Sentencia CP-172-19 — Registro 18013
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Extorsión, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Los hechos probados de la sentencia narran que 01 de octubre de 2013, en la ciudad de La Ceiba, en la calle que conduce al estadio, frente a las antiguas instalaciones del Hospital Atlántida, el testigo protegido CX-140, encontró en el suelo entre la puerta y la verja se su negocio una nota manuscrita, en la cual le informaban que debía pagar la cantidad de L.2,000.00, que debía dejarlo en un sobre sobre el mismo lugar, a las 6 de la tarde, por lo que el ofendido interpuso la denuncia correspondiente ente la FNA, en donde agentes tomaron registro de las series de los dos billetes de cien Lempiras proporcionados por el ofendido, tomándosele sus respectivas series y conformando un equipo para observar la entrega, no presentándose ninguna persona a recoger dicho sobre. Dos días después en fecha 03 de octubre , en horas de la mañana El testigo Protegido CX-145, encontró en el mismo lugar otra nota manuscrita, en donde se le daba nuevamente indicación de pagar la cantidad de L.5,000.00 para ese mismo día y si ni lo hacían se presentaran personalmente, diciéndole que tienen conocimiento donde vive, por lo que el ofendido procedió a dejar el mismo sobre que había sido preparado por los agentes de la FNA, entre la puerta y la verja, a eso de las 5:30 de la tarde, informando esta situación a los agentes que investigaban la denuncia, quienes procedieron a montar vigilancia; a eso de las 9:45 de la noche el señor Jerzon Rolando Almendarez Canales, salía del Estadio en donde había participado en un juego de liga de reserva como árbitro y caminaba por la calle que conduce al parque central de la ciudad y al pasar frente al Hospital Atlántida frente al negocio del testigo protegido CX.140, se acercó hasta donde estaba el sobre y lo recogió, quedándose unos minutos sentado en la acera manipulando un teléfono celular, para luego marcharse del lugar, siendo requeridos por agentes de la FNA, quienes le practicaron un registro personal, encontrándole dentro de su zapato izquierdo un sobre de papel blanco cerrado, que contenía los dos billetes de cien lempiras previamente seriados, por el cual fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente. La Sala de lo Penal recuerda que la calificación jurídica de los hechos para la selección y perfecto encaje del tipo penal aplicable, debe determinar de manera completa todos sus elementos objetivos, la fundabilidad del delito imputado, el grado de participación atribuido y las circunstancias modificativas estimadas como concurrentes, y al dejar un vacío los hechos probados de la sentencia en relación a que uno de los elementos objetivos del delito de extorsión se encuentra la modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector que en el caso del tipo penal de estudio esta definida por la violencia o intimidación, tal como lo refiere los hechos probados en la que no se establece amenaza o intimidación alguna para el perjudicado. Además, el último párrafo del artículo 222 reformado del Código Penal, el legislador hace una disposición de que con consecuencia procesal; indica que “La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado”. En el saco examine, el cuadro fáctico plasmado por el tribunal sentenciador, inalterable en casación, no se subsumen para el acusado dentro de todos los elementos objetivos del tipo penal de extorsión, aun y cuando se encuentre acreditado que el acusado haya sido encontrado en posesión de un sobre conteniendo dinero que había sido seriado por el ente de investigación, pues no existe otro elemento que nos lleve al convencimiento que el acusado era la persona que vertía las amenazas, intimidación violencia con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otro servicio, elementos objetivos esencial del tipo penal por el que se le acusa, aspecto determinante apreciado en toda su dimensión por parte del Tribunal, pues al acusado solamente se le encontró con el sobre antes mencionado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-172-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes junio del año dos mil veintitrés (2023), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 172-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual: Primero: ABSOLVER y ABSOLVEMOS por falta de prueba al señor Jerzon Rolando Almendarez Canales, a quien los medios probatorios no vincularon con unos hechos de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido CX-140. En consecuencia, se revoca la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al encausado Jerzon Rolando Almendarez Canales, ordenándose la libertad del encausado sin perjuicio de que se encuentre cumpliendo condena o medida privativa de libertad a raíz de otro proceso. