Sentencia CP-143-19 — Registro 17719
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Consumo Personal Inmediato en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar; es decir, el ámbito propio de este recurso, queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos que hubiese descrito el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no, correcta jurídicamente. Habiendo dejado clara la postura ante la interposición del presente recurso, se procede a darle respuesta. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, no le asiste la razón a la recurrente, dado que los hechos probados de la sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir, con el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Consumo Ilícito de Drogas; ante ello, se requiere que el sujeto activo Marvin Modesto Mendoza Martínez, se encuentre en cualquiera de las presupuestos señalado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual establece que “Se le impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil (L 50,000.00) a cien mil (L 100,000.00) lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas”; confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, este tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, en el cuadro fáctico aparece en el apartado único, cuando el sentenciador afirma que “…El día Nueve (9) de Noviembre del año Dos Mil Siete (2007), siendo las 14:15 horas se le practicó un registro personal al señor MARVIN MENDOZA MODESTO MARTINEZ, por el policía MARIO COREA PEREZ CON PLACA 8255, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana) envueltos en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos, la cual se le procedió a decomisar en el mismo momento” El elemento subjetivo por su parte, consiste que la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte ha de obedecer a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro, facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso, lo constituyó la bolsa plástica, que llevaba consigo el acusado y por la disposición que en su interior contenían los 10 carrucos de marihuana, con un peso neto de nueve punto nueve gramos ( 9.9gr), que tenía como ultima finalidad su distribución para su consumo ilícito, si bien, la recurrente ha señalado que la cantidad de droga decomisada no era para trasladarla a terceros, ni para consumo inmediato, sino para consumirla en forma diferida, es decir, para varios días, sin embargo, de la narración fáctica, no se describe que el acusado adoleciera de adicción a esta droga (Marihuana), ni que los 10 carrucos con un peso neto de nueve punto nueve gramos ( 9.9gr), sean para consumo personal inmediato, nada de ello se describe en el relato fáctico, lo que se deduce, que la misma era transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Explica Molina Mansilla que, según la jurisprudencia española, para que se configure la teoría señalada por la recurrente (consumo diferido) es necesario, la concurrencia de los siguientes requisitos: 1. Acreditar que el portador de la sustancia estupefaciente sea consumidor de esa sustancia. 2. Que el sujeto no posea una pluralidad de sustancias. 3. La cantidad poseída no puede exceder del acopio medio para autoconsumo. [4] Considera mas adelante la misma autora que si la cantidad de droga incautada, supera el acopio medio, tendrá la consideración de tenencia preordenada para el tráfico, aunque haya quedado probado la toxicomanía del sujeto. Consecuencia de ello, es que la cantidad de notoria importancia impedirá la apreciación de la posesión para el autoconsumo. Asimismo, ha señalado la recurrente, sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, registradas con los números SP-357-2007, SP-80-2011 y 28-09-2010, que a su criterio sustentan sus alegatos recursivos, esta Sala de lo Penal advierte, que los fallos referidos como supuesta doctrina legal de este tribunal, no constituyen una sólida línea hermenéutica o de interpretación jurisprudencial que se ajuste al caso subjudice. Es por lo expresado, que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, la pena principal de seis (06) años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L.50,000.00), como autor responsable penalmente de un delito descrito por el juzgador como Facilitación de Medios de Transporte para el consumo personal inmediato, debiendo ser lo correcto Facilitación de los Medios de Transporte para el Consumo Ilícito de Drogas (previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez, por el delito de tráfico de droga por posesión para la facilitación de su consumo (art.311), correspondería la imposición de las siguientes penas: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii.De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, el acusado realizaba un acto de posesión de marihuana para la facilitación de su consumo, sancionado con pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L.2,500,000.00, lo anterior, al considerarse la Marihuana una droga que no causa grave daño a la salud. Sin embargo, del mismo hecho probado se describe que tanto las circunstancias del hecho y personales del condenado, como el peso neto de la marihuana encontrada en posesión de Marvin Modesto Mendoza Martínez al ser de 9.9 gramos, es posible deducir ser de menor gravedad; en consecuencia, al no concurrir agravantes contempladas en el artículo 312, la pena abstracta para el delito de Tráfico de Drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, deberá ser de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00; más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena impuesta al acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez, conforme la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al ser de 06 años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50,000.00), es más gravosa de aquella abstracta contemplada el Código Penal 130-2017 para el mismo delito; Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Sobre ello los jueces en la sentencia señalaron la imposición de la pena mínima. Por su parte esta Sala de lo Penal, concuerda que corresponde imponer al imputado la pena abstracta mínima prevista en la codificación penal vigente: Penas principales de: i.- prisión por 01 año; ii.- multa de cien días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00).- Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-143-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 143-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho; dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, como autor responsable de un delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Consumo Personal Inmediato en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras, a la pena principal de seis (06) Años de Reclusión; además a la pena de Multa por la cantidad de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50, 000.00). Segundo: Condenó al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Marvin Modesto Mendoza Martínez. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Declaró el comiso de 8,9 gramos de hierba seca marihuana, sobrante de la muestra analizada ya que se extrajo como muestra representativa 1,0 gramos para el análisis respectivo. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Salma Vanessa Gonzáles Duarte, actuando en su condición de defensora pública del acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez. Son partes en única instancia: La Abogada Salma Vanessa Gonzáles Duarte, defensora pública, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: El día Nueve (9) de Noviembre del año Dos Mil Siete (2007), siendo las 14:15 horas se le practicó un registro personal al señor MARVIN MENDOZA MODESTO MARTINEZ, por el policía MARIO COREA PEREZ CON PLACA 8255, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana) envueltos en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos, la cual se le procedió a decomisar en el mismo momento.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Salma Vanessa Gonzáles Duarte, actuando en su condición de defensora pública procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 22 de la ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el articulo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas que establece: "Se impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y Multa de cincuenta mil lempiras (Lps. 50,000.00) a cien mil lempiras (Lps.100,000.00), a quien intencionalmente facilite el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas". Articulo que ha aplicado incorrectamente la mayoría del Tribunal Sentenciador de Comayagua, Comayagua al no ajustarse la declaración del Único hecho probado con el tipo penal que establece dicho artículo. SEGUNDO: "La mayoría del Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: Único: El día Nueve (9) de Noviembre del año dos mil siete (2007) siendo las 14:15 horas se le practicó un registro personal al señor MARVIN MENDOZA MODESTO MARTINEZ por el POLICIA MARIO COREA PEREZ con placa 8255, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana) envuelto en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos, la cual se le procedió a decomisar en el mismo momento. Al analizar el contenido del Único hecho probado se observa que el mismo se refiere a un hecho donde nuestro representado no es un agente facilitador en vista que no quedo probado en ningún hecho la existencia de una persona a quien se le facilitara dicha droga decomisada, lo que es entendible en la práctica de la narcoactividad, véase que en tanto el agente no es a otro a quien se le facilita la actividad, sino a él mismo, entonces consideramos que el mismo la iba a utilizar para consumo personal no inmediato sino para consumirla en forma diferida para varios días, en vista por una parte que el imputado es consumidor de marihuana y por otra parte que en el presente caso al examen del factum podemos apreciar que no se hizo referencia a ningún destinatario de la droga encontrada en poder del señor Marvin Modesto Martínez, solamente refiere que se le practicó un registro por el Policía Mario Corea Pérez, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana), envueltos en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos. Por lo que en el caso de marras la ausencia de un destinatario de dicha droga refleja un vacío no omitido por la jurisdicción sino delimitada por la información que brinda la prueba de cargo aportada por el ente fiscal, lo que hace imposible concluir que el accionar del imputado sea solamente de un facilitador, en vista que no se presenta en la declaración del hecho probado elemento alguno que permita arribar a esa conclusión. Somos del criterio que no fue suficiente la simple captura efectuada por los Agentes Policiales Preventivos y Dictamen Toxicológico, en vista que se pudo haber hecho más prueba contundente para así poder incriminar sin lugar a dudas a mi representado, derivándose del propio hecho probado la posesión para consumo de droga, es decir que el destino final de dicha droga era para consumo personal diferido (varios días), constando como doctrina tres antecedentes penales como ser sentencias dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número SP-357-2007, SP-80-2011 y 28-09-2010, donde específicamente en el último fallo (28-09-2010) la cantidad de droga decomisada al imputado era de (35.5g) de marihuana y el Juez A-quo lo había condenado por Tráfico Ilícito de Droga, interponiendo la defensa del imputado recurso de casación donde la Sala Penal mediante sentencia lo absolvió por Tráfico de Droga, dictando sentencia por consumo de droga.- Dicho lo anterior consideramos que el Ministerio Público en su acusación y con las pruebas evacuadas en juicio no pudo establecer que efectivamente nuestro representado el señor MARVIN MODESTO MENDOZA haya cometido el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en vista que la droga era para su consumo personal no inmediato sino para consumo diferido en varios días; asimismo consideramos que la droga decomisada al señor Marvin Modesto era para consumo porque el consumir droga depende de la capacidad de cada persona. Siendo así consideramos que la droga decomisada a nuestro representado no le pertenecía a una segunda o tercera persona, donde ni siquiera él se encontraba bajo ningún acuerdo con alguna otra persona. Somos del criterio que el Ministerio Público debió haber probado dicho extremo en el sentido del lugar o destino final o si se encontraba la intervención de una tercera persona en dicha acción. TERCERO: Por lo que del análisis hecho considero que en ningún momento la mayoría del Tribunal de Sentencias de Comayagua