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Sentencia CP-143-21 — Registro 17066

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego (chimba), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-143-2021, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-143-2021 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: No procedió declarar la responsabilidad civil de David Amileth Sánchez Pineda. TERCERO: Exoneró del pago de costas procesales y gastos ocasionados por el juicio a David Amileth Sánchez Pineda. Son partes en única instancia: La Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Dinabel Lopez Durón y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos de David Amileth Sánchez Pineda, como parte recurrido. HECHOS PROBADOS “Primero: El día diecisiete de marzo del año dos mil ocho, a eso de las tres de la tarde, los policías preventivos Elder Flores, Ever Martínez y Misael Gonzáles, realizaban un patrullaje de rutina en el barrio Los Mangos, municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, en ese momento se les acercó una señora quien pidiéndoles el anonimato les dio información acerca de un individuo de cabello largo, vestido con camisa verde y pantalón beige, quien se mostraba sospechoso al ocultar aparentemente un arma. Segundo: Los Policías comenzaron la búsqueda del individuo con esas características a quien encontraron en una calle solitaria cercana a una escuela, procediendo a requerirlo para practicarle un registro personal, encontrándole el policía Elder Donaldo Flores, dos tubos de metal galvanizado, los cuales portaba en la espalda, a nivel de la cintura, deteniéndolo en ese momento. Tercero: Con el peritaje practicado a los tubos decomisados, se determinó que al unirse funcionaban como un arma de fabricación casera, conocida como "Chimba". RECURSO DE CASACION, MOTIVO Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Marvin Edgardo Zelaya, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: Infracción por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal. PRCEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: "Artículo 332-B: "Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (32 a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". (Lo resaltado es nuestro). El Tribunal sentenciador al emitir el fallo que resolvió el presente asunto, estableció como Hechos Probados los siguientes: PRIMERO: El día diecisiete de marzo del 2008, a eso de las tres de la tarde, los policías preventivos Eider Flores, Ever Martínez y Misael Gonzales realizaban un patrullaje de .rutina en el barrio los Mangos, Municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, en ese momento se les acerco una señora quien pidiéndoles el anonimato les dio información acerca de un individuo de cabello largo, vestido con camisa verde y pantalón beige, quien se mostraba sospechoso al ocultar aparentemente un arma. SEGUNDO: Los policías comenzaron la búsqueda del individuo con esas características a quien encontraron en una calle solitaria cercana a una escuela, procediendo a requerirlo para practicarle un registro personal, encontrándole el policía Elder Donaldo Flores, dos tubos de metal galvanizado, los cuales portaba en su espalda, a nivel de la cintura, deteniéndolo en ese momento. TERCERO: Con el peritaje practicado a los tubos decomisados, se determinó que al unirse funcionaban como un arma de fabricación casera conocida como "Chimba". Partiendo de los hechos probados el Tribunal Sentenciador da como acreditado que el imputado tenía en su poder un arma de fabricación casera a la que comúnmente se le conoce como "chimba" y la cual aun cuando se trate de dos piezas separadas, al unirse se mantiene un buen funcionamiento operativo, que es posible impactar proyectiles de calibre 12 milímetros. El juzgador erróneamente establece en el numeral primero del acápite de la Fundamentación Jurídica que "Hay criterios distintos en cuanto a considerar la portación de una chimba como arma de guerra y otras la consideran como un arma comercial, que no se discute que una chimba es un arma de fabricación casera, pero, la misma no es un arma de alta destrucción para ser. considerada - de guerra- y tampoco se debe considerar como "comercial" por razones obvias ya que no se encuentran a la venta en el comercio nacional,”…chimba es un arma sui generis, que se debió de incluir en cualquiera de los tipos penales artículo 332-A o 332 B del Código Penal de manera específica, pues del supuesto A, se señala de manera concreta las AK 47, y en ambos tipos penales se menciona la palabra "armas", de lo cual existe un vacío legal para incorporar las chimbas en uno u otro artículo...' También el Tribunal de manera equívoca estableció en el tercer párrafo de la página diez de la sentencia que "los tipos penales deben ser claros a fin de que el juzgador no utilice la analogía que puede convertirse en "malam parte", devenimos en la obligación de aplicar la penal tal y como se encuentra estipulada en los artículos antes referidos; sancionada con multas administrativas que deben ser impuestas por la Secretaria de Seguridad". En este sentido, somos del parecer que el sentenciador a sesgado su posición por cuanto basta revisar detenidamente la norma penal sustantiva dejada de aplicar, en este caso el artículo 332-B para darnos cuenta que en efecto la norma antes mencionada se refiere a fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, ingresar o sacar del país, suministrar o vender armas de fuego y municiones de tipo comercial. En este sentido no existe la atipicidad que el sentenciador establece en su fallo, por el contrario tal y como se ha manifestado anteriormente la norma dejada de aplicar en