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Mercedes Dubón, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado Mario Emilio Calderón, en su condición de Defensor Privado del señor Jerzon Rolando Almendarez Canales, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que el día uno de octubre del año dos mil trece, en la ciudad de La Ceiba, en la que calle que conduce al Estadio, frente a las antiguas instalaciones del Hospital Atlántida, el Testigo Protegido CX.140, encontró en el suelo entre la puerta y la verja de su negocio una nota manuscrita, en la cual le informaban que debía pagar la cantidad de dos mil lempiras, que debía dejarlo en un sobre en el mismo lugar, a las 6:00 de la tarde; por lo que el ofendido interpuso la denuncia correspondiente en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, en donde agentes de investigación procedieron a tomar registro de las series de dos billetes de cien lempiras proporcionados por el ofendido, series AV1626820 y BY1863321 los que prepararon para su entrega, conformándose un equipo de agentes para observar la entrega, no presentándose ninguna persona a recoger dicho sobre. SEGUNDO: Dos días después, en fecha tres de octubre, en horas de la mañana el Testigo Protegido CX-140, encontró en el mismo lugar otra nota manuscrita, en donde se le daba nuevamente la indicación de pagar la cantidad de cinco mil lempiras para ese mismo día y si no lo hacía se presentaran personalmente, diciéndole que tienen conocimiento donde vive, por lo que el ofendido procedió a dejar el mismo sobre que había sido preparado por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, entre la puerta y la verja, a eso de las cinco treinta de la tarde, informando esta situación a los agentes que investigaban la denuncia, quienes procedieron a montar vigilancia. TERCERO: En esa misma fecha a eso de las 9:45 de la noche, el señor Jerzon Rolando Almendarez Canales, salía del Estadio, en donde había participado en un juego de ligas de reserva, como árbitro y caminaba por la calle que conduce al parque central de la ciudad y al pasar frente al hospital Atlántida frente al negocio del Testigo Protegido CX.140, se acercó hasta donde estaba el sobre y lo recogió, quedándose unos minutos sentados en la acera manipulando un teléfono celular, para luego marcharse del lugar, siendo requerido momentos después por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes le practican un registro personal, encontrándole dentro de su zapato izquierdo un sobre de papel blanco cerrado, que contenía los dos billetes de cien lempiras previamente seriados, motivo por el cual fue detenido y puesto a la orden d la autoridad competente”. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Kenia Vanessa García Lara Florencio, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. 1.- MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN LEY.-. MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 222.1 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 del Código procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal sustantivo citado como infringido por Falta de Aplicación, textualmente dispone: “Artículo 222.1. Extorsión. “Comete el delito de extorsión, quien, mediante amenazas, intimidación, o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa” … (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “PRIMERO: Que el día uno de octubre del año dos mil trece, en la ciudad de La Ceiba, en la que calle que conduce al Estadio, frente a las antiguas instalaciones del Hospital Atlántida, el Testigo Protegido CX.140, encontró en el suelo entre la puerta y la verja de su negocio una nota manuscrita, en la cual le informaban que debía pagar la cantidad de dos mil lempiras, que debía dejarlo en un sobre en el mismo lugar, a las 6:00 de la tarde; por lo que el ofendido interpuso la denuncia correspondiente en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, en donde agentes de investigación procedieron a tomar registro de las series de dos billetes de cien lempiras proporcionados por el ofendido, series AV1626820 y BY1863321 los que prepararon para su entrega, conformándose un equipo de agentes para observar la entrega, no presentándose ninguna persona a recoger dicho sobre. SEGUNDO: Dos días después, en fecha tres de octubre, en horas de la mañana el Testigo Protegido CX-140, encontró en el mismo lugar otra nota manuscrita, en donde se le daba nuevamente la indicación de pagar la cantidad de cinco mil lempiras para ese mismo día y si no lo hacía se presentaran personalmente, diciéndole que tienen conocimiento donde vive, por lo que el ofendido procedió a dejar el mismo sobre que había sido preparado por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, entre la puerta y la verja, a eso de las cinco treinta de la tarde, informando esta situación a los agentes que investigaban la denuncia, quienes procedieron a montar vigilancia. TERCERO: En esa misma fecha a eso de las 9:45 de la noche, el señor Jerzon Rolando Almendarez Canales, salía del Estadio, en donde había