debió llegar a la convicción de manifestar en la sentencia recurrida o que los condujera con la absoluta certeza de condenar a nuestro representado por facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Droga en vista que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, facilitar es "hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a "proporcionar o entregar". Consideramos que el caso sub judice corresponde como ya se ha supra indicado que era para consumo personal de nuestro representado la droga incautada; lo anterior queda evidenciado con la misma prueba de cargo antes indicada, por lo que de lo antes manifestado arribamos a lo que señala la experiencia común y la lógica, donde aplicando los principios que la rigen se ha podido arribar a la conclusión concreta de no tener la certeza después de analizar y valorar en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, que mi defendido sea el autor material del hecho que se le imputa, considerando que el fallo recurrido no esta dictado conforme a las exigencias del artículo citado debiendo declarar con lugar el recurso interpuesto y por ende solicito que se declare sin lugar la sentencia emitida por la mayoría del Tribunal de Sentencias de Comayagua, Comayagua. Sumado a lo anterior consta un Voto Particular Disidente por la Juez Abogada NANCY ROCIO LOPEZ ROVELO quien entre otras cosas manifestó: "La declaración de los Policías Preventivos no ha ido más allá de la simple detención del acusado y la calidad de hierba es muy poca como para pensar que estaba lista para su venta lo que induce a pensar que su finalidad era para consumo; por ende este Tribunal una vez valorado en forma armónica el conjunto de la prueba presentada por el Ministerio Público alcanza la firme convicción que indudablemente queda acreditado que el acusado llevaba consigo los envoltorios con papel periódico conteniendo 9.9. gramos de hierba seca, lo cual era para su consumo personal, puesto que no realizaba actos de comercialización cuando fue detenido por la policía, la cantidad de hierba decomisada era poca, no existen antecedentes previos que estuviese dedicado a dicha actividad, no hay testigos que lo impliquen en la misma. Estos son indicios conjuntamente valorados que explican consistentemente que efectivamente la droga encontrada es para consumo como finalmente en sus conclusiones se debió establecer. Continua relatando la Juez Disidente que es en esta clase de delito que si bien el dictamen toxicológico describe la cantidad decomisada en la muestra...no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato; es importante resaltar también la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, que mediante sentencia casacional numero SP-357-2007 dispone".....Que el dictamen pericial que afirma que la cantidad de droga decomisada es para tráfico: por ello se ha dicho que los dictámenes periciales como tales opiniones han de estar sometidos al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso, al principio de la libre valoración de la prueba que demanda prioritariamente una conjunta valoración sin conceder (a priori) valor superior a un medio sobre otro, si respecto a un tema concreto se hubieren llevado a cabo distintas pruebas, además de la pericial con resultado diferente, claro es entonces se reconoce al órgano judicial la facultad de llevar acabo esa conjunta valoración de la prueba que permita estimar que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen otros medios probatorios" por ello es apropiado concluir que las afirmaciones de los testigos vinculados con las actas de decomiso y de registro personal demuestren un grado de certeza con la droga encontrada en poder del imputado estaba destinada para su consumo personal. Finaliza diciendo la Juez Disidente que en el presente fáctico se trajo a juicio el acta de decomiso y de registro personal que da ese grado de certeza que la droga fue encontrada en propiedad del imputado, siendo esta de 9.9 g. como muestra; y tal como lo dispone la Sala en la sentencia antes referida donde condena por el "Delito de Posesión de 35.5 gramos de marihuana para Consumo personal". Es imperativo para esta Juez pronunciarse de la misma forma, es decir la sala de lo penal condenó por un consumo de droga diferido. INTERPRETACION PRETENDIDA Que al no subsumirse en la declaración del Único hecho probado lo dispuesto en la norma penal del articulo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas por parte de la mayoría del tribunal de Sentencias de Comayagua, Comayagua, en tal sentido se pretende que este hecho probado al no ser constitutivo del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga como erróneamente se aplicó a nuestro representado MARVIN MODESTO MENDOZA, en consecuencia que se anule la sentencia dictada por la mayoría de dicho Tribunal de Sentencias de Comayagua.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 22 de la Ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del tipo penal de Facilitación de los Medios de Trasporte para el Tráfico Ilícito de Droga. Pretensión: Anular la sentencia dictada por el a quo. Denuncia la recurrente, que, al analizar el contenido del único hecho probado, observa que se describe un hecho donde su representado, no es un agente facilitador, al no quedar probado la existencia de una persona a quien se le facilitaría la droga decomisada, en tanto que la facilitación era para el mismo imputado. Considera la recurrente, que el imputado no la utilizaría para consumo personal inmediato, sino para consumirla en forma diferida para varios días, a razón que su representado es consumidor de marihuana. Concluye la recurrente, en relación a lo anterior, que la droga decomisada a nuestro representado, no le pertenecía a una segunda o tercera persona, ni de la existencia de acuerdo previo para su traslado, dado que era destinado por la cantidad decomisada a un consumo personal diferido. Señala la recurrente como doctrina tres antecedentes penales como ser sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, registradas con los números SP-357-2007, SP-80-2011 y en especial la 28-09-2010, la cual describe que la cantidad de droga decomisada al imputado, era de (35.5g) de marihuana y el Juez a quo lo había condenado por el delito de Tráfico Ilícito de Droga, interponiendo la defensa del imputado, en esa causa recurso de casación donde la Sala de lo Penal, lo absolvió por el delito de Tráfico de Droga, y condenándolo por consumo de droga. Finalizando la recurrente, con describir el voto particular de uno de los jueces que integran el tribunal sentenciador. Del Delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el tráfico o consumo Ilícito de Drogas El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Como lo explica ACALE SANCHEZ, “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató.” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico Salud Pública, pues supone un acto material de difusión de la droga.” Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”. [1] De lo dicho anteriormente podemos entonces colegir que, para configurar el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico o Consumo Ilícito de Drogas, en necesario que converjan los siguientes elementos: 1. Que una persona, de manera intencional, facilite un medio de transporte. 2. Que esa facilitación sea con el objeto de traficar o consumir. Es decir, en proporcionar los medios necesarios para lograr la ejecución. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar; es decir, el ámbito propio de este recurso, queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos que hubiese descrito el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no, correcta jurídicamente. Habiendo dejado clara la postura ante la interposición del presente recurso, se procede a darle respuesta. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, no le asiste la razón a la recurrente, dado que los hechos probados de la sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir, con el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Consumo Ilícito de Drogas; ante ello, se requiere que el sujeto activo Marvin Modesto Mendoza Martínez, se encuentre en cualquiera de las presupuestos señalado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual establece que “Se le impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil (L 50,000.00) a cien mil (L 100,000.00) lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas”; confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, este tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, en el cuadro fáctico aparece en el apartado único, cuando el sentenciador afirma que “…El día Nueve (9) de Noviembre del año Dos Mil Siete (2007), siendo las 14:15 horas se le practicó un registro personal al señor MARVIN MENDOZA MODESTO MARTINEZ, por el policía MARIO COREA PEREZ CON PLACA 8255, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana) envueltos en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos, la cual se le procedió a decomisar en el mismo momento” El elemento subjetivo por su parte, consiste que la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte ha de obedecer a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro, facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso, lo constituyó la bolsa plástica, que llevaba consigo el acusado y por la disposición que en su interior contenían los 10 carrucos de marihuana, con un peso neto de nueve punto nueve gramos ( 9.9gr), que tenía como ultima finalidad su distribución para su consumo ilícito, si bien, la recurrente ha señalado que la cantidad de droga decomisada no era para trasladarla a terceros, ni para consumo inmediato, sino para consumirla en forma diferida, es decir, para varios días, sin embargo, de la narración fáctica, no se describe que el acusado adoleciera de adicción a esta droga (Marihuana), ni que los 10 carrucos con un peso neto de nueve punto nueve gramos ( 9.9gr), sean para consumo personal inmediato, nada de ello se describe en el relato fáctico, lo que se deduce, que la misma era transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Explica Molina Mansilla que, según la jurisprudencia española, para que se configure la teoría señalada por la recurrente (consumo diferido) es necesario, la concurrencia de los siguientes requisitos: 1. Acreditar que el portador de la sustancia estupefaciente sea consumidor de esa sustancia. 2. Que el sujeto no posea una pluralidad de sustancias. 3. La cantidad poseída no puede exceder del acopio medio para autoconsumo. [2] Considera mas adelante la misma autora que si la cantidad de droga incautada, supera el acopio medio, tendrá la consideración de tenencia preordenada para el tráfico, aunque haya quedado probado la toxicomanía del sujeto. Consecuencia de ello, es que la cantidad de notoria importancia impedirá la apreciación de la posesión para el autoconsumo. Asimismo, ha señalado la recurrente, sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, registradas con los números SP-357-2007, SP-80-2011 y 28-09-2010, que a su criterio sustentan sus alegatos recursivos, esta Sala de lo Penal advierte, que los fallos referidos como supuesta doctrina legal de este tribunal, no constituyen una sólida línea hermenéutica o de interpretación jurisprudencial que se ajuste al caso subjudice. Es por lo expresado, que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. C. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, la pena principal de seis (06) años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L.50,000.00), como autor responsable penalmente de un delito descrito por el juzgador como Facilitación de Medios de Transporte para el consumo personal inmediato, debiendo ser lo correcto Facilitación de los Medios de Transporte para el Consumo Ilícito de Drogas (previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez, por el delito de tráfico de droga por posesión para la facilitación de su consumo (art.311), correspondería la imposición de las siguientes penas: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii.De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, el acusado realizaba un acto de posesión de marihuana para la facilitación de su consumo, sancionado con pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L.2,500,000.00, lo anterior, al considerarse la Marihuana una droga que no causa grave daño a la salud. Sin embargo, del mismo hecho probado se describe que tanto las circunstancias del hecho y personales del condenado, como el peso neto de la marihuana encontrada en posesión de Marvin Modesto Mendoza Martínez al ser de 9.9 gramos, es posible