relación con el artículo 8.2 del Decreto 30-2000 (vigente al momento en que ocurrió el hecho) nos resuelve la inquietud que ha manifestado el juzgador en su fundamentación jurídica, por cuanto ya el legislador hondureño ha establecido claramente que las chimbas o armas caseras o artesanales son consideradas como armas prohibidas y por lo tanto dicho acto es considerado punible para los efectos penales correspondientes. Dado lo anterior, resulta evidente el grave vicio en el que ha incurrido el sentenciador por cuanto al establecer la atipicidad de la conducta desplegada por el imputado David Amileth Sánchez Martínez, ha dejado de aplicar la norma que resolvía correctamente el caso, causando con ello un grave agravio a la sociedad en general. Con la vigencia del decreto legislativo 30-2000, según lo establece el artículo 8.2 del mismo, las armas artesanales o caseras, como lo es en el presente caso la decomisada al imputado es considerada como arma prohibida susceptible de una sanción penal tal y como lo establece el mismo decreto en mención. En el presente caso ha quedado claramente establecido que en efecto el imputado al estar portando la referida chimba, incurre en el delito de Portación Ilegal de Armas (art. 332-B del Código Penal) y este contenido de verdad irrefutable se encuentra plasmado en los Hechos Probado, de ahí que se origina el vicio que da lugar al presente recurso, dado que el juzgador establece que el imputado, llevaba consigo una arma tipo chimba de las consideradas como prohibidas, dejando de aplicar la norma supra referida. Resulta interesante revisar que el sentenciador en el numeral tercero, párrafo primero de la Fundamentación Jurídica, da a entender que la única sanción que se podría imponer es una sanción administrativa regulada en el artículo 57 la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares (decreto 30-2000) en lo relativo al decomiso inmediato de la chimba y la multa, no así a la calificación del tipo de arma prohibida como deja de hacerlo al momento de resolver el caso. Por lo que podemos concluir que la aplicación del Artículo 332-B del Código Penal reformado no sería producto de la analogía, mucho menos una pretensión de penalizar una acción no penalizada en la Ley, sino por el contrario, esta solución es producto de la estricta aplicación del principio de legalidad (Nullum Crimen sine Lege) que como se puede apreciar en el proceso intelectivo desarrollado, respeta todo criterio interpretativo de los textos legales. Una vez acreditado el extremo de que el procesado se encontraba en posesión de un arma conocida como artesanal o casera (chimba), consecuentemente se acreditó sin lugar a dudas que el procesado David Amileth Sánchez Martínez, cometió el delito de Portación Ilegal de Armas al tenor del Artículo 332-B en relación con el artículo 8.2 de la Ley Especial de Armas, Municiones, Explosivos y Similar. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber absuelto de toda responsabilidad penal al imputado, por considerar que la acción imputada no constituía delito, ha producido en consecuencia la infracción del precepto penales antes mencionados constituyéndose éste en el grave vicio que da lugar a recurrir por esta vía para que sea corregido este grave ultraje judicial. Por lo que el ente acusador logró demostrar sin lugar a dudas que el señor David Amileth Sánchez Martínez ha +0incurrido en el delito establecido en el artículo 332-B del Código Penal, y si bien el arma de fabricación artesanal no está descrita dentro de este ilícito, hay que tomar en consideración que el artefacto decomisado al procesado, realiza las funciones de un arma de fuego, además que de conformidad al dictamen emitido por el laboratorio balístico, éste se encontraba en perfecto estado de funcionamiento operativo y que la pieza utiliza como anima o cañón compatible al calibre 12GA, de ahí su vinculación con la norma penal supra referida; además para respaldar nuestra tesis, hay que tomar en consideración el criterio esgrimido por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la cual ya constituye doctrina legal, y del que claramente se ha establecido que las armas denominadas "chimbas" o armas de fabricación artesanal deben de considerarse como un arma de fuego , y siendo que esta infracción se encuentra entre los denominados delito de Peligro Abstracto o de Mera Actividad, no es necesario que exista una lesión efectiva o la puesta en peligro concreto del bien jurídico penalmente protegido, pues sabido es que la portación ilegal de armas representa un peligro para la sociedad. Sobre este mismo aspecto hacemos referencia que la Honorable Sala de lo Penal ha reconocido las armas de fabricación casera (chimbas) como armas de fuego, dado que en procesos similares, en donde el o los procesados han sido detenidos en posesión de "chimbas" ha establecido que: .un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de "uso personal", pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las "chimbas", utilizan o portan un arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi…” Por lo que es importante llamar a colación las múltiples sentencias que ha emitido la Honorable Sala de la Penal en cuanto a establecer que la Portación Ilegal de Armas Casera o Chimba, se debe enmarcar en el tipo penal artículo 332-B del Código Penal, las cuales ya constituyen doctrina Legal. La Honorable Sala de lo Penal ha emitido varias sentencias como ser fallos, sobre esta las armas de fabricación casera (chimba) las cuales ya constituyen doctrina Legal donde debe de emitirse sentencia condenatoria por el delito de Portación ilegal de armas de conformidad al Artículo 332-B del Código Penal. Con los argumentos anteriormente expuestos se deja en evidencia que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, dejó de aplicar el artículo 332-B del Código Penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal; • Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal; • Pretensión: Sea declarado con lugar el recurso. El recurrente señala que el Tribunal de Sentencia ha dejado de aplicar indebidamente la norma penal que contiene el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial; explica que al examinar el factum, se evidencia que el señor acusado David Amileth Sánchez Martinez, fue detenido infraganti en posesión de un arma de fuego de fabricación casera. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como fabricación ilícita de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran prohibidas, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B, conforme el Código Penal 144-83. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal 144-83 y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de arma de uso personal, arma deportiva y arma de guerra, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1. Armas de Guerra: El artículo332-A del Código Penal 144-83, tipifica el delito el de Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además, a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En consecuencia y conforme al artículo 332-A del Código Penal 144-83, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2. Armas de uso personal: el artículo 332-B del Código Penal 144-83, establece como título del delito la Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: • Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; • Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; • Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirá en el delito tipificado en el artículo 332-B del Código Penal 144-83, quien fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: • No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; • Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento penal a las armas de fabricación casera o artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal144-83, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal144-83, tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal 144-83, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que, no obstante que la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal 144-83, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionados penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la Procedencia del Recurso El Recurso es de recibo. El motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el recurrente, denuncia que, el Tribunal de Sentencia ha dejado de aplicar indebidamente la norma penal que contiene el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial; explica que: “al examinar el factum, se evidencia que el señor acusado David Amileth Sánchez Martinez, fue detenido infraganti en posesión de un arma de fuego de fabricación casera, y el sentenciador lo absolvió de toda responsabilidad penal, por considerar que la acción imputada no constituía delito, y con esta decisión ha producido en consecuencia el grave vicio que da lugar a recurrir por esta vía, para que sea corregido.” En los hechos fijados por el Tribunal, el mismo ha establecido: “Primero: El día diecisiete de marzo del año dos mil ocho, a eso de las tres de la tarde, los policías preventivos Elder Flores, Ever Martínez y Misael Gonzáles, realizaban un patrullaje de rutina en el barrio Los Mangos, municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, en ese momento se les acercó una señora quien pidiéndoles el anonimato les dio información acerca de un individuo de cabello largo, vestido con camisa verde y pantalón beige, quien se mostraba sospechoso al ocultar aparentemente un arma. Segundo: Los Policías comenzaron la búsqueda del individuo con esas características a quien encontraron en una calle solitaria cercana a una escuela, procediendo a requerirlo para practicarle un registro personal, encontrándole el policía Elder Donaldo Flores, dos tubos de metal galvanizado, los cuales portaba en la espalda, a nivel de la cintura, deteniéndolo en ese momento. Tercero: Con el peritaje practicado a los tubos decomisados, se determinó que al unirse funcionaban como un arma de fabricación casera, conocida como "Chimba". Del análisis de los hechos fijados por el tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado David Amileth Sánchez Martinez, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial (chimba), el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal 144-83, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por el acusado David Amileth Sánchez Martinez, es el decreto 184-13. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal 144-83, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la ley “Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado David Amileth Sánchez Martinez, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal 144-83, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma. 5. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el a quo ha incurrido en el vicio, por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado David Amileth Sánchez Martinez, fue encontrado en posesión de un arma de fuego (chimba). De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Es sujeto activo: David Amileth Sánchez Martinez. 2. Verbo rector: Portar un arma de fuego de uso personal confeccionada artesanalmente. 3. Objeto del delito: Un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo chimba, en buen estado operativo y mecánico, con capacidad para disparar. 