participado en un juego de ligas de reserva, como árbitro y caminaba por la calle que conduce al parque central de la ciudad y al pasar frente al hospital Atlántida frente al negocio del Testigo Protegido CX.140, se acercó hasta donde estaba el sobre y lo recogió, quedándose unos minutos sentados en la acera manipulando un teléfono celular, para luego marcharse del lugar, siendo requerido momentos después por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes le practican un registro personal, encontrándole dentro de su zapato izquierdo un sobre de papel blanco cerrado, que contenía los dos billetes de cien lempiras previamente seriados, motivo por el cual fue detenido y puesto a la orden d la autoridad competente”. De la simple lectura del factum se evidencia, que concurre una falta de aplicación del artículo 222 numeral 1 del Código Penal, ya que se describen en el mismo, todos los elementos objetivos y subjetivos exigidos por dicho precepto penal, pues se ha tenido por establecido, que el acusado JERSON ROLANDO ALMENDAREZ CANALES participó a título de autor en el delito de EXTORSIÓN; al fijar el Juzgador como verdad intangible, que el mismo fue la persona que en la fecha y lugar pactado, se acercó dónde estaba un sobre color blanco conteniendo dinero seriado, que en razón de acto intimidatorio, a través de notas manuscritas de fechas 1 y 3 de Octubre de Dos Mil Trece, había dejado la víctima en el lugar que se le indicaba en las referidas anotaciones coercitivas (colocando entre la verja y la puerta de su negocio). Asimismo, el Tribunal ha tenido como hecho acreditado, que dicha evidencia consistente en dos billetes de cien lempiras con series AV1626820 y BY1863321, fue decomisada al imputado al momento de su detención por los Agentes Antiextorsión, quien la llevaba dentro del zapato izquierdo. En armonía con lo anterior, el Sentenciador en el apartado de Fundamentación Jurídica de la sentencia (Pág.13), ha señalado: “si bien la prueba evacuada en el debate permitió establecer que se produjo en contra del ofendido el testigo protegido CX-140, una amenaza que perseguía la obtención de sus bienes con la finalidad de proveerse el agente activo de un beneficio económico injusto, y que se realizaron diligencias de entrega controlada, lo que finalizó con la detención de Jerson Rolando Almendarez Canales… De tal suerte, que de esa forma ha dejado establecido los componentes del delito de extorsión[1], quedando claro además, que la conducta del imputado Jerson Rolando Almendarez Canales, al comparecer a recoger el sobre con doscientos lempiras seriados dejados por el ofendido entre la verja y la puerta de su negocio, como se le había indicado; encaja perfectamente en los elementos que configuran este tipo penal, en razón de que, a la luz de los hechos que se tuvieron por probados se ve claramente configurada, por un lado la tipicidad objetiva, puesto que se da por acreditado que mediante la realización de un conjunto de acciones intimidatorias y amenazas de atentar contra la vida y la de su familia se obligo al testigo protegido CX.140 a buscar auxilio ante la Fuerza Nacional Antiextorsión y a despojarse de doscientos lempiras de parte de su patrimonio, para realizar una entrega controlada del mismo. Por otro lado, puede advertirse, además, que los sujetos participes realizaron dicha acción con la finalidad de lucrarse injustamente del patrimonio de la víctima, para cuyo fin se desplegó todo un plan criminal, girando instrucciones precisas al Testigo Protegido CX-140, respecto a la cantidad de dinero que debía depositar dentro de un sobre blanco y dejarlo en fechas 1 y 3 de Octubre del año 2012, en el mismo sitio donde había encontrado las notas extorsivas, lugar hasta donde comparece el acusado Jerson Almendarez Canales a recoger dicho sobre, conteniendo dos billetes de cien lempiras previamente seriados por la policía; el cual, ha ocultado dentro de su zapato izquierdo, habiendo sido detenido en posesión material del mismo, extremo estimado como probado por el Sentenciador. Consecuentemente, el Tribunal también declara como demostrado, la realización de una conducta por parte del enjuiciado Jerson Rolando Almendarez, que constituye un aporte esencial en la realización del delito, constatándose, además, su dominio funcional sobre tales actos. En lo atinente, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia SP-407-2014 ha expuesto: “es conveniente recordar una teoría muy usada en nuestra jurisprudencia denominada la Teoría del Dominio del Hecho. Dice Santiago Mir que esta teoría constituye la opinión dominante en la doctrina alemana actual. Tiene su origen en el finalismo y en su tesis de que en los delitos dolosos es autor quién domina finalmente la ejecución del hecho mismo modo que se ve lo decisivo de la acción en el control final del hecho. Maurach resume el sentido de la teoría diciendo que es autor, porque tiene el dominio del hecho, quien tiene dolosamente en sus