deducir ser de menor gravedad; en consecuencia, al no concurrir agravantes contempladas en el artículo 312, la pena abstracta para el delito de Tráfico de Drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, deberá ser de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00; más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena impuesta al acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez, conforme la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al ser de 06 años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50,000.00), es más gravosa de aquella abstracta contemplada el Código Penal 130-2017 para el mismo delito; Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Sobre ello los jueces en la sentencia señalaron la imposición de la pena mínima. Por su parte esta Sala de lo Penal, concuerda que corresponde imponer al imputado la pena abstracta mínima prevista en la codificación penal vigente: Penas principales de: i.- prisión por 01 año; ii.- multa de cien días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00).- Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Salma Vanessa Gonzáles Duarte, en su condición de defensora pública del acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor directo de un delito consumado de Tráfico de Drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, en perjuicio de La Salud Pública, imponiéndole las penas principales de: i.- prisión por 01 año; y, ii.- Multa de 100 días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00). Tercero: Las penas principales deberán de ejecutarse siguiendo las siguientes reglas : a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al Señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, a cumplir la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena de prisión, a cumplir de manera simultánea con ésta, ello por disposición constitucional (Art. 41.2).- Quinto: Se impone al reo Marvin Modesto Mendoza Martínez, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren interno cumpliendo la pena de prisión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Sexto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Marvin Modesto Mendoza Martínez, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Séptimo: Se declara la procedencia de la declaratoria de comiso y posterior destrucción de 10 carrucos de marihuana, con un contenido total de 9,9 gramos, de los cuales se extrajo como muestra representativa 1,0 gramos para el análisis respectivo.- Octavo: No procede condenar al reo Marvin Modesto Mendoza Martínez, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.- Noveno: Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de Agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-143-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-143-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 143-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho; dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, como autor responsable de un delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Consumo Personal Inmediato en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras, a la pena principal de seis (06) Años de Reclusión; además a la pena de Multa por la cantidad de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50, 000.00). Segundo: Condenó al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Marvin Modesto Mendoza Martínez. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Declaró el comiso de 8,9 gramos de hierba seca marihuana, sobrante de la muestra analizada ya que se extrajo como muestra representativa 1,0 gramos para el análisis respectivo. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Salma Vanessa Gonzáles Duarte, actuando en su condición de defensora pública del acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez. Son partes en única instancia: La Abogada Salma Vanessa Gonzáles Duarte, defensora pública, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: El día Nueve (9) de Noviembre del año Dos Mil Siete (2007), siendo las 14:15 horas se le practicó un registro personal al señor MARVIN MENDOZA MODESTO MARTINEZ, por el policía MARIO COREA PEREZ CON PLACA 8255, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana) envueltos en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos, la cual se le procedió a decomisar en el mismo momento.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Salma Vanessa Gonzáles Duarte, actuando en su condición de defensora pública procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 22 de la ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el articulo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas que establece: "Se impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y Multa de cincuenta mil lempiras (Lps. 50,000.00) a cien mil lempiras (Lps.100,000.00), a quien intencionalmente facilite el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas". Articulo que ha aplicado incorrectamente la mayoría del Tribunal Sentenciador de Comayagua, Comayagua al no ajustarse la declaración del Único hecho probado con el tipo penal que establece dicho artículo. SEGUNDO: "La mayoría del Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: Único: El día Nueve (9) de Noviembre del año dos mil siete (2007) siendo las 14:15 horas se le practicó un registro personal al señor MARVIN MENDOZA MODESTO MARTINEZ por el POLICIA MARIO COREA PEREZ con placa 8255, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana) envuelto en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos, la cual se le procedió a decomisar en el mismo momento. Al analizar el contenido del Único hecho probado se observa que el mismo se refiere a un hecho donde nuestro representado no es un agente facilitador en vista que no quedo probado en ningún hecho la existencia de una persona a quien se le facilitara dicha droga decomisada, lo que es entendible en la práctica de la narcoactividad, véase que en tanto el agente no es a otro a quien se le facilita la actividad, sino a él mismo, entonces consideramos que el mismo la iba a utilizar para consumo personal no inmediato sino para consumirla en forma diferida para varios días, en vista por una parte que el imputado es consumidor de marihuana y por otra parte que en el presente caso al examen del factum podemos apreciar que