4. Sujeto pasivo: La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (hechos probados) y el artículo 332-B del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el hecho probado reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces que el acusado, es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de uso personal, pues portaba al momento de suscitarse los hechos, un artefacto de fabricación artesanal, tipo chimba, en buen estado operativo y mecánico, con capacidad para disparar; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal, por lo que declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. a. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. b. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió al señor señor David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez, del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. La sanción que le corresponde es de 03 a 06 años de reclusión por un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta y Especial e Interdicción Civil por el tiempo que duren las penas principales, conforme los artículos 332-B y 32 del CN 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: Porte Ilegal de Arma de Fuego. (art. 580), la pena de (4) a (5) años (4) meses de prisión, más localización permanente durante (2) años por un delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego, Contra el Orden Público, Conforme al hecho probado la conducta realizada por el señor David Amileth Sánchez Martínez, se efectúo en lugar público, lo que constituye una agravantes especifica del tipo penal, según lo establecido en numeral 6 del artículo 584 del NCP; debiendo incrementarse la pena en un tercio (1/3), resultando una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses a siete (7) años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones dentro del margen que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. DECISIÓN: Declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, y como consecuencia, revoca la misma. Tercero: Se debe condenar y se condena al señor David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal (chimba) en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, a la que deberá deducírsele el tiempo en que haya estado privado de libertad preventivamente exclusivamente por esta causa; pena que deberá cumplir sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se le condena al señor David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez, a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras; finalmente, Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez, (Artículo 06 del Código Procesal Penal). Redacto Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a ocho días del mes de enero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el uno de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-143-2021. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-143-2021, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-143-2021 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: No procedió declarar la responsabilidad civil de David Amileth Sánchez Pineda. TERCERO: Exoneró del pago de costas procesales y gastos ocasionados por el juicio a David Amileth Sánchez Pineda. Son partes en única instancia: La Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Dinabel Lopez Durón y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos de David Amileth Sánchez Pineda, como parte recurrido. HECHOS PROBADOS “Primero: El día diecisiete de marzo del año dos mil ocho, a eso de las tres de la tarde, los policías preventivos Elder Flores, Ever Martínez y Misael Gonzáles, realizaban un patrullaje de rutina en el barrio Los Mangos, municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, en ese momento se les acercó una señora quien pidiéndoles el anonimato les dio información acerca de un individuo de cabello largo, vestido con camisa verde y pantalón beige, quien se mostraba sospechoso al ocultar aparentemente un arma. Segundo: Los Policías comenzaron la búsqueda del individuo con esas características a quien encontraron en una calle solitaria cercana a una escuela, procediendo a requerirlo para practicarle un registro personal, encontrándole el policía Elder Donaldo Flores, dos tubos de metal galvanizado, los cuales portaba en la espalda, a nivel de la cintura, deteniéndolo en ese momento. Tercero: Con el peritaje practicado a los tubos decomisados, se determinó que al unirse funcionaban como un arma de fabricación casera, conocida como "Chimba". RECURSO DE CASACION, MOTIVO Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Marvin Edgardo Zelaya, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: Infracción por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal. PRCEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: "Artículo 332-B: "Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (32 a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". (Lo resaltado es nuestro). El Tribunal sentenciador al emitir el fallo que resolvió el presente asunto, estableció como Hechos Probados los siguientes: PRIMERO: El día diecisiete de marzo del 2008, a eso de las tres de la tarde, los policías preventivos Eider Flores, Ever Martínez y Misael Gonzales realizaban un patrullaje de .rutina en el barrio los Mangos, Municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, en ese momento se les acerco una señora quien pidiéndoles el anonimato les dio información acerca de un individuo de cabello largo, vestido con camisa verde y pantalón beige, quien se mostraba sospechoso al ocultar aparentemente un arma. SEGUNDO: Los policías comenzaron la búsqueda del individuo con esas características a quien encontraron en una calle solitaria cercana a