manos el curso del suceder típico. Para Jescheck esta teoría tiene las siguientes consecuencias: i: Siempre es autor quien ejecuta por su propia mano todos los elementos del tipo; ii. Es autor quien ejecuta el hecho utilizando a otro como instrumento (autoría mediata); iii. Es autor el coautor que realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global (dominio funcional del hecho)”. (el remarcado es nuestro). Atendiendo el citado criterio jurisprudencial, vemos que carece de soporte la postura del A quo, cuando expone: “ la única circunstancia de que este se presentara a recoger dicho sobre, depositado entre la verja del negocio del ofendido y el suelo, no es un indicio determinante para establecer que el acusado tenía conocimiento sobre la amenaza que sufría el ofendido, ni se presentó otro medio de prueba que sostuviera que el acusado era la persona que vertía las mismas”. (Fundamentación Jurídica Sentencia, pág. 13)…sobre todo, tratándose de un delito generalmente cometido por criminalidad organizada, en donde lo que se debe considerar para determinar la participación del acusado, es el reparto de las funciones y el aporte esencial, que éste realizó.[2] Ante lo expuesto, es procedente solicitar, la corrección del fallo emitido por el Juzgador de instancia, pues indudablemente merece ser corregido por la Honorable Dala de lo Penal en la Sentencia que resuelva el presente recurso, ante una evidente infracción del artículo 222.1, por Falta de Aplicación. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 222.1 del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo 222.1 del Código Penal. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Corrección del fallo emitido por el Juzgador de instancia. Establece la recurrente que de la simple lectura del factum de la sentencia, se evidencia que concurre una falta de aplicación del artículo 222 numeral 1 del Código Penal, ya que se describen en el mismo, todos los elementos objetivos y subjetivos exigidos por dicho precepto penal, pues e ha tenido por establecido, que el acusado Jerson Rolando Almendarez canales participó a título de autor en el delito de extorsión. Del Tipo Penal de Extorsión En los últimos tiempos la actividad social se ha vuelto más compleja y diversa, lo que acarrea como consecuencia inevitable que la actividad delictiva también haya adquirido las mismas características, provocando como reacción legislativa la creación y modificación de figuras delictivas, con el fin de contrarrestar tal fenómeno, que desafortunadamente ha ido en crecimiento. Una especial actividad delictiva que en los últimos años ha venido en crecimiento es la extorsión, lo que provocó como respuesta del Estado de Honduras en el año 2014 la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la investigación del delito de Extorsión y aprehensión de las personas responsables, conocida como Fuerza Nacional Anti Extorsión (FNA); además en el 2016 y mediante acuerdo No. 002-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,031, de fecha 12 de mayo de 2016, el Poder Judicial crea Juzgados de Letras, Tribunales de Sentencia y Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de Extorsión, con sede en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.- Por otro lado, el Poder Legislativo procedió a revisar y reformar el artículo 222 del Código Penal, que tipifica la figura delictiva, incrementando por una parte el espectro del supuesto de hecho y por otra parte las penas a imponer a las personas encontradas responsables. A.- Tipificación del delito A partir de 1984, año en que entró en vigencia el actual Código Penal, la República de Honduras ha tipificado de diversa manera el delito de extorsión, contando hasta hoy cuatro diferentes, siendo la última de ellas la vigente a partir del año 2017.- Comparativamente cada reforma al delito de extorsión tiene por objeto expandir su radio de aplicación, al grado que hoy encontramos en el tipo de extorsión a uno de los tipos penales con mayor ámbito material y mayor pena. Han sido las tipificaciones del delito de Extorsión en la República de Honduras las siguientes: 1. Decreto Legislativo 144-83, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.24,264 en fecha 12 de marzo de 1984 y vigente el 12 de marzo de 1985; 2. Decreto Legislativo No. 016-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.32,798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación; 3. Decreto Legislativo 100-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,562 en fecha 23 de octubre de 2014 y vigente a partir de su publicación; 4. Decreto Legislativo 006-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,276 el 27 de febrero de 2017, y vigente a partir de dicha fecha. Atendiendo al caso concreto, define esta Sala de lo Penal que la norma penal vigente para el día 01 de octubre de 2013, momento en que se dieron los hechos que se juzgan, era el contenido en el Decreto Legislativo No. 016-2012, el cual tipificaba el delito de extorsión de la siguiente forma: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero(a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado.”