no se hizo referencia a ningún destinatario de la droga encontrada en poder del señor Marvin Modesto Martínez, solamente refiere que se le practicó un registro por el Policía Mario Corea Pérez, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana), envueltos en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos. Por lo que en el caso de marras la ausencia de un destinatario de dicha droga refleja un vacío no omitido por la jurisdicción sino delimitada por la información que brinda la prueba de cargo aportada por el ente fiscal, lo que hace imposible concluir que el accionar del imputado sea solamente de un facilitador, en vista que no se presenta en la declaración del hecho probado elemento alguno que permita arribar a esa conclusión. Somos del criterio que no fue suficiente la simple captura efectuada por los Agentes Policiales Preventivos y Dictamen Toxicológico, en vista que se pudo haber hecho más prueba contundente para así poder incriminar sin lugar a dudas a mi representado, derivándose del propio hecho probado la posesión para consumo de droga, es decir que el destino final de dicha droga era para consumo personal diferido (varios días), constando como doctrina tres antecedentes penales como ser sentencias dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número SP-357-2007, SP-80-2011 y 28-09-2010, donde específicamente en el último fallo (28-09-2010) la cantidad de droga decomisada al imputado era de (35.5g) de marihuana y el Juez A-quo lo había condenado por Tráfico Ilícito de Droga, interponiendo la defensa del imputado recurso de casación donde la Sala Penal mediante sentencia lo absolvió por Tráfico de Droga, dictando sentencia por consumo de droga.- Dicho lo anterior consideramos que el Ministerio Público en su acusación y con las pruebas evacuadas en juicio no pudo establecer que efectivamente nuestro representado el señor MARVIN MODESTO MENDOZA haya cometido el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en vista que la droga era para su consumo personal no inmediato sino para consumo diferido en varios días; asimismo consideramos que la droga decomisada al señor Marvin Modesto era para consumo porque el consumir droga depende de la capacidad de cada persona. Siendo así consideramos que la droga decomisada a nuestro representado no le pertenecía a una segunda o tercera persona, donde ni siquiera él se encontraba bajo ningún acuerdo con alguna otra persona. Somos del criterio que el Ministerio Público debió haber probado dicho extremo en el sentido del lugar o destino final o si se encontraba la intervención de una tercera persona en dicha acción. TERCERO: Por lo que del análisis hecho considero que en ningún momento la mayoría del Tribunal de Sentencias de Comayagua debió llegar a la convicción de manifestar en la sentencia recurrida o que los condujera con la absoluta certeza de condenar a nuestro representado por facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Droga en vista que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, facilitar es "hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a "proporcionar o entregar". Consideramos que el caso sub judice corresponde como ya se ha supra indicado que era para consumo personal de nuestro representado la droga incautada; lo anterior queda evidenciado con la misma prueba de cargo antes indicada, por lo que de lo antes manifestado arribamos a lo que señala la experiencia común y la lógica, donde aplicando los principios que la rigen se ha podido arribar a la conclusión concreta de no tener la certeza después de analizar y valorar en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, que mi defendido sea el autor material del hecho que se le imputa, considerando que el fallo recurrido no esta dictado conforme a las exigencias del artículo citado debiendo declarar con lugar el recurso interpuesto y por ende solicito que se declare sin lugar la sentencia emitida por la mayoría del Tribunal de Sentencias de Comayagua, Comayagua. Sumado a lo anterior consta un Voto Particular Disidente por la Juez Abogada NANCY ROCIO LOPEZ ROVELO quien entre otras cosas manifestó: "La declaración de los Policías Preventivos no ha ido más allá de la simple detención del acusado y la calidad de hierba es muy poca como para pensar que estaba lista para su venta lo que induce a pensar que su finalidad era para consumo; por ende este Tribunal una vez valorado en forma armónica el conjunto de la prueba presentada por el Ministerio Público alcanza la firme convicción que indudablemente queda acreditado que el acusado llevaba consigo los envoltorios con papel periódico conteniendo 9.9. gramos de hierba seca, lo cual era para su consumo personal, puesto que no realizaba actos de comercialización cuando fue detenido por la policía, la cantidad de hierba decomisada era poca, no existen antecedentes previos que estuviese dedicado a dicha actividad, no hay testigos que lo impliquen en la misma. Estos son indicios conjuntamente valorados que explican consistentemente que efectivamente la droga encontrada es para consumo como finalmente en sus conclusiones se debió establecer. Continua relatando la Juez Disidente que es en esta clase de delito que si bien el dictamen toxicológico describe la cantidad decomisada en la muestra...no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato; es importante resaltar también la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, que mediante sentencia casacional numero SP-357-2007 dispone".....Que el dictamen pericial que afirma que la cantidad de droga decomisada es para tráfico: por ello se ha dicho que los dictámenes periciales como tales opiniones han de estar sometidos al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso, al principio de la libre valoración de la prueba que demanda prioritariamente una conjunta valoración sin conceder (a priori) valor superior a un medio sobre otro, si respecto a un tema concreto se hubieren llevado a cabo distintas pruebas, además de la pericial con resultado diferente, claro es entonces se reconoce al órgano judicial la facultad de llevar acabo esa conjunta valoración de la prueba que permita estimar que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen otros medios probatorios" por ello es apropiado concluir que las afirmaciones de los testigos vinculados con las actas