Sentencia CP-17-20 — Registro 17068
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo.Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes:El censor plantea un recurso por Quebrantamiento de Forma bastante confuso, no logra establecer cuál ha sido la regla de la sana crítica que ha resultado violada por el Juzgador de instancia, presentándose el motivo como falto de claridad y precisión, tornándose totalmente ineficaz para las pretensiones del impetrante, denunciando y realizando consecuentemente alegatos de instancia al relacionar los medios probatorios en su libelo recursivo. Además, aprecia que el censor realiza una revaloración y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron contradicciones en la prueba. Los argumentos del recurrente arriba señalados, confirman la indebida técnica recursiva en la que incurrió al revalorar la pruebas y expresar argumentos de instancia, razones suficientes para declarar no ha lugar el recurso de casación presentado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concretoEn la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condena al señor Alix Omar Calix Calix, del delito de Homicidio en perjuicio del Francisco Matute Padilla a la pena de quince (15) años de reclusión.La sanción que le corresponde es de quince (15) a veinte (20) años de reclusión por un delito de Homicidio, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal, conforme los artículos 116 del Código Penal del Decreto No. 144-83.Conforme las disposiciones del Código Penal decreto No. 130-2017 por el delito de Homicidio cometido por el acusado correspondería la imposición de la pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del cuerpo legal citado.La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal decreto No.130-2017 prevé sanciones dentro del margen que las impuestas conforme el Código Penal decreto No.144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SENTENCIA
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian,EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURASLa siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-17-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Alix Omar Calix Calix, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Francisco Matute Padilla, a la pena de quince años de reclusión; Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. SEGUNDO: Se declaró al condenado civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que es condenado; mismos que podrán hacerse efectivos en la instancia de ejecución de esta sentencia. TERCERO: No Procedió la condena en costas al señor Alix Omar Calix Calix, por haber tenido motivos suficientes para litigar.Son partes en única instancia: La Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco en su condición de Defensora Pública del señor Alix Omar Calix Calix, como parte recurrente; y El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida.HECHOS PROBADOS“DECLARACION DE HECHOS PROBADOS: Este Tribunal de Sentencia declara y estima los hechos probados siguientes: PRIMERO: A eso de las siete con treinta minutos de la noche (7:30 pm), del día veinte (20) de noviembre del año dos mil diez (2010), el señor ALÍX OMAR CALIX CALIX, alias “Lica” junto al señor FREDY ALEXANDER MATUTE, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en las afueras de la vivienda del señor José Olegario López, ubicada en la Aldea la Coyotera, municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho,momento en el cual transitaba por ese lugar el señor FRANCISCO PADILLA MATUTE, quien fue abordado por el señor Fredy Alexander Matute, con quien discutieron, se sacaron sus armas de fuego y resulto herido el señor Francisco Matute Padilla, quien cayo en un alambrado de púas, aprovechando el señor ALIX OMAR CALIX CALIX, para dispararle en varias ocasiones con su arma de fuego provocándole la muerte SEGUNDO: Posteriormente el señor ALIX OMAR CALIX CALIX. fue detenido y puesto a la orden de las autoridades judiciales competentes para su enjuiciamiento. ”RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Enma Daniela Turcios Castellanos, en su condición de Defensora Pública del señor Alix Omar Calix Calix, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador en la Valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Critica” NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobserbada la comprendida en el articulo 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 N.3 del Código Procesal Penal. EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN La norma procesal que se invoca como infringida es el articulo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica, El Órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Este sistema de valoración, que implementa nuestra norma legal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave corno ser que la sentencia de merito carece de una valoración de las pruebas realizadas conforme a las reglas de la sana critica, en consecuencia en la violación de los artículos mencionados. En el presente caso al analizar la sentencia recurrida se observa que el Tribunal valora la prueba de cargo que en ningún momento quebranta el estado de inocencia del imputado, ya que con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento se evacuaron como prueba testimonial, la declaración de cargo brindada en audiencia de juicio oral y público, los testigos OLAYO LOPEZ, JOSE SAUL SANTOS LOPEZ Y MARIA DEL CARMEN SANTOS LANZA, con estas declaraciones se ha podido comprobar que efectivamente existe una persona que perdió la vida el 20 de noviembre del 2010 y que es el señor Francisco Matute Padilla. Que si bien es cierto el Ministerio Publico presento en incidentes dos testigos que se supone son presenciales del hecho el primero señor Olayo Lopez, quien era hermano del difunto, donde