. B.- Naturaleza del delito El delito de Extorsión presenta características de los delitos en contra de la libertad de las personas, pero a la vez, de los delitos en contra de la propiedad. Respecto a los delitos en contra de la libertad, debido a que la extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 CP), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad; Entretanto tiene en común con el delito de amenazas (Art. 207 CP), que el sujeto activo intimida al sujeto activo con causar un mal grave, real y posible; de igual forma guarda parentesco con la figura del delito de secuestro extorsivo (Art. 192.1 CP), en donde el sujeto activo obliga al sujeto pasivo o a un tercero a realizar una disposición patrimonial como consecuencia de una amenaza en contra de la libertad o incluso de la vida de la persona cautiva; y con el delito de chantaje (Art. 222-A CP) en la amenaza de provocar un mal a no ser de que se provea un beneficio injusto por parte del sujeto pasivo; sin embargo, pese a tales similitudes, el delito de Extorsión tiene elementos particulares que le diferencian, a saber: 1. Con el delito de amenazas, porque éste solo busca la lesión psicológica, causar intimidación (miedo) en el sujeto pasivo, sin ulterior propósito; en cambio en el delito de extorsión la intimidación no es el propósito final, sino el medio o vía para aquello que se desea, que es el beneficio patrimonial injusto; 2. Con el delito de Coacción, el delito de extorsión guarda una mayor similitud, pues en ambos se compele al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad, siendo la diferencia la significancia patrimonial que persigue el delito de extorsión. Ante el concurso de leyes entre estas dos figuras delictivas, la especialidad del elemento subjetivo del delito de extorsión: ánimo de lucro, será lo determinante para poder resolver el caso concreto; 3. El delito de Secuestro Extorsivo encuentra elementos comunes con el delito de Extorsión, dado que ambos tienen contenido patrimonial, en ambos el sujeto activo se vale de la amenaza para conseguir un beneficio económico y ambos se consideran consumados aun cuando tal beneficio no sea obtenido, siendo la distinción la privación de la libertad de una persona que sí se exige en el delito de secuestro y no en el delito de extorsión. La Sala de lo Penal, en sentencia de fecha 17 de noviembre de 2014, en el Expediente 041-2012, indico que: “… si bien es cierto que el secuestro y la extorsión comparten en su estructura típica el uso de la intimidación o la violencia para obtener un propósito determinado, en el caso del secuestro concurre como elemento esencial e imprescindible la privación de la libertad ambulatoria de la víctima, circunstancia que el tipo penal de extorsión no exige para su realización…”. 4. Con el delito de Chantaje, por el especial carácter del contenido de la amenaza, pues en este delito consiste en la revelación de información verdadera o falsa, que pueda resultar en lesión al honor o prestigio de la persona natural o jurídica víctima del delito, entretanto en el delito de extorsión el contenido de la amenaza es la promesa de realizar u omitir una conducta injusta (lícita o ilícita), distinta al perjuicio del honor o prestigio. Continuando nuestro análisis encontramos que el delito de extorsión no solo está relacionado con los delitos en contra del patrimonio por su naturaleza, sino porque además el legislador nacional lo clasifica como uno de ellos, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 CP) robo (Art. 217 CP) y estafa (Art. 240 CP), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un capítulo dispuesto en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de robo y hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión, pero de nuevo el delito de extorsión tiene elementos únicos que le diferencian de dichos delitos: 1. En el delito de hurto el desplazamiento de los bienes muebles es como consecuencia de una conducta del sujeto activo sin la intervención y sin el consentimiento del sujeto pasivo, en cambio en el delito de extorsión el desplazamiento se da por una conducta realizada por el sujeto pasivo, la cual se encuentra viciada por la intimidación o violencia que origina el sujeto activo; 2. En el delito de estafa la disposición patrimonial la hace el sujeto pasivo en su propio perjuicio como consecuencia de un error producto de un engaño puesto en escena por el sujeto activo, entretanto en el delito de extorsión tal engaño o error no existe, la disposición patrimonial hecha por el sujeto pasivo es como consecuencia del acto intimidatorio o violento que está sufriendo por parte del sujeto activo; 3. El delito de robo por intimidación se diferencia con el delito de extorsión en la dinámica en que el hecho se desarrolla, pues