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Sentencia CP-152-20 — Registro 17966

Resumen

En primera instancia se absolvió a la imputada por el delito de Insolvencia Punible, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es de recibo.Considera el peticionario que se dejó de considerar prueba de valor decisivo porque el sentenciador valoró la prueba de cargo denominada inspección judicial contrario a sus pretensiones y en una clara infracción a las reglas de la sana crítica.La Sala de lo Penal observa que el argumento que sustenta el segundo motivo se aleja totalmente de la finalidad del precepto normativo citado como autorizante, pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar, posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. Sucede, en el caso actual, que el recurrente corrompe el sentido del motivo, pues arguye que se ocasiona el vicio porque el Tribunal de Sentencia valoró la inspección judicial contrario a sus pretensiones y violentando las reglas de la sana crítica racional, argumento que como se ha explicado, imposibilita la configuración de los motivos de exclusión indebida o falta de consideración de prueba de valor decisivo.Por esta razón, el segundo motivo decae y no es de recibo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del primer motivo. El primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica.En el caso actual y concreto, el censor del fallo arguye la infracción a la regla de la lógica en la valoración intelectiva de la prueba, al considerar que el sentenciador cometió un vicio de incoherencia al darle credibilidad a la declaración testifical de la Abogada Noemí Girón y al reconocimiento judicial hecho por el juez de garantías, y, sin embargo, niega reconocer la existencia del delito.Seguidamente, relaciona los medios de prueba evacuados en juicio y concluye que el sentenciador no cree en el trabajo realizado por la juez de instancia, al no dar por probada la venta de los equipos a la empresa ALPROART.Sin embargo, esta superioridad no identifica vicio lógico en la labor intelectiva del juzgador, pues la credibilidad otorgada a los medios de prueba, no interfiere con la conclusión de absolución otorgada en el fallo. En este sentido, al verificar el valor de credibilidad de la testigo Noemí Elizabeth González, no se contradice con la conclusión de absolución porque según la descriptiva de este medio de prueba se limitó a especificar los procesos judiciales civiles, así como las acciones posteriores llevadas a cabo para ejecutar dichos fallos; los cuales, al parecer del tribunal de sentencia no eran razón suficiente para verificar apodícticamente la enajenación de bienes por parte de la deudora, sin notificación previa a su acreedor, en este caso, la acusación privada. Sobre este aspecto, puede o no, estar de acuerdo la parte recurrente con la conclusión de la instancia, lo que no es viable argumentar, es que esta conclusión silogística no es aceptable por incurrir en vicios de contradicción como parte integrante de la coherencia como regla de la lógica. Esta declaración testifical está estrechamente ligada en su descriptiva para con la inspección judicial realizada por la jueza de garantías y de la cual la acusación privada denuncia su falta de credibilidad; la inspección judicial establece que se pudo constatar que en el libro contable se encontró que en noviembre de dos mil cuatro (2004), vendieron al crédito a la sociedad anónima ALPROART, un mamógrafo por la cantidad de doscientos setenta y dos mil doscientos seis lempiras con cincuenta y ocho centavos (L 262,206.58) y equipo de ultrasonido por noventa y ocho mil doscientos cincuenta y dos mil lempiras con cuarenta y ocho centavos (L 98,252.48), haciendo un total de trescientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve lempiras con seis centavos (L 360,459.06) (f. 474v). El sentenciador también otorga credibilidad a este medio probatorio, pero lo considera insuficiente para acreditar el elemento objetivo del tipo penal imputado respecto a la enajenación de bienes por parte de la deudora, sin notificación previa a su acreedor. Es decir, el estado intelectivo del sentenciador de instancia no llega a nivel de certeza al relacionar la carga de la prueba con el delito imputado, lo cual, como se ha dicho, no contraviene el principio lógico de no contradicción o bien, el principio lógico de razón suficiente. Consideró el sentenciador la insuficiencia de prueba de cargo para acreditar la enajenación de los bienes sin notificación previa al deudor con la finalidad de ocultarlos e incurrir en una condición