este cuenta que el día de los hechos mi representada estaba con su primo Fredy y otras personas más en frente de su casa en una acera, y que la pelea comenzó entre Fredy y don Israel, que estos se agarraron del cuello, y que los dos sacaron el arma y que entre los dos se dispararon, y que don Israel ya a punto de caer fue rematado por mi representado Alix Omar Calix Calix , haciéndole varios disparos, pero al hacerle la consulta de que cuantos disparos tenía su hermano dijo que dos en el pecho y uno en la espalda, y nos llama la atención de habiendo otras personas como lo es el testigo Jose Saúl Santos, quien era sobrino del difunto y andando armado, tampoco reacciona para defender a su tío, la otra cosa que nos llama la atención es que el testigo Jose Olayo, dijo que habían pocas personas en el lugar y el testigo Jose Saúl Santos dijo que habían alrededor de 25 personas, como es posible que en un tiroteo no hayan resultado más heridos y que estos también se agarraron del cuello, por lógica se debe analizar que si dos personas se toman del cuello y sacan sus armas cuantos disparos hubieran tenido en sus cuerpos estando de frente ambos, Otras de las contradicciones es que don Olayo dice que fue la persona que auxilio a su hermano y Milton en su declaración dice que fue el quien lo auxilio, también los testigos manifiestan que el pleito comenzó entre Fredy y Milton y Jose Saúl dice que Milton no estaba en el lugar, cuando los testigos son contundentes o realmente presenciales no tienen que haber contradicciones, no así la señora Maria del Carmen que viene siendo un testigo de referencia donde lo único que concuerda es que tanto el difunto como Fredy fueron las personas que dispararon en lugar o se dispararon entre si y que el lo mato porque a ella se lo contaron, en consecuencia hay tantas contradicciones en sus declaraciones que nos ponen en duda si estos testigos estuvieron o no en el lugar de los hechos. Prueba fundamental que hubiera aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga hubiera sido el levantamiento cadavérico por lo cual no se pueden constatar las heridas que tenía el occiso, y saber si estos testigos están o no en la verdad, igual la constancia del Hospital no está en el expediente tampoco, por lo que el ministerio publico no presento prueba científica, objetiva y fiable, y aspira a una sentencia condenatoria, basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna. Por tal razón consideramos que el Tribunal al momento de valorar y razonar ha violentado de esta forma las reglas de la sana critica en su ley lógica de la derivación en su característica de razón suficiente, ya que la prueba testifical, no ofrece las garantías que las pruebas científicas, aun cuando el testigo este convencido de que está diciendo la verdad, ello muchas veces no constituye una verdad real sino una subjetiva, como producto de muchas variables que hacen al testigo no solo percibir los hechos de una manera errónea, sino entenderlos, memorizarlos y trasmitirlos alejándose de lo ocurrido, lo que hace que su valoración sea uno de los procesos más complejos en la tarea de juzgamiento de todo. Así mismo la Defensa del Acusado ALIX OMAR CALIX CALIX, presentó la declaración de MILADIS ARACELY CRUZ ORDOÑEZ, se le concede credibilidad en virtud de ser clara, armónica y congruente, en decir que ella venia saliendo de la iglesia cuando sucedió el hecho que escucho entre ocho a diez disparos que quienes estaban el lugar tirado era Israel y Fredy y que al llegar a la casa de Alix ahí estaba el y al recordar la declaración de mi representado dice que cuando paso los disparos o cuando sucedieron los el se fue del lugar corriendo a avisar a la familia de don Israel lo que estaba sucediendo y luego me fui para mi casa dijo mi representado, no cabe duda de que lo que dijo la testigo de encontrar a Alix en su casa. De todo este análisis la Defensa considera que el razonamiento efectuado no está en armonía con lo que revelan las pruebas vertidas en juicio, y arribamos a la conclusión que el imputado no es el autor material del hecho que se le imputa, sumado a que no se tomo en cuenta la prueba de descargo y cuando la prueba producida en juicio es tan insuficiente como para determinar una imputación objetiva y conceptuar al imputado culpable del delito que se le atribuye en quitarle la vida al ofendido. En tal sentido para emitir una sentencia condenatoria contra determinada persona son necesarios dos requisitos indispensables: 1-Que se haya comprobado la comisión de un delito y 2- Haber determinado claramente y mas allá de toda duda tal y como establece el articulo 339 del Código Procesal Penal, que el imputado haya participado en dicho ilícito, Pero en el caso que nos ocupa y tal como se ha expuesto esta defensa concluye que no se ha acreditado que el acusado ALIX OMAR CALIX CALIX, haya realizado los elementos objetivos del tipo penal acusado, por ende la condición de inocencia de este no logro ser enervada al punto de considerarlo participe y responsable penalmente del ilícito penal por el cual se le acusa, requisito sine que non, para emitir un fallo condenatorio en consecuencia no existe alternativa que emitir un fallo absolutorio a su favor. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente recurso se presenta en el fallo mismo, por lo que solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICADel Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público;6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo.Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal;Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Violación de las reglas de la Sana critica en la valoración de la prueba;Reclamación Ex Ante: El defecto se produce en el acto mismo de sentenciar;Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se dicte fallo absolutorio.Arguye el recurrente que en el caso de mérito que la sentencia impugnada contiene un vicio grave como ser que carece de valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana critica, pretendiendo el censor que se debe realizar por este Tribunal de Casación valoración de la carga probatoria evacuada en juicio oral y público.De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones.El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal.En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia:Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros:Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho.Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o,Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria.Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así.2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) Las reglas de la lógica:La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba.Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible.La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella.Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes.Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado.De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características:Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella;No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; ySuficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión.De La Debida Técnica RecursivaEl Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal.Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”.Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos:Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación.Legitimidad Subjetiva: Que la Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; ySatisfacción de Requisitos de Interposición: La Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras.De la Rúa, explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso.El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio:Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia.Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales.El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada.Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley.La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso.Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta.Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada.El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación.Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: Derecho de Acceso a la Justicia;Derecho a una resolución fundada en derecho;Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición;Derecho a la Tutela Cautelar; y Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.).De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo.Esta Sala de lo Penal resuelve en base a las consideraciones siguientes:El censor plantea un recurso por Quebrantamiento de Forma bastante confuso, no logra establecer cuál ha sido la regla de la sana crítica que ha resultado violada por el Juzgador de instancia, presentándose el motivo como falto de claridad y precisión, tornándose totalmente ineficaz para las pretensiones del impetrante, denunciando y realizando consecuentemente alegatos de instancia al relacionar los medios probatorios en su libelo recursivo. Además, aprecia que el censor realiza una revaloración y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron contradicciones en la prueba. Los argumentos del recurrente arriba señalados, confirman la indebida técnica recursiva en la que incurrió al revalorar la pruebas y expresar argumentos de instancia, razones suficientes para declarar no ha lugar el recurso de casación presentado.DecisiónSe declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la recurrente. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente;Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); oCuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente.Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente;Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; yQue el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones:Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal Decreto No. 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena.Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite.Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra.Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad.C. Ponderación en el caso concretoEn la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condena al señor Alix Omar Calix Calix, del delito de Homicidio en perjuicio del Francisco Matute Padilla a la pena de quince (15) años de reclusión.La sanción que le corresponde es de quince (15) a veinte (20) años de reclusión por un delito de Homicidio, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal, conforme los artículos 116 del Código Penal del Decreto No. 144-83.Conforme las disposiciones del Código Penal decreto No. 130-2017 por el delito de Homicidio cometido por el acusado correspondería la imposición de la pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del cuerpo legal citado.La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal decreto No.130-2017 prevé sanciones dentro del margen que las impuestas conforme el Código Penal decreto No.144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación.POR TANTOLa Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Enma Daniela Turcios Castellanos, en su condición de Defensora Pública del señor Alix Omar Calix Calix; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veinticinco de octubre del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redactó Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. Walter Raúl Miranda SabioMagistrado CoordinadorNelson Danilo Mairena FrancoMagistradoMario Rolando Diaz FloresMagistrado