no hubo oportunidad procesal de denuncia previa a éste mismo recurso.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 1 y 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 82 y 89 de la Constitución de la Republica de Honduras, artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: La declaración del hecho probado no sea clara y terminante, que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias, o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; Reclamación Ex Ante: El defecto se produce en el acto de mismo de sentenciar; Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso. El recurrente comienza su motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma transcribiendo el hecho declarado probado, continua con el desarrollo de los medios de prueba evacuados en el juicio, procediendo a realizar sus propias valoraciones de instancia, a continuación cita de manera ilustrativa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Honduras no es miembro) como ilustración de criterios comparativos a lo que ha dicho la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, consideraciones que han tenido un dialogo fructífero inter jurisdiccional en cuanto al objeto, fin o alcance de la C.I.D.H. ), puntualiza: “que para poder erigir como absoluta en prueba de cargo la declaración de un testigo debe reunir como requisito entre otros "que la declaración del testigo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia.” Transcribe los artículos 82,89 de La Constitución de la República, artículos 8 numeral 2, inciso f de La Convención Americana de Derechos Humanos, señala que en la valoración fueron excluidas la lógica, la sana crítica, y la experiencia; establece cual es el criterio de la Sala de lo Penal que considera que corresponde a su recurso. Del Principio de Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que contra las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de recurso de casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. .3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que toda sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión. Las Premisas son hechos tenidos por ciertos a razón de valoración hecha al amparo de las reglas de la sana critica. Por ende, el Recurrente al alegar la violación de las Reglas de la Sana Critica asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de no solo identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, sino de demostrar su incompatibilidad con las reglas de la sana critica, al realizar la debida confrontación, y aún más explicando después por qué ese malogrado razonamiento judicial es relevante para la decisión final. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o se acreditó los medios probatorios, sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La confección del recurso parte de un proceso básico, a saber: Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba. Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; Identificación de los razonamientos judiciales: El razonamiento es un proceso mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba; Determinación que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; Identificación de las reglas de la sana critica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; Confrontación de los principios o reglas de la sana critica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que éste último no sigue lo mandado por el primero; y Determinación del porque el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevo a la decisión adoptada. Desafortunadamente el Recurrente se sirve del motivo en estudio como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como un medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a-quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. En el caso de marras la Recurrente se ocupa de la prueba y no del razonamiento judicial; transcribe los medios de prueba de cargo, realiza valoraciones propias de la prueba, señalando las declaraciones de los testigos Águila 17 y León 17, la Inspección Ocular junto con su álbum fotográfico número 1521-2017, Acta de Levantamiento cadavérico con número 425-2017, expone el criterio que ha tenido la Sala sobre las reglas de la Sana Critica, para luego reprochar al tribunal de sentencia el haber dado una valoración distinta a la que expone el Recurrente, pues en su opinión no es posible que el a-quo dio por probados los hechos siguientes: “Único: En fecha 23 de marzo de 2017 a eso de las 3 de la tarde, la señora Brendi Karina Solís Soriano, se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Jordán, Pimienta, Cortés, donde funcionaba una pulpería: hasta ese lugar llegó el señor Juan Manuel Rivas Riera, quien se hizo pasar como cliente, preguntó quién era la dueña del negocio y cuando la señora Brendi Karina Solís Soriano, se identificó como tal, el señor Juan Manuel Rivas Riera le infirió tres disparos, causándole la muerte instantáneamente por laceración cardiaca y hemo pericardio. Seguidamente el señor Juan Manuel Rivas Riera, huyó del lugar en una motocicleta color verde con franjas blancas." Así entonces el reproche parte como base la valoración personal y subjetiva que tiene el recurrente sobre la prueba, la que compara con la hecha por el tribunal y recrimina por no ser idéntica; no es la construcción de razonamientos judiciales colisionantes con las reglas de la sana critica lo planteado, sino la construcción de razonamientos judiciales colisionantes con la valoración personal del recurrente. De la misma manera, la recurrente plantea un recurso confuso en el cual no identifica eficientemente la regla lógica por la que impugna en su motivo, desconociendo lo que se ha recomendado sobre el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Lo alegado por la Recurrente hace insistir a la Sala de lo Penal que no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. A partir de lo alegado la Sala de lo Penal no tiene duda que la Recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el Recurso, esta Sala de lo Penal debe de desestimar el motivo del Recurrente, el que además tiene un planteamiento erróneo al anunciar la interposición de siete motivos distintos, en lugar de citar solamente aquel que se relaciona con los argumentos recursivos. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado Juan Manuel Rivas Riera, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Juan Manuel Rivas Riera: i. Pena principal de dieciséis (16) años de reclusión; ii. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii. Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. La conducta reprochada al acusado Juan Manuel Rivas Riera está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Juan Manuel Rivas Riera, conforme el CP-144-83 al ser de dieciséis (16) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, en su condición de Abogada Privada del acusado Juan Manuel Rivas Riera, a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Brendi Karina Solís Soriano; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Juan Manuel Rivas Riera. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-186-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] Guzman Valladares, Marlon Eduardo; Concurso de Personas en el Delito de autoría y participación, Temas de Derecho Penal, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, Tegucigalpa, Honduras, p. 263
[2] Director General de la Fiscalía, Rolando Edgardo Argueta, Resolución DGF- 116-2014 del Veintiocho de Abril del Dos Mil Catorce
[3] Vid. STS (Sala 2ª), 12-7-2009, (no rec.2049/2008), FD