de insolvencia dolosa con trascendencia penal. Esta labor, es propia de la instancia y ajena a la sede casacional, la cual se circunscribe a verificar que la construcción silogística valorativa sea lógicamente comprobable y no incurra en vicios falaces que provoquen la construcción defectuosa de los hechos probados y el posterior fallo.Por lo anterior, el primer motivo debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada de José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, En nombre del Estado de HondurasLa siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 152-2020 por Quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a la señora Lía Argentina Bueso Chinchilla del delito de insolvencia punible, en perjuicio del Banco HSBC, por el cual fue acusada. Segundo: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: No declaró la responsabilidad civil de la señora Lía Argentina Bueso Chinchilla. Cuarto: No decretó comiso.Son partes en única instancia: El Abogado Luis Armando Zúniga Aguilera, acusador privado, como recurrente; y, el Abogado Próspero Castellanos Buezo, defensor privado de Lía Argentina Bueso Chinchilla, como recurrida.HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados, los hechos siguientes: PRIMERO: Que en fecha 30 de abril del año 2007 el Juzgado de Letras Civil declaro con lugar la demanda ordinaria de pago promovida por la abogada Noemi Elizabeth Girón Gonzales actuando en su condición de apoderada legal del Banco del Grupo del Ahorro Hondureño en ese momento BGA ahora conocido como DAVIVIENDA contra la sociedad mercantil L & S Magnolias S de RL la que opera bajo el nombre de centro de medicina integral para la mujer Mater Dei, por medio de su representante Legal la señora Lía Argentina Bueso Chinchilla de Castellanos.- SEGUNDO: Que en fecha 21 de noviembre del año 2013 el Juzgado de Letras de lo Civil declaro con lugar la demanda ejecutiva de pago promovida por la licenciada Noemi Elizabeth Girón en su condición de apoderada legal del Banco Grupo del Ahorro Hondureño S.A. denominada centro de medicina integral para la mujer Mater Dei a través de su representante la señora Lía Bueso de Castellanos y contra la señora Emma Susana Gamundi.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOSY ARGUMENTOS.La parte recurrente, Abogado Luis Armando Zúniga Aguilera, acusador privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “I. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA NECESIDAD DE RECURRIR EN RECURSO DE CASACION. En el presente caso de la sociedad Banco Davivienda Honduras, S.A., utiliza la facultad concedida por la ley, se constituye no sólo en ese esencial derecho para ella, sino en una demanda real de justicia frente a la administración de justicia, frente a la grave arbitrariedad al no haber condenado a la Sra. Lía Argentina Bueso Chinchilla, decretada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán. En el presente caso, corno se desarrollará a continuación, la sentencia adolece de una infinidad de graves vicios que no la legitiman ni la hacen sostenible, y que ha producido la violación de las garantías judiciales más esenciales de mi representada, por lo que el presente recurso, ciertamente se convierte en una herramienta judicial decisiva para que se reconozca la acción delictiva reprochable ante la sociedad, omitida en la sentencia que hoy revisamos. II. DESARROLLO DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 362.3 del Código Procesal Penal (CPP). SEÑALAMIENTO DE LAS NORMAS INFRINGIDAS. La norma directamente infringida por el vicio de quebrantamiento de forma citado es el art. 202 del Código Procesal Penal que señala - las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. - en consonancia con lo establecido en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal, que señala: "2) Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados.". Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Critica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Conforme la línea jurisprudencial que se ha desplegado conforme al paso del tiempo se ha logrado establecer corno criterio mayormente aceptado a nivel dogmático y jurisprudencial que las reglas de la sana crítica la componen los principios de la lógica, experiencia y psicología, reglas esenciales que gobiernan el propio acto de sentenciar, para que la misma impartición de justicia no se vea contagiada de excesos al momento de formar su libre convencimiento y de como consecuencia una sentencia arbitraria, ilegal o injusta. Partiendo en ese orden de ideas, conviene recordar lo que ha