una escuela, procediendo a requerirlo para practicarle un registro personal, encontrándole el policía Elder Donaldo Flores, dos tubos de metal galvanizado, los cuales portaba en su espalda, a nivel de la cintura, deteniéndolo en ese momento. TERCERO: Con el peritaje practicado a los tubos decomisados, se determinó que al unirse funcionaban como un arma de fabricación casera conocida como "Chimba". Partiendo de los hechos probados el Tribunal Sentenciador da como acreditado que el imputado tenía en su poder un arma de fabricación casera a la que comúnmente se le conoce como "chimba" y la cual aun cuando se trate de dos piezas separadas, al unirse se mantiene un buen funcionamiento operativo, que es posible impactar proyectiles de calibre 12 milímetros. El juzgador erróneamente establece en el numeral primero del acápite de la Fundamentación Jurídica que "Hay criterios distintos en cuanto a considerar la portación de una chimba como arma de guerra y otras la consideran como un arma comercial, que no se discute que una chimba es un arma de fabricación casera, pero, la misma no es un arma de alta destrucción para ser. considerada - de guerra- y tampoco se debe considerar como "comercial" por razones obvias ya que no se encuentran a la venta en el comercio nacional,”…chimba es un arma sui generis, que se debió de incluir en cualquiera de los tipos penales artículo 332-A o 332 B del Código Penal de manera específica, pues del supuesto A, se señala de manera concreta las AK 47, y en ambos tipos penales se menciona la palabra "armas", de lo cual existe un vacío legal para incorporar las chimbas en uno u otro artículo...' También el Tribunal de manera equívoca estableció en el tercer párrafo de la página diez de la sentencia que "los tipos penales deben ser claros a fin de que el juzgador no utilice la analogía que puede convertirse en "malam parte", devenimos en la obligación de aplicar la penal tal y como se encuentra estipulada en los artículos antes referidos; sancionada con multas administrativas que deben ser impuestas por la Secretaria de Seguridad". En este sentido, somos del parecer que el sentenciador a sesgado su posición por cuanto basta revisar detenidamente la norma penal sustantiva dejada de aplicar, en este caso el artículo 332-B para darnos cuenta que en efecto la norma antes mencionada se refiere a fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, ingresar o sacar del país, suministrar o vender armas de fuego y municiones de tipo comercial. En este sentido no existe la atipicidad que el sentenciador establece en su fallo, por el contrario tal y como se ha manifestado anteriormente la norma dejada de aplicar en relación con el artículo 8.2 del Decreto 30-2000 (vigente al momento en que ocurrió el hecho) nos resuelve la inquietud que ha manifestado el juzgador en su fundamentación jurídica, por cuanto ya el legislador hondureño ha establecido claramente que las chimbas o armas caseras o artesanales son consideradas como armas prohibidas y por lo tanto dicho acto es considerado punible para los efectos penales correspondientes. Dado lo anterior, resulta evidente el grave vicio en el que ha incurrido el sentenciador por cuanto al establecer la atipicidad de la conducta desplegada por el imputado David Amileth Sánchez Martínez, ha dejado de aplicar la norma que resolvía correctamente el caso, causando con ello un grave agravio a la sociedad en general. Con la vigencia del decreto legislativo 30-2000, según lo establece el artículo 8.2 del mismo, las armas artesanales o caseras, como lo es en el presente caso la decomisada al imputado es considerada como arma prohibida susceptible de una sanción penal tal y como lo establece el mismo decreto en mención. En el presente caso ha quedado claramente establecido que en efecto el imputado al estar portando la referida chimba, incurre en el delito de Portación Ilegal de Armas (art. 332-B del Código Penal) y este contenido de verdad irrefutable se encuentra plasmado en los Hechos Probado, de ahí que se origina el vicio que da lugar al presente recurso, dado que el juzgador establece que el imputado, llevaba consigo una arma tipo chimba de las consideradas como prohibidas, dejando de aplicar la norma supra referida. Resulta interesante revisar que el sentenciador en el numeral tercero, párrafo primero de la Fundamentación Jurídica, da a entender que la única sanción que se podría imponer es una sanción administrativa regulada en el artículo 57 la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares (decreto 30-2000) en lo relativo al decomiso inmediato de la chimba y la multa, no así a la calificación del tipo de arma prohibida como deja de hacerlo al momento de resolver el caso. Por lo que podemos concluir que la aplicación del Artículo 332-B del Código Penal reformado no sería producto de la analogía, mucho menos una pretensión de penalizar una acción no penalizada en la Ley, sino por el contrario, esta solución es producto de la estricta aplicación del principio de legalidad (Nullum Crimen sine Lege) que como se puede apreciar en el proceso intelectivo desarrollado, respeta todo criterio interpretativo de los textos legales. Una vez acreditado el extremo de que el procesado se encontraba en posesión de un arma conocida como artesanal o casera (chimba), consecuentemente se acreditó sin lugar a dudas que el procesado David Amileth Sánchez Martínez, cometió el delito de Portación Ilegal de Armas al tenor del Artículo 332-B en relación con el artículo 8.2 de la Ley Especial de Armas, Municiones, Explosivos y Similar. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber absuelto de toda responsabilidad penal al imputado, por considerar que la acción imputada no constituía delito, ha producido en consecuencia la infracción del precepto penales antes mencionados constituyéndose éste en el grave vicio que da lugar a recurrir por esta vía para que sea corregido este grave ultraje judicial. Por lo que el ente acusador logró demostrar sin lugar a dudas que el señor David Amileth Sánchez Martínez ha +0incurrido en el delito establecido en el artículo 332-B del Código Penal, y si bien el arma de fabricación artesanal no está descrita dentro de este ilícito, hay que tomar en consideración que el artefacto decomisado al procesado, realiza las funciones de un arma de fuego, además que de conformidad al dictamen emitido por el laboratorio balístico, éste se encontraba en perfecto estado de funcionamiento operativo y que la pieza utiliza como anima o cañón compatible al calibre 12GA, de ahí su vinculación con la norma penal supra referida; además para respaldar nuestra tesis, hay que tomar en consideración el criterio esgrimido por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la cual ya constituye doctrina legal, y del que claramente se ha establecido que las armas denominadas "chimbas" o armas de fabricación artesanal deben de considerarse como un arma de fuego , y siendo que esta infracción se encuentra entre los denominados delito de Peligro Abstracto o de Mera Actividad, no es necesario que exista una lesión efectiva o la puesta en peligro concreto del bien jurídico penalmente protegido, pues sabido es que la portación ilegal de armas representa un peligro para la sociedad. Sobre este mismo aspecto hacemos referencia que la Honorable Sala de lo Penal ha reconocido las armas de fabricación casera (chimbas) como armas de fuego, dado que en procesos similares, en donde el o los procesados han sido detenidos en posesión de "chimbas" ha establecido que: .un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de "uso personal", pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las "chimbas", utilizan o portan un arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi…” Por lo que es importante llamar a colación las múltiples sentencias que ha emitido la Honorable Sala de la Penal en cuanto a establecer que la Portación Ilegal de Armas Casera o Chimba, se debe enmarcar en el tipo penal artículo 332-B del Código Penal, las cuales ya constituyen doctrina Legal. La Honorable Sala de lo Penal ha emitido varias sentencias como ser fallos, sobre esta las armas de fabricación casera (chimba) las cuales ya constituyen doctrina Legal donde debe de emitirse sentencia condenatoria por el delito de Portación ilegal de armas de conformidad al Artículo 332-B del Código Penal. Con los argumentos anteriormente expuestos se deja en evidencia que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, dejó de aplicar el artículo 332-B del Código Penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal; • Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal; • Pretensión: Sea declarado con lugar el recurso. El recurrente señala que el Tribunal de Sentencia ha dejado de aplicar indebidamente la norma penal que contiene el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial; explica que al examinar el factum, se evidencia que el señor acusado David Amileth Sánchez Martinez, fue detenido infraganti en posesión de un arma de fuego de fabricación casera. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como fabricación ilícita de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran prohibidas, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B, conforme el Código Penal 144-83. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal 144-83 y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de arma de uso personal, arma deportiva y arma de guerra, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1. Armas de Guerra: El artículo332-A del Código Penal 144-83, tipifica el delito el de Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además, a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En consecuencia y conforme al artículo 332-A del Código Penal 144-83, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2. Armas de uso personal: el artículo 332-B del Código Penal 144-83, establece como título del delito la Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: • Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; • Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; • Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirá en el delito tipificado en el artículo 332-B del Código Penal 144-83, quien fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: • No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; • Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento penal a las armas de fabricación casera o artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal144-83, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal144-83, tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal 144-83, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que, no obstante que la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal 144-83, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionados penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la Procedencia del Recurso El Recurso es de recibo. El motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el recurrente, denuncia que, el Tribunal de Sentencia ha dejado de aplicar indebidamente la norma penal que contiene el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial; explica que: “al examinar el factum, se evidencia que el señor acusado David Amileth Sánchez Martinez, fue detenido infraganti en posesión de un arma de fuego de fabricación casera, y el sentenciador lo absolvió de toda