de decomiso y de registro personal demuestren un grado de certeza con la droga encontrada en poder del imputado estaba destinada para su consumo personal. Finaliza diciendo la Juez Disidente que en el presente fáctico se trajo a juicio el acta de decomiso y de registro personal que da ese grado de certeza que la droga fue encontrada en propiedad del imputado, siendo esta de 9.9 g. como muestra; y tal como lo dispone la Sala en la sentencia antes referida donde condena por el "Delito de Posesión de 35.5 gramos de marihuana para Consumo personal". Es imperativo para esta Juez pronunciarse de la misma forma, es decir la sala de lo penal condenó por un consumo de droga diferido. INTERPRETACION PRETENDIDA Que al no subsumirse en la declaración del Único hecho probado lo dispuesto en la norma penal del articulo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas por parte de la mayoría del tribunal de Sentencias de Comayagua, Comayagua, en tal sentido se pretende que este hecho probado al no ser constitutivo del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Droga como erróneamente se aplicó a nuestro representado MARVIN MODESTO MENDOZA, en consecuencia que se anule la sentencia dictada por la mayoría de dicho Tribunal de Sentencias de Comayagua.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 22 de la Ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del tipo penal de Facilitación de los Medios de Trasporte para el Tráfico Ilícito de Droga. Pretensión: Anular la sentencia dictada por el a quo. Denuncia la recurrente, que, al analizar el contenido del único hecho probado, observa que se describe un hecho donde su representado, no es un agente facilitador, al no quedar probado la existencia de una persona a quien se le facilitaría la droga decomisada, en tanto que la facilitación era para el mismo imputado. Considera la recurrente, que el imputado no la utilizaría para consumo personal inmediato, sino para consumirla en forma diferida para varios días, a razón que su representado es consumidor de marihuana. Concluye la recurrente, en relación a lo anterior, que la droga decomisada a nuestro representado, no le pertenecía a una segunda o tercera persona, ni de la existencia de acuerdo previo para su traslado, dado que era destinado por la cantidad decomisada a un consumo personal diferido. Señala la recurrente como doctrina tres antecedentes penales como ser sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, registradas con los números SP-357-2007, SP-80-2011 y en especial la 28-09-2010, la cual describe que la cantidad de droga decomisada al imputado, era de (35.5g) de marihuana y el Juez a quo lo había condenado por el delito de Tráfico Ilícito de Droga, interponiendo la defensa del imputado, en esa causa recurso de casación donde la Sala de lo Penal, lo absolvió por el delito de Tráfico de Droga, y condenándolo por consumo de droga. Finalizando la recurrente, con describir el voto particular de uno de los jueces que integran el tribunal sentenciador. Del Delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el tráfico o consumo Ilícito de Drogas El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Como lo explica ACALE SANCHEZ, “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató.” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico Salud Pública, pues supone un acto material de difusión de la droga.” Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes…”. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar”. [3] De lo dicho anteriormente podemos entonces colegir que, para configurar el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico o Consumo Ilícito de Drogas, en necesario que converjan los siguientes elementos: 1. Que una persona, de manera intencional, facilite un medio de transporte. 2. Que esa facilitación sea con el objeto de traficar o consumir. Es decir, en proporcionar los medios necesarios para lograr la ejecución. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar; es decir, el ámbito propio de este recurso, queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos que hubiese descrito el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no, correcta jurídicamente. Habiendo dejado clara la postura ante la interposición del presente recurso, se procede a darle respuesta. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, no le asiste la razón a la recurrente, dado que los hechos probados de la sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir, con el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Consumo Ilícito de Drogas; ante ello, se requiere que el sujeto activo Marvin Modesto Mendoza Martínez, se encuentre en cualquiera de las presupuestos señalado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual establece que “Se le impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil (L 50,000.00) a cien mil (L 100,000.00) lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas”; confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, este tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, en el cuadro fáctico aparece en el apartado único, cuando el sentenciador afirma que “…El día Nueve (9) de Noviembre del año Dos Mil Siete (2007), siendo las 14:15 horas se le practicó un registro personal al señor MARVIN MENDOZA MODESTO MARTINEZ, por el policía MARIO COREA PEREZ CON PLACA 8255, encontrándole en posesión de diez carrucos pequeños de droga (marihuana) envueltos en papel periódico en una bolsa plástica color transparente, equivalente a un peso neto de 9.9 gramos, la cual se le procedió a decomisar en el mismo momento” El elemento subjetivo por su parte, consiste que la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte ha de obedecer a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro, facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso, lo constituyó la bolsa plástica, que llevaba consigo el acusado y por la disposición que en su interior contenían los 10 carrucos de marihuana, con un peso neto de nueve punto nueve gramos ( 9.9gr), que tenía como ultima finalidad su distribución para su consumo ilícito, si bien, la recurrente ha señalado que la cantidad de droga decomisada no era para trasladarla a terceros, ni para consumo inmediato, sino para consumirla en forma diferida, es decir, para varios días, sin embargo, de la narración fáctica, no se describe que el acusado adoleciera de adicción a esta droga (Marihuana), ni que los 10 carrucos con un peso neto de nueve punto nueve gramos ( 9.9gr), sean para consumo personal inmediato, nada de ello se describe en el relato fáctico, lo que se deduce, que la misma era transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Explica Molina Mansilla que, según la jurisprudencia española, para que se configure la teoría señalada por la recurrente (consumo diferido) es necesario, la concurrencia de los siguientes requisitos: 1. Acreditar que el portador de la sustancia estupefaciente sea consumidor de esa sustancia. 