sentado esta Sala de lo penal en materia de vulneración de las reglas de la sana critica nos dice la S.P 314-2009 la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común..." -Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011, de Octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de Abril del 2011). En este caso es evidente y notorio como el Tribunal sentenciador con sus razonamientos infringió la lógica y dentro de la misma el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, este impone al juez la obligación de externar conclusiones coherentes y razonables, la lógica en su postulado de derivación implica que las conclusiones sean tomadas de derivaciones de la prueba evacuada que permita de manera razonable clara y certera una afirmación de culpabilidad o de absolución respetando el principio de razón suficiente, debiendo ser la motivación concordante al afirmar o negar las conclusiones que se extraen de la valoración de la prueba. Es necesario manifestar que el tribunal actuó de manera incoherente, ya que le dio total credibilidad a las pruebas propuestas por la parte acusadora, incluyendo la declaración de la abogada Noemí Girón y el reconocimiento judicial hecho por el juez de garantías, y sin embargo a la vez el tribunal se niega a reconocer la existencia del delito, la sentencia hecha por el tribunal la hizo con inobservancia a lo evacuado en el juicio oral y público, ya que en reiteradas ocasiones se plantearon las sentencias condenatorias de pago que nunca honro la Sra. Lía Argentina Bueso Chinchilla a Bancahsa hoy Davivienda, hasta volverse maliciosamente insolvente y de esa forma no poder hacer frente a sus obligaciones. Así mismo se dio por admitida la prueba del acta donde claramente la Juez Vilma López en el folio 404 del expediente de mérito, manifiesta que los equipos de mamografía y ultrasonido se vendieron a la empresa ALPROART al crédito, por la cantidad de L. 272,206.58 y L. 98,252.48 respectivamente en el año 2004 cuando ya existía sentencia de pago. Adicionalmente la testigo Noemí Girón menciono en su declaración, manifestó que el perito nombrado que taso la empresa Mater Dei expreso que los equipos mencionadas eran las maquinas que más ingresos le generaba a la empresa inculpada. Lo mencionado fue evacuado en todo el proceso y sin embargo careció de una sana crítica por parte del tribunal de sentencia. Utilizando lo tipificado en nuestro Código Penal, exclusivamente en el artículo 237 que "Será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años, si fuere comerciante, y de dos (2) a cinco (5) años, si no lo fuere, el deudor que para sustraerse el pago de sus obligaciones, enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores, con quince (15) días de antelación por lo menos; u ocultare sus bienes, simulare enajenaciones o créditos, o se trasladare al extranjero sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas". Para clarificar lo que el tribunal presencio en el juicio en cuestión, se subraya en el artículo anterior, las acciones consumadas por la Sra. Lía Argentina Bueso Chinchilla, y que con prueba admitida y evacuada, al tribunal no le intereso apegarse a lo que dice la ley penal. A continuación, enunciamos cada verbo rector del artículo 237, de forma enumerada: l. enajenare o gravare sus bienes sin notificarlo en forma auténtica a sus acreedores, con quince (15) días de antelación por lo menos; u ocultare sus bienes, simulare enajenaciones o créditos Este precepto esta exhaustamente comprobado, la Sra. Lía Argentina Bueso Chinchilla representante legal de Mater Dei vendió en noviembre del 2004 a la empresa ALPROART un equipo mamográfico y uno de ultrasonido, esta última empresa compró al crédito por medio de su representante legal Sr. Prospero Castellanos, esposo de la Sra. Lía Argentina Bueso Chinchilla y también parte social de la empresa vendedora Mater Dei. Adicionalmente la sociedad Mater Dei nunca notifico la venta de los equipos a su acreedor, en este caso Banco Davivienda Honduras S.A. Lo arriba planteado, fue aprobado y evacuado por el sentenciador, de acuerdo a las pruebas que corren en los folios 73, 77 y 404. 