en el primero no hay disolución en la acción realizada por el sujeto activo, donde la intimidación es ejercida como previo inmediato al acto de desplazamiento del bien (sin intervalo de tiempo), el cual puede ser tomado por el sujeto activo o entregado en contra de la voluntad del sujeto pasivo; por el contrario, en el delito de extorsión existe discontinuidad entre el acto de intimidación y el de desplazamiento del bien, pues uno y otro se realizan en momentos distintos: en el robo existe la amenaza de un mal actual para el logro de una prestación actual, mientras que en la extorsión existe una amenaza futura para el logro de una prestación futura o actual. Encontramos el mismo fenómeno descrito en el delito de robo con violencia en las personas, donde necesariamente la conducta del sujeto activo debe ser preludio del desplazamiento del bien, mientras que, en el delito de extorsión con violencia en las personas, el beneficio económico no necesariamente debe ser en una misma dinámica a aquella, y por otro lado el beneficio económico puede ser como producto de un desplazamiento de bienes, pero también por cualquier otro acto o negocio jurídico. Por otra parte, el delito de extorsión no requiere para su consumación que se produzca el lucro, pues bastará con que se realice la intimidación y que el sujeto pasivo realice la conducta exigida con el propósito de obtener el beneficio patrimonial injusto para que el delito se considere consumado, entretanto en el delito de robo la concreción del lucro es requisito indispensable para su consumación. C.- Elementos del delito de Extorsión del Decreto 016-2012 Corresponde estudiar los elementos del delito de extorsión básico vigente al momento de los hechos, siendo éstos: 1. Elementos Objetivos: a. Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de violencia o intimidación; b. Sujeto Pasivo es designado por el legislador como “persona natural o jurídica”, lo que implica que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier persona natural o persona jurídica, como organizaciones privadas, sociedades, etc. c. Objeto material del delito es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto.- Es importante recordar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar”. El legislador prevé que se considera consumado el delito desde que el sujeto activo obliga a que el sujeto pasivo realice cualquiera de las tres conductas que se describen en el tipo, siempre que cualquiera de ellas tenga como fin que el sujeto activo logre un beneficio económico injusto aun cuando esto no se logre materializar; siendo estas conductas: i.- Hacer o dejar de hacer alguna cosa, con independencia de si se trata de un acto lícito o ilícito; ii.- Suscribir documentos para obtener pagos de dinero, como confesiones de deuda, contratos privados, recibos, títulos valores, instrumentos públicos, actas notariales, etc.; y iii.- Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado, el que es un supuesto redundante respecto a la suscripción de documentos, agregando además la destrucción de documentos que estén en poder del sujeto pasivo y que sean prueba para la exigencia de cumplimiento de obligaciones con connotación económica.- En todo caso, se insiste que la conducta que pretenda conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo deberá ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distingue el delito de extorsión del delito de coacciones; e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, que en el caso del tipo penal de estudio está definida por la violencia o la intimidación: i.- La violencia es la ejercida en contra de las personas naturales, en su calidad de tales o como representantes de la persona jurídica, a quien se le obliga a realizar cualquiera de las tres conductas descritas en el tipo.- Es importante señalar que no necesariamente deberá darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podrán darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia es ejercida para conseguir el beneficio patrimonial en el mismo momento; ii.- La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre medio) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe tener apariencia de grave y verdadera. Considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no deberá esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza tenga la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pueden mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debe -como mínimo- ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima tenga cualidades que le hagan invulnerable; iii.- La amenaza, que es una modalidad criminosa redundante, pues a la postre la amenaza busca intimidar.- El destinatario de la amenaza puede ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado, amigo, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo.- Tal amenaza puede formularse mediante: lenguaje hablado o lenguaje de señas, por representaciones o dramatizaciones, de manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; o por video, editando escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. El daño con el que se amenace al sujeto pasivo no necesariamente debe ser un acto ilícito (como matar a una persona o incendiar un comercio), sino que igualmente puede ser un acto lícito (imaginémonos a una persona que por ley tiene derecho a reclamar alimentos, amenazando al obligado con presentarle una demanda de alimentos y con ello truncarle su próxima promoción en su carrera laboral, salvo que le conceda la pensión alimenticia mucho mayor a que por ley o mandato judicial le corresponde, persiguiendo así un ánimo de lucro). Estos supuestos permiten prever situaciones en donde quien hace la exigencia sea un funcionario público, amenazando con la realización de un acto legal o ilegal. f. Punibilidad: El delito de extorsión está conminado con dos penas principales: i.- Una pena de prisión de 15 a 20 años. - Es de recordar que, conforme a nuestro actual Código Penal, la pena para los delitos es la de reclusión y la pena para las faltas es la de prisión, no teniendo este error legislativo ninguna connotación en el presente caso; ii.- Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos, siendo ésta una pena fija, pues no tiene margen abstracto de graduación. Al responsable del delito de extorsión además deberán imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que deberá cumplir de manera simultánea con la pena de prisión; igualmente la pena de comiso cuando fuese procedente. Prevé la norma la imposición de prisión a perpetuidad, como pena principal, cuando en la ejecución del delito de extorsión se provoque la muerte “se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada”. 2.- Elemento Subjetivo Como elemento subjetivo, el tipo penal de extorsión requiere de dolo: Conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; pero adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero, un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo, no requiriéndose que dicho ánimo se materialice para considerar consumado el delito, pues como se ha explicado, la conducta ejercida por el sujeto activo debe buscar ese fin, siendo lo determinante para establecer el Iter Criminis si el sujeto pasivo realiza o no la conducta exigida. 3.- Características del Tipo Penal de Extorsión Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de extorsión, las siguientes: a. Según Su Estructura: i.- Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otros delitos (coacción, amenazas, robo, estafa, hurto, secuestro, chantaje, extorsivo, cohecho), que de manera conjunta configuran un nuevo tipo penal; ii.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: obligar; b. Según su Contenido; i.- Tipo Penal de Resultado, pues el delito se consuma si el sujeto activo logra obligar al sujeto pasivo a realizar la conducta que le puede generar un beneficio económico, aun cuando tal beneficio no se concretice; pues no se requiere un cambio en el mundo físico apreciable fenoménicamente, sino que basta con que el sujeto activo realice la violencia, la amenaza o exigencia en procura de obtener un beneficio patrimonial injusto, sin la necesidad de que efectivamente se consiga. Como consecuencia de ello, es una figura delictiva que puede presentarse en su grado de ejecución de tentativa; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada se desprende con claridad. c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal Simple, pues entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no necesitan tener cualidad alguna para la configuración del delito. d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal Pluri-ofensivo, pues si bien tiene como bien jurídicamente tutelado el patrimonio de las personas, se debe reconocer que la actual redacción del tipo penal persigue igualmente proteger la libertad de las personas; ii.- Tipo Penal de peligro pues no requiere que el bien jurídicamente tutelado resulte lesionado, sino que basta que éste sea puesto en peligro. 4. Disposición Procesal en el tipo penal de Extorsión 5. En último párrafo del artículo 222 reformado del Código Penal, el legislador hace una disposición de con consecuencia procesal; indica que el delito de extorsión “La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado.”. Con dicha declaración el legislador vincula el tipo penal con las disposiciones de la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por lo que se deberán tener en cuenta sus regulaciones para la definición del Órgano Jurisdiccional Competente para el conocimiento y resolución de este tipo de casos. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Los hechos probados de la sentencia narran que 01 de octubre de 2013, en la ciudad de La Ceiba, en la calle que conduce al estadio, frente a las antiguas instalaciones del Hospital Atlántida, el testigo protegido CX-140, encontró en el suelo entre la puerta y la verja se su negocio una nota manuscrita, en la cual le informaban que debía pagar la cantidad de L.2,000.00, que debía dejarlo en un sobre sobre el mismo lugar, a las 6 de la tarde, por lo que el ofendido interpuso la denuncia correspondiente ente la FNA, en donde agentes tomaron registro de las series de los dos billetes de cien Lempiras proporcionados por el ofendido, tomándosele sus respectivas series y conformando un equipo para observar la entrega, no presentándose ninguna persona a recoger dicho sobre. Dos días después en fecha 03 de octubre , en horas de la mañana El testigo Protegido CX-145, encontró en el mismo lugar otra nota manuscrita, en donde se le daba nuevamente indicación de pagar la cantidad de L.5,000.00 para ese mismo día y si ni lo hacían se presentaran personalmente, diciéndole que tienen conocimiento donde vive, por lo que el ofendido procedió a dejar el mismo sobre que había sido preparado por los agentes de la FNA, entre la puerta y la verja, a eso de las 5:30 de la tarde, informando esta situación a los agentes que investigaban la denuncia, quienes procedieron a montar vigilancia; a eso de las 9:45 de la noche el señor Jerzon Rolando Almendarez Canales, salía del Estadio en donde había participado en un juego de liga de reserva como árbitro y caminaba por la calle que conduce al parque central de la ciudad y al pasar frente al Hospital Atlántida frente al negocio del testigo protegido CX.140, se acercó hasta donde estaba el sobre y lo recogió, quedándose unos minutos sentado en la acera manipulando un teléfono celular, para luego marcharse del lugar, siendo requeridos por agentes de la FNA, quienes le practicaron un registro personal, encontrándole dentro de su zapato izquierdo un sobre de papel blanco cerrado, que contenía los dos billetes de cien lempiras previamente seriados, por el cual fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente. La Sala de lo Penal recuerda que la calificación jurídica de los hechos para la selección y perfecto encaje del tipo penal aplicable, debe determinar de manera completa todos sus elementos objetivos, la fundabilidad del delito imputado, el grado de participación atribuido y las circunstancias modificativas estimadas como concurrentes, y al dejar un vacío los hechos probados de la sentencia en relación a que uno de los elementos objetivos del delito de extorsión se encuentra la modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector que en el caso del tipo penal de estudio esta definida por la violencia o intimidación, tal como lo refiere los hechos probados en la que no se establece amenaza o intimidación alguna para el perjudicado. Además, el último párrafo del artículo 222 reformado del Código Penal, el legislador hace una disposición de que con consecuencia procesal; indica que “La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado”. En el saco examine, el cuadro fáctico plasmado por el tribunal sentenciador, inalterable en casación, no se subsumen para el acusado dentro de todos los elementos objetivos del tipo penal de extorsión, aun y cuando se encuentre acreditado que el acusado haya sido encontrado en posesión de un sobre conteniendo dinero que había sido seriado por el ente de investigación, pues no existe otro elemento que nos lleve al convencimiento que el acusado era la persona que vertía las amenazas, intimidación violencia con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otro servicio, elementos objetivos esencial del tipo penal por el que se le acusa, aspecto determinante apreciado en toda su dimensión por parte del Tribunal, pues al acusado solamente se le encontró con el sobre antes mencionado. Decisión: Desestimar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 140 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada Kenia Vanessa García Lara, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Siendo Ponente el Magistrado Mario Rolando Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes de junio de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-172-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] A la vista de criterios ampliamente reconocidos mediante Doctrina legal, los elementos esenciales de la extorsión, podemos decir que se reproducen a tres: A) Ánimo de lucro B) Empleo de violencia o amenaza C) Que la víctima tome una decisión perjudicial a su patrimonio o al de un tercero.
[2] En este contexto la Sala de lo Penal ha fijado Doctrina Legal sobre la coautoría, al decir: “Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre estas la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes. Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “…Está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa.” ( Sent.. Sala de lo Penal del Exp.349-09 del 17/01/13). Esta teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (ver Sent. De la Sala de lo Penal en Exp. 376-09 del 11/04/2011, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. …