responsabilidad penal, por considerar que la acción imputada no constituía delito, y con esta decisión ha producido en consecuencia el grave vicio que da lugar a recurrir por esta vía, para que sea corregido.” En los hechos fijados por el Tribunal, el mismo ha establecido: “Primero: El día diecisiete de marzo del año dos mil ocho, a eso de las tres de la tarde, los policías preventivos Elder Flores, Ever Martínez y Misael Gonzáles, realizaban un patrullaje de rutina en el barrio Los Mangos, municipio de Santa Ana de Yusguare, departamento de Choluteca, en ese momento se les acercó una señora quien pidiéndoles el anonimato les dio información acerca de un individuo de cabello largo, vestido con camisa verde y pantalón beige, quien se mostraba sospechoso al ocultar aparentemente un arma. Segundo: Los Policías comenzaron la búsqueda del individuo con esas características a quien encontraron en una calle solitaria cercana a una escuela, procediendo a requerirlo para practicarle un registro personal, encontrándole el policía Elder Donaldo Flores, dos tubos de metal galvanizado, los cuales portaba en la espalda, a nivel de la cintura, deteniéndolo en ese momento. Tercero: Con el peritaje practicado a los tubos decomisados, se determinó que al unirse funcionaban como un arma de fabricación casera, conocida como "Chimba". Del análisis de los hechos fijados por el tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado David Amileth Sánchez Martinez, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial (chimba), el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal 144-83, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por el acusado David Amileth Sánchez Martinez, es el decreto 184-13. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal 144-83, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la ley “Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado David Amileth Sánchez Martinez, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal 144-83, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma. 5. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el a quo ha incurrido en el vicio, por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado David Amileth Sánchez Martinez, fue encontrado en posesión de un arma de fuego (chimba). De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Es sujeto activo: David Amileth Sánchez Martinez. 2. Verbo rector: Portar un arma de fuego de uso personal confeccionada artesanalmente. 3. Objeto del delito: Un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo chimba, en buen estado operativo y mecánico, con capacidad para disparar. 4. Sujeto pasivo: La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (hechos probados) y el artículo 332-B del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el hecho probado reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. No cabe duda entonces que el acusado, es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de uso personal, pues portaba al momento de suscitarse los hechos, un artefacto de fabricación artesanal, tipo chimba, en buen estado operativo y mecánico, con capacidad para disparar; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal, por lo que declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. a. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. b. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se absolvió al señor señor David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez, del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. La sanción que le corresponde es de 03 a 06 años de reclusión por un delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta y Especial e Interdicción Civil por el tiempo que duren las penas principales, conforme los artículos 332-B y 32 del CN 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de las siguientes penas: Porte Ilegal de Arma de Fuego. (art. 580), la pena de (4) a (5) años (4) meses de prisión, más localización permanente durante (2) años por un delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego, Contra el Orden Público, Conforme al hecho probado la conducta realizada por el señor David Amileth Sánchez Martínez, se efectúo en lugar público, lo que constituye una agravantes especifica del tipo penal, según lo establecido en numeral 6 del artículo 584 del NCP; debiendo incrementarse la pena en un tercio (1/3), resultando una pena abstracta de cinco (5) años cuatro (4) meses a siete (7) años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones dentro del margen que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. DECISIÓN: Declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, y como consecuencia, revoca la misma. Tercero: Se debe condenar y se condena al señor David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal (chimba) en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, a la que deberá deducírsele el tiempo en que haya estado privado de libertad preventivamente exclusivamente por esta causa; pena que deberá cumplir sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se le condena al señor David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez, a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras; finalmente, Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor David Amileth Sánchez Pineda, también conocido como David Amileth Sánchez Martinez, (Artículo 06 del Código Procesal Penal). Redacto Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a ocho días del mes de enero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el uno de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-143-2021. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – RECEPTORA SALA PENAL.”