2. o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas La Sra. Lía Argentina Bueso Chinchilla vendió los equipos a su esposo, cuando una de las demandas civiles ya tenía sentencia condenatoria de pago en su contra en el año 2003, la venta fue en el año 2004, este hecho tan innegable fue debidamente evacuado en el juicio, inclusive el mismo tribunal lo trato como un hecho comprobado, expresándolo de la siguiente manera: SEGUNDO: Que en fecha 21 de noviembre del año 2003 el Juzgado de Letras de lo Civil declaro con lugar la demanda ejecutiva de pago promovida por la licenciada Noemi Elizabeth Girón en su condición de apoderada legal del Grupo del Ahorro Hondureño S.A. contra centro de medicina integral para la mujer Dei a través de su representante la señora Lía Bueso de Castellanos Estos hechos corren en los folios 30 y 34 del expediente de mérito. No es posible que después de haberle planteado lo anterior al sentenciador, de una forma clara y tan precisa, no haya querido aplicar la justicia, haciendo caso omiso a todas las reglas de la Sana Critica, es incomprensible como un caso tan despejado, no reciba la seriedad profesional que merece por parte del tribunal, si los principios de la Sana Critica hubiera imperado en lo manifestado el resultado de la sentencia hubiera sido diferente. PRUEBA TESTIFICAL: 1. NOEMÍ ELIZABETH GONZÁLEZ (Abogada que llevo los casos civiles) la abogada obtuvo dos sentencias condenatorias de pago, en contra de la Sra. Lía Argentina Bueso Chinchilla en representación de la empresa Mater Dei, una en el año 2003 y otra en el año 2007. La abogada Noemí declaró: "En el juicio ejecutivo recayó Sentencia en el 2003 en octubre y una Sentencia condenatoria donde se condena a la empresa L&S Magnolias que opera bajo el nombre comercial de Mater Dei a pagar la cantidad reclamada, dentro de ese juicio ejecutivo se decretó un embargo que fue a finales de mayo del 2002 y se decretó el mismo sobre la totalidad de la empresa y comparecemos a la empresa con el Juez Ejecutor e instalaron al señor Pedro Núñez como interventor todas estas intervenciones fueron notificadas a la señora Lía Beso en forma personal, en el Juicio Ordinario recayó Sentencia en el año 2007, cuando quisieron ejecutar la sentencia del 2003 fue en el 2006 cuando ya había sido evacuado el recurso apelación contra la sentencia, incluso se metió un recurso de Amparo y todos fueron declarados sin lugar, procedieron a solicitar el nombramiento de un perito para valorar toda la empresa, resulta que llegaron a la empresa a Mater Dei con el perito y el ejecutor y les dicen que la empresa ya no se llama L&S Magnolias ni Mater Dei ahora se llama de otra forma y todo lo que la empresa magnolias esta en esa habitación y los llevaron a un tipo bodega donde habían resto de mobiliario en mal estado en pedazos de mesa y unos aparatos todos polvosos y se les dijo si quieren llevarse eso es lo único de la empresa pero anoto que habían otras como clínicas pequeñas en esas instalaciones debidamente equipadas y pregunto qué pasaba con ese mobiliario y esos aparatos y esa persona le dijo que eso pertenecía a otra empresa que Mater Dei solo tenía lo que tenía en ese cuarto, el perito se quedó instalado y levanto su informe y en el juicio respectivo salió la sentencia en el 2007 con los recursos y fue sujeto de apelación, de Amparo y de Casación y fue declarado sin lugar, cuando quisieron reputar esa sentencia se enteraron que los bienes habían sido vendidos a otras empresas que operan en el mismo local con el mismo rubro y con el mismo nombre comercial pero que documentalmente tiene otro nombre y por esa razón no han podido ejecutar esa Sentencia". 2. ENMA SUSANA GAMUNDI JIMENEZ declara: "Fue socia con la doctora Lía, quien después le vendió su parte social al esposo de ella mediante un documento de compra venta, y ella se haría cargo de todas las deudas de los préstamos que se tenían con la sociedad, después se retiró de la empresa" PRUEBAS DOCUMENTALES DETERMINANTES l. ACTA DE INSPECCIÓN DEL JUEZ DE GARANTIA Al hacer la valoración conjunta de la prueba el sentenciador no les concede credibilidad a las inspecciones del juez de primera instancia donde manifestada la fe pública en un documento público indubitado, en donde expresamente se determina que en noviembre del año 2004 (cuando ya había sentencia condenatoria de pago a Lía Argentina Bueso Chinchilla como Representante Legal de Mater Dei) la empresa Mater Dei por medio de su representante legal vendió al crédito a la empresa ALPROART dos equipos médicos, uno de mamografía y otro de ultrasonido. El tribunal consideró que la inspección que trabajo el juez de garantía no es no es creíble y que su inspección plasmada en el documento no tiene ningún peso legal; considerando que la tesis acusadora no es objetivamente confiable, pero las declaraciones del tribunal no son congruentes y carecen de todo fundamento creíble, ya que mencionan "que los resultados de estas pruebas no van en armonía con los argumentos de la tesis acusatoria, pues mientras