2. Que el sujeto no posea una pluralidad de sustancias. 3. La cantidad poseída no puede exceder del acopio medio para autoconsumo. [4] Considera mas adelante la misma autora que si la cantidad de droga incautada, supera el acopio medio, tendrá la consideración de tenencia preordenada para el tráfico, aunque haya quedado probado la toxicomanía del sujeto. Consecuencia de ello, es que la cantidad de notoria importancia impedirá la apreciación de la posesión para el autoconsumo. Asimismo, ha señalado la recurrente, sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, registradas con los números SP-357-2007, SP-80-2011 y 28-09-2010, que a su criterio sustentan sus alegatos recursivos, esta Sala de lo Penal advierte, que los fallos referidos como supuesta doctrina legal de este tribunal, no constituyen una sólida línea hermenéutica o de interpretación jurisprudencial que se ajuste al caso subjudice. Es por lo expresado, que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. C. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, la pena principal de seis (06) años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L.50,000.00), como autor responsable penalmente de un delito descrito por el juzgador como Facilitación de Medios de Transporte para el consumo personal inmediato, debiendo ser lo correcto Facilitación de los Medios de Transporte para el Consumo Ilícito de Drogas (previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez, por el delito de tráfico de droga por posesión para la facilitación de su consumo (art.311), correspondería la imposición de las siguientes penas: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii.De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, el acusado realizaba un acto de posesión de marihuana para la facilitación de su consumo, sancionado con pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L.2,500,000.00, lo anterior, al considerarse la Marihuana una droga que no causa grave daño a la salud. Sin embargo, del mismo hecho probado se describe que tanto las circunstancias del hecho y personales del condenado, como el peso neto de la marihuana encontrada en posesión de Marvin Modesto Mendoza Martínez al ser de 9.9 gramos, es posible deducir ser de menor gravedad; en consecuencia, al no concurrir agravantes contempladas en el artículo 312, la pena abstracta para el delito de Tráfico de Drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, deberá ser de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00; más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena impuesta al acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez, conforme la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al ser de 06 años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50,000.00), es más gravosa de aquella abstracta contemplada el Código Penal 130-2017 para el mismo delito; Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Sobre ello los jueces en la sentencia señalaron la imposición de la pena mínima. Por su parte esta Sala de lo Penal, concuerda que corresponde imponer al imputado la pena abstracta mínima prevista en la codificación penal vigente: Penas principales de: i.- prisión por 01 año; ii.- multa de cien días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00).- Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Salma Vanessa Gonzáles Duarte, en su condición de defensora pública del acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Marvin Modesto Mendoza Martínez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos al señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor directo de un delito consumado de Tráfico de Drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, en perjuicio de La Salud Pública, imponiéndole las penas principales de: i.- prisión por 01 año; y, ii.- Multa de 100 días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00). Tercero: Las penas principales deberán de ejecutarse siguiendo las siguientes reglas : a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al Señor Marvin Modesto Mendoza Martínez, a cumplir la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena de prisión, a cumplir de manera simultánea con ésta, ello por disposición constitucional (Art. 41.2).- Quinto: Se impone al reo Marvin Modesto Mendoza Martínez, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren interno cumpliendo la pena de prisión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Sexto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Marvin Modesto Mendoza Martínez, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Séptimo: Se declara la procedencia de la declaratoria de comiso y posterior destrucción de 10 carrucos de marihuana, con un contenido total de 9,9 gramos, de los cuales se extrajo como muestra representativa 1,0 gramos para el análisis respectivo.- Octavo: No procede condenar al reo Marvin Modesto Mendoza Martínez, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.- Noveno: Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de Agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-143-2019.Firma y Sello.
Rina Koritza Sandoval Navas
Receptora Adscrita Sala de lo Penal
[1]VID Sentencia de Casación Penal SP 43-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de noviembre de 2012.
[2] Molina Mansilla. M.ͣ Del Carmen. El Delito de Narcotráfico. Editorial Bosch, S.A. Primera Edición. Barcelona, España. Año 2008. (Pág. 113).
[3]VID Sentencia de Casación Penal SP 43-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de noviembre de 2012.
[4] Molina Mansilla. M.ͣ Del Carmen. El Delito de Narcotráfico. Editorial Bosch, S.A. Primera Edición. Barcelona, España. Año 2008. (Pág. 113).