la tesis en que la acusada dio en venta un equipo mamografía y un ultrasonido cuando ya se había interpuesto formalmente las demandas civiles en su contra, no se allego prueba objetivamente confiable que demostrara que este equipo realmente ingreso a la empresa referida, ya que ni se estableció la fecha de la supuesta venta, mucho menos si ese equipo es el que refirió la señora ENMA GAMUNDI que adquirió para la empresa" y al leer lo establecido por el tribunal nos podemos dar cuenta que los argumentos de la tesis acusatoria si van en armonía con las pruebas, ya que el juez de primera instancia confirmo tres cosas fundamentales: l. La venta de dos equipos, uno de mamografía y otro de ultrasonido 2. Que la venta se hizo a la empresa ALPROART, empresa donde el Sr. Prospero Castellanos era el Representante Legal y también socio de Mater Dei (Empresa vendedora) 3. Que la venta se realizó en noviembre del año 2004, destacando que en dicha fecha ya recaía sentencia condenatoria de pago a la Sra. Lía Argentina Bueso Chinchilla, en el año 2003. Por tal razón reiteramos que el tribunal está equivocado ya que la tesis acusatoria no es, según la sentencia "pues mientras la tesis en que la acusada dio en venta un equipo mamógrafo y un ultrasonido cuando ya se había interpuesto formalmente las demandas civiles en su contra" es, utilizando su misma analogía: pues mientras la tesis en que la acusada dio en venta un equipo mamógrafo y un ultrasonido cuando ya se tenía. sentencia condenatoria de pago contra Lía Bueso, hecho que está totalmente probado e inclusive fueron los hechos probados que declaró el mismo tribunal en su sentencia, que literalmente expresó de la siguiente manera: HECHOS PROBADOS (Según el Tribunal) Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este tribunal declara, expresa y terminantemente probados. Los hechos siguientes: PRIMERO: Que en fecha 30 de abril del año 2007, el Juzgado de Letras Civil declaro con lugar la demanda ordinaria de pago promovida por la abogada Noemi Elizabeth Girón Gonzales actuando en su condición de apoderada legal de Banco del Grupo del Ahorro Hondureño en ese momento BGA ahora conocido como DAVIVIENDA contra la sociedad mercantil L & S Magnolias S de RL la que opera bajo el nombre de centro de medicina integral para la mujer Mater Dei, la cual operaba por medio de su representante legal la señora Lía Argentina Bueso Chinchilla de Castellanos. SEGUNDO: Que en fecha 21 de noviembre del año 2003 el Juzgado de Letras de lo Civil declaro con lugar la demanda ejecutiva de pago promovida por la licenciada Noemi Elizabeth Girón en su condición de apoderada legal del Grupo del Ahorro Hondureño S.A. contra centro de medicina integral para la mujer Dei a través de su representante la señora Lía Bueso de Castellanos y contra la señora Emma Susana Gamundi. En el último párrafo el tribunal se equivocó en la fecha, ya que fue el 21 de noviembre del año 2003 y ellos pusieron 2013, de igual forma la sentencia condenatoria fue proferida únicamente contra Lía Bueso de Castellanos. Es claro que el tribunal se contradice cuando dice que el medio de prueba inspección judicial arriba descrito es "creíble" ya que aun así deja sin ningún valor el trabajo que hizo el juez a quo en la inspección realizada, en la que contundentemente manifestó la venta de los equipos a una empresa relacionada. La valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen, En este caso se le da total credibilidad a los medios de pruebas aportados por la acusación, pero no arrojan el resultado lógico que deberían. Si bien es cierto que en este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana critica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común... " -Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011, de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011). El sentenciador establece en su Fundamento Jurídico tercero, lo siguiente: Según la tesis acusatoria la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA, al ser socia de la empresa MATER DEI y deudora de BANCAHSA, para no pagar las obligaciones contraídas, vendió sus bienes consistentes en el mamógrafo y ultrasonido, sin notificar a su acreedor en el término señalado por la ley, a pesar de tener conocimiento de las demandas interpuestas por sus acreedores y que fueron declaradas con lugar y como consecuencia de ello debía pagar. Desde luego que esa es la pretensión acusadora, la cual debe quedar acreditada con la prueba traída a juicio y valorada por este Tribunal de manera conjunta y tomando como base las reglas de la sana critica. Sin embargo, estima el tribunal que la prueba traída a juicio no fue contundente que demostrara sin lugar a dudas que la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA hubiese vendido los equipos ya mencionados a la empresa ALRPOART, en la que su esposo es el dueño, así las cosas el Ministerio Público no acredito, ni los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal de INSOLVENCIA PUNIBLE, por el que fue traído a juicio LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA. Observando lo anterior es claro que el sentenciador admitió y dio por creíbles todas las pruebas propuestas por la parte acusadora, a excepción de la inspección que realizo su homólogo de fe pública, el juez de garantía, en la inspección realizada a Mater Dei, dando a demostrar que el tribunal no cree en el trabajo realizado por la Juez Vilma López, es decir que según el sentenciador lo único que no se logró probar fue la venta de los equipos a la empresa ALPROART, aun así expresándolo en la inspección por el juez antes indicado. Componen la Sana Crítica: 1)- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de estos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraria las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por que lo considera así. 2)- Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3)- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i).- El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser "Y"; ii). - El principio de contradicción: Las proposiciones "A" es igual que "B", y "A" no es igual de "B", se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii).- El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera- b).- La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga (artículos 202 y 338 regla cuarta numeral segundo Código Procesal Penal). Así, para efectos del control de casación se podrá cuestionar cuando algún elemento probatorio recibido en juicio no ha sido valorado de conformidad a las reglas de la sana critica, pero no se puede traer con los alegatos suposiciones valorativas de medios probatorios que no se presentaron en juicio, además olvida también el recurrente que él órgano en el momento procesal oportuno los medios de prueba convenientes para poder acreditar sus imputaciones acusatorias y garantizar así una adecuada representación legal a los intereses de la sociedad en general. Como el presente vicio denunciado en el desarrollo del presente motivo, se produjo en el acto de la sentencia definitiva, esa infracción, no pudo reclamarse de forma previa, como lo exige el Art. 363 del CPP.” “SEGUNDO. MOTIVO: CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: No haber considerado el sentenciador, alguna prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 362.2 del Código Procesal Penal (CPP). Lo que se expone en el presente motivo de recurso, es la valoración que el sentenciador le dio a la prueba admitida denominada inspección judicial que corre en el folio 404 del expediente de mérito, ya que lo expresado por el tribunal es que en ningún momento se demostró la venta de los equipos, y viendo la sentencia en cuestión, fue lo que según ello no se logró comprobar, manifestándolo de la siguiente forma: Sin embargo estima el tribunal que la prueba traída a [LUCIO no fue contundente que demostrara sin lugar a dudas que la señora LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA hubiese vendido los equipos va mencionados a la empresa ALRPOART, en la que su esposo es el dueño, así las cosas el Ministerio Público no acredito, ni los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal de INSOLVENCIA PUNIBLE, por el que fue traído a juicio LIA ARGENTINA BUESO CHINCHILLA. Al ver esto, lo que pedimos es que se le otorgue el valor que merece a la inspección judicial del folio 404, y que se le reconozca las facultades y el trabajo realizado a la juez Vilma López, ya que al no reconocer esta prueba se atenta contra la justicia del presente caso.”.Fundamentación Jurídica. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República).Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando:No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo);Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o,Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal.La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal).El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir.Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias:La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal);Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y,Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la acusación privada. Primer motivo.Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal.Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal.Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica.Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia.Pretensión: resolver con lugar la casación planteada.El censor del fallo arguye la infracción a la regla de la lógica en la valoración intelectiva de la prueba al considerar que el sentenciador cometió un vicio de incoherencia al darle credibilidad a la declaración testifical de la Abogada Noemí Girón y al reconocimiento judicial hecho por el juez de garantías, y, sin embargo, niega reconocer la existencia del delito.Seguidamente, relaciona los medios de prueba evacuados en juicio y concluye que el sentenciador no cree en el trabajo realizado por la juez de instancia, al no dar por probada la venta de los equipos a la empresa ALPROART.De las reglas de la sana críticaEl Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones.El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal.En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia:Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros:Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho.Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o,Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria.Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así.2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) Las reglas de la lógica:La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba.Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible.La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella.Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes.Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado.De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características:Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella;No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; ySuficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión.De la procedencia del primer motivo. El primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica.En el caso actual y concreto, el censor del fallo arguye la infracción a la regla de la lógica en la valoración intelectiva de la prueba, al considerar que el sentenciador cometió un vicio de incoherencia al darle credibilidad a la declaración testifical de la Abogada Noemí Girón y al reconocimiento judicial hecho por el juez de garantías, y, sin embargo, niega reconocer la existencia del delito.Seguidamente, relaciona los medios de prueba evacuados en juicio y concluye que el sentenciador no cree en el trabajo realizado por la juez de instancia, al no dar por probada la venta de los equipos a la empresa ALPROART.Sin embargo, esta superioridad no identifica vicio lógico en la labor intelectiva del juzgador, pues la credibilidad otorgada a los medios de prueba, no interfiere con la conclusión de absolución otorgada en el fallo. En este sentido, al verificar el valor de credibilidad de la testigo Noemí Elizabeth González, no se contradice con la conclusión de absolución porque según la descriptiva de este medio de prueba se limitó a especificar los procesos judiciales civiles, así como las acciones posteriores llevadas a cabo para ejecutar dichos fallos; los cuales, al parecer del tribunal de sentencia no eran razón suficiente para verificar apodícticamente la enajenación de bienes por parte de la deudora, sin notificación previa a su acreedor, en este caso, la acusación privada. Sobre este aspecto, puede o no, estar de acuerdo la parte recurrente con la conclusión de la instancia, lo que no es viable argumentar, es que esta conclusión silogística no es aceptable por incurrir en vicios de contradicción como parte integrante de la coherencia como regla de la lógica. Esta declaración testifical está estrechamente ligada en su descriptiva para con la inspección judicial realizada por la jueza de garantías y de la cual la acusación privada denuncia su falta de credibilidad; la inspección judicial establece que se pudo constatar que en el libro contable se encontró que en noviembre de dos mil cuatro (2004), vendieron al crédito a la sociedad anónima ALPROART, un mamógrafo por la cantidad de doscientos setenta y dos mil doscientos seis lempiras con cincuenta y ocho centavos (L 262,206.58) y equipo de ultrasonido por noventa y ocho mil doscientos cincuenta y dos mil lempiras con cuarenta y ocho centavos (L 98,252.48), haciendo un total de trescientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve lempiras con seis centavos (L 360,459.06) (f. 474v). El sentenciador también otorga credibilidad a este medio probatorio, pero lo considera insuficiente para acreditar el elemento objetivo del tipo penal imputado respecto a la enajenación de bienes por parte de la deudora, sin notificación previa a su acreedor. Es decir, el estado intelectivo del sentenciador de instancia no llega a nivel de certeza al relacionar la carga de la prueba con el delito imputado, lo cual, como se ha dicho, no contraviene el principio lógico de no contradicción o bien, el principio lógico de razón suficiente. Consideró el sentenciador la insuficiencia de prueba de cargo para acreditar la enajenación de los bienes sin notificación previa al deudor con la finalidad de ocultarlos e incurrir en una condición de insolvencia dolosa con trascendencia penal. Esta labor, es propia de la instancia y ajena a la sede casacional, la cual se circunscribe a verificar que la construcción silogística valorativa sea lógicamente comprobable y no incurra en vicios falaces que provoquen la construcción defectuosa de los hechos probados y el posterior fallo.Por lo anterior, el primer motivo debe ser desestimado.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la acusación privada. Segundo motivo.Normas autorizantes citadas: artículo 362.2 del Código Procesal Penal.Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente.Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador prueba de valor decisivo.Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente.Pretensión: resolver con lugar la casación planteada.El recurrente expone la valoración que el sentenciador le dio a la prueba admitida denominada inspección judicial en la cual el tribunal considera que no logró demostrar la venta de los equipos. Pide el recurrente que se le otorgue el valor que merece la inspección judicial y se reconozca el trabajo realizado por la jueza de garantías.De la exclusión y de la falta de consideración de prueba de valor decisivo.El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto de los principios de legalidad y el debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la admisión, reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (artículo 199 del Código Procesal Penal); seguidamente, se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del artículo 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del artículo 333 del Código Procesal Penal), y, finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”.Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el tribunal de sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico.Por otra parte, existe falta de consideración cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, no hace mención alguna de dicho medio de prueba, es decir, omite toda referencia a ella y, consecuentemente, deja de valorarla.La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido o no considerado posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es de recibo.Considera el peticionario que se dejó de considerar prueba de valor decisivo porque el sentenciador valoró la prueba de cargo denominada inspección judicial contrario a sus pretensiones y en una clara infracción a las reglas de la sana crítica.La Sala de lo Penal observa que el argumento que sustenta el segundo motivo se aleja totalmente de la finalidad del precepto normativo citado como autorizante, pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar, posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. Sucede, en el caso actual, que el recurrente corrompe el sentido del motivo, pues arguye que se ocasiona el vicio porque el Tribunal de Sentencia valoró la inspección judicial contrario a sus pretensiones y violentando las reglas de la sana crítica racional, argumento que como se ha explicado, imposibilita la configuración de los motivos de exclusión indebida o falta de consideración de prueba de valor decisivo.Por esta razón, el segundo motivo decae y no es de recibo.DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Luis Armando Zúniga Aguilera, acusador privado.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar, el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Luis Armando Zúniga Aguilera, acusador privado. Segundo: Se declara firme la sentencia absolutoria dictada a favor de la señora Lía Argentina Bueso Chinchilla, por suponerla responsable del delito de insolvencia punible, en perjuicio del Banco HSBC, de fecha siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE.Rafael Bustillo RomeroMagistrado Coordinador Alma Consuelo Guzmán GarcíaMagistrada Miguel Alberto Pineda ValleMagistrado